Buenas tardes, casi buenas noches. Vamos a comenzar la Comisión. Como ustedes saben, teníamos una petición de comparecencia del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, señor Rafael Simancas, para informar sobre el desarrollo del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027. Procedemos a darle la palabra al compareciente, a quien agradecemos su presencia, y después abriremos el turno de los grupos parlamentarios por un tiempo de siete minutos, de menor a mayor; posteriormente intervendrá de nuevo el compareciente y habrá un segundo turno de tres minutos para los grupos, también de menor a mayor. Sin más dilación, tiene la palabra don Rafael Simancas.
Buenas tardes. Gracias, presidente. Señorías.
El día 23 de febrero del año 2023 presenté ante esta misma Comisión Constitucional el borrador del que más tarde sería el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. En aquel momento me comprometí a una nueva comparecencia para informar a sus señorías de los avances registrados respecto al desarrollo de este Plan, y ese es precisamente el propósito de mi intervención hoy. Se da, además, la feliz coincidencia de que esta comparecencia tiene lugar en el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Pues bien, en junio del año 2023, tal y como anuncié entonces, el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Este Plan, con vigencia de cinco años, define y concreta las prioridades que asume nuestro país tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Incluye 421 medidas orientadas a reforzar y ampliar los derechos fundamentales, tanto en política interior como en política exterior, ampliando la definición y la vigencia de los derechos políticos y civiles más clásicos, así como de los derechos económicos y sociales que conforman la apuesta colectiva por el Estado del bienestar. Incorpora de manera transversal la igualdad de mujeres y hombres, así como la no discriminación, y garantiza la universalidad de los derechos humanos para todas las personas, con actuaciones concretas orientadas a la igualdad de trato y a la protección de aquellos grupos específicos cuyos derechos están especialmente amenazados.
Por decisión del Consejo de Ministros, recayó en esta Secretaría de Estado la responsabilidad de dirigir la elaboración del Plan y, una vez aprobado, también la de asumir su gobernanza y su seguimiento. Pero este —quiero dejarlo claro desde el primer momento— no es un plan de una Secretaría de Estado. La defensa y la garantía para el ejercicio de los derechos humanos es tarea propia de todo el Gobierno, de todas las administraciones e instituciones públicas y, de hecho, del conjunto de la sociedad.
Me atrevería a decir que no tenemos misión más importante que esta. Todo lo demás está, o debiera estar, al servicio de este propósito. Porque ¿qué es más importante que asegurar la vigencia del derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a la atención de las necesidades sociales más apremiantes, a un entorno natural protegido, a la igualdad entre hombres y mujeres, al derecho a una vida digna para todos y todas? ¿Cuál es el propósito último de cada uno de los poderes del Estado, si no es este?
Tal es el objetivo primordial del Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución. Tal es la finalidad fundamental de la tarea que hacemos en el Gobierno, en el Congreso, en el Senado, en los tribunales de justicia, en cada institución pública. La mejor garantía posible para el disfrute de los derechos humanos por parte de nuestros conciudadanos y conciudadanas. La vigencia y la garantía de los derechos humanos constituyen el propósito más importante para el sistema político que regula y organiza nuestra convivencia. Lo demás, en buena medida, es instrumental.
Pues bien, hoy la defensa, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos están en buena medida amenazados, podríamos decir incluso seriamente amenazados: en el mundo, y en algunos aspectos también aquí, entre nosotros. Proliferan las amenazas para la paz; no hay mayor desgracia para los derechos humanos que la guerra. No remiten suficientemente las amenazas del hambre, la enfermedad, la pobreza, el subdesarrollo y las persecuciones por razón de pensamiento, de religión, de etnia o de orientación sexual. La relegación del multilateralismo y las vulneraciones del derecho internacional también son una constante desgraciada en el contexto internacional presente.
En nuestro propio país, a pesar de los progresos colectivos logrados al amparo de la Constitución de 1978, también hay riesgos serios para la vigencia de los derechos humanos: en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; en la erradicación de la violencia machista; en la injusta criminalización de los inmigrantes; en la proliferación de los bulos y la desinformación; en la persistencia de bolsas de pobreza y marginación; en las dificultades para acceder a una vivienda, especialmente entre los más jóvenes; en el negacionismo del cambio climático, que nos cuesta vidas. Todo ello, pese a los indudables progresos colectivos logrados en los cuarenta y siete años de vigencia constitucional, como les decía, son desafíos que apelan a nuestro compromiso con los valores y objetivos que compartimos la gran mayoría de los españoles y las españolas en torno a los derechos humanos.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? En primer lugar, desde luego, atender a nuestros referentes más importantes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo aniversario celebramos hoy, y la Constitución española de 1978. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, constituye un referente fundamental en la protección y promoción de la dignidad humana. Reconoce derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sentando los principios de la igualdad, la libertad, la justicia y el respeto a la persona como normas universales. Su texto ha servido de base para legislar, para interpretar y para fortalecer los sistemas jurídicos nacionales, incluyendo nuestra Constitución, y ha inspirado la creación de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que guían a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones para con la ciudadanía.
Por su parte, la Constitución española de 1978 consagra también los derechos humanos como pilar fundamental del ordenamiento jurídico y de la democracia en nuestro país. En su Título I establece derechos y libertades fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la vida y a la integridad personal, así como la libertad religiosa y de conciencia. Además, garantiza los derechos sociales, económicos y culturales, incluyendo la educación, la salud y la protección frente a la discriminación. Nuestra Constitución no solo reconoce estos derechos, sino que también establece mecanismos para su protección efectiva, consolidando un marco legal que promueve la dignidad, la justicia y el bienestar de todas las personas.
El 18 de febrero próximo, el 18 de febrero del año 2026, se cumplirán 17.240 días de vigencia constitucional, un hito importante que va a marcar la consolidación definitiva de nuestra Constitución como la más longeva de la historia de España. Esta conmemoración representará también el éxito de un proceso democrático.
que ha permitido a España superar sus traumas del pasado y proyectarse como una nación democrática, plural y respetuosa de los derechos humanos en un contexto mundial de crisis democráticas por doquier. Decíamos que el primer paso para conjurar las amenazas que se ciernen sobre la vigencia de los derechos humanos consiste en atender a sus referentes en la Declaración Universal y en nuestra Constitución. Pues bien, el segundo sería, desde luego, llevar a cabo políticas que garanticen la pervivencia y la defensa de esos derechos.
Aquí es donde se ubica este Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027, un plan que responde a la garantía de los derechos humanos haciendo frente a los retos del momento en que se redacta, se implementa y se desarrolla. Un plan que recoge nuestras obligaciones internacionales y el compromiso con la garantía de todos los derechos humanos, desde los derechos civiles, políticos y sociales más tradicionales hasta los que pueden llamarse nuevos derechos vinculados a la protección del medio ambiente, a la evolución de las tecnologías y la inteligencia artificial o al envejecimiento de la población.
Un plan que recoge la necesidad de tratarnos todos y todas como iguales, donde medidas que abogan por la igualdad de mujeres y hombres y por la igualdad de trato y protección de grupos específicos se alinean como prioridades en su planteamiento, sean personas LGTBI, las personas con discapacidad, el pueblo gitano, las personas mayores, la infancia, las personas migrantes, refugiadas y beneficiarias de atención humanitaria. Un plan, además, que ha sido resultado de la participación continua —quisiera resaltar esto— entre la Administración y la sociedad civil, una cualidad que sin duda le confiere las mayores garantías de cumplimiento.
Como saben, la participación de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas es fundamental en cualquier democracia sólida, porque, en primer lugar, permite que las decisiones gubernamentales se nutran de una pluralidad de experiencias, de necesidades y conocimientos que solo pueden provenir precisamente de la ciudadanía organizada. Cuando diversos colectivos —asociaciones, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, instituciones académicas— intervienen en el diseño de las políticas, se generan siempre soluciones más adaptadas a la realidad. Esta participación favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando la sociedad civil puede supervisar, opinar y evaluar las acciones gubernamentales, se reducen, además, los riesgos de arbitrariedad y se fortalece la confianza pública. La evaluación participativa, en particular, permite identificar errores, modificar acciones, reprogramar y asegurar que las políticas cumplen con sus objetivos. Además, la participación enriquece el debate público y actúa como un mecanismo de justicia social, ampliando la representación y evitando que las políticas reproduzcan desigualdades. Se incentiva asimismo el desarrollo de una ciudadanía más informada y más comprometida. En suma, involucrar a la sociedad civil es una herramienta que sirve para construir estados más sólidos y democráticos, que se basan en políticas públicas más eficaces en la garantía y protección de los derechos.
El Segundo Plan Nacional que hoy les presento nuevamente es un buen ejemplo de todo lo que acabo de señalar. Su elaboración se llevó a cabo, como saben, en buena medida, a partir de un amplio proceso participativo, en el que estuvieron directamente implicados todos los ministerios, la institución del Defensor del Pueblo, las consejerías de Presidencia de todas las comunidades autónomas, los ayuntamientos, organizaciones procedentes de la sociedad civil, institutos universitarios y numerosas personas que, a título individual, quisieron sumarse a este proceso. También se dio una participación activa —y tengo que reconocer, rica— por parte de los grupos parlamentarios más importantes del Congreso y del Senado.
El espíritu participativo con el que se elaboró el plan no se ha detenido con su aprobación. La participación continúa; ese es nuestro propósito, además, siendo una de sus señas de identidad. Por ello, y con la finalidad de garantizar su coordinación, su seguimiento, su evaluación y para seguir dando voz a todas las instituciones y organizaciones que se implicaron en su elaboración, el 23 de julio del año pasado se aprobó el Real Decreto 709/2024, por el que se crean y regulan los órganos de coordinación, de seguimiento y de participación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027. Este real decreto dispuso la creación de un Comité de Dirección y de una Comisión Interministerial.
La comisión interministerial de seguimiento y el comité de dirección se adscriben al Ministerio de la Presidencia a través de esta Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.
El comité de dirección, en virtud del real decreto que acabo de citarles, es un órgano institucional de participación administrativa y de representación de la sociedad civil, con funciones de supervisión y de propuesta para el mejor cumplimiento del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. En noviembre de 2024 tuvo lugar su reunión constitutiva y este año ya ha celebrado dos reuniones importantes.
El comité cuenta con un total de 53 vocalías, ocupadas por los departamentos ministeriales, por una representación de las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. Están también representadas las principales plataformas, los consejos de participación y las organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, participan institutos universitarios de derechos humanos, las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal más representativas y un buen número de personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito de los derechos humanos.
Por su parte, la comisión interministerial es el órgano de coordinación entre los ministerios, de carácter más administrativo, encargado de seguir el desarrollo del plan y garantizar su comunicación y difusión. Está integrada por 22 vocales designados por sus respectivos ministerios y, hasta la fecha, se ha reunido ya en cuatro ocasiones. Dando cumplimiento al real decreto al que me he referido, se ha creado en el seno de esta última comisión una subcomisión encargada de una misión tan relevante como dar seguimiento a los informes sobre los dictámenes y demás pronunciamientos de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas de los que España forma parte. Hasta la fecha, esta subcomisión, que se encarga de tramitar estos informes, ya se ha reunido en dos ocasiones de manera formal y trabaja de manera continua para sacar adelante su labor.
En todas y cada una de las reuniones se han rendido cuentas de las acciones llevadas a cabo en el marco del segundo plan, se ha acometido la elaboración de procedimientos de trabajo encaminados a mejorar los resultados y se ha abordado con detenimiento el proceso de evaluación, muy importante, de las medidas recogidas en el mismo.
Quiero subrayar también que la conformación y el funcionamiento de estos órganos no ha supuesto en modo alguno personal añadido ni más gasto para la Administración, porque la dotación de recursos ha salido íntegramente del organigrama vigente con anterioridad.
Respecto a la evaluación del plan, ya les comuniqué en mi anterior comparecencia sobre este plan que no teníamos intención de elaborar un documento más, fruto de la burocracia autosatisfactoria y endogámica. No se trataba de elaborar otra ristra de buenas intenciones sin mucho fundamento, ni una carta a los Reyes Magos de un puñado de ingenuos y bienintencionados. El Plan de Derechos Humanos que se estaba pergeñando en ese momento en nuestro país era, y es ya, mucho más que todo esto. Sus 421 medidas son compromisos dirigidos a hacer de la sociedad española una sociedad más justa, más democrática y más digna. Son compromisos que están siendo seguidos y evaluados de una manera sistemática y profesional.
Como bien saben, evaluar nuestras políticas públicas nos permite asegurar que las acciones del Gobierno responden realmente a las necesidades de la ciudadanía. Esto fortalece la transparencia, mejora la toma de decisiones y fomenta la innovación dentro de las instituciones. De esta manera, optimizamos el impacto social de las políticas y reforzamos la confianza de la ciudadanía en nuestro compromiso con el bienestar colectivo. La evaluación del plan, como una política pública más, nos permite también conocer qué medidas están logrando los resultados esperados y cuáles requieren alguna rectificación o ajuste.
Bien, antes de atender a sus consideraciones, quisiera compartirles muy brevemente la información sobre la evaluación del plan que tenemos disponible hasta la fecha en relación con los ejercicios 2023 y 2024. Desde el inicio del plan en 2023 y hasta el 30 de junio de este año, de las 421 medidas previstas, un 10% se han finalizado (42 medidas) y, según la evaluación profesional llevada a cabo, el 77% presentan un grado de ejecución significativo.
En total, 323 medidas se encuentran en desarrollo, y el resto de las medidas están pendientes de iniciar o bien de reasignar a otros departamentos ministeriales. Podemos afirmar, por tanto, que la ejecución del Plan está cumpliendo sus objetivos y avanza a un ritmo razonable, aunque siempre mejorable.
Algunos ejemplos, muy brevemente, de las medidas concluidas son: la medida 1, con la finalización de la presentación de la candidatura de España al Consejo de Derechos Humanos 2025-2027. Con la consecución de esta medida se refuerza la cooperación multilateral, bilateral y regional de España para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos con nuestra participación más allá de nuestras fronteras y el compromiso de este Gobierno con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La medida 240, con la adaptación de la normativa española en los términos de la Directiva 2019/1158 y la jurisprudencia del TJUE, impulsando los ajustes necesarios en materia de permisos para los cuidados personales con el objeto de reforzar la corresponsabilidad. Como todos ustedes saben, porque se convalidó recientemente en esta Cámara, el Real Decreto-ley 9/2025 amplía el permiso de nacimiento y cuidado para cada progenitor de 16 a 19 semanas, siendo las 17 semanas iniciales obligatorias y las dos adicionales de disfrute más flexible. Para las familias monoparentales, por completar la información, el permiso se amplía a 32 semanas. Como saben, este real decreto, que transpone una directiva europea, también incorpora la retribución del permiso parental hasta que el hijo o hija cumpla 8 años.
La medida 338 también les sonará, porque tiene que ver con la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuidos», de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue aprobada el 15 de febrero de 2024 en las Cortes con un amplio consenso y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 17 de febrero de 2024.
La medida 221 se llevó a cabo con la aprobación del Real Decreto 893/2024, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar. Desarrolla las normas para determinar las obligaciones preventivas y asegurar una adecuada evaluación de los riesgos laborales para las trabajadoras y los trabajadores del hogar.
Voy terminando ya. No nos hemos quedado aquí. Estamos evaluando este plan tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. De hecho, el pasado 30 de abril el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos se presentó en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Como saben todos ustedes, el Examen Periódico Universal es un mecanismo de derechos humanos establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 60/251 y por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 5/1. A través de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa de manera periódica el cumplimiento de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas de sus respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos, de manera que se asegure la universalidad y la igualdad de trato respecto a todos los Estados.
En este contexto, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Viena en 1993, incluyó la elaboración de planes de acción nacionales como una de las medidas que deben adoptar los Estados para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos. España cumplió este compromiso, que data, insisto, de 1993, mediante la elaboración y puesta en marcha del primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que tuvo vigencia entre 2008 y 2012. En el tercer ciclo del Examen Periódico Universal, en 2020, España aceptó la recomendación de varios Estados para elaborar y adoptar un nuevo Plan de Derechos Humanos.
El pasado 30 de abril, el Ministerio de la Presidencia, en consecuencia, acudió a Ginebra junto con el resto de la delegación interministerial española para rendir cuentas ante los 120 Estados que intervinieron en la sesión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal sobre los compromisos adquiridos en el marco de los derechos humanos. España acudió con los deberes hechos en la presentación ante este examen periódico.
El Examen Periódico Universal de 2025 se destacó como un avance positivo; así nos lo reconocieron los Estados miembros y los observadores, con la aprobación del plan del que les estamos hablando hoy. Entre las recomendaciones formuladas en este cuarto ciclo está, precisamente, la de continuar con la implementación efectiva del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, con la participación activa de la sociedad civil. Este es el mandato que recibimos de Naciones Unidas y es el mandato que estamos cumpliendo, tal y como intento contarles a ustedes.
Tal recomendación ha sido aceptada y puesta en marcha con la aprobación y desarrollo del ya citado Real Decreto 709/2024, por el que se crean y regulan los órganos de coordinación, seguimiento y participación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, del que les he hablado anteriormente.
Como prueba y colofón de la confianza internacional en el compromiso de España con los derechos humanos, ayer mismo nuestro país fue elegido, como ustedes saben, nuevo vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estoy convencido de que todos vamos a celebrar este reconocimiento.
Permítanme concluir reiterando que el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos no es un mero documento programático; no tiene esa vocación. Se trata de una hoja de ruta que expresa la voluntad profunda del conjunto de nuestro país para consolidar una democracia más fuerte, más inclusiva y más justa. Sus 422 medidas, en cuya elaboración participaron todos los grupos parlamentarios, no son solo cifras: son compromisos tangibles que nos interpelan a todos —a los poderes públicos, a las instituciones y a la sociedad civil— para garantizar que ningún derecho retroceda y que cada avance se traduzca en mejoras reales en la vida de las personas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Porque sabemos que la defensa de los derechos humanos no admite complacencias; por el contrario, exige vigilancia, firmeza y cooperación. Exige también altura de miras, especialmente en un tiempo en el que resurgen algunas viejas pulsiones autoritarias y discursos que pretenden cuestionar algunos de los consensos más básicos de nuestra convivencia democrática. Frente a ello, este plan es una respuesta clara: una reafirmación de los valores constitucionales que nos unen y una apuesta decidida por la dignidad humana como fundamento de toda acción pública.
Agradezco, desde luego, a esta Comisión la colaboración prestada en la elaboración del plan y la atención dispensada hoy. Como hice en mi anterior comparecencia, procuraremos atender siempre con el máximo interés las aportaciones de los grupos parlamentarios, fundamentales para seguir avanzando conjuntamente en este plan que no es del Gobierno, que es de todos, que es del conjunto de la sociedad española aquí representada. Estoy convencido de que, con la colaboración leal entre instituciones y con la participación activa de la ciudadanía, seguiremos fortaleciendo el legado democrático construido en estos últimos cincuenta años y cerrando definitivamente la puerta a cualquier riesgo de retroceso en derechos y libertades. Creo —e insisto una vez más— que la defensa, la promoción y la garantía de los derechos humanos es la razón de ser más importante de nuestra democracia.
Muchas gracias. A su disposición.
Muchas gracias, señor Simancas. Como ustedes saben, hoy coinciden muchas comisiones en marcha; no es un día fácil. Antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios, comunico que la vicepresidenta Gamarra se ha dirigido a esta Presidencia para justificar su ausencia por tener otras responsabilidades, igual que el portavoz del Grupo de Junts, señor Pagès, y el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, señor Rufián.
Y, sin más, daría la palabra a los grupos. Saben ustedes que tienen una primera intervención de siete minutos y comenzamos de menor a mayor. Le doy la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Alberto Catalán.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Señor secretario de Estado, muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado y por su presencia esta tarde en esta Comisión Constitucional. Yo quisiera empezar coincidiendo con usted en dos cuestiones fundamentales —lo ha dicho al principio de su intervención y al final también de la misma— en las que, como digo, podemos coincidir al cien por cien. Una cuestión indiscutible, desde nuestro punto de vista, a la hora de abordar la defensa de los derechos humanos es que, en el caso concreto de la política interior y de la política exterior a la que usted se refería, es fundamental y ahí está nuestro marco de referencia, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también...
La propia Constitución española. Y también coincido en su última apreciación o expresión: hay que combatir cualquier tipo de retroceso de los derechos e igualdades, que, como digo, usted acababa de subrayar en su intervención. Lo que es cierto también, señor secretario de Estado, es que comprenderá que a nosotros nos cueste creer que sea este Gobierno, y más en estos momentos, quien se envuelva en el discurso de los derechos humanos. Un Gobierno que, desde nuestro punto de vista, tiene una trayectoria plagada de decisiones, pactos, actos y omisiones que chocan frontalmente con los ejes fundamentales de este segundo Plan de Derechos Humanos.
El primer eje, por ejemplo, habla de obligaciones internacionales y de cooperación, y nos llama poderosamente la atención que lo haga un Gobierno que, en algunos momentos determinados —y nosotros lo hemos recriminado—, haya actuado con una actitud ambigua, complaciente, incluso podríamos decir cómplice, con regímenes y dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua; regímenes con presos políticos, donde se vulneran las libertades, donde no hay democracia, donde no se respetan los derechos humanos y donde, incluso, hay ciudadanos españoles secuestrados. Por otro lado, es evidente —y lo hemos dicho esta misma tarde ante el ministro de Asuntos Exteriores—, en este 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, con la entrega en Oslo a su hija —porque no ha podido acudir a la recogida— de María Corina Machado, que el Gobierno ahí ha mostrado tibieza, cuando no otro tipo de comportamientos que, desde nuestro punto de vista, no son los más justos ni los más adecuados. No sé si en algún momento de la historia se podrá conocer las complicidades que ha podido tener este Gobierno o algunos expresidentes del Gobierno con esta dura dictadura venezolana, pero, evidentemente, el comportamiento creemos que no es el más adecuado a la hora de defender los derechos humanos.
Por otro lado, el segundo eje del plan habla de garantías de derechos humanos, y también nos llama poderosamente la atención que sea este Gobierno quien alce la voz en foros internacionales por causas que considera justas —en algunas de ellas podemos coincidir, a pesar de que ustedes quieran sacar también un rendimiento político—, pero, sin embargo, mira para otro lado ante las matanzas que se dan en países como Sudán, Mozambique o la propia Nigeria, o, incluso, ante la dictadura de Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española. Si el Plan de Derechos Humanos hace referencia a la defensa de los mismos a nivel universal, ¿por qué en estos casos concretos el Gobierno calla o no se le oye suficientemente? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nos parece incomprensible. También lo podríamos decir cuando —como hemos preguntado este mismo mediodía al ministro de Asuntos Exteriores, ya que hablaba él del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030— si España va a exigir a Marruecos el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos también respecto de los ciudadanos de su propio país, algo que, por cierto, el ministro no ha contestado.
Y hablaba usted de política interior y de derechos humanos, y hablar de garantías de derechos en España también nos obliga a mirar nuestra realidad como país. Por ejemplo, hacía usted referencia al tema sanitario: unas listas de espera históricas, al menos en el caso concreto de Navarra, nunca antes conocidas. En dependencia, por ejemplo, también miles y miles de personas que van falleciendo sin poder disfrutar de las ayudas que se les había prometido. O en vivienda, muchísimo más cara que antes y que está impidiendo que los jóvenes puedan emanciparse. O la ocupación, que ustedes como Gobierno están minimizando y que también afecta a los derechos de los propios propietarios, así como a la seguridad y a la convivencia en determinados barrios, ciudades y pueblos de nuestro país. O la pobreza infantil, con unas tasas de riesgo de pobreza que se han disparado, afectando a cientos de miles de familias con muchos hijos. O el incremento de la criminalidad que también se ha dado en los últimos años. Y, por si fuera poco, decenas y decenas de personas viviendo bajo los puentes, por ejemplo, en la ciudad de Pamplona, por citar un ejemplo reciente y concreto. En este caso, nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el enfoque de derechos humanos cuando los más vulnerables tienen que dormir en la calle? ¿Dónde está el Gobierno que se autoproclama el más progresista de la historia?
El tercer eje del plan habla de igualdad de hombres y mujeres. Y, en este caso, este Gobierno que pretende erigirse en adalid del feminismo arrastra una serie de escándalos que, señor secretario de Estado, a nosotros nos producen náuseas. Son auténtica putrefacción política y humana. Podríamos recordar el caso de Tito Berni, que destapó un entramado de fiestas con prostitutas, cocaína y comportamientos indecentes.
Siguió el caso Coldo, donde, junto con el que fuera ministro de este Gobierno, incluso también secretario de Organización del Partido Socialista, colocaron a alguna mujer de compañía en sociedades públicas en las que cobraban sin siquiera trabajar, o se produjeron comportamientos, declaraciones o conversaciones totalmente vejatorias hacia las mujeres, como aquella de “la Carlota se enrolla que te cagas”. A nosotros nos produce auténtico asco.
Ahora hemos conocido también las andanzas de un cargo de confianza, nada más y nada menos que del propio complejo de La Moncloa, que —según denuncias concretas— escenificó un día, en medio del despacho, una felación con todo tipo y lujo de detalles. En privado, sobrepasaba otras líneas: llegaba por la mañana y te decía “el buen culo que te hacía ese pantalón” o te pedía que le enseñaras el escote. Como digo, señor secretario de Estado, son denuncias textuales que el Gobierno y el Partido Socialista taparon.
También podríamos hablar de lo acontecido con el líder del Partido Socialista en Torremolinos o con el propio presidente de la Diputación de Lugo. Por lo tanto, son cuestiones realmente llamativas, en las que vemos que el Gobierno, incluso los partidos que lo sustentan, no han sabido actuar con la diligencia que cabía esperar. Por no recordar los casos de Errejón o Monedero, o la reducción de condenas y la excarcelación de violadores consecuencia de la ley del “solo sí es sí”, o los fallos en las pulseras antimaltrato. Por lo tanto, hoy también debemos denunciarlo alto y claro.
El cuarto eje del plan aborda la igualdad de trato y la protección de grupos específicos. Y es llamativo —y lo sabemos porque lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones; es un compromiso tanto político como personal de Unión del Pueblo Navarro— que ustedes hablan de protección de derechos humanos, pero luego pactan con aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA, que tienen a terroristas en sus listas electorales, que los tienen también en sus direcciones, que organizan actos de enaltecimiento de terroristas, actos que humillan a las víctimas del terrorismo, o que incluso son incapaces de condenar el resurgimiento de la violencia callejera que se ha padecido en las últimas semanas, tanto en la comunidad autónoma vasca como en la comunidad foral de Navarra, y que se ha vivido directamente en localidades como Azpeitia, Vitoria o la propia Pamplona. Esa es la normalidad de los fascistas que se dicen antifascistas.
En definitiva, desde nuestro punto de vista, es imposible defender un plan de derechos humanos cuando al tiempo se alimenta, desde el propio Gobierno, la sensación de impunidad, de opacidad y de amiguismo en todos estos casos de corrupción, tanto económica, política o incluso ética, a los que me he referido. Un Gobierno investigado, cuestionado y acorralado por presuntas tramas de corrupción, difícilmente puede presentarse como garante ético de nada. Un Gobierno que ataca a los jueces, que critica y desprecia a los fiscales y que tiene incluso a un fiscal general condenado e inhabilitado durante dos años.
El problema no termina ahí y podría ser mucho más grave. Ya veremos qué acontece con una presunta financiación irregular del propio Partido Socialista y con que todas estas tramas hayan podido surgir, lamentablemente, desde Navarra, lo que nos retrotrae a las décadas de los noventa, con los casos de corrupción liderados —nada más y nada menos— por quien fuese presidente de la Diputación Foral de Navarra y secretario general del Partido Socialista, el señor Urralburu.
Por lo tanto, los derechos humanos, desde nuestro punto de vista, son mucho más que un plan, un folleto o un acto de propaganda: son la columna vertebral de una democracia y exigen coherencia y ejemplaridad. Exigen también la verdad y no recurrir a la mentira como forma de hacer política. Y en todo ello, lamentablemente —debemos decirlo así—, la credibilidad de este Gobierno es prácticamente nula. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional, el señor Guijarro.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos.
No sé si conocen ustedes a Stéphane Hessel. Stéphane Hessel fue un diplomático francés, fallecido hace relativamente poco; miembro de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, judío, represaliado en varios campos de concentración hasta el final de la guerra; posteriormente convertido en diplomático y uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este diplomático judío francés escribió, poco antes de morir, un panfleto muy conocido: “¡Indignaos!”. Ese panfleto tuvo un gran éxito.
Precisamente porque era una época en la que parecía necesario reeditar el compromiso de los países y de las instituciones mundiales con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que, en aquel momento, había una importante desafección política, combinada además con una pérdida de poder adquisitivo y de nivel de vida de una gran mayoría de la población, no solo en nuestro país; desde luego, el nuestro fue de los más golpeados.
En este contexto, la propia existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos siempre ha sido una poderosa herramienta política. Es más, señor Simancas, para mi grupo parlamentario siempre hemos pensado que el mejor programa electoral que existe es un programa que desarrolle los derechos humanos, ni más ni menos. No hace falta mucho más: ya en esa declaración, universal y humanista, quedan recogidas las aspiraciones de una gran parte de la humanidad.
La relectura de esa declaración y el impulso que supuso el panfleto del señor Hessel han sido para nosotros una fuente de inspiración muy importante. Por lo tanto, cuando nos planteamos la conformación de un gobierno de coalición, siempre pensamos que la mejor guía para un acuerdo de esas características eran precisamente los propios derechos humanos y su desarrollo a través de un programa de gobierno. Por eso damos la bienvenida a los avances que usted mismo ha anunciado hoy. Damos la bienvenida, sobre todo, al proceso participativo que ha señalado, que nos parece fundamental para trasladar a la sociedad civil las recomendaciones o actuaciones políticas que se hacen desde las instancias de gobierno. Contar con un espacio donde poder discutir y debatir con organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en estos menesteres no hará sino mejorar los resultados.
De hecho, si miramos esa Declaración Universal y el resto de instrumentos jurídicos aprobados en las últimas décadas en el marco de Naciones Unidas, básicamente recogen cualquier aspiración bien intencionada y, como digo, humanista. En ese sentido, nos gustaría que la acción de este Gobierno se ajustara lo más posible a esa declaración. Usted ha mencionado avances importantes en los últimos años, avances con los que coincido, desde luego. Sí me preocupan, sin embargo, otros espacios o capítulos donde difícilmente hemos conseguido avanzar.
Hablo particularmente del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la vez se parece mucho al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también al artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos preceptos hablan de la vivienda. ¿Y sabrá usted por qué traigo a colación este tema? Porque quizá sea uno de los problemas, por no decir el más acuciante, que presenta ahora mismo la ciudadanía española.
Por eso le digo que basta con cumplir con esa Declaración Universal para traer grados de desarrollo y de autonomía a nuestras poblaciones. Yo siempre he pensado, señor Simancas —por lo menos este diputado que le habla—, que el socialismo es básicamente el desarrollo de esos derechos humanos. Y como nos queda mucho para el socialismo, nos queda mucho para el desarrollo integral de los derechos humanos.
Hemos hablado de varios ejes; usted ha hablado de obligaciones internacionales y del papel que ha tenido España en algunos de estos episodios. No puedo dejar de hacer algún comentario sobre ciertos asuntos que aquí se han mencionado. Hoy hemos escuchado celebrar el Premio Nobel de la Paz.
Sobre la señora María Corina Machado, tiene todo el derecho del mundo quien lo quiera celebrar a hacerlo. Quisiera llamar la atención sobre determinados elementos. Primero, de este premio, el Premio Nobel de la Paz, que han recibido personajes como el señor Kissinger, lo cual ya resulta, en fin, un cierto cachondeo. Pero, por recordar quién es esta señora María Corina Machado: puede ser muchas cosas, pero no creo que sea una mujer que propenda mucho a la paz. Es de las pocas que ha felicitado la presencia de un fuerte contingente militar en el Caribe, contingente claramente amenazante contra un país soberano como es Venezuela. Tengo entendido, así lo he podido leer, que en 2019 llegó a promover la activación del TIAR —el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca—, que es básicamente una invitación a una intervención militar. A lo mejor hay personas que creen que esto es necesario en Venezuela; desde luego, no es muy pacifista. Lo digo por señalar algunas de las contradicciones que se han escuchado aquí. Se le ha reprochado a este Gobierno que pacte con partidos que, según se ha dicho, no condenan determinados crímenes. No sé si el compareciente anterior hablaba de los crímenes franquistas, porque sí, efectivamente, y por desgracia, hay partidos en esta Cámara que siguen sin condenar los crímenes del franquismo. Nada más, señor Simancas. Luego tendremos ocasión, en la réplica, de discutir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Guijarro. A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Méndez Monasterio.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Simancas, por su comparecencia. Usted ha empezado diciendo que estamos en el Día Mundial de los Derechos Humanos, pero coincido con algún interviniente en que lo primero que vamos a hacer es felicitar a la señora María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, por su lucha constante por la libertad del pueblo venezolano. Echamos en falta que usted no lo haya hecho y que su presidente tampoco. Es evidente que están bastante más cerca del Gobierno de Maduro que de la defensa de las libertades. Pero, aun así, hoy vienen aquí a hablar de derechos y de libertades.
A nuestro grupo le gustaría que realmente existiera la voluntad de defender los derechos humanos y las libertades de los españoles con criterios de justicia y de humanidad. Porque, si bien es cierto que existen medidas concretas que, de manera aislada, podríamos considerar positivas, cuando hacemos un análisis exhaustivo de todo el plan no podemos llegar más que a la conclusión de que esta comparecencia es, en el momento actual, una farsa y una burla.
¿Por qué digo que es una burla? Es una burla porque, señor Simancas, cuando empezamos a leer los objetivos del plan, uno por uno, encontramos, entre ellos, la lucha contra la corrupción y afianzar las instituciones públicas. Claro, venir aquí a hablar de este plan cuando uno de los objetivos es ese y su Gobierno está sumido en una escandalosa corrupción, con el fiscal general del Estado condenado y además atentando constantemente contra la independencia judicial, a nosotros nos parece una burla. Pero es que otro de los objetivos es la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas, mientras están gobernando con el apoyo de los herederos de ETA. ¿Acaso esto no es una burla? Por cierto, uno de los objetivos dice que van a esforzarse en resolver los casos que permanecen sin esclarecer de los atentados terroristas; me gustaría saber si en este caso existe algún tema que ustedes nos pudieran adelantar.
¿Acaso no es una burla traer aquí y ahora un plan que recoge la lucha contra los abusos sexuales, después de lo que se está conociendo de su partido? ¿Acaso no es una burla contra los españoles y para esta Casa, para el Congreso de los Diputados, cuando ocultan las denuncias dentro de su propio partido? ¿Acaso no es una burla, señor Simancas, traer un plan en el que consta como objetivo reducir la pobreza, cuando está aumentando sin duda en nuestro país, o incluso garantizar el derecho a la vivienda? ¿Para qué sirve un plan de derechos humanos que habla de derechos laborales, económicos y sociales cuando a los jóvenes los asfixian a impuestos y no pueden formar...