Pues buenas tardes. Vamos a ir comenzando, si les parece bien. Comenzamos con la comparecencia que nos quedaba pendiente. Damos la bienvenida a don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tiene quince minutos para su intervención. Gracias. Por favor, siéntense.
Gracias, señora presidenta. Señorías, miembros de la Mesa, portavoces, Letrada, personal al servicio de la Cámara, buenas tardes. En nombre del movimiento social de la discapacidad, representado unitariamente en el CERMI, agradecemos a los grupos que han solicitado esta comparecencia.
Entrando ya en el contenido, como primera cuestión, desde el CERMI debemos expresar que recibimos favorablemente la iniciativa legislativa en cuyo marco se está llevando a cabo esta ronda de comparecencias, y pedimos el apoyo constructivo de los grupos parlamentarios, desde sus legítimos enfoques ideológicos, considerando que puede tener un sentido y un enfoque que responda a su ideario, a su ideología y a su compromiso con su electorado. Entendemos que los grupos parlamentarios pueden enriquecerla con enmiendas que la refuercen, la amplíen y la robustezcan. Confiamos también en una tramitación rápida y en una aprobación con un respaldo lo más extenso posible. Confiamos en que las Cortes se sientan protagonistas de esta ley, de este proyecto remitido por el Ejecutivo, que finalmente se adopte identificándose con, y haciendo propios, al menos, sus parámetros esenciales.
Respecto del procedimiento seguido y de la participación del movimiento social de la discapacidad durante la preparación del proyecto de ley, he de decirles que el sector social de la discapacidad ha mantenido un diálogo estrecho y productivo a lo largo de meses con el ministerio promotor, fundamentalmente con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, con la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Dirección General del IMSERSO, que han sido los centros directivos más directamente involucrados en la preparación de los textos, siendo estimable el nivel de participación cívica en la génesis de la iniciativa.
Albergamos la esperanza de que este buen nivel de diálogo civil se mantenga en la tramitación parlamentaria, siendo esta ronda de comparecencias un elemento alentador que debe ir acompañado de una buena receptividad a las enmiendas y propuestas de mejora que se formulan desde el sector social de la discapacidad y el de personas mayores, que somos los dos grupos de interés preferenciales en el objeto y contenido de este proyecto de ley.
Como muy bien saben, señorías, el proyecto de ley deriva inmediatamente del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, aprobado el año pasado por abrumadora mayoría de estas Cortes, la primera reforma social de la Carta Magna, de la que el movimiento social de la discapacidad, el CERMI, nos sentimos un auténtico elemento tractor determinante.
…de este progreso como país, y que, además de actualizar la terminología —que acaso es lo que más se ha retenido en el imaginario colectivo, en la opinión pública no especializada—, al consagrar constitucionalmente la nomenclatura “personas con discapacidad”, la única admisible, incorporó en el precepto constitucional el enfoque exigente de derechos humanos aplicado a la discapacidad, alineando nuestro derecho interno, el derecho nacional español, con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, con arreglo al artículo 10 de la Constitución, es un tratado internacional de derechos humanos de aplicación directa e inspirador de toda la acción legislativa y de la política pública que lleve a cabo el Estado español.
Es de destacar el poco tiempo transcurrido entre la modificación constitucional —recuerden que entró en vigor en marzo del año pasado— y este primer intento de desarrollo legislativo ordinario, lo que añade otro valor a este proyecto de ley. Aprovechando el rebufo para intentar trasladar, aunque esto será un proceso que seguro nos llevará décadas, todos los mandatos, muy intensos y de gran calado, absolutamente transformadores, de la Constitución a nuestra legislación ordinaria.
El renovado artículo 49 rige para toda la legislación ordinaria y erige verdaderos mandatos constitucionales vinculantes y exigibles al legislador ordinario, que deben tener su reflejo en la legislación ordinaria de discapacidad.
Estos principios, estos mandatos constitucionales, los resumo, los abrevio: titularidad en plenitud de derechos para las personas con discapacidad —los derechos que ya se reconocen para todos los españoles y españolas, ahora con un énfasis particular—; no discriminación; protección legal reforzada; acción afirmativa de los poderes públicos; autonomía personal, que queda consagrada en el nivel constitucional; inclusión social; entornos universalmente accesibles, derecho a entornos universalmente accesibles —esta es la única Constitución del mundo que contiene una mención específica a la accesibilidad, elevándola a rango constitucional—; participación de la sociedad civil en la acción pública y en la toma de decisiones que, en sentido amplio, puedan afectarles; y atención particular a las mujeres con discapacidad y a la infancia y adolescencia con discapacidad —el artículo 49 habla de menores de edad, donde se incluyen niños y niñas y jóvenes con discapacidad—.
Entrando ya en aspectos de contenido, el proyecto de ley acomete cambios y ampliaciones en las dos principales leyes que afectan a las personas con discapacidad y a sus derechos, las que constituyen los bloques de legalidad ordinaria de los derechos de las personas con discapacidad. Por una parte, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, actualmente vigente; y, por otra, una ley que no es específica para las personas con discapacidad pero que tiene un impacto directísimo, que es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Dicho gráficamente, todas las personas en situación de dependencia son personas con discapacidad, al menos de derecho y, si se quiere, también de hecho; y no todas las personas con discapacidad son personas en situación de dependencia. Hay unos vasos comunicantes muy amplios, de cientos de miles de personas, pero el legislador, el Estado español, ha decidido establecer dos dispositivos públicos de promoción, de atención, de acompañamiento y de recursos, diferenciados en dos leyes que son concomitantes, pero que tienen también su realidad diferenciada, con muchos aspectos paralelos o, como digo, confluyentes.
Se trata de dos bloques diferenciados pero, a la vez, conectados, que pretenden concretar en la legislación ordinaria de discapacidad y de autonomía personal y dependencia los mandatos constitucionales a los que acabo de referirme, renovados y reformulados.
En general, todas las modificaciones del proyecto son positivas; avanzan, robustecen y refuerzan derechos y medidas de acción afirmativa. Se pueden y deben mejorar y expandir mediante enmiendas, pero, en principio, tienen un nivel de aceptación. Puede ser perfectible, pero es aceptable: es un avance.
En el bloque de autonomía personal se acomete un cambio en el modelo de cuidados de larga duración en el dispositivo público de atención a las personas que precisan apoyos intensos para su autonomía, que va en la buena dirección según nuestro criterio, pues el sistema actual, que va a cumplir veinte años el año que viene —la ley se aprobó en 2006—, es en gran medida percibido como equivocado, insuficiente o fallido por las personas con discapacidad, las personas mayores y sus familias. No es aquello que se nos prometió casi dos décadas después.
Sin embargo, en este eje de autonomía personal y dependencia hay mejoras que introducir, y desde el CERMI apuntamos dos como absolutamente prioritarias. Primera: regular un copago justo que no expulse de las prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia y que deje de ser confiscatorio, como a nuestro juicio lo es ahora. Queremos recordar que esta Cámara, y lo digo con tristeza, tiene desde 2015 pendiente de tramitar una iniciativa legislativa popular promovida por el CERMI sobre el copago en dependencia, que intenta establecer criterios básicos sobre una cuestión hoy sin regulación en el ámbito estatal. Está avalada por 740.000 firmas, una de las pocas ILP de contenido estrictamente de servicios sociales que prosperó, certificada por la Junta Electoral Central, y a la que no se ha dado respuesta. Sigue pendiente. Como saben, las ILP no caducan cuando concluye una legislatura; se retoman en la siguiente. Se aprueba su toma en consideración y después se las somete a una infinidad de aplazamientos en el trámite de enmiendas, y así seguimos después de diez años. Les pediría, como diputados y diputadas de Derechos Sociales, que tomen en cuenta esta realidad: a 740.000 españoles y españolas, tras una década, no se les ha dado respuesta. Si consideran que esa ILP no tiene sentido, desestímenla; si consideran que puede ser mejorable, mejórenla a través de enmiendas, pero dennos una respuesta.
La segunda demanda esencial es dar alas a la asistencia personal como el recurso más inclusivo. La asistencia personal es una prestación dentro del catálogo de prestaciones y servicios de la Ley 39/2006 que apenas ha tenido recorrido y desarrollo desde hace casi veinte años que entró en vigor: supone un 0,5% de las casi dos millones de prestaciones reconocidas en el sistema. Es la más deseable, la más apetecida y la más inclusiva para las personas con grandes necesidades de apoyo para su autonomía personal y está cortocircuitada por una regulación restrictiva y desalentadora.
Voy concluyendo. Más allá de las enmiendas al articulado, al texto dispositivo, está la cuestión decisiva de la financiación, sobre todo en la parte del bloque de autonomía personal y dependencia. Para que de verdad tengamos un genuino y auténtico sistema de autonomía y atención a la dependencia resulta esencial que el cambio de modelo regulatorio —ese cambio de los cuidados de larga duración— venga con un refuerzo sistemático y estructural de su sostenibilidad económica, con garantía de financiación robusta, suficiente y prolongada en el tiempo. Esto requiere indefectiblemente nueva financiación: no una mera actualización de la ya existente, sino un aporte, un riego muy considerable de recursos. No se puede eludir, porque, de lo contrario, el sistema irá decayendo y estará en riesgo de desaparecer o de hacerse irrelevante para las personas que más lo necesitan y sus familias. Sin una aportación extraordinaria —y aquí miramos al Ejecutivo, al Gobierno; así se lo hemos trasladado—, la reforma, si no se mantiene a medio y largo plazo, no cuajará.
Gracias, señora presidenta. Este proyecto de ley es positivo; puede y debe ser ampliado, perfeccionado y reforzado. A este fin, hemos dejado en la Secretaría de esta Comisión un documento de propuestas de enmiendas que formula el CERMI, casi dos docenas, sobre distintos aspectos que están en nuestra agenda política y legislativa de la discapacidad y que no han entrado, o no lo han hecho con la intensidad que hubiéramos deseado, para que las puedan examinar. Con toda humildad, pedimos que, en su caso, las puedan asumir y presentar como grupos parlamentarios que tienen la última voz en cómo salga este proyecto de ley de esta Cámara. El objetivo es que el texto que finalmente se apruebe no sea solo del Ejecutivo, sino que acuse, para bien, su paso por el Parlamento; que salga notoriamente mejor de lo que entró y con el sentimiento de todas las fuerzas políticas que han contribuido a ello, haciéndolo suyo y haciéndolo común y compartido. Saquemos esta iniciativa legislativa del debate estéril de la polémica intrascendente que no mejora; estemos a la altura del mejor constitucionalismo social del mundo, del que tenemos la suerte de gozar en España, con ese nuevo artículo 49 del que trae causa este proyecto de ley. Quedo, sin más, presidenta, señorías, a las cuestiones que deseen plantearme. Muchas gracias por su atención y por la eventual receptividad que tengan a las consideraciones que he trasladado y a las propuestas de enmienda que hemos depositado en la Secretaría.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Santana.
Muchas gracias, presidenta. Quiero dar las gracias al compareciente y, sobre todo, al CERMI, que viene a representar a varias entidades con las cuales hemos podido trabajar de la mano y cuya labor agradecemos. Creo que para todos es claro que la ley de dependencia debe representar un pilar de nuestro Estado de bienestar y no un gasto. Tuvimos oportunidad de debatirlo en un encuentro organizado por Servimedia, con diputados de otros grupos parlamentarios, donde también estuvo la directora del IMSERSO, y creo que allí llegamos a muchos puntos de encuentro, a pesar de las diferencias políticas que podamos tener. Eso también es gracias a que las entidades, muchas veces, marcan la hoja de ruta por donde debemos caminar de cara al futuro, porque, al fin y al cabo, son ustedes quienes están en contacto diario, en lo cotidiano, con las personas a las cuales nos dirigimos en el desarrollo de esta ley. Por eso me parecen tan fundamentales las comparecencias de las distintas entidades y expertos en esta Comisión.
Por supuesto, de la puesta en común en la que todos coincidimos destaco la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de financiación y que este sea finalista y estable; también la profesionalización y la mejora de las condiciones de las personas que sostienen el sistema. Que el modelo sea un modelo centrado en la autonomía y no en el asistencialismo: ese es el modelo que todas anhelamos. Asimismo, incorporar el enfoque de género en los cuidados, porque ya sabemos que, hasta hoy, han sido las mujeres las grandes cuidadoras y quienes han cargado con la mochila de los cuidados a sus espaldas.
Anoto muchas de las cuestiones que han planteado, sobre todo el impulso de la ILP para legislar sobre el copago. Me parece fundamental no solo dedicar palabras bonitas, como he hecho yo y probablemente hagan muchos de mis compañeros.
…el día de hoy en su comparecencia, sino también la necesidad de dotar de recursos suficientes a las entidades que prestan servicios que, al final, no están siendo prestados por la Administración, por las comunidades autónomas o por el propio Estado. Ustedes están realizando una función fundamental que, en muchos casos, debería asumir la Administración. Por lo tanto, creo que hay que darle un impulso decidido a esa ILP y legislar en las distintas comunidades autónomas, como, por ejemplo, se hizo en la pasada legislatura en Canarias respecto al copago o al concierto social, porque así es como, de verdad, las entidades que se encargan de esta labor pueden contar con la musculatura suficiente para no verse en situaciones precarias, como se han visto en muchas ocasiones. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Martínez.
Muchas gracias, señor Cayo, por su comparecencia y por lo que nos ha aportado no solo hoy, sino a lo largo de todo el proceso que llevamos. Creo que todos los grupos, la mayoría de los grupos, y desde luego muchas de las entidades con las que están trabajando en esta cuestión —muchas de las que han pasado por aquí también en las últimas dos semanas en las comparecencias que hemos celebrado— coincidimos en que esta reforma es un proyecto de consensos. Podremos aspirar a más o a menos, podremos discutir sus límites, pero existe una serie de consensos que debemos sacar adelante.
Para nosotros, la reforma de estas leyes, que son dos normas estructurales en el ámbito de los derechos sociales, supone en buena medida la conclusión lógica de la reforma del artículo 49 de la Constitución española. Lo primero que quería hacer es agradecerles a ustedes y al CERMI la permanente insistencia en incorporar la igualdad y la protección reforzada que estipula el artículo 49, porque gracias a ese trabajo hoy contamos con un precepto que establece la titularidad plena de derechos, la autonomía personal, la no discriminación, la inclusión social, la accesibilidad universal y la participación, así como el apoyo prioritario a las mujeres y a la infancia con discapacidad. Estos elementos configuran un marco de acción común de todas las administraciones, un marco que va más allá de los partidos o bloques aquí representados y que debe ser la senda por la que discurran las políticas públicas, y estas en particular.
En esta senda de respeto a las personas con discapacidad y de auténtica promoción de la autonomía personal, no cabe concebir retrocesos. Creemos que lo que hace falta es una reforma de avances; en eso estamos trabajando y esas son las claves que consideramos para esta reforma. Por eso hemos promovido que hubiera participación y diálogo.
Entendemos que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está tensionado, probablemente al límite, y requiere respuestas estructurales. No un arreglo parcial, sino una reforma de país que refleje un consenso político amplio. Por ello les agradecemos la tarea, particularmente la suya. Han mejorado la norma durante el proceso de información pública y durante la elaboración del texto en contacto con el Ministerio. Nos han remitido, además, propuestas de enmienda, hoy y anteriormente, y, desde luego, por el Grupo Plurinacional Sumar, lo damos por recibido; lo trabajaremos con mucho cariño y con mucho mimo, porque entendemos que ahora se abre un proceso legislativo que puede mejorar aún más el alcance de esta ley.
Asimismo, creemos que hay una conversación pendiente sobre la financiación, muy relacionada con esta reforma. No tiene mucho sentido discutir la financiación de un sistema obsoleto; lo que procede es discutir una financiación estructural para el sistema renovado, con nuevos valores y nuevos objetivos. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.
Gracias, presidenta. Señor Cayo, sea usted bienvenido de nuevo. Lamentamos y pedimos disculpas por la tardanza, pero los plenos duran lo que duran.
Y, en todo caso, sé que usted recibe con agrado este retraso. Quiero empezar agradeciéndole a usted y a la organización que representa, que en definitiva representa a las más de 4,4 millones de personas con discapacidad que hay en este país, su disposición siempre para apoyar y, sobre todo, para proponer. Prueba de ello son todas las enmiendas que han presentado y la negociación previa que han tenido con el Ministerio; nos consta su disposición y empezamos agradeciéndole la misma.
Coincidirá con nosotros, con el Grupo Parlamentario Socialista, y creo que coincidimos todos los grupos, en que esta es una legislatura eminentemente social. Aunque estoy seguro de que podría tener mayor avance, me sonrojo cuando usted dice que desde 2015 hay propuestas que siguen sin ser definidas. Tendremos que tomar nota de ello también. Pero, en fin, creo que este proyecto de ley viene a reconducir la estrategia española de atención a las personas con discapacidad y, sobre todo, a las personas que están en el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia.
Es una legislatura social; prueba de ello es que, después de dos décadas reivindicando ustedes la modificación del artículo 49, lo hemos conseguido. La ley ELA es una ley importante que abre un espacio también de atención a otras discapacidades neurodegenerativas. Estamos en negociación de la ley de economía social. Esta ley de modificaciones de los textos refundidos, tanto de la Ley de Dependencia como de la Ley de Discapacidad, creemos que emana del espíritu de la Convención de Naciones Unidas, de la ONU, y también de la Constitución española; por tanto, estos cambios legislativos son más que necesarios y convenientes.
Siempre, señorías, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad en el centro: la autonomía personal y la inclusión social van de suyo, y sobre todo el reconocimiento a las personas cuidadoras, que dan los apoyos necesarios para que esa autonomía personal pueda ser una realidad. Es una reforma integral, un cambio de paradigma, un cambio de modelo social desde el punto de vista de las prestaciones, de la asistencia personal y, sobre todo, de la vida independiente.
Me gustaría preguntarle qué opinión le merecen los diferentes planes que en estos momentos está desplegando el Gobierno de España en materia de personas con discapacidad y, en especial, la planificación que hay en base a la modificación del artículo 49 en cuanto al plan de protección de las mujeres y las niñas con discapacidad en nuestro país. También, qué considera que se debe tener en cuenta en el programa estatal de accesibilidad universal, que ha de contar, además de con los recursos necesarios, con todo el desarrollo y despliegue de la accesibilidad universal para que todos los entornos sean accesibles. Y, como sé que tiene poco tiempo para contestarnos, ¿cómo valora que el proyecto de ley recoja también la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que, como bien sabe, es otra demanda histórica del sector de la discapacidad, para, de una vez por todas, sacar a la calle —y nunca mejor dicho— a esas cien mil personas que hoy viven en su propia cárcel, que es su propia casa?
Creo que este proyecto de ley mejora también la situación burocrática. Y, por tanto, voy a acabar como ha empezado el señor Cayo: señorías, no tengamos un debate estéril, sino que seamos capaces de llegar a entendimientos. Consensuemos las enmiendas futuras y, sobre todo, que esta ley llegue a buen puerto. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vela.
Buenas noches a todas y a todos. Bienvenido, Luis Cayo Pérez Bueno; un gusto verlo en estas lides. Hago mías las palabras de disculpa en nombre de la organización de la Cámara por lo que usted ha tenido que esperar. Nosotros queremos el acuerdo, pero el acuerdo se tiene que predicar también con los comportamientos en la Cámara. Venimos denunciando cómo se cerró el trámite de enmiendas a la totalidad, y, bueno, seguimos diciendo a la señora presidenta y al resto de los compañeros que hay mucho de lo que hablar.
Estamos suficientemente ilustrados sobre asuntos de discapacidad, entre otras cosas gracias a ustedes y a las organizaciones que dependen del CERMI que han pasado por aquí. Pero en el tema de la dependencia, pese a su relevancia económica para el conjunto del país, se ha hablado no más de un 10%. Entonces queremos seguir trabajando; es lo que le queríamos decir.
Mire, yo tengo dos preguntas muy concretas. Por deformación profesional y por obligación de este cargo sigo su trabajo y quería simplemente dos reflexiones para que, desde su experiencia, nos avanzara una opinión. Primera: todas las organizaciones del sector que han comparecido, y en todas las reuniones que hemos tenido con todo tipo de organizaciones sectoriales, se han quejado de la dependencia de presupuestos y de acciones concretas para la continuidad del trabajo. Es decir, la plurianualidad en el sostenimiento del gasto y de las acciones que se van a acometer ha sido la clave de la intervención y de las reivindicaciones de todas las asociaciones, también de las que forman parte del CERMI, aquí en esta comisión y fuera de esta comisión. Quería saber, desde su punto de vista, si con este proyecto encima de la mesa cree que, a medio y a largo plazo, va a terminar esa lacra de la dependencia de acciones concretas y van a poder desarrollar un trabajo sosegado, tal como si fueran ustedes el típico funcionario español que sabe que va a tener sus lentejas cubiertas.
Segunda cuestión importante: usted está en contacto, y es la base de su trabajo y de su organización, con todos los CERMIS de las comunidades autónomas. Me gustaría que hiciera un rapidísimo repaso, o bien en una frase lo resumiera, sobre cuál es la percepción que tienen esos CERMIS autonómicos de la aplicación de esta ley y si han hablado de ello con las distintas comunidades autónomas de todos los colores políticos. Y nada más; como mi compañero del Partido Socialista ha utilizado más tiempo y los manchegos repartimos las cosas, doy por finalizada la intervención.
Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta, señorías. Reitero la gratitud mía y del sector de la discapacidad. Es siempre un privilegio estar en el Congreso, en las Cortes, y si hay que esperar una o dos horas porque hay un debate que además les tiene ocupados y ocupadas, no es ninguna servidumbre ni ningún exceso de esfuerzo por nuestra parte.
Gracias por el tono. Decía antes la diputada Santana que, como seres humanos, siempre se agradecen las palabras bonitas; no voy a decir que no nos convengan o que no nos halaguen de alguna manera. Pero también estamos para escuchar, si así lo consideran, alguna palabra crítica o algún contraste; para eso es la democracia.
En general, creo que en mi exposición me ha dado tiempo a trasladar ese mensaje de que este proyecto de ley, mejorado y ampliado —como en las ediciones de los libros, una edición corregida y aumentada, que es lo que le corresponde hacer a esta Cámara y luego al Senado—, va a mejorar la vida de las personas con discapacidad, de las personas en situación de dependencia y de sus familias. Y lo creemos honradamente; si no, también lo diríamos, porque así lo hemos hecho, educadamente y con buenas palabras, siempre que hemos tenido contacto y diálogo franco y abierto con los grupos parlamentarios, con las distintas formaciones políticas.
Desde luego, España está en un buen momento social en el ámbito de la discapacidad. La semana pasada —simplemente quiero recordárselo—, dos días después del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se fallaba el Premio Ciudad Europea Accesible: primera ciudad, Zaragoza; segunda ciudad, con mención especial, Valencia. En el palmarés de este certamen europeo, donde compiten veintisiete Estados, España tiene en torno al 40% de los premios, menciones y reconocimientos. Por eso apelo también a un cierto patriotismo social, en el sentido de que estamos haciendo buenas cosas y de que el consenso —eso que hemos conseguido con tantas dificultades en el ámbito de la discapacidad— debemos preservarlo y seguir ampliándolo.
CERMI tiene más de veinticinco años, pero en la última década se han aprobado enormes y trascendentes hitos legislativos que no se quedan solo en su publicación en el diario oficial, sino que trascienden y tienen impacto en la vida de la gente. Se han aprobado por unanimidad o por una inmensa mayoría. Continuemos esa cultura que, creo, el pueblo español agradece y que, desde luego, la sociología de las personas con discapacidad y sus familias también valoran.
Hay casi cinco millones de personas con discapacidad según las estadísticas oficiales; en uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad, y va en aumento. Somos una minoría; es verdad que no podemos pretender dictaminar cómo debe dirigirse el país, pero creemos que lo que se haga en favor de la discapacidad es agradecido, es sentido y es recibido por una amplia base social, porque es una realidad importante en sí misma y en crecimiento.
Dicho esto, no voy a responder a las consideraciones de manera pormenorizada; bilateralmente, en encuentros que podamos tener, estaré encantado de contrastar, opinar y ampliar lo que me han dicho algunas de sus señorías. A las preguntas concretas: sí, es una legislatura social; puede serlo más con la aprobación de esta ley. Una legislatura donde se ha producido la primera reforma social de la Constitución no tiene parangón con ninguna otra. Por desgracia, no vamos a ver ese hito repetido en muchas ocasiones; muchas de sus señorías quizá hayan sido coprotagonistas de la única reforma constitucional de su trayectoria, y eso conviene subrayarlo.
Aun así, quiero recordar que también se aprobó con un inmenso respaldo parlamentario la Ley 2/2025, que reforma nada menos que el Estatuto de los Trabajadores para regular la incapacidad sobrevenida laboral, que hasta ahora impedía que una persona que, estando trabajando, adquiriera una discapacidad pudiera continuar trabajando. Hay un millón de personas en situación de incapacidad laboral permanente; esto es muy importante para que, si lo desean, puedan seguir trabajando.
Respecto a la pregunta sobre los planes, es verdad que en nuestro movimiento social tenemos una querencia especial por el Parlamento en su función legisladora, porque la ley es el derecho positivo más potente que tenemos: el que más garantiza, el que más se puede exigir y el que más puede tutelar, en caso de inobservancia, ante un tribunal. Los planes y programas son necesarios; se están haciendo muchos. Hace apenas un mes se aprobó el primer Plan de Acción en nuestra democracia sobre mujeres y niñas con discapacidad. Lo digo con cierto orgullo: se aprobó en una reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad acogida en la sede del CERMI; un órgano del Estado que sale del Ministerio y se va a un espacio de la sociedad civil. Ahora hay que aplicarlo. Pero los planes y programas son un complemento operativo de lo que establecen las leyes: aterrizan mandatos, fijan calendarios, definen indicadores medibles, establecen métricas de cumplimiento y prevén una evaluación posterior. Son importantes, y ahí hacemos un seguimiento fundamentalmente de la acción del Ejecutivo, complementado con las comunidades autónomas.
Respondiendo a las preguntas del señor Belda sobre la financiación del sector: hoy comparezco, sobre todo, como representante del movimiento de la discapacidad en su función de incidencia política, para influir donde se toman las decisiones y que se adopten las mejores. Pero la discapacidad tiene otra dimensión: somos proveedores directos de servicios, recursos y acompañamiento a personas con discapacidad, por delegación de las administraciones públicas. En ese papel estamos en una situación agónica, porque esos conciertos, convenios y subvenciones de los que nos nutrimos apenas alcanzan para dar una atención de calidad, continuada, exigente y en mejora continua. En ese sentido, esta ley, si va acompañada de financiación, derivadamente nos traerá nuevos recursos; pero hay un problema gravísimo de fondo. El Senado, según se ha anunciado, va a impulsar una ponencia sobre financiación, sobre un nuevo modelo de financiación del Tercer Sector, incluido el sector de la discapacidad, y es absolutamente necesario. Esta ley no va a resolver por sí sola esa cuestión; puede ayudar si hay más financiación, pero es un tema pendiente que tendremos que abordar.
Es una cuestión que se deberá abordar por sus cauces. Y, respecto de los CERMIS autonómicos, tenemos 19 CERMIS autonómicos; no hay una relación de jerarquía entre el CERMI estatal y los autonómicos, hay una relación cooperativa excelente, muy buena. Hay realidades de partida muy diferenciadas; no se puede comparar unos territorios con otros, pero hay una voluntad, al menos, de llegar a unos niveles básicos donde no exista ningún agravio en función de donde uno resida, donde haya nacido, donde haya adquirido la discapacidad o donde haya decidido residir.
La impresión de estos CERMIS, con sus matices, es positiva respecto de la ley y la consideran una oportunidad, siempre que —y reitero— venga acompañada de una aportación extraordinaria de dinero para los próximos cinco años; que esta ley venga con un pan financiero debajo del brazo. Esos CERMIS, esas familias, esas personas con discapacidad, esos dispositivos de atención y de acompañamiento se verán mejorados, y tienen puesta la expectativa en que se pueda aprobar esta ley, perfeccionada y ampliada, y que eso, a la vuelta de unos meses, de unos años, tendrá un impacto tangible, positivo y favorable para la inclusión y los derechos de bienestar de las personas con discapacidad en situación de dependencia y para sus familias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Despedimos al señor Cayo. Muchísimas gracias.
A continuación, comenzamos con las proposiciones no de ley. Se ha acordado un cambio en el orden del día y comenzaremos por la número cinco, relativa al incremento de las comisiones que la SELAE abona a la red de ventas de Loterías y Apuestas del Estado. El autor es el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas noches ya. Presentamos esta PNL porque es necesario que los grupos que sustentan el Gobierno dejen de engañar a los ciudadanos y, desde luego, en este caso, al colectivo de loteros. Llevan años escuchando promesas vacías del Partido Socialista y de Sumar; les entretienen, presentan iniciativas en esta Cámara para instar al Gobierno, pero luego todo acaba en el mismo sitio: en promesas, en incumplimientos, y eso lleva a la desesperación al colectivo.
Ya ha pasado un tiempo más que razonable desde esos últimos compromisos y lo único que se ha encontrado el colectivo de loteros es el silencio. El sector vive un profundo sentimiento de frustración y de abandono. Hablamos de más de 30.000 trabajadores, de los cuales más de 10.000 son autónomos; personas que cumplen con todas las obligaciones que impone la SELAE y que prestan un servicio público muy valorado en barrios y en el medio rural. ¿Y cómo les responde el Gobierno? Con silencio y congelando sus ingresos.
El coste de la vida ha subido un 63% desde la última vez que se actualizaron las comisiones que reciben. Han subido los salarios, los alquileres, los suministros se han disparado, y las administraciones de lotería siguen cobrando cinco céntimos por euro jugado o noventa céntimos por un décimo de Navidad. ¿Saben ustedes cuántas primitivas hay que vender para pagar la cuota de autónomos? Siete mil. Así de simple y así de grave es el problema.
Y esto resulta más sangrante cuando el presidente de la SELAE se sube el sueldo un 14%, hasta los 252.000 euros, mientras quienes sostienen el 97% de las ventas siguen igual que hace veinte años. A esto se añade el impulso del canal online desde el propio Gobierno, desviando ventas desde el punto físico a la web. Modernizarse es positivo, pero no a costa de destruir la red comercial que mantiene vivo el servicio en pueblos y barrios.
Hoy el Partido Socialista nos plantea aquí una enmienda que propone mantener como elemento clave la red presencial, y en su acción de gobierno hacen justo lo contrario. Porque, miren, el Partido Socialista registró una proposición no de ley, la propuso para debate en comisión el 21 de marzo de 2024 y la retiró del orden del día sin dar ninguna explicación. Sumar propuso una PNL aquí que se aprobó gracias a la posición del Partido Popular, y desde entonces no se ha avanzado nada; no se ha hecho absolutamente nada con el tema de la comercialización digital.
Eso no es política; eso es engañar a los ciudadanos. Explíquenles hoy, en su turno de intervención, por qué les están engañando, por qué les dicen una cosa y hacen justo la contraria. Porque, señorías, no hablamos de privilegios: hablamos de la supervivencia económica de las administraciones de lotería, de evitar cierres en los puntos que hay en el medio rural y de proteger los pequeños comercios que generan más de 3.000 millones de euros al Estado al año.
Por eso estamos aquí con esta proposición no de ley hoy; por eso planteamos esta iniciativa, porque mientras que otros engañan, el Partido Popular trae soluciones. Planteamos esta PNL para actualizar las comisiones, revisar las condiciones contractuales y proteger el canal presencial en todo el territorio. Tres medidas concretas, claras y perfectamente asumibles por SELAE, que cuenta con ventas superiores a los 9.800 millones y destina más de 750 millones a comisiones, sin haberse revisado la estructura desde el año 2003.
Señorías, los loteros ya han esperado demasiado. No necesitan más fotos, más reuniones ni más excusas. Necesitan decisiones, y hoy esta Cámara tiene la oportunidad de empezar a reparar años de abandono. Muchas gracias.
Muchas gracias. En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Su señoría del Grupo Popular dice verdades, pero dice verdades a medias, que es lo mismo que mentiras. Para empezar, le quiero recordar que la agrupación mayoritaria del sector de loterías, que agrupa a más de 4.100 administraciones, en el año 2012, cuando ustedes gobernaban, recibió promesas que en 2014 les recordaron que no habían cumplido. Posteriormente, en 2019, esa agrupación ya decía que llevaba 15 años sin actualizar las comisiones. Ahí gobernaban ustedes. Ustedes no actualizaron las comisiones y ahora quieren aprovechar la campaña de Navidad para colocar su mensaje. Y su mensaje desvirtúa la realidad y el trabajo del Ministerio de Hacienda y de SELAE.
La atención continúa. Desde el año 2022 se acordó con las asociaciones representativas del sector una subida de comisiones. Fruto de esas medidas, en tres años se ha producido un incremento acumulado del 16,82% en las comisiones. Si comparamos 2021 con 2024, supone destinar 109 millones de euros más en comisiones de venta.
Y sí, la preservación de la red de venta presencial en el territorio es una prioridad de SELAE. La venta presencial sigue siendo la mayoritaria en la compañía, que intenta, en su marco de legalidad, protegerla, otorgando igualdad de oportunidades en la red y facilitando la movilidad a zonas de mejor impacto económico, geográfico y mayor rentabilidad, cuando la zona en la que se encuentra el punto de venta haya podido perder comercialidad. Recordemos qué es SELAE: supone el 0,65% del PIB y aporta más de 3.000 millones al Tesoro. Esto es lo que la diferencia del sector del juego que ustedes tanto defienden. Por eso han eliminado de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela el control de la publicidad del juego online, porque están con el sector del juego privado. Con el público, ahora aprovechando Navidad; pero con el privado sí, impactando en las leyes. Es lo que diferencia el sector público del privado: la aportación al Tesoro para fines sociales, mientras que el sector privado no aporta nada más que, obviamente, sus impuestos.
Y además hay una diferencia entre los juegos de SELAE y el sector privado: la no inmediatez de la recompensa, que es lo que realmente genera el juego perjudicial, el juego problemático, el juego patológico y la adicción. Esta es una diferencia, para que se entienda de qué estamos hablando.
Por lo tanto, se está trabajando. El Ministerio ha trabajado nuestra propuesta, que va en la línea del propio Ministerio. Lamentamos que no la hayan aceptado y que intenten engañar al sector, que es quien mejor lo conoce. ¿Se necesitan subir las comisiones? Sí. ¿Se está trabajando? También. Gracias.
Tiene la palabra, para el turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
Gracias, presidenta. Hablamos de los más de 11.000 puntos de venta de lotería, que son...