Buenas tardes, señorías. Empezamos la Comisión a las siete menos veinte de la tarde. El orden del día contiene dos puntos.
Primero, la elección de la Secretaría Segunda de la Mesa, que quedó vacante la semana pasada. Tras hablar con los portavoces, y dado que hay un grupo que no admite el voto a mano alzada, procederemos a realizar la votación en urna, como reglamentariamente está previsto. Se ha presentado la candidatura de doña Beatriz Álvarez Fanjul. A continuación, llamaremos a los miembros de la Comisión uno por uno y por orden alfabético.
Segundo, la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia. Han entrado dos solicitudes de comparecencia nuevas de Vox que han sido calificadas con posterioridad a la reunión de la Mesa en la que se fijó el orden del día. La propuesta, consensuada con todos los portavoces y con la ministra, es incluir también esos asuntos en la comparecencia de hoy, básicamente para dejar despachadas en este periodo de sesiones las solicitudes de comparecencia. Como saben, de cara al próximo periodo de sesiones podrán volver a registrarse y tendremos más comparecencias de la ministra.
Les digo el número de expediente: el 213.945 y el 213.952. Básicamente, son para dar cuenta de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para que España deje de ser el país líder de la Unión Europea en pobreza infantil; y la otra, para dar cuenta de las medidas que está adoptando el Gobierno para prevenir y detectar las prácticas de fraude mediante las cuales ciudadanos extranjeros abandonan a sus hijos en territorio nacional para que las administraciones asuman su tutela como presuntos menores extranjeros no acompañados.
Si les parece bien, votamos primero, a mano alzada, la alteración del orden del día para la inclusión de estas dos comparecencias. ¿Votos a favor? La Mesa también vota. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputadas y diputados. Y ahora lamento decirles que tengo que ausentarme; les dejo en manos de los vicepresidentes porque la Comisión de Justicia se reúne en estos momentos. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señorías. Tratado el segundo punto, pasamos al primero del orden del día, que consiste en la elección de la Secretaría Segunda de la Mesa de la Comisión. En primer lugar, informar de que Beatriz Jiménez Linuesa, del Grupo Popular, ha presentado su renuncia, por lo que procede la elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. A solicitud de un grupo, la votación se realizará mediante papeleta. La candidatura propuesta es la que ha indicado la Presidencia. Si sus señorías ya disponen de la papeleta, procedemos a la votación. El letrado irá llamando por orden a sus señorías para que introduzcan su papeleta en la urna.
Abades Martínez, Cristina.
Aguirre Gil de Biedma, Rocío.
Almirón Ruiz, Oriol.
Almodóvar Sánchez, Emilia.
Álvarez Sanjul, Beatriz.
Armario González, Blanca.
Bayón Rolo, Juan Andrés.
Blanco Arrue, Gabriel.
Calvo Gómez, Pilar.
Camino Miñana, Víctor.
Clavell López, Óscar.
Cobo Carmona, Ana.
De la Rosa Baena, Olvido.
González López, Manuel.
Molina León, Ainhoa.
Moreno Fernández, María Isabel.
Pascual Rocamora, Sandra.
¿Estamos? Sí. Votos a favor: dieciséis. En blanco: quince. Muchas gracias, señorías. Realizado el escrutinio, comunicamos que Beatriz Álvarez Fanjul obtiene dieciséis votos a favor, quince en blanco y tres nulos. Queda proclamada secretaria segunda de la Mesa de la Comisión. Le damos la enhorabuena y la bienvenida como compañera de la Mesa. Le invitamos a que ocupe su lugar en la Mesa.
La Presidencia ya ha informado de la acumulación de las comparecencias de la ministra de Juventud e Infancia, que también ha sido votada. Por ello, solicitamos la presencia de doña Sira Rego, a quien agradecemos su presencia hoy aquí. Bienvenida, ministra. A continuación, informamos de que el debate se desarrollará de la siguiente manera: intervendrá, en primer lugar, la compareciente; a continuación, por un tiempo de diez minutos, lo harán las y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor; y, finalmente, contestará de nuevo la compareciente.
Tendría lugar un segundo turno de intervenciones de las y los portavoces, de cinco minutos, que serán contestados en una última intervención de la ministra. Como les decía, le damos la bienvenida a doña Sira Abed Rego, a quien agradecemos su presencia en esta Comisión y la aceptación de la inclusión de las solicitudes de los distintos partidos. Le damos la palabra para informar sobre el objeto de las comparecencias que hoy proceden. Tiene, como decía, la palabra cuando quiera.
Sí, muchísimas gracias. Voy a dar comienzo directamente porque me consta que está siendo una jornada extensa y cargada de trabajo, así que voy directamente con la comparecencia.
Comparezco hoy para informar sobre el trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia y para situar el horizonte político y el horizonte estratégico que guían nuestras acciones. Y lo hago desde una convicción sencilla, pero, si me lo permiten, fundamental: la política de infancia y de juventud no es un sector más de la acción pública, sino un termómetro que mide la salud y la calidad democrática de nuestro país. Cuando la infancia sufre desigualdad, no falla una administración; falla todo un sistema, falla el conjunto de instituciones que deberían garantizar que el lugar y la situación donde nace una niña o un niño no sean determinantes para su destino.
Antes de entrar en detalle, me gustaría plantear tres claves que enmarcan la comparecencia de hoy. La primera es que en España seguimos teniendo una brecha profunda entre los derechos reconocidos y los derechos efectivamente disfrutados. La segunda es que, para explicar esta brecha, no basta con profundizar en diagnósticos ni en leyes —que, por supuesto, es importante—; debemos además mirar el grado de ejecución y de ampliación de las políticas públicas y, por tanto, el nivel de implicación y de voluntad del conjunto de administraciones. Y la tercera es que la tarea del Ministerio es precisamente esta: trabajar con determinación para situar a las infancias y a las juventudes en el centro, corregir desigualdades mediante instrumentos legislativos, presupuestarios y de coordinación, y hacerlo de la mano de asociaciones, entidades y profesionales que han construido un conocimiento sólido y un compromiso duradero con la igualdad de derechos. Esta experiencia acumulada fortalece la capacidad pública y amplía, en cualquier caso, la mirada de país.
En este sentido, quiero presentarles los cinco ámbitos de derechos que articulan y han priorizado el trabajo de este Ministerio: el derecho de todas las infancias a crecer en igualdad real; el derecho a cuidados públicos que garanticen estabilidad; el derecho a vivir libres de violencias; el derecho a un entorno digital seguro; y el derecho de las juventudes a desarrollar su propio proyecto de vida.
Entrando en detalle en el primero de estos ejes, cuando hablamos del derecho a crecer en igualdad real no hablamos de oportunidades deseables, sino de obligaciones del propio Estado. La pobreza infantil en España no es un episodio coyuntural; es el resultado de un modelo que, durante demasiado tiempo, trató a parte de su infancia como ciudadanía en lista de espera. Estamos hablando de decisiones políticas que han estructurado ese modelo, cimentadas en décadas anteriores y que, de alguna manera, se han replicado hasta el presente.
Los datos son claros y, honestamente, inasumibles: 2,7 millones de niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta estadística nos revela que más de tres de cada diez niños y niñas están aprendiendo a vivir con falta de recursos. Y nos dice también que no se trata de un asunto familiar, sino de un fallo estructural. Es importante dedicar tiempo a mirar este aspecto, porque será la clave para poder resolverlo y para que cada nivel institucional asuma las responsabilidades que, por supuesto, nos corresponden.
Por eso hemos trabajado en distintas escalas. En el marco de la Garantía Infantil Europea, hemos reforzado la coordinación interministerial a través de la Comisión Interministerial de Seguimiento; hemos impulsado el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de noviembre; y estamos desplegando un mecanismo de gobernanza multinivel que incorpora la mirada de la sociedad civil, articula el trabajo técnico y mejora la cooperación.
Gracias, señora presidenta. En segundo lugar, deseo destacar el Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y poner en valor el trabajo realizado en esta comisión parlamentaria en relación con dicho pacto, tras meses de trabajo, con la participación directa de la infancia y después de haber escuchado a decenas de entidades y personas expertas. Todo indica que, aunque esto corresponde a esta comisión, es posible que en no mucho tiempo dispongamos ya de un dictamen de conclusiones. Confío en que, gracias al clima de cooperación y empatía que ha caracterizado este proceso, podamos alcanzar los acuerdos necesarios para que este pacto se materialice y tenga efectos reales en la vida de niñas, niños y adolescentes.
Para contribuir a que el pacto no quede solo en una declaración, desde el Ministerio de Juventud e Infancia hemos presentado una propuesta de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado: establecer una dotación inicial de 150 millones de euros, concebida como un instrumento complementario a la prestación universal por crianza. Entro en el detalle de la prestación universal por crianza como elemento central de las políticas públicas para erradicar la brecha de pobreza infantil. Desde Juventud e Infancia hemos defendido que la prestación universal por crianza figure en los Presupuestos Generales del Estado porque distintos estudios demuestran que es una de las medidas más eficaces para reducir la pobreza infantil de manera significativa. Con 200 euros mensuales por niño o niña, alrededor de 530.000 niños y niñas saldrían de la pobreza infantil. Además, conviene recordar el coste que supone la pobreza infantil en nuestro país, por supuesto en términos de oportunidades, pero también en términos económicos: la pobreza infantil tiene un coste de 63.000 millones de euros al año.
Junto a estos proyectos y planificaciones estructurales, desde el Gobierno hemos desplegado otras medidas directas que inciden en la reducción de la pobreza infantil: un programa para el acceso a gafas y lentillas y el Real Decreto de Comedores Escolares, que establece criterios nutricionales saludables, limita los ultraprocesados y asegura estándares comunes en todo el país.
Para nosotras, garantizar la igualdad real significa intervenir donde la desigualdad se reproduce cada día. Esto, desde luego, implica mirar a aquellas infancias que, por su trayectoria administrativa, encuentran más barreras para ejercer sus derechos. Una de las brechas más evidentes es la que afecta a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a nuestro país. A pesar de las negligencias demostradas por algunas administraciones, este ministerio ha impulsado la reforma del artículo 35 y ha ofrecido soluciones solidarias y eficaces tanto a los territorios de acogida como a los propios niños y niñas. Es una buena noticia que, al contrario de lo que estamos viendo por parte de algunas instituciones europeas, la política migratoria en nuestro país sea una política que ensancha derechos y potencia la acogida.
Además, desde este ministerio hemos desarrollado y puesto a disposición herramientas y procesos de acompañamiento para los territorios de llegada, con criterios homogéneos, un enfoque de derechos y personal formado. Ha habido un aumento histórico en la dotación económica para llevar a cabo este programa de acogida, que supone, y quiero incidir en este dato, un incremento total de más del 1000 % con respecto al año 2020.
Y quiero ser clara: no vamos a permitir que la protección de la infancia se convierta en un terreno de disputa donde el interés superior de la infancia y la adolescencia quede eclipsado por torpes cálculos electorales. Cuando se abandona la cooperación interinstitucional e interterritorial, cuando no se destinan los recursos necesarios, cuando se convierte a la infancia migrante en una metáfora del miedo, no se están defendiendo competencias; se están vulnerando derechos, derechos de niños y de niñas. Y desde este ministerio, desde luego, no lo vamos a tolerar.
Con respecto al segundo eje que les situaba inicialmente, el derecho a los cuidados públicos que garanticen estabilidad y un sistema de protección global, nos preocupa mucho, nos ha preocupado desde el inicio de la legislatura, y precisamente con este espíritu hemos analizado en profundidad el estado de salud del sistema de acogimiento.
Con este espíritu hemos analizado el sistema de acogimiento que sostiene la protección en nuestro país. Es el lugar donde cuidamos y protegemos a los niños y niñas que no tienen entornos familiares estables y que, en términos generales, se encuentran en situación de desamparo, independientemente de su origen. Es un servicio público y quiero hacer valer esta cuestión, porque a veces se nos olvida: la infancia se queda relegada a una esquina del tablero y se olvida que esto es un servicio público esencial. Es un servicio público esencial que garantiza un derecho y da oportunidades a niños y niñas que están en el sistema de protección y en situación de desamparo. Y es un servicio público sostenido mayoritariamente y de manera notable por el compromiso diario de profesionales que, a veces trabajando en condiciones complejas, siguen garantizando presencia, atención y vínculos, enfrentándose no solo a la carga emocional del trabajo, sino también a la limitada capacidad del sistema para prevenir y responder. Y que, por cierto, es competencia de las comunidades autónomas; de ahí la importancia de la cooperación interterritorial y la cooperación entre administraciones públicas. Quiero aprovechar esta comparecencia para hacer un agradecimiento público, por parte del Gobierno, a todas las profesionales y a todos los profesionales del sistema de protección y de acogida de nuestro país.
Por eso, en el próximo trimestre llevaremos al Consejo de Ministras el Real Decreto de Estándares del Sistema de Acogida y Protección, que fija un conjunto de garantías para todo el territorio y que responde a varias necesidades: apoyos estables a las familias que ofrecen acogida —porque ningún proyecto de acogida puede sostenerse únicamente sobre la buena voluntad; sin recursos, es sacrificio y no responsabilidad—; la limitación de la primera acogida a dos meses para evitar que una medida temporal se convierta de facto en una forma encubierta de institucionalización; inspecciones periódicas y rigurosas que aseguren que la calidad del cuidado no sea un concepto jurídico, sino una realidad diaria; el dimensionamiento del sistema con la introducción de ratios de niñas y niños por población y de profesionales para la atención de cada niño y de cada niña; un acompañamiento en la transición a la vida adulta, absolutamente esencial, porque cada joven que sale del sistema sin apoyo es una responsabilidad no cumplida para las propias instituciones; y el refuerzo del derecho a la escucha, garantizando que niños, niñas y adolescentes sean escuchados y escuchadas no como un trámite, sino como parte activa de cualquier decisión que afecta a su vida.
En relación con el derecho a vivir libres de violencias, el derecho a la escucha es precisamente uno de los ejes que vertebran la ampliación de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Por ello, la propuesta que hacemos desde el Ministerio de Juventud e Infancia elimina el límite de los doce años para ser escuchados y escuchadas, porque la infancia tiene voz y una ley justa debe adaptarse a esa voz y a esa necesidad, y no pedirles a ellos y ellas que se adapten a la ley. Debemos incorporar mucha más perspectiva de infancia en todo lo relativo a los procedimientos judiciales. Hay literatura suficiente que acredita la existencia de técnicas de acompañamiento para recoger con garantías los testimonios de la infancia e incorporarlos, evitando procesos de revictimización, algo que consideramos fundamental.
Tenemos, por tanto, la responsabilidad de romper el silencio que durante años ha confinado la violencia en el ámbito privado, ocultándola detrás de las puertas de las casas como si no fuera un asunto público y un asunto de Estado. Como ha señalado el estudio que presentamos recientemente sobre la prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, la violencia no es una suma de casos, sino una estructura cultural que se transmite en las rutinas, en las relaciones y, a veces, incluso en las propias instituciones. Solo cuando la entendemos como una responsabilidad colectiva es posible cambiarla. Y este estudio confirma algo contundente y doloroso: casi la mitad de las niñas y niños en España han sufrido violencia psicológica, cuatro de cada diez, violencia física, y tres de cada diez, violencia sexual.
Violencia sexual. No estamos ante estadísticas; estamos ante una herida social que atraviesa generaciones. Por eso les anuncio que, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, ya está listo el texto de la ampliación de la LOPIVI, solo a la espera de las aportaciones finales del Ministerio de Justicia. Una ley que va a ser pionera a nivel internacional, que aborda la violencia desde una perspectiva multidisciplinar y que refuerza los elementos de prevención, acompañamiento y reparación desde una mirada compleja y holística.
Algunos de los elementos que hemos incorporado en la ley y que consideramos muy positivos porque suponen una ampliación rotunda de los derechos de la infancia son, en primer lugar, el reconocimiento de la violencia institucional, de modo que toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección, incluidas seudoteorías sin validez científica como el SAP, cuya utilización queda expresamente prohibida, sean identificadas, investigadas y reparadas. Garantías del derecho a la reparación, asegurando que niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual sean titulares plenos del Estatuto de la Víctima. Se creará una comisión de reconocimiento para articular medidas de memoria, acompañamiento y restitución. Y se ampliará en diez años el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra la infancia. Asimismo, habrá formación obligatoria y especializada para todas las profesiones que trabajan con la infancia —educación, sanidad, servicios sociales, justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado—, con el fin de garantizar la detección precoz, la intervención adecuada, la comprensión del trauma y la ausencia de revictimización.
Trabajamos también en el derecho a un entorno digital seguro. Si hablamos de violencias, debemos mirar asimismo a las que se producen en los espacios donde hoy niñas, niños, adolescentes y jóvenes pasan una buena parte de su vida: los entornos digitales. Lo digital es donde se construyen actualmente, al menos en parte, la identidad, las relaciones y la presencia pública. Y, sin embargo, es un espacio regido básicamente por algoritmos y por intereses económicos que no han sido pensados para garantizar los derechos de la infancia. Entre los ejemplos más dramáticos de esta situación se encuentran las diversas formas de acoso escolar, que lejos de quedar restringidas al ámbito presencial, desgraciadamente se replican y se intensifican en las redes sociales; la creciente exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos pornográficos y violentos, que erosionan su bienestar y su percepción del mundo; y el acceso a dinámicas que favorecen conductas adictivas como la ludopatía.
La cuestión de fondo es a quién sirve que el entorno digital esté articulado de esta manera, bajo qué principios opera y qué responsabilidades tiene el Estado para garantizar derechos allí donde hoy operan lógicas de mercado que están generando vulnerabilidad en niños, niñas y jóvenes. Por eso, para nosotras era de vital importancia —y así lo hicimos— el impulso de la Ley de Entornos Digitales Seguros, cuyo plazo de enmiendas acaba de finalizar, y que prevé controles parentales gratuitos y obligatorios; verificación de la edad sin extracción masiva de datos —esto es importante—; sanciones ante violencias digitales; y obligaciones claras para la industria. En cualquier caso, y en resumen, no es una ley sobre la tecnología; es una ley sobre convivencia en el entorno digital. Para que la protección sea efectiva, la ley necesita, por tanto, una política pública detrás y, por ello, de manera determinante, también estamos desarrollando la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, basada en tres pilares fundamentales: la prevención, la formación y la participación.
Y, por supuesto, proteger significa también intervenir en prácticas normalizadas que hoy están exponiendo a la infancia, la adolescencia y la juventud. Por eso estamos trabajando en una norma que pueda proteger la imagen, fundamentalmente, de la infancia y la adolescencia en internet, que se conoce como, o lo conocerán o ya lo habrán...
Habrán tenido oportunidad de familiarizarse con el término conocido como sharenting o sobreexposición en entornos digitales. La norma parte de tres principios fundamentales: que la imagen de una persona menor es un derecho y no un contenido; que la exposición digital no es neutra, especialmente en un contexto en el que la inteligencia artificial puede manipular imágenes en segundos; y, en tercer lugar, que regular es constitucional y supone construir una cultura del cuidado digital, porque, sin una regulación pública, las familias están desprotegidas frente a las plataformas y las reglas las termina imponiendo el tecnoligarca de turno.
Quiero terminar con un aspecto fundamental que tiene que ver con el derecho de la juventud a desarrollar su propio proyecto de vida: a planificar su futuro, a vivir libres de obstáculos estructurales que determinen el camino; esto tiene que ver, evidentemente, con la erradicación de la precariedad vital, con asegurar la dimensión emocional y laboral, y con el acceso a la vivienda. A este respecto, se me ha pedido específicamente hacer una valoración sobre cómo ha evolucionado la vida de las juventudes en España desde el año 2018 hasta hoy. Aprovecho para hacer referencia a dos documentos esenciales. En primer lugar, el Informe de Juventud en España, que presentamos en el mes de junio de este año. Es el más extenso que se realiza sobre la juventud en nuestro país, con del orden de 5.010 personas encuestadas. Esta edición cumple 40 años y recoge, además de los últimos tiempos, un análisis histórico de las juventudes en España. Es un documento que ofrece una buena radiografía de la evolución de la juventud a muchos niveles en nuestro país; se lo recomiendo, aunque sea con una mirada en diagonal o, al menos, consultando las conclusiones. Y, por supuesto, el Plan de Acción 2022-2024 de la Estrategia de Juventud, que recoge todas las políticas públicas desplegadas por parte de la Administración General del Estado, cuya evaluación se presentará el 18 de diciembre, dentro de apenas una semana, y donde daremos a conocer el grado de ejecución de las más de 200 medidas implementadas por el Gobierno de España.
En cualquier caso, me remito a los datos para concretar la situación de las juventudes que viven en España en este momento. El paro juvenil ha descendido hasta el 18,96%, que, como saben, es la cifra más baja registrada en un mes de noviembre. La contratación indefinida juvenil ha alcanzado el 66,3%. Ocho de cada diez nuevos empleos creados este trimestre son de jóvenes menores de 25 años. El presupuesto en becas ha aumentado un 81,8%. El salario mínimo interprofesional ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, es decir, un incremento del 61%. Más de 1,3 millones de jóvenes han recibido el bono cultural. Cerca de mil proyectos se han financiado este año, solo este año, en Erasmus Plus y en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Más de 1,5 millones de jóvenes pudieron desplazarse por el país gracias al Verano Joven, el pasado verano. Y se ha desplegado la mayor inversión en empleo juvenil de la historia, con 4.950 millones mediante la Garantía Juvenil.
Estos datos son positivos respecto a etapas anteriores, pero quiero dejar claro que no significa que estemos satisfechas. Significa que, después de años de abandono, hay una dirección; y significa que la precariedad juvenil no es un fenómeno inevitable: al contrario, es el resultado directo de decisiones políticas y, por tanto, cuando las decisiones políticas cambian, los resultados también van cambiando gradualmente. Por eso vamos a continuar, vamos a seguir hacia adelante con el impulso del Estatuto del Becario y la regulación del contrato formativo, aprobado recientemente en el Consejo de Ministras, para garantizar derechos laborales sin excepción. Y con la Ley de Juventud, que, como saben, ha sido elaborada a partir de un proceso participativo sin precedentes, cuyo alcance y riqueza han exigido, y debo decirlo, un ajuste del calendario inicialmente previsto. Hoy contamos ya con un borrador de texto que está siendo trabajado con el resto de ministerios y seguimos avanzando para que esta ley recoja las demandas y las aspiraciones de las jóvenes.
Quiero incidir en un asunto que es central en nuestro país y que, de alguna manera, es el núcleo de la precariedad juvenil en este momento: la cuestión de la vivienda. Nos preocupa, yo creo que a todos y a todas, por la dimensión que tiene. Desde este ministerio lo tenemos muy claro: o frenamos la especulación o las personas jóvenes seguirán condenadas a vivir sin horizonte de autonomía.
Desde el año 2018 hasta hoy, la tasa de paro juvenil se ha reducido en 16 puntos, y la tasa de temporalidad ha caído en 22 puntos. Pero las mejoras laborales están siendo devoradas por el proceso de acaparación de la vivienda y el descontrol de los alquileres. Los salarios han aumentado en torno a 4.000 euros netos al año, pero los alquileres han crecido casi en 2.500 euros anuales. Así es imposible: no hay proyecto vital que pueda sostenerse con este aumento vertiginoso del precio de la vivienda, que responde a un proceso especulativo. La vivienda es un derecho y tiene que ser concebida como tal. Es sencillamente inaceptable que el 15% del parque de vivienda esté en manos de fondos buitre y que el 42% pertenezca a propietarios con más de tres casas. Cuando la especulación manda, no hay igualdad posible; hay expulsión.
Por eso, desde este ministerio hemos publicado una guía de derechos para que las jóvenes y los jóvenes puedan defenderse ante prácticas abusivas en el mercado del alquiler. Como saben, hemos retirado desde el Gobierno 65.000 pisos turísticos ilegales de las plataformas de anuncios y hemos abierto expedientes a grandes inmobiliarias por prácticas abusivas. Además, estamos trabajando en el seno del Gobierno en un real decreto de medidas urgentes para intervenir en el mercado de la vivienda y prorrogar los 630.000 contratos de alquiler que vencerán en el año 2026. Creemos que es urgente actuar, porque cada mes que pasa sin regulación son miles las personas jóvenes expulsadas de sus propias ciudades y de sus propios territorios.
Con esto termino mi primera intervención y quedo, por supuesto, a su disposición para profundizar en las cuestiones que consideren oportunas. Gracias por este tiempo de escucha.
Muchísimas gracias, señora ministra Sira Rego. Tras la intervención de la señora ministra, tienen la palabra, por un tiempo de diez minutos, los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, ministra. Efectivamente, por empezar exactamente por donde usted ha empezado: la igualdad real, si no somos capaces de atacar, de acabar, de reducir esas cifras tan vergonzantes de pobreza infantil, no es posible; no es más que una quimera. No puede haber igualdad con 2,7 millones de niños y niñas en riesgo. Por tanto, este debe ser, con toda seguridad, una prioridad del Gobierno, que se me antoja que no vamos a resolver en la Subcomisión para el Estudio de la Pobreza, por muy buen dictamen que seamos capaces de hacer. Espero que terminemos pronto y que sirva para establecer medidas y generar redes que sostengan, que den apoyo, que ayuden a estos menores, pero entiendo —y lo veremos cuando terminemos este trabajo— que debe ser una política transversal, que debe estar valorada y que debe ser tenida en cuenta por todos los ministerios del Gobierno.
Porque es un error pensar que la pobreza infantil se puede combatir solo desde el Ministerio de Infancia. Se tienen que establecer políticas desde Sanidad, desde Educación, incluso desde Deportes, desde Cultura y también desde Infraestructuras. Todos los ministerios tienen algo que ver con la situación de muchas familias y con la pobreza que padecen los menores. Por tanto, insisto en esa visión transversal.
Esto no es un problema del Ministerio de Juventud e Infancia, ni de las consejerías de Infancia, ni de las concejalas y concejales de Infancia. Este es un problema de los gobiernos en su conjunto.
Usted ha hecho alusión, como siempre —y yo soy muy insistente en esto—, a los más pobres entre los pobres, que son esos menores que tienen que viajar solos, arriesgando la vida, lejos de su país y de su familia, para intentar buscar un futuro mejor y en ocasiones para mantener a los que se quedan y ayudarles.
En este sentido me gustaría tener otras noticias y otros datos, pero usted sabe que la cosa no ha ido bien: todo va muy lento, todo es muy complicado, no se cumplen los requerimientos de la Justicia y tampoco los requerimientos de la ley que modificamos del artículo 35. Voy a hacer una crónica muy rápida para entender qué ha pasado en los últimos meses.
El 28 de julio el Gobierno hablaba de unos 50 menores que podrían trasladarse; no se trasladó ninguno. Ya en agosto se hablaba de 23 menores que iban a trasladarse; solo salieron 10. El 11 de agosto se hablaba de 45 menores; solo salieron 5. Voy a saltar al 15 de septiembre: el planteamiento era, entre menores de asilo y otras derivaciones, ponerse las pilas y trasladar 134; salieron 20. Me voy al 6 de octubre: previsiones, 150 menores; salieron 15. En el último mes han llegado 54; han salido 4.
Yo creo que los números no engañan; por tanto, las derivaciones no se están haciendo, no está funcionando ni siquiera en tiempo y forma. Lo que le pido hoy es un análisis sincero de qué está pasando. Sé que la burocracia es complicada y sé que ambas administraciones tratan de salvar los escollos burocráticos que complican la situación, pero tendremos que resolver esa burocracia. A lo mejor hay que tomar decisiones para encontrar caminos que agilicen las derivaciones y den cumplimiento a la ley. Trabajemos en eso. Estoy convencida de que el Gobierno canario y ustedes están buscando la forma de resolver este bloqueo, pero, desde luego, con este ritmo nosotros nunca vamos a bajar de 5.000 menores, porque si en un mes llegan 50 y salen 4, es evidente que esto no camina.
Por eso creo que tenemos que ir más allá: ver dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas y resolverlos allí donde estén —Delegación del Gobierno, Justicia, determinación de la edad, comunidades autónomas que rechazan cumplir la ley—. Hagamos un análisis completo de por qué está ocurriendo esto para intentar resolverlo.
Le pregunto también si no se ha planteado —porque esto es algo que mucha gente aquí, en la Península, me pregunta— si no hay un banco de familias acogedoras para menores inmigrantes no acompañados. Están llegando muchos menores de entre 10 y 13 años, de Mali huyendo de la guerra, de Guinea, de Gambia, de Senegal, y hay familias —muchas familias, por suerte— que estarían dispuestas a acoger, a hacer un acogimiento, siempre mejor que un centro, que una institución, y desde luego con muchas más posibilidades de garantizarles un futuro más adecuado. Me pregunto si el Ministerio no se ha planteado establecer un banco de carácter estatal que permita que familias de todo el Estado puedan registrarse y acoger a estos menores, para evitar su ingreso en centros en los que nunca podemos atender adecuadamente sus necesidades.
No sé si usted tiene información, pero desde que el Estado nos ha prometido abonarnos, primero 50 millones y después otros 50, el dinero sigue sin llegar, ministra, aunque hay una resolución de pago y parece que se van a liberar 100 millones, 50 anteriores y 50 actuales. No sé si usted sabe cuándo se producirá por fin esa transferencia. Lo digo sobre todo porque estamos a final de año: entiendo que debería ser antes del 31 de diciembre, pero no tenemos noticias.
Bueno, hablando de tutelados, pues lógicamente...