Buenas tardes a todas y a todos, señorías. Ruego a sus señorías que ocupen sus escaños. Vamos a comenzar el Pleno. Les pido, antes de empezar, un poco de silencio, por favor. Les ruego que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de la terrible cifra de seis vidas arrebatadas: María Victoria, Concha, María Ángeles, Oriana Valentina, Rosmery y Jennifer, todas ellas asesinadas por violencia machista desde nuestra última sesión plenaria.
Muchas gracias.
Se abre la sesión y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara —por favor, silencio— las siguientes modificaciones del orden del día: incluir en el punto 28 del orden del día la interpelación urgente de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, y que las interpelaciones urgentes sean debatidas en el siguiente orden: puntos 28, 27 y 26. Asimismo, incluir como últimos puntos de la sesión del jueves la solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión sobre el estudio de un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, y la solicitud de la Comisión de Igualdad de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada comisión.
¿Lo acuerda así la Cámara?
Muchas gracias. En consecuencia, quedan aprobadas estas modificaciones del orden del día.
Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cantabria de modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Es por ello que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cantabria que integran la delegación que defenderá la propuesta, a quienes hoy doy la bienvenida aquí, en el Congreso de los Diputados.
Para presentar esta iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Miguel Ángel Vargas San Emeterio, del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Encabezo esta delegación del Parlamento de Cantabria para exponer los motivos y reflexiones que hemos compartido en nuestra cámara autonómica, a fin de que sean conscientes de las razones que nos han llevado a proponer y trasladar a sus señorías esta iniciativa de toma en consideración.
Conocen ustedes el denominado Plan Bolonia, o plan de homogeneización del sistema universitario europeo, que ha creado el Espacio Europeo de Educación Superior. A raíz de su implantación en España, las titulaciones universitarias ya no se dividen en las tradicionales licenciaturas de cinco años o diplomaturas de tres, sino que todas reciben la denominación de grado, con una duración de cuatro años, esto es, 240 créditos ECTS, a excepción de alguna titulación como el caso de Medicina, cuya duración es de seis años, equivalentes a 360 créditos ECTS.
Ello tiene una implicación innegable en la función pública, dado que la diferencia entre los grupos A1 y A2, basada en una mayor o menor responsabilidad, ya no se puede establecer atendiendo únicamente a funciones de dirección y gestión o solo de gestión, ni puede achacarse al tipo de titulación universitaria —licenciatura o diplomatura— al estar ahora unificadas bajo el grado.
Esta situación ha generado un debate entre los diferentes grupos profesionales. Siendo el grado universitario válido para ocupar puestos de categoría A1, actualmente hay profesionales que desarrollan su labor bajo la clasificación A2. En este ámbito, algunos colectivos han sido especialmente reivindicativos, como los de enfermería o fisioterapia, que han trasladado estas demandas al Parlamento de Cantabria.
Por ello, debemos ser consecuentes: si se plantea una solución para corregir la desigualdad que se viene produciendo a raíz de la implantación del Plan Bolonia en los últimos años, también han de considerarse aquellas titulaciones de mayor duración. No puede existir tal diferencia para ocupar un mismo puesto en la Administración cuando las titulaciones presentan la misma complejidad o duración, y sin embargo se encuadran en clasificaciones funcionariales distintas.
Pues bien, conocida la situación, toca explicar por qué estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí porque Cantabria tiene un Gobierno, el de María José Sáenz de Buruaga...
Ha sido capaz en tan solo dos años de llegar a acuerdos, además de con sectores como la justicia o la ganadería, con los médicos, con la enfermería y con los fisioterapeutas, mejorando sus retribuciones y sus condiciones, modernizando las infraestructuras y reduciendo las listas de espera. Pero sus señorías conocen cuál es el sistema competencial en nuestro país, por lo que, en este caso, no ha podido entrar a conocer ni a calificar esta reivindicación por parte de los profesionales.
Y como, lamentablemente, en España tenemos un Gobierno que no gobierna, al recibir esta reivindicación en el Parlamento de Cantabria, los grupos entendimos necesaria la articulación del artículo 87.2 de la Constitución, que habilita esta remisión a las Cortes Generales. Al amparo de este artículo, como digo, entendimos los diferentes grupos del Parlamento de Cantabria que es necesario que ustedes conozcan de esta problemática, de esta reivindicación que a nosotros se nos ha trasladado, porque son ustedes, sus señorías, los competentes para tomar las medidas adecuadas.
La proposición de ley contempla una posible solución a la situación expuesta, pero somos conocedores de que, dentro de la ingeniería jurídica, la ingeniería normativa, a veces la modificación puntual de una norma sin mirar el todo, sin mirar el conjunto, puede generar problemas en otros ámbitos. Yo creo que prueba de ello las mujeres de este país ya han sufrido las consecuencias de esos cambios legislativos sin mirarlo como un todo. Por lo tanto, insisto: esta proposición de ley contempla una solución, pero son ustedes, sus señorías, los competentes para analizar esta problemática y, sobre todo, para proponer la solución. Nosotros les traemos desde el Parlamento de Cantabria esta iniciativa; a su reflexión queda.
No cabe ninguna duda de que lo harán siempre atendiendo al interés general de los españoles, al interés general de las administraciones públicas y afrontando los retos de futuro, como siempre vienen haciendo desde este Poder Legislativo, con independencia del Ejecutivo. Por lo tanto, se traslada esta reivindicación ante una situación creada desde hace unos años con la implantación del modelo Bolonia: titulaciones de la misma duración y de la misma complejidad ocupan grados distintos dentro de la clasificación funcionarial. Por lo tanto, es una cuestión a plantear. Se nos traslada a nosotros; como órgano competente, se lo trasladamos a ustedes. Y espero que hoy, en esta toma en consideración, analicen, como siempre, lo que es mejor para solucionar los conflictos de acuerdo con el interés general.
Por todo ello, por Torrelavega, por Cantabria y por España, muchas gracias.
Gracias, señor Vargas. Tiene ahora la palabra la señora Paula Fernández Viaña, del Grupo Parlamentario Regionalista.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos, señorías.
Hoy me dirijo a ustedes por primera vez en esta Cámara, y lo hago con la emoción y el orgullo de hacerlo en nombre de una tierra que nunca ha esperado que otros decidan su destino: Cantabria. Pero permítanme que hoy me dirija especialmente a los enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas de toda España, que llevan diez años esperando que se corrija una discriminación; esperando que se ponga fin a un agravio comparativo entre profesionales de la misma titulación universitaria, pero sin el mismo reconocimiento dentro de la función pública. Profesionales que quedaron encuadrados en una escala inferior, ignorando el valor y la responsabilidad vital de las funciones que desempeñan.
Vengo de una tierra pequeña en habitantes y en extensión, pero grande en carácter: Cantabria. Una tierra que hoy se convierte en la primera comunidad autónoma que, desde el consenso, el diálogo y la unidad, acude aquí al Congreso para pedirles justicia.
Señorías, hace un año y ocho meses que el Partido Regionalista de Cantabria, mi partido, inició un camino que hoy culmina aquí. Y quiero decir con claridad algo que a veces se olvida: fueron las enfermeras y los enfermeros de Cantabria quienes entraron en mi despacho en marzo del año 2024, quienes se dirigieron al PRC, quienes me explicaron esta injusticia y quienes confiaron en mí. Y créanme que, desde ese mismo día, tuve claro que iba a pelear hasta traerla aquí.
Desde entonces hemos caminado juntos, creyendo que sería posible. Y hoy ellos están aquí también con nosotros. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra fuerza; habéis sido fundamentales, sobre todo en momentos de desaliento y de flaqueza, que sabéis que los hemos tenido.
Lo hice desde la convicción de que la política debe servir para transformar la realidad, para unir voluntades y para reparar injusticias.
Gracias.
Quiero reconocer la responsabilidad de mis compañeros, los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista, porque hoy hemos demostrado que se puede trabajar juntos y unidos y que esa es la mejor manera de conseguir las cosas.
Señorías, permítanme compartir tres consideraciones esenciales. Primera: la enfermería ha sido injustamente percibida como secundaria o de apoyo en muchos momentos de la historia, pero la realidad demuestra que su papel es capital en la atención, en los cuidados y, sobre todo, en la prevención. No es comprensible ni aceptable que persista una interpretación legal que mantiene esta discriminación, considerando algunas profesiones como meras colaboradoras de otras supuestamente superiores y negándoles entidad propia. Y es especialmente grave si tenemos en cuenta que la enfermería y la fisioterapia son profesiones claramente feminizadas. La pregunta es inevitable: ¿estaríamos así si fuera una profesión mayoritariamente masculina?
Segunda: a todos nos importa la salud, la de los cántabros y la de todos los españoles; mejorar la salud es reconocer a quienes cuidan de ella y dignificarles.
Tercera: es imprescindible reparar una injusticia. La clasificación profesional actual es obsoleta, no se ajusta a la realidad universitaria. Hoy Cantabria vive un día histórico: no puede haber graduados de primera y graduados de segunda. Utilizamos el artículo 87.2 de la Constitución para presentar ante esta Cámara una proposición de ley que pide la modificación del artículo 76 del EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, y eliminar la discriminación. Pedimos suprimir la división entre A1 y A2, sustituyéndola por un único Grupo A para titulaciones de grado equivalente, estableciendo después los cuerpos y escalas según el nivel real de responsabilidad. Y para las titulaciones de seis años pedimos el reconocimiento correspondiente dentro de ese Grupo A, un reconocimiento específico, como históricamente ha ocurrido. No se resta a unos para sumar a otros; se ordena lo que hoy está desordenado.
Quiero dejar claro que esta iniciativa no va contra nadie, ni nunca ha sido esa la intención, sino ordenar, organizar y realmente poner a cada uno en su sitio. Señorías, quiero terminar, como lo hice en el Parlamento de Cantabria, con una frase de Florence Nightingale: “Lo que importa no es lo que nos haga el destino, sino lo que nosotros hagamos con él”. Y recuerden: cuando el cerebro de una enfermera colapsa, su corazón siempre, siempre sigue de guardia. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Fernández. Ahora tiene la palabra el señor Raúl Pesquera Cabezas, del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera.
Señorías, señora presidenta, todas aquellas enfermeras que han venido de Cantabria y de otros lugares de España, bienvenidas esta tarde, que seguro será histórica. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Como portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Cantabria, tengo el honor de cerrar este grupo y este turno de intervenciones. No voy a decir nada adicional a lo que han comentado mis compañeros, pero sí quiero poner en valor que hay iniciativas como esta, como la que traemos aquí, que todos ustedes y todos los grupos parlamentarios pueden respaldar. Les proponemos que lo hagan, que lo hagan sin miedo, porque es una iniciativa buena para todos.
Cantabria hoy pretende formar parte de la historia de este Congreso de los Diputados y propone una modificación sencilla de un único artículo, el 76 del EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público. Modificación que, como se ha dicho, es fruto del consenso y del pacto de todos los grupos parlamentarios de nuestra Cámara, de nuestro Parlamento de Cantabria. Queremos ser, de esta forma, punta de lanza de todos los profesionales del sector de la salud y un ejemplo de compromiso político, altura de miras y cultura del pacto con toda la sociedad, que nos lo está demandando.
Estamos, en este caso, hablando de acabar con la discriminación profesional y salarial de todo el colectivo de enfermería y fisioterapia, y también del resto de antiguos diplomados, algo que vienen demandando, por desgracia, desde hace muchos años. La idea es que se reconozca su inclusión en el Grupo A. Y, ojo, todo ello respetando al resto de categorías y satisfaciendo a todas las partes.
Ahora me refiero a los profesionales de la medicina, a los cuales proponemos que se les reconozca su singularidad con el A+. La explicación es clara: mantenemos una clasificación de funcionarios y estatutarios en blanco y negro, de plena actualidad, como saben, por las reclamaciones y la huelga médica, cuando hace ya más de quince años que pasamos al color y cambiamos nuestras escalas y formas de clasificarnos. Seguimos hablando de licenciados del Grupo A1 y diplomados del Grupo A2, cuando desde la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y los acuerdos de Bolonia —1999—, en España se iniciaron los grados en 2003 y concluyeron en su totalidad en nuestras universidades en 2010-2011. Llevamos dos décadas formando graduados en nuestras universidades. Les recuerdo, señorías, que estos acuerdos permiten la movilidad de profesionales y estudiantes en más de cuarenta y cinco países de Europa y que las titulaciones universitarias se agrupan en tres ciclos: primer ciclo, graduado; segundo ciclo, máster; tercer ciclo, doctor.
Pues, a pesar del tiempo transcurrido y de estos cambios en las titulaciones, en el sector público, tristemente, seguimos igual. Se da la paradoja de que en nuestros servicios de salud y en nuestras plazas de funcionarios seguimos reconociendo como A1 a profesionales que antes fueron licenciados pero que ahora son graduados. Si pongo algún ejemplo, me refiero a todas las áreas de gestión: graduados en Derecho, graduados en Economía, que llevan el área administrativa de nuestros hospitales y servicios de gestión. Lo mismo si voy a áreas tan específicas como la salud pública: graduados en Biología, en Veterinaria; antes eran licenciaturas, ahora son grados, y siguen considerándose en el grupo A1. Por el contrario, mantenemos a la enfermería, a la fisioterapia y al resto de antiguas diplomaturas en ese A2 cuando ahora ya son grado.
La enfermería, señorías, supone el 30% de los funcionarios que tenemos en nuestros servicios de salud. Es el grupo más numeroso, es el grupo que más nos cuida; por lo tanto, tenemos que tenerlas en cuenta sí o sí. Llevamos veinte años dando vueltas a esta situación. Es un agravio comparativo que limita sus expectativas, no solo económicas, sino también profesionales —me refiero a todo el ámbito de la gestión—, y es de justicia que demos un paso hacia adelante. La propuesta que traemos supone hablar solo de Grupo A: reconocer que todos son graduados y diferenciar el A+ para la medicina porque tiene dos años más; son 360 créditos ECTS. En definitiva, lo que planteamos es hacer justicia. Supone un acercamiento entre las partes; no vamos contra nadie y, por último y muy importante, si hemos sido capaces en Cantabria de ponernos de acuerdo los cuatro grupos —Partido Popular, Partido Regionalista, PSOE y Vox—, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo aquí? Díganmelo ustedes. Yo no veo una razón mayor. Ténganlo en consideración y voten a favor de nuestra propuesta. Esta iniciativa es buena para la sanidad pública, es buena para la enfermería y es buena para el conjunto de la sociedad. La sanidad pública se defiende, se gestiona, no se delega y no se vende. Por favor, tengan en consideración nuestra propuesta y voten a favor. Muchísimas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Pesquera. Ahora, en turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera.
Muchas gracias. El tema que debatimos hoy va mucho más allá de un ajuste administrativo: se trata de hacer justicia y reconocer a quienes sostienen nuestros servicios esenciales. Y, si lo traemos a lo concreto, debemos pensar en aquellas enfermeras o fisioterapeutas que nos atienden en nuestros hospitales públicos.
Como bien han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, tras la entrada en vigor de Bolonia muchos profesionales han visto cómo su titulación quedaba relegada a un subgrupo inferior, lo que ha levantado barreras para acceder a puestos de responsabilidad y a carreras de investigación o docencia. La proposición que debatimos hoy aquí, impulsada por el Gobierno de Cantabria, busca modificar el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo de eliminar los subgrupos A1 y A2 y encuadrar todos los grados universitarios en un solo grupo, el grupo A. Esta medida, que nos parece necesaria y justa, reconoce el valor de la formación de nuestros profesionales, abre la vía a promociones internas y corrige desigualdades históricas entre generaciones con una formación básicamente equivalente.
Desde Podemos valoramos positivamente esta iniciativa. Pero este apoyo no implica mirar hacia otro lado: la medida, por sí sola, no garantiza mejoras retributivas, ni reduce la precariedad, ni asegura recursos suficientes para el personal y para la dignificación de sus puestos. No podemos olvidar que esta proposición viene, entre otros, del Partido Popular; puede ser un gesto positivo, pero también podría quedarse en marketing político. Por eso, desde Podemos exigimos que, cuando la medida se apruebe e implemente, se haga de manera integral, justa y transparente. Nuestro apoyo viene acompañado de condiciones claras y propuestas concretas: que la reclasificación se utilice para combatir la precariedad; que no se generen desigualdades entre funcionarios de carrera, interinos y temporales; que todas las personas puedan acceder a los procesos de promoción y estabilización; que se garantice una mejora salarial real, de modo que la reclasificación vaya acompañada de los recursos económicos acordes con la responsabilidad de los puestos, porque no queremos más carga de trabajo sin reconocimiento económico. Asimismo, reclamamos transparencia y control público: los procesos de acceso a puestos de responsabilidad deben ser objetivos, evaluables y sometidos al debido control. No queremos que se repitan, como en el pasado, designaciones arbitrarias. Además, debe establecerse un seguimiento anual para que el Gobierno informe cada año sobre el impacto de esta reclasificación en salarios, puestos de responsabilidad y condiciones laborales. Y, por otro lado, exigimos la activación del Grupo B para otros técnicos superiores sanitarios, asegurando un reconocimiento profesional y retributivo efectivo; hablamos del personal de radiología, de anatomía patológica y de laboratorio clínico, que lleva años desempeñando funciones esenciales sin el debido reconocimiento.
Señorías, hoy tenemos la oportunidad de reconocer a quienes de verdad sostienen nuestra sanidad y nuestros servicios públicos, de equiparar derechos y de abrir caminos a la promoción de nuestros profesionales más formados y comprometidos. La iniciativa de Cantabria demuestra que es posible corregir injusticias históricas y avanzar en la dignificación del empleo público. Pero no podemos conformarnos con gestos simbólicos: la igualdad debe ser real y efectiva, y ha de venir acompañada de medidas estructurales, inversión y mejora de las plantillas.
Gracias, señor presidente. Desde Podemos vamos a apoyar esta medida, que debe aplicarse con transparencia, igualdad y reconocimiento económico de esta plantilla. Como les decía, creemos que ya es hora de que las enfermeras, los fisioterapeutas y los técnicos sanitarios de todo el país tengan reconocida su formación, su responsabilidad y su compromiso con lo público. Que sepan que aquí, en esta Cámara, sus derechos nos importan. Me parece muy bien que hayamos empezado por Cantabria, pero esto debe, por supuesto, expandirse al resto del territorio del Estado. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. El Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria propone una reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, más conocido como EBEP, en concreto de su artículo 76, para eliminar dentro de los cuerpos y escalas del grupo A de clasificación de los funcionarios públicos la existencia de los actuales subgrupos A1 y A2. Se entiende que, si para el acceso al grupo A de la función pública se exige el título universitario de grado, no cabe hacer diferencia entre unos grados universitarios y otros con iguales años lectivos y créditos, para acabar considerándolos con menores competencias, posibilidades de promoción y retribuciones básicas.
Esta diferencia de trato, señorías, solo puede entenderse —aunque no justificarse— por no haberse adaptado el EBEP a la ya plena implantación, a día de hoy, del Plan de Estudios de Bolonia de 1999, recogido en la Ley Orgánica 4/2007, así como en la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias, que desde el curso académico 2010-2011 ya no permitía ofertar plazas de nuevo ingreso en el primer curso de la universidad para las entonces titulaciones de licenciado, arquitecto o ingeniero. Desde ese año solo podían iniciarse estudios universitarios de grado en las distintas áreas de conocimiento —la mayoría de cuatro años y 240 créditos—, además de máster o doctorado.
Y, señorías, esta nueva estructura de las enseñanzas universitarias no se ha trasladado debidamente, plenamente, al EBEP y a la clasificación profesional del personal funcionario de carrera de las administraciones públicas, en concreto del grupo A de titulación. Se sigue con la inercia de la anterior estructura de titulaciones universitarias, desconociendo que las antiguas licenciaturas de cinco años ahora son grados de cuatro, y que las antiguas diplomaturas de tres años ahora también son grados y tienen iguales años lectivos (cuatro) e igual número de créditos (240). Teniendo la misma titulación universitaria y con iguales años y créditos, en 2025 ya no cabe diferenciar subgrupos dentro del grupo A en la clasificación del personal funcionario, cuando —como les decía— han accedido al mismo nivel de titulación con igual número de años y de créditos.
En definitiva, no vemos razón prima facie para no tratar igual a lo que es igual dentro de la función pública y, de manera distinta, a lo que es distinto; o, lo que es lo mismo, tratar de forma diferente aquellos grados que se alejan de la pauta general de cuatro años y 240 créditos por necesitar, para la misma titulación universitaria de grado, en ocasiones cinco o seis años lectivos y 300 o 360 créditos, según el caso, tal y como también se pone de manifiesto parcialmente en la iniciativa que debatimos. En este sentido, señorías, manifestamos que votaremos a favor de la toma en consideración.
Gracias, señora presidenta. Se trata de la iniciativa del Parlamento de Cantabria a fin de que la Cámara pueda iniciar el estudio y los trabajos precisos para la clasificación del personal al servicio de las administraciones públicas prevista en el artículo 76 del EBEP y no solo, por cierto, del grupo A de titulación. Tras la implantación ya culminada de las nuevas titulaciones universitarias del llamado Plan de Bolonia en los procesos de acceso a la función pública, y también tal y como recoge la disposición transitoria tercera del EBEP, procede abrir estudios, señorías, que permitan conocer y planificar el fuerte impacto económico y presupuestario que, a buen seguro, ha de suponer la reordenación de la clasificación de la función pública en servicios tan importantes, ya se ha dicho, como el sanitario, sin desconocer el educativo. En definitiva, señorías, el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a la iniciativa no ha de entenderse como un alineamiento sin matices con la misma, sino como el no rechazo a su estudio en comisión, de cara a una posible mejor correspondencia del artículo 76 con la nueva estructura de las enseñanzas universitarias tras el Plan de Bolonia, así como a evaluar el impacto presupuestario que esa adecuación habría de suponer. Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
Pasamos al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, la señora Recas Martín.
Buenas tardes, señora presidenta, señorías, representantes del Parlamento Cántabro, bienvenidos. Un saludo a los colectivos de enfermeras. De enfermera a enfermera, bienvenidas al Congreso de los Diputados.
Cuando vi que venía hoy este tema, estudié bien qué era, de dónde venía y por qué ahora. Es una proposición de ley de iniciativa del Parlamento de Cantabria para cambiar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, modificando solo un artículo para que las enfermeras y los fisioterapeutas pasemos a A1, según nos corresponde, e introduciendo que los médicos se encuadren en el A+, esto último a propuesta del Partido Popular.
Han hablado mucho de enfermeras y se lo agradezco infinitamente. De repente hay mucho interés en esto y me he puesto a buscar. La propuesta se registró el 24 de diciembre de 2024, y nosotras, las enfermeras, llevamos más de veinticinco años reivindicando todas estas cuestiones. Me he preguntado por qué ahora, por qué hoy. Debe de ser que están muy interesados en mejorar las condiciones de los sanitarios —aunque sea solo enfermeras, fisioterapeutas y médicos—, y yo encantada de hablar de este tema.
Pensando en ello, me he acordado de que hay un proyecto de ley de Función Pública, que corresponde a la Comisión de Función Pública, donde se abordan muchos de estos asuntos. Y he dicho: a ver qué enmiendas ha presentado el Partido Popular, el Partido Socialista. Cero y cero. No hay nada, del mismo modo que tampoco han aplicado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que firmaron con los sindicatos. Parece que el momento justo era hoy; no diré el porqué. Pero estamos a tiempo: si esto es algo más que oportunismo, lo veremos muy pronto. Así que, más que bienvenida la discusión.
Volvamos a la proposición que tenemos entre manos. Enhorabuena, señora Fernández, por su propuesta, porque, escuchándole en el Parlamento de Cantabria, la verdad es que me emocioné; nombró a mi profesora, María Ángeles Matesanz, y fue un placer escucharla. Sin embargo, tuvo un pequeño desliz, porque el EBEP no se modifica a través del Ministerio de Sanidad, sino a través del Ministerio de Función Pública, cosa que hoy ha subsanado perfectamente.
Todo lo que se ha dicho podría quedarse como un homenaje a las enfermeras, pero ¿saben una cosa? Esto lleva pasando muchísimo tiempo. Llevamos muchísimos años denunciando que esto no puede seguir así. Y no puedo dejar de destacar que parte de la culpa de todo esto la tienen nuestros representantes, que muchas veces se han dedicado a otras cosas, que espero que les lleven a la cárcel pronto. Ya estamos más allá de los homenajes. Llevamos demasiados años esperando.
Y hoy no se lo voy a permitir. Una pregunta: si tan interesados están en esto, supongo que en las comunidades autónomas donde gobiernan habrá visibilidad enfermera, directoras de cuidados, puestos específicos para especialistas enfermeras; no habrá guardias de 24 horas; habrá salarios competitivos y estrategias de fidelización del talento, ¿no? Pues ya les digo yo que no.
Vamos a hablar como si lo que nos pasa a las enfermeras —que somos 320.000— fuese una enfermedad, y además crónica. ¿Qué síntomas tenemos? No acceso a los puestos de decisión y de gestión; infrarreconocimiento; salarios bajos. Las pruebas clínicas son claras: test de visibilidad negativo, no reconocimiento, salarios por debajo de los valores esperados, condiciones laborales no acordes con las responsabilidades y unos determinantes sociales que han agravado esta “enfermedad”: el género —el 85%, casi el 86%, de las enfermeras somos mujeres—, dirigidas por hombres, y poco compromiso político.
Pero, claro, hay un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Primero: oportunismo, prohibido por prescripción de todos los sanitarios. Segundo: compromiso real. Y muchos más “tratamientos”: buenos salarios cada mes, reconocimiento, estabilidad, formación e investigación y, sobre todo, una pastilla para toda la vida: respeto hacia los sanitarios, por y para todos.
Desde el Ministerio de Sanidad se han dado pasos firmes: se ha creado por primera vez un comité de cuidados dirigido por enfermeras, con más de treinta asesoras, que está trabajando en lo que llevamos demandando tantos y tantos años. Se ha consensuado con las comunidades autónomas y las sociedades científicas un marco estratégico de cuidados precisamente para estos temas.
Pero hay un tratamiento innovador que tenemos entre manos y que solucionará mucho de lo que aquí estamos debatiendo. Como les gustan los juegos, a ver si lo adivinan. Se trata de una ley que lleva veinte años sin actualizarse. Esta sí afecta a la inmensa mayoría de los sanitarios, porque de lo que hoy estamos hablando aquí —del EBEP— afecta a una parte más pequeña; la gran mayoría, alrededor del 95% de los sanitarios, somos estatutarios y nos regimos por otra norma. Se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Sanidad de abrir ese melón —para mí, demasiado maduro— y trabajar en él para, entre otras cosas, clasificar a todos los profesionales. Así, se clasificará según créditos de formación: las TCAEs estarán en un grupo, los técnicos superiores en otro, las enfermeras en otro, las enfermeras especialistas en otro, los grados largos en otro y los médicos en el grupo 8, el más alto, porque tienen más créditos de formación. Según te formas, así te clasifican, y eso es lo más justo que existe. Y, además, podrán acceder a puestos de gestión y dirección cualquier persona que tenga la formación necesaria. ¿De qué tratamiento innovador hablo? Nada más y nada menos que de la modificación del Estatuto Marco. Pronto llegará al Congreso y espero ver ahí este interés por mejorar la vida no solo de las enfermeras, fisioterapeutas y médicos, sino de todos los sanitarios.
¿Saben quién puede mejorar la vida de los sanitarios desde ya? Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Inviertan en sanidad, mejoren las condiciones laborales, cuiden a quienes nos cuidan, coloquen a las enfermeras en puestos de decisión. Es su responsabilidad. Dígaselo a su consejero de Cantabria, a César Pascual. Aún nos acordamos en Madrid de César Pascual y supongo que él también se estará acordando ahora que empiezan a salir todas las pruebas de lo que llevamos años denunciando: la privatización y los modelos privatizadores de la señora Ayuso y del PP, a través de Ribera Salud y de Quirón, son malos para la salud de la ciudadanía.
Para terminar: como exponía, hay dos trenes y dos vías para mejorar la vida de los sanitarios. Son paralelas y complementarias. Una es el EBEP, que hoy traen aquí, del que siempre nos han dicho que era muy difícil cambiar en la función pública. Lo comprobaremos. Si esto no sale adelante, no será por nosotros; veremos cuál es el siguiente camino. Y la otra vía de ese tren es el Estatuto Marco, que cambiará la vida a la inmensa mayoría de los sanitarios —aproximadamente al 95%—, una norma que depende de Sanidad y cuyos vagones se están llenando de mejoras.
¿Se suben al tren, a los dos trenes, o seguimos haciendo homenajes vacíos? Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez García.
Gracias, señorías. No puedo ocultar mi asombro tras oír a los ponentes designados por el Parlamento de Cantabria para defender hoy esta proposición de ley de reforma del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. Porque, después de escucharlos a los tres —PP, Partido Regionalista y PSOE—, yo me pregunto y les pregunto: ¿han leído el texto que han defendido? No, no es posible que lo hayan leído. Es posible que lo hayan escrito, a lo mejor en sueños, o que se lo hayan escrito a su vez, pero leído no, porque lo que han expuesto hoy no corresponde al texto. ¿Lo saben o no lo saben? Si lo saben, no vengan aquí a hacernos perder el tiempo o a tomarnos el pelo —o acaso ambas cosas—; y si no lo saben, no son ustedes dignos de comparecer en esta Cámara para decir cosas que no guardan relación con lo que se dispone en esta reforma.
Este problema ya se advierte en el propio texto, en el que hay una incoherencia insalvable entre la exposición de motivos, que se refiere exclusivamente a enfermeros y fisioterapeutas, y la parte propiamente de reforma del texto articulado del Estatuto Básico, que se refiere a todos los subgrupos A1 y A2 de cuerpos y escalas de las administraciones, subgrupos de los que ustedes postulan una refundición en un solo cuerpo, que sería el cuerpo A. No se dice nada de que sea una norma especial para enfermeras y fisioterapeutas y, como no se dice nada, es de aplicación general. Y esa aplicación general es indefendible, porque daría lugar a una antinomia dentro del propio Estatuto Básico del Empleado Público y, además, sería inconstitucional. Pero ustedes aquí esto parece que lo ignoran, como si nada.
Miren, yo no sé si este texto se lo ha inspirado a ustedes el ministro Bolaños, conocido por su impericia legal, o acaso al PP se lo ha inspirado ese genio que tienen por Extremadura, la señora Guardiola. No lo sé, pero desde luego esto es impropio de un texto que se presente ante esta Cámara. Es totalmente inaceptable esta forma de proceder. ¿Así quieren engañarnos? Se engañan a sí mismos. Yo no sabía que ser diputado consistía en venir aquí a resolver un jeroglífico planteado por el Parlamento de Cantabria. Es una cosa un poco de chiste.
El resto de los oradores también han omitido esto. Creo que alguno de ellos —me refiero al señor Legarda— ha advertido este fallo; por eso dice que habrá que mejorar en Comisión, etcétera. Y el resto de los oradores, pues, una loa a las enfermeras y a los fisioterapeutas. Mire, nosotros no tenemos nada en contra de las enfermeras o enfermeros y de los fisioterapeutas —no creo que haga falta que diga “fisioterapeutos”, pero a lo mejor la Presidencia considera que es preciso—. No tenemos nada en contra, y tampoco de que, efectivamente, después de la reforma de los grados académicos por motivo del Espacio Europeo de Educación Superior y como quiera que unos y otros son titulares de un grado, puedan pertenecer al actual subgrupo A1. No tenemos nada en contra porque resulta de su propia titulación académica y de cómo esta, a su vez, fue objeto de una reforma con motivo de aquella reforma general europea, en un real decreto de hace ya muchos años que atribuyó a esos estudios la categoría de grado. Bien, lo que tenemos en contra de esta proposición y no podemos...