Congreso de los Diputados - Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - 9 de diciembre de 2025

Mientras el equipo técnico comprueba cómo habilitar la votación desde sus propios dispositivos y micrófonos, vamos a ir comenzando. Se abre la sesión, si les parece. En el orden del día de la presente sesión está incluida la aprobación, con competencia legislativa plena, del Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. Ruego silencio. Tal como prescribe la correspondiente resolución de la Presidencia de la Cámara, procede, en primer lugar, que la Comisión ratifique la Ponencia que ha informado este Proyecto de Ley. ¿Queda ratificada la Ponencia? Queda ratificada. Se somete seguidamente a deliberación el Proyecto de Ley a la vista del informe de la Ponencia, que fue aprobado por esta en su reunión del día 27 de noviembre, con el texto que conocen sus señorías, texto que introduce modificaciones respecto del inicial. Es decir, todas las transaccionales ya están incluidas en el texto que sus señorías tienen en este momento.

…de los grupos parlamentarios que tienen enmiendas vivas, por un tiempo de cinco minutos. Empieza el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la señora Belarra. No la veo. Señora presidenta, querríamos hacer constar que hay una serie de enmiendas de dos grupos políticos que nos constan que están vivas, que tienen que votarse, pero que no aparecen ni en el informe de la ponencia ni en el guion de votaciones. ¿Cuáles? La 74 y la 79 del BNG, y la 125, 126 y 134 de Esquerra Republicana. La 126 sé que está, seguro. Revisamos, pues, la 74, la 79, la 125 y la 134. Vamos avanzando con las intervenciones y lo vamos resolviendo con el letrado, ¿les parece? Bien. Tiene, por tiempo de cinco minutos, la señora Belarra. No la veo. Pues tiene cinco minutos el señor Rego. Tampoco lo veo. Grupo Parlamentario Vasco. Sí. Doy por defendidas las enmiendas que tengo vivas, que en estos momentos son tres. Gracias. Me he olvidado de anunciar, además, que en la mesa previa a la Comisión ha llegado el veto por parte de Hacienda a la enmienda 52 y, por lo tanto, hemos aprobado aceptar dicho veto. Me gustaría saber a qué obedece el veto a la 52, porque es mía y no tengo conocimiento de nada. Le pasamos una copia, claro. Ha llegado esta mañana el veto del Gobierno y hemos procedido a la votación por una cuestión presupuestaria, evidentemente. Les quedarían, por tanto, tres enmiendas vivas. La copia se la he dado a Idoia. Me llega también que la 74 y la 79 del BNG el señor Néstor Rego las había retirado. ¿Consta escrito? Necesito que se nos aporte el escrito con la retirada. Y, por favor, también el escrito sobre el veto de la enmienda del PNV reciente. Se lo mandamos en cuanto podamos. No hay problema en que puedan ver la copia; se la mandamos en el momento en que tengamos capacidad. 74 y 79 del BNG: el señor Néstor Rego las retiró en la ponencia. Por lo tanto, quedarían en todo caso la 125 y la 134 de Esquerra Republicana. Si fue retirada en la ponencia, ¿no se recoge en el acta del informe de ponencia? Ah, fue después de la ponencia. En todo caso, hablamos con Néstor y lo vemos a la hora de la votación, ¿les parece? En principio, él dijo que las retiraba. En la ponencia no se retiraron. Ah, sí, pues mire, sí que consta: el BNG sí que lo registró. Sí, sí, 74 y 79, retiradas.

Yo quiero hacer constar que no estoy de acuerdo con el veto. Sé que la Mesa no lo va a reconsiderar. Gracias. Quiero que conste en el acta que no estoy de acuerdo con el veto del Gobierno, por cuanto está asumiendo que hay un importante incremento del gasto público cuando esta enmienda ni siquiera se ha aprobado, y porque eso compete a cada administración y, por lo tanto, no afectaría al presupuesto, ni al actual ni al prorrogado. Haremos constar su queja. Gracias. Tiene cinco minutos el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Sí, únicamente para dar por defendida la única enmienda viva que nos queda, que es la número 7, toda vez que las demás han sido asumidas o transaccionadas. És el torn de paraula de Junts per Catalunya. Sí, gracias, presidenta. Entiendo que es un turno para defender enmiendas y fijar posicionamiento. Estoy convencido de que no les descubro nada si les digo que Cataluña se ha caracterizado y se caracteriza por un tejido de entidades sociales amplio y potente, un tejido que siempre ha sabido hacer de cojín de las necesidades de nuestro país y lo ha hecho de forma destacada cuando las administraciones no han llegado o en situaciones de crisis. Por eso, desde Junts per Catalunya no solo valoramos el trabajo y la contribución del tercer sector, del cooperativismo y del conjunto de la economía social, sino que los escuchamos y los acompañamos, conscientes de que representan una parte significativa de nuestro PIB, del PIB catalán. Pero, sobre todo, lo hacemos porque sabemos que son aliados fundamentales para fortalecer la cohesión y la inclusión social; lo son porque, más allá del valor económico que aportan a nuestro país, su verdadera riqueza es su compromiso con las personas, a menudo con las más vulnerables, con las que más lo necesitan. Y qué mejor manera de colaborar con ellos desde Junts que trabajando para proteger y recuperar las competencias erosionadas por el centralismo legislativo, tanto el de derechas como el de las izquierdas españolas. El resultado de este trabajo es el acuerdo conseguido por Junts per Catalunya hace unos meses y materializado en estas enmiendas incorporadas en ponencia: un acuerdo para parar y revertir la invasión competencial; un acuerdo con la finalidad de poder decidir y, desde Cataluña, poder hacer las mejores políticas también en este ámbito, en el de la economía social; un acuerdo previo a la ruptura con los partidos de Gobierno que hoy, a pesar de esa situación y tal como anunciamos ya el 6 de noviembre, hace posible que se saque adelante en los términos acordados. También durante la tramitación, desde Junts per Catalunya hemos hecho nuestras una serie de enmiendas del sector: una parte han sido transaccionadas e incorporadas en ponencia y, aparte de las enmiendas retiradas —la 11, la 13, la 19 y la 30— en diferentes momentos, el resto las hemos mantenido para ser votadas hoy y las damos por defendidas en su literalidad en este momento. Desde Junts queremos agradecer a los representantes de las entidades con los que hemos trabajado en los últimos meses: CoopCat, FEICAT y La Confederació, por citar solo algunos. Un agradecimiento que me permitirán que haga extensivo a dos referentes parlamentarios: uno que lo fue, Quico Homs, guía en muchos campos y, sobre todo, en el competencial; y otro en ejercicio en el Parlamento de Cataluña, Isaac Padrós, que nos recuerda que hay que poner en el centro a las personas y su derecho a decidir, porque la independencia de Cataluña empieza con la promoción y la garantía de la independencia de todas las personas que forman parte de ella. Este es nuestro compromiso; esta es la lucha de Junts per Catalunya. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Esquerra Republicana. Damos por defendidas las enmiendas, pero sí queremos decir un par de cuestiones. Vamos a votar que sí a la ley, convencidos, además, no porque el texto original fuera perfecto, sino porque lo hemos trabajado entre todos, negociado y mejorado sustancialmente, y aún creemos que lo hacemos un poco más útil. La economía social no es una anécdota, no es el hermano pequeño de la economía real: es la economía que da vida a las personas, que pone a las personas en el centro y no solo en la cuenta de resultados. Es un sí sentido y queremos dejarlo claro.

Lo hemos defendido con más fuerza en toda esta tramitación. En primer lugar, hemos puesto en el centro a las personas en situación de máxima vulnerabilidad. Con nuestras enmiendas, las empresas de inserción van a poder también contratar a personas que han pasado por procesos de regularización administrativa y a nuevos perfiles vulnerables que antes quedaban excluidos. En segundo lugar, hemos querido lanzar un mensaje muy claro: la vulnerabilidad no se acaba el día que se contrata. Por eso hemos incorporado la posibilidad de que las personas que hayan finalizado un contrato de inserción puedan volver a ser contratadas si su situación empeora, y los servicios sociales tienen herramientas para hacerlo. En tercer lugar, hemos querido blindar el carácter genuinamente social de las empresas de inserción: exigimos dos años de experiencia en el ámbito de la inclusión y la vulnerabilidad para las entidades que las promueven. Y, finalmente, hay una enmienda que me hace mucha ilusión, que pactamos con la compañera de Sumar, para proteger la vida de nuestros pueblos y zonas rurales. A través de una enmienda transaccional acordada con Sumar, incorporamos en la ley una disposición adicional sobre zonas rurales en riesgo de despoblación. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tendrá que elaborar, en 12 meses, un estudio serio para garantizar la viabilidad económica y jurídica de los servicios esenciales en los municipios pequeños: hostelería, servicios diarios, comercios de alimentación y productos de primera necesidad, farmacia rural, servicios administrativos básicos, multiservicios o puntos de atención a la ciudadanía, servicios de mantenimiento, correos o mensajería. Estos establecimientos no solo son negocios, sino que permiten que un pueblo siga siendo un pueblo. Sin ellos no hay escuelas, no hay familias, no hay futuro. Por eso nos hace mucha ilusión que esto se pueda llevar a cabo. Y por todo ello, nuestro grupo va a votar que sí. Este es el sentido de nuestro voto: una economía social que no sea un eslogan, sino una política pública al servicio de la gente que más lo necesita y de los territorios que más sufren. Gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias, señora presidenta. En fin, cuando hablamos de economía social es fácil perderse entre definiciones, categorías y fronteras conceptuales, pero conviene no olvidar lo esencial: lo que estamos regulando tiene un impacto directo sobre la vida de miles de personas con discapacidad que buscan una oportunidad. Y, al final, lo único que importa aquí es lo que esta ley permita en términos de empleo efectivo y de oportunidades reales para quienes más lo necesitan. Se han presentado unas enmiendas razonables. No venimos a negar la existencia de la economía social ni a menospreciar a quienes la representan; todo lo contrario. Permítame expresar mi respeto, mi simpatía y mi admiración hacia quienes lideran este sector y hacia todos los que han consolidado este espacio, incluso cuando defendemos posiciones diametralmente distintas. Es bueno que el Parlamento reconozca públicamente a quienes trabajan con convicción por un modelo en el que creen, sea el que fuere. Pero este reconocimiento no impide que señalemos lo que consideramos un error de fondo: limitar el perímetro de la economía social únicamente a los centros especiales de empleo de iniciativa social. La experiencia demuestra que muchos centros especiales de empleo de iniciativa empresarial han prestado un servicio extraordinario a las personas con discapacidad, ofreciéndoles formación, estabilidad y una cultura de trabajo normalizada. Y, sin embargo, esta ley, siguiendo una interpretación que el legislador le dio de forma peculiar, los excluye del marco de la economía social como si fueran actores sospechosos o ajenos a la finalidad de inclusión. Esta exclusión no proviene de la directiva de la Unión Europea que se dice cumplir; es el resultado de una interpretación particularmente restrictiva que el legislador español adoptó al desarrollar la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público. Una interpretación legítima, pero discutible y, desde luego, no inamovible. La Unión Europea no exige que solo los centros promovidos por entidades sin ánimo de lucro puedan considerarse parte de la economía social. Eso se ha decidido aquí, dentro de nuestras fronteras. Y cuando una opción política termina cerrando puertas a quienes generan empleo para personas con discapacidad, es normal que surja el debate. Por eso presentamos estas enmiendas, no para desmontar nada, sino para recordar una verdad, entendemos elemental, una verdad que a veces parece olvidada en el enjambre normativo: lo que define la utilidad social de un centro no es la naturaleza jurídica de quien lo promueve, sino los resultados que se obtienen. Cuando los informes recientes de Eurostat o las reflexiones económicas de organismos como Funcas muestran que España dedica un volumen importante de recursos públicos a la inclusión laboral pero no logra mejorar los niveles europeos de inserción, algo falla. Y quizá falla, entre otras razones, porque legislamos más pensando en categorías ideológicas que en resultados medibles.

Sucede lo mismo con otros aspectos del proyecto de ley: la obsesión por multiplicar planes de igualdad y de todo tipo, dictados por agendas internacionales, en cooperativas y entidades pequeñas. Todos queremos igualdad; lo que no podemos aceptar es convertirla en una carrera infinita de burocracia que no añade justicia alguna, pero sí carga administrativa. Volvamos, pues, al centro del asunto: las personas con discapacidad. No como un argumentario vulgar, sino como realidad humana. Hay quienes, aun con limitaciones, trabajan con tenacidad, con disciplina y con una nobleza que son ejemplo para todos. No necesitan que clasifiquemos entidades como más sociales que otras, sino que les ofrezcamos puertas abiertas y salidas laborales dignas, promovidas por entidades sociales o por empresas que han apostado por ellos. Y si alguien demuestra que con los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial se perjudica a las personas con discapacidad, nosotros rectificaremos. Pero, mientras nadie pueda demostrarlo, y la práctica indique lo contrario, seguiremos defendiendo que todos los modelos que generan empleo merecen un trato justo. Porque ¿cuál es el bien jurídico que pretendemos proteger? Creo que nadie lo niega: la empleabilidad real de las personas con discapacidad. Y no podemos perder esa visión. Nadie tiene el monopolio de lo social, porque la responsabilidad es de todos y nuestra obligación es sencilla de formular: no impedir que quienes tienen otras capacidades, a veces mejores que las nuestras, encuentren su lugar, su trabajo y su proyecto de vida. Efectivamente, como toda obra humana, esta ley, como todas las leyes, no es perfecta. Lo recordaba Séneca: no hay obra perfecta que no pueda ser corregida o perfeccionada. Esta obra, esta ley, no es una obra perfecta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, por cinco minutos. Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Popular ante el Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social ha sido desde el primer momento constructiva. Y lo hemos demostrado con hechos: no presentamos enmienda a la totalidad, precisamente porque quisimos dar margen al diálogo. Pero eso no significa que compartamos el texto del proyecto, y mucho menos después de las enmiendas incorporadas. Muy al contrario, hay elementos que nos generan una profunda preocupación. Damos por defendidas las 33 enmiendas vivas que quedaron de las 40 que ha presentado mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Primero, el error de reformar las tres leyes al mismo tiempo; lo dijimos desde el principio, y los hechos nos dan la razón. Esta tramitación ha confirmado nuestras sospechas: el desgobierno ha utilizado una reforma múltiple para imponer medidas que por sí solas no habrían salido adelante por la falta de apoyos. Otro trágala más al que nos tiene acostumbrados. Además, la especificidad del cooperativismo, incluso dentro del propio sector de la economía social, merecía una reforma propia y sustantiva. La reforma de la Ley de Cooperativas no resuelve los problemas de fondo, no satisface al sector y lo sabemos bien. La prueba está en las más de cien enmiendas planteadas por los propios actores de la economía social. Algo no va bien: o el Gobierno ha sido cicatero o, sencillamente, la reforma no va en la dirección correcta. Y no solo eso: es una reforma lesiva para una parte de la economía social, especialmente para el empleo de personas con discapacidad. Con esta reforma se expulsa de la economía social al 68% de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, que representan ni más ni menos que al 58% del empleo protegido. Se deja fuera a empresas que están generando empleo y ofreciendo a personas con discapacidad oportunidades reales de vida digna. Este es un error de gran calado y deberá ser revertido en el futuro. Su supresión va en contra de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, sobre igualdad en el empleo, y de la Estrategia Europea de Derechos de las Personas con Discapacidad. La tramitación de este proyecto ha estado plagada de irregularidades. Nos enfrentamos a una estrategia de imposición sin respeto a las reglas ni a los derechos de los diputados. La Mesa del Congreso ha cometido otra cacicada más: impidió la avocación por el Pleno presentada en tiempo y forma por dos grupos parlamentarios. A mayor debilidad, mayor arbitrariedad. Esta legislatura pasará a la historia por la colección de trampas, abusos y cacicadas para impedir el funcionamiento normal de esta Cámara. Se vetaron comparecencias. Se ha impedido debatir en el Pleno el dictamen de esta Comisión. ¿Qué será lo próximo? ¿Se nos va a impedir votar?