Buenos días. Se abre la sesión, procediéndose a tramitar el orden del día para la celebración de la comparecencia de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, que comparece ante la Comisión para informar sobre el proyecto de ley por el que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, conforme al artículo 49 de la Constitución Española.
Para una mejor ordenación del debate, el mismo se desarrollará de la siguiente manera: abrirá la comparecencia la secretaria de Estado de Derechos Sociales y, tras su intervención por un tiempo de siete minutos, de menor a mayor tomarán la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que deseen intervenir. A continuación, contestará la compareciente y, si fuera necesario, tendría lugar un segundo turno de intervenciones por tiempo de tres minutos.
Damos la bienvenida a María Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, a quien agradecemos hoy su presencia ante esta Comisión. Se le concede la palabra para que inicie su intervención.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras vicepresidentas, señorías. Gracias a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad por recibirme hoy, pero también quisiera agradecerles todo el trabajo que realizan para visibilizar y escuchar a las personas con discapacidad en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, el interés en el proyecto de reformas legislativas que hoy vengo a presentar. En primer lugar, me gustaría comenzar con un agradecimiento sincero a todos los grupos parlamentarios aquí presentes por el apoyo unánime que hace unas semanas dieron a la convalidación del Real Decreto-ley destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
Y quería empezar precisamente con este reconocimiento porque me parece justo valorar también públicamente que, a pesar de la diversidad de este Congreso, somos capaces de encontrar ámbitos donde construir consensos. Y, como en este caso, han sido las necesidades complejas de cuidados y apoyos de las personas que sufren ELA, la mejora del sistema de atención a la dependencia y la garantía de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
No solo hablamos de un voto favorable, hablamos de un voto unánime, y esa unanimidad, cuando se trata de derechos y de mejoras concretas, creo que tiene un enorme valor político y democrático que quiero poner hoy en valor. Con la convicción de que este es y debe seguir siendo un tema de consenso, comparezco hoy para explicar el proyecto de ley por el que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Ambas son de enorme relevancia para esta Comisión, puesto que son las dos leyes de nuestro ordenamiento jurídico que más impacto tienen en la vida de las personas con discapacidad.
La aprobación de esta reforma va a condicionar y orientar las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en las próximas décadas. Por lo tanto, hablamos de una reforma de país que va más allá del ámbito de aplicación estricto de ambas normas. Y estoy segura de que sus señorías son plenamente conscientes de que en los últimos años hemos dado pasos importantes en materia de discapacidad que me gustaría compartir y poner en valor.
El primero, sin duda, fue la reforma del artículo 49 de la Constitución, que supuso un punto de inflexión: por primera vez nuestra norma fundamental reconoce de manera explícita la autonomía personal, la inclusión social, la accesibilidad universal y la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Ese mandato constitucional ya se está traduciendo en políticas concretas, como el Plan de Acción para la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, el Plan de Promoción de la Salud de las Personas con Discapacidad o el Plan de Acción de la Estrategia de Autismo.
En lo referente a accesibilidad, hay que destacar el segundo Plan Nacional de Accesibilidad y el papel del Real Patronato sobre Discapacidad en la formación sobre accesibilidad universal a todas las administraciones públicas. Se está avanzando, además, en dos reales decretos para garantizar el etiquetado accesible y reforzar la accesibilidad cognitiva. Recientemente me gustaría poner en valor el consenso y el acuerdo alcanzado en materia de emergencias, ya que se ha aprobado el primer protocolo estatal para la comunicación y la atención de personas con discapacidad en situaciones de emergencia, consensuado por unanimidad en el Consejo Nacional de Protección Civil, y que se verá reforzado con una nueva plataforma tecnológica para mejorar la accesibilidad del 112.
Aun así, todos y todas sabemos que los avances no eliminan de un día para otro las barreras cotidianas que siguen enfrentando más de cuatro millones de personas con discapacidad en nuestro país. Y es precisamente este contraste entre lo logrado y lo que aún falta el que justifica el alcance de la reforma que hoy presentamos. Damos un paso decisivo para derribar estas barreras y para desplegar el artículo 49 de la Constitución, que sitúa, como ustedes saben, la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad y como obligaciones jurídicas para los poderes públicos.
Esta reforma se fundamenta en una base ética y jurídica sólida: la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos recuerda que la dignidad humana no admite excepciones; que los derechos no se escalonan; y que la discapacidad no es un atributo individual, sino el resultado de barreras que impiden participar en igualdad. Asimismo, que los derechos, sean estos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, deben garantizarse de manera indivisible e interdependiente. Y esto es precisamente lo que hacemos hoy: traducir este compromiso constitucional e internacional en garantías concretas, exigibles y plenamente alineadas con la dignidad inherente de todas las personas.
Esta reforma es, además, el resultado de un diálogo amplio y con un fuerte anclaje social. En la fase de información pública recibimos 248 aportaciones de ciudadanía y entidades que mejoraron sustancialmente el texto, a lo que hay que sumarle reuniones bilaterales con comunidades autónomas, el diálogo con agentes sociales y un trabajo conjunto y continuo con las organizaciones de discapacidad en el ámbito de los cuidados y con personas expertas de referencia. Ha sido un proceso plural y participativo que garantiza que la reforma se oriente a las necesidades reales de la sociedad.
…a las barreras concretas que se encuentran en el día a día y a dar respuesta a las expectativas legítimas de las personas a las que va dirigida.
El respaldo explícito de entidades como el CERMI, que agrupa a más de 8.000 asociaciones, junto con el apoyo del movimiento de personas mayores y del tercer sector de acción social, confirma que esta reforma responde a las demandas ampliamente compartidas por la sociedad civil.
Es, por tanto, una norma que nace de un proceso colectivo, de una escucha activa, que esperamos poder reforzar aún más en la tramitación parlamentaria.
Paso ahora a centrarme en una explicación resumida de las modificaciones propuestas en las reformas de ambas leyes y comienzo por el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta modificación tiene como objeto principal desplegar legislativamente ese consenso alcanzado en la reforma del artículo 49, llevándolo a cuestiones concretas del día a día. El objetivo es muy claro: pasar del reconocimiento formal de derechos a su ejercicio real en todos los ámbitos de la vida.
El eje central, por tanto, es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Se reconoce explícitamente el derecho a la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, reforzando la libertad para decidir sobre el propio proyecto de vida y garantizando la integridad física y emocional, tal como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Conviene subrayar, además, que estos derechos no están concebidos solo para quienes requieren menos apoyos, sino, muy al contrario, tienen un sentido pleno precisamente para las personas con necesidades de apoyo más intensas. Es en estas situaciones donde el sistema debe asegurar cuidados y apoyos que respeten la voluntad, las preferencias y la dignidad de cada persona, y donde este enfoque de derechos se vuelve más necesario e inaplazable.
La reforma impulsa también un cambio cultural necesario, promoviendo una imagen social positiva de las personas con discapacidad e incorporando nuevas definiciones como capacitismo y desinstitucionalización, actualizando otras para favorecer una comprensión más precisa y transformadora.
Se refuerza igualmente el derecho a una educación inclusiva y, en el ámbito del empleo y de la formación, se flexibiliza la posibilidad de realizar formación profesional en el entorno de las propias empresas.
La segunda línea de acción de esta reforma se centra en un objetivo clave: hacer los procedimientos más ágiles, comprensibles y accesibles para las personas con discapacidad, reduciendo la carga burocrática. Una de las principales medidas es la asimilación automática de las personas con resolución oficial de dependencia a una discapacidad del 33% en el caso de grado 1 y del 65% en el caso de los grados 2 y 3, lo que permite acceder directamente a derechos y recursos sin duplicar trámites. Es, sin duda, una medida de eficacia administrativa que ahorra tiempo y frustraciones tanto a las personas como a las instituciones y que tendrá un efecto notable en las listas de espera.
Se mejora también el procedimiento sancionador en materia de discapacidad, estableciendo como infracción grave la exposición pública de una persona por razón de su discapacidad en contextos como espectáculos, redes sociales, ferias o establecimientos abiertos al público. Consideramos que es una medida fundamental que protege la dignidad de las personas con discapacidad frente a formas de violencia simbólica y humillación social.
Otra de las claves de esta reforma es el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho en sí mismo y no como un elemento accesorio. Solo garantizando entornos, servicios y sistemas accesibles es posible ejercer plenamente derechos fundamentales como la educación, la salud o la participación cultural. Por eso, la ley regula expresamente la accesibilidad como derecho y garantiza su cumplimiento en servicios esenciales como el Sistema Nacional de Salud.
Se crea, además, el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, destinado para financiar medidas concretas en espacios y servicios públicos, desde rampas físicas hasta herramientas digitales accesibles o actuaciones de accesibilidad cognitiva como señalización comprensible, itinerarios guiados con pictogramas o materiales de lectura fácil.
La reforma incorpora también un marco de referencia sobre los ajustes razonables para reforzar su comprensión, su aplicación y exigibilidad como parte inseparable del principio de igualdad de trato. Y, cerrando las medidas relacionadas con la accesibilidad, se crea el registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, que armoniza su uso en todo el territorio, refuerza el control, reduce el fraude y se alinea con las directrices europeas sobre movilidad y discapacidad.
La reforma tiene que ver con la garantía de una vivienda accesible, ya que esta es condición indispensable para una vida autónoma y en comunidad. Por eso esta reforma incluye cambios relevantes en materia de accesibilidad residencial, dando respuesta a una de las reivindicaciones históricas del movimiento de la discapacidad y de las personas mayores. Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las obras de accesibilidad en los edificios en régimen de comunidad. Las obras de accesibilidad se equiparan a otras intervenciones obligatorias, se reconoce el derecho a acudir a la vía judicial y se incorpora el deber de las administraciones públicas de habilitar líneas de ayudas específicas. Esta reforma no es menor. En España, según datos del CERMI, al menos 100.000 personas están encerradas en su casa por falta de accesibilidad en sus comunidades. Con estas medidas avanzamos para blindar el derecho a una vivienda accesible y evitar que la falta de ascensor o una escalera se conviertan en el primer paso hacia la institucionalización no deseada.
Otro de los avances más significativos de esta reforma es el reconocimiento explícito de las necesidades y derechos específicos de las mujeres y niñas con discapacidad, un avance que da cumplimiento al nuevo artículo 49 de la Constitución. La reforma refuerza sus derechos, garantizando su acceso a la salud sexual y reproductiva adecuada y promoviendo desde la infancia entornos que favorezcan la autonomía, la salud y el bienestar. También se regula el derecho a la familia y las relaciones personales, reconociendo tanto su derecho a construir un proyecto vital propio como el papel esencial de las familias cuidadoras, pilar y apoyo fundamental en la vida de las personas con discapacidad.
Por último, me gustaría destacar un ámbito de presente y de futuro: las tecnologías emergentes, y en particular la inteligencia artificial. Estas tecnologías no pueden reproducir ni amplificar las desigualdades existentes; por eso la ley introduce medidas para garantizar que la transformación digital sea inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad. Se establece un marco de supervisión y control de los sesgos discriminatorios que puedan surgir en el desarrollo o aplicación de las tecnologías y, además, la reforma sitúa a las personas con discapacidad como grupo de interés preferente para el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, promoviendo una mirada ética y respetuosa con la diversidad en la generación de conocimiento. En definitiva, creemos que la innovación tecnológica y digital debe ser una aliada para la inclusión, no una nueva forma de exclusión, y esta reforma da un paso decisivo para que así sea.
En resumen, el texto que proponemos y que hemos traído a las Cortes Generales va más allá de una cuestión técnica o de ajustes legales; representa un cambio de paradigma en el que los derechos humanos dejan de ser un componente retórico para convertirse en obligaciones concretas de los poderes públicos ante las situaciones que día a día viven las personas con discapacidad.
Paso ahora a exponer los avances que para las personas con discapacidad suponen las reformas introducidas en la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia. Es importante subrayar que buena parte de los apoyos que reciben las personas con discapacidad se articulan en la práctica a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Para muchas de ellas, los servicios, las prestaciones y los apoyos de larga duración que ofrece el sistema son la puerta de entrada al ejercicio real de sus derechos. Por eso esta reforma de la ley de dependencia es una pieza clave para que la igualdad de derechos deje de ser retórica y se convierta en realidad.
Para ello necesitamos un modelo que supere lógicas asistencialistas y capacitistas y que reconozca a todas las personas con discapacidad como titulares de derechos y no como objetos de tutela. En este sentido, la reforma de la ley de dependencia reorienta el conjunto del sistema, las políticas, los servicios y los recursos en torno a dos pilares inseparables. El primero, un enfoque centrado en la persona, donde los apoyos se ajustan a la voluntad, a las preferencias y a los proyectos de vida. Y, en segundo lugar, un enfoque comunitario y de proximidad que garantiza el derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir en igualdad de condiciones.
La combinación de reformas en sus tres líneas principales: agilización de trámites, ampliación del catálogo e innovación, dibuja un modelo de apoyos más ágil, más cercano y respetuoso con los proyectos de vida de cada persona. El objetivo es avanzar hacia un sistema que acompaña, que habilita, que respeta; un sistema que deja atrás rigideces heredadas y se pone al servicio de las vidas elegidas, y no crea vidas condicionadas.
...destinadas a flexibilizar los trámites y facilitar el acceso a los apoyos. Durante años, demasiadas personas han convivido con procedimientos lentos, incompatibilidades no justificadas y decisiones administrativas que no tenían en cuenta su voluntad. No voy a entrar al detalle de todas las medidas, pero sí me gustaría destacar algunas por su especial relevancia.
En primer lugar, la eliminación del régimen de incompatibilidades que obligaba a elegir entre apoyos que, en la práctica, muchas personas con discapacidad necesitaban combinar. Esto permitirá construir paquetes de cuidados reales, ajustados a situaciones complejas y clave para prevenir la institucionalización. Por ejemplo, una persona con discapacidad que acude a un centro de día podrá contar por las tardes o los fines de semana con el apoyo de un asistente personal que le permita participar en la comunidad, mantener sus actividades o desarrollar su proyecto de vida sin depender exclusivamente del apoyo familiar o quedarse confinada en su domicilio. Este es el sentido de la reforma: adaptar los apoyos a las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
La segunda medida que quiero destacar, por la enorme importancia que tiene para muchas personas con discapacidad, es la compatibilidad plena entre el empleo y los servicios y prestaciones del sistema de atención a la dependencia. A partir de ahora, trabajar no supondrá perder apoyos, sino que la ley obliga a que empleo y cuidados se complementen para sostener un proyecto de vida. Eso significa que quien acceda a un empleo, sea parcial o de mayor o menor intensidad, podrá seguir contando con los apoyos que necesita. Por ejemplo, que una persona pueda trabajar unas horas en la panadería de su barrio sin poner en riesgo su continuidad en un centro ocupacional u otros recursos fundamentales para la autonomía. Derribamos así una barrera histórica y acercamos el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a su verdadero mandato: promover la autonomía, la vida independiente y la plena inclusión en la comunidad. Trabajar es un derecho y esta reforma garantiza que ejercerlo sea plenamente compatible con recibir los apoyos necesarios.
El segundo bloque de la reforma al que quiero referirme amplía y reorganiza los servicios del sistema para avanzar hacia un modelo de cuidados que promueva la autonomía, la vida independiente y el derecho a vivir en el entorno elegido. Supone un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, más personalizados y con un enfoque comunitario, alineados con la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. El objetivo es que quien necesita apoyos no tenga que renunciar a su barrio, a sus vínculos ni a su proyecto vital solo por tener una discapacidad. Por eso, la reforma garantiza que nadie se vea obligado a aceptar un recurso que no desea; por ejemplo, trasladarse a una residencia lejos de su entorno y de su familia por miedo a perder la plaza o su posición en la lista de espera. A partir de ahora, la persona conservará su derecho a acceder al centro o a la vivienda de su elección.
Incorporamos además una garantía esencial: ninguna persona se quedará sin apoyos mientras espera el recurso elegido. Con esta nueva regulación se reconoce el derecho a recibir una prestación o un servicio transitorio durante el tiempo de espera, de modo que la persona pueda seguir viviendo donde quiere y con los apoyos necesarios. Esta medida es especialmente relevante para quienes tienen grandes necesidades de apoyo y están en lista de espera de recursos residenciales, y asegura que la protección del sistema no dependa de la disponibilidad inmediata, sino del respeto a la voluntad de cada persona.
La reforma incorpora además nuevos servicios que son herramientas para vivir en comunidad. El primero es el servicio de cuidados y apoyos en vivienda, que consolida el modelo de viviendas con apoyos, ya existente en muchas comunidades autónomas y que ha demostrado su eficacia: unidades de convivencia reducida o viviendas dentro de equipamientos comunitarios, siempre dignas, accesibles y con apoyos organizados. El segundo es el reconocimiento de la asistencia personal como servicio. Esto, unido a la eliminación de su delimitación exclusiva a la educación y al empleo, supone un avance estructural largamente demandado por el movimiento de la discapacidad. Permitiremos así que la asistencia personal pueda desplegarse en todas las áreas de la vida y a cualquier edad, y que esté al alcance de muchas más personas, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo, ya que es un recurso determinante para ejercer su autonomía y participar plenamente en la comunidad.
Con ello, la asistencia personal deja de ser un recurso excepcional y pasa a convertirse en una herramienta real para sostener proyectos de vida. El tercer nuevo servicio es el servicio de provisión de productos de apoyo, que permitirá acceder en préstamo o cesión temporal a tecnologías y equipamientos que faciliten la movilidad, la comunicación o la autonomía. Y, por último, los centros de día se reorientan como recursos comunitarios, con más capacidad para acompañar dentro y fuera de sus instalaciones. Queremos que sean, además, una referencia en la vida cotidiana de las zonas rurales. Algunas comunidades autónomas ya están utilizando este enfoque, ya se está aplicando. Los centros de día prestan servicios y apoyos de proximidad a personas que viven en su entorno, permitiendo que continúen en su domicilio y en su comunidad sin renunciar a sus vínculos.
En un tercer bloque de reformas, me referiré muy brevemente a que reforzamos la apuesta por la innovación social y tecnológica como motor de transformación del sistema de apoyos y cuidados, buscando más calidad, más transparencia y eficacia, e impulsando nuevas soluciones que mejoren la vida de las personas con discapacidad. En resumen, si hace casi dos décadas el despliegue inicial del sistema de atención a la dependencia puso precisamente el acento en la atención a la dependencia, esta reforma quiere recuperar y hacer plenamente efectivo su primer apellido: la promoción de la autonomía personal. Creemos que es el momento de revertir inercias y situar la autonomía en el centro de nuestras políticas de cuidados y apoyo.
Termino ya, señorías. Como habrán podido comprobar, no estamos ante una reforma retórica ni superficial, sino ante un conjunto de cambios de gran calado que abordan cuestiones muy concretas, muy cercanas a la vida cotidiana de millones de personas con discapacidad y en situación de dependencia, y de sus familias. Son reformas que no surgen del vacío, sino que beben directamente de las demandas de las propias personas con necesidades de cuidados y apoyos, de sus familias, de los colectivos organizados y de los agentes de la sociedad civil que llevan años impulsando y liderando estos cambios. Esta reforma es de ellos y de ellas, y es nuestra responsabilidad, como poderes públicos, no solo sacarla adelante cuanto antes, sino también con el mayor consenso posible.
Y permítanme añadir algo más. Esta reforma no es solo la reforma que necesitan las personas con discapacidad de hoy; es también la reforma que necesitan las personas que están naciendo ahora y que van a vivir en un país más longevo, más diverso y también más exigente en derechos. Es la reforma que nos prepara para los retos de futuro, que garantiza que la autonomía, la inclusión y la vida en comunidad no sean aspiraciones, sino realidades para las próximas generaciones.
Tal y como comentaba al principio, si el Pleno de la Cámara ha respaldado por unanimidad la convalidación del Real Decreto-ley cuya temática es coincidente con los contenidos de este proyecto de ley, me gustaría pedirles que la tramitación de este proyecto de ley se guíe por ese mismo espíritu. Esto es, hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad, especialmente a aquellas con grandes necesidades de cuidados y apoyo, así como a sus familias. Es evidente —y para mí está fuera de toda duda— el apoyo y el compromiso de todos los grupos parlamentarios con las personas con discapacidad; pues creo, señorías, que este es el momento de demostrarlo desde el lugar en el que la ciudadanía les colocó en 2023: el poder legislativo. Desde el Gobierno hemos sido diligentes en concretar el mandato constitucional de desarrollar legislativamente los preceptos recogidos en el artículo 49, pero que los derechos recogidos en este texto y las demandas históricas del movimiento de la discapacidad sean una realidad en 2026 depende única y exclusivamente de esta Cámara.
Desde el Gobierno, desde nuestro Ministerio, les ofrecemos un diálogo sincero y honesto para sacar adelante esta ley, mejorarla, por supuesto, siempre pensando en los beneficios que traerá a millones de personas con discapacidad, porque creo que, como poderes públicos, desde el legislativo y desde el ejecutivo, es nuestra responsabilidad escuchar y dar respuesta a las demandas del movimiento de la discapacidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Martínez. Tras la intervención de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, a la cual agradezco su amplia y extensa información, le paso la palabra por un tiempo de siete minutos a los portavoces de los grupos parlamentarios, empezando por la señora Rentería.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, pido disculpas por la tardanza; el tráfico en Madrid hoy estaba insoportable y venir del aeropuerto ha sido una verdadera odisea. Lamento no haber podido estar en el debate. Señora secretaria, muchísimas gracias. Creo que se me oye, ¿verdad?
Quiero reconocer algo que es justo: esta ley general de discapacidad ha mejorado de forma notable desde su fase de anteproyecto. Se han corregido en gran parte cuestiones competenciales que considerábamos esenciales, y ese avance es positivo, aunque aún hay aspectos puntuales que pueden afinarse para reforzar la norma.
Dicho esto, no podemos analizar el sistema por piezas aisladas. Discapacidad y dependencia se cruzan en la vida real de miles de personas, y lo que sucede en la ley de dependencia afecta directamente a la efectividad de los derechos de muchas personas con discapacidad; lo uno va con lo otro. Y es precisamente ahí donde vemos los principales riesgos para la equidad del conjunto del sistema. Cuando hablamos de equidad hablamos de algo muy concreto: que el derecho sea igual y se ejerza en igualdad de condiciones para todas las personas, vivan donde vivan.
Compartimos la voluntad de ampliar derechos, mejorar apoyos y eliminar barreras. Pero debemos ser sinceros: la equidad no se logra solo reconociendo más prestaciones o fijando estándares más altos en la ley. La equidad exige que todas las administraciones tengan capacidad real de aplicarlos sin que se abran brechas territoriales. Porque si ampliamos el catálogo, eliminamos incompatibilidades, definimos productos de apoyo y elevamos exigencias de calidad en centros, cuidados o empleo, pero no aseguramos los recursos necesarios, el resultado será paradójico: desigualdad desde el origen. Habrá territorios que puedan desplegar esos derechos con rapidez y con calidad, pero otros quedarán rezagados, y las personas con discapacidad o dependencia serán quienes sufran esa diferencia.
Los derechos sin financiación, por otra parte, no son equitativos: se convierten en derechos distintos según el lugar donde se viva. A esto se suma un problema de método legislativo que, desde el Grupo Vasco, hemos señalado muchas veces: con frecuencia se legisla sin ponderar bien el ámbito competencial de las comunidades autónomas, y eso reduce la calidad de la ley y su eficacia práctica. En dependencia, el proyecto desciende a un nivel de detalle estatal muy elevado sobre cuestiones propias del desarrollo autonómico. No discutimos su finalidad, que compartimos, pero ese grado de pormenorización deja poco margen para la adaptación y la gestión propia de sistemas que funcionan y que requieren mejoras hechas desde la proximidad.
En este contexto, el Consejo Territorial es un instrumento útil de cooperación, pero no puede usarse para transformar acuerdos voluntarios en obligaciones generales por vía indirecta. Por eso insistimos en una garantía básica: que los criterios del Consejo sean aplicables solo a las comunidades que se adhieran voluntariamente. Uniformidad, sí, pero no de forma impuesta.
Otro de los ejes es la financiación. La reforma de dependencia incrementa el gasto, porque amplía prestaciones, elimina incompatibilidades y eleva estándares. Sin embargo, vemos que la memoria económica pospone el cálculo del impacto real, cuando debería ser previo, y no incorpora un compromiso explícito y verificable de la cofinanciación estatal suficiente. Esto es grave para la equidad del sistema. Por ejemplo, en 2023 Euskadi asumió el 83,9% de la financiación frente al 16,1% estatal, muy lejos de ese 50% comprometido. No se trata de una reivindicación territorial; es una condición para que el derecho sea universal y sostenible. No se puede ampliar el sistema sin ampliar al mismo tiempo la financiación estatal.
Por todo ello, como es bien sabido, hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque el texto actual no garantiza todavía el equilibrio competencial ni económico necesario. Pero no nos cerramos al diálogo; al contrario, estamos dispuestos a trabajar para reconducir el texto, proteger el ámbito competencial y, a partir de ahí, mejorar mediante enmiendas el articulado. Si se respeta el reparto competencial y se asegura una financiación previa y corresponsable, podremos avanzar hacia derechos de forma real, equitativa y sostenible. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora Pozueta, por parte del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Egunon, buenos días. Agradezco la exposición realizada. Sin duda, esta ley puede mejorar la vida de las personas con discapacidad y de sus familias, y remarco la palabra puede.
Las leyes que se pretenden reformar nacieron para garantizar derechos, no para crear esperanzas que nunca se materializan; una ley sin recursos, sin plazos y sin mecanismos de garantía no cambia vidas. Así se dijo en una de las comparecencias que hemos escuchado y comparto plenamente esta afirmación. La Ley de Dependencia no puede reformarse sin abordar la falta de dotación económica que impide la igualdad y el efectivo cumplimiento de la norma. Obviamente, sin incremento de financiación, los nuevos derechos que esta reforma propone reconocer quedarán en papel mojado.
También hemos escuchado en las comparecencias que la reforma podría quedarse en pura cosmética del sistema, y ojalá no sea así, porque solo serviría para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares. Los cambios, muchos de ellos positivos —si se confirman—, incorporan de hecho realidades ya asumidas por algunas comunidades autónomas sin necesidad de cambiar la ley. Otros incluso ya han sido acordados en el Consejo Territorial. Los restantes podrían haberse resuelto por esa misma vía, sin necesidad de todo lo que conlleva una reforma de ley. Y lo más grave: algunos de los cambios que hoy propone el anteproyecto ya habían sido acordados, según plantean las entidades, por el Gobierno y las comunidades autónomas, y varios años después no se cumplen, no porque no exista la norma, sino porque simplemente falta financiación. Estamos, por tanto, ante el problema de la financiación.
Resaltaré dos aspectos, por no alargarme. Primero, ¿de qué manera va a reforzar la atención en los domicilios una ley que apuesta por ella pero que no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar o por cuidadores no profesionales? En esta situación, es previsible que los cuidados sigan recayendo, en su inmensa mayoría, sobre las mujeres, como hasta ahora: tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres. Además, el trabajo de los cuidados, aparte de estar feminizado, vive una realidad de precariedad terrible. Esta sociedad debe aumentar el valor que concede a la labor de los cuidados, lo que se traduce en la revalorización y dignificación de los empleos destinados a cuidar a las personas, y esto debería estar reconocido también en la ley.
El balance general no deja de ser positivo, sin duda; pero las personas en situación de dependencia siguen afrontando una realidad en la que queda mucho camino por recorrer para alcanzar una vida con un mínimo de dignidad. Necesitamos un compromiso del conjunto de las administraciones públicas y de las fuerzas políticas, como aquí se ha señalado —por ejemplo, con la ley de ELA—, para que este texto legal salga adelante y se cumpla efectivamente. Esta obligación estatal debería ligarse también al compromiso de las comunidades autónomas, y a no utilizar los recursos para “hacer caja” y ahorrar en dependencia, sino para mejorar las cuantías de las prestaciones y aumentar el número de servicios y su calidad de atención.
Finalmente, trabajaremos en el proceso de enmiendas para mejorar esta propuesta en el trámite parlamentario y estaremos muy atentas al respeto competencial. Sabemos, como se ha comentado anteriormente, que muchos de los temas que se abordan en la modificación de ambas leyes son competencia, en nuestro caso, de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Seguiremos en este trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pozueta. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Cofiño.
Sí, buenos días. Secretaria, bienvenida. En primer lugar, quisiera transmitirle nuestro agradecimiento por el excelente trabajo que lleva realizado el Ministerio en estos dos años.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, nuestro agradecimiento a su persona, señora secretaria de Estado, a su equipo de trabajo más cercano, a los equipos directivos y a todos los funcionarios que trabajan en los ministerios. Los ministerios no llegan nuevos, siempre hay equipos trabajando; ese trabajo interno que realizan los nuevos equipos directivos a veces es poco visible o se comunica poco, pero nos consta su importancia y el buen trabajo que se está haciendo en el ministerio. Esto es muy relevante.
Aparte del contenido, que ha reseñado de forma excelente en su presentación, queremos agradecerle también el talante y la actitud, algo nada menor en estos tiempos a la hora de hacer política y de gobernar. Decimos a menudo que la palabra “progresista” está muy denostada y se asocia a algo vano o sin importancia, cuando en realidad significa que un país progresa mejorando la vida de las personas. Si tuviéramos que resumir en dos líneas las políticas que queremos: mejorar las vidas de las personas y no dejar a nadie atrás. Creo que eso ha quedado claro en su exposición y en el trabajo que llevan realizando en estos dos años de legislatura.
No podemos dejar a nadie atrás, independientemente de su edad, su diversidad sexual o de género, su lugar de residencia, su país de origen, su nivel socioeconómico, su religión o creencias políticas, su nivel educativo, si pertenece o no a una minoría, si padece una enfermedad o si tiene una discapacidad. Y creo que eso ha quedado reflejado en las diferentes actuaciones y medidas que nos presentaba.
Para nosotros, lo “social”, en un sentido amplio, es fundamental. Utilizamos desde hace mucho una máxima: si los problemas son sociales, las soluciones deben ser sociales. Esto supone políticas valientes, políticas progresistas y políticas que no dejen a nadie atrás. Requieren, como apuntaba la compañera diputada, una fiscalidad progresiva, que también defendemos desde nuestro espacio político. Pensamos que podemos tener mejores impuestos para financiar mejores políticas sociales públicas, mejores políticas sanitarias públicas y mejores políticas educativas públicas. Y eso requiere que quienes más tienen, más paguen; que las multinacionales contribuyan más que las peluquerías pequeñas o las pymes; y que quienes poseen grandes fortunas tributen más y mejor en nuestro país para poder disponer de mejores políticas públicas.
Nos preocupa un tema que ya hemos comentado varias veces y que ha aparecido en alguna iniciativa legislativa: la discriminación múltiple. Hay un gran estudio, realizado por el Observatorio de Discapacidad en 2017, que alertaba sobre esta realidad, teniendo en cuenta que algunos de los ejes que antes mencionaba son obviados por algunos grupos políticos. Es decir, ponemos el foco en la discapacidad, pero podemos obviar algo que es racismo hacia grupos minoritarios o étnicos, según el color de su piel. En el informe de 2017 se señalaba que aproximadamente un 18% de las personas con discapacidad habían sufrido discriminación; el 58,3% de las personas discriminadas por discapacidad había sufrido discriminación múltiple por dos o más motivos. Por ejemplo, en relación con la pobreza, el riesgo es un 31% mayor en personas con discapacidad. Existen intersecciones críticas en hombres de 16 a 29 años con discapacidad severa y en mujeres de 45 a 64 años con discapacidad severa. La máxima vulnerabilidad detectada es la de los extranjeros extracomunitarios con discapacidad severa. Por grupos familiares, también se observaba una discriminación elevada en hogares gitanos con discapacidad severa y en hogares con extranjeros extracomunitarios.
Esta mirada integral, que está claramente señalada en elementos clave de las políticas que desarrolla su ministerio y el Gobierno, es imprescindible para mantener una visión integral de todas las personas. Nada más. Insistir en el agradecimiento y la felicitación por su trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cofiño. A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y muy buenos días, señora secretaria de Estado. Estamos ante un proyecto de ley que el Gobierno presenta, como usted bien ha dicho, como un gran avance para las personas con discapacidad y para quienes viven en situación de dependencia. Pero, una vez más, nos parece que es una reforma superficial, estética, que modifica nombres, conceptos y principios, pero que no va a resolver ninguno.
…los problemas reales que sufren diariamente miles de familias españolas. No es la reforma que necesitan las personas con discapacidad que están en lista de espera por su situación de dependencia. Creemos que es poco ambiciosa y que no va a solucionar ni a cubrir las necesidades de personas muy vulnerables. Se trata de un texto con muchísima ideología que pretende alterar la filosofía de los cuidados sin aportar soluciones ni dotación económica suficiente.
Lo primero que debemos decir respecto a quienes sufren esta situación es que una ley sin financiación no se traduce en nada tangible. Lo han dicho las asociaciones, lo han dicho los expertos y lo recoge también el propio Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, diciendo literalmente que una ley sin recursos, sin plazos y sin mecanismos de garantía no va a cambiar las vidas. Y la realidad la tenemos en los datos: la dependencia en España cuenta con solo el 0,8% del PIB, cuando lo deseable sería el 2%. El Estado jamás ha cumplido su obligación legal de financiar ese 50% del sistema; se queda tan solo en un 20,6%. Con estos datos, nos gustaría que nos explicara cómo pretenden mejorar la vida de estas personas. ¿Cómo van a garantizar derechos si ni siquiera garantizan esa financiación mínima que es imprescindible?
Además, contamos con un problema estructural grave: el modelo autonómico. España no tiene un solo sistema de dependencia; España tiene diecisiete sistemas distintos, con diecisiete regulaciones, diecisiete modelos de gestión, diecisiete modelos económicos y diecisiete ritmos administrativos diferentes. Es el propio texto del proyecto el que lo confirma cuando dice que esta reforma es meramente declarativa, porque las competencias están en manos de las comunidades autónomas y cada una hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, con resultados profundamente desiguales para todos los españoles. El Gobierno habla de igualdad, pero la financiación territorial demuestra lo contrario. El Estado de las Autonomías es hoy el mayor generador de desigualdad en nuestro país. No podemos permitir que el acceso a derechos fundamentales dependa de la comunidad autónoma en la que cada español viva. Mientras unas comunidades avanzan, otras se hunden en listas de espera interminables.
Según cifras oficiales, más de 27.000 personas han muerto este año esperando ser atendidas por el sistema de dependencia. Veintisiete mil. Estamos hablando de 82 fallecidos al día, uno cada dieciocho minutos. Personas que ni siquiera han llegado a recibir la prestación que tenían reconocida. ¿Cómo puede un Gobierno hablar de ampliación de derechos cuando ni siquiera garantiza el más elemental, que es el derecho a ser atendido, en muchos casos, antes de fallecer? La lista de espera ya supera las 275.317 personas: 120.698 esperando una valoración y 154.619 esperando prestaciones ya reconocidas. Esta es la realidad del sistema: abandono, retraso y desigualdad territorial. No es un fracaso administrativo; es un fracaso moral y de voluntad política.
El proyecto de ley además incorpora, según el Gobierno, mejoras: nuevos artículos, cambios en definiciones, ampliación de servicios y declaraciones de principio. Pero no nos van a engañar, porque son cambios cosméticos. Se amplían servicios para la llamada autonomía personal, se introduce un artículo sobre la libertad sexual de las mujeres con discapacidad, se prohíben internamientos involuntarios por urgencia vital, se encargan campañas institucionales contra sesgos y discursos de odio, se reconfigura el papel del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Y todo esto sin un solo euro adicional que permita que estas medidas pasen del papel a la realidad.
¿Nos podría explicar, señora secretaria de Estado, el concepto de desinstitucionalización que impregna este texto? ¿Cómo lo van a implantar y cuánto va a costar? ¿Cuánto van a invertir en ello?
Tampoco podemos ignorar que este Gobierno sigue desviando recursos hacia estudios y proyectos de cuya utilidad no tenemos claridad. Son 46.000 euros gastados en un informe sobre sexualidad y discapacidad del que nos gustaría saber qué opinan las asociaciones y entidades. Mientras tanto, miles de dependientes siguen sin la atención, y decenas de miles de familias —ya lo saben ustedes— viven al límite.
El problema de fondo es muy claro: mientras exista este Estado de las Autonomías, habrá desigualdad. Mientras existan esos diecisiete modelos de dependencia, habrá privilegios territoriales. Mientras la financiación se reparta según criterios políticos y no de necesidad, habrá comunidades abandonadas y otras sobrefinanciadas. Vox defiende un cambio muy diferente: un Estado único, fuerte y eficiente, donde los derechos sean iguales para todas las personas en todas partes de España; donde la dependencia no sea un laberinto burocrático de diecisiete autonomías.