Buenos días. Se abre la sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, con un orden del día que consiste en el debate y votación de seis proposiciones no de ley.
Les recuerdo que los tiempos de intervención en el debate de estas proposiciones no de ley son de cinco minutos para el autor de la iniciativa y de tres minutos tanto para la defensa de enmiendas como para la fijación de posiciones. Estas intervenciones serán en orden de mayor a menor.
Comenzamos con la primera proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir posibles ataques terroristas yihadistas. Esta proposición no de ley es del Grupo Parlamentario VOX. Para la defensa de la misma, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, don Alberto Asarta.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. El pasado 7 de octubre de 2023 el grupo terrorista Hamás ejecutó múltiples ataques coordinados contra Israel, aprovechando la festividad del Simjat Torá. Sus milicias sorprendieron a las fuerzas de seguridad israelíes y asaltaron varias localidades fuera de la Franja de Gaza con un objetivo inequívoco: asesinar deliberadamente al mayor número de civiles y tomar rehenes, especialmente mujeres y niños, utilizándolos como escudos humanos para impedir o frenar la respuesta militar israelí.
Uno de los episodios más atroces se produjo en el concierto celebrado junto a la frontera con Gaza, donde los servicios de emergencia recuperaron más de dos centenares de cuerpos. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos europeos, entre ellos dos españoles, Maya Villalobos e Iván Illarramendi. Que descansen en paz.
Casi dos años después, los efectos de aquel ataque inicial, con fallecidos, heridos y rehenes, siguen produciéndose. Israel cifra en más de mil los miembros de sus fuerzas de seguridad fallecidos desde octubre de 2023, mientras que los ataques de Hamás del propio día 7 causaron alrededor de 1.200 civiles israelíes asesinados. Naciones Unidas, por su parte, indica que el número de víctimas palestinas causadas por la posterior ofensiva militar supera las decenas de miles, aunque resulta difícil distinguir entre población civil y combatientes, como luego explicaré. Fuentes israelíes estiman más de 20.000 combatientes de Hamás eliminados.
Lo incuestionable es que la tragedia humanitaria deriva de una acción terrorista de naturaleza yihadista: la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Señorías, estos hechos vuelven a evidenciar la dimensión real del terrorismo islamista como amenaza estratégica para cualquier Estado de derecho y para la estabilidad de Occidente. España, a través de su Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, ya contemplaba explícitamente el riesgo de escalada entre Israel y Palestina y reconocía el terrorismo de sesgo yihadista como una amenaza directa.
La carta fundacional de Hamás afirma literalmente que no hay solución a la cuestión palestina que no sea la yihad. Su acción se sostiene en una doctrina propia, la muqawama, entendida como estrategia integral de guerra permanente contra Israel hasta su desaparición. Ello implica que su objetivo no es la coexistencia ni la paz, sino la eliminación de Israel como realidad política y social; y, para lograrlo, legitiman secuestros, asesinatos indiscriminados, manipulación propagandística y victimización de su propia población. La muqawama articula a toda la sociedad como combatiente, diluye deliberadamente la distinción entre civiles y milicianos y emplea a la población civil como herramienta propagandística frente a la comunidad internacional.
Este enfoque es propio del terrorismo yihadista global: convertir el sufrimiento civil en instrumento político. Por ello, calificar a Hamás como organización yihadista no es una cuestión retórica, sino doctrinal y operativa. Su acción, conectada a otros actores como la Yihad Islámica, constituye una amenaza creciente para Europa y para España.
A pesar de ello, se han escuchado declaraciones de responsables políticos de nuestro país que pueden interpretarse como paliativas o justificadoras de los crímenes cometidos. Tales manifestaciones diluyen la condena inequívoca que estos ataques merecen y generan desorientación en un contexto en el que lo necesario es claridad moral y política.
La amenaza no es teórica; el riesgo de contagio ya existe. Puede materializarse a través de individuos radicalizados en nuestro territorio, retornados procedentes de la zona de conflicto o mediante ataques contra intereses españoles en Oriente Medio. La propia Estrategia de Seguridad Nacional identifica a Oriente Medio como foco desde el cual se proyecta amenaza terrorista hacia España.
Estados de nuestro entorno ya han reaccionado: Francia desplegó unidades especiales, Policía y Ejército conjuntamente, para proteger sinagogas, escuelas, enclaves judíos y, en este mes, también los mercados navideños. El incremento de ataques individuales en Europa Occidental ha sido significativo; se han producido atentados en mercados, sinagogas y espacios públicos, con víctimas mortales y heridos. Alemania, Reino Unido o Francia afrontan situaciones similares. España ha registrado en el último año un volumen de detenciones por terrorismo islamista superior a ejercicios anteriores, lo que confirma el riesgo latente.
Se acercan fechas como la Navidad, con elevada afluencia de población en espacios públicos, mercadillos, lugares turísticos y eventos masivos. Precisamente este tipo de escenarios han sido tradicionalmente objetivo de organizaciones yihadistas por su impacto emocional y mediático. Por ello, se hace imprescindible que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas se mantengan en máxima alerta preventiva. La prioridad es proteger a los ciudadanos españoles, garantizar la seguridad nacional y anticiparse a posibles derivadas del conflicto generado tras el ataque de Hamás. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado esta proposición no de ley que tienen todos en sus manos y que no voy a leer ya porque me he pasado del tiempo. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señora Sarta. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y, para su defensa, tiene la palabra doña Elisa Bedrina.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, en los informes anuales de Seguridad Nacional publicados entre 2018 y 2024, el Departamento de Seguridad Nacional señala de manera continuada que el terrorismo yihadista constituye una de las principales amenazas para España. Los documentos recogen atentados cometidos en países europeos, la difusión de propaganda en distintos idiomas dirigida al ámbito europeo, la presencia de individuos radicalizados de forma autónoma y la actividad de organizaciones vinculadas a DAESH y Al Qaeda. Los informes destacan también la inestabilidad creciente del Sahel como escenario desde el que se proyecta la amenaza hacia nuestro país.
El informe de 2024 incorpora referencias a la expansión del Estado Islámico de la Provincia de Jorasán en Europa y a la persistencia de actores individuales autorradicalizados como vector principal de riesgo en España. Con este conjunto de elementos, los informes subrayan la necesidad de vigilancia continuada y de mecanismos de coordinación plenamente operativos para afrontar una amenaza en evolución constante. Este diagnóstico exige una respuesta institucional alineada con la gravedad de la amenaza.
Nuestro grupo ha planteado una enmienda de adición para reactivar la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, inactiva desde hace más de siete años pese a las advertencias reiteradas del propio Departamento de Seguridad Nacional. La falta de convocatoria de dicha comisión no se justifica con criterios técnicos ni con una evaluación rigurosa del riesgo; obedece a la dependencia del Gobierno de la extrema izquierda, de los partidos que trabajan para fracturar la unidad de España y de una formación que se niega a condenar el terrorismo de ETA y que ha llegado a incluir en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo, en algunos casos por crímenes de sangre.
Un Ejecutivo sostenido por fuerzas que rechazan los consensos esenciales de la lucha antiterrorista termina paralizando el mecanismo creado para revisar la evolución de la amenaza, compartir información estratégica y asegurar la respuesta unitaria del Estado. Esta omisión prolongada debilita la capacidad de anticipación e introduce incertidumbre en un ámbito decisivo.
En defensa de la justicia debida a las víctimas y a quienes sostienen nuestra seguridad en primera línea. La actividad de esta comisión demuestra, además, que España afronta otros vectores de riesgo que requieren atención constante. Nuestro grupo ha planteado iniciativas sobre la injerencia rusa en procesos políticos y comunicativos, sobre la dependencia estratégica derivada de contratos críticos con China y también sobre las vulnerabilidades que afectan a nuestras capacidades energéticas, industriales y tecnológicas. Estas cuestiones forman parte del núcleo de la seguridad nacional y exigen una acción pública coherente y un análisis riguroso. El Gobierno mantiene una actitud evasiva y deja sin activar los instrumentos que deberían orientar la respuesta del Estado. Lo que no cuesta entender es la causa; lo difícil es asumir que, mientras crece la presión geopolítica y se encadenan riesgos de naturaleza híbrida, siga desatendida la responsabilidad de convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antiyihadista, cuya inactividad ha estado condicionada por el andamiaje político que sostiene al Ejecutivo. España necesita una auténtica política de Estado en materia de seguridad nacional, estable, rigurosa y ajena a cualquier cálculo partidista. En el Partido Popular asumimos esa responsabilidad con serenidad y seriedad, con el propósito de sostener un proyecto nacional capaz de proteger a nuestros ciudadanos y de garantizar que la libertad, la seguridad y la justicia sigan siendo la base firme sobre la que se apoya nuestra nación. Muchas gracias, señora presidenta, por la generosidad en el uso del tiempo.
A continuación, no intervendrán portavoces del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de los grupos parlamentarios Euskal Herria Bildu e Izquierdas por la Independencia, Esquerra Republicana, ni del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y del Grupo Mixto (Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, Bloque Nacionalista Galego). Por lo tanto, por parte de los grupos parlamentarios Plurinacional Sumar e Izquierda Confederal, tiene la palabra don Chema Guijarro.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que la iniciativa que discutimos hoy, primera iniciativa de esta comisión, se presta a varias confusiones, confusiones que voy a intentar denunciar o aclarar en mi intervención. En primer lugar, sobre la lucha antiterrorista y sobre la descripción de lo que ha ocurrido en Oriente Medio a lo largo de los últimos años. Llama la atención la forma de describir esta situación. Cualquiera diría que hay una desigual atención según hablemos de unos muertos u otros, ¿verdad?, según hablemos de muertos israelíes o de muertos palestinos. Solo quiero llamar la atención de sus señorías sobre la extensión de esta iniciativa, todo lo que dedica a los desastres realmente ocurridos sobre población civil israelí —desastres, desde luego, absolutamente condenables— y cómo luego despacha, esta es la palabra, la tragedia que ha vivido el pueblo palestino en estos últimos años. Por ejemplo, y solo como muestra, la lectura de este capítulo de Oriente Medio cierra con esta frase: atendiendo a las cifras que se manejan tras más de dos meses de conflicto —evidentemente, la iniciativa se registró hace ya tiempo— habla de más de 125 soldados israelíes muertos y, según las autoridades palestinas, más de 18.000 palestinos fallecidos, amén de 50.000 heridos. ¿No les llama la atención la desigual proporción numérica de todo esto? Ciento veinticinco soldados —es decir, personal militar— frente a dieciocho mil palestinos civiles muertos. ¿No se les enciende ahí alguna alarma mental, algún tope ético que les haga pensar que cada muerto palestino tiene el mismo valor humano que cada muerto israelí? Realmente, esa manera desigual es, en el fondo, de una inhumanidad monstruosa, me parece. Y luego, sobre la amenaza real del terrorismo yihadista en España: ciertamente, esa amenaza existe y bien lo sabe este país, que tuvo que padecer el 11M. Pero, claro, de ahí a vincular a Hamás de forma directa con esa amenaza en España hay un salto que no compartimos.
Amenazas terroristas contra España, me parece que estamos ahí estirando un poquito la cuerda por demás; hablo más bien de una malintencionada confusión. Y, finalmente, hablamos aquí de que el Gobierno debe hacer porque no hace, porque está vendido supuestamente a esos socios que representan la anti-España, según la derecha y ultraderecha en España. Bien, pero claro, se les olvida que este Gobierno y el Ministerio del Interior tienen elevado el nivel de alerta a 4, es decir, alto, desde hace ya no sé cuánto tiempo. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en permanente vigilia, tratando de evitar atentados terroristas, un trabajo que, por cierto, debemos agradecer porque la ausencia de esos atentados en estos últimos años, en gran parte, también se debe a ese trabajo. Por lo tanto, decir que no se está haciendo lo suficiente... Pero, por el amor de Dios, ¿qué quieren ustedes? ¿Declarar el estado de excepción, el estado de guerra? No será eso. Gracias.
Gracias, señor Guijarro.
Y por último, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Inmaculada Sánchez Roca.
Gracias, presidenta. Bien, como se ha dicho, el marco que se usa para presentar esta iniciativa intenta mezclar muchas cosas, usar unos ataques para unas peticiones que se han nombrado aquí pero que expresamente no se han reflejado en la proposición no de ley. Los ataques de Hamás de hace dos años fueron condenados por el Gobierno de España y lo han sido nuevamente recientemente en su segundo aniversario. Todos sabemos lo que trajeron después: un asedio y una masacre de casi dos años contra la población civil, que ahora, tras los acuerdos de alto el fuego mediados por Egipto, ha reducido de manera considerable la violencia, se puede acceder a la ayuda humanitaria y se están desplegando misiones. Una situación que debe seguir avanzando hacia la paz, hacia el respeto a los derechos humanos y hacia la convivencia, y en la que el liderazgo de España ha sido incuestionable.
En cuanto a la seguridad exterior que solicitan tanto para los nacionales como para las delegaciones o edificios, decirles que estas labores las realizan la Guardia Civil y la Policía, así como los propios recursos de los países donde se ubican. Del mismo modo, también se llevaron a cabo dos vuelos de repatriación y, por supuesto, se informa y asesora a la población española en las zonas donde hay inestabilidad.
Y en lo que respecta a las medidas para evitar ataques terroristas, garantizar la seguridad o pedir la colaboración ciudadana, como bien saben, la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que desde el año 2023 se está implementando, está dando muy buenos resultados. De hecho, España siempre es ejemplo y espejo en el que mirarse en esta lucha. Esta estrategia se complementa con el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta, y el resultado de ambas acciones es la creciente eficacia policial, que detecta e interviene en los procesos de radicalización, cada vez más protagonizados por personas más jóvenes. Esta eficacia policial ha hecho que, en lo que llevamos de año 2025, hayan sido detenidas 94 personas, demostrando, insisto, esa eficacia.
Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra, y lo va a ser porque las peticiones que ustedes realizan están superadas, muy por encima de lo solicitado, con la acción del Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora Sánchez Roca. Y, por último, y solo a efectos de aceptar o rechazar la enmienda, tiene la palabra don Alberto Asarta.
Si me permite, presidenta, al principio de mi intervención tuve que decir que hubo que modificar la exposición de motivos, porque la iniciativa es de hace dos años. Entonces, la exposición de motivos ha sido mucho más amplia, mucho más mejorada, pero el petitum es el mismo. Dicho lo dicho, para información de todo el mundo, aceptamos la enmienda. Gracias.
Gracias, señor Asarta.
A continuación, pasamos al debate de la tercera proposición no de ley, porque hubo una petición por parte del Grupo Parlamentario Popular de pasar el debate.
La proposición no de ley número dos pasa al último lugar, cambio que fue aceptado por otros grupos. Por lo tanto, pasamos a la exposición y debate de la proposición no de ley señalada en tercer lugar en el orden del día. Es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a detectar y neutralizar campañas de desinformación impulsadas desde el propio entorno institucional. Esta proposición no de ley está presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por lo que tiene la palabra, para su defensa y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña María del Mar Blanco.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Hoy en España estamos ante un hecho que pone en evidencia, una vez más, la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez frente a uno de los pilares de cualquier democracia, como es la verdad y la protección de nuestras instituciones. La Estrategia de Seguridad Nacional reconoce que la desinformación amenaza seriamente la estabilidad del Estado y, sin embargo, este Gobierno no la frena, sino que permite que se difunda desde sus propios cargos y, lo que es peor, desde las propias instituciones.
Y miren, el Partido Popular no puede ni quiere ser cómplice de esta dejación de funciones. Por eso defendemos con firmeza esta iniciativa: para proteger la verdad, reforzar la autoridad de nuestras instituciones y blindar a quienes velan por nuestra seguridad frente a los bulos y la manipulación política. Señorías, lo que hoy debatimos no es un simple episodio aislado; es la demostración de un patrón que ya se ha instalado en la acción de gobierno, un patrón donde la mentira sustituye a la responsabilidad, donde el bulo pesa más que la verdad y donde el interés político se impone sin pudor a la obligación de respetar las instituciones.
Lo que estamos viviendo en España es una auténtica vergüenza. Con este Gobierno los bulos ya no vienen de fuera, sino, como decía al inicio de mi intervención, vienen de dentro. Se fabrican desde las instituciones, se repiten desde los ministerios y se lanzan como si fueran verdad. Se manipulan mensajes, se ocultan datos y se señala a personas sin una sola prueba.
Y si todo esto es grave, lo peor viene después, porque lanzan el bulo, hacen daño y luego, eso sí, desaparecen: ni explican, ni rectifican, ni piden perdón. Y esto, señorías, no es responsabilidad. Permítanme que les diga que esto es miseria política. Los españoles están hartos de mentiras desde Moncloa, hartos de ver a ministros repetir cosas que saben que no son ciertas, hartos de ver cómo se ensucia todo para tapar sus escándalos. Y están hartos de ver cómo este Gobierno utiliza el poder de la peor manera para blindarse y combatir a quienes no le dan la razón.
El ejemplo más vergonzoso y de extrema gravedad es el bulo de la bomba lapa. Se cogieron unos mensajes privados del excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla; se cortaron, se manipularon y se utilizaron para montar una acusación falsa con un único objetivo: atacar de manera despiadada a la Guardia Civil. Pero el bulo no se quedó ahí. Tres miembros del Gobierno lo repitieron sin dudarlo: la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro Óscar López y la portavoz Pilar Alegría. Señalaron a un guardia civil sin una sola prueba o, lo que es peor, utilizando una información manipulada por el periódico El Plural. Y lo hicieron porque el bulo formaba parte de una estrategia que buscaba presentar al Gobierno como víctima de una conspiración policial cuando, en realidad, señorías, quienes conspiraban eran precisamente los fontaneros de Ferraz, y lo hacían contra la UCO. Y lo hicieron justo cuando la UCO aprieta el cerco de corrupción que acecha a Pedro Sánchez, a su entorno familiar y al Partido Socialista; justo cuando les interesa cambiar el relato; y, en definitiva, cuando lo que buscaban es reducir la credibilidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y muy especialmente de la Guardia Civil. Qué lamentable de verdad es ver a un Gobierno dispuesto a todo, incluso a manipular información, solo para proteger a Pedro Sánchez.
Por eso ni rectificaron ni pidieron perdón ni asumieron responsabilidades. Y, señorías, esto tiene un nombre: falta de vergüenza. Y no se quedaron ahí; también intentaron meter a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el barro. Otro bulo, otro intento de desviar la atención. Y lo hicieron porque esta es la forma de este Gobierno de gobernar: señalar al que incomoda, atacar al que investiga y presionar a quien cumple con su deber.
Miren, los españoles están indignados, pero no rendidos. Por eso esta moción es tan necesaria, señorías. Porque la desinformación no es un juego: rompe la confianza, daña la credibilidad del Estado y, sobre todo, daña el respeto a la independencia judicial y también a la policial. Y es gravísima, sobre todo cuando sale de un Gobierno.
…que debería proteger a las instituciones en vez de utilizarlas para atacar a quien le incomoda. Señorías, quien usa un bulo para atacar la reputación y credibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no rectifica cuando se demuestra la falsedad, tiene que dar explicaciones, y esta Cámara tiene la obligación de exigírselas, tal y como pedimos en esta iniciativa. Asimismo, también proponemos fortalecer la detección de desinformación desde los gobiernos y exigir la rectificación obligatoria de errores oficiales para proteger, insisto, la confianza y la transparencia institucional.
Finalizo ya, señorías. Desde el Partido Popular defendemos con firmeza esta iniciativa que busca combatir la desinformación, proteger a nuestras fuerzas de seguridad y garantizar que hechos falsos o manipulados no circulen impunemente desde el propio poder político. No se trata de política partidista, señorías; se trata de la defensa del Estado de Derecho. Aunque, sin duda alguna, la mejor defensa de nuestro Estado de Derecho, la mejor defensa de nuestra democracia, es, sin lugar a duda, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones, porque España se merece, de una vez por todas, un Gobierno que no ponga en duda la transparencia institucional y la separación de poderes, como desgraciadamente estamos viendo con este Gobierno. Nada más y muchas gracias.
Gracias. En turno de fijación de posiciones, no figuran en la sala representantes del Grupo Parlamentario Vasco, ni del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, ni del Grupo Parlamentario Republicano, ni de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya, Mixto en el Congreso de los Diputados y Grupo Plural en el Senado. Por lo que tiene la palabra, por los Grupos Parlamentarios Plurinacional Sumar e Izquierda Confederal, don Chema Guijarro.
Muchas gracias, señora presidenta. Coincido absolutamente con su señoría del Partido Popular cuando denuncia el efecto destructivo que pueden tener los bulos, así como cuando señala lo pernicioso que es que estos bulos vengan de ámbitos institucionales, incluso gubernamentales. Por eso quiero recordar unas declaraciones que hizo el entonces ministro del Interior, señor Acebes, el 11 de marzo del año 2004, fecha fatídica en la que fallecieron 192 españoles y hubo alrededor de 2.000 heridos, atentados perpetrados por un comando yihadista, tal y como se demostró en el juicio pertinente llevado a cabo en la Audiencia Nacional. Dijo entonces el ministro Acebes, cito literalmente: “Ha sido ETA. Punto. Parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida por parte de miserables a desviar el objetivo y las responsabilidades de esta tragedia”. Cierro comillas. Y cierro intervención. Gracias.
Gracias, señor Guijarro. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Ignacio Gil Lázaro.
Muchas gracias, señora presidenta. El Gobierno de Sánchez es el gobierno de la mentira: no gobernar con Podemos, no pactar con Bildu, no conceder indultos ni amnistía, luchar contra la corrupción… y así un largo etcétera de promesas incumplidas que Sánchez minimiza diciendo que son simples cambios de opinión. Y no solo esto: el Gobierno de Sánchez viene actuando como promotor y propagador de mensajes manipulados que se hacen circular desde las más altas instancias con un fin sectario, sin importarle para nada el potencial desestabilizador que ello comporta. Una práctica que el Gobierno utiliza cada vez con más frecuencia a fin de intentar desviar la atención sobre los múltiples casos de corrupción que atañen al entorno familiar de Sánchez, al Gobierno y al PSOE. El método utilizado es de sobra conocido: cuando no se propaga desde una alta instancia directamente, se utiliza un medio afín al sanchismo, incluso de titularidad pública estatal, para lanzar una supuesta información que, a continuación, se replica por los partidos que integran la coalición de Gobierno y por los propios ministros. La insistencia en reproducir esa información por parte de miembros del Gobierno se mantiene incluso cuando se ha demostrado que dicha información era falsa. Es, como se ha citado, lo que ocurrió con ocasión de atribuirle por parte…
La atribución por un medio de comunicación a un exmando de la UCO de la intención de colocar una bomba lapa bajo el coche del presidente del Gobierno. La vicepresidenta Montero y varios ministros estuvieron durante todo un fin de semana dándole pábulo a ello cuando ya se había demostrado y publicado que la información era falsa. Y no solo eso, sino que además, en ningún momento posterior esos miembros del Gobierno pidieron perdón por su improcedente actuación al respecto. Así que urge efectivamente exigir que este tipo de conductas por parte del Gobierno se acaben y, además, que se establezcan protocolos de corrección obligatoria para el supuesto en que ministros o portavoces de alguna institución pública incurran en ellas. Aunque, sin duda, señorías, el mejor elemento corrector de estas deleznables conductas es disponer cuanto antes de un Gobierno nuevo y decente al servicio del interés general de España y de los españoles. Un Gobierno que haga de la verdad y de la ética su norma inviolable de conducta. Ética pública y ética privada. Nada más, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTA: Gracias, señor Gil Lázaro. A continuación, y para terminar el debate de esta proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ignasi Conesa.
SEÑOR CONESA: Muchas gracias, presidenta. Señorías. Señora Blanco, desde el respeto que le tengo, lo curioso de esta moción es que la presenten ustedes. Podría haber sido otro grupo, pero que la presenten ustedes es un poco extraño. Miren, el partido que permanece en la historia de este país como el creador del mayor bulo y manipulación que hemos tenido se llama Partido Popular. Su versión del terrible atentado del 11 de marzo, como decía el señor Guijarro, fue la creación de la mayor mentira que hemos padecido en este país. Ustedes fueron los responsables de esa mentira, de ese bulo, y están desacreditados totalmente para dar lecciones a nadie.
Pero, señorías, no fue la única trola; fue la más importante y la que causó mayor dolor, pero no fue la única. ¿Recuerdan ustedes los hilillos de plastilina de M. Rajoy? Con el Prestige querían ocultar la gravedad del incidente y se les vio el plumero. Además, cada vez que ustedes gestionan una crisis se tienen que inventar algo: echan balones fuera y no tienen suficiente con mentir, sino que se inventan culpables y bulos para poner en peligro la seguridad de todos.
Evidentemente, la cosa no acaba ahí. Han negado errores garrafales con mentiras como en la Comunidad de Madrid del “se van a morir igual”, para tapar una gestión desastrosa en las residencias y la muerte de 7.291 personas. Un bulo más en su historia, señorías. Y, evidentemente, no podía faltar el más reciente, el de Valencia. Su versión es contraria a toda verdad. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Bulo? ¿Mentira? Todos hemos podido comprobar que para ustedes es normal actuar así, que no tienen pudor en eludir responsabilidades. Lo grave es que ponen en peligro la seguridad, la confianza, la vida de las personas, sin ningún tipo de arrepentimiento. Buscan culpables fuera de su organización solo para salvar la cara de quien la tiene muy dura.
No tengo tiempo para relatar todos sus engaños, porque en tres minutos es imposible. Y, sinceramente, señora Blanco, no entendemos la presentación de esta moción. Creemos que ustedes lo que deberían es traer una moción o una proposición no de ley pidiendo perdón por todos los desmanes y bulos que han creado cada vez que han gestionado una crisis. Ya sabemos que no lo van a hacer y van a continuar con la matraca del malvado sanchismo, del “se rompe España”, del socialcomunismo o sacando del cajón a ETA, claro.
Cada vez continúan utilizando informes y procedimientos judiciales para manipular conclusiones, para sesgar los datos, solo para condicionar a la opinión pública. Y por eso les pedimos, por favor, dejen de marear con mociones fake y atiendan de una vez a la verdad. Muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTA: Gracias, señor Conesa.
Los comentarios son habituales en todos los grupos. Aquí el silencio permanente no lo he visto jamás. Por lo tanto, con eso quiero decirle, señor de Diego, que el Grupo Socialista hace comentarios habituales y, como sabe usted, he permitido muchos de esos comentarios. Nunca se ha producido un silencio total en esta comisión.
Vamos a pasar a debatir la proposición no de ley que figura en cuarto lugar del orden del día, sobre la política de contratación pública en sectores sensibles. Es una proposición no de ley del Senado del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, para su defensa, tiene la palabra don José Antonio Monago.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Traigo hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una proposición no de ley que no va contra ningún país ni contra ninguna empresa concreta, sino a favor de la seguridad nacional de nuestro país y de la confianza de nuestros aliados, que es lo que realmente nos preocupa. Lo decimos con claridad en la exposición de motivos.
La protección de la seguridad nacional exige una supervisión rigurosa de los actores que intervienen en las infraestructuras críticas del Estado, especialmente en ámbitos como las comunicaciones, la inteligencia y la ciberseguridad. En esto deberíamos estar de acuerdo todos. Y en este marco preocupa que nuestros centros de seguridad hayan validado contratos para sistemas de interceptación legal de comunicaciones a una compañía sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China, cuyo artículo 7 obliga a todas las organizaciones e individuos a colaborar con los servicios de inteligencia de su país.
No se trata de una opinión del Partido Popular; es un dato objetivo: existe una obligación legal de colaboración para estas empresas de naturaleza china. Eso introduce, por definición, un riesgo de injerencia o filtración de datos sensibles cuando dichas empresas operan en entornos estratégicos de otros Estados. Nuestros aliados han actuado ya frente a este riesgo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La Comisión Europea ha insistido en la necesidad de reducir la dependencia de proveedores de alto riesgo, precisamente en línea con el principio de autonomía estratégica abierta que todos debemos defender.
A este marco se suma el diagnóstico, por ejemplo, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa de nuestro país, que ha subrayado la necesidad de reforzar la cultura de seguridad nacional, identificar vulnerabilidades estructurales del Estado y anticipar amenazas híbridas y tecnológicas. Es difícil, por tanto, conciliar ese diagnóstico con la presencia en sectores críticos de empresas sometidas por ley a obligaciones de colaboración con servicios de inteligencia de otros países que no siempre compartirán con nosotros los mismos objetivos que España o sus aliados.
¿Y qué propone, por tanto, esta moción? Primero, que el Gobierno explique con transparencia los criterios técnicos, jurídicos y de seguridad nacional usados para adjudicar contratos sensibles a empresas extranjeras sometidas a marcos como la referenciada ley de inteligencia china. En segundo lugar, que detalle los mecanismos de supervisión, auditoría y control, lo que se conoce como los cortafuegos técnicos, organizativos y legales, para evitar riesgos. Tercero, que, con el Consejo de Seguridad Nacional, evalúe el impacto en la confianza e interoperabilidad de España en la OTAN y en la Unión Europea. En cuarto lugar, que impulse una revisión estratégica de la contratación en sectores sensibles para restringir proveedores considerados de alto riesgo, en línea con las prácticas y recomendaciones europeas. Y, en quinto lugar, que remita a la Comisión un informe completo de los contratos activos en sectores críticos con empresas sujetas a obligaciones de colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, incluyendo medidas de mitigación.
Señorías, esta moción no cuestiona a nuestro Centro Nacional de Inteligencia ni a nuestros servicios de seguridad; al contrario, lo que pretende es respaldarlos con un marco mucho más claro.
…más sólido y más alineado con nuestros compromisos europeos y también atlánticos. Y por eso le pedimos que la lean en esa clave, la de un consenso de Estado en materia de seguridad nacional. Muchas gracias.
Gracias, señor Monago. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista y, para su defensa, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, don Víctor Ruiz de Diego.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. En primer lugar, me han sorprendido las palabras del portavoz del Partido Popular, que dice que no ha cuestionado al Centro Nacional de Inteligencia, cuando en la moción que hoy se está debatiendo se afirma: “En este sentido, resulta motivo de preocupación que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya adjudicado contratos a la empresa Huawei, de origen chino, para el suministro de tecnología vinculada a sistemas de intercepción legal de comunicaciones”. Esta frase es totalmente antitética a lo que se acaba de manifestar.
Hace escasamente, creo que treinta días, compareció el jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno y ya tuvo ocasión de deslegitimar todas y cada una de las afirmaciones que se habían hecho por el Partido Popular en lo que yo llamé entonces el culebrón del verano, el culebrón Huawei. No le ha bastado al Partido Popular ni la comparecencia del ministro del Interior, ni la de la presidenta de la OIReScon, ni la del 6 de octubre de la secretaria de Estado de Interior, ni la del jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, sino que hoy tenemos que hablar ya por quinta vez, creo, del tema Huawei.
Resulta llamativo que un partido de Estado, como dije el otro día del Partido Popular, insista en deslegitimar la acción de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son las encargadas de supervisar cómo se está aplicando precisamente la legislación en estas materias sensibles; que se pretenda deslegitimar la legislación española y europea que protege adecuadamente la contratación en ámbitos de seguridad y defensa; y, por supuesto, que se pretenda hacer creer que el Ministerio de Defensa, desde el año 2017, ha adjudicado contratos a la empresa Huawei. Todo ello deja mucho que desear respecto a la actuación del Partido Popular en una materia, la seguridad nacional, en la que todos estamos concernidos.
Desde luego, hay que destacar que la hipótesis de partida de la moción, en lo referente a que el CNI ha adjudicado contratos a la empresa Huawei, es absolutamente errónea, ya que este centro no ha adjudicado ni ha adquirido tecnología de Huawei ni de ningún otro fabricante de origen chino. Por lo tanto, la citada moción no resulta de aplicación en el presente momento.
Lo que debemos hacer, y por eso hemos presentado una enmienda, es actuar en coordinación con nuestros socios europeos y con nuestros socios de la OTAN, de manera que todas las contrataciones que por parte de España se realicen en materias sensibles se hagan con arreglo al derecho europeo y, por supuesto, una vez traspuesta esa normativa, con arreglo al derecho español, como está haciendo el presente Gobierno. En consecuencia, votaremos en contra de la presente moción si nuestra enmienda no es aceptada. Muchas gracias.
Gracias, señor Ruiz de Diego. A continuación, en turno de fijación de posiciones, dado que no están el Grupo Parlamentario Vasco, ni el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, ni el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ni el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, tiene la palabra, por parte de los Grupos Parlamentarios Plurinacional Sumar e Izquierda Confederal, don Chema Guijarro.
Gracias, presidenta. Bien, yo quiero agradecer al señor Monago el esfuerzo por presentar esta iniciativa con un cierto sentido común y razonabilidad. El problema es que, como ha dicho el anterior portavoz del Partido Socialista, esta intervención se basa en un texto escrito y, por lo tanto, ese texto deja, digamos, ciertas trazas de paranoia respecto a la República Popular China. El señor Monago decía que esto no va contra ningún país ni ninguna empresa; sin embargo, el texto es claramente un ejercicio obsesivo, una fijación casi psicoanalítica con la República Popular China. Aplicaría aquel refrán que dice: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque cuando el señor Monago advierte que la ley china obliga a sus empresas a colaborar con los servicios de inteligencia, no deja de tener razón; tiene toda la razón del mundo.
Señor Monago, el problema es que usted omite la otra parte de la verdad. Y es que, dígame usted, ¿qué gobierno garantiza que esto no se produce? Yo le voy a hablar, por ejemplo, del Gobierno de Estados Unidos o del Gobierno de Israel. Estos dos países se sabe objetivamente que han espiado a España, a autoridades españolas, a ciudadanos españoles. Es decir, que son una amenaza real, no potencial; ha ocurrido. No es que pueda ocurrir: ya ha ocurrido.
Entonces, cuando ustedes hablan de autonomía estratégica, un concepto que yo comparto y aplaudo, sin embargo se les olvida este tipo de asimetrías. Hablan ustedes de aliados. Pues mírenlo mejor, porque esos aliados que dicen ustedes que tenemos, por lo que sea, les da por espiarnos. Yo les invito a que conozcan la historia del señor Edward Snowden y todo lo que este exanalista de inteligencia norteamericano desveló sobre los métodos de recopilación de información de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y del respeto que la misma tiene por los derechos de los europeos, tanto de autoridades como de ciudadanos; más bien por la falta de respeto, ¿verdad?
Entonces, claro, señor Monago, insisto: yo podría suscribir las palabras que usted ha pronunciado al cien por cien, porque estoy de acuerdo en que hay que tener autonomía estratégica y que hay que tener cuidado con otros países que defienden intereses distintos a los de España. Pero, claro, venir con la visión —permítame usted decirle— mojigata de que están los muy buenos y los muy malos, y que los muy buenos nos quieren proteger, léase Estados Unidos, mientras que los muy malos, léase China, nos quieren comer crudos, me parece que esa visión hay que revisarla, porque la geopolítica mundial, créame, no se construye con visiones maniqueístas como esa. Gracias.
Gracias, señor Guijarro. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Alberto Asarta.
Gracias, presidenta. Desde Vox defendemos que la seguridad nacional debe salvaguardarse frente a cualquier injerencia extranjera, especialmente cuando afecta a comunicaciones, inteligencia y ciberseguridad. Resulta profundamente preocupante, y nos ha llamado la atención en esta proposición no de ley, su exposición de motivos: que el CNI haya adjudicado contratos a Huawei. Según el Partido Socialista, esto no es cierto. De todas maneras, Huawei es una empresa sometida a la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China para el suministro de tecnología relacionada con sistemas de interceptación de comunicaciones. Es decir, material sensible cuya gestión debe responder exclusivamente al interés y la soberanía de España. Y lo mismo sucede con el Ministerio del Interior; eso sí que está demostrado, asunto al que me referiré en mi intervención posterior relativa al mismo asunto y que presenta mi grupo parlamentario.
Dicha ley obliga expresamente a individuos y empresas chinos a colaborar con el aparato de inteligencia y a mantener en secreto cualquier información derivada de esa colaboración. Esto supone un riesgo objetivo cuando estas compañías acceden a infraestructuras críticas de Estados que no comparten los intereses estratégicos del régimen chino ni defienden nuestros valores democráticos. España no puede desconocer ese peligro ni actuar con ingenuidad. En lugar de reforzar la cooperación con nuestros aliados naturales —OTAN, Unión Europea y Estados Unidos—, parece que el Gobierno de España ha optado por una aproximación política y tecnológica hacia China.
Nuestros aliados ya han actuado ante esta amenaza: Estados Unidos ha prohibido a Huawei en redes y sistemas estratégicos; Reino Unido ha ordenado la retirada de sus equipos; Australia, Canadá y Nueva Zelanda han impuesto vetos y restricciones; y la Unión Europea ha recomendado reducir la dependencia de proveedores de alto riesgo. Por tanto, lo razonable y coherente es que España adopte una postura similar en defensa de su propia soberanía tecnológica.
Además, el propio JEMAD ha insistido en reforzar la cultura de seguridad nacional y anticipar amenazas híbridas que comprometan nuestros activos estratégicos. Nada de ello es compatible con permitir que empresas sujetas a obligaciones de cooperación con servicios de inteligencia extranjeros operen en sectores críticos del Estado.
Por ello, apoyamos plenamente exigir al Gobierno que dé una explicación transparente de los criterios utilizados para adjudicar contratos a empresas extranjeras sometidas a marcos legales hostiles a la soberanía española; que detalle las auditorías y controles aplicados para garantizar que no exista riesgo para comunicaciones y sistemas estratégicos; y que haga una evaluación del impacto de estas decisiones.