Congreso de los Diputados - Justicia - 4 de diciembre de 2025

Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión. Como sus señorías saben, el orden del día consiste en la comparecencia de doña Teresa Peramato Martín, a quien en primer lugar quiero agradecer su presencia ante esta Comisión, así como la de las fiscales de Sala que la acompañan, doña Emeralda Rasillo y doña Isabel García. La comparecencia se efectúa a los efectos previstos en el artículo 29.2 de la Ley 50 de 1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice expresamente que, una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados a fin de que puedan disponer de la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento, a los efectos de valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. A propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de diciembre del año en curso, acordó tomar conocimiento del informe favorable del Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre la propuesta de nombramiento y comunicar al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento de doña Teresa Peramato Martín como Fiscal General del Estado. Acuerdo del que disponen sus señorías. La Mesa de la Cámara trasladó a esta Comisión, el pasado 2 de diciembre, dicho acuerdo. Previamente a la celebración de esta sesión, se ha reunido la Mesa de la Comisión y ha decidido que el formato de esta comparecencia seguirá las pautas y los precedentes establecidos en anteriores ocasiones. Por lo tanto, en primer lugar, tendrá lugar la intervención de la compareciente.

Por el tiempo que estime oportuno y después los grupos parlamentarios dispondrán, tal y como hemos acordado, de un máximo de diez minutos, de menor a mayor. Y el compareciente o la compareciente podrá después tomar de nuevo la palabra para las respuestas a las preguntas o sugerencias de los diferentes grupos parlamentarios. Por lo tanto, sin más preámbulos, tiene la palabra doña Teresa Peramato Martín. Muchísimas gracias. Señor presidente, señorías, buenos días. Es un honor para mí comparecer ante esta Cámara, sede de la soberanía popular, tal y como ha mencionado el señor presidente, con el fin de exponer y someter a su consideración mi trayectoria, méritos e idoneidad como candidata para asumir el cargo de fiscal general del Estado, tal como establece el artículo 29, párrafo segundo, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Quiero, en primer lugar, reconocer en esta sede parlamentaria la labor desempeñada por todos y cada uno de mis antecesores, por quienes tuvieron el inmenso privilegio de ostentar la más alta jefatura del Ministerio Público, y en particular quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española. No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los fiscales de este país. Cuento con todos ellos. El Ministerio Público, como bien saben sus señorías, es un órgano de relevancia constitucional, regulado en nuestra Constitución en el artículo 124, incardinado en el título VI relativo al Poder Judicial, en el que se integra con autonomía funcional. El diseño de la institución que trazó el legislador constituyente nos convierte en mucho más que meros promotores de la acción pública; nos reconoce como auténticos garantes de la ley, ni más ni menos. Nuestros principios rectores, también consagrados por el legislador constituyente, son, por un lado, la legalidad y la imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica. Este último principio, a veces, ha sido utilizado, y no en pocas ocasiones, para sembrar dudas injustificadas sobre nuestra actuación. Desde ahora les digo, señorías, que ello supone desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos y, desde luego, el trabajo diario de 1.804 fiscales que componen el Ministerio Público. La relevancia del Ministerio Fiscal en nuestro Estado de Derecho supone que el cargo de fiscal general del Estado sea el único en cuyo proceso de designación intervienen los tres poderes del Estado, culminando con su nombramiento por Su Majestad el Rey. La propuesta de nombramiento se formula por el Poder Ejecutivo. Este es el modelo por el que optó la Constitución Española de 1978. Es un modelo que no es, ni mucho menos, insólito ni, por supuesto, exclusivo o privativo de nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, es el sistema que se sigue en la práctica totalidad de los ordenamientos de los países de nuestro entorno, sin que ello haya supuesto en ningún caso sembrar duda alguna sobre la imparcialidad o la autonomía de la institución. Incluso, déjenme recordarles, señorías, que es el modelo de la Fiscalía Europea: el Fiscal General Europeo es nombrado por el Parlamento y por la Comisión de la Unión Europea, integrada, como saben, por representantes de los gobiernos de los Estados que la componen. La audiencia del Consejo General del Poder Judicial para el examen de los requisitos legales del nombramiento supone la participación del Poder Judicial, en cuyo ámbito, como ya he dicho, se integra con autonomía funcional el Ministerio Fiscal, y reviste así a la institución de independencia frente a los otros dos poderes del Estado. Esta comparecencia ante el Congreso, ante el órgano de representación democrática, tiene por finalidad someter al escrutinio ciudadano el proyecto de la persona candidata a fiscal general del Estado, sus méritos e idoneidad para el cargo. Por ello, es mi intención desgranar aquí, ante sus señorías, el plan de actuación que propongo desarrollar y los objetivos fundamentales que pretenderé conseguir si finalmente soy designada para este cargo. Comenzaré por exponerlos.

Muchas gracias. Permítanme ofrecer unas breves notas sobre mi trayectoria profesional, que, como todos saben, ha estado marcada por la lucha por la erradicación de la violencia de género y por la atención y protección a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas, que también lo son. Ingresé en la carrera fiscal en el año 1990; por tanto, soy fiscal desde hace más de 35 años. Tras mi paso por las fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, llegué a Madrid en el año 2001. En 2005 fui designada fiscal delegada de la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid. Como recordarán, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, acababa de entrar en vigor. Estaba todo por hacer. Desde esa responsabilidad me encargué de la puesta en marcha de la especialidad en la fiscalía más grande y compleja de nuestro país, dirigiendo la Sección con la mirada siempre puesta en las víctimas. En 2010 pasé a ser fiscal adscrita a la primera Fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, nuestra admirada y recordada excelentísima señora doña Soledad Cazorla Prieto. De esta etapa destaco mi participación en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en la redacción de una de las circulares más importantes: la Circular 6/2011 de la Fiscalía General del Estado, titulada “Sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer”. Fueron años muy intensos en los que la especialidad se consolidó definitivamente hasta convertirse en lo que es hoy: un referente no solo europeo, sino también mundial, en la lucha contra la violencia de género. En 2018 fui nombrada fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde pude afianzar una visión transversal e integral de la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas. En 2021 tuve el honor de ser promovida a la primera categoría de la carrera fiscal y designada Fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer. Durante mi mandato, tuve como prioridad integrar definitivamente en nuestra actuación no solo la perspectiva de género, sino también la de la infancia y los derechos de la niñez, así como la perspectiva de la víctima, sin desconocer el trauma complejo al que han sido sometidas, para ofrecer un tratamiento adecuado centrado en su bienestar, respeto, reparación y participación en el proceso. Como coordinadora estatal de la Fiscalía en materia de violencia sobre la mujer, elaboré, conjuntamente con mi equipo —a quienes agradezco su permanente disposición—, diversos dictámenes que fueron determinantes en cada momento: la aplicación del régimen de visitas a los hijos e hijas de personas condenadas o en prisión provisional que se encontraban en centros penitenciarios; el límite máximo de la prisión provisional por actos de violencia de género; múltiples dictámenes sobre dispositivos telemáticos de protección; las amenazas vertidas a través de terceros; la prohibición de aproximación en los delitos de deberes familiares; o la protección del nasciturus. También abordé cuestiones de indudable interés, como el tratamiento del inexistente síndrome de alienación parental. Trabajamos intensamente contra la violencia vicaria y otras manifestaciones de la violencia sobre la mujer. En la actualidad, desde el 15 de enero de 2025, desempeño el cargo de Fiscal de Sala, jefa de una de las Secciones Penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En marzo de ese mismo año, además, fui designada Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de todas las víctimas en el proceso penal. A lo largo de mi trayectoria he participado en numerosos cursos, jornadas y conferencias; he publicado diversos trabajos y artículos, y he intervenido en foros tanto nacionales como internacionales, particularmente en el ámbito iberoamericano y en el ámbito europeo, en concreto en el Parlamento Europeo y en el Congreso de México. Mis opiniones, plasmadas en diferentes proyectos internacionales, fueron citadas, por ejemplo, en el proyecto de ley sobre discriminación y feminicidio de Uruguay. He intervenido asimismo en la Subcomisión de Igualdad de este Congreso para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

de participar en la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de Madrid para informar sobre la situación y las necesidades de reforma para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género en esta comunidad. Antes de terminar este pequeño repaso por mi trayectoria, quiero apuntar algo que para mí siempre ha sido esencial: el contacto con la sociedad civil. El Ministerio Fiscal ha de estar siempre al servicio de la ciudadanía. Para prestar el mejor servicio, para atender sus necesidades de la mejor manera posible y para dar la respuesta más adecuada a sus problemáticas, es imprescindible abrir las puertas de las instituciones. Por ello, siempre he estado dispuesta y seguiré estándolo a recibir a las víctimas, a las asociaciones y a otras organizaciones de ciudadanos y ciudadanas. Soy también consciente de la inestimable importancia de la cooperación institucional. Solo cuando todo el engranaje del Estado social y democrático de Derecho se coordina podemos operar en nuestras más altas cotas de eficiencia. Les aseguro, señorías, que durante mi mandato como fiscal general del Estado, si finalmente soy designada, trabajaré para mantener una fluida relación con todos los operadores de justicia, así como con todas las instituciones y organismos implicados en cada una de las materias en las que actúa la Fiscalía. Quiero ahora centrarme, señorías, en algunos de los múltiples y diversos retos que ha de acometer el Ministerio Fiscal en el futuro más próximo. De estos retos, quizá el de mayor trascendencia sea el cambio del modelo procesal penal. Señorías, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido reformada en más de cincuenta ocasiones desde que entró en vigor la Constitución Española de 1978, se ha revelado como una norma obsoleta, como una norma agotada. Nos encontramos ante la necesidad de dar respuesta a nuevas exigencias de una sociedad que cada vez es más dinámica y compleja. El progresivo aumento de la litigiosidad, la excesiva dilación de la reacción penal, la proliferación de una delincuencia cada vez más organizada, compleja y sofisticada, las implicaciones transfronterizas, el auge de las nuevas tecnologías, las necesidades de una efectiva protección y reparación de las víctimas y las discordancias de la legislación procesal con otros modelos del derecho comparado convierten en definitivamente necesaria una reforma estructural de nuestro sistema de justicia penal para dotarlo de mayor agilidad y eficacia, por supuesto sin merma alguna de las garantías procesales. Créanme, señorías, cuando les digo que nuestro sistema procesal es una verdadera rara avis en el entorno europeo e internacional. En un momento en el que la lucha contra la delincuencia transnacional y la cooperación entre órganos de justicia nacionales e internacionales es cada vez más necesaria, esta distorsión entre ordenamientos provoca no pocas disfunciones en la práctica. A ello se une la entrada en funcionamiento en nuestro país de la Fiscalía Europea, a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Esta norma precisó de unos ajustes particularmente complejos en nuestro ordenamiento por la singularidad de la instrucción judicial que rige todavía hoy en nuestro país. Hace casi un cuarto de siglo, el denominado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya entonces se concebía como una actuación imprescindible para culminar el proceso de modernización de nuestras leyes procesales. Esta encomienda ha sido abordada por gobiernos de distintos signos. El primer intento tuvo lugar con el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2011, que no fue llevado a Cortes por la prematura finalización de la legislatura. El siguiente Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, la creación de una comisión institucional cuyos trabajos culminaron en una propuesta de Código Procesal Penal que, si bien no llegó a plasmarse en ningún instrumento prelegislativo, compartía íntegramente los principios rectores del texto anterior. Su exposición de motivos proclamaba expresamente la obsolescencia del sistema actual y el clamor en favor de su sustitución por otro que atribuyera la instrucción y la investigación al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía española.

Se aprobó un nuevo anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue objeto de un exhaustivo y riguroso informe del Consejo Fiscal, aprobado por unanimidad de todos los vocales, y que se sometió también al análisis del conjunto de la carrera fiscal. Tienen ahora, señorías, la oportunidad de culminar este perentorio y ya demasiado largo proceso. El 28 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario como proyecto de ley. La importancia de esta reforma para la justicia y para toda la ciudadanía es crucial; trasciende a la lógica de partidos y a la contienda política. Por ello, quiero hacer desde aquí un llamamiento público al consenso parlamentario, para que esta histórica y transformadora norma de nuestra vetusta justicia penal sea aprobada desde el diálogo y el consenso, en favor del superior interés de la sociedad española. El Ministerio Fiscal, les puedo asegurar, tiene características y herramientas que le convierten en un actor óptimo para esta misión. De hecho, el sistema acusatorio es el que fluye con mayor naturalidad del texto constitucional, que atribuye a los jueces la función de juzgar y ejecutar lo juzgado y al fiscal el ejercicio de la acción pública. Por un lado, el Ministerio Fiscal, en cuanto organización pública, se sujeta de forma imparcial a la legislación vigente y actúa con unidad de actuación en la interpretación de la ley y en la ejecución de la política criminal. La unidad de criterio que preside la actividad del Ministerio Fiscal resulta el vehículo realmente idóneo para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es la esencia de cualquier Estado democrático de derecho. Por otro lado, nuestro grado de especialización en materias muy complejas y nuestra estructura territorial y organizativa nos facultan para alcanzar las mayores cuotas de eficiencia y niveles de éxito superiores. Como declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una reciente sentencia de 30 de abril de 2024, la independencia del Ministerio Fiscal no queda en entredicho por asumir el ejercicio de la acción pública, y su naturaleza de autoridad imparcial es compatible con las instrucciones internas de sus superiores jerárquicos. En definitiva, señorías, el Ministerio Fiscal está sobradamente preparado y contamos con la experiencia necesaria para asumir ese desafío con la mayor eficacia y el mayor rigor. La actividad extraprocesal desarrollada por la Fiscalía a través de sus diligencias de investigación constituye la antesala del modelo procesal que el prelegislador trata de impulsar desde hace ya muchos años. La publicación de la Circular 2/2002 de la Fiscalía General del Estado, titulada “Sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal”, constituye un sólido instrumento doctrinal de unificación de criterios y desarrolla, dentro del marco legal, las potencialidades de la actividad investigadora de los y las fiscales. Según los datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se incoaron 15.504 diligencias de investigación, un 7,1% más que en el año anterior, datos que demuestran la sólida eficiencia de esta actividad investigadora del Ministerio Fiscal. El cambio de modelo procesal, señoras y señores diputados, ha de llevar consigo, sin ninguna duda, un replanteamiento de la normativa reguladora del Ministerio Fiscal y un blindaje de su autonomía e independencia en todos los ámbitos: organizativo, funcional, presupuestario, formativo y también en el ámbito digital. Esta es, sin duda, una tradicional reivindicación de la Fiscalía española, puesta de manifiesto por todos mis antecesores en esta misma comparecencia. Junto al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encuentra en tramitación una reforma de calado de nuestro Estatuto Orgánico, que apunta ya a importantes mejoras en materia de autonomía. Entre ellas puedo citar algunas: la nueva regulación de la duración del mandato del Fiscal General del Estado, no acompasada al del Gobierno que lo nombra; una mayor transparencia en las comunicaciones, que deberán hacerse por escrito y ser objeto de registro; el agotamiento de la potestad sancionadora en la figura del Fiscal General del Estado, sustrayéndola, por tanto, del Ministerio de Justicia; y el reforzamiento del papel de los Fiscales de Sala, que podrán imponer su criterio.

Reformas como la exigencia de una mayoría de tres quintos o el sistema de designación del fiscal encargado de la investigación son importantes mejoras, pero aún aspiramos a más. Mi propósito, señorías, es impulsar durante mi mandato, si soy elegida, las actuaciones y reformas precisas para seguir avanzando en autonomía y, en especial, en la imprescindible autonomía presupuestaria, que debe garantizarse aun cuando sea de forma progresiva. Igualmente, me propongo consolidar y mejorar nuestra autonomía formativa. En esto hemos de reconocer que hemos dado pasos de gigante a consecuencia de la aprobación del Real Decreto 312/2019, que regula el Centro de Estudios Jurídicos y que cedió a la Fiscalía General del Estado las competencias en planificación de la formación de la carrera fiscal. Creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea. Por lo que respecta a la autonomía individual de los fiscales y de las fiscales, me propongo, desde el máximo respeto a los principios constitucionales de unidad y dependencia jerárquica, garantizarla a través de una mayor clarificación, homogeneización y transparencia del régimen de dación de cuenta de las discrepancias, de la toma de decisiones y de la formación del criterio de la Fiscalía. Otra reflexión, que no por poco novedosa resulta menos perentoria, es la de la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, que sin duda debe tener reflejo en el personal auxiliar de las fiscalías. Al déficit estructural de medios personales se unen las crecientes funciones que, con las últimas novedades legislativas, se atribuyen al Ministerio Fiscal, más aún con la futura entrada en vigor del nuevo modelo procesal, que aconseja adaptar las plantillas y los medios de apoyo de manera progresiva. Según advierte, y a mí me parece muy importante, el informe del Consejo de Europa sobre eficiencia de la justicia del año 2024, España supera la media europea en presupuesto judicial por habitante, pero aún mantiene una ratio inferior de fiscales por habitante en relación con los países de nuestro entorno. El plan trienal presentado por la Fiscalía General del Estado en junio del año 2021 contemplaba unas necesidades mínimas de 349 plazas. Desde el año 2022 se han creado 261 plazas de fiscales. Muy brevemente: 60 por Real Decreto de 2022, 80 por Real Decreto de 2023, 79 por Real Decreto de 2024 y el último, Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, que ha creado 42 plazas. Asimismo, se han reconvertido 219 plazas de abogado fiscal a fiscal de segunda categoría, lo que ha supuesto un importante reequilibrio entre las categorías. Reconocemos al Ministerio de Justicia este esfuerzo, pero sin duda sigue siendo insuficiente para paliar el déficit estructural con el que nos encontramos. Seguro que convienen conmigo en que la inversión en justicia siempre es rentable para un Estado, no solamente en términos económicos, sino también de cohesión social. En materia de igualdad, me propongo seguir promoviendo la paridad y las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Según los últimos indicadores sociológicos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el 66% de la carrera fiscal está compuesta por mujeres y estas ocupan el 46% de los cargos directivos. Son buenas cifras. Hemos incrementado desde el año 2019 ocho puntos porcentuales. Es mi idea seguir trabajando en ese avance. A continuación, quiero hacer una breve referencia a algunos ámbitos concretos de nuestra actividad. Van a permitir sus señorías que comience por aquella materia a la que he dedicado la mayor parte de mi trayectoria, no solo profesional, sino también vital: la erradicación de la violencia sobre la mujer y la lucha por la igualdad de género. La violencia sobre la mujer constituye, sin ninguna duda, una violación de los derechos humanos y es la más grave manifestación de discriminación por razón de género. Atenta, pues, contra valores y principios más elementales que deben regir la sociedad democrática. Combatirla con todos los medios necesarios es una obligación que nos apela a todos los poderes públicos y muy especialmente al Ministerio Fiscal, como garante de los derechos de la ciudadanía, del interés público y del interés social. Decía antes que la Fiscalía española es pionera en esta lucha y, no solo eso, es ejemplo y referente nacional.

En el ámbito nacional, europeo e internacional, así nos lo ha reconocido en varias ocasiones el Consejo de Europa. Permítanme que les dé algunos datos; no puedo prescindir de ello. Desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, a día de hoy —y sin computar todavía el fatídico hecho ocurrido ayer, cuya naturaleza se está comprobando—, 1.337 mujeres. Desde el año 2013, 65 niños y niñas han perdido su vida en contextos de violencia de género, 32 de ellos por violencia vicaria. En lo que va de año, salvo que el de ayer se pueda computar, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas; solamente diez habían denunciado algún acto de violencia previamente. Han quedado huérfanos 23 niños y niñas. Tres niños han perdido la vida en contextos de violencia de género, dos de ellos por violencia vicaria. Durante mi mandato como fiscal de Sala coordinadora, por primera vez —y creo que es una cuestión importante—, se incluyó en la Memoria de la Fiscalía General del Estado la utilización del término feminicidio para denominar estos crímenes, porque consideramos que a las cosas hay que llamarlas por su nombre; lo que no se nombra no cuenta. El negacionismo, señorías, pone en grave riesgo a las víctimas y las despoja de su condición. Los poderes públicos no podemos dar un paso atrás; la sociedad española no se puede permitir que demos ni un solo paso atrás. Los poderes públicos hemos de ser firmes en esta lucha, que ha de ser la de la sociedad democrática en su conjunto. Voy a dar más datos, estos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial. En 2024 fueron 50 los feminicidios consumados; dejaron 27 menores huérfanos. Se presentaron 199.094 denuncias, una cifra similar a la del año anterior. Se solicitaron 49.268 órdenes de protección y se concedieron el 67,48%. Estas son algunas cifras del horror. Durante mi mandato me propongo continuar el mismo compromiso que siempre he mantenido con las víctimas. Pretendo seguir atendiendo prioritariamente su protección, desde una visión holística e integral; trabajar para que se sientan amparadas y acogidas por el sistema de justicia, removiendo los obstáculos y dificultades que se plantean y que son origen en muchísimas ocasiones de una victimización secundaria. Me comprometo también a continuar poniendo el foco en la violencia vicaria, esa que instrumentaliza a los niños y niñas con la sola intención de hacer el máximo daño posible a sus madres. Lo he dicho en múltiples ocasiones y lo quiero repetir aquí: si no protegemos a las madres, no protegemos a los niños. La protección tiene que abarcar a toda la unidad familiar. Asimismo, abordaré, por supuesto, las nuevas competencias en materia de violencia sexual que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de Justicia, asumen los y las fiscales especialistas en violencia de género, todo ello con el fin de asegurar el mejor y más eficaz cumplimiento de nuestras funciones, con las víctimas, de nuevo, en el centro de nuestra actuación. Otros datos: según el informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior del año 2022, el 86% de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual son mujeres o niñas. Del 14% restante, y este es un dato también muy preocupante, la mayoría —próxima a un 50%— eran niños menores de 18 años. Señorías, la violencia sexual que afecta a las mujeres definitivamente es violencia de género; es violencia sobre la mujer por razón de género, de conformidad con la declaración contenida en la Recomendación decimonovena del CEDAW y también la definición contenida en el artículo 3 del Convenio de Estambul, del que somos parte y que nos vincula a todos. Por supuesto, me propongo seguir profundizando en la aplicación del enfoque de género, ya recogido como principio normativo en el artículo 4 de la Ley 3/2007, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y que ha sido desarrollado como elemento normativo vinculante en la Circular 1/23 de la Fiscalía General del Estado. Un enfoque de género, por cierto, que no debe entenderse privativo del ámbito de la violencia sexual o de la violencia de género; ha de ser aplicado como herramienta transformadora que tiene en cuenta las condiciones estructurales de desigualdad en todos los ámbitos y en todos los supuestos en que resulte procedente.

En materia de protección y tutela de las víctimas, de la que en la actualidad soy fiscal delegada, es mi firme propósito dotar a los y las fiscales de las herramientas doctrinales necesarias para unificar los criterios de actuación en esta materia, de manera que se aprovechen al máximo los recursos que nos da el ordenamiento jurídico para proporcionar protección, atención y acompañamiento en el proceso. En relación con las víctimas menores, continuaré impulsando la participación de la Fiscalía en la implantación del modelo Barnahus del Consejo de Europa, que, como saben ustedes, pretende dotar de los medios necesarios para establecer una justicia amigable para niños y niñas, evitando desplazamientos y una excesiva burocratización en la práctica de sus declaraciones, de manera que el proceso penal tenga el menor impacto posible sobre ellos. Precisamente en la jurisdicción de menores me propongo prestar particular atención a la vertiente de protección y a aquellos niños y niñas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que se extrema cuando hablamos de los menores extranjeros no acompañados. Es función del Ministerio Fiscal ampararlos en sus derechos en todos los ámbitos, a través, entre otras cosas, de procedimientos de determinación de la edad que sigan los más altos estándares internacionales. En materia de extranjería, continuaré promoviendo los derechos humanos de las personas migrantes e impulsando la persecución de las redes criminales de trata. Por ello, reforzaré la coordinación entre las unidades de trata de seres humanos y extranjería, y las de violencia sobre la mujer, para lograr la mejor y más eficaz respuesta en los delitos de trata con fines de explotación sexual cometidos sobre mujeres, de conformidad con las nuevas competencias que han sido atribuidas a las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia. El principio de igualdad es la clave de bóveda de nuestro sistema de libertades. De acuerdo con los datos de la última memoria, el principal motivo de discriminación en nuestro país es el racismo y la xenofobia, seguidos de la homofobia y la LGTBIfobia. La creación en 2022 de la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado fue una excelente noticia para la sociedad española, al igual que la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que visibiliza nuestro compromiso con los valores constitucionales y los derechos humanos. Ambas unidades especializadas se han consolidado durante estos dos años y mi compromiso es continuar con su impulso. La potenciación de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado no es solo una cuestión técnica, sino un compromiso ético y estratégico frente a uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro tiempo: el cambio climático. Ante discursos negacionistas debemos reafirmar que la evidencia científica es clara y contundente. Ignorarla agrava las consecuencias para nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro futuro. Fortalecer esta unidad de la Fiscalía General del Estado significará dotarla de recursos y respaldo institucional para garantizar que la protección del medio ambiente sea una prioridad real, basada en datos y no en discursos que niegan esa realidad. La Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado se erige como un elemento esencial en la arquitectura orgánica de nuestra Fiscalía. Proyecta su labor más allá de nuestras fronteras y consolida la presencia de España en el ámbito jurídico global. Su naturaleza transversal impregna todas las áreas de actuación y garantiza que la cooperación transnacional no sea un mero complemento, sino un principio rector que fortalece la eficacia de nuestra respuesta frente a los desafíos actuales. Es justo reconocer el compromiso y la excelencia de los fiscales que, con su trabajo, han situado a la Fiscalía española como puente entre el espacio judicial europeo y el resto del mundo, especialmente con los países iberoamericanos. Esta condición nos otorga una responsabilidad singular: ser interlocutores fiables y constructivos en la búsqueda de soluciones compartidas, fortaleciendo la confianza mutua y contribuyendo a la consolidación de un espacio jurídico más seguro, más justo y cohesionado. Vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico.

Y la delincuencia organizada que trasciende fronteras y exige firmeza del Estado. Por nuestra situación geográfica, nuestros puertos marítimos y el Estrecho se han convertido en una de las principales puertas de entrada de droga a Europa. Las organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos utilizando embarcaciones de alta velocidad para burlar la acción policial. Por ello, entre otras muchas actuaciones a las que se enfrenta el Estado español, resulta imprescindible avanzar en la tipificación como delito de las conductas consistentes en almacenamiento y transporte de gasolina destinada a abastecer las narcolanchas. Pero en esa lucha no podemos estar solos, no podemos librarla en solitario. El narcotráfico es un fenómeno transnacional y requiere una sólida cooperación internacional. La Fiscalía española está y seguirá estando en primera línea, trabajando con los fiscales europeos e iberoamericanos para desmontar esas redes. El imparable desarrollo de las tecnologías de la información ha transformado nuestra forma de vivir, pero también ha abierto una puerta a nuevas amenazas que desafían la seguridad y la confianza en el espacio digital. La ciberdelincuencia no es un riesgo abstracto; afecta a ciudadanos, a empresas, a instituciones y exige una respuesta firme y coordinada. En este contexto, la red de fiscales especialistas se erige como un pilar esencial, aportando conocimiento y rigor en la lucha contra las estafas y defraudaciones en línea que socavan nuestro tejido económico y social. Pero también nos preocupa —y es una de nuestras mayores responsabilidades— proteger a los más vulnerables. Los ataques contra la libertad sexual de menores en entornos digitales constituyen una agresión intolerable que requiere toda nuestra determinación. Hoy reafirmo mi compromiso. La justicia no puede tener fronteras tecnológicas; con cooperación, con especialización y con firmeza seguiremos trabajando para que la tecnología sea sinónimo de progreso y nunca de impunidad. Permítanme ahora que hable de otro fenómeno delincuencial que socava las bases de cualquier Estado de derecho: los delitos relacionados con la corrupción. La sociedad española ha adquirido en los últimos años plena conciencia de la gravedad de estas prácticas, fruto de su dañina repercusión en la gestión de lo público, en el desarrollo económico del país y en el propio Estado del bienestar. Quiero poner de relieve la importancia de la creación, el año pasado, en 2024, de dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado: la Unidad de Delitos Económicos y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Estas especialidades vienen a reforzar y complementar la valiosa labor realizada —y que están realizando— por la Fiscalía Especial Anticorrupción. Es mi propósito fomentar la coordinación y el impulso, en todo el territorio nacional, de estas dos nuevas unidades dedicadas a la lucha contra el fraude fiscal y las distintas modalidades de corrupción, para que así se incremente nuestra efectividad en todo el territorio nacional. No quiero, señorías, extenderme demasiado en esta comparecencia, para darles a ustedes el debido tiempo y someterme a sus preguntas y consideraciones. Sí quiero señalar mi voluntad de reforzar aquello que se ha convertido en seña de identidad de la institución a la que quiero representar: la especialización. De ahí provengo, ahí he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional y conozco bien sus necesidades y su enorme potencialidad. No puedo referirme ahora a todas ellas, pero tengan por seguro que mi proyecto de actuación se centrará particularmente en su fortalecimiento y desarrollo. Nada más, señorías. Me pongo a su entera disposición para contestar a las cuestiones que quieran plantearme, no sin antes comprometerme ante ustedes y ante la sociedad española a ejercer esta alta magistratura, una de las más importantes del Estado, desde la más absoluta responsabilidad, dedicación, imparcialidad y lealtad institucional. Y, desde luego, sin perder nunca el pulso a la sociedad a la que sirvo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Peramato. A continuación, tendrán la palabra los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, como hemos dicho, por un turno de diez minutos. Les pido a sus señorías que se ajusten al mismo.

En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda. Muchas gracias, presidente, y buenos días, señora Peramato. Tomo la palabra brevemente para manifestar que, a nuestro juicio, su dilatada carrera en el Ministerio Fiscal y, cómo no, su compromiso —como usted ha relatado— en la lucha contra la lacra de la violencia sobre la mujer, la violencia de género, y en la atención a sus víctimas, dan buena cuenta de su idoneidad y competencia profesional; en definitiva, de su legitimidad de origen para ocupar el puesto de fiscal general del Estado para el que ha sido propuesta por el Gobierno. Y simplemente, señora Peramato, desearle acierto y suerte —que siempre se necesitan— en su futura responsabilidad, y que de su ejercicio pueda predicarse la misma legitimidad que la de origen que le precede; será bueno para todas y para todos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. A continuación, en nombre del Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenida, señora Peramato. Gracias por explicarnos su plan de actuación de manera rigurosa. Como supondrá, desde Euskal Herria Bildu, como formación independentista que somos, tenemos una percepción, podríamos decir, ajena a lo que es tanto el Poder Judicial como el Ministerio Fiscal. Ahora bien, esto no nos hace abstraernos de la realidad; nos hace tomar parte y denunciar hechos que consideramos que se deben denunciar desde una posición de responsabilidad y de sentido común. Por eso, antes de centrarme en su comparecencia, me gustaría hacer una reflexión sobre por qué estamos hoy aquí. Creemos que hay que denunciar lo ocurrido con su predecesor, el fiscal general del Estado, señor García, que hace tres años comparecía durante el verano por un cambio que se produjo por cuestiones de salud de su predecesora. Nos encontramos entonces ante una situación que ya apuntaba lo que podía ocurrir: un Consejo General del Poder Judicial “okupa” —podemos calificarlo así porque estaba fuera de su mandato y controlado por la derecha y la extrema derecha políticas— en el que varios de sus miembros se posicionaron en contra de ese nombramiento. En esa situación, que hoy en día es cierto que no se ha repetido, el Partido Socialista resolvió la cuestión junto con el Partido Popular. Creemos que no fue una solución acorde con lo que le pedíamos otras formaciones; podemos encontrarnos en el futuro —si no nos encontramos ya— ante una situación curiosa en el Consejo General del Poder Judicial. Desde nuestro punto de vista se resolvió mal, pero se resolvió. Ahora bien, lo que hemos vivido con el fiscal general del Estado —y quiero decir que pueden alejarme muchas de sus posiciones y no estar de acuerdo con muchos de sus planteamientos— considero que es una injusticia. Como decía Montesquieu, no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el color de la justicia. Pues bien, creemos que lo que se ha sufrido con el fiscal general del Estado lo evidencia: han transcurrido dos semanas desde que sabemos el resultado de la sentencia, pero no conocemos la sentencia, y al mismo tiempo —y hoy mismo— estamos conociendo hechos cuanto menos irregulares, que dejan en evidencia lo que ha ocurrido. Es cierto que algunos de los miembros de esta comisión y de este Congreso solemos emplear un anglicismo que no le gusta mucho al señor ministro Bolaños: el de lawfare. Pues bien, yo creo que estamos ante un caso de libro de guerra judicial, por parte de un tribunal, de una Sala, altamente politizada, que ha actuado con impulso político. ¿Acaso esto de la guerra judicial es algo nuevo en España?