Buenos días a todas y a todos. Se abre la sesión. Se procede a la tramitación del orden del día, cuyo objeto es la celebración de la comparecencia de la secretaria de Estado de Seguridad para presentar las líneas generales de su departamento. Tiene la palabra la señora secretaria de Estado, doña Aina Calvo Sastre.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, bon dia, boas mañás, egun on. Señorías, comparezco a petición propia para presentarles las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad, que tengo el honor de dirigir.
Desde el pasado mes de junio desempeño este cargo. Agradezco la confianza que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha depositado en mí para desempeñarlo. Antes de iniciar mi intervención, quiero dedicar un recuerdo emocionado y dolido al policía nacional fallecido en Valencia la semana pasada, así como trasladarles mi público reconocimiento a los agentes heridos en las últimas operaciones de lucha contra el crimen organizado, a quienes deseo pronta y completa recuperación.
Estos episodios nos muestran la magnitud de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los desafíos que afrontan al servicio de la seguridad pública de nuestro país. Una labor sacrificada para la que cuentan con el apoyo y respaldo absoluto del Ministerio del Interior y del Gobierno de España.
La semana pasada tuve la oportunidad de explicar a los miembros de la Comisión de Interior del Senado, y les reitero ahora a ustedes, que en la Secretaría de Estado de Seguridad asumo un legado que considero muy positivo, consecuencia de una estrategia que desde 2018 ha apostado con claridad por la inversión en recursos, la modernización y la innovación. Ha sido, es y seguirá siendo un modelo de gestión basado en la planificación detallada de las distintas acciones que deben conducirnos a la consecución de los objetivos fijados. Una planificación que incluye siempre mecanismos de evaluación de los planes ejecutados para detectar posibles mejoras orientadas a incrementar la eficacia de nuestras políticas.
Este es uno de los éxitos del Ministerio del Interior y una de las fortalezas de la Secretaría de Estado de Seguridad, porque las políticas de seguridad pública y de protección de derechos han de desarrollarse siempre sin perder de vista la perspectiva del largo plazo. Mi pretensión es continuar e intensificar esta estrategia de gestión, que entiendo la más adecuada para afrontar los importantes retos que enfrenta la prestación del servicio público de seguridad en sociedades modernas y avanzadas como la española.
Señorías, seguramente comparten conmigo que el terrorismo sigue siendo una de las más graves amenazas que enfrentan no solo la democracia española, sino nuestro modelo europeo en su conjunto. Hoy nos desafía el riesgo que suponen las organizaciones yihadistas vinculadas o desgajadas de las distintas ramas de Al Qaeda y el DAESH, así como la amenaza que representan actores individuales o pequeñas células autorradicalizadas a través de Internet. No me cansaré de insistir en la probada eficiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y expresamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo, una lucha articulada en torno a la acción preventiva y la investigación especializada.
La actuación policial está alineada con los principios de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo que sus señorías conocen, un marco político-estratégico que ha convertido el rechazo al terrorismo por parte de la sociedad española en una acción concertada entre el Estado y la ciudadanía. Sin duda, la unidad política y social en este ámbito, forjada durante una dilatada historia de lucha contra el terrorismo, ha contribuido a la consolidación de una estrategia que se anticipa a la violencia terrorista al propiciar que se combata también desde su antesala.
Por ello, y en concordancia con las agendas de seguridad internacionales, la nueva Estrategia ratifica la incorporación del extremismo violento de todo signo como otra de las amenazas graves a la seguridad nacional. Para ello, contamos con el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta, que incluye acciones de intercambio y gestión de información, con protocolos de actuación y coordinación de las instituciones implicadas, así como acuerdos internacionales con aquellos países de interés estratégico nacional en la mejora de la eficacia en la prevención de la radicalización violenta, como son Reino Unido, Francia, Bélgica o Estados Unidos, entre otros.
Quiero mencionar expresamente también el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo, que ha permitido impulsar numerosas acciones policiales y cuenta con la colaboración y aportaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Señorías, reitero que la planificación y la evaluación son los pilares esenciales de nuestro modelo de gestión.
También en la lucha contra la criminalidad organizada, fenómeno articulado en torno a redes transnacionales de delincuencia o de colaboración que requieren de una visión global para enfrentarlas. En este ámbito, la actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que de ella dependen se adecua a la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, cuya presentación pública tuvo lugar la semana pasada. De este documento, esencial para nuestra convivencia social, quiero destacar su carácter integral y proactivo, así como su adaptabilidad para responder a la rápida transformación que experimenta el crimen organizado en todas sus manifestaciones. La Estrategia percibe el fenómeno en toda su dimensión y asume que la cohesión social frente al crimen organizado es imprescindible, a la par que apuesta por la resiliencia y la sensibilización social. Entiende que este fenómeno delincuencial erosiona a la sociedad en su conjunto y no solo desde la perspectiva estricta de seguridad. Así lo considera también la Unión Europea, y ese es el criterio establecido para el ciclo 2022-2025 en el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas.
Por lo que se refiere a las medidas orientadas a la protección y a la seguridad, la Estrategia, por supuesto, mantiene las acciones judiciales y policiales contra el crimen organizado, que son, sin duda, capacidades esenciales del Estado como línea de choque y protección frente a la criminalidad. La principal actividad delictiva del crimen organizado es el tráfico de drogas. En este sentido, la cooperación internacional es fundamental para abordar un problema que es mundial, por lo que la Secretaría de Estado de Seguridad participa en foros internacionales convocados por diferentes programas de cooperación europea con Asia Central y América Latina, entre otros.
En lo que a las acciones policiales se refiere, de nuevo pongo el foco en nuestra planificación, de la que el mejor ejemplo es el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algunos datos importantes. Uno de los ejes estratégicos del Plan ha sido el refuerzo de las plantillas policiales en las seis provincias en las que se despliega, que han crecido un 14,3% de media desde su puesta en marcha en 2018. Hay más policías y guardias civiles que nunca desplegados en el territorio, con unas muy mejoradas condiciones laborales y un destacado refuerzo, cuantitativo y cualitativo, de su formación profesional. Además, hemos puesto a su disposición todos los medios necesarios para desarrollar su cometido, con una inversión que en estos siete años supera ya los 140 millones de euros. Solo en los diez primeros meses de este año, Policía Nacional y Guardia Civil han activado más de 11.200 operaciones contra las redes de narcotráfico, han practicado más de 4.600 detenciones, han decomisado 222,5 toneladas de droga, han intervenido más de seis millones de euros y han incautado 963 vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Estos son los datos.
Quiero reiterar el total respaldo del Gobierno a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cada día en el territorio combaten las manifestaciones más violentas de la criminalidad organizada y sufren sus acciones despiadadas. Cuentan con todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por su enorme implicación y su contribución a favor de nuestra libertad y de nuestra seguridad. Pero, señorías, combatir el crimen organizado no es solo tarea de las fuerzas de seguridad o de las instituciones públicas; supone un reto social, colectivo, que nos involucra a todos y a todas.
Además del terrorismo y el crimen organizado, la Secretaría de Estado de Seguridad asume también como prioridad absoluta la lucha contra las violencias que sufren las mujeres, ya sean violencia de género o ataques a su libertad sexual. Es una prioridad irrenunciable porque estas violencias no solo victimizan a las mujeres, que somos la mitad de la sociedad española, sino porque suponen, además, una grave embestida contra nuestro modelo constitucional.
Convivencia pacífica, igualitaria, justa, inclusiva y libre. A nadie se le escapa que la violencia de género es un fenómeno estructural, complejo, multicausal, dinámico, que reclama actuaciones sistémicas.
Frente a la violencia machista, la Secretaría de Estado de Seguridad gestiona el sistema VioGén, una herramienta pionera y fundamental para identificar los casos de riesgo y amenaza, así como para desarrollar fórmulas de prevención y de respuesta. Cumple ahora un año la entrada en funcionamiento de VioGén 2, una profunda transformación del sistema original que nos permite una mejor supervisión, coordinación y monitorización de la actividad que generan los más de 51.000 profesionales que cada día lo utilizan. Quiero insistir en estos datos. Son, en cifras redondas: 7.400 policías nacionales, 27.600 guardias civiles, 680 Mossos d’Esquadra, 177 policías forales, 22 agentes de la Unidad de Policía Adscrita de la Xunta de Galicia, 34 miembros de la Unidad de Policía Adscrita de la Generalitat Valenciana, 3.400 policías locales pertenecientes a 822 ayuntamientos, 1.715 técnicos de Instituciones Penitenciarias, 1.200 profesionales del Ministerio de Igualdad, de las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones Insulares y de los servicios sociales autonómicos, y 9.300 jueces, magistrados y magistradas, fiscales y personal funcionario de la Administración de Justicia.
En total, más de 51.000 profesionales, como les señalaba, coordinados en torno al sistema VioGén 2, que evidencian el esfuerzo y el empeño del conjunto del Estado español —entidades locales, comunidades autónomas y Administración General del Estado— por combatir la violencia de género. Lejos de toda autocomplacencia, la Secretaría de Estado de Seguridad evalúa de manera continua el funcionamiento del sistema, que se mantiene en constante evolución para optimizar la protección de las víctimas, la prevención de los actos de violencia de género y la investigación de los delitos cometidos en este ámbito. Revisamos y mejoramos de manera sistemática los protocolos de actuación policial, la valoración y gestión del riesgo y los planes de seguridad de las víctimas de violencia de género y de los menores y las menores a su cargo.
Señorías, sabemos que no es fácil erradicar la violencia machista. Lamentamos y condenamos sin paliativos cada una de las mujeres asesinadas por esta violencia estructural. Como ya señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cada asesinato es un fracaso de la democracia. Cada asesinato es, efectivamente, una frustración, pero en cada uno de ellos renovamos nuestro compromiso en esta lucha. El sistema VioGén 2 es un instrumento indispensable que mejora de manera sustancial la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy, más de cien mil mujeres siguen vivas al amparo de este paraguas protector.
Al igual que la violencia de género, las violencias sexuales constituyen una vulneración inaceptable de los derechos humanos y un grave obstáculo para la igualdad y la libertad de las personas; son, en definitiva, un intolerable ataque al corazón de nuestro sistema democrático. Además, somos conscientes de la persistencia de una amplia cifra oculta de agresiones sexuales, lo que nos exige una acción pública decidida y sostenida. Prevenir, detectar y atender con eficacia estos delitos requiere combinar la protección a las víctimas con políticas de sensibilización social, formación profesional y cooperación institucional.
Esta es la filosofía del primer Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027, que constituye nuestra hoja de ruta para reforzar la prevención, la detección, la investigación y la atención a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual desde un enfoque integral. Fruto de dicho plan es la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que coordina, impulsa y supervisa nuestra respuesta institucional. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 13,9% de las víctimas de violencia sexual denuncian los hechos.
...física o sexual denuncian los hechos a la policía. Es una realidad que debe preocuparnos y ocuparnos. Debemos fortalecer la confianza de las víctimas en las instituciones y mejorar el acceso a los recursos especializados. Debemos hacerlo no solo por el bien de las mujeres, sino por el conjunto de la sociedad española.
En esa línea trabajamos. La Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales está poniendo en marcha el sistema ÚNBIOS, un aplicativo de ámbito nacional para el registro, seguimiento y prevención de los delitos sexuales. Este sistema es independiente del sistema VioGén 2, pero nace de la experiencia acumulada en este, con el que estará interconectado, para detectar las agresiones sexuales que se encuentren dentro del ámbito de la violencia de género. Con estos elementos queremos dar cumplimiento a una de las premisas del primer Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027, que es atender y recuperar a las víctimas de estas agresiones y fortalecer los mecanismos de transformación social para construir una sociedad más segura, más justa y libre de violencias, en la que la tolerancia cero ante las violencias sexuales y el respeto a la dignidad de las víctimas sean valores fundamentales.
El cuarto gran eje estratégico de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad es el que trata de dar respuestas adecuadas a la nueva realidad que vivimos. Hoy, cualquiera de los fenómenos delictivos a los que me he referido, o cualquiera en los que sus señorías estén pensando, se cometen tanto en el mundo físico como en el mundo virtual que construyen las modernas tecnologías. Esta nueva realidad obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a desdoblar sus recursos y capacidades para atender con la misma eficiencia demostrada hasta ahora tanto al reto de la criminalidad convencional como al desafío que nos plantea la ciberdelincuencia.
La cibercriminalidad crece a nivel global, sobre todo en el conjunto de la Unión Europea, y genera una sensación de vulnerabilidad en una ciudadanía que cada vez más trasladamos al ciberespacio nuestras actividades personales, laborales, económico-financieras o sociales. Por eso, y con el cauce de las directrices emanadas de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y del Primer Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, esta Secretaría de Estado de Seguridad gestiona un ambicioso programa para dotar a Policía Nacional y Guardia Civil de los medios, habilidades y capacidades necesarias para garantizar nuestra ciberseguridad.
Desde la puesta en marcha en 2021 de este plan estratégico, que vence este mismo mes, solo esta Secretaría de Estado de Seguridad ha invertido más de 20 millones de euros en el refuerzo de las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, así como en asegurar a los y las profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el nivel necesario de conocimientos para cumplir con acierto sus misiones. Hoy, con realismo y sin autocomplacencias, podemos afirmar que Policía Nacional y Guardia Civil están en condiciones de prestar en el mundo virtual un servicio público de seguridad de similar nivel de eficiencia al que ya prestan en el mundo físico.
El análisis de los datos registrados en el Informe sobre la Cibercriminalidad correspondiente a 2024, también de reciente difusión, evidencia el crecimiento sostenido de este fenómeno desde 2015, pero también que el pasado año esta evolución experimentó una significativa recesión, lo que nos anima a redoblar nuestros esfuerzos.
Además, nuestras fuerzas de seguridad no se limitan a prevenir y perseguir el ciberdelito, sino que ya han empezado a facilitar a la ciudadanía una serie de prestaciones que mejoran sus niveles de seguridad en el mundo digital y que pueden incorporarse a numerosas actividades cotidianas en el mundo físico. Señorías, quiero destacarles en primer lugar el Plan de Identidad Digital que impulsa la Policía Nacional para modernizar y digitalizar los procedimientos, medios y documentos que acreditan la identidad de ciudadanas y ciudadanos residentes en España, como el DNI, el pasaporte o la tarjeta de identificación de personas extranjeras, entre otros. El DNI virtual, la versión digital del tradicional documento de identidad, ya está disponible para teléfonos móviles. Es algo más que un simple cambio de formato o soporte, porque proporciona un servicio en línea que acredita la identidad del titular ante las autoridades y sus agentes, y en las gestiones con las administraciones públicas y con el sector privado, también en el espacio físico. Este proyecto...
Se incorporará un sistema biométrico de identificación que permitirá mejorar la integridad y la calidad de los datos almacenados en los ficheros y detectar posibles duplicados de impresiones dactilares e imágenes faciales, lo que evitará la duplicidad de identidades y el uso fraudulento de identidades falsas en el ciberespacio.
Por lo que a la Guardia Civil se refiere, sus Equipos @ fueron ideados, como ustedes saben bien, para el asesoramiento, la prevención y la respuesta en materia de ciberdelincuencia, en especial para la protección de las personas más vulnerables frente a las modernas tecnologías. La Dirección General del Cuerpo trabaja ya en el diseño de los Equipos @ 2.0, que incorporarán más capacidades de actuación en la red, más recursos para estar más próximos a la ciudadanía y más trabajo de prevención. El objetivo es siempre incrementar la capacidad de autoprotección de la población ante estas nuevas amenazas y contribuir a la consolidación de una cultura de la autoprotección.
Ambos cuerpos impulsan, además, aplicaciones web que permitan presentar denuncias sin necesidad de acudir de manera presencial a comisarías o cuarteles, algo muy importante especialmente en los territorios con menor densidad de población. Señorías, puedo asegurarles que las fuerzas de seguridad abordan un proceso de incorporación de sus servicios al ciberespacio sin dejar de prestarlos en el mundo físico, al tiempo que su labor convencional también se moderniza y digitaliza.
Establecer un entorno seguro en el ciberespacio en el que los ciudadanos y las ciudadanas podamos desarrollar nuestras actividades de manera segura es prioritario para este Gobierno. Por ello, el Plan Estratégico de Lucha contra la Ciberdelincuencia va a ser sucedido por el nuevo Plan Estratégico Integral sobre Ciberdelincuencia, Ciberseguridad y Desinformación. En él recogeremos toda la experiencia acumulada en estos intensos años. Este proyecto se abre a la participación de actores relevantes en esta materia, como la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática o las policías autonómicas, y mejorará las capacidades operativas policiales, como la extracción de información en fuentes abiertas o la inteligencia web, lo que nos permitirá perseguir con mayor eficacia la desinformación, en coordinación con otros ministerios.
El fenómeno de la desinformación crece mediante campañas de difusión de bulos y noticias falsas, en muchos casos con imágenes y vídeos manipulados con inteligencia artificial, que pueden llegar a generar injustificadas alarmas en la sociedad. Y, de manera simultánea, queremos potenciar la concienciación social sobre la ciberseguridad al usar dispositivos conectados a Internet y fomentar una cultura de la prevención apoyada en el conocimiento de la forma de actuar de los ciberdelincuentes. En toda esta estrategia de futuro debe jugar un papel protagonista el Centro Nacional de Seguridad, previsto en el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que será sometido, por supuesto, a debate en esta Cámara.
Señorías, una de las principales prioridades del Gobierno de la Nación y del Ministerio del Interior es garantizar la seguridad y protección de los grupos y colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Y el primero de ellos al que quiero referirme es el de las víctimas de las redes criminales que trafican con seres humanos. Su protección es también objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. De nuevo, trabajamos en cumplimiento del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y Explotación de Seres Humanos, que en este momento estamos evaluando de cara a la elaboración de un nuevo plan que incorpore los avances de la Directiva europea de 17 de diciembre de 2024. Esta directiva nos proporciona herramientas más sólidas para investigar y perseguir nuevas formas de explotación, incluidas las que tienen lugar en línea, y para garantizar un mayor nivel de asistencia y apoyo a las víctimas.
Es notorio que son estas redes mafiosas las que están detrás y se lucran con el fenómeno de la inmigración irregular, puesto que controlan y organizan este tráfico de personas hacia Europa. Señorías, quiero dejar claro que la lucha contra las redes de tráfico de personas y redes de trata de seres humanos es también una prioridad para este Gobierno. Y también que, en ese combate, las personas migrantes no son las delincuentes; son las víctimas. La mayoría de las personas inmigrantes que residen en España sin un permiso administrativo entraron en nuestro país de forma legal. La máxima preocupación de la Secretaría de Estado de Seguridad...
Gracias, señora presidenta. Insisto: la criminalidad organizada que controla el tráfico irregular, sobre todo marítimo, de seres humanos. Por ello, nuestro objetivo primordial es la protección de sus derechos; en primer lugar, la vida. Apoyamos las labores de rescate en el mar y desplegamos dispositivos y protocolos que permitan realizar las labores de identificación lo antes posible, siempre sin menoscabo del triaje y la atención médica y humanitaria cuando es necesario, y hasta su derivación a los recursos de acogida.
Nuestra estrategia es bien conocida de sus señorías, tras las múltiples comparecencias parlamentarias del propio ministro, y se apoya en una decidida colaboración policial en los países de origen o tránsito de la inmigración irregular, donde nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan un trabajo trascendental junto a los cuerpos policiales de esos países, a los que además el Ministerio del Interior apoya con formación policial, y, en segundo lugar, en una firme apuesta por el refuerzo de la dimensión exterior de las políticas europeas de inmigración.
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre pasados, la llegada irregular de personas inmigrantes por vía marítima o terrestre a España se ha reducido en más de un 40 % respecto del mismo periodo del año anterior. No perdemos de vista que las redes criminales que conectan la inmigración irregular con la trata de personas con fines de prostitución, de explotación laboral, etcétera, son una amenaza no solo para la ciudadanía española, sino para el conjunto de la ciudadanía europea. Por ello, cumplimos con nuestra obligación de controlar unas fronteras que, en nuestro caso, son además límites de la propia Unión Europea.
En este punto, quiero destacar la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de entradas y salidas de la Unión Europea, puesto en marcha el pasado 12 de octubre y que entrará en situación de operatividad total el 10 de abril del próximo año. Este sistema de control de pasos fronterizos, único para todos los países de la Unión, ya opera a pleno rendimiento en España en todos los aeropuertos, en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla y en 22 puertos; supone un decisivo paso adelante en la lucha contra la criminalidad transnacional y contra quienes trafican con la inmigración irregular, del que nos vamos a beneficiar todos y cada uno de sus Estados miembros.
De manera simultánea, trabajamos en un nuevo modelo de control aduanero basado en el tratamiento automatizado de la información, el análisis de riesgo y la utilización de medios técnicos de inspección no intrusiva. Además, implementamos mejoras tecnológicas para la vigilancia de las fronteras, que incluyen el uso de herramientas de inteligencia artificial y sistemas de vigilancia autónoma con drones. Y fortalecemos sin cesar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), para lo que renovamos y mejoramos las capacidades marítimas.
Señorías, España participa activamente en el proceso de construcción de un espacio europeo seguro en el que la ciudadanía de la Unión Europea pueda ejercer derechos y libertades democráticas sin obstáculos. Para ello, debemos priorizar la protección de los colectivos que sufren odio, discriminación y violencia por razón de su sexo, origen étnico o racial, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, religión o convicciones, u otras condiciones o circunstancias personales o sociales. La Secretaría de Estado de Seguridad va a seguir reforzando las capacidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir y perseguir el acoso y las infracciones penales que tienen a esos colectivos como objetivo. Estamos aumentando los recursos personales y materiales de los equipos de extremismo violento y odio de la Policía Nacional y de los equipos de respuesta a los delitos de odio de la Guardia Civil, que se van a dotar de estructuras centrales operativas especializadas en la persecución de los delitos de discriminación.
Y, en línea con lo previsto en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028, impulsamos un completo programa de formación, sensibilización y concienciación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para perfeccionar el apoyo que prestan a las víctimas de estos delitos. La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio trabaja, además, con las organizaciones sociales del tercer sector para generar procesos de confianza entre las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pongan fin al fenómeno de la infradenuncia, muy acusado en este ámbito.
Señorías, somos conscientes de que el volumen de hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no refleja el volumen real de personas agredidas por actitudes de intolerancia.
odio hacia determinados colectivos. El discurso del odio genera dinámicas de exclusión, de miedo y de inseguridad. Pone en riesgo valores fundamentales, por lo que representa una amenaza no solo para las víctimas directas, sino también para el tejido social en su conjunto. Por eso es grave que distintos grupos y organizaciones hayan incorporado el discurso de odio en sus manifestaciones en el debate público, con el que polarizan y enfrentan a distintos grupos sociales.
Señorías, luchar contra esas manifestaciones de discriminación y odio no es solo un imperativo ético, es también una obligación política y jurídica en las sociedades democráticas que quieran merecer ese calificativo.
Otro de los colectivos vulnerables que más nos preocupan es el de los y las menores de edad. En este punto quiero resaltar la importancia del anteproyecto de ley orgánica de medidas integrales en materia de violencia vicaria aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre. Estos supuestos están ya incorporados al sistema VioGén 2 como casos de especial relevancia y se suman a las amenazas de violencia y abusos que menores y jóvenes afrontan no solo en el ámbito de la violencia machista, sino también en el educativo, en el del tiempo de ocio, en los espacios públicos y en los más privados, como el familiar, entre otros, con la referencia siempre clara de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan para prevenir y perseguir los delitos contra menores y jóvenes y ejecutan diversos planes específicos para abordar esta cuestión. En primer término, quiero destacar el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, cuyo objetivo responde a la necesidad de garantizar la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y en su entorno. Relevante resulta también el Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Violentos de Carácter Juvenil, concebido para prevenir la comisión de ilícitos penales o administrativos por parte de grupos violentos de jóvenes, y el Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas de Ocio, conocido como Plan de Ocio Seguro, que se centra en la reducción de la oferta de drogas a las personas consumidoras, en especial a las más jóvenes, con un enfoque de carácter preventivo.
Como saben, desde el año 2010 la Secretaría de Estado de Seguridad gestiona el Plan Mayor de Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestras personas mayores y que se encuentra en un proceso de actualización. Queremos perfeccionar la respuesta policial en su actuación con las personas mayores y fomentar su confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para denunciar aquellas situaciones y delitos de los que puedan ser víctimas.
Dedicamos tiempo, esfuerzo y recursos para encontrar a las personas desaparecidas, y nos hacemos cargo del desvelo y la desesperación que esa ausencia inexplicable provoca en sus familias. Con el nuevo año entrará en vigor el segundo Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas 2026-2029, presentado este mismo mes. El objetivo prioritario es dar una respuesta a las familias que continúan, después de años, sin saber qué pasó con su ser querido, si volverán a verlo y, sobre todo, dónde ha estado todo ese tiempo.
Señorías, hasta aquí he realizado un somero resumen de las líneas estratégicas por las que avanza la Secretaría de Estado de Seguridad para cumplir con su obligación constitucional de garantizar a la sociedad española un espacio protegido en el que ejercer y ampliar sus derechos y libertades. Pero no puedo acabar esta comparecencia sin antes facilitarles un breve detalle de nuestras políticas internas, aquellas dirigidas a mejorar las condiciones laborales y las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quiero hacerlo porque las mujeres y hombres que las forman son el principal activo con el que cuenta la seguridad pública española, aunque no el único, porque colaboramos estrechamente con policías autonómicas y locales.
Seré breve, porque el ministro Grande-Marlaska ya ha presentado en varias ocasiones ante esta misma comisión nuestra apuesta por mejorar sus condiciones de trabajo, y no solo retributivas, sino también mediante una completa renovación y mejora de los medios materiales y de trabajo, así como una fuerte inversión en los edificios e instalaciones adscritos a la seguridad del Estado. Algunas cifras son de sobra conocidas. Entre 2012 y 2018 se perdieron en España, como saben ustedes bien, más de
Hemos incorporado 13.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy hemos conseguido alcanzar las plantillas más nutridas de la historia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que suman entre ambos cuerpos más de 160.000 agentes.
No quiero dejar de destacar que este crecimiento orgánico de las plantillas se ha visto reflejado también en un incremento de la presencia de la mujer en ambos cuerpos. La mujer representa ya el 24% de la plantilla de la Policía Nacional, diez puntos más que en 2018, y el 12% en la de la Guardia Civil, cuatro puntos más que en 2018.
Por lo que se refiere a las infraestructuras, y al igual que ocurrió con los efectivos, los recursos invertidos entre 2012 y 2018 sufrieron una sustancial merma que se tradujo en el deterioro tanto de la prestación del servicio como de las condiciones de trabajo de los y las agentes, lo que afectó con profundidad a la operatividad de las fuerzas de seguridad.
Como este tipo de actuaciones necesitan años desde su programación hasta su ejecución y requieren planes de inversión persistentes, en enero de 2019 el Consejo de Ministras y Ministros aprobó un primer plan de infraestructuras, con carácter extraordinario, dotado con 600 millones de euros para la reforma y la construcción de nuevas instalaciones para la Policía Nacional, la Guardia Civil e instituciones penitenciarias. Meses después, esta cuantía fue ampliada con otros 400 millones para actuaciones de eficiencia energética, procedentes de fondos extraordinarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Señorías, un plan de estas características fue un hito.
El Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad han realizado un extraordinario esfuerzo de gestión y hoy esos mil millones de euros están ejecutados o en fase de ejecución, y decenas de reformas o nuevas construcciones son ya una realidad o van a serlo próximamente.
Si importante ha sido el esfuerzo inversor en infraestructuras, no lo ha sido menos el dotar de medios materiales y equipamiento a policías nacionales y guardias civiles. Una decisión que mantendremos en los próximos años, por supuesto, porque es imprescindible para acometer los retos que en materia de seguridad pública tenemos por delante.
Extenderme en nuestra apuesta por la modernización de medios policiales seguramente haría muy extensa esta intervención, pero no me resisto a enumerar algunos ejemplos. Policía Nacional y Guardia Civil cuentan con unidades de drones de distintos tipos y para diversas tareas policiales, así como sistemas para interceptar aparatos intrusos en espacios restringidos o usados para actividades delictivas. Vamos a seguir aumentando, renovando y mejorando las flotas terrestres, aéreas y marítimas de ambos cuerpos.
Vamos a seguir renovando los materiales policiales y de trabajo, como armamento, uniformes, defensas y material de protección. Hemos realizado y seguiremos realizando un esfuerzo intenso en cuanto a la provisión de chalecos antibalas; ambos cuerpos han dotado a todas las unidades que lo requieren del número suficiente de chalecos antibalas, anticuchillo y antipunzón, adaptados a las anatomías masculina y femenina, y estaremos atentos a la renovación del material antes de que venza su vida operativa.
Citaré también, a modo de ejemplo, la adquisición de inmovilizadores electrónicos: 5.000 por parte de la Dirección General de la Policía Nacional y 1.000 por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, para cuyo uso se ha formado a los y las agentes y se han desarrollado protocolos de actuación adecuados. En definitiva, vamos a seguir trabajando como hasta ahora para disponer de más efectivos, mejor retribuidos, mejor formados y, por encima de todo, bien protegidos y protegidas. Muchas gracias por su atención; quedo a su disposición. Gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, secretaria de Estado, por la exposición de las líneas generales de su departamento. Ha sido bastante amplia y, yo creo, ha solventado dudas, pero me imagino que ahora los grupos, como ustedes saben, tienen la posibilidad de intervenir de menor a mayor. Les recuerdo los tiempos para que se organicen: diez minutos en una primera intervención y cuatro minutos en la segunda. Si quieren acumular, pueden acumular perfectamente. Así que empezamos de menor a mayor, como hemos dicho, y les pasamos la palabra, por el Grupo Mixto, al señor Catalán, por un tiempo de diez minutos; o, si usted quiere acumular, ya lo va viendo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señora secretaria de Estado, bienvenida. Muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado, pero en esa línea, empezando por el final...
Gracias, señor presidente.
A la hora de reconocer el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, ¿no le parece que el mayor reconocimiento en este momento sería reconocerles la condición de profesión de riesgo? Se lo pregunto porque, ¿no le parece incomprensible e injusto que esta consideración la tengan, por ejemplo, las policías locales, las policías autonómicas o la Policía Foral de Navarra y no la tengan la Guardia Civil y la Policía Nacional? ¿No cree que sería el mejor reconocimiento a su labor?
Por otro lado, y entrando en cuestiones que usted misma ha mencionado, en relación con la violencia de género y las agresiones sexuales a las mujeres, ¿no le parece que el Gobierno pierde cierta credibilidad y se evidencia una falta de coherencia y, si me permite decirlo, de hipocresía, ante la falta de actuación en aquellos partidos socios de gobierno en los que se han detectado presuntas agresiones sexuales o comportamientos machistas, y que no han sido capaces de actuar con la diligencia debida, incluso intentando en algunos casos tapar este tipo de comportamientos? Le recuerdo que algunos de ellos están en los tribunales de justicia. Creo sinceramente que esa falta de credibilidad, coherencia y, si me lo permite, hipocresía resulta más que evidente en estos casos.
La semana pasada, el miércoles día 26, esta misma Comisión de Interior aprobó una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro para condenar los actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA y de los propios terroristas que se vienen realizando habitualmente, especialmente en las fiestas patronales de algunas localidades de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca. Además, se aprobó una resolución instando al Gobierno de España a establecer sanciones, fundamentalmente por lo que este tipo de actos suponen de humillación a las víctimas del terrorismo; actos que serían impensables en cualquier país democrático y que, en España, por ejemplo, no se realizan con los terroristas yihadistas que atentaron el 11M en la Comunidad de Madrid o en las Ramblas de Barcelona. El ministro del Interior y la consejera de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca se comprometieron a modificar las leyes de víctimas del terrorismo para incorporar estas sanciones. Por lo tanto, la pregunta es muy concreta: ¿va a cumplir el Ministerio su compromiso? ¿Va a cumplir el mandato parlamentario que se aprobó la semana pasada en esta Comisión de Interior? ¿Cuándo lo va a hacer? Le recuerdo también que este Congreso aprobó una normativa que establecía sanciones para aquellos grupos que realizasen actos de enaltecimiento del franquismo y, por lo tanto, lo que es evidente es que la hipocresía y la excusa cobarde, desde nuestro punto de vista, de la jurisprudencia servirían para ambos casos, no solamente para uno.
Asimismo, es evidente, y ustedes lo pueden comprobar, que ha resurgido la violencia callejera tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca por parte de grupos de jóvenes de la izquierda radical vasca, ultras, abertzales, que han actuado incluso encapuchados. Señora secretaria de Estado, los enfrentamientos con la Ertzaintza y la Policía Nacional han vuelto a ser una lamentable y triste realidad tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca. Hace aproximadamente un mes, varios policías nacionales —cuatro, concretamente— resultaron heridos; un periodista y un joven universitario fueron agredidos, y no hemos conocido la condena por parte del presidente del Gobierno ni tampoco del propio ministro del Interior. ¿Condena usted este tipo de actos de estos grupos radicales?
También, lamentablemente, se ha vuelto a padecer la presión y la amenaza a empresarios; esta misma semana fueron atacadas unas oficinas de una empresa constructora en la Comunidad Foral de Navarra, más concretamente en Pamplona. Son organizaciones violentas, señora secretaria de Estado —GKS o Ernai—, que compiten por atraer a jóvenes radicales abertzales a sus filas y para promover algaradas y tomar las calles. Es el fascismo de los antifascistas, que diría Pier Paolo Pasolini. ¿Qué medidas va a tomar, o está tomando, el Ministerio para combatirlos?
Sobre la inmigración ilegal, desde nuestro punto de vista, es más que evidente la indecisión.