Muy buenos días.
A todas y a todos, bienvenidos a esta sala emblemática Ernest Lluch, en el Congreso de los Diputados. Tengo el enorme placer de representar en este acto a la presidenta Armengol, a quien le hubiera gustado muchísimo participar en él y compartir esta mañana con ustedes.
Bienvenidos, señor Martín Villa; señor Valeriano Gómez; presidenta Batet; diputados y diputadas; mi querida Magdalena Valerio; amigos exdiputados. Tantos amigos, tantos recuerdos compartidos, y hoy, precisamente, para un tema que hemos compartido y que seguimos compartiendo.
Me complace enormemente acompañarles en la inauguración de esta jornada, organizada por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, precisamente aquí, en el Congreso. A la comisión le agradecemos, y la presidenta Armengol también lo hace, haber planteado la celebración de esta jornada y de este encuentro.
Hoy nos convoca un espacio de reflexión sobre los treinta años de un gran hito colectivo que mejoró nuestra sociedad y que ha sentado las bases de nuestro Estado del Bienestar. En aquel año 1995, entre todas y todos fuimos capaces de alcanzar un acuerdo que definía nuestra Seguridad Social como un mecanismo de solidaridad intergeneracional, vivo y, por tanto, en constante transformación; y, lo que para mí es más importante, fruto del diálogo y del acuerdo.
En tiempos como los actuales, en los que el ruido a veces parece ensordecer el entorno y la unanimidad es escasa o poco habitual en esta Cámara, referentes como el del Pacto de Toledo deberían ser un ejemplo en el que mirarnos. Se puede. Se puede llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría; se puede y se debe negociar, pactar, consensuar. Todo ello nos hace mejores.
Hoy escucharemos a grandes referentes hablar sobre los retos y las necesidades de un sistema que ha demostrado ser un éxito técnico y un éxito político, un éxito de todas y de todos. Voces expertas en la materia, de generaciones diversas, han de darnos las claves para responder a una pregunta que hoy se convierte en fundamental: ¿cómo hacemos que este sistema magnífico siga siendo útil y sirviendo a quien debe servir, a las personas? A las de ayer, que todavía hoy están; a las de hoy; y a las que, sin duda, vendrán.
Hay, sin duda, grandes retos por delante, propios de esta sociedad que nos ha tocado vivir, que se transforma permanentemente. La longevidad, el aumento de la esperanza de vida de la sociedad española, no solo es una gran noticia: es un gran éxito de país. Pero, del mismo modo que el sistema sanitario debe adaptarse a situaciones como la cronicidad propia de una sociedad que va envejeciendo, es necesario que otras estructuras fundamentales que forman parte de nuestro Estado del Bienestar, como son las pensiones, hagan también lo propio.
Debemos ser capaces de avanzar, de seguir avanzando, de no retroceder; de adaptar nuestras leyes a la sociedad que somos y a las necesidades de las personas trabajadoras de nuestro país: las de ayer, las de hoy y las de mañana. La solidaridad intergeneracional, como veremos a lo largo de esta jornada, debe continuar.
Dentro de un debate sosegado, pausado, al margen de rencillas ni personales ni partidistas. A lo largo de estos treinta años de historia hemos vivido momentos difíciles, de ruptura, de fraccionamiento, que parecían poner en tensión el propio Pacto; pero los acuerdos hemos sido capaces de alcanzarlos. Esos acuerdos son los que deben permitirnos tener una mirada larga sobre el espacio de debate que también esta Casa representa. Y representa muchas cosas. Significa que nuestra democracia es sólida, que se basa precisamente en la puesta en común de posiciones e ideas diferentes, de intereses distintos que anteponen el interés general y los acuerdos que favorecen el diálogo social. Así es como hemos conseguido llenar de sentido la idea de un Estado de bienestar, y deseo de todo corazón que siga siendo así durante muchos años más. Larga vida al Pacto de Toledo y al diálogo en general. No les robo más tiempo, porque los y las ponentes y las aportaciones que vamos a escuchar durante esta mañana son, sin duda, del máximo interés. Muchas gracias por participar, por estar y por venir.
Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que hoy están aquí para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Un saludo muy especial. Desde luego, ahora no pueden estar aquí la excelentísima ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señora Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, señora Sira Rego, que vendrán a clausurar el acto; no pueden estar porque están en el Consejo de Ministros. Es una cuestión de responsabilidad. Igualmente, el secretario de Estado de la Seguridad Social, señor Borja Suárez, que en este momento está presentando los datos del paro, que podemos afirmar solemnemente que sitúan el desempleo en su nivel más bajo desde 2007.
Nuestro agradecimiento a todos los miembros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que hoy nos acompañan. Un recuerdo especial a Javier Aibar, que no ha podido venir por motivos de salud, y a Alberto Llorente, a quien sí tenemos aquí, parte importante de los trabajos que desembocaron en las recomendaciones de 2020, igual que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez.
A la expresidenta del Congreso de los Diputados, señora Meritxell Batet, és tot un honor que estigui aquí; y, cómo no, al exministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Valeriano Gómez. Al vicepresidente del Gobierno, ministro de Interior y de Administración Territorial, señor Rodolfo Martín Villa, que, siendo presidente de la Ponencia de Presupuestos en la V Legislatura, impulsó la aprobación del primer informe de la Ponencia del Pacto de Toledo.
A la exministra de Trabajo y expresidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, señora Magdalena Valerio, que hoy nos acompaña también en condición de ponente. Y un saludo muy especial a José Antonio Panizo, exdirector general de la Seguridad Social, que, junto con Fidel Ferreras —también director general, fallecido en 2024—, y el exsecretario de Estado, Octavio Granado, forman parte de la historia de la Seguridad Social. Quería dejar constancia de este recuerdo a los tres, a uno de ellos presente, por suerte, acompañado también de Encarna Orozco, asesora parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, que ha seguido esta Comisión desde su inicio.
Cómo no, a Franca Moreno y José Luis Tortuero, directores del curso de título de experto en Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. Veo también a Jesús Cruz Villalón, que no me quiero olvidar, y a Alfonso Muñoz, que fue senador en la anterior legislatura y que, aunque indirectamente, estuvo ahí con las recomendaciones.
Apreciados profesores y profesoras, alumnos y alumnas del citado curso, que han querido formar hoy parte de un hito: la celebración del trigésimo aniversario. Contamos asimismo con las organizaciones sindicales y patronales —UGT, Comisiones Obreras, CEOE y CEPYME—, así como con representantes de otras entidades que han contribuido decisivamente a este camino compartido.
Quiero agradecer a aquellas asociaciones y entidades que participan en las recomendaciones de forma indirecta, que comparecen, que vienen y que se preocupan. A Yolanda Valdeolivas, también, que ha formado parte del Ministerio; y, cómo no, a las asociaciones de personas jubiladas, que ya nos han dejado aquí su tríptico —aquí Penela nos lo ha dejado—, como siempre, luchadoras hasta el final.
A los ponentes y, especialmente, como decía Isaura, la secretaria primera; a Magdalena Valerio; a Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo y también secretario de Estado; a Íñigo Barandiaran y a Joan Coscubiela. Todos intervienen a título personal, no como representantes de partidos políticos. Y a los protagonistas de hoy de las recomendaciones de 2020: Elena Taramundi, Iván Campuzano, Carlos Entenza y Belén Guirao. Dirigirá el debate Mai Mariño, periodista, que presentará a los ponentes.
A todos y a todas las que estáis aquí —no digo más nombres porque me dejaré alguno—, desde luego a los portavoces del Pacto de Toledo de esta decimoquinta legislatura, gracias por venir y por estar aquí, y a los compañeros del Grupo Socialista que también nos acompañan. Como os podéis imaginar, y por la sonrisa que llevo en la cara, es un honor, como presidenta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, llevar a cabo estas jornadas, en este caso tituladas: “El Pacto de Toledo y la solidaridad intergeneracional como garantía de futuro del sistema de protección social”.
Antes de dar paso a los ponentes, quisiera reseñar cuatro sustantivos que, a mi juicio, han presidido y continúan presidiendo el buen hacer de esta comisión, como decía Isaura, durante treinta años de su existencia: lealtad, generosidad, responsabilidad e inteligencia; muchas veces, inteligencia emocional —¿verdad, Magdalena e Íñigo?—, para dar luz a acuerdos desde el consenso, en ocasiones unánimes, ese bien preciado que estos días escasea pero que debemos reivindicar.
En ese buen hacer, quiero destacar el trabajo realizado por los presidentes y las presidentas de esta comisión. Parafraseando al diputado Cercas Alonso, vocal del Grupo Socialista de la Comisión en la quinta legislatura, resaltaré —y cito textualmente— que “han conducido de manera inteligente y con gran maestría momentos en los que, qué duda cabe, el trabajo de la ponencia ha tenido que surcar por aguas procelosas, ya que ha habido dificultades entre partidos”. Miro a Rodolfo especialmente porque aquellas palabras iban dirigidas a él. Todos y todas han sabido superar su condición de diputado o diputada de cada grupo parlamentario para representar institucionalmente a todos y cada uno de los trabajos más importantes de la legislatura.
Estas palabras las hago extensivas a todos y cada uno de los presidentes y las presidentas del Pacto de Toledo que, en estos treinta años, han conseguido la renovación de las recomendaciones y cuyo legado recogen los diarios de sesiones en forma de acuerdos. Porque, señoras y señores, podremos coincidir en que, durante estos treinta años, el Pacto de Toledo se ha erigido como un instrumento de diálogo, de debate y de entendimiento; en definitiva, de pacto entre las diferentes fuerzas parlamentarias, en orden a la consecución de un fin común: la mejora y la estabilidad de nuestro sistema de protección social.
Un acuerdo parlamentario que ha venido acompañado de la concertación social, como garantía de legitimidad, legitimidad social. Las recientes reformas son un ejemplo claro: trasladan negro sobre blanco el acuerdo de la concertación en forma de ley. Y también hay que poner en valor la fuerza, la implicación y el empuje que infunden al trabajo desarrollado por las administraciones públicas —principalmente por el actual Ministerio de Trabajo y Seguridad Social—, por las universidades y por la sociedad civil, concretamente las asociaciones de personas jubiladas, que han sabido organizarse para reivindicar el sistema de protección social, pilar del Estado del bienestar, especialmente cuando este se ha visto amenazado.
El Pacto de Toledo, desde su inicio, ha demostrado ser esencial para garantizar reformas sólidas. Les recomiendo la lectura de los debates parlamentarios, en comisión y en pleno, de los días 30 de marzo y 6 de abril de 1995, en los que todos los grupos parlamentarios manifestaron su satisfacción.
Gracias, señora presidenta, por haber definido un sistema público de pensiones contributivo, de reparto y especialmente solidario. Ha habido etapas difíciles, como la producida con motivo de la reforma de 2013, que soslayó el debate en el Pacto de Toledo y el acuerdo en el diálogo social. Hubo también momentos en los que la Comisión fue denostada por determinados grupos parlamentarios y parte de la sociedad civil. Las recomendaciones de 2020, en cambio, superaron ambas pantallas, recuperando la confianza y la seguridad internas y externas gracias al diálogo y al acuerdo, que hoy nos colocan, y es un orgullo como país poder decirlo, como referentes a nivel global. Creo que debe quedarnos grabado que hemos sido capaces de reconducir situaciones antagónicas para llegar a puntos en común y llevar a cabo reformas de referencia: un punto de encuentro, ajeno a la conflictividad y la crispación. Ejemplo de que los partidos políticos, los diputados y las diputadas somos capaces de servir a la sociedad en un tema tan importante como garantizar el sistema público de pensiones y, por ende, el Estado del bienestar.
Las recomendaciones de 2020 priorizan, entre otras cuestiones, la garantía de pensiones suficientes a la par que la sostenibilidad del sistema de pensiones, que constituye el legado para nuestros jóvenes. Que se sientan con confianza en el sistema es uno de los retos que tenemos que afrontar y que hoy debatiremos. Los retos los conocemos: el envejecimiento, la mayor esperanza de vida, la baja natalidad, la llegada a la pensión de la generación del baby boom, el incremento, por tanto, del gasto del sistema, la articulación de nuevas fuentes de ingresos; retos distinguibles que exigen la permanente adopción de medidas. De ahí la exigencia de la evaluación y renovación de las recomendaciones, desde el diálogo social y el consenso político, como ha venido produciéndose en estos treinta años.
Ahora bien, nos encontramos con voces que parecen abocarnos al conflicto intergeneracional, cuestionando la sostenibilidad del sistema para el futuro. Agoreros del sistema, que siempre los hubo —y me remito a 1995—, cuando otra vez salíamos con la matraca, perdónenme la expresión, poco institucional, del conflicto y de una situación de un sistema de pensiones débil, en crisis constante. Hoy en día lo que se cuestiona es la solidaridad entre generaciones, elemento estructural del sistema que en estos treinta años nadie se había atrevido a poner en tela de juicio. Hoy se habla de estafa piramidal. Se cuestiona la cuantía de las pensiones, poniéndolas en relación con los bajos salarios de los jóvenes, como si aquellas fueran su causa; como si la revalorización de las pensiones fuera la causa de la situación salarial que hoy viven los jóvenes, cuando realmente son los salarios dignos los que garantizan la suficiencia del sistema actual y de las pensiones del futuro de los jóvenes. O también se agita el falso debate sobre el elevado coste que supone la revalorización de las pensiones en base al IPC real, que algunos vienen a decir que implica detraer de las arcas del Estado partidas que podrían ser, entre comillas, mejor gastadas.
Señoras y señores, jóvenes y mayores, todos los que están hoy aquí: no garantizar el poder de compra de las pensiones implicaría comenzar a transitar hacia un camino irreversible de un sistema de pensiones mínimas. Ya hubo intentos —uno o varios—, un horizonte que, desde sus inicios, el Pacto de Toledo ha situado como una línea infranqueable. Ante este artificial dilema, los miembros de la XIV Legislatura quisimos dejar claro, negro sobre blanco, que la confianza en el sistema exigía focalizar las recomendaciones en los jóvenes y hacerlos protagonistas del sistema.
Al inicio saludaba a la señora presidenta, a los directores y a los profesores del título de experto de la Universidad Complutense y a sus alumnos. En la jornada “Pacto de Toledo y diálogo social: garantías en las reformas de la Seguridad Social”, celebrada el 22 de abril ante aproximadamente doscientos alumnos, tanto la ministra Elma Saiz como la directora de la jornada, Franca Moreno —que hoy está aquí con nosotros—, lo dejaron claro: “La Seguridad Social nos acompaña desde el día que nacemos y a lo largo de nuestra vida. Nos acompaña en cada paso que damos en el mundo laboral y profesional”.
Garantizar pensiones dignas y suficientes era y sigue siendo un compromiso político y social; lo contrario infringiría el pacto social que firmamos al inicio de nuestra historia democrática. La mayoría de los que estamos hoy aquí lo sabemos y debemos explicarlo tantas veces como haga falta. El sistema de pensiones es y será sostenible, en aras de cumplir precisamente ese principio de solidaridad intergeneracional.
La solidaridad intergeneracional no es una opción; es una obligación colectiva con consecuencias reales en nuestro presente y en nuestro futuro. Es nuestro compromiso colectivo mantener el sistema público de pensiones, universal y solidario, como pilar de justicia social. Porque, señoras y señores, el sistema de pensiones no es una promesa individual; es un pacto social, un compromiso de toda la sociedad.
Nuestro reto es continuar infundiendo confianza, revalidar la confianza que han sedimentado los trabajos de estos treinta años, por respeto hacia todos y todas aquellas que trabajaron antes que nosotros y por responsabilidad hacia quienes vendrán después. Y por eso aquí estamos hoy. A los actuales miembros de la comisión de esta decimoquinta legislatura de la Comisión del Pacto de Toledo nos pareció que debíamos coger el testigo de aquellas recomendaciones de 2020 que, al igual que otras reformulaciones del Pacto de Toledo desde 1995, propugnaban los principios del sistema público de pensiones y focalizaban el presente y el futuro de las pensiones en las personas jóvenes. Por ello celebramos el debate que tendremos a continuación. Hoy escucharemos, debatiremos y espero que lleguemos a conclusiones que nos permitan emitir un mensaje nítido y, sobre todo, sólido hacia los pensionistas de hoy y hacia los de mañana.
Doy las gracias a todos los ponentes de esta mesa de debate, dirigidos, como decía, por esta periodista comprometida, May Mariño. Es todo un lujo tener aquí a Magdalena Valerio y a Juan Carlos Aparicio en calidad de exministros, y a los diputados y exportavoces Joan Coscubiela e Íñigo Barandiarán. Y, cómo no, es un lujo contar con estos jóvenes, Belén, Carlos, Iván y Elena, una generación que espera respuestas ciertas y, sobre todo, esperanza.
Infundir esperanza, creo, es otro de los objetivos de la Comisión del Pacto de Toledo. Fortalecer nuevamente su sostenibilidad: el objetivo perseguido por la actual comisión pasa por generar confianza. Muchas gracias y buena jornada.
Muchas gracias y buenos días a todos. Después de este juego de sillas para que estemos todos aquí presentes, esta imagen es la mejor evidencia de lo que supone un pacto intergeneracional: aquí, todos reunidos. Tenemos por delante un reto importante para debatir. Nos ha puesto ya los deberes la presidenta Mercè Perea, que lo del Pacto de Toledo y las pensiones lo lleva bien a gala y pelea por ello bastante. Paso directamente a las presentaciones para que podamos empezar con esta charla. Aunque la presidenta Mercè Perea ya ha dado los nombres, permítanme dar unas pinceladas de cada uno de los ponentes. Un momento, porque la tecnología siempre nos hace estas cosas y se ha bloqueado el ordenador justo a la hora de empezar, pero ya está.
En la esquina, Iván Campuzano, vecino de Colmenar Viejo (Madrid). Es doctorando en Economía y Empresa en la Universidad CEU San Pablo y graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, además de varios programas y másteres. Viene con ganas de exponer lo que supone este asunto para estas generaciones.
A su lado, Elena Taramundi, de Villaverde (Madrid), graduada en Derecho por la Universidad Complutense, con experiencia en hostelería y marketing. Estudia también en la Complutense una titulación propia, relevante para la sesión de hoy, y es especialista en Seguridad Social. Está preparando las oposiciones para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si no me fallan las notas.
Al señor Joan Coscubiela, creo que por aquí lo conocen bien por esta Cámara, porque ha estado unos cuantos años por aquí, además de sus perfiles sindical y político. Fue secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña; por lo tanto, el tema de las pensiones lo ha trabajado también en las negociaciones en su vertiente sindical.
A mi derecha —aunque hoy tengo cambiadas la derecha y la izquierda—, quien fuera presidenta del Consejo de Estado, la exministra Magdalena Valerio. No voy a enumerar todos los cargos que ha tenido, pero, como fue presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, el tema de las pensiones lo ha defendido tanto en el Consejo de Ministros como como diputada, por aquello del fin último que es el interés común de todos los ciudadanos y la mejora del estado del bienestar.
El exministro Juan Carlos Aparicio, que lleva en su cartera también el tema de la Seguridad Social —también cuando fue secretario de Estado—, es un asunto en el que ha trabajado en profundidad.
Al igual que el diputado Íñigo Barandiaran. Dije que me iba a equivocar y me equivoco, lo siento; será mi vena andaluza, que la parte del norte no la domino. También fue miembro de la Comisión, peleó en las últimas recomendaciones; o sea, que sabemos también de lo que hablamos.
Esta mesa concluye con Belén Guirado, joven murciana en Madrid, graduada en Derecho por la Universidad de Murcia y cursando el Máster de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, si no tengo mal anotado. Es secretaria general de la Organización de Jóvenes de la UGT. Tenemos, por tanto, la parte estudiante, la parte joven y la parte sindical representadas.
Y, por último, Carlos Tanza, que estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde muy joven —me apuntaban por aquí— tiene interés por la política y participa activamente en movimientos estudiantiles por la educación pública de calidad. Por lo tanto, también veremos qué aporta en esta situación.
Una vez hechas las presentaciones, y perdón si he cometido algún error en alguna, podemos comenzar.
Me lanzo directamente a lo que decíamos, a las preguntas que nos había dejado Merche Perea sobre la mesa, porque estamos en un momento en el que se habla de pacto, de unidad, de diálogo. Hablamos del pasado; ahora, en el presente, eso resulta un poco difícil y, sobre todo, cuando abordamos la cuestión intergeneracional, que es la base para mantener que el sistema siga adelante. ¿Cómo podemos garantizar —y me quedo con el final de la intervención de Perea— que los jóvenes tengan confianza, una respuesta certera, de que el sistema de pensiones, esa relación intergeneracional, puede darse tal y como estamos ahora mismo? Ministra, que la tengo aquí a mi lado —y abuso de la confianza—, ¿comienza usted la primera?
Ah, vale, bien. Buenos días a todas y a todos; yo os voy a tutear. Veo muchísimas caras de personas conocidas, no solamente en esta mesa sino también en el auditorio, así que os voy a llamar de tú. La última vez que me senté en esta mesa a intervenir, el sistema era otro. Yo pensaba que íbamos a hacer un poco de preámbulo, May, pero vamos directamente a la conclusión. Y May, que me conoce, me ha pedido que sea breve; quienes me conocéis sabéis que, una vez que se me da un micrófono, hay peligro porque luego a ver cómo me lo quitáis. Pero ella ha dicho que va a ser inflexible, incluso conmigo, y por eso me ha puesto cerca.
¿Cómo conseguir que los jóvenes…? Disculpad; no lloro de pena —quizá podría llorar de emoción—, pero tengo un problemilla de ojo seco o algo así, y me paso el día llorando, haciendo honor a mi nombre, Magdalena, que desde la Biblia para acá ha tenido siempre esa fama.
Miro a las y los más jóvenes que tenemos hoy aquí: ¿cómo transmitiros esperanza en el sistema? Creo que, para ver cómo vamos hacia adelante y cómo transmitimos esa esperanza, tenemos que fijarnos en de dónde venimos. Venimos de que, de una u otra manera, a lo largo de más de un siglo se ha ido manteniendo un sistema de Seguridad Social. A mí me gusta hablar más de Seguridad Social o de protección social, incluyendo tanto la Seguridad Social contributiva como la solidaria.
A lo largo de muchas décadas —me voy a remitir de la Constitución para acá— no voy a enumerar la multitud de reformas que hemos ido haciendo en nuestro país en materia de Seguridad Social para garantizar no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también la sostenibilidad social, la sostenibilidad jurídica —porque hay que respetar la Constitución y la normativa internacional en materia de Seguridad Social— y garantizar también la sostenibilidad política. Porque, si no se mantiene la sostenibilidad jurídica, la financiera y económica y la social, suele haber lío político. No voy a dar ejemplos de la historia reciente.
Hablamos de las cuatro sostenibilidades —no está aquí Borja Suárez Corujo, nuestro secretario de Estado de la Seguridad Social, pero tiene escrito mucho al respecto—, cuatro visiones de la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social o de Seguridad Social.
A lo largo de varias décadas nos hemos ido adaptando a la situación real. Se evalúa y se ve cómo va la Seguridad Social. Son vasos comunicantes con el mercado de trabajo: la situación laboral del país se conecta totalmente con la situación —sobre todo financiera— en materia de protección social de la Seguridad Social. Si va bien una parte, va bien también la otra. Son como caras de la misma moneda.
Hay que cuidar e ir cuidando. Ya lo decía: hubo una reforma muy potente, muy dura, que generó mucha polémica, la del año 1985. Me había traído copiado un trozo de la exposición de motivos, pero, en aras a la brevedad, no me va a dejar leerlo. Allí ya se decía que somos una sociedad en evolución; tenemos muchísimos retos, entre ellos el de la longevidad —que es un magnífico reto—, pero también la baja natalidad. Estamos inmersos en una revolución respecto al futuro del trabajo.
El trabajo del presente es toda una revolución, lo que implica que debemos cuidarlo; ello incidirá en la salud de la Tesorería General de la Seguridad Social y, por lo tanto, del sistema de Seguridad Social. Ya en la exposición de motivos se señalaba que permanentemente habría que evaluar cómo está el sistema y adoptar medidas legislativas para reorientarlo cuando sea necesario.
Se han ido realizando multitud de modificaciones —en las que no voy a profundizar— para garantizar también su sostenibilidad financiera. Por lo tanto, en un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, pero también interterritorial e intersectorial, es fundamental analizar la situación y modificar lo que haya que modificar para asegurar el futuro. ¿Qué quiero transmitir esta mañana aquí? Que hay futuro. El sistema público de Seguridad Social ha tenido pasado, tiene presente y tiene futuro. Y las nuevas generaciones, en este sistema de reparto, deberán contribuir con sus cotizaciones a financiar las pensiones de quienes ahora se están jubilando, del mismo modo que nosotros hemos sostenido las pensiones de nuestros padres y de nuestros abuelos. Creo que es un sistema muy sólido. Existen otros sistemas de capitalización, etcétera, pero este es un sistema sólido; eso sí, siempre con vigilancia. Y así lo prevén las normas: cláusulas de cierre, evaluación constante, con la AIReF, el Banco de España, la OCDE y otros organismos pendientes de ir evaluando y reconduciendo si procede. En suma, garantía de continuidad: pasado, presente y futuro.
Me lo ha dejado perfecto para pasarle el turno a Elena Taramundi: cuidar el trabajo, hablar del futuro, los jóvenes, el problema del empleo. ¿Cómo lo ve?
Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por dejarme participar aquí. Sabemos que la confianza ha sido totalmente erosionada por las políticas aplicadas en los periodos de 2008 a 2014. Y creo que es importante, ante todo, destacar la labor de la normativa y las recomendaciones del Pacto de Toledo, que han dado un giro copernicano a los sujetos que van a ser actores de este sistema: permitir la participación de los jóvenes en las decisiones y en las mesas de negociación. Apostar por un sistema público de pensiones es necesario y ese giro copernicano era lo que el sistema requería.
Si hablamos de confianza, ¿cómo se consigue la confianza de tantos jóvenes y de las nuevas generaciones? En primer lugar, motivándoles a seguir luchando: a combatir la precariedad del mercado laboral; a lograr una representación efectiva en los poderes normativos y en los diálogos basados en contratos sociales; a impulsar una legislación que facilite el acceso a la vivienda. Hay muchas cosas que abordar, mucha batalla por dar y muchas victorias que las nuevas generaciones quieren conseguir, y por ello debemos seguir generando confianza desde los poderes públicos. Considero importante determinar políticas activas tanto de empleo como de protección por desempleo específicas para las nuevas generaciones. Es necesario construir esa confianza con políticas que atiendan sus necesidades vitales y actuales. Las nuevas generaciones estamos aquí para quedarnos y para seguir luchando por los derechos; en ningún momento vamos a sucumbir a ese individualismo al que se pretende abocarnos, ni vamos a renunciar a derechos constitucionalmente consagrados, como el derecho a la Seguridad Social y a una pensión que dignifique nuestras vidas.
Continuamos, por este flanco, con Iván Campuzano, para seguir el hilo de la exposición de Elena. ¿Qué nuevas necesidades identifica para afianzar esa confianza? Ella ha hablado de luchar contra la precariedad y de la representación activa de la juventud. ¿Cómo lo ve?
Bueno, en primer lugar, gracias a esta Cámara por la invitación. Creo que es muy importante poner la voz de los jóvenes en el centro, porque, al final, las pensiones son cosa de todos: de los jubilados, de los jóvenes y de quienes se van a jubilar en los próximos años. Es un proyecto de país y un proyecto de sociedad. Aquí hemos hablado de solidaridad intergeneracional, pero en ningún momento nos hemos detenido a definir qué es la solidaridad intergeneracional, y comprender este concepto es fundamental para poder aportar soluciones. Cuando hablamos de solidaridad intergeneracional podemos referirnos a medidas, a números, a elementos bastante fríos; sin embargo, no debemos olvidar que, cuando hablamos de personas pensionistas, hablamos de nuestros padres.
Nuestros abuelos, nuestros compañeros en el día a día. Por lo tanto, es un tema de especial sensibilidad y lo que hay que reconocer es el sacrificio que han realizado nuestros mayores para llegar hasta hoy. Porque todos los derechos que se han conseguido —sanidad, educación, en fin, todos los derechos sociales que tenemos— lo son también, en parte, gracias a que nuestros mayores, nuestros jubilados, han participado de ese proyecto de país. Pero que este objetivo se haya alcanzado entre toda la sociedad española no significa que debamos resignarnos los jóvenes a no plantear mejoras. Este sistema, como bien ha señalado Magdalena Valerio, existe en una sociedad moderna, una sociedad que avanza y que ya no es la misma que existía cuando se constituyó, inicialmente, el Pacto de Toledo, que ha sufrido diversas reformas.
Debemos ser conscientes de que hay un debate muy artificial que intenta enfrentar a jóvenes y mayores. No tiene por qué darse, porque, a la postre, todos vivimos en el mismo país. El problema no es enfrentar generaciones —como si se tratara de una lucha de clases o, en este caso, una lucha de edades—, sino hablar de cuál es el sistema actual de pensiones. Hay dos visiones sobre la mesa: la de quienes queremos mantener un sistema de pensiones justo, digno y suficiente, que permita a los jubilados de hoy seguir confiando en unas pensiones dignas, y a quienes se van a jubilar creer que no estarán en peores condiciones que las de los jubilados recientes; y, por supuesto, está una juventud con una desafección creciente: cerca del 60 % de los jóvenes no creen que vayan a tener una pensión, o al menos una similar a la de nuestros mayores. Por lo tanto, se confrontan dos modelos: el de quienes queremos continuar con este sistema de pensiones, pero hablando claramente de sus deficiencias y puntos de mejora, y el de quienes prefieren esconder el problema debajo de la alfombra, decir que no pasa nada, que el sistema es perfecto y que todo se puede mantener en el tiempo, cuando todos sabemos —por las recomendaciones internacionales— que esto no es cierto.
Gracias. Cómo se notan los expertos. Se hablaba de la “lucha de edades”, casi como una lucha de clases sociales. No me refiero en sentido literal a una lucha de clases; con este pacto se persigue precisamente la igualdad en el acceso a las pensiones. Me refería a esa “lucha de edades” y a ese debate, como decía Iván Campuzano, artificial que algunos quieren colocar entre padres e hijos. Señor Coscubiela, ¿cómo ve eso? Porque se habla mucho de diagnósticos, pero poco de meter mano al sistema. ¿Por dónde deberíamos ir?
Buenos días. Muchas gracias a quien haya tenido la idea de invitarme para encontrarme con todos ustedes. Bueno, May, lo siento, pero, ante el vicio de preguntar fuera de guion, la virtud de contestar lo que traigo en mi menú. Déjenme decir una cosa: treinta años del Pacto de Toledo son una gran anomalía, en positivo, en el clima de crispación que vive este país, y que ya existía —los que tenemos una cierta edad lo recordamos— entre 1993 y 1996, justo cuando se pone en marcha el Pacto de Toledo. Por lo tanto, felicidades.
Déjenme que les diga algo más, sin quitarle mérito al Pacto de Toledo: si el Pacto de Toledo existe hoy ha sido, entre otras cosas, por el proceso de concertación social tripartita. Sin eso, el Pacto de Toledo hoy estaría extinto. Antes, Mercè hablaba de la lealtad de las fuerzas políticas. No voy a ser yo quien diga que no, pero es una lealtad relativa, en función de si se está en el Gobierno o en la oposición. Quien no solo ha acompañado, sino que ha apuntalado el Pacto de Toledo, ha sido el proceso de concertación social: primero, marcando los raíles por los cuales después ha transitado el tren de las recomendaciones y, luego, lo más complicado, convirtiendo unas recomendaciones que, por definición, deben ser genéricas, en medidas concretas que prácticamente suponen una experiencia de colegislación única. Discúlpenme, porque sé que no está de moda, pero en un país con una autoestima tan baja como el nuestro parece que no nos podemos reconocer méritos.
Este país, en materia de Seguridad Social, en estos treinta años es la envidia del mundo, de todo el mundo menos de nosotros. Dicho eso —lo podemos desarrollar después—, impugno la premisa sobre la cual se ha construido esta reflexión colectiva. Porque el sistema social no solo es un pacto intergeneracional; es un pacto interpersonal entre diferentes regímenes —agrario, autónomos, empleadas del hogar—; lo es también en términos territoriales, por supuesto, y lo es, en muchos aspectos, generacional. Si estamos hablando del pacto intergeneracional y sus rupturas es porque alguien quiere que estemos confrontando a pensionistas que, en el 53,5 %, reciben unas pensiones por debajo del salario mínimo —las mujeres, el 70 %— con unos trabajadores jóvenes en situación de precariedad en algunos casos. Por lo tanto, apunto, como hipótesis de reflexión, que lo que se está rompiendo no es el pacto generacional; lo que alguien ha roto es el contrato social que idearon y alumbraron Bismarck y Beveridge y que, en nuestro caso, se plasmó, cuarenta años después, en el sistema público de pensiones. Y acabo por decir una cosa: a los jóvenes, confianza en el sistema de pensiones; yo, en su lugar, no tendría ninguna. Porque confiar es pensar que lo que venga va a caer del cielo. No: la única confianza que hay en el sistema de pensiones es su capacidad de lucha hoy por sus salarios, que serán los derechos de después en las pensiones.
Voy a hacer una primera obviedad: las pensiones se pagan con dinero, con prosperidad, con riqueza. Si no, estamos en un debate francamente malo; se trataría de repartir otra cosa. En una economía que ya no es singular y aislada, todos admitimos que la interferencia o la interacción mundial es absoluta. Pues habrá que buscar en qué áreas somos capaces de vender, o bien esos servicios que tengan demanda global. Y esa labor, evidentemente, corresponde irla estructurando no solamente al ministro de Economía, esté más o menos brillante, sino también habrá que encomendársela a lo que yo denomino la sociedad activa.
Cuando, después de haberse firmado en abril de 1995, un año después me hice cargo de la Seguridad Social como secretario de Estado, me correspondió algo que yo no podía imaginarme —no diré ingrata—, pero una sorpresa: que tenía que desarrollarlo. Y la primera gran carencia que encontré, singular, es que era un acuerdo exclusivamente, estrictamente político. Ahí no aparecían para nada ni empresarios ni sindicatos, y me pareció que la primera obligación era consultar a esa parte determinante y, para mí, representativa de la sociedad activa, que son los empresarios y los sindicatos. Encontré una comprensión muy alta, sobre todo en las centrales sindicales: en aquel momento, personas como José María Fidalgo o Cándido Méndez habían vivido una experiencia muy traumática. Una reforma que, sin duda, fue buena para el sistema —evitar la compra de pensiones— provocó la ruptura en aquel momento entre la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista. Por cierto, hubo dos señores que, aunque votaron a favor de esa propuesta, inmediatamente se fueron al registro de esta misma Casa a darse de baja como diputados. Eso es lo que yo considero coherencia. Encontramos comprensión en las centrales sindicales y en la patronal, que no fue beligerante, a pesar de que había un debate —bueno, imposible—, porque es un debate que todavía se oye suscitar: el cambio, la transformación a un modelo de capitalización.
Toda Europa tiene sistemas de reparto. Toda Europa cree que es bueno que la sociedad activa, la que genera prosperidad y riqueza, destine una parte de esa a quienes no pueden, por el motivo que sea —de salud, de edad—, generar esa riqueza. No olvidemos que cada esfuerzo de una parte repercute en la otra y que tiene que haber un equilibrio, y sobre todo no olvidarnos de que no estamos solos en el mundo. Y que el diálogo tiene que ser no una prédica, sino una práctica. Igual que la brevedad: desconfíen ustedes de todos los que dicen «voy a ser breve». Yo eso ya no me lo creo.
Creo que estamos en una sociedad en la que es posible y deseable —lo dice el Pacto de Toledo— que haya un seguimiento continuo y constante; no se pueden establecer pausas en las que el mundo cambie y el sistema no. Voy a citar ejemplos en positivo: las pensiones de orfandad eran lamentables las que había anteriormente, y las de viudedad en una gran mayoría. Pero hoy hago dos consideraciones.