Congreso de los Diputados - Defensa - 2 de diciembre de 2025

Muy buenos días, señorías. Muy bien, damos comienzo a esta sesión de la Comisión de Defensa, de 2 de diciembre, para contestar a las preguntas orales que los grupos parlamentarios han presentado. En ese sentido, recibimos y damos la bienvenida a la secretaria de Estado de Defensa, que procederá a contestar las diferentes preguntas incluidas en el orden del día.

Para ordenar la sesión, la pregunta inicial tiene un máximo de cinco minutos, tanto para el proponente como para la Secretaría de Estado, y a partir de ahí habrá una réplica de un máximo también de dos minutos y medio para cada una de las dos intervenciones. Sin más dilación, y salvo que los grupos parlamentarios quieran plantear alguna cuestión, pasamos al desarrollo del orden del día con la primera pregunta: Opinión de la ministra de Defensa acerca de si sigue siendo Israel un Estado aliado de España en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo. Pregunta presentada por el Grupo Parlamentario Popular y a la cual va a hacer su presentación el señor Núñez Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora secretaria de Estado, buenos días. La cuestión que hoy le planteo es simple en su formulación, pero de gran calado: ¿qué posición mantiene el Gobierno, más allá de los eslóganes a los cuales nos tienen acostumbrados, respecto a Israel como socio de España en seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo? Quiero conocer la postura real del Gobierno de mi país respecto a la protección que hace de todos nosotros porque, señora Valcarce, mientras el Ejecutivo repite que no existe compraventa de armamento y presume de romper vínculos con ese Estado, España sigue dependiendo de sistemas, sensores e inteligencia de origen hebreo. Aunque en el plano político se presente a Israel como un problema, en la práctica se continúa dependiendo de ese país como socio necesario para proteger la vida de todos los españoles, como no puede ser de otra manera. Ahí están los contratos de sistemas de armas, vigilancia y ciberseguridad adjudicados a empresas israelíes o a sus filiales, que solo cuando han salido a la luz muchos de ellos ustedes han recurrido al Real Decreto, que presentan como decisión valiente lo que, en realidad, es una rectificación apresurada e improvisada tras meses de mensajes contradictorios en esta Cámara. Señorías, lo más preocupante es que varias de esas cancelaciones y cambios de criterio no respondían a la existencia de una alternativa española viable, madura y plausible. ¿Y por qué? Pues porque este Gobierno, una vez más, no ha apostado a tiempo por la tecnología y las capacidades nacionales. La improvisación y la falta de programación de su ministerio nos abocan a desarrollar deprisa soluciones nuevas, con más coste, con más incertidumbre y con más años de espera, con el riesgo de que nuestras Fuerzas Armadas tengan que operar mientras tanto con medios interinos e insuficientes. En paralelo, usted misma ha hablado de un plan de desconexión gradual de esta tecnología, especialmente en sistemas de tierra. Esto significa dilaciones en la llegada de capacidades, rediseño de programas, búsqueda a contrarreloj de alternativas europeas o nacionales y, sobre todo, sobrecostes, con posibles huecos temporales en capacidades militares esenciales. Para mayor desconcierto, la semana pasada en esta Comisión hemos visto cómo Sumar, su socio, registraba una proposición no de ley para que se hiciera público, en el menor tiempo posible, un calendario de sustitución de todos los programas de seguridad y defensa que utilizan tecnología o patentes de origen israelí. Esa iniciativa, señora secretaria de Estado, ha sido rechazada abrumadoramente. Es decir, su propio socio le exige un calendario claro de desconexión, mientras que ustedes se niegan a comprometerse por escrito con ese calendario. Como pueden observar, pretenden pedir confianza a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros aliados cuando ni siquiera entre ustedes hay una posición coherente sobre qué hacer con esa tecnología ni sobre cómo ni cuándo hacerlo; es un despropósito. Señorías, esto no es un debate ideológico; es un problema concreto para los militares españoles que se juegan la vida en misiones dentro y fuera de nuestras fronteras. Señora secretaria, el caso de los nuevos aviones C295 de patrulla marítima y lucha antisubmarina es muy significativo. España necesita sustituir con urgencia plataformas veteranas dedicadas a la vigilancia de nuestros mares y nuestras fronteras. Sin embargo, el veto a determinados proveedores israelíes obliga a revisar configuraciones, renegociar plazos y asumir retrasos que nadie explica con claridad en esta Comisión. Algo similar ocurre con otras áreas de alta tecnología, desde sistemas de mando y control y ciberdefensa hasta proyectos del ámbito espacial. La electrónica, los sensores y el software avanzado no entienden de gestos simbólicos: o se tiene acceso a las mejores soluciones en tiempo y forma o se asumen riesgos que luego pagan quienes están desplegados. Y, al mismo tiempo, en el terreno más sensible, la inteligencia y la lucha antiterrorista, la cooperación entre el CNI y las agencias de inteligencia israelíes sigue siendo estrecha y útil para España, como no puede ni debe ser de otra manera. Ahí está la cooperación en la lucha antiterrorista. Y por eso, cuando ustedes hablan y atacan a Israel de esa manera, se rompe su discurso, pero se mantiene la dependencia en aquello que es lo esencial, lo que no se puede cambiar, que es la lucha antiterrorista. En un momento en el que el propio Gobierno presume de la paz alcanzada en Gaza y de su supuesto liderazgo moral.

Estas decisiones erráticas dañan la credibilidad de España como socio serio y previsible ante nuestros aliados. Por eso hoy le pregunto, señora secretaria de Estado: y viendo lo ocurrido con la PNL de Sumar, la pregunta no es solo en qué condición queda el Gobierno español con Israel, sino en qué posición quedan ustedes mismos con respecto a sus socios de Sumar. Y por eso hoy le pido no un eslogan; hoy le pido una respuesta serena, técnica y rigurosa, y de verdad coherente con los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Guijarro. Tiene la palabra la secretaria de Estado de Defensa. Muchas gracias, señor presidente, señoría. España trabaja por la paz en Oriente Medio. España ha exigido un alto el fuego inmediato, el respeto al derecho internacional humanitario y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Lo hacemos, efectivamente, con la legitimidad moral que nos da nuestra implicación con la estabilidad y la paz en la región. Nuestros militares llevan desde el año 2006 en Líbano, en la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL), una misión que tiene entre sus cometidos vigilar el cese de hostilidades entre Hezbolá e Israel y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas Libanesas en el sur del país. Hemos enviado ayuda humanitaria: alimentos por vía aérea, personal sanitario, y hemos trasladado a niños gazatíes a hospitales españoles para que puedan ser atendidos. Señorías, España actúa defendiendo tres principios inseparables: la paz, el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional. Nuestro país cuenta con uno de los sistemas de control de exportaciones de material de defensa y doble uso más estrictos del mundo, autorizándose únicamente cuando se garantiza el respeto a los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza. Desde el 7 de octubre de 2023 hemos iniciado el plan de desconexión para no depender ni de reparaciones en Israel ni de tecnologías provenientes de Israel. Le recuerdo que el Gobierno de España ni compra ni vende armamento a Israel. El Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, refrendó lo que venía haciendo ya el Gobierno, prohibiendo la transferencia de material de defensa, sea cual fuese, a Israel o bien desde Israel. España ha actuado, por lo tanto, con coherencia y mucha responsabilidad. No subordinamos nuestra seguridad ni nuestra defensa a ningún país que vaya en contra de la legalidad internacional. Esta situación ha reforzado un compromiso que tiene España: la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica y, sobre todo, la garantía de un suministro seguro y, por supuesto, el apoyo a la industria nacional de defensa. Lo que antes aportaban terceros hoy lo hacen empresas españolas, con empleo y tecnología españoles, y además con un pleno control de nuestras capacidades. Muchas gracias a la secretaria de Estado. Me han complicado la vida con el ratón este; no estaba previsto. Tiene la palabra el señor Núñez Guijarro para la réplica. Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, responsabilidad también es mi pregunta y por eso se la hago en sede parlamentaria. Habla usted de autonomía estratégica; yo creo que, tras la última compra que han hecho ustedes del proyecto de avión entrenador turco, ese discurso se le cae, como pudimos ver el otro día en esta misma Comisión. Bien, señoría, lo que sí me gustaría es plantearle que sus respuestas confirman la incongruencia que denunciaba al principio de mi intervención. En el discurso rompen con Israel, y ustedes lo hacen claramente bajo el paraguas de la legalidad internacional, pero en la realidad siguen dependiendo de su tecnología.

…de sus sistemas y de su tecnología allí donde no pueden prescindir de ella. Doble discurso dentro y fuera de nuestras fronteras. Europa y la OTAN nos piden fiabilidad y previsibilidad; ustedes ofrecen ideología y unos planes de desconexión que nadie conoce. ¿En esta Cámara nadie los conoce? Ni en esta Comisión se conocen los planes industriales que vayan a sustituir esa desconexión. En definitiva, han convertido un problema técnico y de seguridad nacional en un relato de autobombo. Pero la realidad es tozuda: programas reconfigurados sobre la marcha, contratos rescindidos, sobrecostes y un socio clave al que no se atreven ni a llamar aliado ni a utilizar como tal en la lucha antiterrorista. Por lo tanto, le apelo a la responsabilidad de su cargo y le pido que dé explicaciones respecto a qué está suponiendo y qué va a suponer, desde el punto de vista operativo para nuestras Fuerzas Armadas y desde el punto de vista industrial para nuestra industria de seguridad y defensa, las rescisiones y reconfiguraciones de contratos, y sobre todo el sobrecoste que nos va a suponer a todos y cada uno de los contribuyentes españoles esta decisión que no se basa en criterios técnicos, sino en ideología y planteamientos inconexos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la secretaria de Estado de Defensa. Señor diputado, cuando usted quiera hablar del avión entrenador estaré a disposición del Congreso cuando así lo considere su grupo parlamentario. Pero, precisamente, el programa del avión entrenador es uno de los mejores ejemplos de autonomía estratégica, de una apuesta por las mejores capacidades para dotar del mejor avión de entrenamiento de caza al Ejército del Aire y del Espacio, y desde luego de una apuesta decidida por la industria, por la huella industrial en España y por la creación de empleo en España. Volviendo a la pregunta, mire, debe quedar muy claro que nuestra apuesta es por España, por su seguridad y por su defensa. Pero lo que no puede usted afirmar es que esto sea solo ideología. Defender algo tan fundamental como la legalidad internacional y los derechos humanos no es ideología. No se puede elegir entre la seguridad y la legalidad internacional; esa opción no es posible si hacemos uso de la más básica ética política. Y quiero señalar, de manera muy clara, que España no toma decisiones contra ningún país —esto debe quedar muy claro—, las toma a favor de nuestra seguridad nacional, de los derechos humanos y del derecho internacional. Por supuesto, por encima de todo, queremos —no puede ser de otra manera— proteger a los españoles de hoy, pero también ganarnos el respeto de los españoles de mañana. Gracias. Muchas gracias a la secretaria de Estado. Si me lo permiten los grupos parlamentarios y la secretaria de Estado, voy a hacer una pequeña parada porque me han solicitado dos cambios. La propuesta es aceptarlos, contando también con la flexibilidad de la secretaria de Estado. Si les parece bien, son sencillos: intercambiar la pregunta 4 por la 13; llegado el momento formularíamos la 13 y la intercambiaríamos. Las dos son del Grupo Parlamentario Popular. Y, después, también a efectos de ordenar el debate, el Grupo Parlamentario Sumar nos solicita agrupar en una sola intervención la pregunta 7 y la pregunta 8, que se formularían conjuntamente y, por lo tanto, serían una sola pregunta. Perdón por este pequeño parón, pero parecía razonable. Y pasamos entonces al segundo punto del orden del día: la pregunta sobre el horizonte de participación de la SEPI en el futuro de la industria nacional de defensa, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Floriano Corrales para su intervención. Buenos días, señor presidente; señora secretaria de Estado, buenos días. Señorías, en las últimas semanas ha surgido, ha trascendido…

Información sobre posibles reestructuraciones de la industria pública de defensa, incluida la eventual segregación de Navantia y una concentración de sus capacidades tecnológicas en Indra. A día de hoy, señora secretaria de Estado, ¿puede el Gobierno detallar cuál es el plan exacto para la participación de la SEPI en la defensa nacional? ¿Qué operaciones tiene sobre la mesa en este sentido y si van a alterar capacidades estratégicas que hasta el momento desconocemos? Señora secretaria de Estado, usted sabe mejor que yo que la defensa nacional no es un conjunto de programas militares; ante todo, es una política industrial estratégica con una base tecnológica muy importante, cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos, a los españoles, y a los intereses de nuestro país. Y en ese ecosistema es donde debemos saber y conocer cuál es el papel que juega la SEPI. Surgen dudas, señora secretaria de Estado, porque en las últimas semanas hemos asistido a un escenario muy preocupante en torno al futuro de la participación del Estado en esta industria. Informaciones que hablan de reestructuraciones y de movimientos corporativos que afectarían, entre otras, a compañías estratégicas como Navantia. Informaciones que, de ser ciertas, implicarían dividir Navantia en dos áreas: una centrada en la construcción naval y otra especializada en tecnología, que se concentraría en Indra. Es decir, lo que tiene un futuro prometedor en términos de rentabilidad y de crecimiento saldría de Navantia para integrarse en Indra. La pregunta inmediata que surge es si con esto se resuelve el principal problema que tienen Indra y Navantia. Navantia es una de las empresas más reconocidas en todo el mundo por su capacidad industrial, con una mano de obra muy cualificada y con un futuro también prometedor, pero que afronta un problema grave de costes medios, que se traduce, sencillamente, en que cuanto más encargos tiene y más trabajo hace, más pérdidas sufre. Si la parte tecnológica, la que tiene un futuro más prometedor, se saca de Navantia para llevarla a Indra, creo que le estaremos haciendo un flaco favor y, desde luego, no estaremos abordando el principal problema que tiene. Hasta hoy no tenemos explicaciones; no sabemos nada. Por eso le preguntamos. España necesita una política industrial muy seria, una política de defensa muy seria, y creo que deben ustedes tomar una decisión. Sería bueno que nos avanzara una respuesta: si quieren que el Estado se convierta en fabricante de armas —por reducirlo a una expresión sencilla—, con lo cual seríamos productores y compradores únicos; ya le digo yo cuál sería el futuro tecnológico si apostamos por esa solución. O si quieren ustedes que el Estado sea el regulador de la producción y de la venta de armas como elemento que garantiza la seguridad y la defensa de nuestros intereses. Por eso creo que sería bueno que hoy supiéramos, después de sus respuestas, qué horizonte de participación pública está dibujando el Gobierno, si pretende reordenar, segregar o concentrar capacidades industriales, y qué papel tendrá la SEPI en esa reconfiguración. Yo creo que la defensa nacional es tan seria que no puede gestionarse a base de filtraciones. La industria pública no puede modularse en despachos cerrados a los que este Parlamento sea ajeno. El Parlamento merece transparencia; esta política industrial merece claridad y seriedad. España merece una política industrial de defensa a la altura. Y esta Cámara, señora secretaria de Estado, merece respuestas. Y yo las espero en esta mañana de usted. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Floriano Corrales. Tiene la palabra la secretaria de Estado.

Políticas diseñadas por el Gobierno para el sector empresarial en general y, en particular, para la industria de defensa. Entre las funciones encomendadas por la Ley 5/1996 a SEPI se establecen objetivos tan claros como la ejecución, en el ámbito de las empresas de las que es titular, de las directrices del Gobierno en materia de modernización; por lo tanto, una apuesta, en todas las empresas en las que participa SEPI, por la innovación tecnológica. En segundo lugar, impulsar y coordinar las actividades de las sociedades de las que es titular; por lo tanto, disponer, por supuesto, de un plan estratégico de futuro, pero también de presente, para las empresas en las que participa. Efectivamente, fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades. Bajo estas funciones, SEPI está muy presente en la industria de defensa. Es un ejemplo de colaboración público-privada y, además, constituye el nexo de conexión entre el sector público y el privado, porque no solo hay que tener en cuenta las empresas en las que SEPI tiene el control de todo el accionariado, sino también aquellas en las que tiene participaciones significativas. Igual o casi igual de importante es el impacto que tienen estas empresas en todo el ecosistema en el que están presentes, es decir, en toda la cadena de valor. Por eso, SEPI tiene una influencia determinante en el desarrollo tanto empresarial como estratégico e industrial de España. Merece la pena recordar que SEPI mantiene participaciones accionariales en las siguientes empresas, que desarrollan algunas de las líneas de negocio más importantes del ámbito de seguridad y defensa: en Navantia, el 100% de las participaciones; en Epicon, el 40%; en Indra, el 28%; en Telefónica, el 10%; en Hispasat, el 10,3%; y en el grupo Airbus, el 4,1%. Esto nos da indudablemente la idea de que SEPI es un actor fundamental en el ámbito empresarial de seguridad y defensa, porque la industria de defensa, seguridad y espacio en España es un pilar estratégico para la definición de nuestra base industrial y tecnológica. Contribuye no solo económicamente a las arcas del Estado, sino también —y esto es fundamental— a la generación de empleo, con un crecimiento del empleo altamente cualificado y, por supuesto, en las mejores condiciones retributivas y laborales. Asimismo, garantiza nuestra autonomía estratégica y desarrolla capacidades avanzadas para la producción de bienes y servicios de alto valor estratégico, como puede ser la flota de submarinos que se está construyendo para la Armada, la flota de fragatas F-110 o los buques de aprovisionamiento de combate. Con su participación en Airbus, SEPI es un actor fundamental en España en toda la industria aeronáutica y espacial, del mismo modo que, a través de Indra, mantiene presencia prácticamente en todos los programas de defensa, en lo que tiene que ver con mando y control, radares y sensores; es decir, la industria tecnológicamente más avanzada es la que aquí está presente. En este contexto, también merece la pena señalar que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que aprobó el Gobierno el pasado mes de abril plantea actuaciones muy importantes, que estamos desarrollando también con SEPI: adquirir nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad; fabricar o comprar nuevos instrumentos de defensa y disuasión; reforzar a las Fuerzas Armadas para la gestión de emergencias y desastres naturales; mejorar las condiciones de seguridad para las 16 misiones.

SEPI mantiene una posición estratégica en el sector de la defensa, con una participación en empresas tractoras. No hay que pensar solo en Navantia, sino en las más de 600 empresas que están en el ecosistema naval que lidera Navantia, por ejemplo. Y, desde luego, SEPI mantiene una amplia implantación industrial en términos de empleo, sobre todo porque está presente en toda España a través de las participaciones que realiza en las empresas que he señalado. Los ámbitos de actividad que representa SEPI se distinguen por un altísimo valor tecnológico y un alto componente de innovación. Muchas gracias, señor presidente. Señor Floriano.— Señora secretaria de Estado, le agradezco la respuesta. Pero, créame, conocemos cuál es la importancia de SEPI; eso ya lo sabemos. Su intervención me ha recordado la lectura de un manual. Le tengo el máximo respeto personal y no quiero que mis palabras le resulten ofensivas; hablo de su discurso. Créame que es improcedente que nos repita aquí cuál es la función de SEPI, su importancia y los porcentajes de participación: aquí hay que venir ya sabiendo eso, porque, si no, estamos perdiendo el tiempo. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es exactamente si los planes que se filtran por los medios de comunicación —rumores— son ciertos o no. Es decir, si podemos esperar que, dentro de poco tiempo, Navantia sea dividida. Si el dinero previsto en el plan de rearme para la adquisición de nuevas participaciones en empresas, ¿en qué empresas se va a participar y a través de qué instrumentos se va a hacer? Esas son las cuestiones que le planteo. Sinceramente, señora secretaria de Estado, se trata de responder a una pregunta: ¿tiene el Gobierno sobre la mesa una reordenación de la participación de SEPI en la industria de defensa que afecte a Navantia o a cualquier otra empresa estratégica? Nos basta con un sí o con un no. ¿Está eso entre los planes del Gobierno? Puede usted ser precisa. En este momento no caben silencios selectivos; no estamos para palabras huecas ni eslóganes. Estamos para ejercer la acción de control al Gobierno que nos corresponde como principal partido de la oposición. Nada más y muchas gracias. Señora secretaria de Estado.— Con el mismo respeto, señor Floriano, yo he venido a esta Comisión a dar información fehaciente a sus señorías, no a hacerme eco de rumores ni de bulos. Por supuesto, pertenezco al partido que gobierna en España. Dicho esto, las empresas participadas por SEPI —y contesto a lo que entiendo que es importante informar a esta Cámara— están sujetas al cumplimiento de una serie de objetivos estratégicos, entre los cuales considero esencial una intensa inversión en I+D.

Gracias, señor presidente. El uso de tecnologías de vanguardia, soluciones que se adapten continuamente a los requerimientos estratégicos en materia de seguridad y defensa, pero, sobre todo, que tengan muy en cuenta todo lo relativo a objetivos de carácter laboral, de implantación en el territorio y de refuerzo de la huella industrial. Que estas empresas sean capaces de ejercer un efecto tractor sobre el conjunto del ecosistema en el que trabajan. Estos son los objetivos marcados por la SEPI en las empresas participadas, y es en lo que estamos. SEPI, en las compañías en las que mantiene una posición accionarial minoritaria, también ejerce derechos políticos. Por ello, apoya planes estratégicos en las empresas que apuestan, como he señalado, por la innovación, por la tecnología disruptiva, por el crecimiento y el refuerzo del empleo. Y todo ello con un objetivo, como antes he señalado: soberanía tecnológica y autonomía estratégica. Navantia es un referente en capacidades industriales para diseñar, construir y mantener buques militares. Nuestra apuesta por la innovación supone un significativo incremento del empleo y tiene un impacto claro en la economía nacional, que en 2024 se ha traducido en 24.000 empleos directos e indirectos, contribuyendo al equilibrio de la balanza comercial. Epicom se posiciona como una empresa fundamental en soluciones criptográficas avanzadas; su objetivo es proteger información clasificada y, gracias a la participación accionarial de la SEPI en esta compañía, ha entrado en el programa Cripto dentro de los PERTE. Por supuesto, no necesito hacer muchas presentaciones sobre Indra, compañía en la que el Estado, a través de la SEPI, mantiene un 28% de participación. Es líder europea y global en sistemas de defensa, y destaca por su participación en programas vinculados al Fondo Europeo de Defensa, así como por su experiencia en defensa aérea, mando y control, vigilancia de fronteras, simulación y sistemas embarcados. Una cuestión fundamental es su plan estratégico, Leading the Future, que busca consolidarla como multinacional española de referencia en el ámbito aeroespacial. Por lo tanto, estamos cumpliendo con los objetivos del Gobierno y con los objetivos estratégicos de la SEPI de avanzar en tecnologías disruptivas. En el sector espacial, Hispasat es el operador nacional de satélites, pieza clave para la soberanía tecnológica. Es fundamental su participación en el programa europeo IRIS-2 y, con ello, reforzamos la presencia público-privada española en la fabricación de satélites y en los servicios espaciales. Por lo tanto, también cumplimos ese objetivo estratégico. Telefónica, que hemos logrado incorporar al perímetro del sector público empresarial, es indudablemente una de las compañías más importantes en comunicaciones. Del mismo modo, como he señalado antes, Airbus es una compañía estratégica europea en el ámbito aeroespacial y un actor fundamental en los polos aeronáuticos de Sevilla, Madrid y Albacete. Para nosotros, Airbus es clave, junto con Indra, no solo en el programa FCAS, sino también en el programa Eurodrone y en el programa de avión entrenador. Gracias.

Gracias, señor secretario de Estado. Pasamos a la tercera pregunta: análisis que hace el Gobierno de los actuales contratos industriales en los que está implicada la industria de defensa española. Pregunta presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que formula la señora Rodríguez Herrera. Gracias, presidente. Señor secretario de Estado, solo en 2025 hemos asistido a la pérdida de tres grandes contratos exteriores por Navantia. En enero, en la India, seis submarinos por importe de 4.800 millones de euros; las causas: no cumplíamos los requisitos al no tener el sistema AIP ensayado en el mar. En agosto supimos que tampoco estábamos en la lista corta para la adjudicación del gran contrato en Canadá, de doce submarinos por importe de hasta 62.200 millones; las razones de la eliminación son similares a las de la India. Y la semana pasada conocimos también que estábamos descartados en la adjudicación de otro lote de tres submarinos en Polonia, por importe de 4.600 millones. Las noticias son preocupantes, pues se unen a las de que la empresa entró nuevamente en pérdidas en el año 24, 197 millones, como consecuencia en parte, según explican, del ajuste derivado de la revisión de costes pendientes hasta la finalización del programa S-80. Un programa que ha tenido reiterados retrasos en la entrega de las unidades comprometidas, que achacan a la combinación de problemas técnicos y de personal especializado, y que ha llevado a la empresa a sucesivas reprogramaciones, con el consiguiente impacto en los costes y en sus compromisos con la Armada. Entre estas reprogramaciones no solo está la fecha de entrega de las unidades, sino también los problemas con la incorporación del AIP, que ahora parece que no llegará antes de 2028, y que han llevado en buena medida a que se pierdan los contratos a cuyas licitaciones se había acudido. Hay que recordar igualmente que Navantia perdió un importante contrato en el año 2020 para suministrar fragatas a Estados Unidos, basadas en la F-100, por un importe global superior a los 5.000 millones. Las ganadoras han sido empresas europeas con experiencia con la que nuestra empresa pública competía. Estos son datos que nos señalan que algo está pasando. Son demasiados proyectos perdidos en un plazo muy breve, y la pregunta que le hago hoy va en este sentido: ¿cuál es el papel de nuestro Gobierno para ayudar a que se hubieran culminado con éxito algunas de estas licitaciones? La diplomacia comercial está extendida por todo el mundo y con contraprestaciones de todo tipo, en las que tiene mucha importancia el papel internacional de los países, y da la sensación de que en España ustedes lo han dejado de lado. Pero esta cuestión, el fracaso de Navantia en su faceta internacional, tiene también otras derivadas o plantea otros interrogantes que se pueden extrapolar al resto de la actividad del Ministerio de Defensa. Como les hemos señalado en múltiples ocasiones, la transparencia de su ministerio, a pesar de la trascendencia de la política que gestiona, brilla por su ausencia. La opacidad en la toma de decisiones y su justificación, cuando no la utilización de razones peregrinas no soportadas por criterios técnicos; la elección de los adjudicatarios de los contratos; los métodos y condiciones en su financiación y, por elevar el nivel, la falta de un presupuesto público garantizado no son la mejor carta de presentación para la fiabilidad de las empresas públicas españolas que salen de nuestras fronteras. Le voy a dar unos datos, soportados por la Intervención General del Estado en su última publicación. El presupuesto inicial del ministerio para 2025, arrastrando la cifra prorrogada desde 2023, en una situación insólita y claramente contraria a lo dispuesto por la Constitución española, ascendía a 12.827 millones de euros, que a 31 de octubre pasado se habían incrementado en 6.327, hasta alcanzar los 19.154 millones, un 49,3% más, todas las modificaciones por acuerdo del Gobierno sin pasar en ningún caso por el Congreso de los Diputados. Y a esa fecha, su ministerio tenía contraídos compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por importe de casi 60.000 millones de euros, por autorizaciones reiteradas del Gobierno, exceptuando al ministerio de los límites establecidos por la Ley General Presupuestaria y, obviamente, sin pasar por el Parlamento. Y a día de hoy, 12 de diciembre, ¿cuál es la situación?

Porque siguen igual. A pesar de su encendida defensa en la anterior comparecencia del señor Sánchez —fue la expresión que utilizó: «siempre cumplía»—, en 2026 tampoco va a haber presupuestos, porque la inestabilidad de su Gobierno es total. ¿Cómo van a hacer para atender sus obligaciones? No podemos conocer la cuantía de los compromisos adquiridos con cargo a 2026, pero al menos serán similares a los de 2025, más el incremento de los costes de personal y los del funcionamiento de los servicios, que van disparados. ¿Cómo, en una situación así, se van a fiar de nosotros? El descrédito fiscal del país, señora secretaria de Estado, por mucho que se empeñen en presumir de cifras macroeconómicas, es supino, y supongo que eso pesará también en las licitaciones internacionales a las que acuden nuestras empresas públicas. Señora Valcárcel, usted se sienta en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, órgano esencial y con importante responsabilidad en la gobernabilidad de España. ¿No pueden ustedes actuar con responsabilidad y acabar con esta situación de inestabilidad política, que solo trae perjuicios a los españoles? Convoquen elecciones ya. Muchas gracias, señora Rodríguez Herrera. Tiene la palabra la secretaria de Estado de Defensa. En primer lugar, señalar que es importante que esta comisión del Congreso de los Diputados apoye la imagen internacional de España y de la industria de defensa española, porque es una industria avanzada tecnológicamente y de altísima fiabilidad. Es una industria que hoy ocupa el cuarto lugar en el ámbito europeo y somos el octavo exportador mundial. Esto nos da una idea de la capacidad de nuestro sistema de I+D+i para desarrollar capacidades avanzadas tecnológicamente, pero también de la visión que fuera tienen no solo de lo que es España, sino también de su industria de defensa y, por supuesto, del enorme potencial empresarial de estas compañías. En nuestro trabajo también damos apoyo institucional a todas las empresas vinculadas a la industria de defensa. Los contratos industriales que han ganado en España, en Europa y fuera de Europa representan un paso decisivo para consolidar la base industrial y tecnológica de la defensa española. Por supuesto que hay una enorme competencia, en Europa y a nivel global; claro que la hay. Pero es muy diferente no ganar un contrato a haberlo perdido, y esa es la diferencia entre el apoyo institucional que da el Gobierno a las empresas y a la industria de defensa y las críticas que usted ha puesto sobre la mesa. Nuestro objetivo es consolidar la base industrial y tecnológica de la defensa, como he señalado, para reforzar la autonomía estratégica y modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Aplicamos un marco estratégico claro y coherente, que es el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Este plan establece que la inversión en los programas de modernización tiene que orientarse a la obtención de nuevas capacidades militares, al desarrollo de la industria nacional, a promover tecnologías propias, a conseguir empleo cualificado y a la consolidación de un tejido empresarial competitivo. Con estos criterios, los contratos que realizamos en España se analizan atendiendo a su impacto económico —incluida la generación de actividad y de empleo especializado—, su contribución al fortalecimiento de cadenas de suministro nacionales y su capacidad para impulsar nuevas capacidades industriales. Quiero subrayar, además, el apoyo a las pymes, que son las que fortalecen la cadena de valor.