Ocupen los escaños, vamos a reanudar la sesión. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo de Extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania, hecho en Madrid el 5 de junio de 2025. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Santos Maraver.
El acuerdo que se nos traslada hoy para su aprobación y posterior ratificación es un acuerdo típico de extradición. Prevé todos los supuestos habituales, con la exclusión de los delitos de carácter político, a fin de evitar cualquier utilización contra el espíritu de la cooperación judicial. No obstante, no se considerarán delitos políticos los actos de terrorismo ni los atentados contra las familias reales.
Asimismo, contempla las causas ordinarias de denegación, como las consideraciones humanitarias, la exclusión de personas menores de edad y aquellos casos en los que pudiera imponerse la prisión permanente. El texto ordena y sistematiza procedimientos que hasta ahora se llevaban a cabo sin un marco bilateral específico, incluyendo la posibilidad de detención provisional a instancia de la otra parte mientras se formaliza la solicitud de extradición.
La única novedad reseñable es que su tramitación y negociación se vieron retrasadas por la COVID-19. Con este paso nos ponemos al día y cumplimos nuestras obligaciones internacionales y de amistad con el Gobierno hachemita de Jordania. Votaremos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Santos Maraver. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra el señor Mercadal Baquero.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. A diferencia de otras ocasiones, hoy nos ocupamos de un único asunto: el Acuerdo de Extradición entre España y el Reino Hachemí de Jordania.
Este expediente se inició durante la administración del presidente Mariano Rajoy y se completa ahora con la administración del presidente Pedro Sánchez. Fue una propuesta de la parte jordana en 2016; la primera ronda de negociaciones tuvo lugar en junio de 2019 y la segunda no pudo celebrarse hasta enero de 2021, tal como se ha señalado, debido a la COVID-19, que dilató los tiempos de tramitación. Finalmente, en octubre del año pasado, en el marco de la visita de nuestra Casa Real a Jordania, se adoptó el texto definitivo.
Un acuerdo de extradición es probablemente el tipo de acuerdo internacional más conocido por el público en general. Muchas gracias.
Quedarán obligados a conceder la extradición de aquellas personas que hayan cometido delitos y que sean reclamadas por la justicia del otro país. El texto especifica los delitos objeto de extradición y, muy importante, como ya ha resaltado el señor Santos Maraver, quedan excluidos los delitos considerados políticos. Asimismo, no se extraditará a aquellas personas cuando existan motivos fundados para considerar que se pueden vulnerar sus derechos humanos o por razones humanitarias. Tampoco se extraditará cuando la pena prevista sea prisión permanente o cuando se trate de personas menores de edad. Por lo tanto, es un acuerdo, como no puede ser de otra manera, que cumple con los criterios del derecho internacional y, específicamente, con los derechos humanos. Salió aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores hace un par de semanas por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra, y emplazamos a todos los grupos a volver a votar a favor. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Mercadal. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Félix.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco hoy para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto al tratado de extradición entre España y el Reino Hachemita de Jordania, firmado el pasado 5 de junio de 2025. Y comenzaré con una convicción clara: la seguridad de los españoles se defiende también en el tablero internacional. En un mundo donde las redes criminales, el terrorismo y la corrupción no entienden de fronteras, España necesita alianzas fiables, estables y adaptadas al siglo XXI.
Este tratado es precisamente eso: una herramienta jurídica moderna para reforzar nuestra capacidad de actuar contra quienes pretenden burlar la justicia. La relación entre España y Jordania es sólida, coherente y estratégica. Este acuerdo no nace de la improvisación, sino de un diálogo político y de un compromiso con la estabilidad del Mediterráneo y de Oriente Medio, y esto se debe en gran parte al trabajo ímprobo de nuestro cuerpo diplomático. Con este tratado, España afianza su presencia y consolida la cooperación con un socio clave en la región.
Y el texto, señorías, es técnicamente riguroso. Por un lado, establece con claridad los delitos extraditables e introduce umbrales de penas razonables; por otro, garantiza derechos fundamentales mediante el principio de especialidad y prohíbe la extradición por motivos políticos o discriminatorios. No se trata, por lo tanto, solo de entregar o recibir a un prófugo; se trata de garantizar que nadie pueda encontrar un refugio seguro fuera del alcance de la justicia y de hacerlo respetando el Estado de Derecho en su esencia y pureza. Creo que es acertado traer aquí las palabras de Robert Kennedy, quien afirmó: “La ley no es solo un conjunto de reglamentos; es la expresión organizada de la justicia de un pueblo”. Este tratado es exactamente eso: la expresión organizada de nuestra voluntad de hacer justicia también más allá de nuestras fronteras.
Señorías, España no puede ser un agujero negro para criminales internacionales ni puede permitir que los nuestros se escondan en otros territorios. Este acuerdo cierra espacios de impunidad y fortalece la protección de nuestros ciudadanos, además de reforzar nuestra credibilidad como país, a diferencia de la imagen deplorable que se ha dado internacionalmente con la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la que estamos dando hoy en los juzgados con la declaración del exministro Ábalos. El Partido Popular siempre defenderá una política exterior firme, respetada y coherente, que sitúe a España en el lugar que le corresponde por derecho propio.
Señorías, anunciamos nuestro voto favorable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García.
Continuamos ahora con los puntos del orden del día relativos a las propuestas de abocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; y la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; así como de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y de alquiler de habitaciones. Estas propuestas se someterán a votación electrónica junto con el resto de asuntos al final de la sesión.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a la propuesta de la Comisión de Sanidad de creación de una subcomisión para el estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español. Esta propuesta se somete al Pleno sin debate previo. La votación correspondiente a este punto tendrá lugar junto con el resto de las votaciones y, si hay intervenciones de explicación de voto, será después de las votaciones.
Y ahora pasamos a examinar el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2025, de 28 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento frente a los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando quiera.
Un poco de silencio, por favor, señoras y señores diputados. Vamos a empezar el debate.
Señor ministro, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías; buenos días a todos y a todas. Subo a esta tribuna para solicitar el voto favorable de esta Cámara a la convalidación del Real Decreto-ley 12/2025, por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento frente a los daños causados por la DANA.
Su objetivo es idéntico al de los tres reales decretos-leyes ya convalidados y es renovar el compromiso del Gobierno de España, y por extensión también de esta Cámara, con los municipios afectados por aquella terrible DANA. Y renovamos este compromiso sin escatimar recursos, de manera coordinada, de manera integral. Movilizamos todos los instrumentos disponibles por parte del Gobierno de España para que ningún municipio, ciudadano o empresa se quede atrás.
Desde que se produjo la DANA, el Gobierno ha articulado un conjunto de medidas en el Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana, que consta de tres fases: la primera, actuaciones de respuesta inmediata y urgente; la segunda, reconstrucción de las zonas afectadas; y la tercera, relanzamiento y transformación del territorio.
Durante las fases primera y segunda se aprobaron tres reales decretos-leyes y, en esta fase tercera, el Gobierno continúa desplegando medidas y actuaciones como las que hoy traemos a convalidación de esta Cámara. Básicamente, agilizamos procedimientos de ayudas vigentes al tiempo que prorrogamos y mejoramos la protección para empresas y autónomos, y también ayudamos a las entidades locales afectadas, municipios y diputaciones provinciales.
Hasta la fecha, quiero subrayar este dato, el Gobierno de España ha abonado en ayudas y subvenciones más de ocho mil millones de euros.
Este real decreto-ley contiene seis grandes áreas de actuación: medidas de carácter económico; medidas de apoyo a la actividad industrial y turística; medidas en materia de Seguridad Social; medidas de apoyo al sector cultural; medidas de mejora de la resiliencia frente a inundaciones; y otras medidas de apoyo a la población afectada por la DANA.
Trato por apartados, en el orden mencionado. Primero, las medidas de carácter económico. Se regulan y se crean los nuevos préstamos ICO-PRTR.
Permitirán actuar con agilidad y atender las necesidades de empresas, autónomos y hogares en momentos de crisis o emergencia como los provocados por la DANA. Esta línea de financiación permitirá otorgar préstamos con tramos reembolsables y con una bonificación parcial del tipo de interés. Tendrá un importe inicial de 750 millones de euros, con un componente de ayuda para pymes de 180 millones de euros. En segundo lugar, en estas medidas de carácter económico, se prevé la posibilidad de que se establezcan líneas de avales por cuenta del Estado de la financiación otorgada a hogares, empresas y autónomos. Aquí el importe máximo será de hasta 5.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2040, es decir, para planificar toda la reconstrucción y la reactivación de esa zona afectada por la DANA.
Segundo bloque de medidas, las de apoyo a la actividad industrial y turística. Damos respuesta a problemas que se han generado y que vienen motivados por la escasez de maquinaria pesada y materiales en la provincia de Valencia. Esta escasez ha provocado retrasos significativos en la ejecución de obras relacionadas con el PERTE Naval, en el marco del Plan de Recuperación, y por ese motivo ampliamos los plazos que tienen las empresas beneficiarias para poner en marcha las instalaciones hasta el 30 de junio de 2026. También en el marco del PERTE VEC, del vehículo eléctrico y conectado, se realizan algunas adaptaciones técnicas para poder ejecutar mejor las ayudas al sector, de tal manera que un sector absolutamente estratégico para la provincia de Valencia como es este se pueda adaptar mejor a lo que tiene que ser la recuperación. Y, finalmente, se modifica también la orientación del mecanismo Reinicia Plus FEPYME-DANA para actuar con agilidad ante situaciones de contingencia que afecten a las pymes. Esta reorientación permitirá canalizar hasta 300 millones de euros correspondientes al presupuesto no dispuesto asignado inicialmente al mecanismo.
Tercer bloque de medidas, las que tienen que ver con la Seguridad Social. Se refuerza el escudo social con dos medidas muy concretas. La primera, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la prestación por cese de actividad para autónomos que se vieron obligados a cesar como consecuencia directa e inmediata de la DANA. La segunda, la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de la cotización a la Seguridad Social por las cuotas devengadas hasta enero o febrero de 2026, a un tipo de interés reducido del 0,5%, muy inferior al habitual.
Cuarto bloque de medidas que contiene este real decreto-ley, las de apoyo al sector cultural. Entendemos que también es necesario profundizar en la dinamización y la reactivación del sector cultural. Por eso se establecen en este real decreto-ley dos medidas, con ayudas por valor de más de un millón de euros, que se suman a los cuatro millones de euros que ya se aprobaron en reales decretos-leyes anteriores en materia cultural. Primera de las medidas: se concede una subvención para el proyecto Salvem les Fotos, que se espera que recopile, restaure y digitalice hasta medio millón de fotografías familiares de personas afectadas por la DANA. En segundo lugar, también en materia cultural, se concederán subvenciones a varias entidades culturales para que programen actividades que fomenten la recuperación de la actividad artística y cultural.
Quinto bloque de medidas: las de mejora de la resiliencia frente a inundaciones. Como es por todos conocido, la DANA inundó numerosas viviendas en la provincia de Valencia y provocó daños materiales de muy importante cuantía. Este real decreto-ley recoge una línea de ayudas de hasta 60 millones de euros para realizar actuaciones de resiliencia frente a inundaciones en los municipios afectados por la DANA, tanto de la Comunidad Valenciana como también de Castilla-La Mancha, en concreto los municipios de Letur y Mira, y también en Andalucía, el municipio de Alhaurín de la Torre.
Sexto y último bloque, el de otras medidas de apoyo a la población afectada por la DANA. Se modifica el Plan Reinicia AutoPlus de ayudas para la adquisición de vehículos a ciudadanos afectados, ampliándose el plazo para presentar solicitudes y también el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026. Con este plan, que beneficia a particulares, autónomos y empresas, se han concedido más de 39.000 ayudas por importe de 200 millones de euros. Ponemos remedio en este real decreto-ley a problemas que se han detectado durante estos meses.
Se dará de baja definitiva y de oficio a aquellos vehículos retirados y depositados, incluso cuando estén pendientes de destrucción y de descontaminación. Segundo, también se dará de baja definitiva a aquellos vehículos que continúen desaparecidos, previa declaración responsable del titular de que no han sido localizados. Asimismo, ante la experiencia que hemos tenido durante este año, se desvinculan las ayudas para libros de texto y material escolar de la obtención de la ayuda de vivienda a la que estaban vinculadas, y se acuerda facilitar la reposición del material escolar también en el curso 2025-2026.
Voy concluyendo. El impacto de una catástrofe como la DANA es muy difícil de superar. En la memoria colectiva, sobre todo en la provincia de Valencia, permanece el recuerdo de aquella terrible DANA y, en especial, de los fallecidos. Desde el Gobierno de España, y en general desde todas las administraciones públicas, nos corresponde aminorar el impacto material y permitir que la ciudadanía recupere progresivamente sus condiciones de vida. A pesar de ser una ingente tarea y de que queda mucho por hacer, humildemente creo que podemos decir que desde el Gobierno de España hemos estado a la altura. La Comunidad Valenciana ha vivido la que probablemente será la peor tragedia de su historia, y eso requiere que todos los poderes públicos, sin excepción, hagamos el mayor esfuerzo. Hay demasiadas cosas que no podrán nunca recuperarse, sobre todo las vidas humanas, pero sí podemos hacer un trabajo compartido de las diferentes administraciones públicas para que, en lo institucional, en lo económico y en lo social, se vaya recuperando la normalidad en la Comunidad Valenciana.
Les voy a decir algo que seguramente no será compartido por los intervinientes que hagan uso de la palabra a continuación: hoy no es el día de hablar del pasado, hoy no es el día de hablar del señor Mazón. Hoy es el día de hablar de futuro, del futuro que merece la Comunidad Valenciana, que pasa por votar y pasar página y, por supuesto, no tener un gobierno reaccionario en manos de la ultraderecha. Ese no es el futuro que se merece la Comunidad Valenciana. Pero eso no se decide en esta Cámara, se decide en las Cortes Valencianas. Aquí se decide la convalidación de ese real decreto-ley para el que pido el apoyo de sus señorías. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
Gracias, presidenta. A mí hoy me gustaría venir aquí a esta tribuna a celebrar buenas noticias. No puedo, señorías del Partido Socialista. No porque hablemos de un decreto que se titula “medidas urgentes” y hace ya un año de la DANA que sufrimos en Valencia. Lo siento mucho, señor ministro, pero el Gobierno de España no ha estado a la altura durante este año en la recuperación de las zonas afectadas por la DANA.
Porque cuando, un año después, todavía hay familias y negocios que no han cobrado, no podemos decir que la cosa va bien y que el Gobierno ha estado a la altura. Porque cuando el 40% de las empresas afectadas continúan sin haber recibido lo que les corresponde, aunque se trate de medidas urgentes, no podemos decir que este Gobierno ha estado a la altura. Y lo peor de todo, señorías del Partido Socialista, es que todavía hay personas que ni siquiera tienen una propuesta de resolución de las ayudas que necesitan, un año después de la DANA.
Lo dice bien claro la página web de Moncloa. Usted ha dado los números de una manera; yo los diré de otra: en la página web de Moncloa se afirma que efectivamente hay movilizados 16.600 millones de euros por los efectos de la DANA en Valencia, pero solo se han entregado y se han hecho efectivos la mitad.
…de esos 16.600 millones de euros, un año después de la DANA. Efectivamente, señor ministro, el Gobierno de España no ha estado a la altura. La pregunta es clara: ¿dónde está la otra mitad de ese dinero? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué las ayudas se pierden en laberintos administrativos cuando la gente todavía tiene su casa destrozada o su negocio sin poder ponerse en funcionamiento? El problema es la lentitud, sí, pero también el tipo de soluciones que ofrece el Gobierno en el plan de reconstrucción.
Los planes que han puesto sobre la mesa, en demasiadas ocasiones, están desconectados del territorio: carecen de mirada metropolitana, de base hidrológica y se alejan del urbanismo existente en los pueblos afectados. Por ejemplo, ustedes defienden el desvío del barranco de la Saleta en el barrio del Cristo de Aldaia, y esto es una doble condena para el pueblo de Aldaia, cuando existen alternativas propuestas por las asociaciones vecinales a las que no quieren atender.
Al mismo tiempo, el Partido Popular y el Partido Socialista continúan echándose en cara quién era el responsable y por qué, entre otros, el Barranco del Poyo no está adecuadamente acondicionado, cuando en Compromís hemos presentado en numerosas ocasiones medidas para solucionar sus problemas y el PP ha votado en contra, y el PSOE también. De hecho, la propia Generalitat Valenciana tenía destinados 125.000 euros para actuaciones en el Barranco del Poyo y, después de un año, han invertido cero euros.
Por tanto, cuando hablamos de un plan de resiliencia, este plan no puede empeorar lo que ya ha ocurrido. Y, además, ¿qué hacemos con la Albufera de Valencia? ¿Qué hace el MITECO con un parque natural que continúa recibiendo suciedad y residuos, mientras ustedes siguen empeñados en la ampliación del puerto de Valencia? Señores del PP y del PSOE: sí, es una reconstrucción, porque están volviendo a construir, tanto en la Generalitat Valenciana como en el Gobierno central, en zonas inundadas.
Y la pregunta es, señorías: ¿llevarían ustedes a sus padres a las viviendas tuteladas de Picaña después de lo que ha pasado? ¿Vivirían en una vivienda de protección pública en zona inundable de La Torre, en Valencia, después de lo ocurrido? ¿Llevarían a sus hijos al Colegio Público Carmen Miquel del Raval de Algemesí, al lado del río Magro, después de lo sucedido? ¿O, señorías del Partido Socialista, utilizarían tranquilamente la AP-7, que la están rehaciendo igual que estaba antes de la inundación, después de lo que hemos vivido? Fan falta diners, fan falta recursos i una mirada diferent. Necesitamos dinero, recursos y una mirada diferente para lo que necesitamos los valencianos y las valencianas. Gracias.
Muchas gracias, señora Micó.
Gracias, presidente. Señorías: El Gobierno nos presenta un tercer decreto sobre la DANA que, en línea con los anteriores, extiende algunas de las medidas para la reconstrucción de los municipios valencianos afectados. Hablamos de la ampliación de los créditos ICO, del aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social o de la planificación de nuevas infraestructuras para evitar futuras inundaciones. Medidas que consideramos necesarias y correctas, pero quizá no suficientes.
Desde Podemos, como saben, siempre hemos reivindicado que se movilicen todos los recursos del Estado y que se pongan a disposición de Valencia y también de los municipios afectados. La cuestión es, en todo caso, si esto se ha hecho; si se han puesto, o si se están poniendo, todos los recursos para unos municipios y para unos vecinos y vecinas que, un año después de la DANA y de la gestión homicida —porque hay que decirlo— del Partido Popular y de Mazón, siguen muy golpeados.
Gracias. Y no han vuelto a la normalidad a día de hoy. Por eso, hoy, más que referirnos a lo que viene en este decreto, queremos poner sobre la mesa lo que no viene, pero que llevamos meses pidiendo y que también están reclamando sindicatos, sociedad civil y afectados.
Miren, este Real Decreto-ley del Gobierno plantea claramente el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta febrero de 2026. Lo que no sabemos es por qué solo plantea un aplazamiento de tres meses. Si nos están diciendo que todos los autónomos y pequeñas empresas están completamente recuperados y van a poder abordar los pagos en esos tres meses, creemos que se equivocan, señorías del Gobierno. Y hoy también deberíamos estar aprobando exenciones parciales o incluso totales para todos aquellos autónomos que no hayan podido recuperar su actividad, su negocio o su nivel habitual de ingresos.
Además de las ayudas a las empresas, deberíamos aprobar medidas contundentes a favor de las familias trabajadoras y en paro de Catarroja, de Paiporta, de Benetússer y de tantos otros municipios. Por eso, señorías socialistas, le volvemos a insistir: levantemos de nuevo el escudo social; garanticemos una renta de reconstrucción social para los vecinos y las vecinas afectadas, una renta para quien haya perdido el trabajo y no haya podido recuperarlo o esté en peores condiciones que antes del 29 de octubre.
Y la otra gran cuestión que ustedes no abordan, ministro y señorías, es la vivienda. El precio de los alquileres en los municipios afectados ha subido este año un 18%, ni más ni menos. Ya lo advertimos: especulación descarnada en plena catástrofe. ¿Por qué este Gobierno no ha hecho nada para congelar el precio de los alquileres? ¿Por qué se ha puesto por delante el mercado a la reconstrucción y a la recuperación de las familias? ¿Por qué anteponen la batalla bipartidista entre administraciones cuando las familias valencianas siguen sin recibir ayuda suficiente ni de unos ni de otros? Si se pudieron congelar los alquileres durante la pandemia, ¿por qué no se ha podido ahora?
Y termino. Lo que estamos viendo estas semanas en la Comisión de Investigación de la DANA es absolutamente lamentable: un Gobierno valenciano del Partido Popular que niega toda responsabilidad de lo sucedido, que le echa la culpa hasta a los técnicos porque, casualmente, no sabían nada; un Gobierno valenciano que sabemos que tiene parados nueve millones de ayudas. Pero el problema es que eso no les pasa factura, porque la gente, por encima de las peleas partidistas, lo que quiere es que las ayudas lleguen y que les alcancen para vivir, para pagar la vivienda, para recuperar su vivienda y su negocio. Por eso, señorías del Gobierno, hoy vamos a votar este nuevo real decreto sobre la DANA —y ya van tres—, pero les avisamos de que esto no está alcanzando a mucha gente y que la reconstrucción social sigue pendiente en Valencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Gracias, presidenta. Señorías, Egun on. Buenos días. El Real Decreto-ley 12/2025 es una norma que refuerza y acelera las medidas destinadas a reparar los daños producidos por la DANA. La DANA, como todos sabemos, dejó viviendas destruidas, explotaciones agrícolas arrasadas, infraestructuras básicas inutilizadas y empresas paralizadas. Para miles de afectados el tiempo no ha cerrado todavía las heridas porque, un año después, todavía hay cosas pendientes: obras por concluir, trámites inacabados, ayudas que no han llegado y territorios que siguen arrastrando las consecuencias del desastre.
Por eso creemos que este decreto-ley es necesario y vamos a votar a favor. Aporta tres elementos clave: refuerza las ayudas existentes para familias, empresas y ayuntamientos que no han podido recuperarse; agiliza trámites y procedimientos, reduciendo la carga burocrática que tanto retraso ha generado; e incorpora criterios de prevención y adaptación climática, porque ya no basta con reconstruir, hay que reconstruir mejor y con más resiliencia. Además, esta norma supone una extensión y ampliación del primer plan aprobado en noviembre de 2024, reforzando instrumentos ya en marcha, porque incluye medidas del Instituto de Crédito Oficial, un programa de avales por 5.000 millones de euros y apoyos específicos.
autónomos y la ampliación de las ayudas a la compra de vehículos, un nuevo plan de ayudas para la vivienda, medidas dirigidas al sector cultural y a los servicios sociales. Con ello se completa una respuesta más amplia y coherente para abordar las necesidades generadas por la DANA.
Es un decreto que, por tanto, avanza, corrige y complementa las medidas adoptadas hasta ahora y lo hace con un objetivo: que la reconstrucción sea real, efectiva y llegue a todas y a todos. Apoyar este decreto no implica negar que hay aspectos mejorables y quiero mencionarlos con espíritu constructivo, porque apoyar también es exigir que las cosas se hagan bien. Algunos municipios afectados quedaron fuera de los primeros listados, especialmente zonas agrícolas y rurales que han demostrado daños evidentes, y por lo tanto es imprescindible ampliar la cobertura territorial para que estas ayudas lleguen a quien lo necesita. La tramitación ha sido lenta y demasiado compleja. Las ayudas de urgencia no pueden perderse en pasillos administrativos y se deben simplificar aún más los procedimientos. La reconstrucción debe tener, además, una visión climática a largo plazo. La DANA de 2024 no es un caso aislado; el cambio climático convertirá en recurrentes los fenómenos extremos, y el decreto apunta en esta dirección, pero es necesario reforzar aún más los criterios de resiliencia. Se requiere mayor transparencia y seguimiento para conocer el nivel de ejecución de las medidas, porque lo cierto es que en Valencia existe la percepción de que las ayudas no llegan o han llegado a cuentagotas; y si esa percepción no se corresponde con la realidad, nada mejor que establecer mecanismos claros de información pública que lo demuestren. Estas críticas, desde luego, no restan valor a este real decreto-ley; muy al contrario, demuestran que el debate parlamentario sirve para enriquecer y perfeccionar las políticas públicas, sobre todo si este decreto se tramita como proyecto de ley.
Votaremos a favor porque hoy se votan soluciones para la ciudadanía y para las empresas, porque la reconstrucción no puede depender de un calendario, sino de las necesidades reales de la ciudadanía. Pero, sobre todo, votaremos a favor porque detrás de este decreto están las miles de personas que siguen esperando una respuesta. Un año después todavía hay familias viviendo situaciones precarias, agricultores que han perdido toda una campaña, autónomos que han visto su único sustento paralizado y municipios que han hecho un esfuerzo extraordinario para sostener a su población. No hablamos solo de números; hablamos de vidas que merecen una recuperación lo más rápida, justa y completa. Este decreto es un paso necesario. Votamos sí: sí a la reconstrucción, sí a una recuperación rápida, eficaz y climáticamente responsable, y a no dejar a nadie atrás.
Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Muchas veces, aunque ya lo hayamos dicho, no nos cansaremos de repetirlo. Desde Euskal Herria Bildu, y sobre todo de cara al pueblo valenciano, golpeado fuertemente por la DANA, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por toda la devastación y el sufrimiento derivados de la DANA de octubre del año pasado, especialmente en el País Valencià. Y queremos decir también que la manera más eficiente de combatir este problema es hacer propuestas en el Congreso a favor de la reconstrucción.
Una de las mejores maneras de plasmar la solidaridad que sentimos es apoyando, precisamente, las iniciativas que llegan a este foro para ayudar a los cientos de miles de personas afectadas, en diverso grado, por la catástrofe; es apoyar las medidas de reconstrucción y las que fomenten una mayor resiliencia de cara al futuro. Lo hicimos apoyando los reales decretos anteriores que llegaron antes que este, y lo haremos hoy.
Sabemos, somos conscientes, de que la reparación y la reconstrucción no están llegando en los volúmenes y los ritmos que se necesitan. No vamos a entrar en disputas sobre una ejecución que no conocemos en detalle. De hecho, este real decreto reconoce varios de los problemas que se están produciendo sobre el terreno: tardanzas en la ejecución de obras por embudos en las licitaciones, atascos administrativos, dificultades burocráticas a la hora de dar de baja definitiva los vehículos, a la hora de tramitar ayudas al patrimonio cultural, tardanza en la llegada de las ayudas para material escolar, etcétera. Entendemos que todos estos problemas han hecho que el ritmo de la reconstrucción no haya sido el adecuado.
La construcción y la adaptación de cara al futuro van más lentas de lo necesario y más lentas de lo que esperaba y se merecía el pueblo valenciano. Y entendemos que, tras la detección de todos estos problemas, este Real Decreto-ley intenta precisamente ayudar a solucionarlos. El real decreto simplifica algunos trámites y plazos, flexibiliza condiciones de recepción de ayudas y esperamos y deseamos que las mejoras introducidas, después de comprobar y reconocer dónde están algunos de los problemas principales, ayuden a que el ritmo de reconstrucción y adaptación mejore. Porque es cierto que, un año y pico después de la DANA, queda aún demasiado por hacer.
Dicho esto, queremos apuntar un par de ideas más en este debate. Creemos que es evidente que hay un antes y un después de la DANA, sobre todo en Valencia, pero debe abrir un debate extensible a cualquier territorio. Lamentablemente, sabemos que la era de las consecuencias de la emergencia ecológica en la que nos estamos adentrando hará que los episodios extremos se multipliquen. Esto es, precisamente, lo que la comunidad científica nos venía advirtiendo, y esto va a ser la nueva normalidad: fenómenos extremos cada vez más frecuentes y con un potencial destructivo mayor. La DANA rompió los modelos; pocos meses después hubo una ola de calor que también los rompió, y los incendios subsecuentes igualmente. Los mejores especialistas nos lo están advirtiendo con claridad: la capacidad de respuesta tiene límites, y hay que reorientar y redimensionar el sistema de protección civil. Y la respuesta a estos límites, parafraseando a un ilustre político, es: prevención, prevención y prevención.
Prevención es reconstruir pensando en lo que puede venir; de ahí la extrema importancia de la reconstrucción resiliente a la que apunta el Real Decreto-ley, aunque es verdad que, presupuestariamente, esto se hace tímidamente. Prevención es reforzar la protección civil. Prevención es una gestión del territorio adaptada a la nueva realidad. Prevención son muchas cosas. Pero prevención también es una aproximación mucho más prudente, más conservadora si se quiere, a las emergencias cuando se nos avisa de situaciones potencialmente peligrosas; mucho más prudente que la que hubo en Valencia, y queremos insistir en esta idea.
La DANA no fue una catástrofe natural; fue un fenómeno meteorológico extremo, con un potencial devastador enorme, que se convirtió en una catástrofe, sí, porque entre los avisos y los resultados medió, especialmente por parte de la Generalitat Valenciana —sobre la que recaía la competencia—, una gestión temeraria, irresponsable y negligente. Y ya no se puede actuar así. Las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación. Y no es admisible, desde ningún punto de vista, que un año después tengamos que andar escuchando la enésima versión de lo sucedido en octubre de 2025. No es de recibo que tengamos que estar hablando aún de un restaurante, de un parking, de un móvil en una mochila, de WhatsApps borrados, de “no me acuerdo a qué hora”, de “no recuerdo de lo que hablé”, “intenté conectarme pero no pude”, “llegué a las cinco, no, llegué a las siete, no, llegué a las ocho y media”, y todo tipo de mentiras que a menudo no duran ni un día, con la única finalidad de no comerse un marrón.
Hoy hablamos de medidas de reparación y de reconstrucción. El señor Bolaños tiene razón: hay que mirar al futuro, pero no hay que olvidarse de que, para reparar a las víctimas y reconstruir su situación anímica, también hay que ofrecerles la verdad. Y sobre la reconstrucción, aunque duela decirlo, algunos han dedicado más tiempo a reconstruir versiones de lo que pasó que a reconstruir Valencia. Durante un año, algunos han aplaudido a rabiar a los máximos responsables políticos y a quienes no han tenido otra preocupación que encubrirlo, creando una maraña de mentiras.
Nuestra contribución, por lo tanto, además de aprobar este Real Decreto-ley, tal vez no acabe aquí. Queremos seguir trabajando para que la verdad se abra paso, y creemos que el pueblo valenciano se merece, por lo menos, esto. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Otero.
El Grup Parlamentari Republicà, la senyora Jordà, com a grup.
Molt bon dia a totes i a tots. Buenos días a todos y todas. Gracias, presidenta. Buenos días, ministra.
Ante todo, como no puede ser de otra forma, toda nuestra solidaridad, toda la solidaridad del grupo que tengo el honor de representar, solidaridad y estima a todas las personas y municipios afectados por la terrible y devastadora DANA del pasado 29 de octubre. Las imágenes de calles inundadas, llenas de fango, los coches apilados, las viviendas destrozadas y decenas y decenas de familias que ese fatídico día lo perdieron todo, absolutamente todo. Es un recuerdo tan doloroso que nadie, absolutamente nadie, puede quedar indiferente.
Ante ese nefasto episodio ha sido necesario otro real decreto-ley y, por supuesto, vamos a darle apoyo. Pero no podemos conformarnos con una política que solo actúa, desgraciadamente, cuando todo lo demás ya ha sido golpeado. Seré muy clara: tenemos que hablar de mañana. Lo decía antes el ministro Bolaños: hablemos de futuro. Pues bien, nosotros queremos hablar de mañana, queremos hablar de futuro, de políticas serias, políticas valientes; queremos hablar de adaptación, de resiliencia ante futuros desastres, desastres que, sin duda, nadie de los aquí presentes podrá evitar.
Por eso queremos dejar claro que, más allá de aprobar reiteradamente reales decretos-ley millonarios, es imprescindible forjar un sistema jurídico que integre de forma transversal medidas climáticas en ámbitos tan importantes como la planificación urbana, la ordenación del territorio, la protección de infraestructuras o la gestión ambiental. Y vamos tarde, vamos tarde. Es vital disponer ya de un marco de adaptación sólido. Si carecemos de él, la capacidad de las administraciones —y digo todas— para proteger a la ciudadanía va a ser nula, no va a existir.
¿Y saben qué pasa? Que, les guste o no, la ciudadanía tiene derechos, la mayoría de los cuales están en la Constitución que unos y otros tanto defienden y tanto les gusta: el artículo 15, el derecho a la vida; el artículo 43, el derecho a la salud; el artículo 47, el derecho a la vivienda; o el artículo 17, el derecho a la seguridad. O se apuesta, señorías, por soluciones anticipadas y estructurales que musculen la resiliencia ante futuros desastres, o solo vamos a andar reparando. Ni el dolor ni las pérdidas se pueden reparar. Y ahí va el titular: los reales decretos, por buenos que sean, no pueden repararlo todo. Que quede claro: no lo pueden reparar todo. En definitiva, no se puede reconstruir vulnerabilidad; lo que se tiene es que construir seguridad, y no nos cansaremos de repetirlo.
Entrando en el real decreto, de forma muy rápida: los créditos ICO para empresas y los fondos PERTE nos parecen bien, pese a que advertimos que no queda claro qué tramos son reembolsables y cuáles no. También nos genera dudas que se puedan ejecutar en tiempo y forma, teniendo en cuenta que se tienen que implantar antes de diciembre de 2026. Pero, en cuanto a los avales de financiación a empresas y autónomos, bien: evidentemente, estamos absolutamente a favor de brindarles apoyo en la mayor medida posible. Lamentablemente, las consecuencias de esa DANA van a tener un impacto en la economía valenciana a medio plazo y es precisa una respuesta tan ambiciosa como sea posible.
En cuanto a la ampliación de plazos para la justificación del PERTE Naval, pensamos que sería bueno que se pudieran prorrogar hasta el mes de diciembre de 2026 y no hasta junio, especialmente para las empresas más afectadas.