La presidenta: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión y se procede al trámite del orden del día, que, como ustedes saben, es el debate y votación de proposiciones no de ley. Sin más dilación, pasamos a la primera: proposición no de ley para la rehabilitación de los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la DANA en la provincia de Valencia. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, para la defensa de la misma y por un tiempo de cinco minutos, el señor De Rosa.
El señor De Rosa: Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar quiero recordar y rendir un sincero homenaje, en nombre del Grupo Popular, al guardia civil Adolfo Torres Lafuente, fallecido en el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta el 29 de octubre de 2024. Asimismo, a la pareja del teniente adjunto de dicho acuartelamiento, Nieves Navas Aguilar. El teniente adjunto aún se encuentra en baja psicológica. Los agentes del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas localizaron los cuerpos sin vida en la zona de calabozos. Descansen en paz.
Señorías, nuestros guardias civiles merecen respeto, unas condiciones laborales óptimas y, sobre todo, que trabajemos por sus derechos. Durante los días terribles de la riada de octubre de 2024 trabajaron como verdaderos héroes, a pesar de que desde el Ministerio del Interior, del señor Grande-Marlaska, se les pusieron obstáculos para poder acudir a ayudar a los afectados y perjudicados.
Y a las familias de las víctimas. Les voy a leer un mensaje en redes sociales de fecha 1 de noviembre de 2024, setenta y dos horas después de la terrible riada: Desde la Asociación Española de la Guardia Civil instamos urgentemente a la Dirección General de la Guardia Civil para que manden todos los refuerzos posibles para apoyar a los compañeros de Valencia, completamente saturados. Por la situación, hay compañeros por toda España dispuestos a acudir en su ayuda, por lo que rogamos se facilite su intervención. Por algo somos la Benemérita. Es terrible este mensaje en el que se pone de manifiesto cómo se impidió la ayuda a los valencianos por parte del Ministerio de Marlaska.
Por eso, y por respeto a la Guardia Civil, el Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley, en la que se insta al Gobierno de España a que se rehabiliten de forma urgente los cuarteles de la Guardia Civil afectados por la riada de octubre de 2024, y a que se proporcione a los agentes los recursos necesarios para desempeñar su labor con eficacia y en condiciones adecuadas. Señorías, es una vergüenza que las obras en el cuartel de Paiporta, devastado por la riada, se hayan iniciado en septiembre de 2025, y a fecha de hoy la compañía siga trasladada a dependencias cedidas por el Ayuntamiento de Paiporta. Desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025 no se consideró oportuno empezar las obras en Paiporta. Señorías, se ha tardado casi un año en comenzarlas y, según las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, los trabajos van lentos, tarde y mal. Ese es el respeto al trabajo de la Guardia Civil.
Otro cuartel de referencia es el de Utiel. El edificio sigue en ruinas, con pabellones cerrados, debiendo prestarse los servicios propios de la unidad en dependencias municipales, como pude comprobar yo personalmente. Esta situación de abandono no solo causa un grave riesgo a los derechos laborales de los miembros de la Guardia Civil, sino que provoca un grave trastorno en su trabajo por la lucha contra la delincuencia y en su árdua labor de protección a los ciudadanos. Sin duda, el reprobado Marlaska demuestra una vez más que le molesta la Guardia Civil, que desprecia sus condiciones laborales y, en definitiva, no le importa su trabajo ni su prestigio.
Los ciudadanos admiramos a la Guardia Civil; en concreto, los valencianos siempre les agradeceremos su heroicidad en los duros días de la riada de octubre de 2024, y los tendremos en nuestros corazones, porque salvaron vidas incluso poniendo en riesgo las suyas propias. Existen miles de testimonios y por eso exigimos al Gobierno que deje su indolencia a un lado y ponga de forma inmediata un plan de rehabilitación urgente para los cuarteles afectados por la DANA. Además, solicitamos que se actúe en el resto de instalaciones y cuarteles de la provincia de Valencia, y que se dote de los medios personales y materiales necesarios para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles que prestan su servicio en la provincia de Valencia.
Señorías, este sería el mejor homenaje a estos héroes y, sobre todo, la mejor manera de recordar al guardia Torres Lafuente, fallecido en Paiporta, y a todos aquellos que resultaron heridos o se encuentran de baja por cualquier motivo relacionado con la terrible riada de octubre de 2024. También sería el recuerdo de Nieves Navas, que también murió en dicho cuartel. Así pues, y por el recuerdo de todos ellos, solicitamos al resto de grupos que apoyen esta proposición no de ley. Se lo debemos a estos grandes y abnegados profesionales. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por lo tanto, vamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Sumar, el señor Ibáñez, por un tiempo de tres minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Vaya por delante el sumarme al pésame unánime del Congreso a aquellos servidores públicos y, particularmente en este caso, al guardia civil fallecido, así como a sus familiares y a las personas que continúan hoy de baja ante la situación catastrófica que vivimos en la DANA. Pero la proposición no de ley del Partido Popular parte de una premisa falsa, y creo que es importante que empecemos el debate por ahí: el Gobierno de España ha planificado y ha invertido casi ocho millones de euros para el adecuamiento de los diferentes cuarteles que se vieron implicados en la riada. Particularmente, planteaba Paiporta, donde hay una ejecución de un proyecto de dos millones de euros. En el caso de Utiel, tiene razón en que los guardias civiles trabajan en unas condiciones laborales...
Nosotros estaremos de acuerdo, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en poder mejorar las condiciones laborales de la Guardia Civil y de diferentes cuarteles, como por ejemplo el de Sueca, en la provincia de Valencia. Pero creo que, para rendir homenaje a lo que hicieron los guardias civiles durante la DANA y a su función pública, y más estando en una Comisión de Interior, lo que tendríamos que hacer es apremiar al escrupuloso cumplimiento de la ley. Y es que lo que hemos visto en la gestión de la DANA es lo siguiente: el Consell borra las grabaciones de las cámaras del día 29 de octubre; el presidente de la Diputación de Valencia admite que tiene varias llamadas, pero no puede mostrarlas porque las borró; Maribel Vilaplana borró todos los mensajes que tenía con el señor Mazón; y la mano derecha de Mazón revela hoy mismo a la jueza que ha borrado todo lo de aquel día.
Así que creo que venir hoy aquí a hablar de la Guardia Civil por parte del PP es un poquito atrevido. Es atrevido que vengan a hablar de orden y ley cuando, sinceramente, no hay que ser el lápiz más afilado del estuche para ver que no cumplieron —o no siguieron— los preceptos que guían a nuestra Guardia Civil en la gestión de la DANA desde la dirección del Partido Popular y desde la Presidencia de la Generalitat. Desgraciadamente, lo que estamos viendo los valencianos es una gestión negligente durante la preemergencia —que no existió por parte del Partido Popular— y negligente durante la propia DANA. Pero, sobre todo, hemos visto cómo la estrategia habitual de romper discos duros a martillazos y de borrar cualquier prueba, una vez más, es la marca del Partido Popular. Así que no hay mejor homenaje a la Guardia Civil —y con esto termino, señora presidenta— que cumplir escrupulosamente la ley y dar la cara cuando se tiene que dar.
Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
Muchas gracias, señora presidenta. Lo que realmente es inaceptable es que una vicepresidenta del Gobierno, desde la mesa oficial en la que se da cuenta de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros, llame a la movilización en las calles contra el Tribunal Supremo como consecuencia de la condena a un fiscal general que, entre otras cosas, borró sus mensajes para intentar que los investigadores no pudieran tener pruebas incriminatorias contra él. Esta es la doble vara de medir de algunos: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero, en fin, esto es lo que sucede en España.
Yendo a la cuestión, en primer lugar, nuestro homenaje a las mujeres y hombres de la Guardia Civil que dieron lo mejor de sí mismos en aquellos días trágicos, y nuestra gratitud a todos aquellos otros guardias que quisieron acudir como voluntarios para ayudar desde toda España y a quienes el Ministerio del Interior se lo impidió. Nuestro recuerdo a las dos personas que perdieron la vida en el cuartel de Paiporta. Esta iniciativa que hoy debatimos no debiera ser necesaria si el Ministerio del Interior hubiera actuado con la celeridad debida, pero lo es porque, un año después, los cuarteles de Utiel, Alfafar y Paiporta siguen sin ser reparados. Una falta de celeridad semejante a las 96 horas —es decir, cuatro días— que tardó el Ministerio del Interior en mandar, tras la tragedia, refuerzos de la Guardia Civil a los municipios devastados, lo que posibilitó noches de terror en aquellos pueblos a causa del pillaje y los saqueos.
Esta iniciativa tampoco sería necesaria si la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, de la que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquella comunidad autónoma, estuviera cumpliendo con su deber institucional e insistiendo ante el Ministerio sobre la urgencia de estas reparaciones en los citados cuarteles y la reposición de los medios materiales operativos perdidos a causa de la riada. Pero no, no lo está haciendo porque la delegada del Gobierno anda más ocupada en realizar una labor de activista política que en responder a las exigencias institucionales de su cargo. Ninguna sorpresa al efecto, señora presidenta, porque, al fin y al cabo, así funciona el sanchismo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Poblador.
Gracias, presidenta. Señorías.
Señor De Rosa, antes de nada quiero sumarme a la solidaridad de mis compañeros, en nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio, con todas las víctimas. Todo nuestro cariño y solidaridad.
Y le quiero decir que, de verdad, después de la nefasta gestión que estamos conociendo del señor Mazón y de su gobierno aquel 29 de octubre, que dejó 229 víctimas tras de sí, ¿se atreven ustedes a hablar de abandono? ¿Se atreven a hablar de falta de respeto? ¿Saben cuál sería el mejor homenaje que podrían hacer a la Guardia Civil y a todas las víctimas? Decir la verdad, decir dónde estuvo el señor Mazón, ir a declarar ante la jueza de Catarroja. Eso es lo que tienen que hacer.
Miren, señorías, cuando la mentira política irrumpe en un drama humano como el de Valencia, les define no solo su catadura moral; define también su manera de hacer política frente a las tragedias. El 29 de octubre se ha convertido ya para siempre, y para ustedes, en el 11M de Mazón y del señor Feijóo. Y, a pesar de ustedes, estamos conociendo la verdad y estamos destapando sus mentiras.
Les voy a decir algo que deberían hacérselo mirar: el duelo de las víctimas no comenzará a sanar hasta que se aclaren las responsabilidades políticas derivadas de la nefasta gestión del Gobierno valenciano. Ha pasado más de un año de aquella terrible DANA que asoló Valencia, y la verdad de esta tragedia se abrirá paso, porque si algo está claro es que falló la decisión política de quien estaba a cargo, que era el señor Mazón y todo el Gobierno valenciano.
Creo que lo ha explicado ya muy bien mi compañero: el tema de los cuarteles de los que ustedes hablan. Están todos ya en fase de ejecución, y el de Utiel se hará nuevo. Mientras tanto, se ha desplazado a los guardias civiles a otras ubicaciones.
Permítanme, señorías, terminar con una reflexión final. Las danas se van a volver a repetir, cada vez con más frecuencia y con más intensidad, como consecuencia del cambio climático. Pero, señorías, ¿se pueden evitar sus terribles consecuencias y las pérdidas de vidas en nuestro territorio? Sí, si se actúa desde el conocimiento, la prevención, el auxilio y la responsabilidad. Pero, sobre todo, es imprescindible no abrazar las políticas negacionistas, como van a hacer ustedes esta semana formando gobierno de la mano de Vox. Señorías, los valencianos y las valencianas estamos muy preocupados, porque no tendrán ningún pudor ni ninguna vergüenza en volver a meter a Vox en el Gobierno valenciano, como ya lo hicieron con el Gobierno del señor Mazón, nombrando a un conseller de Agricultura y Medio Ambiente que habría gestionado la DANA si no hubiera sido porque dimitió en verano. De aquellos polvos, estos lodos, señorías. Muchas gracias.
Bien, pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a la inseguridad ciudadana en España y, en especial, en la provincia de Málaga, debido a la oleada de violencia producida por los enfrentamientos armados. Autor: Grupo Parlamentario Vox. Tiene para su defensa cinco minutos la señora Rueda.
La criminalidad ha aumentado; lo padecen los españoles en sus barrios. Las mujeres violadas, un 265 % de incremento de las violaciones, y lo reconoce el propio ministerio cuando los datos del último balance de criminalidad, correspondiente al primer trimestre del año 2025, hablan de ese incremento en determinados tipos delictivos. Hoy traemos a esta comisión una iniciativa relativa a la seguridad ciudadana, sí, a la seguridad ciudadana, porque resulta que cada día se sienten más inseguros vecinos, turistas, empresarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este Gobierno está permitiendo tiroteos y ajustes de cuentas a plena luz del día. Sí, tiroteos y ajustes de cuentas a plena luz del día. Y deben recordar que están poniendo también en tela de juicio la imagen de España como un destino turístico y seguro cuando abrimos portadas en países como Inglaterra y Alemania, que son los principales emisores de turistas. Desde finales de marzo de 2025 se ha producido en Andalucía una media de un tiroteo cada tres noches, acumulando Málaga más de la mitad de los casos.
Málaga se ha convertido en algo así como la “ONU” del crimen organizado, y esto se está replicando en otras muchas provincias españolas. ¿Qué está sucediendo? Pues el acceso fácil a armas a través del mercado ilícito, el crecimiento de las organizaciones criminales, las actividades ilegales como el narcotráfico, el aumento de la inseguridad y la violencia. El caso de Málaga no es una excepción. Señorías, sin seguridad no hay libertad. Y tenemos un PP que mira hacia otro lado y un PSOE que es el responsable directo, porque es quien desmantela nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien abandona comisarías que presentan altas deficiencias, incluso de salubridad, porque no las dota de los recursos humanos necesarios para ejercer su trabajo. Y con indignación escucho al Partido Popular y al Partido Socialista, quienes me han precedido en el uso de la palabra, darse golpes en el pecho por el triste fallecimiento de guardias civiles. No tienen vergüenza, porque unos y otros han gobernado con mayoría absoluta este país y no han hecho nada por dotarlos de los recursos humanos, materiales y económicos que necesitan. No les va a devolver a la viuda su marido ni al hijo su madre esta verborrea que tienen en comisiones y en plenos. Hacen falta medidas eficaces y eficientes. Lo ideal sería fulminar a ese miserable Marlaska.
La presidenta.—En esta comisión no se permiten insultos. Yo, como presidenta, no le consiento ningún insulto.
Usted es mayor y sabe lo que es un insulto y lo que no es un insulto. Pero como Marlaska no tiene la decencia de dimitir, mejor nosotros seguimos dando la batalla. Un ministro que abandona a la Policía Nacional y a la Guardia Civil se convierte en cómplice de los delincuentes, porque es sencillo: o estás con los delincuentes o estás contra ellos. Y es por eso que desde Vox denunciamos esa nefasta gestión de Marlaska y de este Gobierno, que nos lleva hacia una narcodictadura. Agradecemos el extraordinario trabajo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes, con escasos medios y en clara desventaja, luchan contra la delincuencia. Y por eso hoy exigimos: impulsar una reforma legislativa para endurecer las penas de prisión; elaborar un plan especial operativo de medidas de lucha contra el mercado ilícito de armas para Málaga y para todo el territorio nacional; dotar de más recursos materiales y humanos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; reforzar el control del tráfico ilícito de armas; revocar la nacionalidad española a quienes, no siendo españoles de origen, hayan incurrido en conductas delictivas; y reconocer también la profesión de agente como profesión de riesgo. Miren, ahí fuera están cansados: están cansados de cantos de sirena, de palabras vacías de contenido, de condolencias y homenajes. Quieren medios, quieren recursos para luchar contra el narcotráfico, para garantizar la seguridad en nuestras calles, para ejercer el control de fronteras, para combatir el crimen organizado y la delincuencia. Hay que tomar medidas. Sin seguridad no hay libertad. Y créanme cuando les digo que, cuando Vox llegue al Gobierno con la mayoría suficiente, no le va a temblar el pulso para ejecutar cuantas acciones sean necesarias para garantizar la seguridad, la libertad y la democracia.
Bien, a esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y tiene tres minutos para su defensa la señora Pérez.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos una proposición no de ley en la que España, y de forma especialmente grave en mi provincia, Málaga, está sufriendo una oleada de violencia armada que el Gobierno no está siendo capaz de frenar. Y los datos no son percepciones, no son opiniones; son cifras oficiales de su propio balance de criminalidad, que reflejan más violencia, más armas, más delitos graves y una sensación social de inseguridad que se extiende. Los homicidios y asesinatos en grado de tentativa aumentan un 19,9%; las lesiones graves, un 2,11%; y el tráfico de drogas, casi un 5%. Son delitos en los que el uso de armas es habitual. En Málaga la situación es especialmente grave. Desde finales de marzo se registra un tiroteo cada tres noches, en Mijas, Benalmádena o Marbella.
En la capital, los episodios se repiten semana tras semana. Y, según la Fiscalía Antidroga, en el 80% de las intervenciones se incautan armas. La Costa del Sol se está convirtiendo en un punto de actividad para mafias internacionales, mientras el Gobierno sigue sin reaccionar. ¿Dónde está el plan integral? ¿Dónde el refuerzo de medios humanos? ¿Dónde la estrategia legislativa que incremente la presión penal contra quienes trafican y poseen armas?
Señorías del PSOE, ustedes eliminaron una unidad como OCON-SUR, que dio resultados históricos contra el narcotráfico. Ustedes han permitido que los delincuentes estén cada vez mejor armados, mientras que los agentes de la Policía y la Guardia Civil trabajan con menos medios, menos personal y más riesgo. Ustedes han abandonado cuarteles, han despreciado la equiparación salarial y han debilitado el principio de autoridad. Por todo ello, hemos presentado enmiendas dirigidas a reforzar aquello que el Gobierno no está haciendo.
Hemos propuesto modificar el punto quinto: reformar el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la persecución del crimen organizado y del tráfico de migrantes en aguas internacionales, agravando las penas en casos de violencia, reincidencia, explotación o pertenencia a organizaciones criminales, y extendiendo la responsabilidad penal a quienes colaboren o faciliten medios para estas actividades ilícitas.
Y hemos añadido otro punto: aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia de Málaga, y muy especialmente en Casares y Manilva, ante el incremento de la actividad criminal vinculada al narcotráfico.
Señorías, la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos y una obligación esencial del Estado. Cuando las armas ocupan las calles, lo que está en juego es la convivencia, la libertad y la confianza en nuestras instituciones. Es hora de que el Gobierno actúe con la firmeza que esta situación exige. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Sumar, el señor Valero.
Gracias, presidenta. Yo creo que tenemos un problema en este país con la ultraderecha, porque cada vez que se le calienta la boca habla de fusilar a los adversarios políticos. Y lo dice en una comisión donde reside la soberanía nacional. Está grabado y no hace falta que lo repita, porque está grabado. Tal cual: “Fusilar a un miserable”, ha dicho.
Señor Santiago, señor Ortega Smith, dejen de hablar entre ustedes; están en turno de palabra. Parecen ustedes niños pequeños, de verdad. Tiene la palabra el señor Valero. He parado el tiempo; lamentablemente, no se ha parado en la pantalla. No funciona la pantalla y hay que estar continuamente con el ratón, que tampoco funciona muy bien. Paciencia. Volvemos. Le daré unos segundos de más, evidentemente. Así que, por favor, no interrumpan, porque al final pasan estas cosas. Señora Sánchez Torregrosa, por favor. Continúe, señor Valero.
Paso a presentar la posición de mi grupo. Hay tiroteos frecuentes en la Costa del Sol, pero son solo la punta del iceberg de la implantación de un crimen organizado, una actividad mafiosa con tentáculos que no se han mencionado por parte del proponente y que están adheridos a la economía costasoleña: narcotráfico, blanqueo de capitales en el urbanismo y también en el sector turístico; una industria corrupta que campa a sus anchas de manera estructural. Y lo dice Europol, que ya enmarca a la Costa del Sol como una de las tres zonas más violentas de Europa. Incluso el fiscal antidroga de Málaga aseguró que en España tenemos instaladas la mayoría de las grandes organizaciones de traficantes y, por tanto, desde aquí se coordina y se mueve la mayor parte de la droga que pasa por España. Son 150 kilómetros de litoral que son un “todo incluido” del crimen organizado.
Sin duda, el epicentro es Marbella, una de las sedes globales del crimen organizado que, según las autoridades policiales, es un auténtico “coworking” del crimen. Por eso no es casualidad que en este “coworking” se haya destapado una trama corrupta ligada al narcotráfico en la que estaba implicado quien ya está fallecido, el marido de la alcaldesa del Partido Popular de Marbella, también policías locales y también el hijastro de la actual alcaldesa de Marbella, para el que piden 18 años de cárcel. Por supuesto, ni la alcaldesa ha dimitido ni el Partido Popular se lo ha pedido. Sigue viviendo en una mansión de lujo.
Pagada por su marido ya fallecido, que estaba implicado en una trama que, según la Audiencia Nacional, formaba parte de esa organización criminal de narcotraficantes. Detrás del lujo de la Costa del Sol es obvio que hay mucho dinero negro. Por tanto, no se puede desligar esta criminalidad, con sus tiroteos y ajustes de cuentas, de esas tramas económicas que operan desde lujosas urbanizaciones, sea en la Costa del Sol o en otras partes exclusivas del país. Para que haya menos armas, lo primero es luchar contra las redes económicas de las mafias y contra el narcotráfico. Sin embargo, en su proposición no de ley faltan cosas y sobran otras. No hablan de fortalecer la regulación legal en materia de blanqueo de capitales, paraísos fiscales y narcotráfico. No hablan de ampliar los mecanismos de rastreo del patrimonio, del entramado societario, de identificación, congelación y confiscación de bienes para plantar cara a las organizaciones criminales. No hablan de medidas para la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas y en el sector privado. Y no aportan soluciones que garanticen la seguridad humana con políticas estructurales, porque, de nuevo, su respuesta es exclusivamente punitivista y policial. Y termino. Por eso, en su PNL también sobran cosas: sobra su obsesión por endurecer penas; está demostrado que no resuelve nada. Nuestro país tiene uno de los índices más bajos de criminalidad frente a otros con códigos penales más duros. Y sobra su racismo: de nuevo, en el punto 5 vinculan delincuencia con extranjería. Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Cano.
Muchas gracias, presidenta. Llama la atención la contradicción en la que entra Vox, porque, claro, aquí hablan de que hay que luchar contra el tráfico de armas, pero Vox es un partido que quiere que los españoles tengan armas. Hasta la Asociación Unificada de la Guardia Civil les ha afeado que propongan que los españoles lleven armas para defenderse. Pues no: eso es una contradicción. Yo no quiero que los españoles tengan armas y creo que, efectivamente, hay que luchar contra el tráfico de armas.
En todo lo que ha dicho usted, señora Rueda, sí le voy a dar la razón en algo: sin seguridad no hay libertad —o libertades, muchas—, y sin libertad no hay seguridad tampoco. Porque nosotros creemos en la seguridad; no es un concepto suyo, la seguridad no es un concepto de derechas. Es, fundamentalmente, un concepto de izquierdas: para que las personas puedan ejercer sus libertades, deben estar seguras. Por eso España es de los países más seguros del mundo. Por eso cada vez más gente quiere venir a vivir y a visitar la Costa del Sol, porque es uno de los lugares más bonitos y más seguros del mundo. Esa es la realidad de la Costa del Sol. Yo no quiero provocar aquí ningún alarmismo, porque no es necesario. Hay que luchar contra esas mafias, claro que sí, y eso es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo desde hace ocho años. Fíjese usted hasta qué punto que, desde que llegamos en 2018 hasta hoy, hay 40.000 efectivos más de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país: 40.000 más. El PP, la derecha que ahora se da golpes en el pecho diciendo que hacen falta más policías y más guardias civiles, hablarán mucho, pero lo que hicieron fue dejar 13.000 agentes menos en toda España en siete años. Nosotros, en siete años, 40.000 agentes más. Eso es creer en la seguridad. Eso es trabajar por la seguridad. Y por eso España hoy es un país seguro, y Málaga hoy es un sitio seguro. Tanto es así que allí, en Málaga, hay mil policías y guardias civiles más que hace siete años: mil más. ¿Que harían falta más? Vale. Los que no los van a traer son ustedes, que cuando llegan, recortan; y cuando llegamos nosotros, ponemos más. Eso es creer en la seguridad, y eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias.
Bien, señora Rueda, ¿acepta usted la enmienda del Partido Popular?
—Estamos viéndola. Gracias.
Presidenta: A continuación, pasamos a la tercera proposición no de ley relativa a establecer un régimen de resarcimiento específico para el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma, por cinco minutos, tiene la palabra la señora Borrego.
La señora Borrego: Gracias, presidenta. Señorías, las cuantías de las dietas de alojamiento y manutención que percibe el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se actualizan desde 2005, tanto para quienes se desplazan por razón de servicio a fin de cubrir los gastos de pernoctación y alimentación, como para el personal que desempeña el cometido de escolta. Tampoco se ha actualizado la indemnización por uso de vehículos particulares, la misma que en 2005. Y todos somos conscientes de lo que ha subido el IPC desde entonces hasta la actualidad.
Todo ello hace que las cuantías establecidas resulten, en la práctica, totalmente insuficientes para cubrir los costes reales en el contexto actual. Las cantidades asignadas no cubren la totalidad de los gastos y, dependiendo del destino donde se presta el servicio, llegan a ser ridículas; citaré, por ejemplo, Baleares y Canarias en verano. De hecho, de media en toda España, las cantidades asignadas no suponen ni el 50 % del total de los gastos en los que incurren los guardias civiles y los policías nacionales.
Estas situaciones se agravan, como antes decía, en determinadas épocas, como la estival. Este verano pasado, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional volvieron a denunciar que los agentes en comisión de servicio de la Operación Verano cobraban las mismas dietas que en 2005. Dietas sin actualizar desde 2005. Repito. Por ejemplo, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que van comisionados a Baleares o a Canarias, en verano, con los precios que todos conocemos —y, en este último caso, Canarias, para velar la estancia del presidente del Gobierno en Lanzarote—, disponen de dietas claramente desfasadas, lo que les obliga a detraer dinero de sus retribuciones para abonar los gastos derivados de trasladarse fuera de sus lugares de residencia para trabajar.
Vivimos situaciones dantescas, las vivimos y las sentimos como propias. Vimos cómo la solidaridad de los ciudadanos y del sector privado intentaba solventar la situación ante la dejación del Ministerio del Interior, que no adelantaba el importe de las dietas e incluso permitía que se amenazara a los agentes que se negaban a adelantar gastos y dietas. Y, a preguntas de diputadas de esta Comisión sobre la situación que se estaba viviendo y las soluciones que iba a adoptar el Ministerio, este negaba la mayor y no aportaba datos; de hecho, ocultaba los que le requeríamos y derivaba cualquier responsabilidad al Ministerio de Hacienda, como si no fuera el mismo Gobierno, en este caso gobernado por ministros del mismo partido.
Ante la precaria situación que viven muchos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que ven cómo el Gobierno no actualiza sus dietas pese a que ni siquiera ejecuta las partidas destinadas a ello, es imprescindible que el ministro y los directores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional den explicaciones; que se actualicen las dietas congeladas desde 2005, estableciendo un régimen de resarcimiento específico para el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ajustado a la realidad actual y que contemple tanto las condiciones económicas como los compromisos laborales y geográficos de los agentes; y que se diseñe un protocolo ágil que garantice el abono de las dietas en el plazo más breve posible desde la finalización del servicio, ejecutándose de manera ágil el presupuesto asignado para ello.
Todo ello, señorías, con el objetivo no solo de dignificar la labor de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sino también de asegurar el correcto resarcimiento por los gastos generados en el ejercicio de sus funciones. Objetivo que estoy convencida comparten todos ustedes. Por eso, les pido el apoyo para esta proposición no de ley del Grupo Popular. Muchas gracias.
Presidenta: Gracias, señora Borrego. A continuación, como no se han presentado enmiendas, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Sumar, el señor Santiago.
El señor Santiago: Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, las indemnizaciones por razón del servicio se regulan en un decreto del año 2002, cuya última actualización fue en 2005. Obviamente, son unas cuantías absolutamente insuficientes para el coste de la vida actual. Por alojamiento, en el Grupo 3 son 48 euros diarios.
Es difícil en España, por no decir imposible, encontrar hoy un alojamiento por 48 euros y, por manutención, en el grupo 3 son 28 euros. Es absolutamente imposible hacer tres comidas por 28 euros. Trece años, trece años dejó pasar el Partido Popular; acabó el Gobierno de Rajoy y no actualizó estas dietas. Y es verdad que este Gobierno lleva siete años ejerciendo y tampoco las ha actualizado, y creemos que se tienen que actualizar.
Ahora bien, estas dietas afectan a todos los servidores y empleados públicos de la Administración General del Estado, organismos autónomos e incluso administraciones locales en lo que no esté regulado específicamente. No entendemos que el Partido Popular haga esta discriminación y pida la actualización de dietas exclusivamente para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deje olvidados a millones de empleados públicos que tienen el mismo problema. Nos parece mal que, tanto a los funcionarios de los cuerpos de seguridad como a otros servidores públicos, no se les adelante el importe de las dietas cuando van a realizar funciones oficiales, porque es obvio que ningún funcionario público tiene por qué estar financiando el funcionamiento de la Administración del Estado.
Creemos que esto hay que solucionarlo. Proponemos un acuerdo de todas las fuerzas políticas para abordar esta problemática y solucionarla: que se actualicen las dietas para todos los funcionarios del Estado, sin discriminaciones entre unos cuerpos y otros. Insistimos: otros funcionarios del Estado lo tienen más sencillo porque cuentan con capacidad de negociación colectiva, lo que no tienen los miembros de la Policía y la Guardia Civil; capacidad que deberían tener y sobre la que deberíamos ponernos de acuerdo para que puedan arreglar sus problemas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith.
Muchas gracias, señora presidenta. Como cuestión técnica previa, sería conveniente que los servicios de la Cámara sustituyeran estos auriculares de traducción por unos audífonos para que todos los diputados, incluso aquellos que tienen problemas de audición, entendieran las palabras tal y como se dicen y no las que creen oír en su subconsciente.
Dicho lo cual, vamos a lo importante. Lo importante es que esta proposición que nos trae el Partido Popular, que suena muy bien —como tantas cosas que últimamente dice o copia—, pone en evidencia una vez más lo que ha sido el bipartidismo en su más pura esencia: cuando gobiernas, no haces; y cuando no gobiernas, criticas a los que gobiernan, que tampoco hacen. Y los que ahora gobiernan, que no han hecho nada, todo les parece poco. Hombre, siempre será mejor algo que nada, digo yo. Siempre será mejor que al menos unos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan las dietas actualizadas a que sigan sin actualizarlas, y no irse a esas genéricas manifestaciones de “ojalá algún día nos pongamos de acuerdo todos y negociemos y estudiemos”, total, en fin, para votar que no.
Pero da igual lo que digan; lo importante es lo que se hace, no lo que se dice en política. Y es verdad que han pasado veinte años, desde 2005, veinte años en los que han gobernado con mayoría absoluta el Partido Popular y el Partido Socialista, y la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que estar financiando con su bolsillo, con sus exiguas retribuciones, durante meses, porque me consta que algunos han cobrado después de varios meses servicios que han prestado hace mucho tiempo. Esto no es ningún privilegio —que lo entienda todo el mundo—; es el justo resarcimiento por un dinero que se ha adelantado por un trabajo efectuado, por manutención, por comida, por alojamiento en hoteles, por combustible, por desplazamientos de todo tipo por España para cumplir su servicio.
La proposición pide la actualización de esas dietas; totalmente de acuerdo. También se nos dice que se establezca un régimen específico de retribuciones y que haya una liquidación rápida, como mucho en el plazo de treinta días. Está muy bien, pero se han olvidado de una cosa importante que tal vez deberían haber previsto: ese sistema o ese régimen específico del que se insta al Gobierno ha de tener un mecanismo de actualización automática y con carácter permanente, por ejemplo, sometido al IPC.
¿Por qué? Porque si no, en la hipótesis de que se aprobara, en la hipótesis de que después esta PNL fuera llevada a cabo por el Gobierno —lo cual son ya dos hipótesis complicadas—, la realidad es que de nada valdría, porque si actualizas hoy, el próximo año ya vuelves a estar desfasado. Así que termino con esta afirmación: está muy bien acordarse de las necesidades de nuestros agentes cuando se está en la oposición. Está bien, porque ese es el papel de la oposición: recordarle al Gobierno lo que no ha hecho, lo que debe hacer o cómo puede mejorar las cosas. Pero estaría mucho mejor que, cuando estás en el Gobierno, el día uno te acuerdes de todos aquellos que, gobierne quien gobierne, se tienen que rascar el bolsillo adelantando el dinero para poder cumplir con su deber. Un deber que desde aquí les agradecemos por lo arriesgado, por lo valiente, por lo patriota, por lo sacrificado y por lo profesional que es. Muchas gracias, señorías.
Bien, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jerez.
Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, quiero comenzar reconociendo el compromiso y la dedicación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y garantizar que puedan ejercer su labor en condiciones adecuadas es una prioridad para el Gobierno y para nuestro grupo parlamentario. Seguramente voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho el señor Santiago.
Esta iniciativa que debatimos plantea la creación de un régimen específico de resarcimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es importante recordar que las indemnizaciones por razón de servicio, como se ha dicho aquí, se regulan por el Real Decreto 462/2002, una norma de carácter general aplicable, entre otros y sin distinción de cuerpos o ámbitos, al personal civil y militar que presta servicios a la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, al de la Seguridad Social, a los miembros de la carrera judicial y fiscal y al personal del servicio de las Administraciones de Justicia, al de las corporaciones locales, etcétera. No se pueden abordar modificaciones sectoriales sin alterar el equilibrio del régimen común, y ese análisis corresponde a Función Pública, en el ámbito de la negociación en los órganos de representación del funcionariado, y sectorialmente en el Consejo de Policía.
No obstante, y porque se ha dicho aquí, conviene subrayar que, en el caso de la Policía Nacional, por ejemplo, el capítulo 2 se ha incrementado en más de 108 millones desde 2018 —un 28,2% adicional—, garantizando los desplazamientos y anticipos previstos por la norma. Y en la Guardia Civil, la Dirección General certifica igualmente que dispone de crédito para atender todas las indemnizaciones que se tramitan según los procedimientos ordinarios y con mecanismos de anticipo cuando son necesarios.
Por todo ello, y aun compartiendo la legitimidad de la reivindicación del colectivo, debemos manifestar que nuestra posición es desfavorable a la proposición, porque la vía adecuada no es la creación de un régimen propio al margen del marco legal común, sino el trabajo colectivo, técnico y el diálogo en el marco de la negociación colectiva del personal funcionario y en el Consejo de Policía. Y, si me permiten una apreciación muy personal, como quien ha sido policía durante muchos años, seguramente la solución está en un mejor sindicalismo, en más unidad sindical para conseguir mejores objetivos. Por ejemplo, en estos días se está negociando en la Mesa General la mejora de las condiciones del conjunto de los funcionarios de la Administración del Estado, con lo que puede comportar también en relación con la cuestión que hoy se nos plantea. Gracias.
Gracias, señoría. A continuación, pasamos a la proposición no de ley relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas. El Grupo Parlamentario Mixto es el autor y tiene para la defensa de la misma el señor Catalán, cinco minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Miren, es una vergüenza y una ignominia, no solamente hacia las víctimas del terrorismo, sino también hacia la propia democracia, que la izquierda radical vasca, e incluso también algunos socios del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra, con total y absoluta impunidad, se apropien de espacios públicos y también de medios municipales a la hora de homenajear y ensalzar a ETA y a los propios terroristas de la banda terrorista. Es inadmisible, en un Estado de derecho y en un país democrático, que todos los veranos, en diferentes localidades de la Comunidad Foral de Navarra y también de la Comunidad Autónoma del País Vasco, fundamentalmente con motivo de las fiestas patronales, se realicen este tipo de actos. Actos que promueven la idea de que las condenas por asesinato y por otros crímenes a los terroristas de ETA fueron injustas, que su excarcelación es un objetivo legítimo y que son héroes dignos de reconocimiento y admiración.