Muy bien. Buenos días. Como coinciden bastantes comisiones, vamos a intentar agilizar al máximo el desarrollo de la sesión. No obstante, les informo de que la última moción no se iniciará antes de la una y media, porque, por muchos cambios que hagamos, es imposible que quienes tienen que ir y volver estén aquí antes de esa hora. Había varios portavoces que debían estar en dos sitios a la vez y, por tanto, nos hemos comprometido a que la última la empecemos a la una y media.
A la hora de tratar el resto de puntos, vamos a ser bastante estrictos con los tiempos; cortaré el micrófono en el momento en que se cumpla el tiempo, que ustedes podrán observar, para poder agilizar y que dé tiempo a todo. Además, hay un acto importante contra la violencia de género y creo que es relevante la presencia de quienes quieran, deseen o deban asistir.
Si les parece, empezamos sin más con el primer punto del día: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la elaboración del Plan Integral de Seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Vox. Para la defensa de la moción, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el autor de la iniciativa por un tiempo de cinco minutos.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas de pleno derecho, ubicadas en el continente africano y materializando la única frontera terrestre de España y de la Unión Europea con un país africano. Por ello, están sometidas a una situación de vulnerabilidad que debe ser comprendida por la comunidad nacional y por la Administración General del Estado.
La reivindicación permanente por parte de Marruecos de inexistentes derechos de soberanía sobre ambas ciudades no merece consideración y, de hecho, no cuenta con la más mínima consideración por parte de la comunidad internacional; así debe ser entendido y asimilado por todos.
Ceuta forma parte de la nación española desde 1580, aunque antes había sido portuguesa desde 1415; forma parte de España desde el reinado de Felipe II. Melilla forma parte de España desde 1497, en la época de los Reyes Católicos. La delimitación de los límites de Melilla se establece en el Tratado de Wad-Ras de 1860. Existe alguna anomalía de ejecución, porque la zona de terreno declarada neutral en aquel tratado ha sido ocupada en la actualidad por Marruecos.
El último acuerdo para el mantenimiento de buenas relaciones y apoyo mutuo para la prosperidad de los territorios a ambos lados de la frontera fue firmado entre España y Marruecos en 1991 y se llamó Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, y cubría varios ámbitos de cooperación, especialmente en el marco económico y comercial. Por parte de España siempre ha existido la voluntad de mantener las buenas relaciones establecidas en el mencionado tratado, que no siempre ha sido correspondida de igual manera por parte de Marruecos. Este último periodo, que comenzó en 2018 con la llegada al Gobierno del presidente, ha sido especialmente negativo desde este punto de vista.
En el texto de la moción se recoge una recopilación de hechos inamistosos por parte de Marruecos registrados en este periodo, que tienden a dificultar el mantenimiento de las condiciones de sostenibilidad económica, comercial y social de la actividad en ambas ciudades españolas.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, se entiende por tal el conjunto de actuaciones que tienen por finalidad garantizar el bienestar general de los ciudadanos. Es decir, no se habla exclusivamente de una mayor presencia policial o de cuestiones estrictamente vinculadas a la seguridad física, sino de la garantía del bienestar general de los ciudadanos.
El texto de la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2021 expresa que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. En el apartado de actuaciones a acometer en esa estrategia se plantean varias líneas de actuación orientadas a la gestión de este tipo de situaciones, entre ellas la de elaborar un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla.
Transcurridos cuatro años desde la publicación de aquella estrategia de 2021 y más de cuatro desde que el entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, anunciara en mayo de 2021 su intención de elaborar el plan, no se tiene constancia de la publicación del citado Plan Integral de Seguridad para ambas ciudades. Aunque, como suele suceder en muchas otras materias relacionadas con las necesidades de Ceuta y Melilla, en prácticamente todos los ámbitos se prodigan los mensajes de buenos propósitos, las peticiones de paciencia a la ciudadanía y la manida frase de que “estamos en ello”.
Como en muchas otras ocasiones, nos encontramos, en lo que concierne al Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, ante una mera declaración que pudiera ser propagandística o publicitaria por parte del Gobierno, que después no se corresponde con la realidad. El Gobierno dibuja un relato y pretende que los ciudadanos lo compren sin más, pero los ciudadanos necesitan hechos y son conscientes de que el relato, normalmente, o muchas veces, no coincide con la realidad.
Esta misma moción ya se planteó en junio de este año en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, sin que hasta el momento conozcamos avance alguno en la redacción que se había comprometido, como digo, en 2021. Aunque se trata de un compromiso asumido por el Gobierno de la Nación, a iniciativa del propio Gobierno —fue el Gobierno de la Nación el que incluyó en la Estrategia de Seguridad Nacional aquel plan de seguridad—, el Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Seguridad Nacional, en aquella ocasión votó en contra del cumplimiento de este compromiso.
Queremos dejar claro que no perseguimos responder con gestos inamistosos a los gestos inamistosos de Marruecos. Pretendemos que el Gobierno de la Nación adopte disposiciones positivas en beneficio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que contrarresten, de alguna manera, los efectos negativos de las actuaciones unilaterales de Marruecos.
Se pretende, tal como plantea la moción, que el Gobierno elabore finalmente el Plan Integral de Seguridad, que incluya medidas necesarias para garantizar el sostenimiento del modelo comercial, económico y social de las ciudades y, con ello, el bienestar de sus ciudadanos, y que adopte con carácter de urgencia las medidas que se incluyan en ese plan orientadas a aliviar los efectos negativos de las acciones unilaterales de Marruecos. Confiamos en el voto favorable de todos los grupos y, en esta ocasión, también confiamos en el Grupo Parlamentario Socialista. Fue un compromiso del Gobierno del Partido Socialista y esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista sea coherente con él. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señorías. Muchas gracias, señor portavoz. Como señalé, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Vox. Para la defensa de la misma tiene un tiempo de dos minutos.
Gracias, señor presidente. Desde Vox hemos presentado una enmienda de adición para que cualquier actividad comercial entre el Reino de Marruecos y el Reino de España no afecte a los intereses de los ganaderos, agricultores, pescadores y comerciantes españoles. Esto es, garantizar la aplicación del principio de reciprocidad y aumentar los controles en frontera, especialmente con Marruecos, para asegurar que los productos importados cumplen con las normativas internas de la Unión Europea, y promover en las instituciones europeas la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Por ello, confiamos en que el Partido Popular acepte nuestra enmienda y proteja los intereses.
…de los españoles en esa relación comercial bilateral entre el Reino de España y el de Marruecos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para manifestar si se acepta o se rechaza la enmienda por parte del grupo proponente, tiene un tiempo de dos minutos.
Muchas gracias, presidente. Como expresamos en la moción, nuestra intención no es plantear conflictos ni reaccionar con medidas similares a Marruecos ante sus actuaciones inamistosas. No queremos llevar a cabo acciones inamistosas y nuestro propósito se ciñe exclusivamente a la resolución de los problemas de las ciudades de Ceuta y Melilla. No pretende resolver las relaciones internacionales de España con Marruecos, con el Magreb o con el resto de naciones del área. Por lo tanto, no consideramos pertinente expandir el alcance de esta moción, que pretende concentrarse en algo tan importante como es el Plan Integral de Seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla, comprometido por parte del Gobierno en el año 2021, a otras áreas de consideración internacional de más amplio nivel, y menos aún promover una iniciativa en la Unión Europea para revocar acuerdos internacionales actualmente vigentes y en curso. Es decir, no estamos por la declaración de hostilidades en nuestra reivindicación de la resolución de las necesidades de nuestras dos ciudades, Ceuta y Melilla. Por lo tanto, no consideramos pertinente incorporar esos dos puntos a la moción. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. No habiendo sido aceptada la enmienda, pasamos al debate por parte de los distintos grupos políticos aquí presentes. Veo que, por parte del Grupo Parlamentario Vasco, no se encuentra su portavoz. Por parte de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y Mixto en el Congreso de los Diputados, y del Grupo Parlamentario Plural en el Senado —Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, Bloque Nacionalista Galego—, tampoco se encuentran. Pasaríamos al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu e Izquierda por la Independencia, que tampoco se encuentran. Seguidamente, el Grupo Parlamentario Republicano e Izquierda por la Independencia, que tampoco se encuentra. Pasaríamos, por lo tanto, al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Izquierda Confederal, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai.
Gracias, presidente. No intervendremos en este punto.
No intervienen. Por lo tanto, pasamos directamente al Grupo Parlamentario de Vox y Grupo Parlamentario Mixto en el Senado. Señora Sensi.
Gracias, señor presidente. Es una lástima escuchar las palabras del representante del Partido Popular, porque hay que tener muy claro que desde Vox promovemos el bienestar y la seguridad de todos los ceutíes y melillenses. En este sentido, debemos tener muy presente que el Reino de Marruecos usa su frontera para la defensa de sus intereses y como medida de presión y chantaje, de manera inaceptable y usando a sus propios ciudadanos, menores de edad, como ocurrió en aquellos fatídicos días 17 y 18 de mayo de 2021.
Por otro lado, el Pacto Verde y otros acuerdos promovidos, efectivamente, por el Partido Popular y el Partido Socialista —a lo mejor de ahí las reticencias a no molestar nunca a Marruecos—, suponen una amenaza continua a los intereses de los agricultores, ganaderos, industriales y comerciantes españoles, que sufren las restricciones y las imposiciones de un auténtico fanatismo climático que también defienden el Partido Popular y el Partido Socialista, y que ven con indignación cómo España abre la frontera a productos que suponen una competencia desleal por no cumplir con muchas de las obligaciones que sí tienen que soportar por ser españoles. Por lo tanto, cualquier tipo de regulación o política comercial en los puestos fronterizos con Marruecos debe tener en cuenta esta realidad.
Nosotros lo tenemos muy claro: nos debemos a los españoles y siempre denunciaremos la corrupción de políticos, sean del color que sean, vendidos al lobby marroquí en el Parlamento Europeo, oponiéndose a tomar medidas contra el lobby poderoso y eficaz, insisto, marroquí, perjudicando así los intereses de los españoles. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al Grupo Socialista por un tiempo de tres minutos.
Gracias, presidente. Quiero comenzar con un mensaje claro: el Gobierno de España no ha quedado de brazos cruzados respecto a la seguridad de Ceuta y Melilla. El plan es consecuencia de la Estrategia de Seguridad Nacional y, aunque depende de varios ministerios, está coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional. Desde el mismo se han ido implementando medidas concretas y recursos reales para ambas ciudades.
…cooperativo entre administraciones para transformar las decisiones en actuaciones inmediatas. En julio de 2025 se formalizó un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma de Ceuta para poner en marcha actuaciones derivadas de los planes integrales de desarrollo socioeconómico, lo que demuestra que la colaboración institucional ya es una realidad sobre el terreno.
También el Gobierno ha comprometido financiación específica y calendarios de ejecución. Para que las medidas no queden en anuncio, el Consejo de Ministros aprobó partidas y plazos para que los fondos vinculados a los planes estén comprometidos antes de final de año y puedan ejecutarse hasta 2027. No son promesas; son compromisos presupuestarios con calendario.
Además, estamos desplegando innovación y tecnología en los controles fronterizos. Proyectos como Fronteras Inteligentes han iniciado fases de prueba en Melilla y su progresiva implantación está prevista también en Ceuta, lo que permitirá modernizar los mecanismos de control y gestionar los flujos con mayor eficacia y transparencia.
La respuesta del Gobierno es también operativa y policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han intensificado los dispositivos contra redes criminales que explotan a menores y trafican con personas y estupefacientes. Sobre los asaltos a las vallas perimetrales, las actuaciones son permanentes y estructurales. Las obras de reforzamiento del perímetro con peines invertidos y su sistema de vigilancia están concluidas por completo, habiéndose clausurado los antiguos pasos peatonales hacia Marruecos. En el campo de la prevención, se sigue incrementando la colaboración entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real marroquí, con un importante intercambio de información entre ambas fuerzas de seguridad.
Asimismo, ante situaciones de presión migratoria y saturación del sistema de acogida, el Ejecutivo ha activado medidas de contingencia para garantizar una respuesta ordenada, humanitaria y coordinada con las comunidades autónomas y los servicios sociales, priorizando la protección de menores y la redistribución cuando es necesario. Todo esto se hace sin renunciar a la diplomacia.
Señorías, el Gobierno de España está actuando: decisiones tácticas en marcha, convenios interadministrativos, fondos comprometidos, proyectos tecnológicos, intensificación de operaciones policiales y protocolos de contingencia. Pero también estamos construyendo la arquitectura estratégica que garantice de manera sostenida la seguridad, la convivencia y el desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla. Quienes hoy exigen soluciones inmediatas deben saber que las soluciones eficaces se basan en hechos, no en titulares, y en medidas que perduran. Nuestro compromiso es firme: proteger a nuestras ciudades autónomas, defender la ley y cuidar de las personas que llaman a Ceuta y Melilla su hogar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Álvarez. Finalmente, para terminar con el turno de portavoces, tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, el señor Gutiérrez.
Muchas gracias, presidente. Bueno, llamar soluciones inmediatas a la demora de más de cuatro años en la elaboración de un plan integral de seguridad de Ceuta y Melilla no parece precisamente inmediato. Las actuaciones del Gobierno de España en relación con las decisiones unilaterales de Marruecos en las fronteras de Ceuta y Melilla son escasas, reducidas y con impacto nulo. El conflicto generado por Marruecos con el cierre de las aduanas comerciales —el cierre de la de Melilla y la apertura tímida de la de Ceuta— se sustancia hoy en el tránsito de una furgoneta de ida y otra de vuelta a la semana, con menaje de cocina. Parece un régimen de funcionamiento de la aduana comercial más bien burlón.
La anulación del régimen de viajeros, por la cual cualquier ciudadano marroquí que entra en Melilla, si adquiere una caja o una botella de leche y regresa a Marruecos, debe abrirla porque no puede pasar productos precintados, también es una situación de burla por parte de Marruecos. De ello se resienten los comercios de Melilla, porque los ciudadanos marroquíes no pueden adquirir nada que no puedan llevar de vuelta a sus casas en esas condiciones.
La anulación de las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social de las pequeñas empresas de Melilla —anulación promovida por el Gobierno del presidente Sánchez— no es una iniciativa adecuada para promover la actividad comercial y económica en la ciudad. En fin, todas estas actuaciones abonan la idea de que el Gobierno anuncia compromisos y después no los remata.
En cuanto al planteamiento del Grupo Parlamentario VOX, que nos acusa de no ser beligerantes con Marruecos, el Partido Popular no está en la hostilidad.
Y los ciudadanos de Ceuta y Melilla necesitan mantener una relación de buena vecindad con Marruecos. Promover actuaciones de hostilidad, de generación de conflictos, de promoción de incidentes permanentes, no es la actitud en la que está instalado el Grupo Parlamentario Popular. Seguiremos defendiendo esa relación de buena vecindad con el Reino de Marruecos al otro lado de la frontera de las ciudades de Ceuta y Melilla el tiempo que sea necesario, porque de ello dependen las ciudadanías de Ceuta y Melilla: mantener unas buenas relaciones de vecindad con las ciudades fronterizas, no promover conflictos que actualmente no existen. Existen iniciativas unilaterales perjudiciales por parte de Marruecos, para las cuales reclamamos actuaciones del Reino de España, del Gobierno de España, a fin de aliviar las consecuencias negativas de esas actuaciones. Lo hemos dicho en nuestra moción y nos mantenemos en esa misma posición. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Finalizado el debate del primer punto, pasamos al siguiente, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar sobre litoral seguro. No se ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley, por lo tanto pasamos directamente a la defensa de la proposición no de ley por el grupo parlamentario proponente por un tiempo de cinco minutos.
Muchas gracias, presidente. Menorca tiene 300 kilómetros de litoral, más de 80 playas; es, como ustedes conocen, Reserva de la Biosfera, con varias figuras de protección internacional, Red Natura 2000 y espacios naturales protegidos, y la biodiversidad es uno de sus grandes valores también en el mar. Desgraciadamente, en los últimos años se ha producido un incremento muy notable del número de embarcaciones de recreo y de todo tipo de artefactos flotantes, a motor y no a motor. Esta masificación del litoral —hoy ponemos el acento en Menorca, pero también se da en Mallorca, Ibiza, Formentera y en otras zonas del litoral español— genera impactos ambientales (ruidos, contaminación) y, sobre todo, un incremento de la inseguridad en nuestro litoral, con más accidentes y repercusión en la salud humana. Además, reduce la calidad de la experiencia tanto de residentes como de visitantes.
Desde el GOB Menorca y un conjunto de entidades preocupadas por la conservación del medio marino se propone poner freno a esta situación para proteger el litoral y el medio marino, tantas veces olvidado en las políticas ambientales. Los principales retos son: cómo poner coto a los excesos de velocidad que generan riesgo para bañistas y fauna; cómo controlar los fondeos descontrolados que afectan a la posidonia; y cómo revertir la situación creada por la falta de titulación y de conocimientos de muchas personas que salen a la mar desconociendo ese medio y las situaciones de riesgo que pueden generar, incrementando las incidencias de choques de embarcaciones, vuelcos, afectaciones a ferries e, incluso, la conflictividad por no conocer los mínimos comportamientos en el mar. Evidentemente, también se ha evidenciado una falta de medios de control en el medio marino.
Ante esta situación, desde la sociedad civil se proponen un conjunto de medidas: primera, revisar toda la normativa sobre embarcaciones de recreo para hacer frente a los retos señalados; segunda, limitar la velocidad entre tres y cinco nudos hasta 200 metros de la costa; tercera, prohibir el fondeo a menos de 200 metros de las playas o a menos de 20 metros de la costa; cuarta, reforzar los mecanismos de control. Hemos tenido experiencias muy positivas con el dispositivo de protección de la posidonia; debemos ampliarlos y asumir más responsabilidades; quinta, mejorar la cartografía oficial. Para los navegantes es esencial la información: la cartografía de posidonia ha evitado muchos impactos, pero hay otros hábitats y mucho espacio marino a nivel estatal que carecen de esa cartografía; y sexta, educación y formación.
A estos puntos, a esta masificación del litoral y al incremento de la inseguridad por embarcaciones, se añade ahora lo que se ha llamado el “Airbnb” náutico: el alquiler de muchísimas embarcaciones sin contar con la necesaria cualificación profesional. Muchas gracias.
…artefactos náuticos de recreo que se podrían alquilar por días. Evidentemente, celebramos el acuerdo con el Ministerio de Transportes y la autoridad marítima para prohibir esta práctica, pero, aun así, todo el conjunto de artefactos —y digo artefactos porque hay múltiples tipologías de embarcaciones, a motor y sin motor— genera hoy una conflictividad en el litoral ante la que se tiene que actuar. Estas son medidas que nos ha hecho llegar la sociedad civil, y esperamos contar con los apoyos que ya tuvo esta misma moción en el Consell de Mallorca. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al turno de portavoces. El Grupo Parlamentario Vasco no se encuentra presente, no hay ninguna variación respecto a los grupos anteriormente citados; por lo tanto, pasamos directamente, en caso de que quiera hacer uso de la palabra, al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar-Izquierda Confederal, que tiene tres minutos por si desea ampliar. Hoy pasaríamos entonces al Grupo Parlamentario de Vox, por un tiempo de tres minutos.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, lo que hay que decir es que ya existe normativa sobre seguridad en la navegación; en Baleares, además, se está reforzando la vigilancia durante estos últimos meses. Por otra parte, lo que realmente pretende la iniciativa de Sumar es imponer más restricciones, más prohibiciones y más burocracia sobre el litoral, sin considerar ni la realidad socioeconómica de las zonas costeras ni el impacto negativo que estas medidas tendrían sobre el turismo, el empleo y las actividades náuticas recreativas. Porque, no sé si lo sabe, pero es importante apuntarlo: el sector náutico no ha dejado de crecer desde el año 2021 y se consolida como un mercado seguro para hacer turismo. Además, un turismo con las opciones que da el mar y que atiende a todo tipo de perfiles. No hace falta tener un gran barco para navegar; se puede hacer en pequeñas embarcaciones. De hecho, el 90% de los barcos de nuestras costas tienen menos de nueve metros de eslora.
Por ejemplo, el sector registró el año pasado 3,4 millones de turistas náuticos, cuyo impacto económico superó los 5.119 millones de euros. Un dato, además, que se completa con los 923 millones de euros que la náutica de recreo aportó a la economía nacional y que da empleo directo a nada más y nada menos que 19.700 personas. La iniciativa de Sumar incide directamente en la pérdida de empleo de esta importante cantidad de personas que trabajan en la náutica y en la náutica recreativa.
Como digo, prevé imponer limitaciones masivas en nombre de una supuesta protección ambiental, mientras se ignora por completo que de ello depende la viabilidad de miles de pequeños negocios vinculados al turismo costero. Además, prohibir el fondeo en amplias zonas y restringir el uso de embarcaciones sin titulación no responde a criterios técnicos objetivos, sino a un planteamiento puramente punitivo y hostil hacia la actividad recreativa, como anuncian constantemente esos grupos pseudoecologistas a los que se ha referido el proponente. Por último, la PNL introduce obligaciones inasumibles, como exigir que todo el mundo disponga de una cartografía oficial de todos los hábitats protegidos con obligatoriedad de uso en cada embarcación. Eso, realmente, es muy complicado. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Por un tiempo de tres minutos, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Como entiendo que no se puede votar por puntos por el Reglamento del Senado, nosotros nos vamos a abstener, pero voy a puntualizar de qué puntos estamos a favor y de cuáles no estamos del todo de acuerdo y, por lo tanto, en general nos abstenemos. Estaríamos de acuerdo con los puntos primero, cuarto, sexto y séptimo; sin embargo, no estamos del todo de acuerdo con los puntos segundo, tercero y quinto.
Antes de nada, puntualizar dos cosas. Actualmente, sobre esta temática, el Gobierno está trabajando, por ejemplo, en la reforma del Reglamento General de Costas, que atenderá algunas de estas demandas. Creo que es interesante apuntarlo, igual que la tramitación del Reglamento General de la Navegación Deportiva y de Recreo, que revisará la normativa actual de la náutica recreativa. Y, además, por lo tanto, consideramos oportuno esperar a la culminación de estos trabajos antes de adoptar nuevas medidas.
En lo que respecta al manejo de embarcaciones sin titulación, decir que en Menorca es un problema, especialmente en Ciudadela, en algunas playas de Ciudadela, aunque no solo allí; en varios puntos de la isla se han dado situaciones de peligrosidad con pequeñas embarcaciones alquiladas sin titulación a visitantes. Existe, diría, una mayoría en Menorca que considera necesario establecer limitaciones, si no prohibiciones, a este tipo de alquiler y manejo de pequeñas embarcaciones sin titulación.
Con este objetivo, en 2024 la Capitanía Marítima de Baleares emitió una resolución que restringió significativamente este tipo de navegación: estas barcas, a partir de entonces, deben ir acompañadas dentro del puerto y, además, se establece un límite claro de millas a las que se pueden alejar —equivalente a unos nueve kilómetros—, lo que en los dos últimos veranos ha tenido un efecto claro en Menorca. Asimismo, está en trámite la modificación del Real Decreto 875/2014, que confirmará estos límites al manejo de pequeñas embarcaciones sin titulación, si no va más allá.
Para finalizar, sobre los puntos dos y tres, relativos a reducciones de velocidad y prohibiciones de fondeo, entendemos que el problema no es reglamentario, sino de implementación de las normas existentes. Ya contamos con normativa —concretamente, el artículo 73 del Reglamento de Costas— que prohíbe el fondeo en zonas balizadas y limita la velocidad a tres nudos a 200 metros de las playas no balizadas y a 50 metros del resto de la costa. La mayoría de las embarcaciones cumple; el problema es que la minoría que no lo hace suele incumplir sin sanción por falta de vigilancia. Por tanto, si el enfoque es regular más o restringir aún más las normas ya establecidas, no estamos de acuerdo; abogamos por implementar mejor las que ya tenemos. Muchas gracias.
Por parte del Grupo Popular, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Simarro.
Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, respecto a la propuesta de limitar a cinco nudos la velocidad de todas las embarcaciones en los primeros 300 metros de la costa, hay que ser claros: una restricción así, aplicada de forma general, no es operativa en territorios como Baleares y tendría un importante impacto económico tanto en los chárteres náuticos como en el turismo, en el sector profesional y, sobre todo, para la población residente que utiliza el mar como vía de movilidad.
En Baleares ya existen regulaciones específicas y efectivas. En las reservas marinas de la Dragonera la velocidad ya está limitada a diez nudos, y hay zonas con mayor restrictividad. Además, el Govern balear está estudiando limitar a diez nudos la navegación de embarcaciones de más de diez metros de eslora en la primera milla, siempre exceptuando la flota profesional. Por tanto, no necesitamos normas genéricas, sino criterios de zonificación que diferencien entre playas, arenales, acantilados o áreas saturadas, para regular con sentido común y con participación del sector.
En segundo lugar, sobre el fondeo, la ley ya establece que las zonas de baño en las playas están protegidas mediante balizamientos municipales de hasta 200 metros y, fuera de esas zonas, el fondeo es y debe seguir siendo libre, siempre que no afecte a hábitats sensibles. Eso sí, urge completar la red de boyas ecológicas: Baleares ya gestiona ocho campos sobre Posidonia y tiene tres en fase de apertura, mientras que el Ministerio debe —y ya va con retraso— desplegar otros ocho campos de boyas antes de junio de 2026.
En tercer lugar, respecto a prohibir el manejo sin titulación de embarcaciones menores de cinco metros y quince caballos, quiero subrayar que no son estas embarcaciones las que generan riesgos significativos. Exigir una titulación provocaría un perjuicio desproporcionado tanto para el turismo familiar como para muchos residentes que utilizan estas pequeñas embarcaciones para desplazarse en trayectos cortos.
Donde sí debemos avanzar, y mucho más rápido, es en los mecanismos de control y vigilancia. En Baleares se creó el centro Noray, con quince funcionarios y veintidós embarcaciones, pero increíblemente no está operativo por falta de los permisos de Capitanía Marítima. Finalmente, quiero recordar que ya existe una cartografía oficial del Estado sobre hábitats marinos.
…y espacios protegidos plenamente accesibles a cualquier navegante. Lo que necesitamos es más educación, más divulgación y más campañas de concienciación que completen la actuación normativa. En resumen, señorías, protejamos el mar, sí; protejamos la posidonia, sí; mejoremos la seguridad, sí, pero hagámoslo sobre criterios técnicos, con zonificación, con diálogo con el sector y con mecanismos de control que funcionen, no con restricciones genéricas que no responden a nuestra realidad insular. Muchas gracias.
Terminado el debate de la moción. Pasamos a la tercera, que es la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en defensa del descuento de residente. No se ha presentado ninguna enmienda a esta moción. Pasamos, por lo tanto, a la defensa de la moción por parte del grupo parlamentario proponente, por un tiempo máximo de cinco minutos.
Buenos días. Gracias, presidente. El descuento de residente constituye un derecho consolidado que compensa la insularidad y garantiza que los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla puedan desplazarse en condiciones de igualdad respecto al resto de España. No es un privilegio, sino una justa compensación legalmente reconocida que facilita el acceso al empleo, la educación, la salud y la movilidad de los residentes insulares.
El 13 de marzo de 2025, la Asociación de Líneas Aéreas alertó de la enorme deuda del Estado por la subvención del descuento de residente con las compañías. En esa fecha, la deuda se estimaba ya en 810 millones de euros, correspondientes a las subvenciones de 2024 y los primeros meses de 2025. La asociación advirtió de que, si no se adoptaban medidas inmediatas, la deuda podría superar los 1.500 millones de euros al finalizar el año, al encontrarse los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y sin una partida específica para regularizar los pagos. La patronal subrayó que el Estado solo había consignado 560 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, con un refuerzo de 100 millones de euros adicionales, partidas claramente insuficientes. Esta falta de financiación compromete la sostenibilidad del sistema y evidencia la necesidad urgente de un crédito extraordinario que garantice el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con las compañías aéreas.
Durante el trámite del proyecto de ley que modifica la Ley sobre Navegación Aérea y Seguridad Aérea, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado introdujeron sendas enmiendas para solucionar este problema, aprobándose finalmente en el Senado una enmienda que habilitaba un crédito de 1.200 millones de euros para solventar la deuda con las compañías. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2025, la Mesa del Congreso de los Diputados vetó la enmienda aprobada por el Senado, que habilitaba esos 1.200 millones de euros para reforzar la financiación del descuento de residente, con los votos del Partido Socialista y Sumar, impidiendo que la medida fuese votada en el Pleno del Congreso en el trámite final de la ley.
Según los últimos datos publicados por la Asociación de Líneas Aéreas, entre enero y agosto de 2025 el Gobierno debe a las compañías 700 millones de euros pendientes de pago, sin contar la deuda acumulada y aún no satisfecha de 2024. Por este motivo, la Asociación de Líneas Aéreas denuncia que la situación se está agravando a marchas forzadas y advierte de que la falta de liquidez para las aerolíneas empeora mientras no se garantice una dotación suficiente en los Presupuestos.
Este contexto revela una tensión profunda: las aerolíneas actúan como intermediarias que adelantan el descuento aplicado a los pasajeros residentes, confiando en un reembolso estatal que en muchos casos se demora indebidamente. Este modelo impone una carga financiera insostenible al sector y pone en riesgo la viabilidad de rutas esenciales. Las demoras en los pagos pueden conllevar restricciones operativas en territorios insulares que dependen de la conectividad para su desarrollo.
Desarrollo social y económico. Por todo ello, presentamos en la Comisión Mixta de Insularidad los siguientes puntos de acuerdo: modificar los Presupuestos Generales del Estado para habilitar un crédito de 1.200 millones que asegure la financiación del descuento de residente, garantizando su plena cobertura presupuestaria y su correcta ejecución sin retrasos ni restricciones; que se abonen de manera inmediata y completa todas las cantidades adeudadas a las compañías aéreas correspondientes al descuento de residente de los ejercicios 2024 y 2025, garantizando así la estabilidad del sistema y evitando perjuicios a los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla; y, finalmente, contemplar una partida suficiente en los próximos Presupuestos Generales del Estado para garantizar que no se repita la enorme deuda acumulada con las aerolíneas y que no se ponga en riesgo la continuidad del descuento de residente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos directamente al grupo de portavoces. Por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Izquierda Confederal, Más Madrid, Més per Formentera, Senat Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En principio compartimos la filosofía de la presente moción, en el sentido de que el descuento de residente para quienes vivimos en las islas no es un privilegio, sino una necesidad y una cuestión de justicia. En ese sentido, el Estado tiene que abonarlo de la forma más eficiente y rápida posible para no poner en peligro precisamente ese descuento, porque los ciudadanos de Baleares mayoritariamente nos desplazamos, sobre todo en los vuelos interislas, por motivos de salud y de trabajo. Sin embargo, vemos que esta moción se presentó el 24 de octubre y creemos que los datos no están actualizados; están desfasados, porque, de los 560 millones consignados en el presupuesto de 2023 y un refuerzo de 170, los últimos datos que tenemos es que se han pagado 350 más: unos 300 a las aerolíneas y, por cierto, también 50 a las compañías marítimas, que se excluyen de la moción y también forman parte de lo que sería el descuento de residente. Por lo tanto, entendemos que no existe la deuda en los términos y por las cuantías que plantea la moción. Y, además, esa situación está provocando que las compañías estén convirtiendo a los usuarios en rehenes de sus demoras; suprimen rutas de forma intempestiva, cuando ya estás en el aeropuerto, encarecen los billetes y aplican restricciones operativas que, al menos en las Islas Baleares, hemos sufrido. Por lo tanto, no podemos apoyar esta moción en los términos en que ha sido planteada y nos vamos a abstener. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario de Vox, tiene la palabra el señor Campos Asensi.
Gracias, señor presidente. Es evidente que el descuento de residente para los territorios insulares, para Ceuta y Melilla, es de vital importancia. Prácticamente nos va en ello la libre circulación, el desarrollo económico y las oportunidades de empleo y, en caso contrario, la igualdad entre españoles quedaría en entredicho. Dicho esto, no es de recibo que el Estado esté exigiendo adelantos a empresas privadas de cantidades muy importantes, que además luego tarda muchísimo tiempo en reintegrar. He escuchado la intervención del representante de Sumar, Izquierda Confederal. A ver, las cuantías son las que son, y hay que decirlo: el problema reside en que el coste total de estas ayudas ha ascendido a 1.200 millones de euros en 2025, frente a los 560 millones previstos inicialmente en los Presupuestos. Por eso, incluso con la reciente ampliación de crédito de 350 millones aprobada por el Ejecutivo...
El desfase supera los trescientos millones de euros ya citados. Esto es un parche en toda regla por parte del Ministerio de Transportes que no soluciona el problema. Así lo ha advertido la Asociación de Líneas Aéreas: no se puede seguir con estos retrasos en el abono de las cantidades correspondientes al descuento de residente.
Hay que recordar que la falta de financiación se arrastra desde 2024. Fue en 2024 cuando las aerolíneas cerraron el año con una deuda superior a 800 millones; actualmente, insisto, el desfase supera los 300 millones. Y lo más grave es que la Asociación recuerda que las compañías actúan únicamente como intermediarias: aplican la subvención al billete en el momento de la compra y liquidan después la cantidad restante ante la Dirección General de Aviación Civil.
Por ello, estamos de acuerdo con la moción y creemos que es imperativo reclamar al Gobierno que asegure el pago de los fondos pendientes y establezca mecanismos que garanticen la estabilidad de las subvenciones y la conectividad aérea en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos seguidamente al Grupo Parlamentario Socialista. Señora Álvarez.
Buenos días, señorías. Lo primero que les voy a decir es que el descuento para residentes no ha estado ni estará en riesgo mientras gobierne el Partido Socialista. Lo segundo que les voy a decir es que el único riesgo son ustedes. ¿Qué traen aquí? Una proposición porque dicen estar preocupados por los intereses de unas empresas, pero poquita preocupación, muy poquita, se les observa por los baleares, los canarios, los ceutíes o los melillenses. Traen un debate que no existe, crean una alarma que no se justifica. Su propuesta, señorías, es innecesaria. Esta bonificación al transporte está fijada por una ley; por tanto, el Gobierno tiene la obligación legal de pagar a las empresas. Y, créanme, se paga. Por cierto, una ley aprobada por un Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Además, hace muy poquitas semanas, aquí en el Congreso, un compañero suyo preguntó directamente al secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, y este le confirmó, claro y meridiano, que se está abonando con normalidad, que existe dotación económica, que es un crédito ampliable y que, cerrando las fechas de octubre de 2025, se han abonado más de mil millones de euros a las aerolíneas. Explicó también que el abono a las empresas tiene un trámite para garantizar que el dinero público se pague conforme a una justificación. Ese trámite impide que el abono sea inmediato, pero se realiza en tiempo y forma. Por tanto, la bonificación se abona de forma segura y garantista para nuestro país.
No sean ustedes agoreros, señorías. Por mucho que repitan una mentira, eso no la va a convertir en verdad. No existe deuda; el abono de la subvención no está en riesgo alguno. No se reducen rutas ni frecuencias. La realidad se impone, señoría: sus fantasmas decaen. Las empresas no dejan de cobrar la subvención ni se plantean dejar de operar; todo eso es falso. Ocurre todo lo contrario: las aerolíneas pujan por nuestros destinos; cuando hay algún hueco —en Canarias lo hemos vivido recientemente— hacen lo posible por aumentar y expandirse las compañías serias que operan en nuestras islas, en Ceuta y en Melilla. También hay una aerolínea canaria que no para de incorporar nuevas rutas de conexión entre islas y con la península. Los datos son absolutamente infalibles: récord de tráfico de pasajeros. En 2024, solo en Canarias registramos 52 millones de pasajeros, de esos 21 millones nacionales, y este año la previsión es aún más elevada. ¿Dónde ven sus señorías que se reduzca algo? Plazas, rutas, frecuencias.
Señorías, nosotros aseguramos la bonificación al residente porque nos interesa que quienes tienen más difícil su movilidad, quienes en última instancia no pueden coger un coche para llegar a su destino porque se lo impide el mar, sientan que con esta bonificación esa distancia se acorta; sientan que viajar por negocios, por ocio, por reencuentro o por salud sea más fácil, más cómodo y más barato para las familias. Y en esto último —que sea más barato— es donde les emplazo a que trabajemos, y mucho. Al Grupo Parlamentario Socialista nos preocupan, como ven, las personas, señorías; y como su proposición no va de esto, no va de personas.