Congreso de los Diputados - Otros - 25 de noviembre de 2025

Buenos días, si les parece, empezamos. En primer lugar, la proposición no de ley para mejorar las carreteras de titularidad estatal y la iluminación de acceso a la ciudad de Lugo. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la propuesta, tiene la palabra la diputada señora Abades Martínez. Gracias, presidenta. Abordamos con esta proposición no de ley la situación de las carreteras de titularidad estatal en los accesos a la ciudad de Lugo. Señorías, Lugo es la ciudad peor comunicada de Galicia. No tenemos aeropuerto —no hace falta—; nos conformaríamos con llegar a las ciudades que tienen un tren decente, pero no podemos. Lugo ha sido excluida del AVE; es la única capital de Galicia sin alta velocidad, y el Gobierno central ha renunciado a las variantes. Solo nos quedan las carreteras. Para llegar a Lugo dependemos casi exclusivamente de la red viaria, como en la época de los romanos, pero Lugo necesita carreteras del siglo XXI. Lo triste es que el Gobierno apenas muestra interés y conocimiento sobre nuestras infraestructuras, y prueba de ello es la declaración del presidente del Gobierno el mes pasado en el Congreso, afirmando que la A-54, la autovía que une Lugo con Santiago, estaba plenamente operativa. Debería estarlo, cuando la previsión inicial era concluirla en 2010, pero la realidad es que hoy sigue en obras. Si esto ocurre con una autovía, imagínense el interés de este Gobierno con el resto de las carreteras estatales. Así es difícil que atiendan las demandas de los lucenses. Sería bueno que los representantes del Partido Socialista en la provincia, si hay alguno en esta sesión, informen de la situación de las carreteras al señor Sánchez y al señor Puente, porque, señorías, esta carencia de infraestructuras condena al aislamiento y limita nuestras oportunidades de desarrollo. Los accesos a la ciudad de Lugo no están en mejores condiciones.

Nos encontramos con firmes en mal estado, falta de iluminación y de mantenimiento, una situación que compromete la seguridad vial, incrementa el riesgo de accidentes y penaliza la movilidad de las personas que utilizan estas vías para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Da igual la zona por la que entremos a la ciudad: la realidad es que las vías de titularidad estatal están abandonadas. Si accedemos por la Nacional 540, la que nos conecta con Ourense y la alta velocidad, llegamos a Lugo por una de las vías más peligrosas por el estado de abandono de todo su trazado. Si accedemos por la A-54, la que nos conecta con Santiago, lo haremos por el Puente Blanco, que precisa una puesta a punto de mantenimiento y limpieza. Si entramos por el norte, por la Ronda Norte, una vía con gran intensidad de tráfico, actualmente está sin desdoblar y sin iluminación, lo cual supone un peligro al tener varias rotondas en su trazado. Y si venimos de Madrid, de la meseta, entramos por Nadela y vemos cómo el Gobierno ha apagado las luces, con el consiguiente riesgo para la circulación y para los peatones. Nadela es una de las principales puertas de entrada a la ciudad de Lugo, un punto estratégico en el que confluyen seis vías de comunicación de gran relevancia: dos autovías, la Nacional Sexta (N‑VI) y varias carreteras autonómicas. Se trata de una glorieta que, por su configuración y volumen de tráfico, requiere de unas condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad. Pero el Gobierno de Sánchez decidió apagar la iluminación en 2023, provocando una sensación de inseguridad tanto para los conductores como para los peatones y generando un mayor riesgo viario, lo que dio lugar a una importante reivindicación vecinal para iluminar esta rotonda. Desde el Partido Popular llevamos tiempo reclamando que los accesos a Lugo cuenten con entradas seguras y bien iluminadas. En mayo de 2024, los diputados por Lugo preguntamos al Gobierno si tenía previsto encender la iluminación en los accesos a la ciudad y en Nadela, y el Gobierno nos contestó que la normativa vigente no justifica la iluminación de dichos enlaces, ya que la intensidad del tráfico no alcanza los 17.000 vehículos/día. Quiero recordar que en abril, tras tomar posesión el nuevo alcalde de Lugo, en la primera reunión que mantuvo con el delegado del Gobierno, presumió de haber logrado el compromiso para remodelar el firme de la travesía de Nadela e iluminar la glorieta antes de finalizar 2025. Y dado que las luces continúan apagadas, volvimos a preguntar al Gobierno por el firme y la iluminación de Nadela. Leyendo la última respuesta, mucho nos tememos que el Gobierno de Sánchez no tiene intención de actuar en esta zona, porque nos dice que el estado actual del firme de la Nacional Sexta en la travesía de Nadela es apto para la circulación que soporta y que la iluminación de la glorieta de Nadela está pendiente de la aprobación del acuerdo de cesión por parte del Ayuntamiento de Lugo. Es una contestación que evidencia las contradicciones de los socialistas: se pasan la pelota del Gobierno central al Gobierno local, y mientras tanto el BNG, socio de Sánchez en Madrid, se pone de perfil. Todo ello nos lleva a pensar que los dos partidos en el Gobierno no tienen voluntad de solucionar esta situación. Señorías, Lugo no está en el mapa del Gobierno de Sánchez ni en los planes del ministro Puente, una situación que perjudica a los lucenses y al desarrollo de nuestro territorio. Por ello sometemos esta proposición no de ley ante los grupos parlamentarios para reclamar que se mejore el pavimento y la iluminación de las carreteras estatales en los accesos a la ciudad de Lugo y que se encienda la iluminación de la rotonda de Nadela. En definitiva, lo que estamos pidiendo es que el Gobierno de Sánchez cumpla los compromisos adquiridos con los lucenses. Mejorar las carreteras de acceso a Lugo es garantizar la seguridad de nuestros vecinos, la competitividad de nuestras empresas y la igualdad de nuestra provincia con el resto de España. Es apostar por la cohesión territorial y por el futuro de Galicia. Por todo ello, les pido su apoyo a esta iniciativa, porque cada kilómetro de carretera que se mejora en Lugo es un paso más hacia una provincia más segura y más competitiva, y porque además hace justicia con nuestra ciudad y con nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el BNG, su señoría Rego Candamil. Tiene tres minutos. Gracias, señora presidenta. La verdad es que cuando escuchamos cualquier iniciativa del Partido Popular siempre nos entra la misma duda: si el interés real es resolver los problemas de la ciudadanía o hacer partidismo barato, y a veces mal argumentado. Claro está, voy a hacer una argumentación limpia apoyando la propuesta del Partido Popular, a pesar de algunos elementos ya en el inicio que me parecen un poco sorprendentes, porque creo que exagerar las cosas no favorece en absoluto las soluciones. Lamentablemente, la realidad a veces es tan dura.

Creo que no es necesario exagerarla. Creo que ya salimos de las vías romanas. Pero, en todo caso, el PP no ha podido evitar hacer críticas a un lado y a otro, incluido el BNG, que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, ni en la Xunta ni en el Gobierno central, que yo sepa. Todavía no tenemos ningún ministerio ni ninguna consellería; sin embargo, el PP sí los tiene, pues gobierna en la Xunta de manera ininterrumpida desde 2009 y gobernó el Estado durante siete años. La situación tan catastrófica que describe la diputada de Lugo tendrá también que ver con la falta de actuación del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy y del que, por cierto, fue ministra de Fomento Ana Pastor, entonces diputada por Galicia. Si la A-54 no está finalizada, es responsabilidad también del Partido Popular. Si no hay alta velocidad a Lugo, será también responsabilidad del Partido Popular. Entre otras cosas, Ana Pastor, hay que recordarlo, suprimió en varios tramos la doble vía para dejar vía única. Y si hoy está a punto de inaugurarse una línea moderna y electrificada entre Lugo y Ourense, es gracias al BNG, que lo incorporó al acuerdo de investidura de 2020. Así que dejen de hacer propaganda barata e intenten resolver los problemas. Nosotros vamos a votar a favor, entre otras cosas, porque, a pesar de que usted dice que el BNG se pone de perfil no sé dónde, esta iniciativa ya la trasladamos al Congreso. Estaba revisando la respuesta a una pregunta de 2021 en la que el Gobierno argumentaba que no era necesaria la iluminación porque, a pesar de que se alcanzaban los 120 días de lluvia, no se alcanzaban los 60.000 vehículos. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con esa respuesta. Creemos que es una cuestión de seguridad vial y, por lo tanto, a pesar de toda su demagogia, porque nos preocupa realmente solucionar los problemas, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Plurinacional Sumar, su señoría Alonso Cantorna. Gracias, presidenta. Una proposición no de ley del Partido Popular que reclama una mejor iluminación en las entradas de Lugo. Y la verdad, es una petición, cuando menos, paradójica. Resulta curioso que reclamen una intervención pendiente de la aprobación de acuerdos por parte del mismo ayuntamiento con el Gobierno del Estado. Pero, más allá de esa contradicción, lo que me pregunto es: ¿dónde está esa misma urgencia y esa exageración cuando hablamos de la iluminación de la muralla? Una muralla Patrimonio de la Humanidad, recordemos, competencia directa de la Xunta de Galicia, que sufre desde hace tiempo graves carencias en su iluminación. Muchos de sus focos están fundidos, lo que dificulta su visita y disfrute, especialmente en épocas de días cortos como ahora. Es una queja constante de los ciudadanos y también de los turistas, y, sin embargo, no vemos al Partido Popular que gobierna la Xunta mostrar la misma diligencia que hoy nos exige para un ámbito municipal. Además, la situación de la muralla no se limita a la luz: en vísperas de conmemorar el 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, la imagen que ofrece es de cierto abandono; la maleza cubre los muros de manera generalizada, una imagen que dista mucho de la excelencia que se debe proyectar. Señorías, no se trata de restar importancia a la iluminación de las entradas de la ciudad, que sin duda es necesaria; se trata de poner en contexto las prioridades y de señalar una clara desproporción en el nivel de exigencia. Mientras se pide máxima celeridad en una competencia municipal y/o de transportes, asistimos a una cierta pasividad en una competencia autonómica que afecta a un símbolo universal. Agradecemos las preocupaciones que se plantean, pero invitemos también a la Xunta a aplicar en la muralla la misma contundencia que el PP nos pide en otras actuaciones. Luchemos juntos por una iluminación digna de toda la ciudad, sí, pero empezando por nuestro Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, su señoría García Gómez. Muchas gracias. Me ha llamado la atención que Sumar compare iluminar una muralla con la iluminación en una carretera que puede salvar vidas. No sé dónde está el paralelismo, igual que tampoco entiendo que en el Congreso hablemos de municipalismo. Cualquier excusa es buena para no apoyar la iniciativa del partido contrario. Si, en lugar de buscar vueltas para no contestar o justificar sus votos en contra, trabajaran, les iría mucho mejor a los españoles. En todo caso, comparemos: salvar vidas y mejorar la circulación viaria en una carretera frente a iluminar una muralla —que puede ser necesario—, pero no veo el paralelismo en ningún momento.

La iluminación que se reclama en esta PNL para Lugo responde a una tónica habitual en las carreteras españolas: pavimento en mal estado y rotondas peligrosas. Más allá de la imagen que podamos tener del acceso a una ciudad, se trata de un riesgo real para conductores y peatones. Es una tónica general, porque cuando hubo el boom económico se llenaron nuestras carreteras de farolas que hoy permanecen apagadas, sin utilización, y en las que se despilfarraron miles de euros: si las pones y no las usas, es despilfarro. Recuerdo todavía el episodio de las señales de 110 km/h, lo que nos costó y dónde estarán guardadas; quién se benefició de aquello. Lo que constatamos —y mire que yo en esta Comisión vengo de vez en cuando— es un continuo abandono y una dejadez por parte de los distintos gobiernos con competencias en la red de carreteras del Estado, de unos y de otros, como decía el señor Rego Candamil. Ustedes llevan dando soporte a un Gobierno siete años que no ha hecho nada, no solo en Lugo, sino en toda Galicia y prácticamente en toda España: parches, sí, pero soluciones reales, ninguna. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque consideramos que los vecinos de Lugo se merecen un pavimento en buen estado; tenemos que acabar con esas rotondas peligrosas y tenemos que iluminar los accesos a la ciudad, porque es una situación gravísima: en días de baja visibilidad, con lluvia, los conductores pueden no ver bien a un peatón si cruza. Y, como decimos, esto es la tónica general en el resto de España, no solamente en Lugo. Por nuestra parte, seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que vayan a favor de los ciudadanos, de la seguridad vial y de la protección de la vida de conductores y viandantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Otero Rodríguez. Gracias, señora presidenta. La verdad es que me cuesta decirlo, pero, señor Abades, esto es un totum revolutum: una iniciativa llena de generalidades e imprecisiones, que nos pide al Gobierno de España que arreglemos todos los puntos de titularidad estatal —montes, carreteras, accesos generales—. Es una incongruencia total. Creo que han trabajado muy poco esta iniciativa y que, además, desconocen bastante el territorio, por mucho que vivan en Lugo. No todos los accesos a la ciudad están igual, señor Abades. Usted ha llegado a hablar de la A-54: hay que tener muy poca vergüenza para venir aquí a decir que tenía que estar acabada en 2010, cuando, al llegar al Gobierno en 2018, esa infraestructura estaba metida en un cajón. Hoy está a punto de ser acabada y puesta en funcionamiento. Ha hablado también de la alta velocidad a Lugo: la vía estaba sin electrificar; este Gobierno ha puesto más de 650 millones para electrificar la Lugo-Monforte-Ourense, que es el paso previo para poder tener alta velocidad. Usted vino aquí y leyó lo que le escribieron, pero con poco conocimiento del territorio. Nosotros, claro que estamos a favor de mejorar la seguridad vial en todas partes: en las carreteras de titularidad autonómica y, por supuesto, en las de titularidad estatal. Quiero lanzarle una pregunta, señora Vázquez: si estas infraestructuras —rotondas, iluminaciones—, que por cierto tienen la misma iluminación que había con el Gobierno de Mariano Rajoy, se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, ¿qué van a hacer ustedes? No vengan ahora a mentir y a tergiversar la realidad. Me he preocupado de comprobarla y no son ciertos los datos que ustedes dan: la iluminación es la misma que cuando gobernaba un gallego aquí en Madrid. Insisto: si estas obras y mejoras se incluyen en esos presupuestos, señora Vázquez, ¿las van a apoyar o las van a rechazar? No vaya a ser que hoy vengan aquí a pedir en esta Comisión lo que luego no van a votar. Un poco de cabeza. Y, si queremos hablar de seguridad vial en nuestra provincia e incluso de los accesos a la ciudad de Lugo, hablemos de lo que es competencia de la Xunta de Galicia: ¿qué pasa con la Ronda Este de Lugo? ¿Qué pasa con el plan Paradai? ¿Qué pasa con la Costa Norte? En el año 2000 se presentaba el proyecto y ahora la Xunta dice que hasta el año 2022...

Perdón, el corredor Nadela-Monforte, que hasta el año 2028 no estará finalizado. ¿Qué pasará? Y además, olvidándose del desdoblamiento Lugo-Monforte. Mire, si ustedes quieren mejorar la seguridad vial de nuestra provincia, insten también a la Xunta de Galicia a que mejore la seguridad vial de las carreteras que son de competencia autonómica. Muchas gracias. Pasamos a la segunda PNL, sobre promover la incorporación de jóvenes al sector del transporte por carretera y mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Defenderá esta proposición su señoría Granollers i Cunillera. Gracias, presidenta. Hoy traemos a debate una proposición no de ley que responde a una necesidad urgente, compartida e inaplazable: la incorporación de nuevos profesionales al sector del transporte por carretera y la mejora de las condiciones laborales de quienes ya trabajan. No es una cuestión menor; estamos hablando de uno de los sectores esenciales del país, un sector que garantiza que la vida funcione y que las mercancías lleguen, que el transporte público se amplíe y que la transición ecológica no quede solo en palabras. Como ustedes saben, en el Estado español faltan más de 30.000 conductores de camiones y casi 5.000 conductores de autobuses, una cifra que por sí sola ya explica el alcance del problema y que, si no lo remediamos, empeorará. Un 60% de los conductores supera los 50 años y el relevo generacional no está garantizado. Ante este panorama, el Ministerio ha anunciado un nuevo programa de ayudas para obtener los permisos de las clases C y D, que celebramos porque va en la buena dirección. Sin embargo, los representantes del sector nos alertan de que el modelo actual solo beneficiará aproximadamente a un 1% de los profesionales que se necesitan. Es decir, una acción positiva, pero claramente insuficiente. Si quieren que sea efectiva, hay que ampliarla, reforzarla y, sobre todo, democratizarla. Eso es precisamente lo que planteamos en nuestra PNL. Primero, pedimos ampliar el alcance de las ayudas para los permisos profesionales, para que lleguen al máximo de personas posible y no se queden en una medida simbólica. Hablamos de permisos que pueden costar entre 3.000 y 5.000 euros, una barrera económica que impide a muchos jóvenes, mujeres y personas desempleadas acceder a una profesión con empleo seguro. Segundo, proponemos crear redes de formación y establecer cheques formativos que permitan financiar no solo los permisos C y D, sino también otros certificados profesionales imprescindibles y de alto coste económico; una manera directa de eliminar barreras. Tercero, pedimos un plan integral para captar nuevos profesionales, con medidas específicas para incorporar a jóvenes, mujeres y también a personas paradas de larga duración. No bastan las ayudas: hace falta una estrategia completa que incluya orientación, incentivos y mejoras estructurales. Quiero ser especialmente clara: no se trata solo de formar a más conductores, sino de garantizar que estas personas quieran y puedan quedarse en el sector. Necesitamos mejorar las condiciones laborales, acabar con la competencia desleal, garantizar tarifas justas para quienes ya están haciendo este trabajo y reforzar la protección legal y sanitaria de estos trabajadores. Sin dignidad laboral no hay futuro para el transporte ni para ningún otro trabajo. También proponemos agilizar y facilitar los trámites: un calendario claro, procedimientos digitales, transparencia y ampliación del presupuesto cuando la demanda del sector lo requiera. Las ayudas tienen sentido si llegan a tiempo y a todo el mundo. Finalmente, incorporamos una propuesta de sentido común para Cataluña: delegar en el Servei Català de Trànsit los exámenes de los permisos C y D para descongestionar la DGT, reducir los tiempos de espera y mejorar el servicio. Es una medida que suma para todos. No es una propuesta ideológica; es útil y de país. Cataluña necesita que pensemos en las colas existentes, y no va dirigida solo al transporte, sino que es un instrumento para garantizar que nuestra economía, el transporte público y la seguridad vial avancen. Votar a favor es apostar por un futuro con más oportunidades para los jóvenes, más capacidad para el transporte, más competitividad para las empresas y mejores condiciones para los trabajadores. Es una propuesta razonable, responsable y necesaria. Por todo ello, les pedimos su apoyo. Los accidentes de estas últimas semanas en la AP-7 son un resumen de lo que está pasando: faltan conductores.

Van sobrepasados de horas de conducción y esto provoca una inseguridad viaria. Lo que no puede ser es que tengamos estos problemas de tráfico, estos accidentes en las carreteras y, mientras tanto, tengamos a la DGT enfrascada en no facilitar que pueda haber más conductores ni los exámenes de conducir. La DGT tendría que estar para prevenir estos accidentes de tráfico y parece que, con su política de colapso, lo que está haciendo es provocar accidentes de tráfico, sobre todo en la AP-7, que es un gran drama en Cataluña. Gracias. Muchas gracias, señoría. Y ahora, para defender las enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, su señoría Alcaraz Martos. Muchísimas gracias, presidenta. Esta propuesta que hace el grupo separatista de Esquerra Republicana de Cataluña, pues obviamente es una propuesta de maquillaje y no de una determinación para solucionar los problemas reales de este país, de España. De hecho, incluso en su iniciativa hay algún punto donde su naturaleza le lleva precisamente a mirar por los intereses de Cataluña, expresamente. Debemos proponer una solución real para los problemas del sector en toda España. Por eso hemos presentado esta enmienda y es conveniente que todo el sector conozca las propuestas que hacen frente real a los problemas que padece. En el primer punto proponemos desarrollar una estrategia nacional para garantizar el relevo generacional en el sector, que incluya al menos las siguientes medidas: reducción de las tasas públicas para la obtención de la licencia de conducción de camiones; flexibilización de los requisitos y trámites para ejercer como gestor de transporte en España; concesión de ayudas a jóvenes para la creación o adquisición de empresas de transporte de mercancías por carretera; y reducción de impuestos y cargas sociales a las empresas del sector que contraten a jóvenes trabajadores. En el segundo punto proponemos mejorar la infraestructura de transporte por carretera y, en particular, invertir en áreas de descanso con el objetivo de incrementar el número de aparcamientos seguros en España para el sector del transporte de mercancías por carretera. En el apartado B, reforzar la seguridad de los polígonos y áreas de servicio existentes mediante un plan de vigilancia que prevenga los robos en los camiones y en las mercancías que transportan. Garantizar que los centros de carga y descarga cuenten con las instalaciones adecuadas, incluyendo zonas para descanso, alimentación, higiene y gestión documental. También, derogar el acuerdo con Marruecos que permite la homologación de carnés de conducir de camión marroquíes, garantizando que cualquier reconocimiento de estas licencias cumpla con los mismos requisitos exigidos a los conductores españoles. Igual que pedimos con el sector primario de la agricultura y la ganadería, esa competencia desleal tampoco se puede llevar al transporte. Y, como cuarto y último punto, impulsar los cambios normativos necesarios para actualizar las tablas de enfermedades profesionales de los conductores de transporte por carretera, adaptándolas a las condiciones actuales y a las nuevas contingencias del sector. Modificar la normativa sobre representatividad en el Comité Nacional de Transporte para garantizar una representación equitativa. Los criterios de acceso deben reflejar fielmente la realidad del sector, asegurando la adecuada representación de autónomos y de pequeños empresarios, que constituyen la base principal del mismo. Y, por último, reconocer el papel fundamental de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas en el transporte de mercancías por carretera, promoviendo medidas que refuercen su competitividad. Estas enmiendas sí que son soluciones reales para el transporte y para todos los españoles. Gracias. Moltes gràcies, senyoria. También, para defender su enmienda, en nombre del Grupo Socialista, su señoría Cacho Isla. Gracias, presidenta. Buenos días, egun on guztioi, señorías. Cuarenta años han pasado del éxito de Loquillo y Los Trogloditas, "Yo para ser feliz quiero un camión". Pero el problema actual hoy es que no hay quien los conduzca. Para eso, el Gobierno de España y sus distintos ministerios están poniendo medidas para atenuar este problema. Las ayudas anuales a la formación, destinadas a empresarios, profesionales y trabajadores del sector, se articulan; adicionalmente, ayudas a la capacitación digital, con el hito de formar a casi 12.000 personas, y se acaba de aprobar otra convocatoria de cheque digital para universidades y centros de formación profesional, como las ayudas que han nombrado en la proposición, de 3.000 euros para la obtención de los carnés C y D del Plan Reconduce. El objetivo de esta medida es que aquellas personas que estén cursando el grado medio de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y, por tanto, ya han mostrado un interés por dicha profesión, puedan recibir la ayuda y terminen con el título y con el permiso. En 2023 se expidieron casi 40.800 permisos de las categorías C y D. Si se quisiera subvencionar con los 3.000 euros a cada uno de ellos, ascendería a un presupuesto de 43 millones de euros. Para asegurar las medidas contra la competencia desleal y asegurar las tarifas justas, los reales decretos-leyes 3 y 12 del año...

En 2022 se contemplaron las siguientes medidas en estas materias: una indemnización al cargador en caso de retraso tanto en la carga como en la descarga; la revisión del transporte con variación en función del precio de los combustibles; y medidas para evitar el trabajo por debajo de costes para el transportista. Asimismo, se combatió la competencia desleal mediante la actuación de la Inspección de Trabajo, destapando falsas cooperativas que no daban de alta en el RETA y empresas buzón que operaban desde otros países europeos para contratar en origen, lo que suponía una precarización del sector y, por ende, una distorsión de las tarifas. Desde la prevención de riesgos laborales se analizan los datos de siniestralidad y la problemática derivada. Voy acabando. Desde el Ministerio de Transportes existe una interlocución clara y constante con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para mejorar las condiciones de los conductores profesionales. Y desde el Ministerio de Educación se ha lanzado una convocatoria de subvenciones para el año 2025 destinada a formación, becas y ayudas. Además, desde el SEPE hay una colaboración constante con las comunidades autónomas para crear un catálogo de especialidades formativas en la familia profesional del transporte. En relación con el punto octavo, relativo al encargo al Servicio Catalán de Tráfico, este no lo amparan ni la normativa europea ni la normativa española. Lo que sí se ha hecho es ampliar el número de examinadores para ofrecer un servicio ágil y de calidad. Por todo esto, no podrán contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para defender también sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría Verano Domínguez. Gracias, presidenta. Ya que es la única oportunidad que tengo para intervenir en esta comisión, me gustaría decirle a la señora Otero, que ya se ha marchado, si van a apoyar los presupuestos de la Junta, igual que nos ha preguntado aquí a nosotros. Y me llama la atención algo muy claro: aquí se dan golpes en el pecho desde el Partido Socialista —lo acaba de hacer su portavoz— y, sin embargo, cuando recibimos el orden del día de las PNL registradas por los distintos grupos, teniendo el cupo que tenía el Partido Socialista, no presentaron absolutamente nada. Por lo tanto, se demuestra el interés que tienen por la seguridad vial de todos los españoles. Entrando en la defensa de mis enmiendas, el transporte por carretera vive una situación límite que afecta directamente a la economía, a la movilidad y, por supuesto, a la seguridad vial. Faltan conductores —está totalmente constatado por las entidades del sector y por el Ministerio de Transportes—. En nuestro país hay más de 30.000 vacantes de conductor profesional; cerca de 4.700 puestos de conductor de autobús; y, solo en InfoJobs, el pasado año más de 3.000 ofertas de conducción de vehículos pesados quedaron sin cubrir. Imagínense la situación que está afectando a empresas, a la logística, al transporte de viajeros y, en última instancia, a la calidad del servicio que reciben todos los ciudadanos. A esta realidad se suma un problema especialmente grave: la edad media de los conductores supera los 50 años, algo que informes internacionales califican como una amenaza directa para el relevo generacional. Los jóvenes no se incorporan porque encuentran barreras económicas, falta de oportunidades y desigualdad territorial en el acceso a la formación. Además, las mujeres siguen estando claramente infrarrepresentadas en este sector; no lo decimos nosotros, lo ha reconocido el propio Ministerio, que dice que debe impulsar políticas para revertirlo. Este es el verdadero debate, señorías: un sector que sostiene a España, pero que necesita medidas eficaces, serias y realistas para asegurar su futuro, que el Gobierno no está llevando a cabo. Desde esa visión hemos presentado una serie de enmiendas. Proponemos destinar todos los recursos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en la obtención de los permisos C y D. Las ayudas aprobadas por este Gobierno no están resolviendo el problema: son limitadas y se dirigen únicamente a quienes cursan un título que apenas se imparte en unos pocos centros del país. Cuando una medida nace con un alcance tan restringido, se queda en el mero anuncio. No se trata de anunciar, sino de resolver.

No son soluciones reales para el sector. Y eso es lo que nos trasladan las asociaciones. Existen herramientas, pero no llegan a quienes realmente las necesitan. Defendemos que cualquier joven, viva donde viva, pueda acceder a esas oportunidades; eso responde a las necesidades del sector y supone actuar con justicia territorial. También pedimos evaluar en esta Comisión, a través de comparecencias, estas herramientas y, por último, decir que no estamos de acuerdo con el encargo de gestión al Servicio Catalán de Tráfico. Lo que necesita la Dirección General de Tráfico no es una mayor fragmentación competencial, sino refuerzo, coordinación y mejoras en todo el territorio español. No sigo porque se me agota el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Y ahora, para acabar de fijar posición por el Grupo Plurinacional Sumar, tiene la palabra Alonso Contorné. Gracias, señora presidenta. Desde Esquerra Republicana, con esta PNL, junto con los comunes, hablamos de enmendar un plan que se queda corto. Es una realidad que ya vivimos durante las obras ferroviarias de Roda de Barà, donde tuvieron que venir conductores de otros países, en este caso de Perú, para cubrir deficiencias de nuestra red. Hoy la actitud es otra: el Ministerio de Transportes ha recogido las demandas del sector y ha ampliado las ayudas, y queremos valorar positivamente esa voluntad de diálogo. El decreto que eleva las ayudas a 3.000 euros para los conductores de camión y autobús es un paso en la dirección adecuada, pero debemos ser honestos y exigentes: la magnitud del desafío es enorme y las medidas tienen que ser más ambiciosas. El sector requiere con urgencia 30.000 transportistas y 4.700 conductores de autobús. Son cifras que evidencian una crisis que, además, pone en peligro la transición ecológica, porque sin esos conductores será imposible impulsar el transporte colectivo. Hay bajos salarios, competencia desleal y envejecimiento de la plantilla: el 60% de los conductores supera los 50 años, lo que dificulta el relevo generacional. Aunque las ayudas de 3.000 euros son una buena noticia, desde el sector se ha lanzado un mensaje de alerta: con el alcance actual del programa se cubre solo el 1% de las necesidades reales. Es un flotador, un salvavidas, pero hay que ir más allá: hay que luchar contra la competencia desleal y velar por condiciones laborales dignas. Un trabajo con tanta responsabilidad social y económica no puede estar sujeto a la precariedad. Está bien lo que se está haciendo, pero no basta: hay que aplicar más medidas, con más ambición, que actúen como efecto palanca y garanticen el futuro del transporte, un sector estratégico para la economía. Gracias. Para posicionarse sobre las enmiendas, tiene la palabra la señora Granollers. No recogen la solución del problema, con lo cual votaremos la iniciativa en sus términos. Gracias. Pasamos a la tercera proposición no de ley, sobre la mejora de la seguridad vial en la carretera N-420 a su paso por Gandesa y la ejecución urgente de la variante. Para defender la iniciativa, tiene la palabra su señoría proponente. Gracias, señora presidenta. Señorías, la N-420 sigue cruzando la trama urbana de Gandesa y la vida de los gandesanos, con un volumen constante de vehículos, también pesados. A estas alturas nos resulta difícil considerar aceptable que una capital de comarca mantenga todavía una travesía de estas características por el centro del municipio. Esta situación, prolongada en el tiempo, constituye un riesgo evidente para Gandesa y la Terra Alta. El 31 de marzo de 2025, varios diputados del Grupo Parlamentario Popular registramos una batería de preguntas escritas para conocer el estado real del proyecto. En esa iniciativa ya señalábamos la adjudicación realizada en agosto de 2023, por 820.000 euros, y un plazo de ejecución de dieciocho meses, junto al resto de cuestiones esenciales. El Gobierno respondió el 13 de mayo. Su contestación menciona contactos técnicos sin fecha ni contenido y una vigilancia ordinaria que no incorpora actuaciones específicas.