Buenos días, vayan tomando asiento que empezaremos ya la sesión.
Se abre la sesión siendo las 10:35 del martes, día 25, por la mañana. Les recuerdo que los grupos parlamentarios vamos a tener siete minutos para la primera intervención y tres para la réplica, según el acuerdo de Mesa y Portavoces de la pasada semana. Les voy a pedir un pequeño favor como cortesía parlamentaria: es probable que cuando me toque mi intervención tenga que estar en otra comisión; si me permiten saltarme mi turno y hacerla cuando vuelva, les estaría muy agradecida. Y, sin más, empezamos la comparecencia del nuevo secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. Le damos la bienvenida a esta Comisión, le felicitamos por su nuevo cargo y, cuando quiera, no tiene tiempo tasado para exponer sus políticas.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas.
Es un placer comparecer por primera vez en esta Cámara desde mi nombramiento como secretario de Estado de Industria y una oportunidad relevante para informarles sobre la estrategia y las políticas públicas que desarrollamos en el Ministerio de Industria.
Para empezar, me referiré a un artículo de la semana pasada del Financial Times, donde se señala que, con la que está cayendo a nivel planetario, España no lo está haciendo mal: está en una buena senda y tiene una oportunidad, pero también existen riesgos. Y cito a un economista que comentaba ese artículo ayer lunes. Leo textualmente: “Aunque esto sea algo evidente, es algo que pocos españoles se paran a pensar: cuanto más tiempo se dedica en el Congreso a debatir sobre cuestiones del pasado —corrupción, etc.—, menos tiempo queda para el debate de políticas que puedan cambiar la economía de España. Es decir, si las horas del debate político y de los telediarios se centran en las decenas de casos de corrupción o en el cambio de nombres de calles, lo que queda para hablar de productividad, educación, emprendimiento e impuestos es prácticamente nada y apenas tiene hueco en los espacios informativos. Si ese debate no existe, la economía seguirá cayendo en las mismas trampas de siempre una y otra vez”, aunque la economía en España se encuentra ahora mismo en un momento cíclico espectacular.
Por lo tanto, creo que estamos en un momento interesante para el país, de oportunidad y de reto global, y subrayo la importancia de esta Comisión, que puede ser muy relevante para que las cosas vayan bien en los próximos años.
Parto de la misión que, como secretario de Estado de Industria, se me ha encomendado por parte del presidente del Gobierno: una misión de reindustrialización, que implica un cambio de modelo productivo, aumentar el peso y también la competitividad del sector industrial en la economía española. Esa transformación hacia una mayor competitividad y un mayor peso pasa por abordar las dos transiciones que conocemos desde hace años: la transformación digital y tecnológica, y la transición ecológica. Y se suma algo que ha venido más tarde, que es la necesidad de autonomía estratégica, de reducir dependencias de otros países por la incertidumbre del mercado global.
En lo tangible: fábricas, inversiones, más empleo, más actividad y más cadenas de valor en España. En lo intangible, la otra cara de la moneda: reforzar el valor social y político y el orgullo industrial, maximizando el impacto sobre otros sectores y territorios. Por lo tanto, hablo de arrastre y arraigo: arrastre en las cadenas de valor —incluido el efecto inducido en los servicios— y arraigo en los territorios. La industria hace cosas que otros sectores no pueden hacer, como agregar actividad y vertebrar territorios, también en aquellos que no son grandes núcleos urbanos.
No solo en las grandes ciudades ni en las grandes concentraciones de economía y de población. Por tanto, nuestra misión es la reindustrialización y el aumento del valor de la industria.
La visión desde la Secretaría de Estado de Industria en estos momentos es consolidar el trabajo y los esfuerzos realizados en los últimos años, dando un salto cualitativo y cuantitativo en la industria y en la política industrial. ¿Cómo? A través de la aprobación de la Ley de Industria, como última gran pieza necesaria. Nos toca recoger los resultados de lo sembrado en los últimos años, pero hay que consolidarlos y estructurarlos en un nuevo marco de relación en el país y con los sectores, que viene a ser —o podría venir a ser— la nueva Ley de Industria y de Autonomía Estratégica. No solo la impulsamos como un marco normativo nacional, sino también construyendo Europa, con una visión cohesionada con el resto de Estados miembros. Europa necesita ser más autónoma y más fuerte en un escenario de mucha más competencia.
En definitiva, confirmamos que la industria es una pieza clave y principal de la política pública española. No siempre ha sido así, y el proyecto de este Gobierno es situarla donde debe estar.
Voy a estructurar mi intervención en dos partes: primero, la herencia recibida —lo que se ha hecho hasta el momento, aun cuando yo ya formaba parte de los equipos de la Dirección General y, anteriormente, durante cinco años en ENISA como director de Operaciones y de fomento del ecosistema emprendedor—; y, en segundo lugar, el plan que tenemos ya como secretario de Estado, liderando la Secretaría de Estado.
En cuanto a la herencia recibida, agradezco a quienes han sembrado lo que ahora empieza a dar resultados. Agradezco a Raúl Blanco y a Pachi Blanco, como secretarios generales, y a Rebeca Torró, como secretaria de Estado, que han trabajado para llegar a este punto. También a Reyes Maroto, Héctor Gómez y Jordi Hereu, como ministros que han impulsado este resurgir de la industria y de la política industrial. Recogemos sus frutos.
Quiero agradecer asimismo a los equipos que hemos encontrado en ENISA, en la Dirección General y en la Secretaría de Estado: funcionarios y personal laboral comprometido y responsable, a quienes hemos exigido mucho estos años y que han reaccionado muy positivamente.
En estos años hemos contado con más recursos y también con distintos mecanismos, programas y reformas. Hemos ampliado la cartera de programas e iniciativas: no solo hemos incorporado más presupuesto a líneas y programas que ya funcionaban, sino que hemos inventado e innovado. Entre ellos destaca un mecanismo nuevo: los PERTE industriales. Queremos consolidarlos en la política industrial española de forma estructural y, por ello, en la propuesta de Ley de Industria existe ya un capítulo que los incorpora de manera estructural, no excepcional, más allá del Plan de Recuperación. Solo con los PERTE la dotación ha sido de 9.500 millones de euros.
¿Qué supone esto? Un aumento muy significativo del presupuesto del Ministerio. Si observan el gráfico —que creo que conocen y que es paralelo a otros que pueden mostrarse en ámbitos de la política pública—, hablamos de los periodos 2014, 2015 y 2016, en los que veníamos arrastrando una política de unos 2.000 millones de euros de presupuesto anual, frente a otro periodo, el 2022-2025, con una media de entre 8.000 y 8.500 millones de euros. El último año, además, sumando la política de seguridad y defensa, ya pasamos a casi 12.000. Por lo tanto, estamos hablando de multiplicar por cuatro, y este último año ya vamos a multiplicar por seis respecto al periodo 2014-2017.
Por tanto, es un salto muy relevante, que tiene algo de excepcional, pero que deberíamos lograr que se consolide en parte de manera estructural. La política industrial, con este peso, debe ser un compromiso de todos. Al menos, para nuestro Gobierno ha sido una de las líneas críticas adoptadas y, a mi juicio, acertadas. Lo que no podemos es volver a 2017.
En el sentido de no volver a la política industrial de otro periodo, en el cual la economía estaba mucho más abierta y lo que se perseguía era que cada empresa buscara su mejor espacio de productividad y de máximo valor añadido —si tenías que deslocalizarte, te deslocalizabas—. Aquello fue el dictamen de entonces. Ahora, con la incertidumbre global, las dependencias y los riesgos que vemos a diario, las propias empresas nos dicen que hay que elevar la política industrial a otro nivel: quizá no a las cifras extraordinarias de estos años de política de choque del Plan de Recuperación, pero sí a un nivel estable que se acerque a lo que Italia, Francia y Alemania están invirtiendo. Creo que es un compromiso de todos con la competitividad industrial, la autonomía estratégica y las transformaciones que estamos viviendo. No se trata de volver al periodo 2014‑2017.
Este Gobierno supo identificar entonces las necesidades de la industria y el contexto, y todo lo que observamos nos anima a seguir este proceso, continuarlo y culminarlo. Las revoluciones tecnológicas e industriales son procesos de diez o quince años, no de tres; por tanto, esto no ha terminado y los sectores nos piden seguir invirtiendo.
Era urgente en aquel momento poner en marcha el Plan de Recuperación, que no se limitaba a la recuperación, sino que, como bien saben, fue una apuesta proactiva por la transformación y por ganar resiliencia. Con las pymes adoptamos un enfoque clarísimo: a través de la EOI y de los programas Activa, entre otros, hemos desplegado iniciativas con presupuestos muy superiores a los habituales. Impulsamos programas de I+D+i en las empresas —no mera transferencia tecnológica—, sino desde la demanda de innovación de las propias empresas. La política de clústeres pasó de contar con 8 o 10 millones a alrededor de 50 millones anuales en estos años; la respuesta ha sido muy positiva y los clústeres han agotado la dotación disponible.
En suma, hemos innovado con estos instrumentos. Como economista, celebro que la innovación en política pública —materializada en los PERTE— recupere una función de misión de lo público que a veces no se había considerado. Me explico: más allá de corregir fallos de mercado —cuando el sector privado no cubre un mercado necesario entra el poder público— y de proveer bienes públicos que todos tenemos en mente, como hoy la seguridad y la defensa, hemos incorporado una tercera dimensión: la dirección. Se trata de concertar con los sectores industriales hacia dónde va la sociedad —más sostenible, más saludable, más digital— y orientar en esa dirección.
Por eso, cuando hacemos un PERTE del vehículo eléctrico y conectado no es simplemente dinero para el sector del automóvil, que ya sería mucho, sino apoyo al sector con una transformación y una dirección concretas: la electrificación y la conectividad. Porque el nuevo coche será un ordenador con ruedas, más que un automóvil al que se le añade tecnología. De lo que hablamos es de marcar una dirección que acelere esa transformación y que nos permita encontrarnos cuanto antes con el nuevo régimen sociotecnológico y con el nuevo estilo de vida que supondrá desplazarnos con estos vehículos. Uno se sube a un Tesla o a otro similar y le sorprende, no tanto que sea verde, como la propia experiencia que ofrece.
Por lo tanto, poner dirección conjunta con el sector privado es un bien público, una política pública que debemos ejercer. Así lo han hecho Estados Unidos desde siempre con el DARPA, y también en el norte de Europa y en China: orientar y actuar conjuntamente en lo público-privado. Ya ocurrió tras la crisis del 29, con el enfoque keynesiano impulsando nuevos sectores de inversión y alimentando lo que fue el sueño americano: tener vivienda, electrodomésticos, prosperidad.
España y Europa, con los fondos Next Generation EU, ponen foco y, además, hacen algo nuevo que no habíamos hecho: constituir un fondo europeo para la recuperación. En otros momentos fue Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, quien aportó los recursos; ahora ha sido Europa la que ha agregado fondos nacionales para crear un fondo europeo y recuperarnos con dinero propio. Es un hito europeo, disponer de estos fondos comunitarios.
Lo que propongo —y el ministro lo defiende en el Consejo de Competitividad cada vez que vamos— es que esto sea estructural. Y no solo: que los fondos europeos supongan una auténtica política industrial europea y que, al menos una parte de ellos, como hace Estados Unidos, no vaya a cada Estado para que cada uno haga su política y terminemos duplicando o solapándonos, sino que se gestione a nivel comunitario. En Estados Unidos, en torno al 40% de los fondos para política industrial se gestionan a nivel federal: es cuando se juega a lo grande. Aquí, para jugar a lo grande, debemos ceder parte de estos fondos al nivel comunitario. Nos costará, porque venimos de muchos años en los que cada país juega su partida, pero hay que insistir: no solo tener dinero conjunto, sino gestionarlo conjuntamente, como ya hacemos en innovación.
La recuperación tras la COVID fue importante y es un buen aprendizaje si la comparamos con la otra crisis, la de 2008-2011, que fue al revés: se apretó el crédito; por tanto, no hubo inversiones, ni innovación, ni internacionalización; hubo menos empleo, y lo sufrimos todos. Personalmente, yo también estuve un tiempo en el paro, reinventándome, porque nadie contrataba. Aprendamos que, ante crisis de esta naturaleza, si respondemos desde lo público y a nivel europeo con un fondo contracíclico, el rebote es más rápido y más intenso, como muestran las gráficas.
Por tanto, aprendamos a trabajar conjuntamente con el sector privado. La orientación que mencionaba se construye con el sector privado. Nos hemos visto mucho en estos años con cada sector, con empresas, y sería deseable en este país que también hablásemos más entre nosotros. Creo que la Ley de Industria —y vuelvo al tema— es una buena columna vertebral para ir abordando cuestiones, porque ahí está todo. Es una excusa para vernos y para trabajar.
En España y en Europa, hemos diseñado un modelo equilibrado público-privado. En esto somos buenos en Europa; otras regiones pueden destacar por precio o por innovación disruptiva, pero nosotros destacamos en el equilibrio entre un Estado del bienestar sólido y un sector privado con libertad para desarrollar sus actividades. Un negocio es privado, pero un mercado no es solo privado. El mercado medieval en la plaza: si solo dejas que las empresas se muevan, hay desorden e inseguridad. Cada uno debe hacer su parte: hay que ordenar, delimitar, vigilar el cumplimiento de las normas y poner límites. Hoy esto lo hacemos bien y debemos ponerlo en valor. Europa es eso.
España, ¿qué dirección se marcó dentro del esquema general de Europa? Reindustrialización y autonomía estratégica; descarbonización y transición ecológica; transformación digital e innovación, incluida la tecnología disruptiva. Creo que es un acierto y, con la perspectiva de los años, veo que no todos los países europeos han adoptado este enfoque.
Décadas pasadas, con su modelo analógico, de motor de combustión e industria pesada y sus esquemas habituales, les ha costado aceptar que esto está cambiando de manera disruptiva. Hay resistencias demasiado grandes desde la economía y desde ciertos poderes económicos para hacer este cambio. Esto es de lo que hablan los premios Nobel de este año: la destrucción creativa. Hay que dejar margen para que nuevos agentes, o los propios incumbentes, se inventen las cosas: nuevos productos, nuevos servicios, nuevas soluciones. Porque, si no, nos quedaremos anclados en el pasado y otras regiones del mundo nos comerán. Europa, a mi juicio, debe estar en la punta de las cosas nuevas. Creo que España lo está haciendo bien: empresas, centros tecnológicos y también poderes públicos, nacionales y autonómicos. Veo ganas de invertir, veo proyectos; solo en PERTE, 1.500: 1.500 proyectos, es decir, 1.500 empresas que están transformando sus procesos de manera disruptiva, no solo incremental.
Para cerrar el bloque de PERTE que comentaba, quiero señalar un cambio que figuraba como reforma en el Plan de Recuperación: reforzar SEPIDES, de la SEPI, como brazo ejecutor de la política industrial. Por lo tanto, ahora la política industrial de SEPIDES la definimos desde esta Secretaría de Estado, aunque ya sabéis que orgánicamente depende de Hacienda y Patrimonio. Es nuestra agencia industrial, nuestro brazo ejecutor. A finales de 2024 se convirtió en EPE, Entidad Pública Empresarial; por lo tanto, ya puede actuar con todas sus capacidades como brazo ejecutor. SEPIDES nos permite estructurar bien esta política. Igual que en política pyme tenemos ENISA, CERSA y la EOI, en industria ahora contamos con una agencia, y podemos complementarnos: lo que conviene hacer desde el propio ministerio —administración pública pura, dentro del perímetro de la AGE— y lo que aporta una agencia, que te da agilidad y otras capacidades complementarias.
Sobre los PERTE, para situar dónde estamos: de los 9.500 millones de euros presupuestados, el 80% están ya tramitados, en proceso de pago o pagados. Estamos en el último tramo; antes de que termine el primer semestre del año que viene debemos cerrar todo esto, que es el límite que nos marca Europa. Son los últimos 100 metros y hay que aprovechar, con las últimas convocatorias que después recordaré.
El PERTE del vehículo eléctrico y conectado ha sido quizás el más de referencia. Fue el primero de todo el Gobierno y, también por eso, el que más sufre: se prueban cosas que luego no funcionan; empezamos con agrupaciones empresariales y acabamos con proyectos individuales; se ha aumentado la intensidad de la ayuda; se han ido corrigiendo elementos gracias a la relación con las empresas y el sector. Hoy tenemos la gigafactoría de PowerCo en Valencia, que pronto empezará a producir; SEAT Martorell; Irizar, en Euskadi; y Stellantis (KTL), cuya primera piedra colocamos mañana. Pero también hay pymes: Imatia, empresa gallega de software; Bold Valuable Tech, empresa catalana de diseño de baterías. Ha habido mucho movimiento y aprendizaje, que ha permitido que otros PERTE, industriales y no industriales, mejoren el sistema.
El PERTE agroalimentario suma 212 millones, con proyectos en 14 de 17 comunidades autónomas. Es un sector de los más repartidos y de mayor volumen, y a veces no se subraya lo suficiente su alta productividad. Ocurre que está muy atomizado y no tiene la voz que tienen otros sectores más concentrados; pero es un sector que debemos cuidar y que, sin duda, en la estrategia de industria que viene tendrá un papel importante. Algunos ejemplos: Panamar, en Valencia; Frit Ravich, donde estuve este jueves pasado en Girona, con un proyecto orientado a materias primas más saludables y sostenibles; e Industrias Cárnicas Loriente, en Cuenca.
El PERTE Naval ya concluyó hace un tiempo: 81 millones repartidos en cuatro proyectos, que alcanzan a 107 empresas.
Fue un tema muy focal y, además, un ámbito en el que somos fuertes: todo lo naval. Somos de los pocos países que aún hacen una apuesta firme por la construcción de barcos, con Navantia, con los astilleros, y hay que preservarlo, porque ya hay barcos de gran tamaño que no se construyen en Europa, solo en China. A medio y largo plazo tenemos que recuperarlo. Un gasero se tiene que hacer en Europa. España, sola, quizá no podrá; seguro que no; debemos hacerlo con un esfuerzo europeo.
El PERTE de Descarbonización Industrial es en el que estamos; fue el que empezó más tarde, porque fue la adenda del Plan de Recuperación. La dirección es clarísima: la descarbonización de sectores electrointensivos, intensivos en energía. Es un PERTE generalista, con un presupuesto de hasta 3.170 millones de euros en cuatro convocatorias. Ya hemos resuelto 600 millones de euros, tanto en las líneas 1 y 4, es decir, nuevos proyectos o proyectos de empresas y fábricas que ya están funcionando, beneficiando a más de 65 empresas en todo el país. Nos queda aún por repartir y son de las últimas convocatorias a las que me refería.
Ahí también hay que sumar, en estos sectores, toda la ayuda para seguir siendo competitivos. Sabéis que tenemos la compensación de costes indirectos de CO2 y estamos luchando para que tengan la exclusión de peajes. Eso no se aprobó, no se convalidó antes del verano, pero tenemos que conseguirlo entre todos, porque realmente es un sector que nos dice: si no hacemos esta cobertura, vamos a desaparecer. Lo que nos viene de fuera es mucho más competitivo en precios e, incluso, subvencionado, y hay que cubrirlo.
Algunos señalan que, si Europa tira para atrás la política ambiental, quizá podamos ser competitivos. Nosotros decimos: no. Europa y España van a culminar este proceso. Hemos salido de un puerto, como dice el ministro, al que no podemos volver. Hay que culminar la transformación, que además no solo es verde, sino que lo verde nos trae lo nuevo. Modernizamos las fábricas y los procesos; solo con cambios disruptivos se moderniza y se captura lo nuevo que va a existir durante los próximos 30 o 40 años. Si vas a lo antiguo y le haces mejoras, aguantará un poco, o te quedarás en un nicho o como una commodity. Para la nueva competitividad hay que ir a lo verde y a lo digital.
PERTE de Microelectrónica y Semiconductores, el PERTE Chip. Este está muy repartido; sobre todo lo lleva Transformación Digital y la SEPI, con entrada en capital; nosotros aportamos unos 200 millones y estamos acabando de resolver. Con todo lo que hemos repartido, creo que en Industria ha sido muy bien recibido. Son proyectos con un presupuesto pequeño respecto a Transformación Digital, pero el viernes estuve en Semidynamics: les hemos concedido 38 millones y, gracias al Ministerio de Industria, se han lanzado a hacer el diseño completo de chips. Y ahora vamos a algo que solo hacemos nosotros en Europa: alcanzar niveles de diseño que hoy no se hacen en Europa. Tanto en diseño de chips como en todo el proceso, desde la ciencia, donde somos buenos, hasta la producción; la foundry ya vendrá. Cuanto más trabajemos con startups y pymes, estas crezcan y generen tracción y actividad en chips, más opciones tendremos de conseguir que esta cadena europea de semiconductores tenga una parte en España. Creo que vamos en la buena línea; hay que estar en esos ámbitos nuevos a los que me refería.
PERTE Farma, PERTE Salud de Vanguardia. Estuvimos en su momento con una línea que ya se ha cerrado; seguimos con ENISA y con otras iniciativas. Estamos con el programa PROFARMA, que también es bien visto por parte del sector: es un ranking que llevamos años haciendo y que les permite atraer inversión de sus matrices. Les demostramos —el ranking demuestra— que son excelentes en España, que cumplen con varias exigencias; además de contar con una deducción vinculada a una aportación que tienen que hacer al sistema, por lo tanto hay una parte material, pero, sobre todo, es una señal para facilitar la próxima decisión de inversión.
La fabricación de vacunas la hacemos aquí, en España, y les funciona. Esa es la herencia que tengo, que no es poca y que agradezco muchísimo, porque no se puede llegar a la oportunidad que tenemos ahora si no se ha trabajado esto anteriormente.
Segunda parte: ¿qué tengo en mente, qué tiene en mente la secretaria de Estado de Industria en esta segunda parte de la legislatura? Primero, recoger; después, institucionalizar la política industrial, como decíamos. La nueva política industrial hay que hacerla en paralelo a culminar la inversión que nos falta por ejecutar en este Plan de Recuperación, y con la idea de que hemos elevado por cuatro, por seis la inversión y el gasto en política industrial. Habrá que bajar un poco porque eso es excepcional, pero hay que mantener una línea estable para acercarnos a lo que hacen Italia y, sobre todo, Alemania y Francia.
Para poder decir que somos uno de los motores industriales de Europa, independientemente de lo que Europa nos acabe aportando, tenemos que asegurar a nivel nacional un mínimo. Idealmente —esto no es un compromiso, sino un cálculo— estaríamos hablando de 1.500 millones de euros adicionales a lo que estamos haciendo. Partíamos de esos 2.000 millones del 14-17. Tenemos que tener un seguro para nuevos PERTE, para nuevas convocatorias de retos —robotización, vivienda industrializada, lo que sea—, y después conseguir otra cifra similar desde Europa con un plan más estructural. Con esto llegaríamos a una posición asimilable a otros países de Europa y podríamos tener una voz en la política industrial europea. De esto va la cuestión: si no hay capacidad, no hay voz en Europa. Y creo que no es un tema de este Gobierno, sino un objetivo de país a compartir; me gustará escuchar vuestra opinión. Ahora es un buen momento: estamos reduciendo la brecha en crecimiento y hay que consolidarlo, tanto normativamente —Ley de Industria— como en fondos, españoles y europeos. De esto va un poco la propuesta para esta segunda parte de la legislatura.
Son tres cosas, por tanto. Una: acabar con éxito el Plan de Recuperación en España; que las empresas transformen, que se pueda ver, que se pueda palpar. Que otras empresas digan: “Oye, si el vecino lo está haciendo, yo también quiero hacerlo; si la comunidad de al lado lo hace, yo también quiero hacerlo; si ellos tienen un chino ahí trabajando conmigo en un proyecto de tecnología punta, yo también quiero otro con un indio, o lo que sea”. La cuestión es que, como país —empresas, fuerzas políticas, sociedad—, digamos: lo hemos hecho bien y hemos aprendido que esto ha venido para quedarse y somos industriales.
Para esto, la aportación concreta del Gobierno es que SEPIDES va a lanzar todo lo que queda, y lo va a lanzar ya, institucionalizando el brazo ejecutor del que hablaba. Las siguientes convocatorias —esta es la última llamada, que quisiéramos que fuera un éxito— deben garantizar que nadie con un proyecto se quede sin conocerla o sin poder optar. Hemos lanzado ahora mismo el PERTE VEC A, el de baterías, con 280 millones; ya se ha adjudicado un primer lote de 27 y vamos a más, resolviendo rápidamente. El segundo es el VEC 4B, que serían 400 millones entre préstamos y subvención; está en resolución y ya se cerró la ventanilla. El tercero es el de descarbonización, Línea 4 —nuevos proyectos—, con 100 millones; la ventanilla está abierta hasta el 18 de diciembre. Es un momento de aportar propuestas. Finalmente, habrá alguno más, como la descarbonización, Línea 1 —la generalista, para proyectos de empresas ya existentes—, y también lanzaremos un IDI, una versión generalista muy enfocada a la tecnología y a la transformación de sectores, pero abierta a todos los sectores. Por lo tanto, jugamos con estas cinco convocatorias de aquí a junio.
Para resolverlas con la máxima absorción, porque, si no, es un dinero que perdemos como país. Esta sería la primera cuestión: acabar con éxito y, sobre todo, trasladar un mensaje a Europa. Esto vale la pena, y España vale la pena dentro de Europa. Optamos por ser motor, como lo son Francia, Italia o Alemania.
En segundo lugar, hemos reducido la presión sobre los equipos, realizando un seguimiento semanal de los plazos. Hay que diseñar la nueva política industrial; tenemos una columna vertebral, que es el Proyecto de Ley de Industria y de Autonomía Estratégica. Se trata de asentar y formalizar lo que ya hemos venido haciendo, para que, sea cual sea el Gobierno, esta sea la forma de hacer las cosas en este país. Y eso exige, por tanto, consenso, que nos dure, como la ley actual, que es de 1992 y ya lleva 34 años vigente. Es una ley muy diferente, de un momento muy diferente, como sabéis: sin internet, sin emergencia climática, en un contexto de deslocalización y de armonización con Europa. Ahora nos toca hacer otra, pero para muchos años. Bienvenida la discusión. Creo que la discusión que tengamos, una vez superada la enmienda a la totalidad, es para eso: para mejorar entre todos y hacer algo que nos sirva a todos durante muchos años.
Ya hicimos un esfuerzo con las alegaciones: se aprobó y aceptó un cuarto de ellas, incorporando también aportaciones de las comunidades autónomas, con la idea —como dice el ministro— de hacer una ley de país, con sensibilidad hacia los marcos competenciales autonómicos. Hemos estado trabajando con ellas para incorporar, en muchos puntos, la participación activa y, en algunos casos, vinculante de la comunidad autónoma. El último ejemplo fue el de los proyectos estratégicos que apruebe el Gobierno de España: cuando llegue un proyecto y haya que declararlo estratégico, solo podrá ser así si afecta a más de una comunidad autónoma o si se trata de seguridad nacional, que es competencia estatal. Aun en esos casos, aunque sea competencia nacional, se preguntará a la comunidad autónoma: “¿Para ti es un proyecto estratégico? ¿Qué carácter tiene para ti como comunidad?” Si responde que no, no seguimos. Es lo que dice la Ley de Industria. Habrá que replantear el proyecto hasta que la comunidad autónoma pueda decir: “Sí, ahora sí”.
Es, además, una ley holística, que va más allá de las competencias estrictas de industria. Muchas de las cuestiones que nos afectan y que nos trasladan las empresas —y que atendemos, porque es nuestro cometido— tienen que ver con ámbitos externos: la energía, el medio ambiente, la salud, lo digital, la economía, el crédito. ¿Qué nos queda? Quedan cuestiones muy importantes: el refuerzo de la oferta, la dirección estratégica, la política para pymes; y otras también relevantes. En este sector, la principal preocupación es el absentismo. Lo incorporamos en la Ley de Industria: convocaremos a los ministerios competentes y a las comunidades autónomas; será obligatorio que pasen por este cauce y que se discuta todo lo que implique efectos en la industria o todo aquello en lo que la industria pueda verse afectada.
Por eso creamos el Consejo Estatal de la Política Industrial: para establecer formalmente un entorno donde no pueda “colar” una ley o medida de otro ministerio que afecte a la industria y nos la encontremos hecha. Esto, ahora mismo, ya lo estamos haciendo en la CDGAE y en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios; pues bien, hagámoslo de forma más formal. Sensibilidad con las competencias autonómicas, sensibilidad con las competencias de otros ministerios y sensibilidad con la empresa y con los sectores.
Queremos ser pioneros con esta ley, más aún en un momento de incertidumbre en el que se escuchan muchas voces internacionales —también europeas—.
Queremos que España salga con una ley moderna, actualizada, con voz propia europea, que equilibre la autonomía estratégica y el comercio internacional; que acompañe la transición ecológica y, a la vez, sea valiente impulsando la innovación disruptiva. Responde a un contexto geopolítico cada vez más exigente: cada mes que pasa es más oportuno lanzar esta ley, si puede ser con una mayoría amplia, para enviar un mensaje de acuerdo hacia dentro y hacia fuera, de orgullo de país y de que somos buenos en industria.
En cuanto a las novedades de la Ley de Industria, ya las hemos ido explicando, pero resumo. Regulamos los instrumentos de planificación: una estrategia cada seis años y planes cada tres, que marcan la dirección. Vengo de una semana en China; allí nos contaron su plan quinquenal. Nos decían: habéis cerrado Estados Unidos, habéis cerrado Europa; nos costará más entrar, así que tiraremos de demanda interna y modernización del país. Ese no es nuestro modelo, pero sí lo es acordar entre todos hacia dónde vamos, qué retos y sectores priorizamos y con qué enfoque. Eso lo plasmamos en la ley.
Incorporamos un nuevo modelo de gobernanza: creación del Consejo Estatal de la Política Industrial, refuerzo del foro de alto nivel con las empresas y de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas. En cuanto a los proyectos industriales estratégicos, ya lo he comentado: estarán coordinados con otros ministerios en el marco del Comité de Inversiones Estratégicas, presidido por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con Comercio y con nosotros. Es un acuerdo de gobierno para que estos proyectos los acompañemos entre todos, no solo desde Industria, sino también desde el resto de ministerios.
¿Qué beneficios tendrá? Una comisión permanente de apoyo a estos proyectos, tramitación de urgencia y tramitación preferente. Asimismo, trabajaremos en ecosistemas industriales y retos industriales. Durante seis años podemos fijar señales claras; por ejemplo, si uno de los cuatro o cinco ecosistemas prioritarios son los chips, eso será nuestro norte: un mensaje hacia afuera para que una empresa vea que este país ha escogido chips, y hacia adentro, como opción y vocación para personas, empresas, inversores y territorios. Además, definiremos tres o cuatro retos transversales, porque no nos sobra ningún sector y todo el mundo está llamado a transformarse para mejorar su competitividad y productividad de manera seria.
Muy importante también la regulación y ordenación de los procesos de reindustrialización. Ha pasado ahora lo de MAHLE en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y también BSH en el norte. Hemos actuado siguiendo lo que prevé la ley, aunque no esté formalmente aprobada. Ojalá hubiera estado aprobada cuando los de MAHLE nos dijeron: mañana vamos a hacer un ERTE y tendremos a la mitad de la plantilla fuera. Habría sido mejor intervenir nueve meses antes para trabajar con ellos la salida. Tienen libertad de movimiento, pero hay que trabajar bien la salida, igual que la entrada.
Hablamos también de otras obligaciones y de simplificación administrativa. La ley es muy completa y se puede terminar de perfilar con la conversación con ustedes; aborda muchos temas que hasta ahora no se trataban desde la política industrial. Incluye, además, RECAPI, la Reserva de Capacidades Industriales. Como en la COVID, cuando empresas y gobiernos se movilizaron de manera corresponsable, hay que ordenarlo para que la próxima vez que ocurra —mañana o dentro de diez años— estemos más organizados y sepamos quién hace qué: quién hace mascarillas, quién hace vacunas, quién puede proveer chips si se cierra China. En eso estamos; la ley lo define y crea un órgano para coordinarlo.
Por lo tanto, la política industrial pasa a ser cuestión de seguridad nacional en el seno del Consejo de Seguridad Nacional. Y, en paralelo, avanzamos en el Registro Integrado Industrial, con un visor cartográfico coordinado a nivel industrial, orientado a la atracción de inversiones, y con la carpeta de la empresa industrial.
Para acabar, en el tema de la ley, que es el segundo punto: terminar con éxito el Plan de Recuperación; aprobar y desarrollar la Ley de Industria y de Autonomía Estratégica. Estamos reactivando la ronda de consultas; ya me he reunido con algunos de vosotros y vosotras, y nos falta acabarla para ponernos al día. En un año han pasado muchas cosas, a nivel global y a nivel europeo; hay temas que hay que poner encima de la mesa y otros que ya teníais en mente, y estamos totalmente abiertos a discutirlos. Es una prioridad legislativa de este Gobierno, de este Ministerio y de esta Secretaría de Estado. Vamos a lucharlo y hacerlo entre todos, para institucionalizar y tener esa voz propia de la política industrial.
Y, finalmente, la tercera parte es no quedarnos esperando la ley: hay que avanzar en las cosas que dice la ley, por lo tanto en lo que dice nuestra estrategia, para consolidar esta política industrial. Lo hacemos con la Estrategia Nacional de Industria: hemos encargado los primeros estudios y avanzamos en esta estrategia en paralelo a la ley. Vamos a abrir la participación y vamos a escuchar todo: desde las visiones más cuantitativas —sectores, productividades, dónde somos fuertes, dónde va a crecer más— hasta visiones de futuro —qué tecnologías, qué combinaciones de mercados y tecnologías, dónde invertir y desarrollar, por ejemplo en China o en Estados Unidos—, sumando objetividad presente con visión futura.
Y, en paralelo a la estrategia nacional, ya estamos avanzando con algunos sectores. El Plan de Industria Farmacéutica, liderado por Sanidad, en el que uno de los tres pilares —como la inversión y la autonomía estratégica— es de nuestra competencia; ahí destaca el programa Profarma, la regulación de la autonomía estratégica de medicamentos críticos y también de la parte de productos sanitarios no farmacéuticos. Esto ya se aprobó y lo estamos siguiendo, con un buen ejemplo de reuniones, comisiones y un marco de relación donde todos los ministerios y las seis asociaciones del sector nos reunimos y trabajamos juntos, con una sola voz, público-privada, y con una visión de 360 grados: desde la compra de medicamento —donde entran mucho las comunidades autónomas—, a la oferta de fábricas, a la innovación y el talento.
También en el Plan Auto hemos trabajado desde marzo pasado, por encargo del presidente, con ANFAC; después con Sernauto, Faconauto y todas las asociaciones, también con las nueve comunidades autónomas que tienen fabricación de coches en su territorio; también con sindicatos y con agentes terceros, como energéticas y financieras. Creo que se ha hecho un trabajo rápido: han sido ocho meses; lo presentará el presidente el miércoles que viene. No he visto nunca que en menos de un año se complete todo el proceso. Por lo tanto, lanza un mensaje: ese sector está en un punto muy crítico, de oportunidad pero de gran riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que se van a contar es que, en el estudio que hemos hecho, el sector de componentes —no el fabricante, la marca, sino todo el sector aguas arriba—, con la transformación del coche de combustión al eléctrico y del coche analógico al digital, puede, si no hacemos nada, ni desde lo público ni desde lo privado, llevar a un -35% de pérdida —un tercio menos de empleo y de fabricación— o, por el contrario, a un tercio más, con baterías, sistemas tecnológicos, el ordenador, todos los nuevos componentes de un coche. Es decir, hay una diferencia entre -35% y +35%. Es un sector que, por un lado, afronta grandes riesgos y, por otro, enormes oportunidades.