Buenos días. Se abre la sesión, en primer lugar dando la bienvenida al secretario de Estado, que va a contestar a las preguntas que sus señorías han planteado. Les comunico a los miembros de la comisión que en esta sesión se dispone de traducción simultánea en catalán. Para la tramitación de las preguntas se establece un tiempo total de quince minutos, distribuido en dos intervenciones: 7,5 minutos para el parlamentario que formula la pregunta y 7,5 minutos para el representante del Gobierno, en este caso el secretario de Estado, para que conteste a la misma. Sin más trámites, empezamos con el turno de preguntas, que serán contestadas por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, don Francisco David Lucas Parrón.
La primera pregunta, según el orden del día: objetivos y principales medidas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Autor: Javier Rodríguez Palacios, Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Rodríguez Palacios para formular la pregunta.
Buenos días a todas las personas que están aquí y a quienes nos siguen ahora o en el futuro por medios digitales. Esta pregunta sobre los objetivos principales del nuevo Plan Estatal de Vivienda la realizamos desde el Grupo Socialista en el convencimiento de que estamos ante un plan clave para el futuro de muchas personas de este país, clave para el futuro de la vivienda, y que es un plan ambicioso que debe ir acompañado de un consenso que tendría que alcanzarse con la mayor amplitud posible. Por eso se están realizando —y se han realizado— consultas a los operadores del mercado inmobiliario, a asociaciones, a instituciones y a otras administraciones, y por eso tenemos un gran interés en conocer cuál es el punto de vista del Ministerio, más allá de lo ya conocido fruto de ese proceso participativo y de la divulgación del contenido de ese plan en los últimos tiempos.
Nosotros, como Grupo Socialista, consideramos que la apuesta por la vivienda y el compromiso de este Gobierno son claros y firmes, en especial desde la creación del Ministerio de Vivienda. Un ministerio que en ocasiones está siendo denostado desde un sesgo partidista por otras formaciones políticas, pero no dudamos de que, si no se hubiera creado, muchas de las PNL que habrían venido a esta comisión habrían sido para pedir su creación. Fue este Gobierno el que decidió crearlo, ante una situación realmente compleja en el acceso a la vivienda: una competencia plena de las comunidades autónomas, pero que desde el Gobierno de España se quiere acompañar y apoyar.
Nos entristece, como grupo político, ver que muchas de las críticas que se hacen al Ministerio de Vivienda se realizan con cierta mala fe. Cuando se pretende culpabilizar al Ministerio de la situación que actualmente tiene la vivienda en este país —si se hace desde el conocimiento de la arquitectura constitucional de España—, se incurre en una profunda injusticia. Son las comunidades autónomas las que deberían haber desarrollado planes de vivienda ambiciosos; son las que podían, desde sus propias competencias, elaborar y aplicar medidas que favorecieran el acceso a la vivienda o que regularan un mercado que claramente está siendo fallido en prácticamente todo el territorio nacional, especialmente en algunas comunidades largo tiempo gobernadas por formaciones políticas que nada tienen que ver con el Gobierno actual, con el Gobierno de España. Por lo tanto, creemos —y es la primera reflexión que hacemos— que hay un punto de demagogia que hay que abandonar en esta cuestión de la vivienda y que la apuesta del Gobierno es firme y decidida.
Se trata de apoyar, de acompañar y de dialogar con las administraciones que deberían estar al frente de manera propositiva y que no lo han estado durante demasiado tiempo. Por lo tanto, lo que creemos es que hay situaciones como la que podemos vivir quienes habitamos en Madrid, en la que, tras treinta años de gobiernos del Partido Popular, vemos Madrid como un epicentro de lo que no hay que hacer con la vivienda: se han vendido pisos con cierto nivel de protección, incluso a fondos buitre; los pisos turísticos están desregulados; el alquiler temporal se utiliza como una burla para muchos inquilinos que ven todavía más precaria su situación, puesto que no tienen ninguna seguridad frente a las garantías que la Ley de Vivienda y el alquiler residencial les otorgan y que el alquiler temporal les quita. Por lo tanto, tenemos un ejemplo claro aquí mismo, en el lugar donde reside la sede de la soberanía nacional, en este Congreso de los Diputados, situado en la Comunidad de Madrid, como ejemplo de unas políticas de vivienda erráticas y que no han funcionado por parte del Gobierno autonómico. Resulta triste escuchar críticas a un Gobierno de España que lo que hace es poner las bases para una colaboración activa mucho mayor. Por eso nos interesa, y mucho, conocer en qué consiste y cómo ve el Gobierno el Plan de Vivienda 2026-2030.
Consideramos que la idea de que haya más oferta de vivienda pública es fundamental y es una de las partes importantes de este nuevo plan. Creemos que, si se hubieran protegido los dos millones y medio de viviendas protegidas construidas desde 1980 hasta 2020, estaríamos en otra situación de mercado y que, por eso, la obligatoriedad de la protección permanente de cualquier vivienda que haya sido construida con fondos públicos, con cesión de suelo público, con apoyo de las diferentes administraciones, siempre tiene que mantenerse. Es un espejismo pensar que cuando un piso protegido que se compró por 150.000 euros se vende por 450.000 euros —como está ocurriendo aquí en Madrid, por ejemplo en el barrio de Sanchinarro— es una buena noticia para el propietario, porque si ese propietario tiene que comprar otra vivienda en un barrio próximo, como Valdebebas, tendrá que gastarse por lo menos 750.000 euros, con lo cual asumirá una hipoteca de más de 300.000 euros. Eso no beneficia ni siquiera a quien pensó que saldría ganando al vender cuando se desprotegió. Por lo tanto, esa espiral se tiene que romper y es una de las piezas angulares de este plan de vivienda.
Por supuesto, los fondos que aporta el Estado, el Gobierno central, deben ser acompañados por las comunidades autónomas. Establecer convenios y trabajar directamente con administraciones públicas como los ayuntamientos o con las universidades públicas nos parece algo positivo y que debe explorarse.
Naturalmente, esto debe acompañarse de ayudas. A juicio de este grupo parlamentario, del Partido Socialista Obrero Español, son importantes las ayudas para los inquilinos —en particular para los jóvenes— y también las ayudas para la rehabilitación de vivienda, a fin de ponerla en alquiler a precios asequibles. Creemos, incluso, en la importancia de las ayudas fiscales y en la posibilidad de ofrecer beneficios a los pequeños propietarios que quieran alquilar, así como en aportar seguridad en esos alquileres respecto a posibles impagos. En definitiva, hay que hacer políticas que permitan que quienes quieran alquilar un piso lo hagan en condiciones de seguridad.
Pero, naturalmente, todo ese dinero público, tanto en ayudas al alquiler como a la persona propietaria que va a alquilar un piso, se vería mermado y con una utilidad menor si no se legisla y se regula el mercado. Hablamos de incrementar la vivienda pública y de ayudas para las personas que alquilan o que desean alquilar y son pequeños propietarios, pero también de una regulación que embridar un mercado inmobiliario que actualmente es fallido, aquí en España y en Europa. Por lo tanto, actuar sobre los alquileres temporales, sobre los pisos turísticos y generar zonas tensionadas es la apuesta segura para que ese dinero público y ese esfuerzo público no contribuyan a que la burbuja de precios sea aún mayor.
Hace unos días vimos cómo se han conmemorado cincuenta años en libertad. Algunos estuvimos escuchando los discursos de personas fundamentales de aquella época, pronunciados aquí, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, hace casi cincuenta años: Miquel Roca, Suárez, Carrillo, Tierno Galván. Todos esos discursos hablaban del orgullo de hacer política, de la satisfacción de conseguir objetivos buenos para el pueblo español. Pero también todos esos discursos hablaban de que cada uno...
…que cada uno de ellos era capaz de sacrificar parte de su objetivo máximo en aras del diálogo y del entendimiento. Por eso, ese es el espíritu que queremos que también guíe este momento, sobre la vivienda y sobre la actuación del Gobierno: entendimiento y abandonar nuestras posiciones máximas. Muchas gracias.
Seguidamente, toma la palabra el señor Lucas Parrón para contestar la pregunta.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Rodríguez. Muchísimas gracias por permitirme comparecer nuevamente en esta comisión para tratar algunos asuntos muy importantes en el ámbito de las políticas de vivienda. Este es el tercer plan que gestionamos; me ha tocado gestionar los dos anteriores, el de 2018-2021, el actual 2022-2025, y la conformación del nuevo plan 2026-2030.
Como he comentado, el 31 de diciembre termina el actual plan, el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, y es verdad, como bien se ha señalado, que el Gobierno está trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas en un nuevo Plan Estatal 2026-2030, esta vez con una perspectiva temporal un poco mayor, hasta el año 2030, para hacerlo coincidir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y con los objetivos de descarbonización que hemos adoptado con la Comisión Europea. Como saben, el Plan Estatal de Vivienda se configura en tres grandes partes: primero, el impulso de la promoción de viviendas (oferta); segundo, la rehabilitación para la eficiencia energética, la habitabilidad y la accesibilidad, tanto a escala de barrios, edificios y viviendas individuales; y, tercero, las políticas de ayuda, sobre todo a colectivos más vulnerables, especialmente a los más jóvenes. Este plan, recuperando la idea de los planes anteriores, vuelve a concitar en su conformación la promoción de vivienda, la rehabilitación y las ayudas.
Recuerden que el anterior plan, debido a la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se dedicó principalmente a las políticas de ayuda a colectivos más vulnerables y a aquellas personas que necesitaban más de la acción pública, extrayendo la parte de rehabilitación y la parte de promoción, que se impulsaron y financiaron con fondos Next Generation a través del citado plan de recuperación.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es muy consciente de la especial gravedad del actual problema de vivienda y de la necesidad de concertar políticas en esta materia. Por eso venimos realizando un trabajo intenso, no solamente en la conformación del plan, sino también en el establecimiento de los consensos y acuerdos necesarios con las comunidades autónomas para que el plan pueda ser un instrumento válido y eficaz, que contribuya a solventar los problemas y necesidades que trasladan y manifiestan los españoles y que han situado a la vivienda como el primer problema, la primera situación de emergencia que declaran los ciudadanos.
Por todo ello, este plan se configura como un instrumento fundamental de planificación, un instrumento estructural para el próximo quinquenio, con una clara vocación social y decididamente orientado a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la ciudadanía, garantizando que la vivienda no sea el factor que estrangule el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento económico en este país.
El nuevo plan pasa a tener una dimensión presupuestaria diferente. El anterior estaba dotado con 1.717 millones de euros; el actual se ha previsto con una aportación de 7.000 millones, el 60% por parte del Estado y el 40% por parte de las comunidades autónomas. Quiero recordar que el Plan Estatal de Vivienda no es un instrumento obligatorio de las políticas del Estado; no es un instrumento que el Estado tenga la obligación de implementar, sino un instrumento que desde el Estado se habilita para ayudar en las políticas de vivienda: para generar oferta, impulsar la rehabilitación, apoyar a los colectivos más vulnerables y, sobre todo, para cooperar y colaborar con el sector privado y, especialmente, con las comunidades autónomas en la implementación de estas políticas.
Por eso este plan se ha previsto con una cuantía mayor y establece una mayor corresponsabilidad económica por parte de las comunidades autónomas. Hasta ahora el Estado aportaba el 77% y las comunidades autónomas el 23%; lo que se plantea ahora es una mayor corresponsabilidad para escalar en los recursos económicos y en la capacidad de dar soluciones a los problemas existentes, hasta alcanzar los 7.000 millones.
Los objetivos del plan son: más vivienda; mejor vivienda, con eficiencia energética y accesibilidad; facilitar el adelanto de la edad de emancipación de nuestros jóvenes; reducir la tasa de esfuerzo en el pago de la vivienda; y contribuir a corregir las tensiones en las zonas de mercado tensionado. Uno de los objetivos fundamentales es el incremento de la oferta de vivienda: necesitamos más viviendas, con más calidad y, sobre todo, con mayor y mejor habitabilidad.
Incrementando el parque de vivienda protegida, con la promoción de viviendas protegidas permanentes en suelos privados, propuestas de colaboración público-privada, urbanizando suelos y estableciendo mecanismos como el alquiler con opción a compra, la cesión de viviendas a las administraciones públicas o, incluso, los alojamientos dotacionales colaborativos para que en esos suelos dotacionales se puedan hacer más viviendas. Por supuesto, también, reducir la edad de emancipación y la tasa de esfuerzo financiero para el pago de la vivienda para aquellos colectivos más vulnerables, en función de sus ingresos económicos y de las dificultades para acceder a una vivienda, limitando la cuantía de los alquileres y facilitando las ayudas a las personas jóvenes, especialmente a quienes tienen más inestabilidad laboral y más dificultad para acceder a la vivienda; a las personas víctimas de violencia; a las personas en situación de desahucio; a quienes sufren sin hogarismo crónico y a otras personas especialmente vulnerables. Las ayudas pueden ascender incluso hasta el 100% de la renta mensual y es verdad que es una labor exigente, una labor intensa, que conjuntamente con ayuntamientos y con comunidades autónomas estamos impulsando.
Y, por supuesto, el tercero de los ámbitos es mejorar la vivienda, mejorar el parque edificatorio existente, cumpliendo los objetivos de descarbonización, los objetivos exigentes que nos marca la Comisión Europea, y mejorando la accesibilidad y la habitabilidad, con la rehabilitación de barrios vulnerables, con la rehabilitación integral de edificios de viviendas, de viviendas individuales, de viviendas con algún régimen de protección patrimonial o, incluso, actuando en áreas abandonadas, obsoletas, deterioradas, y luchando contra las infraviviendas, contra el chabolismo que todavía quedan en algunas zonas de nuestro país, y, sobre todo, garantizando seguridad, accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad. Como ven, el plan es un plan que intenta abarcar el problema en toda su dimensión y que, sobre todo, intenta hacerlo sobre la base del acuerdo y del consenso con las comunidades autónomas. Lejos de algunas informaciones, algunos comentarios, algunas tensiones que son propias de cuando se establecen mecanismos de diálogo para articular un plan tan complejo como este, la relación con las comunidades autónomas es fluida. En estos momentos ha habido ya, como comentaré posteriormente, diversas conferencias sectoriales, muchas comisiones multilaterales y muchas comisiones bilaterales que nos han hecho avanzar en la posibilidad del acuerdo. En estos momentos creo que hay una buena predisposición por parte de todas las comunidades autónomas y por parte del Estado a alcanzar el acuerdo, y estoy convencido de que así será. No puede ser de otra manera, porque es una exigencia de los ciudadanos, porque los ciudadanos esperan de nosotros ese acuerdo, porque creo que estaremos a la altura y porque creo que el acuerdo se va a alcanzar. Y desde aquí traslado toda la predisposición de todos los actores a alcanzar ese acuerdo, porque es posible, es necesario y, sobre todo, va a hacer que seamos capaces de articular propuestas que den satisfacción a las necesidades y problemas ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuamos con el orden del día. La siguiente pregunta: valoración por el Gobierno del paso que han dado algunas comunidades autónomas para declarar las zonas de mercado residencial tensionado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Autor: Conesa, Coma, Ignasi (Grupo Parlamentario Socialista). Toma la palabra el señor Conesa, Coma, para formular la pregunta.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario de Estado. Antes que nada, quería recordar que hoy es 25N y está bien recordar que la violencia de género se da principalmente en la vivienda y, como estamos en la Comisión, me gustaría remarcar que es uno de los ámbitos donde de forma más específica se manifiesta este problema. Bien, nuestro grupo cree que está suficientemente demostrado el compromiso del Gobierno progresista con el problema que nos preocupa a la mayoría. Y es justo recordar que tener un ministerio específico, como decía mi compañero, ya denota cuáles son las prioridades, y también es justo remarcar que no se elude ninguna responsabilidad, aunque la mayoría de competencias no sean del Gobierno central. Y, ante según qué demandas, también es justo remarcar que la ministra ha comparecido cuatro veces en el Pleno de las Cortes Generales, una en esta Comisión, ha respondido 31 preguntas y 14 interpelaciones; y que también ha comparecido usted, señor secretario de Estado, en dos ocasiones, y también la directora general de SEPES. Y, evidentemente, señorías, sin menospreciar y dando la importancia que tiene este Parlamento, nuestro grupo se siente muy representado por un equipo en el Ministerio que dedica la...
Dedica la mayor parte de su tiempo a recorrer el país, acompañando a los representantes del territorio e inaugurando promociones que llevan el sello del Gobierno de España, por muchos bulos que se quieran expandir. Pero nos preocupa, secretario de Estado, la utilización de forma partidista, sesgada e interesada de un problema que afecta a muchas familias. La utilización populista del problema hace que se analice de forma simplista un tema que es enormemente complejo y algunos, desde la derecha, intentan de forma reduccionista alarmar y culpabilizar a todo de una sola ley, o intentan culpabilizar a los más débiles del sistema, poniendo el foco donde no debería estar.
Y creo, señor Lucas, que tenemos la obligación de quitar la careta a unos representantes públicos que contribuyeron con sus políticas ultraliberales y desreguladoras a que llegáramos a donde estamos ahora. Lo más paradójico es que se presentan como la solución, como si nunca hubieran estado gobernando. Digámoslo claro: hay quien está intentando solucionar el problema y quien intenta sacar tajada electoral del mismo. Unos quieren que el problema continúe —no sea que beneficie al Gobierno de Pedro Sánchez— y se dedican a incumplir la norma y la ley o a poner dificultades en su desarrollo. Es curioso que estos grupos se ufanen en demostrar que tienen tanto poder para controlar por la puerta de atrás a grandes poderes del Estado y, en cambio, sean incapaces de hablar con sus conocidos especuladores para que bajen los precios de la vivienda. Otros, sus socios, los de Vox, intentan vender que son los más sociales de todos y que visitan los barrios. Visitan, que no viven, cuando lo único que buscan es replicar políticas del pasado que provocaron marginación y guetos sociales. Los que se creen que son la nueva política intentan ocultar, con discursos de aparente proximidad y con un manto de falangismo social, que sus votos solo han servido para recortar derechos y dignidad para las personas.
Señorías, nosotros tenemos claro que las políticas de vivienda deben ser sostenibles; que debemos contar con un parque público más grande y permanente; que los alquileres han de ser asequibles; y que la vivienda es un derecho, más que un negocio. Esta es nuestra opción: políticas redistributivas socialdemócratas que no dejen a nadie atrás. Y por esto —lo dije en la comparecencia del Defensor del Pueblo— debemos aplicar la solución de las cuatro íes mayúsculas: desde todas las administraciones, implicarse, invertir, intervenir e incentivar.
Sabemos perfectamente que todas las administraciones tienen sus competencias: que el urbanismo lo despliegan los ayuntamientos; que las comunidades autónomas tienen las responsabilidades de ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda y las políticas sociales, como delimitan los estatutos respectivos por la lógica de la proximidad y el principio de subsidiariedad; y que el Estado tiene su responsabilidad, sobre todo en fiscalidad, en soporte económico y de gestión, y en normas supraterritoriales, como confirma la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda. Gracias, señor presidente.
Por esto, y porque ya tenemos claro que no es solo un problema español, que Europa está actuando y que las administraciones de la Unión se están implicando —están viendo que el problema de la vivienda es similar al que tenemos en nuestro país—, lo hemos comprobado en las declaraciones de la presidenta de la Comisión, en la creación de un comisario específico y en las iniciativas habitacionales de quince alcaldes de grandes ciudades europeas, lideradas por el de Barcelona. En definitiva, estamos observando que es un problema local, continental y podríamos decir que hasta global.
Así que las políticas que se están implementando desde el Ministerio van en la dirección correcta: intentar cambiar el paradigma de la vivienda. Creemos que tenemos instrumentos para ello y lo que está faltando es la colaboración de aquellas administraciones que deberían invertir más e implicarse más en el problema. También sabemos que no todos actúan de la misma manera y que, ante el problema, unos ponen inversión, ponen planes y despliegan iniciativas que otros dejan al albur del mercado. Sabemos que hay comunidades, como la mía, Cataluña, que están haciendo de la vivienda un eje central de su actuación, y sabemos que otras están en ello. Por eso, señor secretario de Estado, nos gustaría preguntarle...
¿Cómo valora el avance que se está haciendo desde algunas comunidades autónomas en la declaración de zonas tensionadas? Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Conesa. La valoración que tenemos que hacer desde el Gobierno y desde esta Secretaría de Estado es muy positiva, ya que creo que es una de las herramientas más potentes que habilitó la Ley por el Derecho a la Vivienda en función de la declaración de zonas de mercado tensionado que llevan a cabo las comunidades autónomas.
Somos conscientes del incremento de los precios de la vivienda, de los alquileres, en casi todo el país; en las zonas tensionadas mucho más, especialmente en las áreas metropolitanas y urbanas de las grandes ciudades, aunque el fenómeno se da en todo el territorio, si bien con menor intensidad. Era objetivo de la Ley de Vivienda y de este Gobierno establecer mecanismos para evitar que esos precios siguieran escalando, para frenar movimientos especulativos y, sobre todo, para garantizar a las familias y personas con más dificultades económicas el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, como establece el artículo 47 de la Constitución española.
La ley estableció un mecanismo por el cual, cuando el coste de la vivienda supera el 30% de los ingresos medios de los hogares o cuando, en los cinco años anteriores, el crecimiento de los precios haya sido tres puntos porcentuales o más por encima de la media del IPC acumulado en la comunidad autónoma, puedan adoptarse medidas para controlar el precio de los alquileres. Junto a ello, el Estado articuló un sistema de índices de precios de referencia, basado en datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en precios de mercado, para que no se desboquen los precios de los alquileres.
La declaración de zonas de mercado tensionado y la aplicación del control de precios operan en tres ámbitos fundamentales: en primer lugar, el control de precios en sí mismo, como respuesta a fallos evidentes de un mercado imperfecto que busca maximizar rentabilidades a pesar de las dificultades que ello acarrea a muchos ciudadanos. Estos mecanismos se sitúan sobre la base de la referencia del contrato anterior para pequeños propietarios, personas físicas, o la referencia al índice de precios de referencia en el caso de los grandes tenedores. En segundo lugar, se prevén incentivos fiscales para que los pequeños propietarios puedan incluso reducir las rentas o facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y otros colectivos con mayores dificultades. Y, en tercer lugar, se activa un paquete de medidas correctoras para abordar los desajustes en las zonas tensionadas: incrementar la oferta, facilitar viviendas asequibles e incentivar la asignación de fondos, de modo que haya más ayudas para las comunidades autónomas, las administraciones locales y, por supuesto, para los arrendatarios.
El resultado hasta ahora es muy positivo. Son 304 los municipios incorporados ya: primeramente en Cataluña; posteriormente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde sus tres capitales de provincia también están aplicando estas medidas; en la Comunidad Foral de Navarra; y en Galicia, primera comunidad gobernada por el Partido Popular en la que una ciudad como A Coruña ha entrado en zona de mercado tensionado. Además, están pendientes de aprobación 16 zonas en seis municipios del Principado de Asturias.
Como digo, los resultados son alentadores. Si atendemos a los datos aportados por el Institut Català del Sòl, en Cataluña se constata que es una herramienta eficaz: los precios han bajado un 4,9% tras la entrada en vigor de la medida y un 8,9% en la ciudad de Barcelona. Y, lejos de algunos agoreros que articulan discursos según los cuales se reduce la oferta, lo que estamos constatando no corrobora esas afirmaciones. Muchas gracias.
En estos momentos hay mayor estabilidad en los contratos, menor rotación, y por lo tanto se opta por parte de los arrendadores por continuar con los arrendatarios. Ante la imposibilidad de incrementar los precios de manera especulativa, es verdad que en los portales hay menos oferta, pero la Generalitat de Cataluña nos dice que hay 11.000 contratos más con respecto al año anterior desde que se aprobó la medida de zonas de mercado residencial tensionado.
Por lo tanto, consideramos que el control de precios es positivo; las medidas que se están implementando también lo son, así como los resultados que se van obteniendo, porque vamos hacia la consecución de garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible que establece el artículo 47, y a que el mercado no sea un mercado descontrolado, desequilibrado, con precios desorbitados que perjudican gravemente el acceso a la vivienda. Además, en estas zonas se establecen programas específicos que desde el Gobierno de España se van a reforzar con propuestas en el Plan Estatal de Vivienda para dedicar más recursos a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas, e incluso con propuestas económicas concretas que este ministerio está articulando y trabajando para su implementación, a fin de ayudar al plan de medidas que no solo debe aplicar la comunidad autónoma, sino también el Estado, tal y como lo establece la Ley de Vivienda, para corregir los desajustes existentes en las zonas de mercado tensionado.
Es una manera de contribuir al buen desarrollo de los correspondientes planes específicos diseñados por las administraciones autonómicas, en los que se seguirá profundizando en la promoción de vivienda, en la rehabilitación de viviendas, en la adquisición de suelo con edificabilidad residencial, en la adquisición de viviendas, en soluciones de vivienda alternativas dignas y adecuadas y, sobre todo, en el control de los precios para que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible. Seguimos abiertos a los diferentes cauces de interlocución y también a otras propuestas, como las que impulsan Las Palmas de Gran Canaria o Santiago de Compostela, a pesar de la negativa de sus comunidades autónomas a la implementación de las zonas de mercado tensionado; y otros, como los once ayuntamientos del área metropolitana de Madrid, que, teniendo las condiciones para declararse zona tensionada, la Comunidad de Madrid se niega a ello. Vamos a seguir acompañándolos, vamos a hacer lo posible y, sobre todo, a valorar muy positivamente estas medidas porque, incomprensiblemente, a pesar de la negativa de muchas comunidades autónomas, favorecen a arrendadores y arrendatarios y son medidas positivas para intentar corregir el desequilibrio en los precios de los alquileres. Muchas gracias.
Seguimos con el orden del día. Tercera pregunta: pasos que se han dado para la conformación de la nueva empresa pública de vivienda y objetivos que tiene previsto abordar como prioritarios. Toma la palabra la señora Romero Pozo, del Grupo Parlamentario Socialista, para formular la pregunta.
Gracias, señora presidenta. Señor secretario de Estado, me sumo a las palabras de mi portavoz, el señor Conesa, sobre el día que hoy desgraciadamente tenemos que conmemorar, aunque son todos los días, y me quiero referir especialmente a cómo el domicilio, la casa, es el lugar seguro de las mujeres, pero también de los niños y niñas, que son también principales víctimas, por ser más vulnerables, de la violencia machista y muchas veces instrumentos del maltratador para agredir a la mujer.
Centrándome ya en la política de vivienda y en la pregunta, ha hablado el señor secretario de Estado, respondiendo a mis compañeros, de colaboración, corresponsabilidad y buena disposición de las comunidades autónomas para implementar las medidas del Gobierno de España dentro de sus competencias, o para ejercitar las suyas propias, porque son ellas las responsables directas de garantizar el acceso a la vivienda asequible. Es un hecho indiscutible y, sin embargo, allí donde gobierna el Partido Popular, a veces acompañado por alguna derecha nacionalista, lo que encontramos no es ni gestión, ni planificación, ni política pública; más al contrario, abandono, insensibilidad y una pereza política inadmisible. Tienen las competencias y tienen recursos, pero prefieren mirar hacia otro lado mientras miles de jóvenes son expulsados de sus barrios, las familias trabajadoras enfrentan alquileres imposibles y mientras los fondos buitre...
Esa dejación no es casual; responde a una visión profundamente conservadora y elitista que se combina con un nulo sentido de Estado a la hora de abordar el principal problema de la población española: el acceso a una vivienda asequible. Porque gobernar, señorías, no es repetir eslóganes; todos lo tenemos claro: es proteger a quienes menos tienen, es trabajar, gobernar sobre todo es trabajar con tus competencias y con tus recursos. Y ahí, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desgraciadamente, a pesar de que algunos de sus dirigentes querrían colaborar, no lo están haciendo. Cuando el Gobierno progresista, con el presidente Sánchez al frente, impulsó la ley de vivienda, el plan de vivienda, el PERTE de industrialización de la vivienda y otra serie de medidas, no hemos encontrado ni colaboración, ni disposición, ni siquiera buena voluntad para llevar a cabo estas medidas.
Es más, nos hemos encontrado con discursos que recuerdan demasiado —lo decía antes el señor Conesa— a la tradición falangista que se repite en este Congreso de los Diputados para intentar frenar cualquier avance. Se oponen no porque las medidas sean malas, sino porque rompen su pacto tácito con la estrategia de desalojo del Gobierno progresista del poder en España. Todo vale con tal de golpear al Gobierno progresista, al Partido Socialista especialmente, aunque sea a costa de la política de vivienda y de la falta de vivienda asequible de los y las españolas. Porque se mueven rápido cuando se trata de defender intereses privados, pero se vuelven profundamente vagos y perezosos cuando se trata de proteger a la gente común.
Desde el Grupo Socialista defendemos algo esencial: el trabajo de las autoridades competentes y la intervención pública en el mercado, sí, porque también es necesaria. Y eso no es una cuestión de voluntad ni de ideología; es necesario. El mercado inmobiliario, cuando se deja solo, hace exactamente lo que hemos visto durante años: inflar precios, expulsar familias y concentrar poder en manos de unos pocos. Por eso la socialdemocracia europea, y el Grupo Socialista también en España, defiende que el Estado debe actuar allí donde el mercado falla, y ahí es donde estamos fallando en España de manera estrepitosa.
Por eso nace la empresa pública de vivienda: para reforzar la capacidad estatal de construir vivienda asequible, ampliar el parque público, frenar abusos, intervenir cuando los gobiernos autonómicos no lo hacen y asegurar el derecho a la vivienda para que no dependa del código postal ni de quién gobierna un territorio. Eso es sentido de Estado, señorías, el Estado en estado puro. Es la diferencia entre gobernar para todos y seguir gobernando siempre para unos pocos. Mientras otros bloquean, señor secretario de Estado, el Gobierno progresista tiene que seguir supliendo carencias y asumiendo responsabilidades, aunque no le correspondan, si las comunidades autónomas no lo hacen. Este Gobierno está demostrando que hay alternativa, hay alternativa. Y por eso le formulaba la pregunta en relación con los objetivos y los pasos en cuanto a la creación de la empresa pública de vivienda. Porque España necesita soluciones y no excusas, necesita Estado y no propaganda, y necesita gobiernos que trabajen, no gobiernos que se desentienden. Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Otros sencillamente no quieren hacerlo. Muchas gracias.
Señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Señor Romero, como bien dice, desde el Gobierno de España hemos venido trabajando en diferentes medidas para abordar el problema de la vivienda en toda su dimensión y de manera estructural, aportando soluciones que se están construyendo y que sin duda no solamente pretenden corregir el problema existente en la actualidad, sino evitar que el sistema, recurrentemente, se reproduzca cada vez que hay una crisis en España. Y cada vez que hay una crisis en España —una crisis económica o por otros motivos— se afecta de manera fundamental al derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que un Gobierno afronta el problema desde toda esa perspectiva, para garantizar el artículo 47 de la Constitución Española y para poner en marcha medidas estructurales.
Si recuerdan, SEPES es una entidad que ya existe desde hace muchísimos años, que se encargó fundamentalmente del desarrollo de suelo con características industriales para el desarrollo de polígonos industriales.
Desde la legislatura pasada, algunos nos empeñamos en que SEPES incorporara también una perspectiva en el ámbito residencial, con operaciones que se empezaron a realizar tanto en Valencia, en Sevilla, en Baleares, en Ibiza y en la Operación Campamento, en diferentes ámbitos territoriales. Eso hizo posible que SEPES fuera asumiendo diferentes competencias, no solo en el ámbito que ya venía ejercitando, sino, sobre todo, en el ámbito residencial.
En 2022, el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana firmó un acuerdo con SEPES para el impulso del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, convenio que, a lo largo del tiempo, ha sido dotado con 621 millones de euros y que empezaba a conformar lo que realmente tenía que ser una entidad dedicada principal y especialmente al ámbito residencial, al ámbito de la vivienda. Y es en esta legislatura cuando se adopta la decisión estratégica y estructural de dotarnos, desde el Estado, de un instrumento propio: una empresa pública, una entidad pública estatal de vivienda y suelo, para que el Estado pueda ser sujeto activo de sus políticas de vivienda.
La decisión se produce, paradójicamente, a raíz de los recursos planteados por algunas comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Vivienda por, en teoría, invadir competencias. El Tribunal Constitucional respondió que el Estado sí tenía y debía ejercitar su acción en políticas de vivienda y ser activo también en el desarrollo de esas viviendas. Por eso se toma la decisión de conformar la entidad pública estatal de vivienda transformando SEPES, que pasa a adquirir un protagonismo casi exclusivo en el ámbito de la vivienda. No solo se aprueba la creación de esta empresa pública de vivienda, sino que se la dota de recursos suficientes y necesarios, no únicamente económicos, y se adoptan decisiones estructurales muy relevantes. Una de ellas es que los suelos potencialmente residenciales en desarrollo de SAREB y las viviendas de SAREB pasaran a ser patrimonio de la empresa pública de vivienda: más de 40.000 viviendas y casi 2.500 suelos que, junto con el resto de viviendas y suelos susceptibles de desarrollo residencial de la Administración General del Estado, también han pasado a la empresa estatal de vivienda. Se trata de suelos no solo procedentes de SAREB, sino también de ADIF, del Ministerio de Defensa, de SEGIPSA, de SIEPSE; es decir, de aquellos ámbitos y empresas del Estado que disponían de suelo con potencial de desarrollo residencial.
De esta manera, desde SEPES —hoy entidad pública estatal de vivienda— se pretende conformar un instrumento decisivo para ampliar el parque estatal de vivienda, el parque público y, por supuesto, el parque protegido y asequible, para que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna. Y esta empresa pública no nace como un elemento distorsionador en el ámbito de la cooperación y la colaboración, ni con el sector privado ni con las administraciones públicas actuantes, como pueden ser comunidades autónomas o entes locales; nace como un elemento colaborativo, para sumar y ser más eficaces en las soluciones, mediante medidas presupuestarias y de planificación, la aprobación de programas, líneas específicas de financiación, la movilización de activos y, sobre todo, estableciendo una estructura suficiente y necesaria para que el Estado tenga capacidad de actuar directamente a la hora de implementar políticas activas de promoción de vivienda asequible.
El volumen y la naturaleza de los activos transferidos justifican la relevancia estratégica de la actuación, pues el valor estimado de lo trasladado a SEPES entre viviendas y suelos ronda más de 5.000 millones de euros, además de los recursos presupuestarios que estamos aportando. A ello se suman las viviendas y los suelos que ya estaba desarrollando, cuantificados en otras 20.000 viviendas, como ya he mencionado, en suelos en Sevilla, en Valencia, en Baleares y en la Operación Campamento, actuaciones que ya venían transformándose progresivamente. Además, la selección de estos activos transferidos ha sido muy rigurosa.
Con un procedimiento técnico muy exhaustivo y con una actuación que valora factores como la ubicación, el estado jurídico, la conservación, la oportunidad social de su movilización y su viabilidad urbanística y económica, se ha marcado un proceso de aportación gradual, fortaleciendo la empresa, consolidando esos activos y, sobre todo, haciendo posible que se puedan implementar de forma eficaz y rápida, con garantías para solventar los problemas habitacionales a los que pueda dirigirse. Creo que lo que hacemos es cambiar de paradigma; creemos que estas medidas estructurales son las que de verdad van a afrontar los problemas. Y, sobre todo, recuperamos unos activos: recuerden el banco malo, la SAREB, aquel instrumento que surgió de la crisis inmobiliaria y financiera anterior y que muchos hemos venido reclamando que debería permanecer en el Estado; de esta manera, permanece en el Estado para el uso y disfrute y, sobre todo, para garantizar la disponibilidad de viviendas asequibles y adecuadas para un gran número de ciudadanas y ciudadanos. Vamos a seguir trabajando; vamos a seguir con medidas que afronten soluciones concretas y específicas, como esta de la empresa estatal de bienes de suelo, que desarrolla e implementa el Gobierno de España. Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuamos con el orden del día. Previsiones del Gobierno acerca de cumplir con la obligación que se deriva para él de lo expuesto en el artículo 47 de nuestra Constitución. Autora: Belarra Uteaga, Ione (Grupo Parlamentario Mixto). Tiene la palabra la señora Belarra para formular la pregunta.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor Lucas. La verdad es que cada vez que vengo a esta comisión tengo la sensación de estar en una realidad paralela. Se lo digo medio en broma, medio en serio, porque veo al secretario de Estado con el que me reuní decenas de veces durante dos años y medio bloqueando la regulación de precios del alquiler en nombre del PSOE, sacar pecho de la regulación de precios y de las zonas de mercado tensionado, y de verdad pienso que estoy en otro mundo paralelo.
Además, tengo la sensación de que este Gobierno vive en los mundos de Yupi con respecto a la vivienda. Tengo la sensación de que no son ustedes conscientes del enorme malestar, del enorme cabreo y frustración que tiene la gente ahí fuera al ver que los alquileres están impagables, que las hipotecas están impagables y que llevamos ya dos años y medio de legislatura, dos años de Gobierno sin Podemos en el que ya solo manda el PSOE, y que ustedes no solo no están haciendo nada para enfrentar la brutal crisis de vivienda que tienen entre manos, sino que cada día la están empeorando un poquito más, alimentando la especulación. Yo, señor Lucas, le sugiero, igual que se lo he dicho a la ministra y al presidente del Gobierno, que hagan algo y que lo hagan pronto, porque a este Gobierno no lo va a tumbar ni Junts ni la derecha; lo va a tumbar esta emergencia habitacional sin precedentes que está generando, insisto, un malestar terrible que además sirve para alimentar a la derecha y a la extrema derecha, que es básicamente lo que comen: malestar social.
La elección, desde mi punto de vista, está clara y es simple: o frenamos la especulación o la alimentamos. Esa es la diatriba y la elección que tenemos que hacer. Nosotras lo tenemos claro: es urgente frenar la especulación. Y eso pasa por romper un tabú, por romper un silencio. Y es que la vivienda tiene que dejar de ser un activo, tiene que dejar de ser una inversión, tiene que dejar de ser algo rentable. No puede ser que los fondos buitre vengan a España a comprarse miles y miles de viviendas para especular porque les sale muy rentable esa inversión. Hay 185.000 viviendas alquiladas cuyas arrendadoras son grandes empresas; solo Blackstone y Cerberus tienen 27.000 viviendas, según los últimos datos disponibles. No puede ser que en España, cuando alguien ahorra un poco de dinero, piense que la mejor manera de invertirlo, en vez de poner un negocio, sea comprar otra vivienda para ponerla en alquiler. Ni la gran especulación, señor Lucas, ni la pequeña especulación: hay que cortarlo todo de raíz, por el derecho a la vivienda de nuestro pueblo y también porque la economía necesita inversión en sectores productivos, señorías, no en sectores que no producen absolutamente ningún valor añadido como es...