Transcripción de la sesión parlamentaria
País: España
Cámara: Congreso de los Diputados
Comisión: Otras Comisiones
Sesión: Acabemos con el bullying: Respuestas al acoso por discapacidad
Sala: Constitucional
Buenos días. Por favor, si nos podemos ir sentando; va a dar comienzo la jornada. Arranca la mesa de bienvenida institucional con don Abelardo de la Rosa, secretario de Estado del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, y don Albert Campabadal.
Muy buenos días a todos. Ilustrísimo señor don Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional; excelentísimos diputados que nos acompañan, don Joaquín Robles y don Agustín Parra; ilustrísima señora doña Susana Tejadillos, directora general de Planificación y Gestión Educativa; ilustres ponentes, señoras y señores.
Soy Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Es para mí un verdadero honor dirigirme a ustedes hoy aquí y agradecerles que nos acompañen. Hoy nos encontramos en la Sala Constitucional. En CED ya estuvimos hablando en el Senado sobre el tema que hoy nos ocupa. En el año 2022 alertamos de una realidad muy dolorosa y, hoy, tres años después, la situación no ha mejorado.
Miren, los estudios que presentamos anteriormente arrojaron una cifra escalofriante que no podemos ni debemos tolerar: el 90% de los niños con algún tipo de discapacidad sufren bullying en la escuela ordinaria. El 90%. Esta no es una estadística abstracta que podamos ignorar. Somos conocedores de esta tragedia a tiempo real: las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de familias nos reflejan a diario esta realidad de acoso, exclusión y sufrimiento en el corazón de nuestra sociedad, en nuestras aulas.
La inclusión es un derecho, no una opción. Y para detener esta auténtica lacra, las medidas actuales no son suficientes. Necesitamos medidas adicionales y transversales. Ya lo dijo Einstein: si queremos que las cosas cambien, no podemos hacer siempre lo mismo; tendremos que hacer cosas diferentes. Necesitamos concienciar a toda la población sobre el respeto a la neurodiversidad y la discapacidad. Necesitamos la modificación de leyes que refuercen la protección de la infancia más vulnerable. Y necesitamos, con urgencia, abordar este tema en la educación de forma estructural, desde la base. Debemos actuar ya, con valentía y determinación, para construir una sociedad verdaderamente inclusiva.
Muchas gracias. Y, sin más, tengo el honor de ceder la palabra a doña Susana Tejadillos, ilustrísima directora general de Planificación y Gestión Educativa, quien nos dirigirá unas palabras e inaugurará la jornada. Muchísimas gracias, Susana, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Buenos días. Ilustrísimo presidente de la Audiencia Nacional, señor Juan Manuel Fernández; presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, don Albert Campabadal; representantes de la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM; representantes de BASBADI; diputados; amigas, amigos; estudiantes. Es para mí un honor participar, en representación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en esta inauguración de la jornada del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
En primer lugar, quisiera trasladarles un saludo especial por parte de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y del secretario de Estado de Educación, y transmitirles que ambos lamentan profundamente no haber podido asistir.
Pero me han encomendado personalmente la tarea de trasladarles su máximo respaldo y el profundo interés que tiene esta jornada para el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Quisiera, además, expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación a compartir este espacio, agradecimiento que quiero extender a la clara y firme voluntad y al compromiso de todas las personas e instituciones que hoy nos reunimos aquí, en esta Casa de la Democracia. Nuestra presencia aquí es la prueba más fehaciente de que la lucha contra el acoso es una responsabilidad compartida y una prioridad ineludible.
Permítanme hacer un especial reconocimiento al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia por su incansable labor y, muy particularmente, por promover y hacer realidad encuentros tan necesarios como este, que nos invitan a una reflexión profunda y, lo que es más importante, nos impulsan a una acción decidida. Quiero agradecer al Congreso de los Diputados su inestimable hospitalidad al abrir sus puertas a un debate de tan alta relevancia social y, por supuesto, mi gratitud a quienes vais a ser el verdadero motor de esta jornada.
Desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes asumimos con plena responsabilidad el deber de garantizar que los centros educativos sean auténticos espacios de respeto, de convivencia y de seguridad para todo el alumnado. La inclusión es un compromiso ético y social que guía y fundamenta cada una de nuestras acciones. En este marco, nuestra labor se centra en transformar los principios en realidades tangibles. Trabajamos por una educación que, tal como establece la ley, sea verdaderamente equitativa y de calidad, y que responda con la máxima diligencia a las necesidades específicas de cada alumno y alumna.
Nuestro objetivo es absolutamente claro: que cada estudiante —y, de forma prioritaria, aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad por razón de discapacidad— pueda desarrollarse en un entorno seguro, crecer con dignidad y sentirse plenamente valorado y reconocido en su diversidad. Sabemos que todavía existen situaciones que nos interpelan directamente. Muchos estudiantes, particularmente aquellos con discapacidad, sufren a diario actitudes de rechazo, trato injusto y manifestaciones de hostilidad que afectan a su bienestar físico, emocional y psicológico. Recientemente, datos presentados en la Sexta Conferencia Estatal sobre Educación y Autismo nos indicaban que 6 de cada 10 alumnos con autismo sufrieron violencia virtual y 4 de cada 10, violencia física indirecta. Los últimos informes sobre acoso escolar en España revelan que el 9,4% del alumnado declara haber sufrido acoso o ciberacoso, pero cuando hablamos de alumnado con discapacidad la cifra se dispara: 8 de cada 10 reconocen haber sido víctimas de alguna forma de violencia escolar.
Estos comportamientos, dolorosos y discriminatorios, dejan una huella que va mucho más allá del entorno escolar y que, tristemente, nos recuerda de forma recurrente y dramática las consecuencias más dolorosas e irreparables que puede tener la inacción. No podemos tolerar que la discapacidad, que debe ser un factor de diversidad y enriquecimiento social, se convierta en una etiqueta para el aislamiento o la burla. La pasividad ante el acoso es una forma de complicidad. Por ello, nuestra respuesta debe ser contundente, coordinada y, sobre todo, profundamente humana.
Actualmente, sabemos que España es uno de los países con más medidas para fomentar la inclusión, pero no debemos conformarnos. Por ello, desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes estamos trabajando en la elaboración de un plan estratégico de educación inclusiva, fruto de las aportaciones de muchos sectores implicados. Es un deber urgente e ineludible de todas las administraciones educativas coordinarse y trabajar para que los protocolos de prevención y actuación sean una herramienta eficaz y una garantía para asegurar una convivencia respetuosa, y para que cualquier situación preocupante sea atendida de manera eficaz. Hemos intensificado la formación del profesorado, proporcionando herramientas específicas y actualizadas. Queremos que nuestros profesionales de la educación...
Que cuenten con la capacitación necesaria para identificar y para acompañar adecuadamente tanto al alumnado que sufre el acoso como a quienes lo ejercen, enfocándonos siempre en la reeducación y la responsabilidad. Asimismo, estamos ampliando los recursos de apoyo y orientación dirigidos directamente a las familias. Es imperativo que ninguna familia se sienta sola, desorientada o desamparada ante situaciones tan complejas y tan dolorosas. Desde el Ministerio promovemos iniciativas pedagógicas basadas en la empatía, la cooperación y la educación en valores, con la diversidad como un valor esencial e irrenunciable de la vida escolar.
Y en este punto, permitidme que os hable quizá de manera menos formal, pero más cercana, y que mis palabras no os lleguen solo como representante del Ministerio de Educación, sino como la docente que he sido durante más de veinte años. Gracias a los que cada día trabajáis en las aulas: profesorado, equipos directivos, orientadores y profesionales de apoyo. Sois pieza clave para construir relaciones basadas en el respeto. Mi agradecimiento muy especial a las familias por vuestra lucha diaria, incondicional e incansable. Sabemos que no solo sois el principal pilar emocional de vuestros hijos e hijas, sino que además actuáis como verdaderos defensores y gestores ante la adversidad. Sois una fuente inagotable de fortaleza y, por ello, merecéis todo el respaldo institucional posible para acompañar a vuestros hijos e hijas en este camino.
Y gracias a las asociaciones de la discapacidad. Vuestro papel es imprescindible, no solo por vuestro apoyo directo, sino por vuestra posición activa y crítica en la sociedad civil, que es esencial. Vuestro conocimiento y experiencia, y vuestra capacidad de ejercer la función crítica, son los que orientan la actuación del resto de administraciones. Y, por supuesto, nuestra gratitud a las asociaciones y a los expertos que hoy nos acompañan. Su experiencia, su conocimiento y su visión son valiosos e imprescindibles para la constante mejora de las políticas públicas.
Esta jornada es una oportunidad para analizar, debatir y avanzar. Las mesas que tenemos previstas abordarán cuestiones fundamentales, desde protocolos e implicaciones jurídicas hasta el impacto emocional y social que estas experiencias tienen en los estudiantes y en sus familias. Escuchar a profesionales desde distintos ámbitos nos permitirá comprender mejor los retos y diseñar respuestas coordinadas.
Me gustaría terminar subrayando una convicción clara e inquebrantable: la educación es el pilar de nuestra sociedad y, como tal, debe ser un espacio de respeto incondicional, de celebración de la singularidad y de protección activa frente a cualquier forma de discriminación y violencia. La inclusión no es un derecho, es una obligación y, como tal, el aula debe ser un espacio seguro donde cada niña y niño se desarrolle plenamente y en libertad. Desde el Ministerio reafirmamos nuestro compromiso absoluto. Continuaremos trabajando de la mano de todos los agentes sociales para que nuestra escuela sea cada día más inclusiva, más segura y, sobre todo, más humana.
Pero la transformación real y duradera de nuestra sociedad solo será posible si lo hacemos juntos. Es una tarea que nos convoca a todos: las instituciones poniendo los recursos y la voluntad política; los profesionales actuando con sensibilidad y con rigor; las familias compartiendo su experiencia y su lucha; y la sociedad, en su conjunto, rechazando el acoso y la indiferencia. Hoy es un día para trazar una hoja de ruta común. Os agradezco, una vez más, vuestro valioso compromiso y vuestra presencia en esta jornada. Os deseo a todas y todos una jornada provechosa, constructiva y, sobre todo, inspiradora. Muchísimas gracias. Queda inaugurada la jornada.
Muchísimas gracias, ilustrísima directora general. Y ahora le pasamos la palabra al excelentísimo señor Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, quien nos dará la ponencia inaugural. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Gracias por la invitación a estar hoy aquí.
Es todo un honor estar con ustedes. Señora directora general, enhorabuena por sus palabras, llenas de emotividad y racionalidad, con un enfoque que comparto plenamente acerca de esta cuestión y donde su pasado docente, esa sensibilidad, ha quedado también plasmada en esta intervención.
Señorías, representantes institucionales, colegios profesionales que integran la comunidad jurídica, representantes de las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad del tercer sector, señoras y señores. Como bien ha expuesto la directora general, estamos ante un problema muy grave que a todos nos atañe. No es algo reducido ni con un enfoque que podamos confinar en determinados límites, como desgraciadamente ocurrió en el pasado, sino que, por las consideraciones que se han hecho, trasciende ese ámbito.
En esta intervención, tras hacer algunos apuntes en esa misma línea, quiero referirme a cuál es el papel que la jurisdicción, que los jueces, podemos y debemos tener. Ello supone dar algunas pinceladas sobre las características propias de la jurisdicción de menores, apuntando que, si en general la justicia no es cosa solo de los jueces y requiere la intervención de personas que posibilitan que el resultado final sea justo, esta colaboración es especialmente importante en el ámbito de menores, donde se da lo que se podría denominar —término ya acuñado en alguna ley procesal— una justicia de mesa redonda. Luego diré algo más sobre este concepto.
El problema del acoso escolar —bullying, en la extendida terminología anglosajona— se ha caracterizado, como he señalado, hasta hace bien poco por ser un fenómeno oculto que, pese a haber estado presente siempre en las relaciones entre menores en los centros educativos y también fuera de ellos, no ha generado, al menos hasta hace pocos años, reflexiones ni reacciones ni desde el ámbito académico ni desde las instancias oficiales. De hecho, muchos de los actos encuadrables en el acoso escolar han sido, y con frecuencia siguen siéndolo, considerados como parte integrante de la experiencia escolar, inherentes a la dinámica propia de los colegios, de las escuelas. En esta concepción, los más débiles quedaban a menudo sometidos a los designios de los más fuertes, de los matones o acosadores escolares. El silencio de las víctimas, de los testigos, cuando no de los propios centros, ha contribuido al desconocimiento de la magnitud del problema.
Si la aplicación de la violencia y la intimidación en las relaciones humanas es siempre reprobable y debe ser combatida por el Estado de Derecho, en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo es una persona en condición de vulnerabilidad, en este caso un menor, el celo del Estado debe ser especialmente intenso. Ello cabe sintetizarlo en dos razones fundamentales: en primer lugar, por esa situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de menores con alguna discapacidad; y, en segundo lugar, por los devastadores efectos que, en personas que se hallan en una fase de formación, produce la utilización de la violencia y la intimidación como forma relacional. La experiencia de la violencia genera un impacto profundamente perturbador en el proceso de socialización de las niñas y los niños. Los nocivos efectos del acoso en la víctima pueden concretarse, todos lo sabemos, en angustia, ansiedad...
…terror incluso a ir al colegio, lo que produce absentismo. Evitar el contacto con los acosadores produce también fracaso escolar, incluso problemas psíquicos que pueden llegar a situaciones trágicas, a situaciones de suicidio. Estos efectos negativos afectan no solamente a quien los sufre como víctima, sino también a quien los inflige como victimario, pues, a largo plazo, existen altas probabilidades de que el acosador asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyectando estos abusos sobre los más débiles en el trabajo o en la familia, dándose situaciones de violencia doméstica o de género. Por ello, no es un problema que atañe solo a unos pocos; nos atañe a todos, porque dinamita y debilita los cimientos de una sociedad civilizada. El intimidador aprende a maltratar, a sentirse bien en este papel, que refuerza disocialmente su conducta y que, no pocas veces, es el inicio de una carrera delincuencial posterior. Si no se actúa a tiempo, si estas personas no reciben rápidas y enérgicas valoraciones negativas de esta conducta y respuestas firmes que indiquen que no van a quedar impunes —o incluso que se puedan ver, entre comillas, recompensados por un cierto reconocimiento en el ámbito en el que actúan—, este comportamiento agresivo puede convertirse en una forma habitual de conducta que haga de la dominación una nota distintiva en sus relaciones personales. Y estos efectos nocivos se propagan al resto del alumnado, a veces testigos mudos de lo que están presenciando.
Para no banalizar el concepto de acoso escolar, debe distinguirse este de aquellos actos que son incidentes aislados, ocasionales. El acoso al que nos vamos a referir esta mañana se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o, en fin, en el aislamiento deliberado de la víctima, pudiendo concurrir varias de estas características. La igualdad que debe estructurar las relaciones en los centros, las relaciones entre personas en edades de formación, degenera en relaciones de dominación y sumisión entre acosadores y acosados. Concurre también en este tipo de actos una nota de desequilibrio que se manifiesta de forma especialmente importante en las actuaciones en grupo o cuando se aprovechan circunstancias personales de la víctima, como la existencia de alguna discapacidad. El acoso, en su modalidad de agresión emocional o psicológica, es quizás menos visible para los profesores, para quienes integran la comunidad educativa, pero es extremadamente doloroso, incluso a veces más que la agresión física. Se manifiesta de muchas maneras: no dejando participar a ese niño en las actividades o ignorándolo por completo. Y pueden ser conductas individuales entre un acosador y un acosado o, frecuentemente, conductas en grupo, lo que además provoca que se diluya el sentimiento de culpa; la conciencia individual de responsabilidad se difumina en ese ámbito colectivo, e incluso se llega a pensar que son cosas de diversión, que no van más allá.
Breves apuntes para señalar, en la misma línea que indicaba la directora general, que es un problema muy grave y que a todos nos atañe, y por ello su erradicación es un imperativo que deriva de la protección de los derechos humanos en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho. Deriva del reconocimiento de los derechos humanos y de la necesidad de situar el respeto de la dignidad de la persona como clave de bóveda del Estado de Derecho. Nos encontramos, por ello, ante una serie de disposiciones de alcance internacional y nacional, debiendo destacarse la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra Constitución y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
...la legislación educativa y, en lo que se refiere al ámbito jurisdiccional, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. He mencionado nuestra Constitución, que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, finalidad coherente con un sistema que pretende configurar la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y la paz social, tal como proclama el artículo 10 de nuestra Carta Magna.
La educación debe transmitir los valores que hacen posible la vida en sociedad y, singularmente, el respeto a los derechos de los demás. Los datos que se han puesto de manifiesto son muy importantes y realmente preocupantes. Conforme a la Memoria de la Fiscalía de 2024, se registraron 1.196 casos de acoso escolar. Son muchas las personas escolarizadas con necesidades específicas. También la Confederación Autismo España ha puesto el foco en las niñas y niños con autismo. De los estudios recientes que ha realizado, destacaría que la presencia del alumnado con TEA en la educación no universitaria se ha incrementado en los últimos años en un 216%. Al mismo tiempo, se trata de un colectivo muy vulnerable frente al fracaso y el abandono escolar temprano, y que sufre de forma especialmente intensa las consecuencias del acoso escolar. Es difícil evaluar estas situaciones; me ha llamado la atención que, según este estudio, un porcentaje muy alto —un 33,5%— de los niños no sabe si lo ha sufrido o no. En cualquier caso, todos los datos apuntan a que lo padece una cantidad de menores muy significativa.
Frente a esto, la primera actuación debe desarrollarse en el ámbito educativo. Para ello son muy importantes los protocolos de actuación frente al acoso. La mayoría de los centros los tienen; de ello se hablará con más detalle esta mañana, por lo que me limitaré a estos breves apuntes. Sin embargo, pese a su existencia, la percepción familiar no es del todo buena, pues muchas familias consideran que estos protocolos no son suficientes.
Quiero aludir también a cómo la gravedad del acoso se ha visto aumentada exponencialmente con las nuevas tecnologías. Este acoso se produce también a través de medios telemáticos, en Internet, especialmente en aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp. Todos los delitos que se cometen a través de estos medios están experimentando un incremento exponencial. Es muy llamativo el dato contenido en el estudio Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital, llevado a cabo por la Fundación Mutua Madrileña y la Guardia Civil el pasado año, conforme al cual tres de cada cuatro niños y adolescentes se han visto envueltos en una situación de violencia sexual a través de dispositivos electrónicos.
Esto ha llevado a que se esté trabajando en un proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en estos entornos, partiendo de su vulnerabilidad y de la necesidad de establecer diversas medidas, como controles parentales y, por supuesto, sanciones más severas. Además, se están produciendo hechos que son devastadores, como el consumo precoz de material pornográfico o el acceso a contenidos de personas que incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud.
Para concluir mi exposición y, como les decía antes, quiero hacer unos breves apuntes sobre el papel...
En cuanto al papel que la jurisdicción de menores tiene en este ámbito, como venimos diciendo, se trata de un fenómeno con diversas manifestaciones y profundamente arraigado en el entorno educativo. Y desde luego no puede caerse en la simplificación de reducirlo mediante medidas puramente represivas, y menos aún en el ámbito de la jurisdicción de menores. El derecho penal en una sociedad democrática se rige por un principio esencial, el de subsidiariedad. El derecho penal, que es el arma más poderosa, el ius puniendi del Estado, se pone en marcha cuando otros mecanismos del Estado, cuando otras formas de respuesta, han resultado insuficientes o no son las adecuadas. Y esto es especialmente necesario en el ámbito de menores, donde el tratamiento tiene una finalidad sancionadora, sí, pero fundamentalmente educativa.
Por ello, el primer nivel en la lucha contra el acoso escolar ha de estar liderado por quienes tienen responsabilidades en el ámbito educativo; son los primeros obligados a la actuación. Se requiere un abordaje conjunto: no debe descargarse solo la responsabilidad ahí, también incumbe al ámbito familiar y, por supuesto, a las administraciones públicas. Por lo tanto, respuesta penal sí, pero bajo este principio de subsidiariedad.
Además, debe tenerse presente algo fundamental: la responsabilidad penal de los menores solo es exigible a partir de los 14 años, no por debajo de ese límite, y son muchos los supuestos en los que los victimarios son menores de esa edad. Por lo tanto, la jurisdicción de menores debe actuar en aquellos casos especialmente graves o que, sin serlo, vengan caracterizados por esa nota de habitualidad a la que antes me refería.
Como particularidad propia de esta jurisdicción, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción de adultos, la instrucción y la investigación están encomendadas a los fiscales, no a los jueces, a quienes se atribuye el enjuiciamiento. Los fiscales tienen un amplio margen de discrecionalidad en el tratamiento de estas cuestiones. Existe lo que, en términos procesales, se denomina el principio de oportunidad, conforme al cual, atendidas determinadas circunstancias —particularmente la edad o la menor entidad de los hechos—, puede concluirse que, aun existiendo indicios delictivos, sea más recomendable un archivo.
Quiero dejar claro algo que a veces se oye: “sí, se fue al juzgado, pero allí se archivó”. Es fundamental evitar falsas apreciaciones de impunidad. Es necesario, en primer lugar, transmitir al victimario un mensaje claro y nítido de que cualquier rebrote será objeto de una respuesta de mayor intensidad y, al mismo tiempo, condicionar ese archivo a una petición de perdón o a algún tipo de reparación moral de los hechos.
Como digo, esta responsabilidad solo es exigible a partir de los 14 años, de forma que, en aquellos supuestos en los que se tenga conocimiento de hechos cometidos por menores de esa edad, habrá que ponerlos en conocimiento, además de los centros educativos, de la autoridad administrativa. Un principio fundamental en el tratamiento penal de la responsabilidad de los menores es el llamado interés superior del menor, que rige toda la legislación y el actuar de las administraciones en todo lo que le concierne. Por ello, y como les acabo de señalar, cuando se actúa respecto a hechos que tienen un significado penal, debe primar ese interés superior.
Hay que imponer medidas; la terminología es importante: en el ámbito penal de menores no se habla de penas, se habla de medidas, y estas han de tener una finalidad reeducativa, buscando siempre la solución que más favorezca evitar conductas posteriores, sin olvidar, siempre, los intereses de las víctimas. Estas medidas son muy variadas; no es este el momento para exponerles un catálogo que es amplísimo, pero van desde el internamiento en régimen cerrado, en centros especialmente adecuados al efecto, hasta la amonestación o la imposición de la obligación de realizar determinados trabajos en beneficio de la sociedad, buscando, como digo, esa finalidad.
Y les decía que era una justicia de mesa redonda porque, en la determinación de cuáles son estas medidas, el juez cuenta con un equipo técnico que tiene un papel fundamental: psicólogos, trabajadores sociales, educadores e, incluso, médicos forenses y psiquiatras, que elaboran un informe, una especie de traje a medida para ese menor, sobre qué es lo que más le conviene. En los casos muy graves, ese régimen sí supone privación de libertad, pero no es equiparable en modo alguno a una cárcel; ni siquiera físicamente se asemeja a una cárcel, sino que se ejecuta en centros que, además, están gestionados conjuntamente por Justicia y la Administración. Junto a ese otro tipo de medidas, realizan una labor impagable que quiero destacar aquí.
Nada más. Me han gustado mucho también las palabras de despedida, de finalización de su intervención, de la Dirección General, y hago mías esas palabras de reconocimiento a quienes trabajan en los centros educativos, a quienes trabajan en el ámbito de la discapacidad y del tercer sector para evitar este tipo de conductas, porque, al hacerlo, no solamente mejoran la vida de quienes sufren esta lacra o impiden que la lleguen a sufrir, sino que nos mejoran a todos como sociedad. Muchas gracias. Ha sido para mí hoy un placer y un honor poder haberles dirigido la palabra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos y, sin mayor dilación, daremos paso a la primera mesa: Protocolos eficaces y responsabilidad jurídica ante el bullying por discapacidad. Intervendrán don Carlos Fernández Pascual, copresidente de la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM; doña Macarena Ortiz Tejonero, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid; doña Pilar López Bueno, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM; y doña Sara Antúnez, abogada y presidenta de la asociación Stop Haters. Moderará la primera mesa doña Carmen Casanova Álvarez, abogada experta en discapacidad y facilitadora judicial. Muchísimas gracias. Levantamos esta mesa y damos paso a la siguiente. Muchas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Agradezco la presencia del representante del Ministerio de Educación, de la directora general, del excelentísimo presidente de la Audiencia Nacional y de los demás miembros de asociaciones y entidades con las que he tenido el placer de colaborar, así como de las autoridades y representantes públicos aquí presentes. Como también ha señalado la directora general, nos encontramos en el foro de la representación de la soberanía nacional, este Congreso de los Diputados.
Para mí es un verdadero reto moderar esta mesa, no solo por la calidad de los profesionales que tendré el honor de presentar, sino por el respeto que siento hacia el compromiso y el tiempo que han dedicado a divulgar la tragedia a la que nos enfrentamos: el acoso escolar (bullying), que, además, se agrava cuando concurre la circunstancia de la discapacidad. Los datos son escalofriantes: ocho de cada diez menores con discapacidad han sufrido violencia escolar, una violencia que nace en las aulas pero se proyecta en los entornos sociales y familiares. Esta tragedia, en tiempo real, resulta verdaderamente abrumadora.
Quiero destacar el esfuerzo que, desde el Consejo Español, realizamos para la organización de estas jornadas, para que no olvidemos la importancia de ilustrar, divulgar y dar visibilidad. Lo hacemos, además, desde un enfoque integral. En esta mesa abordaremos los protocolos jurídicos y la postura de los diferentes órganos y agentes que participan.