Vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos y a todas, y damos la bienvenida a los comparecientes a esta Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el orden del día figura hoy la celebración de las siguientes comparecencias en relación con el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, conforme al artículo 40.
…artículo 9 de la Constitución Española. Para ordenar mejor el debate, les informo, como ya saben, de que se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, intervendrá el compareciente por un tiempo estimado de quince minutos. A continuación, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios dispondrán de tres minutos, por orden de menor a mayor. Y, por último, el compareciente contará con cinco minutos para contestar y realizar observaciones. Sin más, doy la bienvenida a don Albert Campabadal Mas, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Tiene la palabra.
Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, señorías. Muchísimas gracias por invitarnos. Es para nosotros un honor poder comparecer. Desde el Consejo Español les remitiremos la próxima semana un resumen de mi intervención.
El primer punto en el que queremos detenernos se encuentra en la página 9, disposición final octava: se propone crear el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Nada que objetar; nos parece muy bien la creación de dicho Centro. Ahora bien, se crea como órgano del Real Patronato sobre la Discapacidad, con funciones de investigación, formación y programación en esta materia. Para quienes no han tenido experiencia al respecto, acceder al Real Patronato sobre la Discapacidad es, para según quién, imposible o muy difícil; es un coto cerrado. Por tanto, nos parece adecuado crear el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, pero o bien no debería depender del Real Patronato o bien debería garantizarse que podamos entrar en el Real Patronato.
Páginas 12 y 13, artículo sexto, relativo a la autonomía de las personas con discapacidad: se pretende fomentar que las personas con discapacidad dispongan de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros apoyos en la comunidad, incluida la asistencia personal, para facilitar su proyecto de vida independiente y su inclusión en la comunidad, y que los poderes públicos impulsen planes de desinstitucionalización. La realidad, según el Informe DEC de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es que actualmente hay 20 millones de personas, el 42% de la población, que conviven con servicios sociales débiles o irrelevantes. Aquí supongo que, además de la cuestión financiera, influyen factores como la España vaciada. El derecho a la igualdad de todos los españoles no se cumple en cuanto…
Servicios sociales. Quisiéramos incidir en que, aunque estamos en un Estado de las Autonomías —lo cual nos parece muy bien y no entraremos en ese debate—, creemos que cualquier español, esté donde esté, debería tener garantizados unos servicios con un nivel mínimo, y esto se debería asegurar desde el Estado. Si entendemos que las personas dependientes son personas con discapacidad, su autonomía y bienestar están supeditados a una dotación económica adecuada. Los expertos señalan que la dotación debería situarse en el 2% del PIB, cuando hoy estamos en el 0,8%. La aportación estatal, que debería alcanzar el 50%, se sitúa en el 27,6%. Hay comunidades autónomas en las que el presupuesto por persona para dependencia puede duplicar o triplicar el de otras, a lo que me refería antes sobre las diferencias reales que viven las personas según la comunidad en la que residan. Y hay una triste realidad: en 2023 fallecieron 40.447 personas sin ser valoradas o atendidas; una muerte cada 13 minutos. Si pensamos que la autonomía de las personas con discapacidad, en gran medida, está supeditada al empleo, las dotaciones presupuestarias para los centros especiales de empleo también resultan insuficientes.
En la página 13, artículo 6.5, sobre los planes de desinstitucionalización: nos parece muy bien que haya planes de desinstitucionalización; no estamos en contra y, en términos generales, estamos de acuerdo. Sin embargo, en determinados casos ciertas instituciones deben existir. Por ejemplo, hablaba con el presidente de la Federación Española de Sordociegos, que están con nosotros, con CED: en España hay 240.000 personas sordociegas. La única institución específica que existe está en Sevilla, en un antiguo seminario con 20 plazas. Está claro que 20 plazas para 240.000 personas sordociegas es, sencillamente, insuficiente. Por tanto, pese al impulso a la desinstitucionalización, deberían crearse residencias y recursos donde estas personas puedan ser tratadas y atendidas como en muchos casos requieren.
Otro de los temas que consideramos flagrante es el de las personas con enfermedad mental que presentan conductas agresivas. Hoy, cuando venía en tren desde Barcelona, leía en el periódico La Vanguardia que un hijo arrojó por la ventana a su madre y falleció en el hospital de Llobregat. Era una persona con enfermedad mental. En España, cuando las personas con enfermedad mental delinquen, muchísimas veces acaban en las cárceles, y esto, a mi juicio, no es aceptable. Tengo un hermano con discapacidad intelectual, con alguna patología mental, pero por suerte no es agresivo. Si mañana tuviera un episodio de agresividad y lo enviaran a prisión, sería una enorme injusticia. No es el lugar donde debería estar, sino en una unidad psiquiátrica de alta seguridad. Hemos mantenido varias reuniones con Instituciones Penitenciarias y, de las aproximadamente noventa cárceles que hay en España, solo dos o tres cuentan con unidades psiquiátricas; además, prácticamente no existen residencias para este tipo de patologías. En los centros penitenciarios, el porcentaje de personas con discapacidad es aproximadamente del 30%, muchas de ellas con discapacidad intelectual. Este es un tema que, quizá porque me toca de cerca por mi hermano y por otros familiares con discapacidad, considero una injusticia.
Hemos hablado de las cuidadoras y, después, de las residencias. Está muy bien que, cuando envejezcamos —eso ya lo diré mañana—, podamos quedarnos en casa. Yo tengo 76 años y, si puedo, estaré muchos años más en casa; no me veo en una residencia. Y si voy a una residencia será porque ya no hay más remedio. Pero, según la situación y las circunstancias personales y la libre voluntad, no debemos demonizar las residencias de mayores; son recursos que, en un momento dado, resultan necesarios. Además, uno de los problemas que tenemos es que cada vez van a faltar más cuidadores. Si ya cuesta a veces encontrar cuidadores para atender a las personas en casa, porque la ratio es muy baja —ya lo hablaremos—, si todo el mundo tuviera que estar en casa, la situación se agravaría.
Página 15, artículo 11.3. Atención temprana. El artículo 11.3 de la página 15 se refiere a la prevención de deficiencias y a la intensificación de discapacidades, y señala que se concederá especial importancia a los servicios de atención temprana. Nosotros pensamos que la atención temprana debería estar regulada por una ley estatal que marcara unos mínimos. Hoy —corríjanme, por favor—, cada autonomía atiende la atención temprana a su criterio, y seguro que en unos sitios será mejor que en otros; de ahí las diferencias. El Estado debería contar con una ley que fijara un funcionamiento mínimo por debajo del cual la atención temprana no pudiera prestarse. Además, la atención temprana normalmente llega hasta los seis años y, a veces, esos seis años se quedan muy cortos, porque un niño de seis años sigue siendo un niño, y retirar entonces los apoyos quizá no sea lo más indicado ni para el niño ni para la familia.
Página 17, artículo 13 bis. Atención integral y comunitaria en materia de salud mental. No me repetiré en que alrededor del 30% de la población reclusa presenta discapacidad intelectual o enfermedad mental. Quiero reiterar que la salud mental necesita unidades psiquiátricas de alta seguridad. Porque, además, estos perfiles —bueno, lo del hijo que tira a la madre por la ventana está claro, ¿no?—, a veces para las familias su gestión es casi imposible.
Página 17, artículos 14.1 y 14.2. Habilitación y rehabilitación. Cuando los poderes públicos hablan de impulsar medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima autonomía, inclusión y participación, quisiera romper una lanza y dar voz a los colectivos de personas sordociegas y con baja visión. Las personas con baja visión —hay aproximadamente un millón en España—, muchas veces entre los diez y los veinte años pasan de ver bien a prácticamente ser ciegas, y esto puede suceder en el plazo de uno o dos años. Estas personas, cuando empiezan a perder vista y el médico les dice «va a quedarse ciego o ciega», entran en un problema mental y psicológico que requiere una atención que hoy no existe. Y, sabiendo que en uno o dos años van a quedarse ciegas, alguien debería enseñarles cómo deambular por la calle, cómo vestirse, cómo asearse sin ver, cómo cocinar, cómo mantener una vida independiente. Para este colectivo de personas sordociegas y con baja visión no existen servicios adecuados de habilitación y rehabilitación; aquí, más que rehabilitar, se trataría de aprender.
…sino por lo que va a venir. Nosotros, en CED, quisiera apuntar que tenemos como socios a la Federación Española de Sordoceguera, 240.000 personas; a la Asociación 12 de Baja Visión; a Visión España, que agrupa a personas con baja visión y ciegas; y a la Asociación Puedo, una escisión dentro de la ONCE que está con nosotros. Desde CED podemos decir que, en este momento, representamos —y me siento orgulloso además— a 1.250.000 personas con problemas de visión, dieciocho veces más que la entidad que nos sigue.
Las ayudas económicas a estas asociaciones son ridículas. La Asociación 12 de Baja Visión recibe del Estado, por un programa de IRPF, me parece que 20.000 euros. La Federación Española de Sordoceguera, treinta y tantos mil euros. Las comparaciones son odiosas y, si decimos que debemos tender a la igualdad, está claro que el colectivo de la baja visión y la ceguera no es un ámbito donde la igualdad prime. Creo que se debería estudiar este tema y ayudar a estas asociaciones en su día a día.
También quisiera hablar un segundo de las personas ostomizadas. Si alguien no lo sabe, son personas que llevan una bolsa para la orina o las heces. Antes, muchas fallecían por cánceres digestivos o urinarios; hoy, una importante mayoría se opera y continúa viviendo. En España hay unas 250.000 personas ostomizadas; también están en CED. Uno de los problemas que tienen es que no hay aseos adaptados. Parece ser que ahora se solucionará por ley, pero hoy todavía no; y, después, habrá que habilitar los servicios para que haya estos lavabos. Pensemos —y es un poco escatológico, pero una imagen vale más que mil palabras— que una persona ostomizada tiene que arrodillarse delante de un váter público; son personas que acuden entre 15 y 25 veces al aseo cada día, y allí deben realizar todas las operaciones necesarias para vaciar la bolsa, limpiarla y adecuarla, en servicios que muchas veces están sucios. Este es un tema que se tendría que resolver. Hemos avanzado con los servicios para sillas de ruedas, pero estamos hablando de 250.000 personas.
Mire, ya le había avisado; le voy a dar dos minutos más.
Ya llevo dos minutos de más, madre de Dios. Voy a ir más deprisa.
Página 17 y 18, artículo 18, contenido del derecho a la educación especial. Habla de la educación; quisiera mencionar que el artículo 18.3 dice que, en el caso de los padres que quieran que sus hijos se escolaricen en educación especial, se tendrá en cuenta su opinión. Aquí quiero señalar que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos en temas morales o religiosos. A nadie en esta sala se le negaría el derecho, si desea que su hijo vaya a un colegio inglés o francés, o con determinados valores —deportivos o los que fueran—. Entiendo que a un padre con un hijo con discapacidad no se le debería negar el derecho a que vaya a una escuela de educación especial. Dicho esto, no quiere decir que CED no esté a favor de la escuela ordinaria. Pero también debemos señalar que los niños con discapacidad —y cuando digo niños, me refiero a niños y niñas— están sufriendo en la escuela ordinaria un 90% de acoso escolar, lo cual es muy doloroso para esta juventud. Además, en la escuela ordinaria, muchísimas veces, todos los apoyos que necesitan estos alumnos con necesidades educativas especiales no se proporcionan.
Por un tema presupuestario. Es un asunto muy importante: el derecho a la accesibilidad universal. Iré más rápido, señorías. Ese millón de personas ciegas —y, si incluimos a las personas sordociegas, un millón doscientos cincuenta mil— cuando van a un restaurante o tienen que comprar lo que sea y les ponen el datáfono delante, no pueden utilizarlo. Han de comunicarles qué cantidad han marcado, han de introducirles el PIN; tienen que hacérselo todo. La Unión Europea ha previsto un plazo de diez años para que la banca implante datáfonos accesibles para todos. Nos parece que, tratándose de bancos, el periodo de adaptación no debería ser tan largo. Y, hablando de accesibilidad, reitero la necesidad de lavabos para personas ostomizadas y, asimismo, la accesibilidad cognitiva —de la que ya se empieza a hablar—, que nos preocupa y consideramos fundamental.
En cuanto a empresas, páginas 18 y 19: empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y compensación económica para estos centros. Este proyecto de ley se limita a recoger la definición ya existente de Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público; nada que objetar, transcribe la definición. Lo que sí me preocupa sobremanera es que en el próximo proyecto de ley de Economía Social se vaya a expulsar a los centros especiales de empleo que no son de iniciativa social del ámbito de la Economía Social. Es decir, continuarán siendo miembros las sociedades laborales, las cofradías de pescadores, las mutualidades, las fundaciones, las cooperativas, las empresas de inserción, las sociedades de transformación agraria y los centros especiales de empleo de iniciativa social. Los únicos que se expulsan son los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. De 2.500 centros especiales de empleo que hay en España, que se expulse únicamente a este colectivo, ¿por qué se hace? Si te cargas la competencia, te quedas solo. Y como hay una entidad que tiene 300 centros especiales de empleo en España, supongo que cuando desaparezcan el resto, vivirán más felices. Cargarse los centros especiales de empleo tiene consecuencias muy dramáticas. En España, en edad laboral, hay 2 millones de personas con discapacidad; solo trabaja el 25%, una de cada cuatro. Y si hablamos de personas con especiales dificultades —personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o grandes afectaciones físicas, orgánicas o sensoriales, con un grado de discapacidad superior al 65%—, solo trabaja una de cada diez. Yo, señorías, me honro de tener, de este último colectivo, a más de 2.000 personas trabajando en mis centros especiales de empleo; en total, 4.000 y pico. Soy un convencido de la gran labor que hacen los centros especiales de empleo y eliminarlos de la Economía Social me parece legislar en favor de una entidad, olvidándose del resto del sector social.
En la página 26, disposición adicional decimoctava, apartado 5, se dice: “El Real Patronato sobre Discapacidad gozará de la consideración de centro de referencia en el ámbito de la Administración General del Estado en materia de ciencia, tecnología e investigación”. En España hay más de 4 millones de personas con discapacidad. Que exista una entidad con 70.000 afiliados, y además de personas ciegas, y que se la tenga en consideración me parece muy bien; pero quedan 3.900.000 personas con discapacidad. No podemos estar todo el día pensando en esa entidad y olvidándonos de los otros colectivos. O bien todos los colectivos tenemos entrada —todos, absolutamente todos— en el Real Patronato sobre Discapacidad, o no solamente la ONCE.
Derechos de las personas cuidadoras no profesionales. No sabía que detrás de mí intervenía precisamente esta entidad; por tanto, seré breve, porque llevaba preparada toda una página. Sí quiero subrayar que estas señoras —decimos señoras porque más del 90% de las cuidadoras son mujeres— están ahorrando al erario público 46.000 millones de euros, mientras que el Estado, y ya me rectificarán ellas si procede, establece una prestación de 264 euros mensuales. Es absolutamente injusto. Ya hablarán las cuidadoras de este asunto.
Prestaciones. La cobertura para personas dependientes, una vez reconocido el grado, suele ser de 21 horas mensuales —aproximadamente una hora al día—; y, si se es gran dependiente, de 60 horas mensuales —tres horas al día de lunes a viernes—. Estos datos no son compatibles con hablar de desinstitucionalización. Habría que reforzar los servicios.
Del mismo modo, la teleasistencia es absolutamente necesaria y está muy bien. A mí esta ley me parece muy buena; aunque esté destacando aquello que no me gusta, en términos generales —las 55 páginas— me gustan mucho. El servicio de teleasistencia es fundamental, pero hoy solo alrededor del 25% de las personas dependientes tiene acceso a él.
Calidad. En la página 39, artículo 35, sobre la calidad en la prestación de servicios, solo señalar que la calidad debe ser la máxima posible y, además, uniforme, nazcas donde nazcas y estés donde estés en España.
Hay una cuestión curiosa que me ha gustado: en la página 50, disposición adicional cuarta, sobre la no discriminación por razón de discapacidad, se establece que no se podrá discriminar a las personas con discapacidad en los seguros de salud. Al leerlo pensé: “Esto es fantástico”, porque existe una discriminación brutal. Pero, cuando se llega al final del artículo, aparece la salvedad de “cuando concurran causas objetivas, justificadas, proporcionadas y documentadas con carácter previo”. Esto significa que la empresa aseguradora te hace rellenar un formulario y, según lo que declares, puede denegarte el seguro. Bueno, claro, la sanidad privada es un negocio. No es lo mismo contratar un seguro de automóvil antes de sufrir un siniestro que después del siniestro; la comparación quizá no sea la mejor, pero ilustra la situación.
Y termino. Señorías, desde el CETE entendemos y creemos que no se da la pluralidad necesaria en la participación de otras entidades. Sobre todo en el ámbito de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que hoy nos ocupa, creemos que prácticamente existe un monopolio de representación que excluye tácitamente a las demás voces del sector. En el CETE abogamos por un movimiento social plural, conforme defiende el artículo 105 de la Constitución, que regula la participación y la audiencia de los ciudadanos, y el artículo 14, que reconoce la igualdad de todos los españoles sin discriminación. Si esto se hubiera dado y hubiera habido más pluralidad, hoy no existiría la situación actual en baja visión y ceguera; no estaríamos viendo lo que ocurre con los centros especiales de empleo; probablemente las personas ostomizadas o solo ciegas contarían con aseos adaptados o con residencias adecuadas; la participación en el patronato sería más plural y la financiación de las entidades se repartiría mejor. Asimismo, en materia educativa, reforzando la educación ordinaria, no tendríamos la discrepancia existente respecto a la educación especial.
Nada más. Muchas gracias.
Seguidamente, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Sumar. Señor Martínez, tiene la palabra por tres minutos.
Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al señor Campodar por su comparecencia, por su exposición y por compartir sus reflexiones, el análisis exhaustivo que ha realizado de...
De la ley. Yo, primero, quería insistir en una idea que seguramente volverá a aparecer a lo largo de estas comparecencias de hoy: las entidades, asociaciones y colectivos de personas con discapacidad, así como sus familias, los y las profesionales y cuidadoras, sois el motor que hace avanzar a las instituciones, y nuestra labor como representantes es contribuir a que todo ese trabajo se convierta en soluciones. Por eso, agradezco todo lo que ha volcado usted hoy aquí.
Compartimos que el proyecto de reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, esto es, la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, incorpora muchas mejoras. Me alegra que haya señalado que le gusta la ley y que haya traído aportaciones, porque precisamente para eso organizamos estas comparecencias. Vamos por el buen camino y el trabajo que se está haciendo es positivo.
Quisiera destacar algunos aspectos esenciales de esta reforma que, a mi juicio, deben centrar el debate público: su objetivo principal es garantizar la accesibilidad universal como un derecho, reforzado con la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal; se habilitan fórmulas específicas para la protección de las mujeres y niñas con discapacidad; y se abordan reformas para flexibilizar y agilizar los cuidados, por ejemplo, eliminando el plazo suspensivo de dos años para acceder a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, o estableciendo procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad en el programa individual de atención. También se reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo y se abordan los derechos de las personas cuidadoras no profesionales. Tendremos ocasión de escuchar después a las personas cuidadoras; no entro ahora en ello, como usted tampoco ha hecho, porque luego dispondremos de tiempo.
Estas mejoras se apoyan en un principio fundamental: la consolidación del sistema público de cuidados. Esta reforma persigue consolidar las políticas de dependencia y evitar, sobre todo, futuros recortes. Hay una apuesta clara por el Gobierno y por los grupos que lo sostenemos para que los 3.411 millones de euros de aportación al sistema de dependencia —una cantidad tres veces superior a la realizada en 2014— se consoliden. El refuerzo constante y la consolidación de los cuidados deben orientar a los gobiernos sucesivos; esa es nuestra perspectiva.
A partir de este principio, es cierto que la reforma aún puede llegar un poco más lejos. Para eso iniciamos ahora el proceso legislativo. Ha planteado usted una serie de modificaciones que recogemos para sacar el máximo provecho de la reforma. Compartimos que hay margen de mejora y que podemos ir un poco más allá, pero también estamos ante un hito. Consideramos que es un hito que nos permitirá situar al sistema público de cuidados como uno de los grandes pilares del Estado del bienestar. En eso está centrada esta modificación. Reitero el agradecimiento por todo lo que nos ha trasladado hoy aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox, la señora Demer.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero agradecer la presencia del señor Campabadal y felicitarle por su ya larga labor al frente del Consejo Español de Discapacidad y Dependencia, y especialmente por las entidades que preside y la labor social que realiza, con esas 2.000 contrataciones de personas con discapacidad que son un ejemplo.
En primer lugar, querría solicitar su opinión en torno a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. De alguna manera, se configura como inspiradora de esta reforma, que evidentemente contiene cuestiones materialmente positivas y otras que no nos gustan tanto; en cualquier caso, quisiéramos conocer su opinión al respecto.
Por otro lado, compartimos la reflexión sobre la inequidad autonómica. En nuestro caso, además, como formación política, sí podemos hacer una valoración política: llegamos a la conclusión de que el sistema de las comunidades autónomas habría que abordarlo de una vez por todas por su fracaso social, al menos en cuanto a la discriminación que producen precisamente en aquellas personas que más necesitarían del apoyo comunitario y del apoyo del Estado.
Y, en tercer lugar, también quería hacer un comentario relativo a la desinstitucionalización. Querría conocer más concretamente su opinión al respecto, porque no encontramos mucho detalle sobre en qué va a consistir. No sabemos si va a afectar, por ejemplo, a los centros de educación especial, que podrían considerarse centros segregados. Usted ha hecho referencia a ellos, pero, si atendemos a la definición y a la comisión de Naciones Unidas que en su día calificó los centros de educación especial como segregadores, quizá estaríamos, con una estrategia poco concretada, ante la antesala de poner en peligro instituciones que consideramos imprescindibles para la atención sociosanitaria en nuestro país.
Y, por acabar con la desinstitucionalización, insisto en la poca concreción que encontramos. Tal vez, cuando haya más detalle, también podremos hacer una valoración política más precisa. Querría conocer igualmente su opinión sobre el futuro del modelo sociosanitario, teniendo en cuenta la realidad social de nuestro país. No podemos huir con palabras grandilocuentes de esa realidad: el precipicio de soledad y envejecimiento al que estamos abocados. Precisamente ante la carencia de plazas residenciales, creo que debemos preguntarnos si el modelo sociosanitario será capaz de afrontar ese precipicio futuro.
Y, por último, señora presidenta, compartimos su preocupación en torno al acoso escolar. Hemos presentado varias iniciativas en ese sentido, una de ellas recientemente aprobada en esta Cámara. Quisiéramos saber si tienen propuestas adicionales más allá de la que usted ha mencionado sobre el acoso escolar. Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Martín.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quería dar la bienvenida a esta Comisión al señor Campa de Val, agradecerle su intervención y también al Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, que usted representa. Compartimos que la reforma de esta ley es necesaria, urgente y profundamente transformadora. Usted decía: crear derechos es importante. Pues ahí estamos: esta ley garantiza nuevos derechos y mejora la vida de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Además, esta ley está inspirada por el nuevo artículo 49 de la Constitución. Esta reforma lo actualiza y se adecua a la Convención de la ONU, poniendo en el centro la dignidad, la autonomía personal y la accesibilidad universal.
Quisiera destacar algunos avances importantes. En primer lugar, la teleasistencia como derecho subjetivo, es decir, garantizar a todas las personas dependientes, vivan donde vivan, que puedan ser beneficiarias de la teleasistencia. En segundo lugar, el fin del régimen de incompatibilidades, de manera que la persona pueda combinar apoyos según sus necesidades y preferencias. En tercer lugar, la asistencia personal, que antes se limitaba al ámbito educativo y laboral y ahora se amplía prácticamente a todas las actividades de la vida diaria; también se amplía el tramo de edad para poder ser beneficiaria. Además, la asistencia personal seguirá siendo una prestación económica, pero también pasará a ser un servicio, lo cual entendemos que es muy importante.
Asimismo, se impulsan nuevos modelos de vida independiente, con apoyos en viviendas, y la transformación del modelo residencial hacia estructuras más comunitarias y, por lo tanto, más flexibles. Se crea el Fondo Estatal de Accesibilidad Universal para hacer realidad la eliminación de barreras en todo el territorio. Por último, quiero poner en valor el refuerzo jurídico de los derechos: la protección frente a la discriminación, la perspectiva de género, la protección de la infancia con discapacidad y el reconocimiento ampliado de las personas cuidadoras.
Estos avances responden, en su mayoría, a reivindicaciones de las propias asociaciones de usuarios de estos servicios y también de los y las profesionales que trabajan a diario con ellas. Por lo tanto, esta reforma de la ley reconoce, entre otras cosas, a la persona en situación de dependencia el derecho a decidir sobre las prestaciones y servicios que recibe.
…a permanecer en el entorno que escoja y a recibir cuidados libres de sujeciones. Le pregunto: ¿cómo cree usted que contribuirán estos nuevos derechos a mejorar la autonomía personal y la dignidad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia? Nada más. Muchas gracias. Por supuesto, recogemos sus aportaciones y las tendremos muy en cuenta. Gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Parra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Campabadal, señoras y señores diputados. Permítanme comenzar recordando que detrás de cada norma, de cada artículo y de cada cifra hay personas: personas con nombres y apellidos, familias que esperan soluciones y profesionales que sostienen, con su esfuerzo y dedicación, nuestro sistema de atención a la discapacidad y a la dependencia, como el señor Campabadal.
Como usted nos ha indicado en su exposición, una gran parte de la autonomía de las personas con discapacidad está supeditada al empleo. Los centros especiales de empleo son mucho más que empresas: son espacios de oportunidad, facilitadores laborales para un colectivo en el que solo una de cada cuatro personas se encuentra trabajando, como usted ha señalado. Hoy en España contamos con más de 2.500 centros que ofrecen empleo a quienes, de otro modo, tendrían enormes dificultades para acceder al mercado laboral.
El proyecto de ley que estamos debatiendo introduce cambios que pueden afectar a su equilibrio, y asociaciones del sector nos han advertido de que algunos ajustes podrían poner en riesgo puestos de trabajo. Para usted, señor Campabadal, que conoce bien esa realidad: ¿cómo cree que podemos garantizar que esta ley fortalezca los centros especiales de empleo en lugar de debilitarlos? Porque lo que está en juego no son cifras, sino la dignidad laboral de miles de personas.
Encamidados hacia la atención integral —esto es, en todos los ámbitos de la vida—, sabemos que las personas con discapacidad se enfrentan hoy a barreras añadidas: falta de apoyos adecuados, escasa coordinación de servicios y, en demasiados casos, largos silencios institucionales. Las familias nos dicen que se sienten solas, que el sistema no siempre responde. Usted, señor Campabadal, ¿qué problemas concretos identifica aún pendientes de resolver? Y, lo más importante, ¿qué pasos considera imprescindibles para que esas personas tengan una atención integral que no dependa de la buena voluntad de unos pocos, sino de un compromiso real del Estado?
El CET ha señalado con claridad que la financiación actual de la dependencia en España es insuficiente: apenas roza el 0,9 % del PIB, muy por debajo de otros países y de la media europea. Esto se traduce en demoras, desigualdades territoriales y en la sensación de que el derecho reconocido no siempre se convierte en derecho efectivo. ¿Cómo valora usted esta situación y qué modelo de financiación considera necesario para que la dependencia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible para todas las familias?
Desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos que las instituciones deben estar al servicio de las personas. Aquí no hablamos de expedientes ni de trámites: hablamos de vidas que merecen oportunidades, de familias que necesitan apoyo y de profesionales que merecen reconocimiento. Si queremos un país más justo, debemos garantizar que la discapacidad y la dependencia se atiendan con rigor, con recursos suficientes y, sobre todo, con humanidad. Muchas gracias, señor Campabadal, por su comparecencia.
Muchas gracias. Tiene la palabra el compareciente, por cinco minutos.
Gracias. Muchas gracias a todos los partidos políticos, a sus señorías. Pensaba que, con tanta crítica, me iba a ganar muchos enemigos esta tarde. Ya he empezado diciendo que la ley me gustaba, porque crea derechos; una ley que crea derechos es buena.
Al diputado de Sumar: usted ha hablado de la accesibilidad. Yo creo que una de las cosas que más accesibilidad proporciona a las personas con discapacidad, por ejemplo, es el empleo. Aquí enlazo con lo que después contestaré al señor Parra. El empleo da autonomía, da autoestima, permite un proyecto de vida, ofrece independencia económica y genera una red de relaciones. En definitiva, el empleo es lo mejor que le puede suceder a una persona con discapacidad. Todo ello hace que la sociedad resulte más accesible para la persona.
Ustedes, que en Sumar ostentan el Ministerio de Trabajo, yo les propondría que la Inspección de Trabajo, igual que, por ejemplo, están incidiendo…