Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión. Siguiendo el orden del día, como primer punto, procedemos a someter a ratificación el acuerdo de la Mesa sobre las solicitudes de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a efectos de lo previsto en el artículo 44 del Reglamento. Señorías, les propongo en este punto la ratificación de las diferentes solicitudes por asentimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.1.1 del Reglamento. Por lo tanto, quedan ratificadas por asentimiento.
Procedemos, por tanto, sin más trámite, a la celebración de las comparecencias acordadas por la Comisión. Permítanme que, como constan indicadas en la convocatoria, omita reseñarlas, incluida la reflejada en el punto segundo, comparecencia solicitada a petición propia por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para presentar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que se sustanciarán acumuladamente.
La sesión, señorías, tendrá el desarrollo siguiente: intervención, en primer lugar, de don Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sin límite de tiempo; intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, finalizando el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de diez minutos cada uno. A este tiempo podrán acumular el de tres minutos correspondiente a un segundo turno de intervención. Después, turno para contestar a los grupos por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sin límite de tiempo, y un nuevo turno de intervención de los grupos parlamentarios, en el mismo orden anterior, por tiempo de tres minutos. Cerrará el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Les advierto que, dado que hemos concedido un turno de réplica, seré estricto con los tiempos; les ruego que se atengan al tiempo concedido.
Sin más, señorías, damos la bienvenida al ministro de Justicia a la Comisión, en nombre de todos los diputados y diputadas que la conformamos, y, sin más dilación, tiene usted la palabra, señor ministro.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para felicitarle por su reciente nombramiento como presidente de esta Comisión. Y gracias a todos, señorías. A algunos he tenido oportunidad de saludarles; a otros, no, personalmente. Buenos días. Qué mejor que celebrar una Comisión de Justicia un viernes por la mañana temprano para hablar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, por tanto, dado que todos estamos encantados, pues vamos a por ello.
Acumulamos hoy, como acaban de ratificar, todas las peticiones de comparecencia formuladas durante los últimos meses, desde mi última intervención ante esta Comisión, y también la que hago a petición propia para explicar el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros hace escasos días y que ya está aquí para su tramitación parlamentaria.
Permítanme, antes de entrar en el detalle de esta ley, dar algo de contexto de lo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en las materias que competen a esta Comisión de Justicia. No quiero pecar de ser demasiado ambicioso en mis palabras, pero sí quiero decirles que en esta legislatura, sin ninguna duda, estamos llevando a cabo la mayor transformación de la Justicia en décadas. Una Justicia que necesita reformas y que las estamos acometiendo como no se habían hecho en las últimas décadas.
Reformas normativas, pero no solo desde el punto de vista legislativo, sino también organizativas y de gestión, en las que se venía trabajando desde hace muchas décadas, desde hace muchos lustros, desde hace muchos años, en los diferentes ministros que han tenido el honor de ocupar la titularidad de la cartera que hoy ocupo yo. Y, por tanto, cuando hablamos de la Ley de Eficiencia Digital, de la Ley de Eficiencia Organizativa, de la Ley de Eficiencia Procesal, que ya están en vigor, que ya están en el BOE, y hablamos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hemos aprobado en el Consejo de Ministros, no crean que estas leyes son de este ministro ni de este equipo del Ministerio. Estas leyes son también fruto del trabajo de mis predecesores. Desde el ministro Francisco Caamaño hasta el ministro Ruiz-Gallardón, el ministro Rafael Catalá, la ministra Dolores Delgado, el ministro Juan Carlos Campo, la ministra Pilar Llop; todos mis predecesores, al menos desde el año 2010, han trabajado por tener una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que modernice el proceso penal en nuestro país, cuando, como saben ustedes, la vigente ley es de 1882.
Y por eso quiero decir que esta norma, que algo me corresponde a mí, obviamente, como titular del Ministerio en este momento, también corresponde en parte a los predecesores que trabajaron en ese proceso para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y no solo eso, también las leyes de eficiencia, que estaban en el Ministerio de Justicia, estaban aparcadas y que, afortunadamente, hemos tenido el honor, el equipo directivo del Ministerio en este momento, de poder conseguir su aprobación en el Parlamento.
Algunas de estas reformas llegan con retraso, algunas con muchísimo retraso. Yo creo que el procedimiento penal se debería haber intentado reformar mucho antes. Créanme si les digo que preparar ese texto íntegro de una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal no ha sido una tarea fácil. Han trabajado en esa ley docenas de personas, jueces, magistrados, fiscales, profesores universitarios, LAJ y otros profesionales, y entiendo que, durante estos 143 años, otros ministros hayan decidido intentar sacar adelante normas más sencillas. Pero creo que es importante que adoptemos las medidas que necesita la justicia en cada momento, porque, si no, acabamos condenándola al peor de sus males, que es la falta de reformas. La falta de reformas en la justicia, el inmovilismo en la justicia, nos lleva a cronificar los problemas de toda la vida de la justicia. Y, desde luego, nosotros, el equipo directivo del Ministerio, no estamos dispuestos a cronificar los problemas de la justicia; queremos darles solución. A eso hemos venido a la cartera y en eso estamos gastando nuestro tiempo y trabajando.
Por tanto, les pido que veamos las reformas en ese contexto, en el contexto de unas inercias de falta de reformas en la justicia que son muy recurrentes. Siempre reformar es más difícil que no hacer nada. Lo fácil es cruzarse de brazos y dejar que el tiempo pase; eso es sencillo y se reciben muchas menos críticas. Pero yo creo que nosotros estamos para prestar un servicio público a la ciudadanía, un servicio público al pueblo que nos ha elegido para gobernar. Y por eso avanzamos en esas reformas, sabiendo que en ocasiones hay recelos. Ha pasado siempre. Cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, hubo también quien dijo que era un ataque a la independencia judicial. Hoy es una ley absolutamente pacífica, fruto del consenso de todos los operadores jurídicos. Nadie critica la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, pero en su momento también se dijo que era un ataque contra la independencia judicial y estas cosas que, en ocasiones, se dicen.
Pasó lo mismo con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000: se decía que se generaría un caos. Bueno, pues no pasó nada. Se modificó y se mejoró el procedimiento civil en nuestro país, se modernizó y, tras los cambios y sacar de la zona de confort a todos los operadores jurídicos acostumbrados a una ley que también era decimonónica, funcionó con total normalidad. Pero lo mismo pasó con la Ley Orgánica de Violencia de Género en 2004. También hubo quien dijo que acababa con el principio de igualdad y hoy nadie discute que haya juzgados de violencia sobre la mujer y, ahora, secciones especializadas de violencia sobre la mujer en los tribunales de instancia.
Es decir, que las reformas cuestan, que hay siempre recelos y que, con el tiempo, se consolidan como normas totalmente pacíficas y que han mejorado la justicia. Eso pretendemos hacer en este momento con nuestra tarea. Llevamos poco más de dos años.
...de Gobierno desde que se consiguió la investidura, algo más de la mitad de la legislatura. Y creo que podemos decir con orgullo, desde el Ministerio, que hemos implementado ya el 50% de las reformas que queremos llevar a cabo en la mayor transformación de la Justicia en décadas. Les recuerdo algunas de ellas, también para dar contexto.
Ustedes recordarán que hubo más de cinco años y medio de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Bloqueo que tuvo un responsable, una fuerza política que todos conocemos, no es necesario ni mencionar, pero que, finalmente, de manera muy afortunada para la normalidad institucional en el Poder Judicial, se consiguió un acuerdo en el verano del año 2024. Se renovó el Consejo General del Poder Judicial, que ya está funcionando con normalidad, que ha llevado a cabo más de 160 nombramientos, que nombró a la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y espero que sigan trabajando con ese nivel de consenso y de acuerdos que han demostrado durante su primer año de mandato. Sería, desde luego, un retroceso que ese nivel de consensos y de acuerdos que se logró en el primer año de mandato del Consejo General del Poder Judicial ahora se pierda y decaiga ese trabajo compartido. Creo que las cuestiones que han surgido en las últimas semanas —que confío estén en proceso de solución— se reconduzcan definitivamente y se vuelva a trabajar con grandes consensos en el seno del Consejo General del Poder Judicial, porque lo contrario ya lo hemos vivido. Y un Consejo General del Poder Judicial inmovilista, que cronifica los problemas, no es lo que necesita la Justicia, ni en este momento ni en ningún otro.
Segunda cuestión a la que quiero hacer referencia: la digitalización de la Justicia que estamos llevando a cabo, no solo con reformas legislativas —el Real Decreto-ley 6/2023 es buena prueba de ello—, sino también con inversión, con dinero, que es necesario para que se lleve a cabo la digitalización. No es necesario que les recuerde que, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, hoy ya existe la Carpeta Justicia, que es un sistema personalizado donde los profesionales y los ciudadanos pueden realizar trámites, acceder a todos los procesos en los que sean parte, en los que actúen como profesionales o en los que sean interesados como ciudadanos. Que desde cualquier dispositivo móvil se pueda acceder a la Carpeta Justicia es un avance considerable, muy considerable.
En segundo lugar, hemos incorporado la robotización y la inteligencia artificial a trámites como la concesión de nacionalidades o la cancelación de antecedentes penales. Las nacionalidades en España, antes de que incorporáramos estos procesos de automatización, llevaban aproximadamente cinco años para conceder la nacionalidad a una persona que la había solicitado y que cumplía los requisitos legales. Hoy lo hacemos en cinco meses. Por tanto, el avance es indiscutible. Y con la cancelación de antecedentes penales, tres cuartos de lo mismo: hoy se pueden hacer de oficio gracias a los procesos de robotización y automatización.
También, en esa reforma que estamos llevando a cabo de la Justicia, con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, hemos conseguido avanzar desde una Justicia que tenía una planta judicial del año 1834 —Isabel II tenía cuatro años— a un modelo acorde con el siglo XXI. Gracias a la ley de eficiencia, la planta judicial con los tribunales de instancia será la que necesita la Justicia del siglo XXI. Los tribunales de instancia, insisto —no creo que haya quedado ninguna duda, pero lo reitero—, son un proyecto de los ministros que me antecedieron en el cargo, con independencia de su color político. Por tanto, estoy seguro de que algunas de Sus Señorías no criticarán los proyectos de los ministros de su color político, porque, claramente, los tribunales de instancia y la flexibilidad y la agilidad que aportan a la planta judicial son algo que necesitaba la Justicia.
Les pongo un ejemplo. Crear un juzgado unipersonal en nuestro país cuesta medio millón de euros: crear el Juzgado de lo Social número 8 de Badalona, el Juzgado de Instrucción número 5 de Orense, medio millón de euros. Y ahora, asignar un magistrado o un juez a una sección especializada en un tribunal de instancia cuesta 80.000 euros. De modo que, con el mismo dinero, podremos multiplicar por seis el número de jueces y magistrados que dicten autos y que dicten sentencias. Por eso es una idea en la que se lleva trabajando lustros en el Ministerio de Justicia.
Convertimos, por tanto, gracias a esta ley —que ya está en vigor y se está implementando durante el año 2025—, los 3.800 juzgados unipersonales que existían en España en 431 tribunales de instancia, y hacemos que la planta judicial sea más flexible y se pueda gestionar de manera más eficiente.
Hacemos más eficiente el uso de los recursos humanos y materiales. También creamos las Oficinas de Justicia en los municipios, más de 7.700 en todo el territorio nacional, evitando desplazamientos y pérdidas de tiempo. Todos los ciudadanos, con independencia de si viven en grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Málaga, o en un municipio pequeño, tendrán acceso a su oficina municipal para acceder a la Justicia, realizar cualquier trámite y cumplir cualquier paso previsto en un procedimiento judicial. Por último, me refiero a los mecanismos adecuados de solución de controversias en el ámbito civil y mercantil; luego, si lo desean, en réplica les daré algunas cifras de los beneficios evidentes que supondrá en la evitación de litigios innecesarios. No todos los pleitos tienen que llegar a los tribunales: hay que descongestionar los órganos judiciales para que puedan dictar sus sentencias y autos en un tiempo más razonable.
Esta ley de eficiencia se está implementando progresivamente; tenía tres fases y ya se han implementado dos, sin incidencias significativas, naturalmente con los ajustes que deben producirse a todos los niveles. Creo que es un paso adelante para disponer de una Justicia del siglo XXI, que es la que nuestro país necesita. Y también les digo que lo realizado, que acabo de explicar someramente, no nos conforma: vamos a continuar trabajando para implementar la totalidad de los proyectos de la mayor transformación de la Justicia en décadas. Me refiero, por supuesto, a la LECrim, ahora LOECrim, de la que hemos venido a hablar, entre otros asuntos, y también a la otra ley, la de ampliación y fortalecimiento de las carreras fiscal y judicial, que está en tramitación parlamentaria, superó el debate de totalidad y se sigue trabajando en ella.
Se garantiza un acceso realmente igualitario a la carrera judicial y fiscal, blindando por ley las becas, de tal manera que se abonará el salario mínimo interprofesional durante cuatro años para que cualquier persona, con independencia de su renta, pueda opositar a juez o a fiscal en nuestro país. Hoy, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, el 95% de quienes superan la oposición de juez o de fiscal, con un esfuerzo extraordinario porque es una oposición muy dura, cuentan con apoyo económico de sus familias. Con estas becas pretendemos que aquellas familias que no puedan dar soporte económico a sus hijos o hijas también puedan opositar en igualdad de condiciones. Convertimos el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones. Y les doy una cifra: en este primer año en que se pone en marcha, y para evitar tentaciones futuras de gobiernos conservadores, lo blindamos por ley, porque ya pasó: el Gobierno de Zapatero estableció becas para acceder a las oposiciones de fiscal y judicial y el Gobierno de Rajoy las suprimió. Esto es una realidad, no es discutible. Además del éxito indiscutible en el número de personas que están accediendo a estas becas, en el Centro de Estudios Jurídicos se han inscrito 127 jueces y fiscales que serán preparadores. Debo decirles de antemano, para evitar lo que seguro me dirán en réplica, que no conozco a ninguno de ellos; se han apuntado libremente y prepararán conforme a su libertad de criterio, por supuesto procurando que las personas a las que preparen consigan superar la oposición.
En esta ley de fortalecimiento y ampliación de la carrera fiscal y judicial vamos a convocar 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años. 2.500. Es la mayor convocatoria de la historia de la democracia, y de largo, porque ha habido años con cero plazas, otros con 70 para jueces y fiscales, otros con 200. En este momento, con el presupuesto prorrogado que estamos aplicando, la convocatoria que acabamos de sacar en el Ministerio, conforme a la ley de presupuestos vigente, es de 200 personas. Bien, con la aprobación de la ley de carrera, tan pronto como la aprueben estas Cortes Generales, estableceremos...
Tres convocatorias sucesivas en tres años seguidos de 480 plazas cada año: 360 por turno libre y 120 por el cuarto turno, ese 25% que establece la Ley de 1985 para juristas de reconocido prestigio. Además, llevaremos a cabo el proceso de estabilización extraordinaria de jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos. Me he referido a ellos en masculino, pero lo haré en femenino: juezas sustitutas, magistradas suplentes y fiscales sustitutas, porque más del 80% de estas personas son mujeres. Es una profesión altamente feminizada y también muy precaria, y con esta ley estamos abordando esa precariedad.
Mejoramos las condiciones laborales de la carrera judicial: se establece una promoción automática de juez o jueza a magistrado o magistrada a los cinco años sin necesidad de concursar, pudiendo permanecer en la plaza quienes pretendan seguir en la que están. Mejoramos también las posibilidades de promoción de quienes están especializados en lo mercantil y en violencia sobre la mujer, que hoy están peor tratados que el resto de sus compañeros y compañeras; por tanto, avanzamos en la mejora de la promoción en las carreras judicial y fiscal.
Asimismo, profundizamos en la transparencia del Poder Judicial: las compatibilidades serán públicas en un registro del Consejo General del Poder Judicial; también lo serán los preparadores, para que cualquier persona que quiera preparar la oposición pueda saber, en su provincia, cuántos preparadores hay, tanto si lo hacen en un centro público como si lo hacen en su domicilio por sus propios medios, y que sea público quiénes pueden preparar. Prohibimos, además, la financiación privada de las asociaciones judiciales para que la apariencia de imparcialidad no se vea comprometida; cuando financia una empresa privada que luego puede ser juzgada, puede al menos suscitarse la duda. Creemos que la financiación de las asociaciones judiciales debe ser pública o proceder de las cuotas de sus asociados. Este es también un avance significativo del que se habla poco, y sobre el que me gustaría escuchar la opinión de sus señorías.
En este momento paso a referirme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los asuntos que he solicitado tratar en esta comparecencia. Saben que la ley vigente es de 1882; es decimonónica no en sentido metafórico, sino estrictamente temporal. Es una muy buena ley, si bien es cierto que, evidentemente, una ley de hace 143 años ha quedado obsoleta en muchas de sus partes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha tenido más de ochenta reformas, pero creo que es el momento de abordar una reforma integral. Nada tiene que ver la España del siglo XIX con la del siglo XXI, y esta es una oportunidad.
No es una ley de este ministro ni de este equipo directivo; es fruto del trabajo de mucha gente, de muchos profesionales del Derecho, de distinto signo, liderados por diferentes ministros pertenecientes tanto a partidos de derechas como de izquierdas. Nosotros hemos tenido el honor de concluir un proceso largo, que ha llevado muchas horas de trabajo, y hemos conseguido aprobar en Consejo de Ministros algo que no se había hecho en los 143 años de vigencia de la anterior ley. Somos el primer Gobierno que remite a estas Cortes Generales un proyecto integral de enjuiciamiento criminal.
Esta modificación deriva de la necesidad de modernizar una ley tan importante como la de enjuiciamiento criminal, y también del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia del año 2001, firmado por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Ya en 2001 se decía que debía abordarse la reforma de la LECrim y que la instrucción debía pasar a los fiscales. Curiosamente, aquello fue motivo de consenso entonces, también entre ministros conservadores que han ocupado la cartera de Justicia. El primer anteproyecto que vio el Consejo de Ministros en primera vuelta fue en 2011, impulsado por el ministro Francisco Caamaño.
…que se llamó Código Procesal Penal, de 2013, bajo el mandato del ministro Ruiz-Gallardón, que ya apostaba por encomendar la investigación penal al Ministerio Fiscal, como sucede en toda Europa y en las democracias occidentales. Por tanto, esto evidencia un consenso necesario para nuestro país y que esta reforma es imprescindible para modernizar nuestro proceso penal.
Hemos tardado cuatro años en redactar este proyecto, que no nace de un folio en blanco, sino que bebe de los proyectos tanto del ministro Ruiz-Gallardón como del ministro Caamaño. Hemos recabado informes de todos los órganos competentes: por supuesto, de la Fiscalía, de la Agencia Española de Protección de Datos, de las asociaciones judiciales y fiscales, de las comunidades autónomas y del Consejo General del Poder Judicial —el anterior, que tardó cuatro años en emitir su informe—. Todos esos informes, una vez analizados, han permitido que aprobemos en Consejo de Ministros una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La novedad más visible es la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, con la supervisión de un juez de garantías. Por eso el modelo que planteamos en la nueva LECrim es más garantista: dos profesionales del Derecho intervienen en la fase de investigación, el Ministerio Fiscal y el juez de garantías, que debe ratificar o revocar las decisiones del fiscal que afecten a derechos fundamentales. Es el modelo que rige en Europa. Quienes defienden que la investigación penal no la lleve a cabo la Fiscalía, me gustaría que expusieran cuál es su alternativa; estaré encantado de estudiarla en profundidad. Si hubiera un modelo mejor, costaría entender por qué en toda Europa la investigación la dirige la Fiscalía. Además, en España ya instruye la Fiscalía en ámbitos como la Fiscalía Europea y la Fiscalía de Menores. No partimos de cero: las leyes modernas de investigación penal atribuyen esa función al Ministerio Fiscal.
Esta reforma, además, es más respetuosa con la Constitución. El artículo 117 establece que los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado; esas son las facultades de la Judicatura. El artículo 124 señala que los fiscales promueven la acción de la justicia. La nueva LECrim se ajusta escrupulosamente a los artículos 117 y 124.
También abordamos una nueva regulación de la acción popular. Como saben, el artículo 125 de la Constitución reconoce la acusación popular en nuestro país, una figura prácticamente inexistente en el resto de Europa —solo España y Andorra la contemplan, esta última por imitación de nuestro modelo—, y lo hace “en los términos que la ley establezca”. Lo que hacemos es recoger las reiteradas sugerencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para reformar la acusación popular y evitar usos espurios. Abran el periódico por cualquier página y verán ejemplos de utilización espuria de la acción popular, básicamente por organizaciones de ultraderecha persiguiendo a políticos progresistas o a sus familias. Con esta regulación, que —insisto— proponen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, evitaremos esos usos espurios.
¿Por qué afirmo que este modelo de investigación penal dirigida por la Fiscalía es más garantista? Porque intervendrán tres jueces hasta la sentencia de instancia. Habrá un juez de garantías, que confirmará o revocará las decisiones del fiscal durante la investigación; un juez de la audiencia preliminar, en la que —a modo de vista previa, como en el orden civil— se comprobará si la prueba está correctamente incorporada, si es preciso practicar más diligencias o si alguna ha vulnerado derechos del investigado; y, en tercer lugar, el juez de enjuiciamiento, que dictará la sentencia en primera instancia. Por eso entendemos que el modelo refuerza las garantías. Ese afán garantista se extiende también a las víctimas del delito. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882…
Ponía el énfasis en el poder del Estado para llevar a cabo las investigaciones y aquí también ponemos en el centro las garantías para la víctima. De tal manera que, por ejemplo, se le reconoce el derecho a ser oída en cualquier fase del procedimiento sin necesidad de haberse personado en el mismo. Puede, en cualquier fase, intervenir, personarse y dar su opinión. Asimismo, se establecen medidas para evitar la revictimización de las víctimas, por ejemplo, prohibiendo declaraciones reiterativas, especialmente en casos de mujeres víctimas de violencia de género, en diferentes fases del proceso que no hacen más que revictimizar y que en ocasiones no son necesarias.
Potenciamos también la nueva conformidad penal, en línea con la ley de eficiencia y con los MASC. Vamos a apostar por la cultura del acuerdo también en lo penal: acuerdos entre la Fiscalía y la defensa, que, obviamente, han de ser ratificados por el juez.
En materia de prueba se concentran las novedades más disruptivas de la norma, porque, evidentemente, nada tienen que ver las pruebas de 1882 ni las diferentes reformas que se han llevado a cabo con las que establecemos en la nueva ley: investigación mediante marcadores de ADN, tratamiento automatizado de datos e investigaciones en entornos digitales. Aquí el avance es un paso de gigante en las investigaciones de delitos cada día más frecuentes, como la ciberdelincuencia, algo que cualquier cifra atestigua.
Y, por último, quiero también hacer referencia a que, como la Fiscalía es la nueva encargada de la investigación penal, se refuerza y se profundiza en la autonomía del Ministerio Fiscal, tal y como nos pedían el GRECO y la Comisión Europea. Tan es así que la Comisión Europea se felicitó en el informe sobre el Estado de Derecho del verano pasado por la reforma que llevamos a cabo, en primera vuelta, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Qué proponemos? Desvincular el mandato del Fiscal General del Estado de la legislatura: será un mandato de cinco años, desvinculado por completo del Gobierno y, por tanto, no renovable, como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y tantas instituciones que, para garantizar su autonomía, tienen mandatos que nada tienen que ver con el Gobierno. Se consolidan las causas tasadas de cese del Fiscal General del Estado, que nada tienen que ver con la pérdida de confianza del Gobierno. Se asegura que no hay interferencias del Ejecutivo, ni central ni autonómico, de tal manera que no puede haber instrucciones a la Fiscalía y todas las comunicaciones han de ser por escrito y en un registro público. Se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, de tal manera que pueden revertir una decisión del Fiscal General del Estado con una mayoría de tres quintos. Creo que este reforzamiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es un requisito ineludible para que la Fiscalía en nuestro país pueda llevar a cabo las investigaciones. Por supuesto, el Ministerio Fiscal ya hoy actúa con autonomía, con independencia, con criterios técnicos y con estricto cumplimiento del principio de legalidad. Lo que hacemos en la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal es reforzar esa autonomía.
Y, por último, les doy una fecha: la entrada en vigor prevista de esta Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal será el 1 de enero de 2028 y afectará a las causas incoadas a partir de esa fecha. He oído reiteradamente alguna crítica de que esto es para los procedimientos en curso. No. Eso quiero decirlo con toda claridad: es una falsedad objetiva. Solo afectará la nueva ley a las causas incoadas a partir del 1 de enero de 2028. Y, por tanto, diciendo esto con toda claridad en mi primera intervención, espero no volver a escucharlo, pero estaremos atentos.
Termino ya esta intervención inicial. Creo que demostramos que tenemos una agenda reformista para la justicia y que somos capaces de llegar a acuerdos para llevarla a cabo y aprobarla en el Congreso y en el Senado. Es el momento de las reformas estructurales en la Administración de Justicia en nuestro país. Las leyes decimonónicas —decimonónicas literalmente algunas de ellas— deben adaptarse al siglo XXI. El peor enemigo que tiene la justicia en este momento es el inmovilismo, que cronifica los problemas de toda la vida de la justicia. Hay que abordar reformas: para modernizar la justicia, para aumentar el número de jueces y fiscales, para mejorar las condiciones laborales y de ejercicio de toda la carrera fiscal y judicial, para reformar, después de más de 140 años, el proceso penal y para reforzar...
autonomía del Ministerio Fiscal. Creo que es el momento, señorías, y le toca a esta comisión ponerse a trabajar en estas reformas, que son necesarias e imprescindibles para tener una justicia del siglo XXI. Estamos, desde el punto de vista de la reforma de la justicia, en un momento histórico, porque es en esta legislatura cuando vamos a llevarlas a cabo. Es una oportunidad histórica para conseguir mejoras que en otras legislaturas no se han podido alcanzar y que en esta sí podemos lograr. Para eso cuento con todos los grupos parlamentarios a los que ustedes representan, porque estas son reformas no de este ministro, sino de todos los ministros que han ocupado la cartera de Justicia en las últimas décadas. Por eso les pido altura de miras y que hoy tengamos un debate constructivo. Gracias.
A continuación intervendrán los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario de Junts, el señor Pagès i Massó.
Muy buenos días, señor ministro Bolaños; señora presidenta. Ayer fue un gran día. Ayer la democracia y el Estado de Derecho dieron un paso muy importante en Europa, un paso determinante para forzar a aquellos que, bajo la consigna de “quien puede hacer, que haga”, se han pasado meses intentando evitar la aplicación completa de la amnistía, para forzar a aquellos que han pensado que el Derecho se podía retorcer hasta la prevaricación. Me refiero a las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dadas a conocer ayer sobre las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE.
Debemos hacer algunas aclaraciones para no confundir al personal, como han dicho algunos de los diputados del PP y Vox aquí presentes en sus tuits y declaraciones. Es un tema que merece dejar a un lado consignas partidistas, y más aún si proceden de alguien que, como Dolors Montserrat, no acierta en su juicio. Es importante abandonar consignas que tan solo quieren generar una realidad paralela que el tiempo pondrá en su lugar, y atenerse a lo que dice el escrito del Abogado General, que recordemos tiene el encargo de velar por el Estado de Derecho europeo.
¿Qué dice el Abogado General en esas 47 páginas de conclusiones? Primero, afirma claramente que no existe nada parecido a una autoamnistía y que la ley ha seguido un procedimiento regular que responde al interés general. Le recomiendo, señora Cayetana Álvarez de Toledo, que lea el informe y vea lo que dice el Abogado General de la Unión Europea. Y, lo más importante, dice explícitamente que la ley de amnistía es conforme al Derecho de la Unión. Lo es respecto a la malversación, pues no existe afectación de intereses económicos europeos. Lo es, literalmente, respecto al terrorismo, porque no es contraria a su propuesta de aplicación de la amnistía a los supuestos del ámbito objetivo que se refieren al terrorismo, conforme a la Directiva europea contra el terrorismo. Y lo es respecto a los desórdenes públicos y también en lo relativo a la derivación de responsabilidades contables. La ley de amnistía se conforma al Derecho europeo en todos los supuestos recogidos en su ámbito objetivo.
La única salvedad —y es verdad que la menciona el Abogado General— es una cuestión menor: la previsión de un plazo de dos meses para aplicar la amnistía. Ya advertimos en la negociación que esto podía generar distorsiones a la luz del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. Pero, en todo caso, no tiene ninguna consecuencia práctica, puesto que es un plazo indicativo —así lo dice el propio Abogado General— y, como todos ustedes saben, los plazos para aplicar la ley rara vez se cumplen estrictamente, ni con la ley de amnistía ni con cualquier otra ley.
Segunda cuestión. El defensor de la legalidad de la Unión ante el TJUE, el Abogado General, ha dejado claro —como hemos defendido siempre— que el Derecho de la Unión no da más margen. El Tribunal Supremo se ha quedado sin prejudiciales. Y esto es así. La ley es congruente con el Derecho europeo —es lo que dice el Abogado General—, y llegar hasta aquí ha sido posible porque Junts per Catalunya, el 31 de enero de 2024, nos plantamos y nos negamos a aprobar una versión de la ley de amnistía que no era robusta. Todo lo contrario: era incompleta, tenía agujeros y dejaba fuera a muchas personas: los doce de la Operación Judas, las decenas de personas afectadas por el Diplocat y muchas más. Era una versión prematura, con grietas que a nadie se le escapa que se hubieran utilizado para aplicar selectivamente la amnistía a aquellos a quienes se quisiera desactivar personal y políticamente. También nos plantamos porque la amnistía…
Tenía que completar todo su recorrido ante las instituciones europeas, pasar por la Comisión de Venecia y que se validase su compatibilidad con el Derecho europeo. Nos dijeron de todo, pero mantuvimos nuestra posición y no lo hicimos por capricho ni por los titulares del día siguiente. No es nuestra lógica. Lo hicimos con la vista puesta en lo que sucedió ayer: que la ley fuera avalada por Europa.
Y termino hablando del tema de la amnistía. Ayer fue un muy buen día para los que han sido perseguidos y reprimidos injustamente: los falsamente acusados por desórdenes y terrorismo, como los CDR y las personas de la Operación Judas; los falsamente acusados por responsabilidad contable, como la gente del Diplocat; los acusados falsamente de usurpación de funciones, como los miembros de la Sindicatura Electoral; o los acusados de malversación, como el presidente del Consell en el Exilio. Y fue un muy mal día para los del “cuanto peor, mejor”, un mal día para todos los que pretenden que los tribunales españoles sigan prevaricando. Fue un muy mal día para el señor Urraca y el lobby jurídico del PP en Europa. Fue un muy mal día para los señores Marchena, Llerena, García Castellón y todos los jueces de la Toga Nostra. Muy mal día para Vox, para FAES, para el PP, para Sociedad Civil Catalana, que, por cierto, no hace tanto se manifestaba con el señor Illa por las calles de Barcelona. En definitiva, ayer fue un muy mal día para aquellos que no quieren ni siquiera pensar en el retorno del presidente Puigdemont a Cataluña, que son más de los que he dicho antes. Hay algunos que incluso votaron la ley de amnistía. Me refiero a los mismos que dijeron que nunca iba a haber amnistía y al final acabaron votándola. Me refiero a los mismos que dijeron que iban a llevar al presidente ante la justicia española, porque ¿de quién depende la Fiscalía? Me refiero a los mismos que dijeron que acabarían con los obstáculos europeos.
Segunda cuestión que me gustaría comentarle. Usted ha solicitado comparecer para presentarnos el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno. Y lamento decírselo, pero JuntsxCat decidió hace unas semanas, mediante una consulta entre nuestros militantes, dar por finalizado el acuerdo que teníamos firmado con el PSOE. Desde JuntsxCat siempre hemos dicho, y de hecho lo pusimos por escrito en los acuerdos de Bruselas, que nuestro voto no está al servicio de la estabilidad de España. Si ustedes no cumplían los acuerdos que habían alcanzado con nosotros, no iba a haber estabilidad en su Gobierno. La semana pasada dimos una rueda de prensa y esta semana nuestra portavoz les ha vuelto a explicar lo mismo desde la tribuna del Congreso. El acuerdo que teníamos con el PSOE ya no existe. Lo han roto ustedes con sus incumplimientos. Y por ello, cuando dábamos esta rueda de prensa la semana pasada, anunciamos que se estaban presentando enmiendas a la totalidad a las veinticinco leyes que su Gobierno tenía en trámite parlamentario. Y también dijimos que íbamos a hacer lo propio con las nueve leyes que ya habían pasado por el Consejo de Ministros, pero que aún no habían iniciado el trámite en el Congreso.
Me gustaría decirle, señor Bolaños, dos cosas. La primera es que usted, ante un hecho traumático como es esta ruptura con JuntsxCat, está de lleno en lo que se llama la fase de negación. Y, tras el choque, la negación es la primera etapa del duelo, caracterizada por la incredulidad ante la pérdida y una negación de la realidad. Las personas actúan como si la pérdida no se hubiera producido. Lamento decirle que sí, esa ruptura ha tenido lugar y a lo mejor le ayudará a aceptarlo cuando el proyecto de ley que hoy nos trae y que acaba de ser calificado por la Mesa del Congreso, se abra al plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y la presentemos.
Segunda cuestión, continuación de lo anterior, es que, señor Bolaños, no estamos en la misma situación política que hace un año. Me gustaría hablarle de un libro llamado Las Cortes Generales en el Sistema Parlamentario de Gobierno, que he leído muchas veces y que para mí es muy importante, porque es del profesor Isidre Molas, un referente académico en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y que, por cierto, también fue senador socialista durante muchos años. Es una obra de referencia sobre el parlamentarismo y parte de la tesis de que el sistema parlamentario se basa en el principio de la mayoría parlamentaria y de Gobierno. Pues bien, lo que ha ocurrido es que esta mayoría parlamentaria y de Gobierno ya no existe. Tan solo queda la segunda parte, el Gobierno. Por lo tanto, a pesar de que el Gobierno sigue adelante, ha perdido la capacidad de impulso político, por ejemplo, mediante la aprobación de leyes. Como dijo nuestra portavoz, Míriam Nogueras, ustedes pueden ocupar el Gobierno; lo que no pueden hacer es gobernar. Y esto es el ABC del parlamentarismo. Señor Bolaños, no hay mayoría parlamentaria, no estamos donde estábamos.
Y, por lo tanto, no le corresponde al Gobierno imponer el marco político ni tampoco el marco del debate legislativo. Lo que le corresponde al Gobierno, en todo caso, es ir a la fuente de la legitimidad democrática, devolver la palabra al Parlamento o, en última instancia, al pueblo. Entre juristas me parece que nos podemos entender todos. Le recuerdo que el artículo 115 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismo ordinario de restauración de la legitimidad en el sistema parlamentario. Y no pasa nada, no pasa nada. En las democracias consolidadas, disolver no es debilidad, sino respeto al principio de la soberanía popular. Le recomiendo vivamente la lectura de este libro del profesor Isidre Molas, porque de esta forma entenderá que no va a haber ni reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, ni tampoco va a haber Ley de Enjuiciamiento Criminal ni ninguna otra de las reformas que usted y su partido proponen.
Y la tercera cuestión que me gustaría comentarle —si no lo he entendido mal, el señor presidente puede utilizar los tres minutos ahora o después, ¿no?—. Pues bien, la tercera cuestión es que nos parece incluso de mal gusto que se presente una reforma legislativa que deja la instrucción de los procesos penales en manos del Ministerio Fiscal en pleno juicio al Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno. Usted dice que está impulsando la mayor transformación de la Justicia en décadas; sin embargo, nos parece que es difícil justificar cómo se puede pretender una reforma histórica con un fiscal encausado y con la Fiscalía cuestionada. En todo caso —y esto lo desarrollaré más adelante con esos tres minutos que el presidente amablemente me va a ceder posteriormente—, nosotros negamos por la mayor. Lo que ustedes pretenden no es la mayor transformación, sino la mayor apropiación de la Justicia en décadas. No se pretende ninguna transformación histórica, porque de lo contrario habrían hecho una reflexión estructural sobre los déficits democráticos de la Justicia española que arrastra desde el franquismo. Pero esto se lo comentaré más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Simplemente una matización: no vamos a permitir en la sala alusiones concretas a miembros de la carrera judicial, y no constarán en acta afirmaciones tales como “la toga es nuestra”. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Republicano, la señora Vallugera.
Sí, buen día, presidente. Buenos días, presidencia. Buenos días, ministro, diputadas, diputados. Es un día difícil hoy porque no sé exactamente si empezaré contestando al ministro o al compañero de Junts. Y es interesante también porque quizás tendrían que comparecer aquí, en la sede parlamentaria, para explicarnos estas cosas tan extrañas, a base de plantarse; pero lo que es política lo veo complicado, y quizás deberían mirarse esta pasión por ser jardineros en lugar de ser políticos. Y esta otra pasión por disparar sistemáticamente contra un grupo que ha estado de acuerdo con la tramitación de la amnistía, en la que hemos puesto todo el corazón y todo el saber, de la que creo que somos artífices indispensables, y en la que no buscábamos solo el rédito para nuestros propios militantes, compañeros o líderes, sino que nos preocupaba sobre todo cómo quedaban los miles de personas que habían apostado por un proyecto político en el cual finalmente acabamos decepcionándolos, y por eso todavía no hemos pedido suficientemente perdón. No para nosotros mismos, que deberíamos haber liderado estos proyectos.
Por tanto, creo que la primera de las cosas que tenemos que hacer es explicar bien las cosas. Lo que hoy tenemos es un posicionamiento del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; esperemos la sentencia. Porque hace mucho que hay determinados juristas que comen palomitas y que dicen tener una bola de cristal y saber lo que va a pasar, pero luego no acaba ocurriendo. Y, por tanto, creo que nos debemos un poco al rigor en nuestras manifestaciones.
Dicho esto, dicho que yo estoy esperanzada y contenta con este posicionamiento, por descontado no soy capaz de hacer un discurso tan triunfalista, porque cada vez que el Estado español, de una manera u otra, acaba encontrando un resorte para desobedecer, para estar en rebeldía o para hacer lo que le parece conveniente para no aplicarlo. Déjeme hacerle otro comentario: ustedes pueden sacar de las sesiones lo que les dé la gana, pero pasa un poco como con la legislación; han cambiado los tiempos, la gente puede mirar esta retransmisión. Es absurdo que sigamos haciendo esta ficción. Si lo seguimos haciendo, nadie nos creerá.