Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión para la celebración de la comparecencia de la secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, a petición propia, para explicar las líneas generales de actuación de su departamento. Damos la bienvenida a esta sesión de la Comisión de Igualdad, en la que tenemos el honor de contar hoy con una compañera —me atrevo a decir de todas y todos—, como es la secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, María Guijarro. Para quienes hemos compartido con ella durante la pasada legislatura y la presente, resulta especialmente grato recibirla hoy de nuevo, ahora desde una perspectiva y una responsabilidad institucional. La señora María Guijarro, que hasta hace poco ejercía como diputada en este Congreso, asume una responsabilidad clave desde el Gobierno. Por lo tanto, conoce muy bien el trabajo que realizan sus señorías como parlamentarios y parlamentarias y, desde su nueva responsabilidad, podrá detallarnos las líneas generales de actuación de su departamento.
Su presencia hoy aquí representa una oportunidad valiosa para que podamos todas y todos dialogar, contrastar ideas y avanzar conjuntamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Hoy las palabras y propuestas que tantas veces hemos debatido en esta comisión pueden transformarse en acciones concretas y realidades palpables, gracias al compromiso y la responsabilidad que ahora ostenta la secretaria de Estado. Sin más, vamos a dar comienzo a esta sesión. El debate de la comparecencia se realizará de acuerdo con el siguiente desarrollo: en primer lugar intervendrá la secretaria de Estado, sin límite de tiempo; a continuación habrá un turno único de las y los portavoces de diez minutos, en orden de menor a mayor; y cerrará el debate la secretaria de Estado. Por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la señora doña María Guijarro Ceballos.
Muchas gracias, presidenta. Egunon, buenos días a todas y a todos. Antes de nada, me van a permitir que les diga que para mí es muy especial comparecer ante ustedes en esta casa, que es la de todas y la de todos, pero que también es la mía, como decía la presidenta; ha sido la mía durante seis años y hasta hace muy poco tiempo. Les reconozco que todavía siento los pasillos y las salas como propias. De la misma manera, les aseguro que es un honor para mí volver al Congreso y a esta comisión, de la que también fui miembro, para comparecer, como decía la presidenta, como secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Hace muy pocos meses asumí este cargo con mucho orgullo y con una enorme responsabilidad. Como feminista, soy muy consciente de lo que han supuesto y suponen las políticas públicas de igualdad para las mujeres y los hombres de este país, y también de la oposición feroz que afrontan por parte de algunos sectores que aprovechan cualquier ocasión para cuestionarlas: su significado, su validez, su utilidad y a quienes las impulsamos, las ponemos en marcha y, sobre todo, las defendemos. Voy a ser muy clara: en los últimos años hemos construido, entre todas y todos, un sistema de derechos y libertades que es referencia en el mundo.
Desde 2018 hemos subido el salario mínimo interprofesional; las subidas suponen en concreto un 61% desde 2018 y ustedes saben que las mujeres son más del 65% de quienes perciben esos 1.184 euros de salario mínimo. Gracias también a la reforma laboral, el contrato indefinido ha pasado a ser la regla y no la excepción, y han caído la rotación y la temporalidad; todo esto ha afectado especialmente a las mujeres. Hemos reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres, una brecha marcada, como bien saben, por los estereotipos, por la feminización de determinados sectores, por el hecho de ser madre, por la mayor precariedad o incluso por la infravaloración del trabajo de las mujeres. En los últimos años hemos llegado al 17% de brecha salarial, partiendo de un 22%. También hemos articulado medidas para garantizar la transparencia y la inspección de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Hemos superado por primera vez los 10 millones de afiliadas a la Seguridad Social y, en octubre, de hecho, hemos superado la serie histórica. Asimismo, hemos incorporado la perspectiva de género a la gestión empresarial a través de los planes de igualdad y del reconocimiento oficial de las empresas comprometidas con esta labor, con transparencia y con planes de igualdad obligatorios para empresas, como ustedes saben, de más de 50 personas, además del registro y la auditoría retributiva, tan importantes para la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
Estamos apostando también por políticas públicas de cuidados y corresponsabilidad. Como ejemplo, tenemos la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de menor a 19 semanas —32 en el caso de las familias monomarentales—. Asimismo, se han reconocido los permisos por fuerza mayor. El Plan Corresponsables opera como política de apoyo a la corresponsabilidad y de sensibilización sobre masculinidades positivas. Hemos defendido y legislado los derechos de las trabajadoras del hogar y hemos ratificado el Convenio 189 de la OIT.
Reformamos ya la Ley del aborto y vamos a seguir afianzando y asegurando ese derecho. Hemos aprobado leyes que luchan contra la discriminación y la desigualdad: la Ley Zerolo, la Ley LGTBI. Hemos aprobado la Ley de Paridad, de la que puedo decir con orgullo que fui una de las ponentes; una ley que aspira a que las mujeres accedamos en igualdad de condiciones a los puestos de liderazgo y de responsabilidad, es decir, a la toma real de decisiones en este país. Y también hemos aprobado legislación para seguir combatiendo la violencia contra las mujeres: la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y, obviamente, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que tanto trabajaron muchas de sus señorías. La igualdad entre mujeres y hombres es indispensable para la democracia, y la igualdad va indisolublemente unida a la libertad. Las mujeres no seremos totalmente iguales a los hombres hasta que no seamos plenamente libres. Cada vez estamos más cerca de ambas cosas gracias a quienes nos precedieron, gracias a las leyes, gracias a las políticas públicas de igualdad y gracias también a los valores y a los principios que rigen nuestro sistema. Pero todavía nos queda mucho por andar. La escritora Jane Austen, de la que en un mes, el 16 de diciembre, se cumplen 250 años de su nacimiento, decía: no es lo que decimos o lo que pensamos lo que nos define, sino lo que hacemos. Por eso estoy hoy aquí, ante ustedes, señorías, para dar cuenta de cómo queremos transformar las ideas en acciones que cambien y mejoren la vida de las ciudadanas y los ciudadanos a quienes todas y todos nos debemos.
Como bien saben, yo he accedido a esta responsabilidad con el mandato iniciado, con muchas cuestiones en marcha, con muchos equipos de trabajo ya en funcionamiento, y quería además aprovechar el momento para agradecer a todas y todos la labor que hicieron, que hacen y el compromiso con el que trabajan y con el que yo me he encontrado en el Ministerio. Todo lo anterior no impide que desde la Secretaría de Estado hayamos establecido prioridades, líneas de actuación que consideramos imprescindibles y que voy a intentar desgranar a lo largo de esta comparecencia.
Comprenderán, en primer lugar, señorías, que hay un asunto que debiera ser esencial y ocupar el primer lugar de nuestras preocupaciones: la violencia machista. Son ya 36 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, 1.331 desde que contamos con estadísticas. Los casos de violencia sexual se denuncian más por la mayor sensibilización. Aumenta la violencia digital, como todos ustedes saben, en las plataformas y en las redes sociales. No cesa la violencia que sufrimos todas las mujeres que estamos expuestas al público, sea cual sea nuestra profesión, porque esta violencia tiene además una intención clarísima: es un mensaje disuasorio a todas las mujeres que aspiramos a ocupar espacios de poder y a tomar decisiones. Es una violencia, diría, disciplinante, porque pretende que las mujeres volvamos al silencio y al ámbito privado. Y la violencia machista no es una lacra; la violencia machista es un mal estructural y endémico que arrastran las sociedades patriarcales. Y todas las sociedades lo son, todas. Todas las estructuras sociales y sus organizaciones son, de una manera u otra, machistas. La diferencia está, como siempre, en cómo se reacciona desde dentro y en la voluntad de cambiarlas. No podemos seguir permitiéndonos que las mujeres, por el hecho de serlo, vivamos con miedo. El miedo es uno de los factores determinantes de la falta de libertad y, como les decía anteriormente, sin libertad no hay igualdad.
Por eso, el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace unos meses por todos ustedes, a excepción de la ultraderecha, es de vital importancia y nos implica a todas: a las administraciones, a las organizaciones, a la sociedad civil. Hemos pactado, como saben ustedes, pasar de 290 a 461 medidas que profundizan en algunas cuestiones y suman otras nuevas, como la violencia digital, la violencia económica y la violencia vicaria, en la que después me detendré. Permítanme un breve comentario: hace no tantos años no nos habríamos detenido en la violencia digital y, sin embargo, ahora es una de las cuestiones que más nos preocupan. Es una violencia que en muchas ocasiones se escuda en el anonimato y también en la complicidad de las plataformas digitales, hay que decirlo, y además tiene una incidencia muy preocupante.
…entre las personas jóvenes. La violencia que se ejerce en el ámbito digital es tan dañina como cualquier otra y no podemos permitirnos que quede impune. Una parte fundamental está, por supuesto, en la concienciación sobre sus implicaciones, y nosotras pensamos que en ello hay que incidir e insistir. Ya venimos haciéndolo con campañas de sensibilización. Este último verano impulsamos otra campaña en este sentido en la que poníamos el acento en que más del 73% de las mujeres que acceden a Internet han sufrido, de una u otra manera, violencia digital.
Así que, visto lo anterior, es un hecho indiscutible que la violencia ha ido transformándose y adaptándose a los nuevos tiempos, y eso nos obliga a transformarnos y adaptarnos para combatirla. De ahí la renovación del Pacto de Estado y el consenso casi total que quiero agradecerles una vez más, muestra de que, cuando existe voluntad política, es posible llegar a acuerdos de país.
Dentro del Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género le competen, como ustedes saben, las cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres. Quiero destacar los esfuerzos de la Delegación y del Ministerio en su conjunto por seguir profundizando, por seguir trabajando en este tema que, como les decía, debería ser la principal preocupación de todas y todos los aquí presentes.
Nosotras, y desde la Delegación también, trabajamos permanentemente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con profesionales, con la sociedad civil, con administraciones de todos los niveles y con instituciones para reforzar el sistema de protección a las víctimas y para buscar las vías más eficaces que nos ayuden a erradicar la violencia machista. Este es un cometido que atañe a un gran número de agentes sociales y en el que la coordinación es imprescindible para lograrlo. Un caso paradigmático lo tenemos en ATENPRO, que es este centro de referencia que vamos a abrir en los próximos meses en la localidad madrileña de Alcorcón.
Miren, disponemos de herramientas y de servicios para proteger a las víctimas; son absolutamente vitales, en el sentido más literal del término, se han construido con mucho esfuerzo, cuentan con profesionales y con un compromiso fuera de toda duda. El deber que tenemos las administraciones es seguir invirtiendo, seguir mejorando y seguir cuidando de todo ese sistema y de quienes forman parte de él. No podemos frivolizar con el miedo de las víctimas; es una enorme irresponsabilidad.
Quiero asegurarles que nos hemos tomado muy en serio, muy en serio, las incidencias técnicas que se produjeron en 2024 en el sistema COMETA, y también la que se ha producido esta semana, el martes en concreto, de la que el Ministerio de Igualdad informó con prontitud y transparencia. Prueba de que nos lo hemos tomado en serio es que ya se ha activado el cauce para realizar la investigación que anunció la ministra Redondo. Tenemos plena confianza en que va a servir para seguir mejorando. Y, como saben bien, la tecnología avanza y nosotras y las administraciones tenemos que avanzar con ella.
Quiero insistir en algo que han dicho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y también la ministra Redondo cuando han comparecido en estas Cortes: no nos vamos a cansar de repetirlo, las víctimas han estado protegidas en todo momento. Y cuando la tecnología falla —y esto puede suceder, señorías, porque no es infalible— se activan los protocolos existentes para protegerlas. Se avisa a las víctimas y se pone la situación en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que refuercen su protección. La tecnología puede fallar en algún momento, pero los protocolos no.
Para seguir mejorando también en la protección de las víctimas de violencia machista, contamos con un instrumento muy valioso que ustedes, señorías, conocen bien: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero no basta con su renovación; ahora es necesario su desarrollo. Y parte de ese desarrollo tiene que ver con el trabajo legislativo que en los próximos meses no solo va a abarcar medidas referidas a la violencia contra las mujeres, sino que va a ir más allá. En esto, como no puede ser de otra manera, será fundamental también el trabajo de los grupos políticos en esta Cámara, con los que esperamos contar.
Sobre la violencia vicaria.
Se ha convertido en una de las grandes preocupaciones derivadas de la violencia de género y por eso hemos querido trabajar un texto consistente que, tras su debate en las Cortes, refuerce la protección de las mujeres, de sus hijas e hijos y de sus familiares cercanos. Es una de las violencias más crueles dentro del espectro de la violencia de género y con esta ley queremos dar respuesta al interés social que ha despertado, así como ofrecer salida y apoyo a quienes la sufren. Actualmente estamos en la fase de examinar las aportaciones y sugerencias que han llegado a través del proceso de consulta pública y que nos sirven para seguir nutriendo ese anteproyecto de ley. Las hijas y los hijos lo saben, y espero que lo compartan: no pueden ser rehenes del maltratador, y esta ley coloca su seguridad y su bienestar por encima del vínculo del agresor.
Además, estamos avanzando en dos desarrollos normativos que constituyen la base del camino hacia la abolición de la prostitución en España, una de las formas más extremas de violencia y desigualdad sobre las mujeres, las adolescentes y las niñas. Necesitamos un cambio cultural profundo en este país sobre este asunto. Esta forma de violencia extrema se nutre de una inmensa mayoría de mujeres procedentes de regiones geográficas del sur global, con condiciones de vida que no les permiten la libre elección; mujeres sobre cuya vulnerabilidad se ciernen mafias y redes de trata y de prostitución. Un sistema prostitucional que las explota y en el que sobreviven con el único objetivo de que ellas y sus familias puedan salir adelante. Porque, en esto me van a permitir, no hay perfiles: lo que hay son situaciones. Situaciones de pobreza, de desafección, de falta de oportunidades, en otras ocasiones.
Por un lado, estamos impulsando la ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que actualmente está en fase de segunda vuelta en el Consejo de Ministras y Ministros. Esta ley de trata va a ser un texto contundente y extenso que requiere de la coordinación entre varios departamentos ministeriales para abordar la trata desde un enfoque amplio, y que conjuga la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de las entidades especializadas. Queremos dar prioridad al interés de las víctimas, que son quienes sufren las consecuencias de la trata. Buscamos prevenir y combatir todas las formas de trata, con especial atención a la explotación sexual, y reforzar la protección y la reparación de las víctimas.
Al mismo tiempo, estamos trabajando en una ley abolicionista del sistema prostitucional que nos permitirá, por fin, terminar con la esclavitud sexual de una vez por todas. Nuestro objetivo es erradicar la explotación sexual y avanzar hacia un modelo abolicionista inspirado en el enfoque nórdico, pionero y referente, y en la legislación francesa aprobada en 2016. Decía la antropóloga francesa Françoise Seguitier que decir que las mujeres tienen derecho a venderse es enmascarar que los hombres tienen el derecho a comprarlas. Vamos a abordar la tercería locativa, que no penaliza a las víctimas sino a quien compra el cuerpo de las mujeres. Queremos salidas sociales, vivienda, formación, empleo, apoyo psicológico y acompañamiento estable para las mujeres que salgan del sistema prostitucional.
Queremos perseguir la prostitución digital, el proxenetismo digital, porque sabemos que es un negocio estructurado, con un sistema repugnante de validación y reputación entre compradores sobre las mujeres, que premia prácticas de riesgo como la sumisión y el sexo sin protección, y que las cosifica hasta el punto de condicionar los precios en función del supuesto rendimiento o apariencia. Por supuesto, es un mercado que opera con grandes beneficios económicos para las plataformas que se lucran haciendo creer que empoderan, que son modernas y cool, y que, en realidad, se sirven de la difusión cultural de la explotación sexual. De nuevo debemos hablar de la libertad de las mujeres, que nunca es tal, nunca es tal.
si viene marcada por un intercambio económico. No todo está en venta, mucho menos los cuerpos y la dignidad de las mujeres. Dice la filósofa Ana de Miguel, que resume bien por qué este tema nos interpela: casi siempre que alguien se plantea el tema de la libre elección de las mujeres es para acabar hablando de la libertad de las mujeres para prostituirse. Así que, por lo menos, es sospechoso. Yo pediría sacar algunas conclusiones sobre esto.
También, dentro de este trabajo legislativo, de este intenso trabajo, vamos a regular por fin, por fin, la profesión de agentes de igualdad, una cuestión que se viene reclamando desde hace mucho tiempo por las entidades sociales y que debe ser reconocida y dignificada. En este caso, estamos en el proceso de examinar las aportaciones que ya han llegado a través de la consulta pública; ya se ha cerrado esa consulta pública. Les diré que han sido numerosísimas: han sido más de 200 las aportaciones sobre este tema y, por cierto, me gustaría aprovechar para agradecer a todas las personas, organizaciones y entidades que contribuyen con su conocimiento y experiencia en estos procesos, porque nos ayudan siempre a mejorar los textos y a tener en cuenta muchas circunstancias de las que, de otro modo, quizá no seríamos tan conscientes. Así que, nuestro agradecimiento.
Creo que todas estas cuestiones nos interpelan no solo como representantes públicos, sino también como ciudadanas y ciudadanos, y, como se puede comprobar, todas ellas están vinculadas de una u otra forma a la violencia y al auge de los discursos de odio, motivados por una reacción absolutamente antifeminista y contra la diversidad, liderada por la ultraderecha. El ataque sistemático a las mujeres, a las personas LGTBI+, a las personas migradas, a las personas racializadas, constituye una amenaza cada vez menos velada a nuestra democracia. Vamos a estar especialmente vigilantes desde el Ministerio de Igualdad y vamos a tomar medidas ante esta violencia, en especial en lo que tiene que ver, como les decía, con el ámbito digital. Pero no podemos poner el foco solo en quienes profieren y difunden discursos de odio, sino también en quienes, pudiendo ejercer de cortafuegos, miran hacia otro lado. Los derechos y las libertades nunca, nunca pueden ser objeto de negación ni de trueque, porque eso pone en jaque a la democracia misma.
Y precisamente por eso nos empeñamos en blindar el derecho al aborto en la Constitución, porque, existiendo y estando reconocida constitucionalmente la libertad de las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo, les resulta imposible ejercerla y acceder a esta prestación sanitaria en el ámbito público. Han pasado 40 años, 40 años desde la primera ley del aborto, y 50 años de España en libertad. Esta es la clave de la reforma constitucional que proponemos desde el Gobierno: consiste en modificar el artículo 43 de la Constitución para añadir un nuevo apartado que garantice la prestación en condiciones de igualdad efectiva. Necesitamos, en esta coyuntura, garantizar el derecho prestacional al aborto. Hay administraciones autonómicas que están desobedeciendo deliberadamente las leyes de las que nos hemos dotado. No se están oponiendo a un Gobierno perfectamente legítimo, sino a la decisión y voluntad libre de sus ciudadanas de ejercer un derecho reconocido hace 40 años. Y se están oponiendo a la libre elección política del conjunto de la sociedad que, a través de sus representantes en este Parlamento, decidió qué leyes y qué normas rigen sus vidas. Decidir que hay leyes que no se aplican porque no nos gustan, sinceramente, no es democrático; es más bien una muestra de alejamiento de la realidad. Y también demuestra lo poco importante que es para algunas y algunos el bienestar de la ciudadanía y que las mujeres tomen, tomemos, decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos, y que estas vayan acompañadas de un acceso a una atención sanitaria gratuita, pública y de calidad. Y eso no debería ser una amenaza. No hay neutralidad posible entre los...
Hablamos de los derechos de las mujeres y del retroceso de esos derechos. O se está con las mujeres y con el feminismo, o se está en contra de la igualdad. Y he de decirles que tenemos muy presente el bienestar de la ciudadanía que necesitamos en este país y que nos encaminamos hacia una sociedad en la que los cuidados van a ser fundamentales.
Como ustedes saben, el Ministerio de Igualdad puso en marcha en 2021 el Plan Corresponsables, que depende directamente de la Secretaría de Estado. Hasta la fecha se han invertido más de 900 millones de euros y se ha prestado servicio a más de 800.000 familias. Contamos, además, con un hub de datos que comenzó a funcionar en 2023 y que nos aporta información cada vez más precisa facilitada por las comunidades autónomas: se han desarrollado aproximadamente 7.000 proyectos, se han creado 44.000 empleos y se ha formado a 76.000 personas. Y, como les digo, esto es solo desde 2023; hasta la actualidad apenas contamos con dos años de recogida de datos, que arrojan, a mi juicio, cifras significativas de impacto, porque hay que medir el impacto y estas son las cifras disponibles.
Se trata de una política pública pionera y absolutamente transversal, que promueve la corresponsabilidad en los cuidados de menores hasta los 16 años. Lo que queremos es avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres en el reparto de los cuidados, pero también en la carga mental que conllevan. Este plan cumplirá cinco años el próximo año, ha favorecido la cooperación institucional entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y ha profundizado el compromiso de las instituciones con la igualdad y la corresponsabilidad. Son muchos y muy variados los casos de medidas exitosas, y nos estamos esforzando para que los contenidos estén cada vez más alineados con los objetivos de la política pública.
En materia de cuidados, desde el Ministerio de Igualdad participamos en la Alianza Global para los Cuidados y, de hecho, impulsamos junto a la Alianza y la Diputación de Sevilla el primer Pabellón de los Cuidados. Acogimos conferencias, exposiciones y actividades en paralelo a la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla los primeros días de julio. Además, hemos impulsado, con otros ministerios, la Declaración Institucional del Día Internacional de los Cuidados y Apoyo, que tuvo lugar el pasado 29 de octubre.
Nuestra sociedad, como otras de nuestro entorno, ha de atender lo que suponen y lo que van a suponer en pocos años los cuidados, con todo lo que conllevan respecto a las personas cuidadoras, a las cuidadas y también a quienes deciden no cuidar. Es sobradamente conocido que han sido y siguen siendo las mujeres las encargadas de estas tareas, muchas veces en condiciones muy precarias, con dobles y triples jornadas, con escaso tiempo para el ocio y con una enorme carga mental. Y, sin embargo, las tareas de cuidado son imprescindibles para la economía y para el sostenimiento de las familias. No podemos pasar por alto esta cuestión; por ese motivo, el compromiso del Ministerio y de esta Secretaría de Estado para seguir avanzando en esta materia es absolutamente firme. Hemos de dignificar y visibilizar los cuidados y, para ello, estamos convencidas de que tenemos que trabajar para incorporar a los hombres a esta causa; en realidad, a esta y a todas las que tienen que ver con la igualdad. Los hombres son aliados imprescindibles y su compromiso es clave.
Estamos trabajando en esa línea a través de actividades y campañas. Recientemente hemos puesto en marcha la campaña “Por Huevos”, que apela a una masculinidad positiva, libre de los roles tradicionales que el género impone también a los hombres. El sujeto principal del feminismo somos las mujeres; está claro. Pero ellos deben ser también parte de la solución. Tienen que ser conscientes de sus privilegios, de su protagonismo en todas las manifestaciones de la violencia machista y en las desigualdades de género. Por eso consideramos que los hombres deben implicarse; debemos implicarlos como parte de la solución. Porque la realidad es que el género también a ellos les constriñe y los ha situado tradicionalmente mucho más cerca del problema que de la solución.
que ha llegado el momento también de romper esas barreras. Y, sumado a lo anterior, en lo que respecta a la igualdad entre mujeres y hombres, el Instituto de las Mujeres es una gran referencia desde su creación en 1983. Permítanme que me detenga un momento para reconocer a Carlota Bustelo, primera directora del Instituto, fallecida el pasado 16 de octubre, que deja una impronta imborrable para el feminismo. El Gobierno le ha concedido recientemente la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. También debo mencionar a Ana Valletó, que, como Bustelo, fue igualmente diputada en esta casa y nos dejó pocos días después, el 24 de octubre. Ambas representan el esfuerzo y la lucha de las mujeres por formar parte del espacio público y abrir caminos para todas las que seguimos sus pasos. Como hemos dicho en otras ocasiones, caminamos sobre hombros de gigantas, sobre las huellas de quienes construyeron espacios de la nada para que todas, absolutamente todas, podamos disfrutarlos.
Como les decía, el Instituto de las Mujeres ha existido desde 1983 sin interrupción, bajo gobiernos de todo signo, y es un organismo clave en los avances hacia la igualdad real y efectiva en nuestro país. Hablamos de un baluarte reconocido desde la generación de conocimiento, la realización de actividades y su capacidad de permeabilidad social, gracias a años y años de trabajo conjunto con entidades y organizaciones feministas. Por ejemplo, los Premios Celia Amorós, celebrados la semana pasada, que reconocen ensayos feministas y ciencia social basada en el feminismo y que nos ayudan a seguir avanzando desde la academia; los distintivos que reconocen la igualdad en la empresa; la presentación de informes y trabajos científicos; la elaboración de diagnósticos y estudios; acciones para favorecer el emprendimiento femenino; iniciativas para promover la presencia, tan necesaria, de las mujeres en los ámbitos deportivo y cultural; el trabajo en el medio rural, de la mano de las propias mujeres rurales; o el trabajo dentro de la Administración General del Estado, con el seguimiento de los planes de igualdad y ejerciendo, además, una labor de asesoramiento e impulso de toda la legislación con perspectiva de género.
El Instituto de las Mujeres impulsa, asimismo, proyectos tan necesarios como la coeducación; la representación de las políticas públicas de igualdad españolas en organismos internacionales; el seguimiento de la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos y, cómo no, del cumplimiento de la ley de paridad, mediante la colaboración fluida con los organismos implicados en esta materia; así como programas de formación y capacitación, acciones de sensibilización y colaboración con empresas. Estos son algunos ejemplos de cómo el Instituto de las Mujeres ha sido, es y, estoy segura, seguirá siendo clave para la igualdad entre mujeres y hombres.
Me gustaría referirme también a las otras direcciones y órganos del Ministerio de Igualdad: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI, que ha desarrollado un trabajo intenso, centrado —como bien indica su denominación— en la igualdad de estas personas y en estudiar y combatir la discriminación contra ellas. Este año, además, ha sido un año de conmemoración: se han cumplido dos décadas de la aprobación del matrimonio igualitario en España. Fuimos el tercer país en aprobarlo y, no hay que olvidarlo, lo hicimos regulando también la adopción para las parejas del mismo sexo. Aquello fue un hito, un gran avance que suponía nada más y nada menos que la equiparación de derechos para toda la ciudadanía; algo tan sencillo como que una parte de la sociedad dejara de ser considerada ciudadanas y ciudadanos de segunda. Y lo dijo bien el presidente Zapatero en 2005: una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Los veinte años transcurridos desde entonces merecen ser celebrados. Desde la Dirección General se han conmemorado con actos públicos y una exposición itinerante que ya está recorriendo todo nuestro país. El matrimonio igualitario fue una conquista que nos hizo mejores, que nos convirtió en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria.
Y en el ámbito de la igualdad dentro de la familia, hemos avanzado también en lo que tiene que ver con la filiación de las hijas e hijos de parejas de mujeres lesbianas no casadas, una reivindicación que se ha solucionado gracias a una instrucción.
La lucha contra la desigualdad sigue muy presente y por eso seguimos trabajando, tejiendo redes con entidades y generando estrategias que nos permiten impulsar el desarrollo de las leyes en materia de derechos LGTBI+. En este sentido, el pasado mes de julio se aprobaron en Consejo de Ministras y de Ministros la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y la Estrategia Estatal para la Inclusión Social de las Personas Trans. En el desarrollo de estas estrategias, la colaboración territorial es imprescindible y, por este motivo, antes de pasar por Consejo de Ministras y de Ministros, las debatimos en la Conferencia Sectorial de Igualdad. De hecho, esta fue, en mi caso, la primera conferencia sectorial a la que asistí como secretaria de Estado.
Estos pasos no habrían sido posibles, estoy segura, sin un proceso participativo previo en el que intervinieron representantes de distintos departamentos ministeriales, de comunidades autónomas, de municipios, organizaciones sindicales y empresariales, así como personas del mundo académico. Y en lo que respecta a la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI+, les anuncio que presentaremos este mismo diciembre un estudio sobre el sexilio, es decir, el abandono por parte de las personas LGTBI+ de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, fenómeno que se da especialmente en zonas rurales. También vamos a estar vigilantes ante los recortes de las leyes autonómicas que están intentando perpetrar en algunas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, y no necesariamente por la presión de la ultraderecha. El abrazo de los discursos de odio nos preocupa, sobre todo cuando se convierten en recortes de derechos. Por eso creemos que es tan importante la subcomisión creada en esta Cámara y el informe que de ella salga. Lo es para el Ministerio de Igualdad, y me consta que también para las organizaciones sociales que lo están esperando, porque puede servirnos como termómetro y como guía tanto en lo que respecta a los derechos LGTBI+ como a los de otros grupos poblacionales.
En lo que concierne a la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y en contra del racismo, creo que todas y todos vamos a coincidir en que, desgraciadamente, la presión y el señalamiento a personas por razón de su origen racial o étnico se han incrementado exponencialmente en los últimos años, fruto en gran medida de los discursos de odio extendidos por la extrema derecha. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como la Ley Zerolo, nos ha dotado de un marco para prevenir y luchar contra la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, edad, orientación sexual o enfermedad. Incorporó también el antigitanismo y la aporofobia, y es, en definitiva, una ley que va a la raíz de las discriminaciones, que las aborda de una manera absolutamente transversal e interseccional. Con este paraguas normativo estamos desarrollando la Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación e impulsando la Ley contra el Racismo. En esta ley vamos a seguir trabajando a través del CEDRE y en grupos de trabajo con entidades y organizaciones sociales, generando redes que nos ayuden a combatir la discriminación en todos los ámbitos.
Por cierto, la Ley Zerolo recogía en su título III la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas y en los ámbitos de competencia del Estado, tanto en el sector público como en el privado, según se establece literalmente en el artículo 40 de esta ley. Como bien saben, la persona que encabeza la Autoridad Independiente es María Teresa Verdugo, quien es fiscal especializada en delitos de odio y contra la discriminación; compareció en esta Cámara Legislativa y también en el Senado; fue nombrada formalmente hace unos meses —así cumplimos el mandato normativo al que acabo de hacer referencia— y en estos momentos estamos ultimando la configuración de su estatuto.
Por concluir con esta parte, quisiera recordar que este es un año en el que se cumple también el 600.º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica y han sido numerosos los eventos y las acciones promovidos desde la Dirección General. El más reciente tuvo lugar el pasado 5 de noviembre, cuando homenajeamos a mujeres gitanas que han contribuido de manera extraordinaria al avance social, cultural y comunitario de su país, de nuestro país. Y este año, además, se han unido varios hitos y fechas simbólicas.
Además de las que ya acabo de nombrar. En este aspecto, tanto la Secretaría de Estado como el Ministerio hemos unido fuerzas con la comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad en varios actos. Por ejemplo, el Instituto de las Mujeres y la comisionada organizaron en Granada, enmarcado en las actividades del 8M, un reconocimiento al movimiento feminista a través de un encuentro intergeneracional. Tenemos previsto en fechas próximas un gran acto de reconocimiento a esas mujeres que pasaron por el mal llamado Patronato de la Protección a la Mujer. También vamos a celebrar en los próximos meses un encuentro con las impulsoras del Movimiento Democrático de Mujeres, que tan importante y significativo fue durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición y de la democracia. Y, finalmente, como saben, va a declararse también lugar de memoria democrática la colonia agrícola de Tefía, en Fuerteventura, que fue durante la dictadura un centro de represión de las disidencias sexuales.
Y todo lo anterior no solo forma parte de los principios y de los valores que defendemos y que reivindicamos, sino de lo que somos como país. Un país diverso, un lugar de encuentro, un espacio de acogida. Fuimos un país de emigrantes, ahora los recibimos. Fuimos un país de refugiados y refugiadas y ahora somos refugio y a mucha honra. Somos la esperanza de muchas personas que confían en nuestro sistema de bienestar, del que forman parte nuestras políticas de igualdad, nuestras políticas igualitarias y de diversidad, porque son políticas que contribuyen a mejorar la vida de la gente, a que todas y todos nos sintamos queridas y queridos, con valor, dentro de la sociedad de la que formamos parte. Esto también es cuidar de la ciudadanía: no dar la espalda al diferente, sino respetar, abrazar y valorar la diversidad dentro del marco de la igualdad.
Y no nos engañemos, lo sabemos, la gestión de la multiculturalidad y de la diversidad no es sencilla; al contrario, no voy a hacer un discurso buenista —si me conocen saben que no los hago en este sentido—, pero sí quiero remarcar la complejidad de llevar a cabo políticas públicas en esta materia, que deben hacerse desde el conocimiento experto y el realismo para ser eficaces, para procurar una igualdad real y efectiva y para eliminar la violencia en todas sus formas.
Y en esa búsqueda de la igualdad plena, en el afán de ponerle freno a la violencia, quisiera recordarles que también en el Ministerio de Igualdad estamos en permanente escucha. En este aspecto quiero poner en valor la atención que se da a la ciudadanía a través del 016, de sobra conocido por todos y por todas, dedicado a atender casos y situaciones de violencia machista. También quiero mencionar el 021, que atiende a víctimas de discriminación étnica o racial, y el 028, que atiende cuestiones en materia de derechos LGTBI+ y de delitos de odio y de LGTBI-fobia. La atención que se ofrece a través de estos servicios va más allá del asesoramiento en sentido estricto. Les diría que constituye, en mi opinión, un punto de referencia para las personas que se dirigen a ellos; en muchas ocasiones, también un asidero emocional para las problemáticas que comparten con los equipos que las atienden.
Tengan en cuenta que son miles las interacciones que se producen en cada servicio a través de los distintos medios habilitados. Hay llamadas telefónicas, correos electrónicos y, en algunos casos, también comunicación online o vía WhatsApp. Y les voy a dar algunos datos para que vean el impacto de estos teléfonos. En 2024, el 021 atendió 5.776 llamadas, 568 mensajes de WhatsApp y 245 consultas a través de formulario web y correo electrónico. El 028, durante 2024, atendió 9.975 llamadas, 1.137 chats y 793 correos electrónicos. El 016, en 2024, atendió 152.563 llamadas, 11.388 mensajes de WhatsApp, 1.680 consultas por correo electrónico y 13.786 mediante chat online.
Así que yo creo que es incuestionable que la ciudadanía hace uso de estos servicios porque confía en ellos. De manera que, cuanto mayor sea el conocimiento sobre su utilidad, mayor será también el número de personas a las que atender, orientar y ayudar. Y el ejemplo del 016 es el mejor para comprobar que la gente lo usa porque lo reconoce. Es el servicio más longevo de los mencionados; se creó en 2007.