Congreso de los Diputados - Políticas Integrales de la Discapacidad - 13 de noviembre de 2025

Buenas tardes. Se abre la sesión. En el orden del día figura la comparecencia de doña María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y directora del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, quien nos informará sobre su contenido y sus conclusiones. Para una mejor ordenación del debate, les informo de que intervendrá, en primer lugar y por un tiempo de veinte minutos, la compareciente; a continuación, por un tiempo de cinco minutos, las y los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, que deseen intervenir. Seguidamente contestará la compareciente y, si fuera necesario, tendrá lugar un segundo turno de intervenciones por un tiempo máximo de tres minutos. Bienvenida, señora Romero Ródenas, y, cuando quiera, puede comenzar su comparecencia por un tiempo de veinte minutos. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, vicepresidenta. Antes de nada, permítanme decirles que es un verdadero honor estar hoy aquí, en el Congreso de mi país, en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para hablarles del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, un libro blanco no al uso, en cuya elaboración hemos participado más de treinta personas expertas —académicas, científicas— y los agentes sociales, para elaborar, con carácter propositivo, un conjunto de propuestas y recomendaciones.

Medidas tendentes a reformar y actualizar el marco normativo de la discapacidad y el empleo en nuestro país. Marco normativo que en muchas ocasiones data de hace 50 años, en otras se ha reformado muy discretamente y no está en consonancia con los parámetros de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, con el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, reformado en febrero de 2024. El Libro Blanco persigue, grosso modo, dos objetivos. El primero de ellos, como he dicho, es dar a conocer las necesidades de reforma del marco legislativo desde una visión interdisciplinar, porque los expertos que han participado no solo son juristas, sino también sociólogos y economistas; además, participan los agentes sociales. Por ello, la visión del Libro Blanco es global y transversal, y enriquece la materia de la discapacidad en todas sus dimensiones, a través de medidas innovadoras, correctoras e integradoras. Como he señalado, hay muchos libros blancos, pero este no es un libro blanco al uso. Publicado y presentado en julio de 2023, cumple una obligación establecida en normas de carácter multinivel, como son la Estrategia Española de Apoyo al Empleo, la Estrategia Española de la Discapacidad y también la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 1/2023, que insta a la existencia de este Libro Blanco para que el Gobierno, en el marco de las medidas propositivas del estudio, establezca las iniciativas legislativas oportunas para ordenar e impulsar, con carácter general, programas de empleo a favor de las personas con discapacidad. Es verdad que hemos avanzado mucho: hemos abandonado la perspectiva asistencial de la discapacidad y nos adentramos en la perspectiva del disfrute y reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales de las personas con discapacidad en el mismo plano que el resto de la ciudadanía. En los minutos de que dispongo señalaré algunas propuestas y conclusiones, si bien un trabajo de más de mil páginas requiere más tiempo para ser expuesto con detalle y profundidad. En primer lugar, es necesario impulsar desde el Gobierno de España un cambio del modelo regulador del fomento del empleo de las personas con discapacidad, más coherente con una sociedad del siglo XXI y con la realidad social, cultural, tecnológica y demográfica de las personas con discapacidad. Esta combinación de políticas flexibles debe llevarnos a entender que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, y no a cualquier trabajo, sino a un trabajo significativo, como señala la Observación General núm. 8 de la Organización de las Naciones Unidas: un trabajo significativo, digno y con derechos, igual que el de las personas sin discapacidad. Abandonemos también la idea que subyace en algunas instituciones, entidades y empresas del capacitismo. Dentro del colectivo de personas con discapacidad existen discriminaciones basadas en percepciones capacitistas sobre el tipo de discapacidad; debemos abandonar ese criterio. El diseño del marco normativo, como he indicado, debe respetar el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: el trabajo para las personas con discapacidad es un derecho. Debe asimismo respetar el artículo 15 de la Carta Social Europea. Ambos son tratados internacionales ratificados por nuestro país y, por tanto, ese elemento de humanización de las personas con discapacidad encuentra su reflejo en el empleo, en el derecho al trabajo en condiciones dignas y con salarios dignos.

Desde luego, hemos avanzado: tenemos la Ley 3/2023, de Empleo, cuyo artículo 50 prevé la atención prioritaria a determinados colectivos. En él se incluyen las personas con discapacidad, en sus diferentes grados. Hay que activar reglamentariamente los programas que impliquen una activación e inclusión laboral en los mecanismos ordinarios de empleo. Cuando hablo de mecanismos ordinarios no me refiero al empleo protegido, que también es una de las cuestiones que afectan a la discapacidad. Hoy en día la discapacidad, mayoritariamente, es sobrevenida y, además, en edad de trabajar. El porcentaje de personas en desempleo con discapacidad es enorme. No traigo las estadísticas porque el Libro Blanco, como he dicho, cerró en el año 2023 y no me parecía correcto traer las estadísticas actuales para centrarme exclusivamente en dicho Libro Blanco. Además, no solo existen altas tasas de desempleo, sino que uno de los elementos importantes es la inactividad de las personas con discapacidad: aquellas personas que, queriendo trabajar, no pueden hacerlo y, si lo hacen, tal y como está configurado el marco normativo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tienen que optar entre recibir la prestación —ya sea contributiva o asistencial— o el salario del trabajo. Otra cuestión importante es abordar el carácter prelaboral. Muchas personas con discapacidad carecen de formación, y esta debe ser permanente durante toda la vida. Una preselección y una preformación deben iniciarse en las etapas más tempranas de la vida laboral. Trabajo decente, empleo significativo, salarios dignos; esto es, salarios ajustados al salario mínimo interprofesional en función de la jornada laboral. También me gustaría hacer referencia a dos cuestiones que en el Libro Blanco se repiten en diferentes capítulos. Es muy urgente reformar dos reglamentos. Uno de ellos es el Real Decreto 1368/1985, que regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en centros especiales de empleo. Ya el término es hiriente —el término “minusválidos” fue abandonado hace tiempo— y no es acorde con el de “persona con discapacidad” que se reconoce en el artículo 49 de la Constitución. Hablamos, en definitiva, de la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, cuyo propio título debería actualizarse. ¿Por qué digo que es urgente? Porque va en contra de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no respeta el Estatuto de los Trabajadores. Todavía existe un artículo en ese reglamento que penaliza, excluye y permite despedir a trabajadores con discapacidad que no asisten de forma justificada a su puesto por motivos de salud, probablemente en razón de su discapacidad. Ese despido no justificado del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores se derogó en 2020 y, sin embargo, sigue apareciendo en un reglamento de hace más de cuarenta años. Además, se derogó atendiendo a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Ruiz Conejero, y sin embargo las ausencias al trabajo justificadas de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo siguen previstas en el artículo 16. Creo que es urgente reformar este reglamento, eliminando artículos ultra vires y discriminatorios, porque dentro de su articulado también está la previsión de un “contrato de bajo rendimiento”, previsto exclusivamente para las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, sin atender a la normativa general existente.

De ajustes razonables. ¿Qué ocurre? Los ajustes razonables no son posibles en los centros especiales de empleo y se hacen contratos de bajo rendimiento. Estos contratos de bajo rendimiento, como se pueden imaginar, rondan la desigualdad y la discriminación. A su vez, también existe otro reglamento coetáneo a su reforma, que es el reglamento orgánico de los centros especiales de empleo, que data de 1985 y que debe ser reformado, como en reiteradas ocasiones se ha puesto de manifiesto en el Libro Blanco. Los centros especiales de empleo deben cambiar de denominación, y así lo señalamos en el Libro Blanco atendiendo al apartado 15 de la Observación general número 8, a la que he hecho referencia, de la Organización de las Naciones Unidas, porque se indica que dichos centros, en el siglo XXI, deben enmarcarse en la economía social. Se debe desincentivar gradualmente la existencia de centros especiales de empleo que no sean públicos ni pertenezcan al ámbito de la economía social. No se puede negociar ni mercantilizar el trabajo de las personas con discapacidad en estos centros. Impulsar la participación en el mercado ordinario es importantísimo, y también es necesario porque este mes de noviembre expira el plazo de seis meses que establece la disposición final tercera de la Ley 2/2025. Esta ley es posterior al Libro Blanco, pero ya lo manifestamos: es necesario establecer herramientas, instrumentos, un marco normativo que permita compatibilizar las prestaciones de las personas con discapacidad con el trabajo. Existen mecanismos como límites de ingresos o la reducción del tiempo de trabajo, pero la realidad es que, ante la incompatibilidad manifiesta entre trabajo y prestación de discapacidad, la persona con discapacidad se ve disuadida de incorporarse al empleo ordinario. Creo también que es muy importante establecer cuatro medidas vinculadas con el empleo de las personas con discapacidad en el mercado abierto. La primera, modificar la cuota de reserva. La cuota de reserva para las personas con discapacidad es muy baja y llevamos ya muchas décadas así: solo alcanza al 2% de las empresas. En el Libro Blanco hemos realizado un estudio de derecho comparado y sería importante unificar el porcentaje para las empresas en términos similares a Italia, Francia o Alemania y, además, reducir el umbral de trabajadores exigido para activar la reserva de puestos. Actualmente son 50 o más trabajadores; en Italia, por ejemplo, el umbral es de 25. En segundo lugar, reformar las medidas alternativas, evitando que se conviertan en una vía de desincentivo del empleo; establecer su excepcionalidad y temporalidad, y, sobre todo, fijar un marco regulador que sancione a las empresas que incumplan la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. Procede también —y creo que es una asignatura pendiente del Gobierno— establecer reglamentariamente qué se entiende por ajustes razonables y qué constituye carga excesiva, y dar un papel relevante a la negociación colectiva para que fije normas internas en las empresas relativas a los ajustes razonables, sin que supongan un coste económico o financiero adicional para estas. Estudiar la viabilidad de los planes de discapacidad en las empresas es otra de las medidas.

Análisis y, sobre todo, actualización de leyes conexas, como la Ley de Contratos del Sector Público —de modo que las empresas que no cumplan con la reserva de la cuota de trabajadores con discapacidad no puedan concurrir a contratos del sector público con la Administración—, o la Ley de Subvenciones, etcétera. Hay numerosas posibilidades de actualización normativa que implicarían a las empresas obligadas a la cuota de reserva a cumplirla con mayor rigor. Desarrollar también, porque es una de las asignaturas pendientes, el emprendimiento autónomo de las personas con discapacidad, creando ecosistemas de apoyo al emprendimiento autónomo. Impulsar también, y esto es muy importante, desde edades tempranas, una educación y formación de las personas con discapacidad orientadas a la formación profesional y al empleo. Y también crear, como se propone desde el Libro Blanco, una autoridad independiente de evaluación y medición del impacto del nuevo marco normativo, que revisara y gestionara todas las políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad. Ya tenemos dos autoridades independientes en el marco normativo. En fin, son muchísimas las propuestas de un estudio, de un Libro Blanco que no es al uso; es un Libro Blanco de obligada elaboración, que se ha cumplido con esos parámetros y que, desde luego, ha pretendido promover la cultura del cambio normativo y la necesidad de buscar un nuevo paradigma que se ajuste a los tratados internacionales y a la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y, como no puede ser de otra manera, para terminar quiero agradecer la confianza que en su momento me otorgaron la Fundación ONCE, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, el Real Patronato sobre Discapacidad, el Servicio Público de Empleo Estatal y el CERMI para dirigir y elaborar las conclusiones del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, que han contribuido sin duda a que hoy esté aquí con todos ustedes. Lo dejo aquí y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, señora Romero Ródenas. A continuación, por un tiempo de cinco minutos, intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios. Comienza el portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el señor Cofiño. Sí, buenas tardes. Señora Romero, muchas gracias por la intervención. Disculpas, porque venía de otra comisión de Mesa y Portavoces en la que tenía que estar, porque soy secretario, y entonces me he perdido la primera parte de la intervención. Incluso igual redundo en algún comentario o alguna pregunta que quizá haya explicado perfectamente en su exposición. El Libro Blanco identifica que el empleo es un elemento esencial para la inclusión social de las personas con discapacidad, pero también evidencia que este colectivo sigue enfrentando barreras profundas de acceso y de permanencia en el mercado laboral. Las tasas de actividad y empleo muestran una brecha muy relevante respecto a la población sin discapacidad, agravada además por la desigualdad de género. Las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación particularmente desfavorecida. La primera reflexión o pregunta sería en el sentido de los ejes de equidad cuando miramos el acceso a diferentes prestaciones. Uno es el género, como señala el Libro Blanco; otro, la discapacidad. Si hay algún eje más de desigualdad que se haya percibido en relación con pertenencia a algún colectivo, a alguna minoría étnica, en relación con la orientación o diversidad sexual; si hay alguna otra variable más a tener en cuenta sumada a la variable discapacidad como eje de desigualdad en el acceso. Señalaba también, y apuntaba, en nuestras iniciativas legislativas ahora mismo en marcha cuáles serían los puntos clave de lo que se está tramitando en los que habría que incidir; cuál es su opinión sobre las propuestas legislativas que hay en curso y también cuál es su percepción de la legislatura en ese sentido.

Una cuestión de carácter técnico: qué artículos y de qué legislación sería preciso modificar, y cómo plantear nuestro recorrido parlamentario para poder realizar cambios reales en lo que nos queda de legislatura. Y la última pregunta sería, quizá ya lo apuntó al principio de su intervención, sobre la situación de los datos públicos de acceso al empleo de las personas con discapacidad y las tendencias de los últimos años: cuáles son nuestras tendencias como país y cómo se compara España con contextos geográficos similares. Muchísimas gracias por su trabajo y por el de todas las personas que han contribuido a la elaboración de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cofiño. A continuación, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la señora Ruiz Solás. Muchas gracias. En primer lugar, a doña María Jesús Romero por su comparecencia y por su amabilidad al venir aquí a exponernos su trabajo: este Libro Blanco sobre empleo y discapacidad, que entendemos debería ser un instrumento político para mejorar el empleo de las personas con discapacidad en España. Tal vez por eso sorprende que, habiendo sido publicado en 2023, se haya tardado más de dos años en llegar a este momento. Estamos absolutamente de acuerdo en que debemos impulsar la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Creemos, por supuesto, que todas tienen derecho a un empleo y que debemos corregir, en lo posible, la desventaja social a la que se enfrentan. Sin embargo, nos parece que no debemos seguir perdiendo el tiempo en planteamientos estériles, dando vueltas una y otra vez sobre cuestiones que ni aportan ni ayudan al colectivo. De las mil páginas que tiene este documento, gran parte se dedica a disertar sobre consideraciones ideológicas, cuando los problemas de acceso al trabajo de las personas con discapacidad no tienen ideología. Se repiten los típicos mantras gubernamentales que pretenden impregnarlo todo y que, sinceramente, solo sirven para seguir dando vueltas al problema sin resolverlo, porque nunca se podrá resolver si lo importante queda en segundo plano. Y lo importante es qué se va a hacer concretamente y cómo se va a hacer para ofrecer oportunidades reales que permitan una vida verdaderamente digna. Ideologizar el debate solo sirve para complicar las cosas y, sobre todo, limita las posibilidades, cuando lo que hay que hacer es abrir y explorar todos los caminos para que, en su libertad, las personas de este colectivo y sus familias puedan elegir, en función de la discapacidad que enfrentan, qué tipo de acceso al trabajo quieren y cómo quieren acceder a él. Defendemos la plena incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral, pero también que todas las fórmulas puedan ser válidas y que no podemos quedarnos solo con la opción de la inclusión en la empresa ordinaria. Consideramos que los centros especiales de empleo siguen siendo imprescindibles, tanto los de iniciativa social como los de iniciativa empresarial, porque no podemos obviar que hay muchas necesidades diferentes y que no es lo mismo una discapacidad física que una psíquica, ni un grado de discapacidad que otro. Por otro lado, es evidente que los tiempos y las circunstancias han cambiado mucho en estos años, entre otras cosas porque el Gobierno está haciendo que cambien, y eso obliga a revisar lo que se ha hecho o propuesto hasta ahora. Está cambiando, por ejemplo, el hecho de que la discapacidad, como usted muy bien ha dicho, sea cada vez más de carácter sobrevenido y no por nacimiento, y todos sabemos que esto no es casual, que esto es premeditado. Todos sabemos que cada vez nacen menos niños con discapacidad y todos sabemos muy bien por qué. Lo sorprendente es que luego se nos llene la boca hablando de inclusión y de derechos humanos. También cambian las condiciones laborales, que cada vez son peores; y lo son porque no pueden mejorar si las empresas no mejoran. Y las empresas, que son las que generan empleo, no pueden mejorar si no son apoyadas y cuidadas por el Gobierno, si son básicamente saqueadas a impuestos y sometidas a obligaciones y a planteamientos ideológicos que muchas veces las lastran en su crecimiento. La realidad, señorías, es que hoy, a finales de 2025, ni hay más trabajo ni hay mejores trabajos para las personas con discapacidad, a pesar de los supuestos esfuerzos realizados. Sigue cayendo el número de contrataciones en general, y cae todavía más entre la población con discapacidad. Los incentivos planteados para que las empresas contraten a personas con discapacidad no están dando, como también se ha reconocido aquí, los frutos necesarios y habrá que replantearlos: no sé si de la manera en que usted propone o de otra, pero, en cualquier caso, habrá que replantearlos. Y la realidad es que la precariedad laboral...

En general, la situación no mejora y, en el caso del colectivo de personas con discapacidad, es aún peor. La precariedad laboral persiste porque los salarios siguen estancados mientras los precios de los bienes de primera necesidad —alimentación, energía, vivienda— suben para todos, absolutamente para todos. Entendemos que estas son las cuestiones que realmente importan y las que deben solucionarse si de verdad queremos avanzar. Si no abordamos estos problemas básicos y fundamentales, difícilmente podremos progresar. Las personas con discapacidad, como el resto, quieren trabajar, tener una ocupación, sentirse útiles y percibir un salario digno. Todo lo demás es secundario. Los mantras ideológicos son secundarios y no sirven para lograr el objetivo que creo que todos compartimos y que, a día de hoy, no se está cumpliendo. Si queremos promover el acceso a un trabajo adecuado y digno para las personas con discapacidad, lo primero que debemos hacer es abandonar debates vacíos que no conducen a nada y trabajar por una economía fuerte, con empresas sólidas que puedan afrontar estas contrataciones con el apoyo del Gobierno y no solo mediante obligaciones e imposiciones que lastren su rentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz Solás. A continuación, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Plaza García. Gracias, presidenta. Señora Romero, desde el Grupo Socialista queremos agradecerle que haya venido a comparecer y su interés por conocer al detalle el mundo de la discapacidad, en particular las necesidades de acceso al empleo y de formación de las personas con discapacidad. Es usted un referente en esta materia y queremos públicamente reconocérselo y agradecer su trabajo. En España, el 33% de la población de 16 o más años con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que en la población sin discapacidad el porcentaje se sitúa en el 24,5%, lo que supone una diferencia de 8,5 puntos. Además, por razón de sexo, las diferencias son llamativas: las mujeres con discapacidad presentan un porcentaje de riesgo de pobreza o exclusión más alto que los hombres. Por tanto, entendemos que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por tener discapacidad. De ahí que nos parezca fundamental la mirada feminista del Libro Blanco. Estos datos nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de reconocer la diversidad y tratar con dignidad la especificidad de las personas con discapacidad para respetar el contenido del artículo 27 de la Convención, mediante un empleo abierto, inclusivo y no discriminatorio, así como el artículo 26 de la Carta Social Europea relativo a la integración de las personas con discapacidad. Es una realidad que el número de personas con discapacidad va en aumento: en 2023 se estimaban 4,7 millones y para 2050 se prevé que superen los 6,6 millones. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, afirma que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. Desde la perspectiva del empleo de las personas con discapacidad, el desempeño de un trabajo aparece como una actividad social y creativa imprescindible que dignifica la condición humana y constituye un elemento central en la creación de riqueza, permitiendo su necesaria participación social. Conocer y gestionar, mediante políticas públicas, la preocupante y escasa participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo —sus barreras, sus dificultades de acceso y de mantenimiento del empleo— ha sido y debe seguir siendo uno de los principales retos de una sociedad orientada a la sostenibilidad social. Como bien señala usted, el nuevo escenario que plantea la economía digital presenta grandes oportunidades para la inclusión, pero también importantes barreras. Coincidimos en que el adecuado tratamiento de la discapacidad es, sin lugar a dudas, una exigencia que la sociedad debe abordar de nuevo y que ha de estar presidida por los derechos humanos. Por otro lado, consideramos fundamental que las Administraciones cumplan con su responsabilidad: cuando no hay una buena valoración de la discapacidad, no puede haber una verdadera inserción social. Sin ir más lejos, en Andalucía se tardan hasta 36 meses en valorar la discapacidad, y esta demora excluye de manera directa, porque sin valoración no se puede acceder al mercado laboral. Hace apenas dos meses, esta Cámara aprobó una Proposición No de Ley a iniciativa del Grupo Socialista, a propuesta de nuestro portavoz Emilio Sáez —a quien excuso por un problema familiar que le impide estar hoy aquí—, que instaba a una mayor rigurosidad en el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad en las empresas de 50 o más trabajadores. Me gustaría saber qué opinión le merece esta proposición.