Concedemos un receso de cinco minutos para terminar de confirmar las personas que intervendrán en cada punto. En cinco minutos lo tendremos.
La sesión de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comenzará al finalizar la sesión plenaria. Sala: Prim.
¿Están todos los diputados que tienen que estar? Sí, por parte de los grupos presentes. Bien, pues buenas tardes ya a estas horas. Empezamos la sesión. En primer lugar, debatiremos el punto número uno, relativo a la mejora del tratamiento de los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias sobre la salud mental. La defiende el grupo parlamentario proponente, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra Valle Mellado.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Socialista presentamos una iniciativa de absoluta actualidad con la que pretendemos impulsar cambios legislativos muy necesarios para la protección de la salud mental de las personas trabajadoras. Miren, como todos sabemos, la reciente pandemia del COVID hizo aflorar otra pandemia, la de los problemas de salud mental y todas sus derivadas en la salud física, en la vida laboral y personal de miles y miles de personas. Si nos centramos en el ámbito laboral, que es el que corresponde a esta comisión, según los datos, las bajas médicas por salud mental han sufrido un aumento espectacular del 121% en la última década. Esto, señorías, nos obliga a poner el foco en la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo y a poner en marcha todas las medidas necesarias para acabar con situaciones en los puestos de trabajo que provocan malestar emocional, trastornos por estrés y ansiedad, que en los peores casos conducen a bajas laborales e incluso a suicidios.
Señorías, en nuestro país hay muchas empresas, todos lo sabemos, que trabajan muy bien y que, además de cuidar su cuenta de resultados, también cuidan del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. Pero no les digo nada nuevo si pongo sobre la mesa que también hay empresas y centros de trabajo en los que no se actúa con contundencia contra los riesgos psicosociales que los trabajadores encuentran en su día a día laboral y se dejan enquistar malas prácticas que impactan sobre la salud mental de los trabajadores. En la era de la tecnología y de la inteligencia artificial, la realidad es que las empresas siguen reconociendo que su principal activo son sus trabajadores y trabajadoras. Y entonces, la pregunta sería: ¿por qué no dejan de aumentar las bajas laborales por motivos de salud mental? ¿Por qué no se cuida la salud mental en muchos centros de trabajo?
Pues, desde el Grupo Socialista defendemos que es necesario, ante esta situación, impulsar un cambio en la cultura empresarial de nuestro país. Las empresas, igual que ya la gran mayoría cuida la salud física de los trabajadores aplicando correctamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales, tienen que dar un paso adelante y generar las condiciones para cuidar del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras y poner fin a prácticas como la sobrecarga de trabajo, los climas tóxicos o el mal uso de algoritmos. Y, miren, las principales víctimas de estas prácticas son las personas trabajadoras y, una vez más, entre ellas, las mujeres.
En el colectivo en el que predominan las bajas laborales por salud mental, la siguiente víctima es la cuenta de resultados de las empresas. Una baja por salud mental tiene una duración media de entre 65 y 108 días, frente a los 28 días de media de otras causas, y ya son la segunda causa de incapacidad temporal. Así que, imagínense, es fácil pensar cómo afectan estas bajas a la organización y a los resultados empresariales. Por nuestra parte, como indican recomendaciones de la Comisión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo, o incluso informes recientes de la Unión General de Trabajadores y del Ministerio de Sanidad, las empresas deberían evaluar los riesgos psicosociales de sus centros de trabajo, aprobar planes para evitarlos y asumir responsabilidades cuando no protejan debidamente la salud mental de sus trabajadores. Por ello, señorías, pedimos su voto favorable para impulsar la inclusión de las patologías de salud mental relacionadas con el trabajo en el cuadro de enfermedades profesionales y para que se apruebe normativa específica en prevención de riesgos laborales para proteger mejor la salud mental de las personas trabajadoras. Voy acabando. Señorías, seguro que estamos de acuerdo en que no se pueden normalizar condiciones de trabajo que provocan problemas de salud mental como el estrés, la ansiedad o incluso la depresión. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a desarrollar su actividad en un entorno que cuide y que no machaque su salud ni física ni mental. Por ello, es nuestra obligación legislar en favor de centros de trabajo mucho más saludables que los actuales. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. No se encuentra el Grupo Parlamentario Mixto; tampoco el Vasco. ¿Mixto? ¿Sí? Ah, perdón, Cristina. De acuerdo. El Vasco, Euskal Herria Bildu, Junts per Catalunya; tampoco el Republicano. Por lo tanto, por el Grupo Parlamentario Sumar, tiene la palabra la señora Martínez Barbero.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, la salud mental en el trabajo no es un tema menor; es una cuestión de derechos fundamentales, de dignidad y de justicia laboral. Como inspectora de trabajo he podido comprobar que detrás de muchas bajas, de muchos silencios y de muchas renuncias lo que hay son entornos laborales que enferman por la carga excesiva, por la presión constante, por la falta de medidas de conciliación y por la falta de control sobre el propio trabajo. Eso es estrés laboral, es burnout, y su raíz está precisamente en la organización del trabajo, en cómo se planifican las tareas o en la presión de los ritmos de trabajo; en jornadas de trabajo excesivas, con demasiados casos de horas extraordinarias que ni se pagan ni se cotizan. Prevenir todo esto exige evaluar los riesgos psicosociales, rediseñar puestos, formar a los equipos directivos y promover un modelo laboral centrado en la salud y no solo en la rentabilidad. Y también exige reducir la jornada laboral y contar con un registro de jornada con el que no se puedan falsear las horas de trabajo. Sí, señorías, todo esto es seguridad y salud en el trabajo, como hace tiempo establecieron la Directiva Europea sobre el tiempo de trabajo y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero hay otra dimensión aún más grave, que no puede confundirse con el estrés: el acoso laboral y el acoso sexual o por razón de sexo. Aquí no hablamos de mala organización; hablamos de violencia directa, de comportamientos que atentan contra la integridad moral, la igualdad y la libertad de las personas. Además, el acoso tiene un claro perfil de género, porque las mujeres lo sufrimos en muchísima mayor medida. El machismo y el negacionismo de la violencia contra las mujeres también son riesgos laborales y, por eso, la Inspección de Trabajo mantiene campañas específicas para detectar, sancionar y erradicar estas conductas.
Por otro lado, el cuadro de enfermedades profesionales debe adaptarse al contexto actual, incorporando patologías mentales vinculadas al trabajo para mejorar la prevención, la compensación y la rehabilitación. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 ya sitúa la salud mental como una prioridad, porque al final no se trata solo de corregir incumplimientos, sino de cambiar la cultura del trabajo, de construir entornos netamente seguros, respetuosos y saludables. Y quiero terminar con algo que no deberíamos olvidar nunca: la integridad física y moral de las personas trabajadoras no se discute, se protege y se garantiza. Esa es la base de la democracia en el trabajo, y por eso este es el compromiso que en Sumar y en el Ministerio de Trabajo defendemos cada día. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Es el turno del Grupo Parlamentario Vox. El señor García.
Muchas gracias, presidenta. España es evidente que atraviesa una hora difícil, algo que ya es un clamor y no es un clamor silencioso, porque se oye en las calles, se siente en los hogares.
...y se mide en cada nómina insuficiente. Mientras algunos en el Gobierno proclaman que vivimos en un estado de bienestar consolidado, millones de españoles saben la verdad. El bienestar no se decreta, se construye cada día con el sudor del trabajo honesto. Entiendo que algunas señorías del PSOE no sepan lo que es ese trabajo honesto. Hoy casi tres millones de españoles siguen en paro. La tasa de paro nacional supera el 10%. Entre nuestros jóvenes, que claman por empleos estables y no se resignan a vivir con sueldos ridículos, alcanza el 26,5%. A la cola de Europa y de la OCDE. Y a esa cifra fría añadamos otra más dolorosa: España está entre los países de Europa que más benzodiazepinas consumen. Ansiedad, insomnio, desesperanza, síntomas de un mal más profundo. Cuando un país necesita medicarse para soportar su vida cotidiana, algo está fallando. Lo que falla no es su gente, es este Gobierno.
Durante años nos han repetido que la economía crece, que los datos mejoran, que la recuperación está en marcha. Repetir una mentira no la convierte en verdad. Pero el trabajador español no vive de estadísticas, vive de su salario, de su esfuerzo. O, mejor dicho, sobrevive con contratos que muchas veces duran semanas, con horarios que cambian cada día, con alquileres que devoran casi todo el sueldo y apenas le permiten llegar a fin de mes. Mientras tanto, el PSOE presume de pleno empleo, como escuchamos el martes en la tribuna. ¿Cómo podemos tener pleno empleo si tenemos un 10% de paro? Pleno empleo cuando tenemos a uno de cada cuatro jóvenes en situación de desempleo. Pleno empleo cuando los datos de temporalidad y parcialidad siguen entre los más altos de Europa. Piensen, señorías, que se están burlando de todos los españoles.
Hay que hablar con claridad. Un Gobierno que presume de progreso mientras permite que el 44% de los contratos duren menos de una semana no está del lado de los trabajadores. Que dice defender el bienestar mientras España lidera el consumo de ansiolíticos en Europa no está cuidando de la salud mental de su pueblo. Que llama modernización a convertir derechos laborales en algoritmos o que mira para otro lado ante la precariedad de las plataformas digitales, no gobierna: abdica y está de espaldas a los trabajadores. Y esta PNL, me temo, será puro humo.
Y sí, señorías, la precariedad no es inevitable. La injusticia no es una ley natural. Y el miedo no puede ser el precio a pagar por querer ganarse la vida con la dignidad de la que carece, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez. Debemos devolver la dignidad a los trabajadores. Trabajar debe volver a ser sinónimo de vivir con seguridad y con futuro. Exigir que los impuestos de los españoles sirvan para fortalecer a quienes producen, no para engordar nóminas de socialistas ensobrados. Reclamar que la educación y la formación profesional preparen para empleos reales y no para callejones sin salida y sin futuro. El malestar social no se cura con fármacos, sino con justicia, con empleo digno y con futuro. Los españoles no necesitan milagros ni PNL vacías. Necesitan liderazgo, valentía y verdad. Y esas tres cosas no nacen en los despachos; nacen en el corazón de su pueblo. Porque un país no se mide por los discursos de su Gobierno, sino por la fortaleza de su gente. Por eso Sánchez teme al pueblo español y teme que despierte en las próximas elecciones. Por eso no quiere oír la voz del pueblo y por eso no convoca elecciones. Por puro miedo. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra Rafael Belmonte.
Sí, buenas tardes. Con la venia. Miren, esta proposición tiene dos partes. Una es la exposición de motivos, que casi creo que todos los que estamos aquí podemos compartir en cuanto a algunas de sus afirmaciones. Pero desde el Grupo Popular somos críticos con las peticiones concretas. Y somos críticos por algunas cuestiones, lógicamente. La primera de ellas es por su inexactitud. Solucionar problemas complejos con soluciones muy fáciles es una marca de la casa que ya tiene en el Gobierno su mejor ejemplo.
Somos críticos con la petición concreta porque la catalogación de una enfermedad profesional necesita un análisis muy riguroso. Y requiere un concepto que se solidifique con cuestiones jurídicas y también con cuestiones legislativas. Hay que hilar muy fino por el bien del trabajador y también por el bien de la empresa, para que esa enfermedad profesional tenga una relación directa, una conexión directa con los problemas de salud mental. Y, claro, matar moscas a cañonazos no es la solución. Estas decisiones exigen análisis concretos y un diálogo que no se ha tenido. Por ejemplo, en primer lugar, un diálogo en el que el Pacto de Toledo tiene mucho que decir. Un diálogo en el que las mutuas de accidentes de trabajo, que en muchas ocasiones son las que siguen estas patologías, tienen mucho que decir. Un diálogo en el que las empresas y su representación tienen mucho que decir. Y no se pueden hacer soluciones así, a brochazos, simplemente a base de grandes titulares y grandes rasgos. Esto necesita una cierta estrategia y una cierta planificación.
...seriedad en su desarrollo. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar, en primer lugar, a injusticias con aquellas empresas que lo hacen bien; nos pueden llevar a injusticias con aquellos trabajadores que realmente tienen un problema relacionado con su prestación laboral y no son atendidos; y nos pueden llevar a una injusticia con el sistema de prestaciones, que es un tesoro que tenemos que cuidar entre todos y del cual no podemos abusar. Necesita un tratamiento: ustedes diagnostican el problema, pero el tratamiento no lo dan. Dicen “hay que hacer esto” y proponen una solución amplia, no lo suficientemente afinada. Necesitamos una exposición más clara y un diálogo concreto entre la representación, en primer lugar, de los trabajadores, pero también de las empresas, las mutuas; la inclusión del Pacto de Toledo, como les he dicho, y, sobre todo, abordar cuestiones muy concretas. No se puede avanzar sin un análisis desde el punto de vista de la sanidad. En la Comisión de Sanidad hay un dictamen, un Plan de Salud Mental que se presentó hace pocos meses y que también aporta ideas y soluciones sobre algunas de estas cuestiones. Hay que coordinarse con los ministerios y con las consejerías de sanidad para afinar los conceptos y tener esa cuestión clara. Por todo lo cual, compartimos la exposición de motivos, pero somos críticos con la petición concreta: quizá se pretende matar moscas a cañonazos. Necesitamos un diálogo que en este momento el Gobierno de Pedro Sánchez ni tiene ni va a tener. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Vamos con la segunda proposición no de ley para la implementación y ejecución del nuevo marco normativo. Disculpen, no he preguntado en este caso al Grupo Socialista si quieren incorporar la enmienda... Bien, continuamos. Vamos con la segunda: para la implementación y ejecución del nuevo marco normativo derivado del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, del Grupo Parlamentario Popular. ¿La defiende Maribel Torregrosa?
Sí. Gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición no de ley, ya que consideramos inadmisible que, desde diciembre de 2024, cuando el Gobierno de España entregó el plan de implementación del Pacto de Migración y Asilo a la Comisión Europea, a día de hoy, casi un año después, no haya dado cuenta de su contenido a esta Cámara. Un plan que debe estar implementado antes de mediados de 2026; es decir, nos quedan siete meses para su implementación y nadie en este país sabe nada. No sabemos nada del plan de implementación en el Congreso; no saben nada las comunidades autónomas, que tendrán que aplicar una parte del mismo en sus territorios; y no saben nada tampoco las entidades sociales, que se lo han pedido por activa y por pasiva en muchas ocasiones, como hemos presenciado en esta comisión. Y aún hoy el PSOE, ustedes, señorías socialistas, y su Gobierno siguen faltando al respeto a todas ellas y a este Congreso, sin facilitar ni dar a conocer ese plan de implementación. Ante esta inacción por parte del Gobierno, a través de esta iniciativa instamos al Gobierno a dar a conocer de manera inmediata este plan. Porque apenas quedan siete meses y, teniendo en cuenta que ni hay Presupuestos Generales del Estado ni se esperan, y con un Gobierno que se encuentra en vía muerta por el bloqueo parlamentario del que somos testigos a diario, es totalmente probable que Pedro Sánchez y los socialistas se encuentren sin apoyo en estas Cortes para implementar los cambios normativos que requiere el Pacto de Migración y Asilo, que, insisto, tiene que estar en vigor en seis meses. Siete meses, todo lo más. El Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea, aprobado ya hace más de un año, ha supuesto un paso de gigante hacia una política migratoria común, segura y ordenada en el seno de la Unión Europea. El objetivo del pacto es crear un marco jurídico que alcance un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad entre los Estados miembros, con un planteamiento integral dirigido a una gestión eficaz y justa de la inmigración. Y mientras todos los Estados miembros de la Unión Europea están trabajando en su implementación, en España ni siquiera conocemos la propuesta de implementación que ha hecho el Gobierno. Pero es a lo que nos tienen acostumbrados, señorías, en la política en general y en la política migratoria en particular: una política de brazos cruzados, que ha provocado un efecto llamada del que, además, se congratulan las señorías del PSOE y que está haciendo que las mafias se enriquezcan, incrementando sus beneficios millonarios y jugando con la vida de miles de personas. Según la organización Caminando Fronteras, 10.000 personas han muerto en el mar intentando llegar a las costas españolas. Y eso es fruto de su irresponsabilidad.
La inacción y la dejación de funciones del Gobierno de España, que mira para otro lado, permiten que las mafias campen a sus anchas debido a esa falta de gestión. Por ello, en esta PNL instamos al Gobierno a reforzar el control efectivo de la frontera española, así como a promover una mayor implicación de la Unión Europea en el control de las fronteras exteriores, en concreto en la frontera sur, que es donde nos encontramos.
Y es que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a la más elemental obligación de un Estado, que es el control de sus fronteras, lo que ha provocado que España se haya convertido hoy en la principal puerta de entrada de la inmigración irregular de toda la Unión Europea. Y eso no lo decimos desde el Partido Popular; lo dice Frontex, que en lo que llevamos de año, este año 2025, ha alertado de que la ruta que más ha crecido en toda Europa es la del Mediterráneo Occidental, la que conecta Argelia con el sur de España y Baleares, archipiélago donde se ha incrementado la inmigración ilegal por encima del 120% en lo que llevamos de año si lo comparamos con el año pasado. O, como almeriense que soy, en mi provincia se han incrementado las llegadas de inmigrantes irregulares en un 25% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Así que, señorías del PSOE, no se les ocurra venir con discursos triunfalistas cuando la presión migratoria que sufren muchos territorios de este país es la más alta de la última década.
Señorías, en coherencia con este Pacto Europeo y ante la inacción del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular ha presentado su Plan Nacional de Inmigración, porque España necesita urgentemente una política migratoria ordenada, humana y eficaz, que una el respeto a la ley y la dignidad de las personas con vías legales basadas en el empleo y en el mérito; con tolerancia cero con el delito y expulsión efectiva para delitos graves y la reincidencia dolosa, así como la revocación de permisos a extranjeros con antecedentes penales. Así que no se basen algunos grupos de esta Cámara en que no hayamos incluido todas estas medidas en esta iniciativa para negar la realidad, en la que sí incidimos. Es imprescindible que tanto las entidades sociales como esta Cámara conozcan el Plan de Implementación del Pacto Europeo, un plan que debe estar en vigor antes del verano de 2026. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Interviene en primer lugar el Grupo Parlamentario Vox. Señora De Meer, puesto que han presentado enmiendas.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que ha sido muy divertido, con todo el cariño que le tengo a la señora Torregrosa, esa aparente disputa con el Partido Socialista. ¿Sabe quién ha pactado este Pacto de Migración y Asilo en Bruselas, señora Torregrosa? Ustedes. ¿Saben con quién? Con el Partido Socialista. El Pacto de Migración y Asilo es la pinza, tanto que les gusta la pinza, del Partido Popular con el Partido Socialista. ¿Tienen dudas sobre cómo se va a implementar en España? Pues pregúntenle a la señora von der Leyen. Que les pregunte a sus señorías del Gobierno cómo se va a implementar aquello que ustedes han pactado en Bruselas, señora Torregrosa. Es, de verdad, divertido cómo intentan disimular aquí que hacen oposición cuando, además, el núcleo de su iniciativa es precisamente algo que ustedes han pactado y ha liderado la señora von der Leyen, que es la jefa de su jefe, la jefa del señor Feijóo.
Pero vayamos al contenido de la iniciativa. Como también les conocemos, les proponemos que esta iniciativa se vote, por favor, por puntos, porque la rechazaríamos en su conjunto si no aceptan nuestra enmienda, que serviría para que esta iniciativa proteja nuestras fronteras, vaya por delante. En caso de que no acepten nuestra enmienda, pediríamos esa votación por puntos porque rechazaríamos todos los puntos salvo el tercero, el único que se refiere al control de fronteras. Y, aun así, hablan de reforzar el control efectivo de las fronteras españolas. Más que reforzar, habría que iniciar; habría que empezar a tomarse en serio la protección de las fronteras de España. ¿Por qué? Porque lo que hay ahora es una intención deliberada de no controlar las fronteras. Una intención política deliberada que va desde las instituciones de Bruselas, de su jefa, la señora von der Leyen, hasta el último puesto fronterizo de las Islas Canarias. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, al que todavía nadie ha sabido contestar a mi grupo parlamentario, de esa intención deliberada de no control de nuestras fronteras: ¿por qué no funciona el SIVE de Gran Canaria? Tenemos sistemas de radar en puestos fronterizos muy concretos.
…y muy saturados, que no funcionan por una orden política. Es decir: no hay que reforzar el control de nuestras fronteras; hay que empezar a controlar nuestras fronteras, algún día, en algún lugar, en algún momento. ¿Por qué? Porque el control de nuestras fronteras puede parecer una consigna política genérica, pero se traduce luego en lo concreto. Y en lo concreto sí hay una intención política de no controlar nuestras fronteras, pero hay un disimulo: tenemos a una serie de agentes a los que sometemos a fingir que estamos controlando nuestras fronteras. Conclusión —y lo hemos visto—: hemos visto tragedias como la de David y Miguel Ángel, dos personas sacrificadas por el ministro del Interior para hacer como que está controlando las fronteras. Les manda a controlar nuestras fronteras en una lanchita de Playmobil frente a narcotraficantes que campan a sus anchas todos los días en el Campo de Gibraltar. No solo eso: la propia Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaba de concluir que el ministro del Interior obstruyó —deliberadamente— la investigación del caso de Barbate y, no solo eso, sino que, encima, ascendió a los mandos policiales responsables de esas dos muertes. Así que nosotros —ya he dicho en qué términos aceptaríamos esta iniciativa— aceptaríamos su punto tercero o, en el caso de que aceptasen nuestras enmiendas, que sí servirían para controlar las fronteras. Igual es que el Partido Popular no quiere que controlemos nuestras fronteras: quiere hacer como que las controla. Gracias, señora presidenta.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Sumar, el señor Vicenç.
Gracias, presidenta. Creo que, por respeto a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron en acto de servicio, se tiene que dejar claro que fueron narcos quienes los asesinaron y no personas migrantes. El respeto a la memoria de los dos agentes exige no utilizarlos de esta manera.
— Ha tenido el turno de palabra, señora De Meer; de hecho, se ha excedido usted más de cincuenta segundos, así que le pido, por favor, que guarde silencio.
— Muchas gracias, presidenta.
Quiero dejarlo claro: esa manía de vincular siempre migración y delincuencia les ha llevado al extremo de faltar a la memoria de dos agentes de la Guardia Civil que murieron en acto de servicio, y eso me parece lamentable. Y si hablamos de eufemismos, es importante —y hoy hablamos de migración— porque se utilizan muchísimas palabras cuyo significado, cuando se aterriza en el territorio, parece no comprenderse. Me explico. “Control de flujos”, “reforzar las fronteras”, “colaborar con terceros países”: ¿cómo se traduce esto en la realidad? Porque la gente utiliza estas bonitas palabras y a lo mejor no las entiende. Vamos al ejemplo concreto: ¿esto, en Mauritania, en qué se traduce? En que el Ministerio de Asuntos Exteriores financia dos cárceles y que hay unos ochenta agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional trabajando allí. Se traduce en que en esas cárceles financiadas con fondos estatales va a haber gente ingresada, retenida, en condiciones que nuestras leyes nunca permitirían. Eso es lo que ustedes están pidiendo, y la ciudadanía lo tiene que entender.
Por tanto, cuando hablamos de estos conceptos aterrizados en el territorio, ¿qué quiere decir? Que, a lo mejor, bebés que están migrando van a acabar en cárceles financiadas por el Gobierno de España; cosa que nadie aquí querría ni debería permitir. Dejémonos de demagogias y de endurecer el discurso, y utilicemos también palabras como estas: que en la frontera haya medios para que nadie muera en el mar; que los cuerpos de la Guardia Civil dispongan de los medios necesarios para el rescate; que el SAR tenga los medios necesarios para el rescate; y no pongamos solo el acento en criminalizar la migración.
Nosotros no estamos de acuerdo con el Pacto Migratorio —no es ninguna novedad—. No queremos externalizar en terceros países nuestras responsabilidades. No queremos que España haga como Italia, como la señora Meloni, intentando externalizar prisiones en terceros países. Por tanto, nos opondremos, como es lógico, a su desarrollo legislativo. No entendemos que ahora el Partido Popular pretenda que, según convenga, las comunidades autónomas deban participar en deportar y expulsar a gente, pero que, para acoger a niños, no tengan competencias ni puedan actuar. Es un doble discurso lamentable y, evidentemente, tiene que haber recursos para la migración.
...migración se haga de forma regular y en condiciones dignas, también para las personas que se ven abocadas a hacerlo de forma irregular. Muchas gracias.
Gracias, portavoz. Por el Grupo Parlamentario Vox, ¿tiene la palabra la señora de Meer? No… disculpen. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Luc André Diouf.
Buenas tardes, señorías del Partido Popular. La iniciativa que han presentado carece de lógica y va en la misma sintonía del liderazgo del señor Feijóo y de la deriva del Partido Popular. Saben perfectamente que el contenido del plan está publicado en la página del Ministerio del Interior y que los puntos 3 y 4 se corresponden con el Pacto Europeo. No muestran el mínimo interés por las migraciones que se desarrollan en España ni por las políticas migratorias europeas.
Señorías, me voy a centrar en el punto 2 de su iniciativa, porque todo lo demás que proponen saben de sobra que ya se está haciendo y se hará en el marco del Pacto Europeo. En ese punto 2, señorías del Partido Popular, se saltan el procedimiento que la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico han previsto para la elaboración de las leyes. Fíjense: pretenden que el Poder Ejecutivo de este país, tratándose de una competencia estatal (artículo 149 de la Constitución), convoque de manera urgente, ni más ni menos, a las comunidades autónomas para consensuar e informar. Pero, vamos a ver, ¿acaso las leyes sobre inmigración se debaten de manera diferente? ¿Ese es el gran invento del Partido Popular, saltarse la Constitución? Díganme, señorías, cómo se tramitan las leyes en este país: anteproyectos de ley, proyectos de ley… ¿Quién tiene la competencia para la elaboración de las normas?
Tampoco parecen saber que existe un plazo de información pública en el que todas las partes interesadas pueden consultar los textos y plantear modificaciones. Pues eso es exactamente lo que se va a hacer, porque el Pacto Europeo implica que tendremos que aprobar una nueva Ley de Asilo y su reglamento de desarrollo y, además, modificar la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento.
De verdad, si les preocupa la inmigración, presenten propuestas serias para debatir en esta Comisión, en lugar de recurrir a discursos anacrónicos. Y me hablan de su Plan Nacional de Inmigración: un plan populista, falsario y de marcado carácter alarmista. A estas alturas no extraña su deriva por la competencia que mantienen con Vox, a costa de dañar a las personas migrantes. Y nos preguntan qué hacemos a nivel europeo y qué hacemos a nivel nacional; otra vez mezclan lo que pasa con los traficantes de droga con la inmigración. Dejen en paz a las personas migrantes si no pueden aportar ni proponer nada positivo sobre la inmigración que se desarrolla a nivel nacional. Gracias.
Gracias, portavoz. Le pregunto al Grupo Popular si acepta la enmienda de Vox.
Pasamos a la tercera proposición de ley para evitar la precarización de las relaciones laborales que se presentan a través de plataformas digitales, especialmente los empleos que se anuncian como de colaboración o voluntarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la defiende la señora Elisa Garrido.
Sí, muchas gracias, presidenta. La llegada de la era digital ha supuesto un fuerte impacto en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, en las relaciones laborales, en las que han surgido nuevas oportunidades de trabajo, pero también ha supuesto para algunas empresas la oportunidad de vulnerar derechos consolidados que nadie creería discutibles a estas alturas del siglo XXI y que, sin embargo, a través de plataformas digitales se están vulnerando. El Gobierno de España ya ha trabajado ampliamente en este tipo de problemas, pero traemos aquí una proposición de ley que pone el foco en un fenómeno muy concreto: la oferta, a través de plataformas, de lo que se suele...
Lo llaman trabajo colaborativo o turismo low cost: una suerte de romantización de la precarización laboral en la que incluso los propios trabajadores que se ven explotados tienen que pagar una cuota para afiliarse a una plataforma que les ofrece la posibilidad de trabajar por cama, trabajar por comida, con un horario concreto durante un periodo determinado; es decir, una relación laboral encubierta en la que, por supuesto, ni se paga un salario ni se respetan las condiciones laborales que debería tener cualquier trabajador.
Solo tienen que echar un vistazo a cualquier buscador en internet y poner palabras como “trabajo colaborativo”, “voluntariado” o “Workaway”, que es una de las plataformas principales, donde se encuentran curiosas ofertas. Acabo de buscar justo antes de comenzar esta exposición y, por ejemplo, en Worldpackers tienen la posibilidad de ser “manos conscientes” para la recolección de olivas en un bonito pueblo de Valencia: 25 horas semanales, realizando además trabajos de construcción y reparación, durante tres semanas, a cambio de una habitación compartida y tres comidas al día. Repito: recoger olivas 25 horas a la semana durante tres semanas a cambio de una habitación compartida y tres comidas.
O, por ejemplo, “ayudar a que nuestros huéspedes descansen” en un hotel de las Islas Baleares: 24 horas a la semana, entre 30 días y dos meses, a cambio de una habitación compartida, en este caso sin comida. O, también, ayudar a finalizar un hotel rural en Andalucía y atender a los huéspedes que vayan llegando. Por suerte, la habitación es privada, pero solo hay una comida de recompensa; ni siquiera se especifica si es el desayuno, la comida o la cena.
Se está romantizando, en cierta medida, el poder viajar low cost y visitar otros países a cambio de lo que es, básicamente, trabajo esclavo: una suerte de dumping laboral en la que, generalmente, jóvenes que quieren conocer otros países van a ciertos lugares a precarizar las relaciones laborales de ese país a cambio de, como digo, comida o simplemente alojamiento. Y es evidente que esto es una relación laboral, porque ni es colaborativo, ni es voluntariado, ni es ayudar a un amigo a pintar su casa, que es lo que a veces también nos quieren hacer creer.
Además, no solo hay que pagar para inscribirse en estas plataformas y acceder a esas “maravillosas” ofertas, sino que, a través de creadores de contenido digital, se romantiza y se vende en redes como una supuesta forma de conocer el mundo. Y, en realidad, con ello hacemos varias cosas: perjudicamos al resto de empresas del sector —generalmente turístico u hostelero— que hacen bien las cosas, que contratan a sus trabajadores y les dan los medios de protección necesarios; perjudicamos al conjunto de las personas trabajadoras de esos sectores en esas localidades. En mi caso me preocupan, por supuesto, los trabajadores españoles, pero también lo exportamos a otros países, puesto que tienen que competir con gente que, con un alojamiento, una habitación compartida y una comida al día, va a hacer ese trabajo que ellos harían cobrando, como haríamos cualquiera.
En el caso concreto de España, estas prácticas perjudican el prestigio de nuestro sector turístico y, por último, por supuesto, perjudican a las personas que acuden a estos establecimientos, porque no es lo mismo que te atienda en recepción una persona cualificada, que te sirva el desayuno alguien con conocimientos, que que lo haga alguien que ni siquiera tiene el carné de manipulador de alimentos, porque es una persona que “románticamente” está viajando de mochilero por el mundo a cambio de un alojamiento y una comida.
Por tanto, entendemos que esto es una cuestión muy importante: no podemos permitir que nuestros jóvenes crean que ser precario, ser explotado, trabajar por comida y alojamiento es algo romántico que deba venderse en las plataformas digitales. Además, creemos que es un problema que afecta ampliamente a varios países. Por lo tanto, queremos que la OIT se implique en buscar soluciones a este tipo de plataformas; prohibir, por supuesto, estas formas de explotación, generalmente de nuestros jóvenes, pero también de más personas; y que el Gobierno de España y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sigan implicándose en este problema. Por lo tanto, solicitamos su voto favorable para poner coto a esta forma de explotación laboral.
Gracias.