Buenos días. Se abre la sesión de esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Le quiero dar la bienvenida a don Ángel Gabilondo, así como a las adjuntas y al resto del personal de la oficina, y también, por supuesto, a todos ustedes.
Damos comienzo con el primer punto del orden del día para dar cuenta de las actuaciones realizadas en relación con la inseguridad, de la que son víctimas muchos españoles por causa de la inmigración ilegal masiva en el año 2023 y la parte transcurrida de 2024, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Tiene la palabra el señor César.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Gabilondo. Buenos días, señorías. La inmigración ilegal y sus consecuencias en el empleo, en la seguridad, en los servicios públicos y en la identidad española es una de las mayores preocupaciones que afligen a los españoles, así lo reflejan las encuestas, las estadísticas y sobre todo…
La realidad de nuestras calles y barrios. El drama, más allá de las oleadas de la inmigración ilegal, se incrementa con la negativa de hacer frente a este problema por quienes deberían ayudar a los españoles: instituciones que han abandonado al pueblo, administraciones aliadas con el desorden y un Defensor del Pueblo que, como ya he dicho en varias ocasiones, ha decidido ser el defensor de los intereses de Sánchez, abandonando a las preocupaciones diarias de los españoles, tales como el empleo, la seguridad y que España siga siendo España.
El Defensor del Pueblo tiene como misión defender los derechos y las libertades comprendidos en el Título Primero del texto constitucional, y para ello podrá supervisar la actividad de la Administración Pública. Como muy bien sabe también, el artículo 131 del texto constitucional indica que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, terminando dicho precepto con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Pues hoy no hay quien lo niegue: las distintas administraciones públicas, tanto la estatal como la inmensa mayoría de las regionales y locales, están actuando en materia de migración en contra de los intereses generales y sin someterse plenamente a la ley y al derecho, porque sí existen diferencias entre la inmigración legal e ilegal; entre una administración o una inmigración que cumple la ley y una inmigración que se integra en nuestra nación y respeta nuestras tradiciones y culturas. Existe, evidentemente, una actuación por parte de las legislaciones que impulsan, estimulan y fomentan, con sus distintas actuaciones, la ilegalidad y el desorden, actuando en consecuencia contra el interés general.
Los datos de la inmigración ilegal son aterradores y dramáticos, y las consecuencias son una tragedia que solamente parece importar a Vox. Ustedes, señorías, y por lo que parece también el Defensor del Pueblo, llevan demasiado tiempo negando todo a los que señalan a la inmigración ilegal como un problema para los españoles, especialmente para los más humildes y desfavorecidos. Han demonizado e insultado a todos los que prueban que existe una correlación entre inmigración ilegal e inseguridad, y denigran e humillan si un inmigrante integrado y trabajador es quien denuncia la inmigración que no se integra y que delinque.
Y esta cuestión –el de la inmigración ilegal, el control de las fronteras, la inseguridad, la soberanía y nuestra identidad– es uno de los asuntos más trascendentales en los que las instituciones están ninguneando a los españoles.
Y por eso mismo, como vivimos en un Estado democrático en el que cabe consultar al pueblo español, me gustaría formular la siguiente pregunta al Defensor del Pueblo: ¿qué opinión tiene el Defensor del Pueblo hoy sobre la oportunidad de articular el artículo 92 de nuestro texto constitucional, que faculta para preguntar al conjunto de los españoles sobre las políticas públicas de especial trascendencia? Es decir, ¿está dispuesto a impulsar, de una u otra manera, que se consulte al pueblo español sobre la política inmigratoria de ilegalidad, de desorden y de caos que hoy lleva a cabo el Gobierno por medio de la Administración General del Estado y, como he dicho anteriormente, también determinadas administraciones territoriales, incluyendo algunas locales? Porque ni el PSOE, ni el Gobierno, ni las élites jamás han querido preguntar a los españoles sobre su modelo inmigratorio, es decir, sobre su descontrol, su desorden y sobre su modelo migratorio de sinsentido e ilegalidad.
La decisión estaba tomada y, cuando la invasión ha sido consumada, cuando el caos de la inmigración irradia y campa, Portada España, ustedes, a través de sus terminales mediáticas, ultrafinanciadas y teledirigidas, intentan hacer ver al pueblo español que la inmigración ilegal es beneficiosa para los intereses de los españoles, cuando ellos saben perfectamente que no lo es. Aquí se aprecia con suma claridad la distancia infinita que existe entre los españoles honrados y las políticas que se impulsan por los políticos. Y así se ve también la realidad en nuestros barrios, en nuestros parques y en nuestras plazas.
Señor Gavirando, la inmigración ilegal y masiva no es un fenómeno, y mucho menos natural y espontáneo, sino que es un proceso claro de ingeniería social preparado por unas élites que ambicionan serlo todavía más. Por eso, los españoles –cada vez más afectados por las consecuencias de su modelo inmigratorio y conscientes de su engaño– les califican a todos ustedes como traidores. Una terrible traición de las élites económicas, políticas y mediáticas, que no han dudado en conjurar sus recursos y en unir sus discursos al servicio de sus privilegios, y todo esto se traduce para los españoles en forma de más inseguridad, de más delincuencia y de más ruina. Sé que al señor Gabilondo no le gustan las fronteras –alguna vez lo ha dicho– pero cuando…
Ustedes hipócritamente salen de sus coches lujosos, supongo que cierran las puertas de sus coches. Y en realidad esto es de puro sentido común, es razonable, porque entienden que lo que quería custodiar es algo valioso. A nosotros nos pasa lo mismo, pero con España y con los españoles. Nosotros consideramos nuestra nación un bien precioso y valioso, por eso queremos fronteras seguras, nosotros las queremos proteger. Son las que guardan nuestra cultura, nuestra tranquilidad y nuestra prosperidad. Y la inmigración solo puede ser tratada según nuestras necesidades socioeconómicas y siempre teniendo en cuenta la capacidad de adaptación a nuestra cultura y civilización. Y hay culturas incompatibles con nuestro modo de vida, sobre todo para la vida, la paz y la tranquilidad de las mujeres. Y todo esto lo decimos así por caridad, respeto y justicia con el conjunto de los españoles.
La inmigración, sin tener en cuenta las necesidades sociolaborales y económicas de España, es un suicidio, señor Gabilondo. La muerte de la nación y del trabajo y del empleo. Un crimen contra nuestra identidad y tradiciones. El reemplazo de la Semana Santa por el Ramadán. La sustitución de nuestras ermitas, iglesias y torres por mezquitas y minaretes. El fin de nuestros vínculos y de la seguridad en las calles. Señor Gabilondo y señorías, en el 2024 llegaron a España 65.000 inmigrantes ilegales, más gente que los que residen hoy en Ávila o los de Cuenca, Huesca, Segovia, Soria o Teruel. En un solo año, señor Gabilondo, en su mayoría varones mayores de edad y todos islámicos. Y, en consecuencia, enemigos de nuestros derechos, en especial de los de las mujeres. Por eso se han multiplicado los delitos, en especial los delitos contra la libertad sexual, los delitos de tráfico de drogas y los robos con violencia e intimidación. De hecho, usted lo sabe muy bien, señor Gabilondo, más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros, y en Madrid se acerca. La inmigración ilegal, señor Gabilondo, lo tensiona todo, en particular en los barrios más sencillos y humildes.
Ya no le voy a llamar, señor Gabilondo, el Defensor del Pueblo español, sino el defensor de Sánchez y, también, de los ilegales. Están ignorando el clamor de los españoles, como previamente han ignorado las recetas de los expertos, han lucrado las mafias de trata de personas y han provocado un efecto llamada de incalculables dimensiones trágicas, tanto para nacionales como para extranjeros residentes legalmente en España. Señor Gabilondo, ejerza Defensor del Pueblo y defienda los derechos y libertades de los españoles, su seguridad y todas las libertades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Orces. Debería haber intervenido, ha sido un error por mi parte; debería haber comenzado el señor Gabilondo la exposición en relación al punto del orden del día, y por un error por mi parte ha sido usted, señor César, el que le ha dado la palabra. No obstante, si no les importa, reanudamos en el concepto establecido el orden del día y paso a darle la palabra al señor Gavilán.
Muchas gracias. Buenos días, señor Presidente; señoras y señores miembros de la mesa, señor letrado, señora letrada, quienes han visto que ha habido cambios, ha habido cambios ahora mismo. Gracias. Señores y señoras portavoces de los grupos parlamentarios, señoras adjuntas del Defensor del Pueblo, señorías: comparezco a iniciativa de esta comisión a fin de responder a la petición solicitada por el Grupo Parlamentario VOX, que ya ha sido enunciada. Y, bueno, hay que tener en cuenta que el trabajo de la institución del Defensor del Pueblo de 2024 ya ha sido registrado en las Cortes Generales, donde muchos de los aspectos de los que hablaremos hoy podrán ustedes también conocer o habrían tenido la oportunidad de conocer en la presentación del informe. Han deseado que se haga esta comparecencia y, respetadísimo, queda, pero como es lógico, no diremos cosas que contradigan el informe anual que hemos presentado.
Como bien conocen, su señoría, la institución del Defensor del Pueblo tiene relevancia constitucional. Y por eso está presente el texto constitucional en el artículo 54 de nuestra Carta Magna, cuyo mandato se despliega en la Ley Orgánica 3.981 de Defensor del Pueblo y en su Reglamento de Organización y Funcionamiento del 6 de abril de 1983. Así que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, además, ejercemos las funciones de mecanismo de prevención de la tortura a través de la Ley Orgánica 1.2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única en la Ley Orgánica de Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos de España, establecida desde el año 2000, y esta capacidad se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 2/2014 del 25 de marzo de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Fue renovada en 2024 al ser reacreditada con estatus A por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRI). Este mandato, que llevamos ejerciendo ya 25 años, se hace cada vez más presente en una sociedad compleja y en el marco multilateral de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en el que somos la institución nacional de referencia.
Pues bien, en ninguna de estas labores el Defensor del Pueblo tiene encomendada ninguna tarea ejecutiva, ni ninguna otra política pública, ni interviene en el proceso legislativo. El Defensor del Pueblo no es ni poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Su tarea, como saben, es otra y no puede dar cuenta del trabajo de los poderes del Estado. Esto no quiere decir que ustedes no puedan preguntarme, por supuesto, pero no soy yo quien da permiso para ello; desde luego, es difícil que pueda dar cuenta de la acción del gobierno, de lo que hacen los grupos políticos o de cuál es mi opinión, si es que resulta más interesante la de un partido político que la de otro.
El mandato del Defensor ofrece todo un sistema de garantías a los ciudadanos, quienes encuentran en la institución la colaboración indispensable para que la administración les conteste y atienda, permitiéndoles presentar sus quejas. Así, cualquier ciudadano que mantenga relaciones con la administración, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo. Es decir, tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros —ya sean migrantes, turistas, estudiantes, en situación regular o irregular— tienen la puerta abierta de esta institución cuando sienten que sus derechos han sido lesionados.
Y es en este marco en el que la institución del Defensor del Pueblo actúa, en la defensa de las personas y sus derechos, tengan o no nacionalidad española. Porque, si atendemos a la formulación de esta pregunta, habría que dejar claro —yo lo subrayo— que no se trata de contraponer a “muchos españoles” frente a un ente amenazante, que sería la inmigración ilegal masiva, sino de reconocer que, en ambos casos, se trata de seres humanos: padres, madres, hijos e hijas, con proyectos de vida como el suyo y como el mío. En esta institución trabajamos con derechos, normas, datos y personas.
En el informe anual de 2024, registrado el pasado 25 de marzo y accesible desde entonces en la página web de la institución, se destacan una serie de temas, entre los que se incluyen aquellos que afectan a las personas migrantes en su calidad de extranjeros, pero sobre todo como parte de esta sociedad, ya que los problemas de los españoles son también los de ellos. Los temas resaltados en materia de extranjería tratan de visibilizar asuntos especialmente duros, como la tragedia de las personas desaparecidas y fallecidas en el tránsito migratorio o la mejora de los procesos de protección internacional en frontera.
En materia migratoria, la institución también ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas. Se confirmó el crecimiento constante del número de llegadas a las costas, especialmente en Canarias, de personas destinatarias de los recursos del Programa de Atención Humanitaria; los últimos datos de 2024 indicaban que el archipiélago recibió un 17,4% más de personas que el año anterior.
Durante 2024 se recibieron numerosas quejas por las condiciones en que se llevan a cabo los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria. Entre ellas se destacan la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada, las limitaciones en el número de intérpretes y en los servicios jurídicos, sanitarios o psicosociales; la presencia de presuntos menores de edad y de un elevado número de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional y que no lograban obtener cita para solicitar asilo durante su estancia en el recurso. Las dificultades para la obtención de citas para manifestar la voluntad de protección internacional generaron cientos de quejas. También se recibieron numerosas denuncias relacionadas con la inseguridad jurídica y los perjuicios que sufren los solicitantes al no conocer con exactitud en qué estado de tramitación se encuentra su solicitud.
El Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), y también como parte del Programa del Área de Migración e Igualdad del Trato del Defensor, realiza visitas a centros de internamiento de extranjeros (CIE), centros de atención temporal de extranjeros (CATE) y otros centros. Además, tiene la capacidad de supervisar vuelos de repatriación. El Defensor del Pueblo recibe información de los vuelos programados por la agencia Frontex y también de los organizados por la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica (UCER) en su función de asistencia y apoyo a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
En lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia, y más singularmente con la inseguridad ciudadana, se trata de una de las materias específicas que se abordan en la institución. Nos encontramos con quejas de los ciudadanos que incluyen situaciones de inseguridad en barrios, pueblos, zonas y calles, mayoritariamente por la existencia de narcopisos, robos y otras situaciones de inseguridad. En 2024 se recibieron 32 quejas, de las que se admitieron a trámite 15, de un total de 34.402. En 2023, año por el que también pregunta su señorías, llegaron 32 quejas, de las que se admitieron 10, de un total de 34.920. De estos datos se deduce que la inseguridad ciudadana no es una temática con un gran volumen de quejas en la institución. No deduzco más, pero sí es así. Además, esas quejas de inseguridad ciudadana no son necesariamente referidas a personas extranjeras, por lo que la proporción de casos en los que se centra la cuestión planteada hoy no resulta principal. Para mí, un solo caso ya le da importancia al asunto; no estoy cuantificando, simplemente estoy señalando en qué contexto podemos situar el problema que hoy abordamos.
La ciudadanía, por lo tanto, no identifica al Defensor del Pueblo como la instancia para dirimir las cuestiones de seguridad en sus barrios o domicilios, sino que acude directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto nacionales como autonómicos o locales, que sí tienen encomendado, por la Constitución y las leyes, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Este tipo de quejas se inician, de manera razonable, y se proyectan ante el Director General de la Policía, la Directora General de la Guardia Civil y/o la Consejería autonómica responsable de la seguridad, y/o el alcalde o alcaldesa.
Desde que hace más de 30 años se encontró la primera persona migrante muerta en Aguas del Estrecho, España ha pasado de ser un país de tránsito —y, antes, de origen— a convertirse en destino estable para personas migrantes que forman parte de esta sociedad, no ya de manera temporal, sino estructural e incluso existencial. Y digo existencial porque, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el crecimiento de la población española se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, en tanto que el número de personas nacidas en España disminuyó. De no ser por el saldo migratorio positivo, la población española no superaría el saldo vegetativo negativo, debido al descenso de la natalidad y al aumento de las defunciones. Tan solo hay que asomarse a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para informarse.
Ya en 2020, el Defensor del Pueblo publicó un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española, centrado en demografía, mercado laboral, economía pública y efectos macroeconómicos de la migración. Los retos asociados al envejecimiento en Europa y en España —con serios efectos de reducción de la fuerza laboral y el deterioro de las variables de equilibrio fiscal y sostenibilidad del sistema de pensiones— solo pueden ser aliviados por la inmigración.
La célebre frase del escritor suizo Max Fritz, en ese momento de 1965, sobre los grandes movimientos de mano de obra —trabajadores de toda Europa, de Suiza, de Alemania, de España, bien lo sabemos—, que en referencia a la demanda de mano de obra señaló –y ha sido muy citada– "queríamos brazos y llegaron personas", resulta al respecto muy pertinente. No son insumos desechables del mercado.
Sino parte de la propia comunidad a la que pertenecen. Estos días habrán visto la campaña "Sin ellos el campo desaparecería", que ofrece datos muy significativos: más de 270.000 personas migrantes cotizan en la agricultura, ganadería y pesca española, y los trabajadores migrantes constituyen más del 80% de la mano de obra recolectora en España. Es decir, que, al menos en este aspecto, la migración más que un problema parece ser una solución. Aunque, evidentemente, como cualquier fenómeno estructural y permanente que sea complejo y conlleve desafíos de gestión, en este contexto el Defensor del Pueblo tiene un papel como supervisor de las administraciones públicas.
Incluso, en el marco de la percepción, en el último barómetro CIRS del febrero de 2025, la inmigración ocupa el octavo puesto en la lista de primeros problemas de los españoles, mientras la seguridad ciudadana se ubica en el vigésimo tercero. Tan solo un 3,8% del total de encuestados considera la inmigración como primer problema para España, en contraste con el 0,6% que sitúa la inseguridad ciudadana en esa posición.
Según el último aerobarámetro de marzo de 2025, lejos de ser la mayor preocupación de los españoles, la defensa y la seguridad –identificadas como la principal área en el conjunto de la Unión Europea– son la quinta prioridad en España, al mencionarlas el 20% de los encuestados, detrás de la competitividad, la economía y la industria (30%); la seguridad alimentaria y la agricultura (26%); y los valores de la Unión Europea, incluyendo la democracia y la protección de los derechos humanos (24%). De hecho, los datos muestran que España es uno de los países más seguros de su entorno y que la evolución de la criminalidad en su conjunto es descendente, como señalaré a continuación.
Además, reitero que, como cualquier fenómeno complejo y estructural de una sociedad democrática y garantista, la migración también trae desafíos, tales como la inclusión o la presión temporal sobre determinados recursos y servicios sociales y sanitarios, el acceso a la educación, el reconocimiento de títulos y habilidades, y el acceso a la vivienda, entre otros. Es en este ámbito, en el del funcionamiento de las administraciones y en el de la protección de los derechos de todos los ciudadanos –incluidos, por supuesto, los migrantes– donde se identifican esos verdaderos problemas que llegan a esta institución. No digo que sean los únicos que existen en España, pero sí son significativos.
Se dice a veces que las quejas que se reciben en el Defensor del Pueblo son un termómetro de la sociedad española; yo no llego a decir eso, pero sí señalo que nosotros trabajamos a partir de las quejas que recibimos, y desde luego, todo ello está a disposición en el informe anual.
Con la información de que disponemos, no existe evidencia alguna de que la llegada de personas migrantes incremente la delincuencia. Si nos remitimos a estudios e investigaciones realizados en varios países a lo largo de décadas, los datos desmienten también la idea de que la inmigración haya provocado un aumento de la delincuencia en ninguno de los países analizados.
Corresponde al Ministerio del Interior, entre otras competencias, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, según lo atribuido por la legislación en materia de extranjería, el régimen de protección internacional de apatridia y de protección de personas desplazadas, y la administración y régimen de las instituciones penitenciarias. En esta responsabilidad compareció recientemente el ministro del Interior en el Senado para responder a una interpelación sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con los datos de criminalidad e inmigración ilegal el 9 de abril de 2024. Al ser este ministerio la institución que dispone de mayor información al respecto, lo consideraba un asunto que no se sostenía con ningún dato oficial y que, por tanto, no se ajusta a la realidad.
Desde los datos de los que disponemos, no se trata de asociar la inmigración a la delincuencia, ni de confundir la entrada y permanencia irregular en España con una conducta delictiva. Es decir, no se trata de criminalizar la migración.
Contemporánea ha acompañado, incluso, ha acuñado el término “ideas zombies” para referirse a los prejuicios contra la inmigración que, aun habiendo sido rebatidos y desmentidos por múltiples estudios e investigaciones, permanecen vivos en el imaginario popular como estereotipos que hunden sus raíces en las emociones, como el miedo, haciéndose impermeables a la realidad. Estos estereotipos acaban siendo resistentes a cualquier dato objetivo que los contradiga.
Lo que muestran los datos oficiales del Ministerio del Interior es que, mientras la migración sube, la criminalidad baja, sin que se establezca en ningún sentido una relación causal entre ambas. No llegaré a decir el sinsentido de que la criminalidad baja porque ha subido la migración; lo que expongo es que, en ningún sentido, se observa causa-efecto en ninguna dirección.
El año 2024 finalizó con el récord histórico de casi 3 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, siendo el 31,1% de los trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. En cuanto a países extracomunitarios, Marruecos encabeza la lista de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.
El perfil sociodemográfico de las personas extranjeras con autorización de residencia es muy diverso. La edad media de esta población es de 37 años, con una ligera prevalencia de hombres (53%) frente a mujeres (47%). A grandes rasgos, las personas extranjeras, especialmente aquellas bajo el Régimen General de Extranjería, contribuyen de manera significativa al rejuvenecimiento y crecimiento de la población.
Pero, señorías, lo que más preocupa al Defensor del Pueblo en relación con las personas migrantes en situación de irregularidad es que esa irregularidad les haga más vulnerables a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales, al exponerlos a la clandestinidad o incluso a la explotación laboral o sexual; a la invisibilidad y, por tanto, a la desprotección; y, lo que es más grave, a que acaben integrados en redes de trata o de explotación de seres humanos. Nos preocupamos por nosotros y actuamos correctamente, pero también debemos preocuparnos por ellos.
En otro orden de cosas, y como detalla el informe publicado por el Defensor del Pueblo en 2024 sobre los retos de inclusión financiera, se define la exclusión financiera como la incapacidad o dificultad de acceder o utilizar servicios y productos financieros en el mercado general que sean adecuados a las necesidades de las personas y que les permitan llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen. El caso de las personas migrantes en situación irregular es preocupante: tienen graves dificultades para acceder a sus activos o para ser titulares de cuentas bancarias, y un difícil acceso al crédito, lo que las obliga con frecuencia a recurrir a empresas no supervisadas por el Banco de España, que ofrecen créditos personales de forma prácticamente instantánea, pero a unos intereses muy elevados que podrían incluso incurrir en la usura.
En lo que respecta a la toma en consideración, cabe preguntarse por qué existen inmigrantes en situación irregular y a qué conduce esa irregularidad. En cuanto a la postura del Pleno del Congreso de los Diputados —es decir, ustedes—, cabe señalar que, en la medida en que formen parte de las Cortes, se respalda con amplio consenso una iniciativa legislativa popular suscrita por 612.000 firmas. Dicha iniciativa contó, además, con el apoyo de centenares de organizaciones de la sociedad civil en su pluralidad, y de instituciones tan reconocidas como Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación Española de Religiosos, para solicitar una regularización extraordinaria de extranjeros residentes en España, similar a la que se llevó a cabo en 2005, y que ya ha iniciado su tramitación como proposición de ley.
Bueno, ustedes están en sus manos y verán qué es lo mejor hacer, no sé yo quién para decírselo, pero les puedo decir que...
Y que al respecto el Defensor del Pueblo considera que habría que proceder según determinadas líneas coherentes de trabajo. Porque la regularización documental de las personas extranjeras que se encuentran en España, en la mayoría de los casos trabajando, es una cuestión de derechos que debe ser abordada en el modo que ustedes estimen para evitar situaciones de explotación. Un proceso de regularización debe ir acompañado de un análisis de las deficiencias de la actual regulación, que es lo que provoca estas situaciones, y una vez analizadas las fallas del sistema se deberían abordar reformas legales y/o reglamentarias que se pongan en marcha una vez realizada la regularización.
La situación cercana al colapso que padece la gestión de las solicitudes de protección internacional ha de ser abordada de manera integral. No es que ellos deseen ser irregulares; las personas se encuentran en situación irregular. Hay que hacerlo de forma integral para evitar que afecte al sistema de asilo e impida que las personas que lo necesiten obtengan protección. Tanto la gestión de la migración económica como la de los solicitantes de protección internacional y de las personas refugiadas ha de abordarse de manera coordinada con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia en las políticas de integración de estas personas.
Perdón. Si me quiere dejar aquí la copa sin la relleno. Muy amable.
Ahora se cumplen cinco años de la pandemia del COVID-19. Es un buen momento para recordar la aportación de las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, en los trabajos llamados esenciales, los que ayudaron al sostenimiento del tejido social, económico y político del país. Se trataba no sólo de trabajadores de baja cualificación, limpieza, logística, cuidado o transportes, sino de cualificación media, cuidado y dependencia o transporte, y alta, medicina y enfermería. Cuidaron y cuidan de nuestros mayores, atienden en la restauración, forman parte de los equipos de los hospitales y clínicas de cuidados y atención, se ocupan de la mensajería, la producción agrícola y lo logístico; en realidad, forman parte de nuestra vida y muchas veces hacen la existencia un poco más llevadera. Y lo que aspiramos es que trabajen también incorporadas porque una de las funciones decisivas es la convivencia y la incorporación social.
Según el Ministerio del Interior, la práctica totalidad de los incrementos de la tasa de criminalidad se han debido en exclusiva a la llamada cibercriminalidad, que en 2024 supuso el 19% del total de delitos. Según el último balance trimestral de criminalidad referido al cuarto trimestre de 2024, publicado por el Ministerio del Interior, si se excluyen estos delitos cibernéticos —que por su naturaleza con mucha frecuencia se producen fuera de España—, la tasa de criminalidad convencional ha bajado un 16,33% desde 2010, hasta alcanzar en 2024 uno de los valores más bajos de la serie histórica, 41,0 delitos por mil habitantes, lo que constituye también una de las tasas más bajas del mundo, bastante inferior a la de países como Reino Unido, Bélgica, Alemania o Dinamarca.
Bueno, estos datos tienen que interpretarse también teniendo en cuenta la existencia de un posible elemento distorsionador a la hora de interpretar las estadísticas, que estaría en las últimas reformas legislativas del Código Penal 2015, dado que ciertos ilícitos penales que anteriormente eran tipificados como faltas se han convertido en delitos leves y pasan a encuadrarse dentro de las infiltraciones penales genéricas categorizadas como hurtos, daños y lesiones. Por lo tanto, el incremento de ciertas infracciones penales puede no responder al aumento de la criminalidad, sino que se debe a una nueva clasificación de las categorías penales.
También quisiera, por lo menos, señalar que hay un cierto mapa de la población reclusa en España que no debemos olvidar. Según la estadística mensual de febrero de 2021,
Publicada por instituciones penitenciarias, la población reclusa extranjera era de 19.492 personas, lo que representa un 32,6% de la población reclusa total, 59.679. Según datos del Ministerio del Interior, el peso de la población reclusa extranjera en la estructura de la población reclusa por nacionalidad ha descendido en 4,5 puntos porcentuales respecto al año 2009, cuando alcanzó su máximo histórico. Desde estos máximos de 2009, la población reclusa extranjera ha experimentado un descenso del 34,8%, es decir, 9.469 internos menos, mientras que el descenso de la población reclusa española ha sido del 20,3%, 9.912 internos menos. En cuanto a menores condenados, el 79,2% tenía nacionalidad española.
Bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, existe un mayor número de prisión preventiva para personas extranjeras; se puede comprender que, en ocasiones, es para evitar posibilidades de riesgo o hallar riesgo de fuga, pero si uno observa la prisión preventiva entre extranjeros y españoles, se evidencia una diferencia también notable. Sobre todo, no se puede olvidar que la combinación de situaciones de pobreza y exclusión social suele afectar también el historial o régimen penitenciario del recurso. Esto no justifica nada, pero en ocasiones las personas afectadas no siempre cuentan con opciones de asistencia letrada y se benefician en menor medida de los terceros grados penitenciarios, al no disponer a menudo de domicilio familiar o empleo.
Nos preocupa en el Defensor del Pueblo el incremento de los delitos cibernéticos, que también se ha manifestado en la recepción de quejas presentadas por ciudadanos que habían sido víctimas de utilización de datos personales para uso fraudulento, la usurpación o suplantación de identidad, otro de los temas destacados del informe anual. Las víctimas de esta cibercriminalidad sufren un peregrinaje judicial y administrativo que preocupa al defensor. Por ello, organizamos y acogimos una reunión en nuestra sede el 26 de abril del 2024 con las administraciones competentes ante la recepción de quejas sobre la usurpación de identidad y estafas en Internet, es decir, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo y Capitales e Infracciones Monetarias.
Entre los asuntos persistentes que se han identificado en los últimos informes anuales, hay algunos que afectan singularmente a las personas migrantes. Como viene siendo habitual, están presentes las dilaciones judiciales, las homologaciones de los títulos universitarios, los problemas para la obtención de citas, y los retrasos en expedientes de nacionalidad y de protección internacional. En estos procesos, además de la praxis administrativa, las personas migrantes son víctimas directas y ven sus derechos, fundamentalmente, vulnerados.
Bueno, sin el ánimo de concluir, estamos en una primera intervención. Quería compartir alguna última consideración. Pero antes, querría hablar del artículo 92 de la Constitución, porque las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum tiene que ser convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, señorías. Este es el procedimiento para la convocatoria de un referéndum.
Ya he enseñado cuáles son mis competencias y en el marco legal que mandata la actuación del defensor, pero ya me parece mucho pedir que sea yo el que anime a Su Majestad el Rey, al presidente del Gobierno y a todos ustedes a que hagan referéndum. Ustedes sabrán, señorías.
La supuesta existencia de un patrón o perfil de comportamiento delictual del extranjero no se sostiene. Incluso, su participación resulta heterogénea según el tipo de delito y su estatuto legal. Existen aquellos con residencia legal, extranjeros en situación irregular, turistas e incluso aquellos que tan solo acuden temporalmente a España única y exclusivamente para la comisión de delitos. De estas consideraciones se deduce que la ley no es la única.
Que, al margen de otras cuestiones, no le resto importancia en absoluto a lo que se ha dicho y a lo que se presenta, pero no parece haber una relación causal que explique lo que sucede o los hechos delictivos acontecidos con la existencia o no de un tipo determinado de población. La cuestión de esta comparecencia, por ello, no hay que plantearla de forma unidireccional, ya que es imposible, salvo que se analice desde otros puntos de vista, elaborar una interpretación o análisis que reconozca en toda su complejidad las diferentes o múltiples razones que afectan directamente a la inseguridad, pues esos comportamientos y actuaciones no deben adscribirse a un grupo de población concreto. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.
Muchas gracias, señor Rabilondo. Como sabe, las intervenciones las hacemos de menor a mayor, con la incidencia que antes les hacía referencia, y para salvaguardar la posibilidad de haber escuchado en el orden que le correspondía al señor Rocesiñiguez, si le parece bien, al finalizar este primer turno le daré, en dos minutos de intervención, a los efectos de que se pueda efectuar alguna matización de los aspectos sin que ello cause ningún tipo de quebranto en el orden previamente establecido.
Bien, a continuación seguimos, por lo tanto, con el Grupo Parlamentario Vasco. Señor López Torre, tiene la palabra.
Sí, buenos días, gracias, presidente. La verdad es que hoy no sabía si venía una comparecencia del Defensor del Pueblo o la del ministro del Interior, al ver el titular. Y la verdad es que, o es que el Defensor del Pueblo había usurpado las funciones del ministro del Interior, pero veo que no es así, menos mal, con lo cual me quedo tranquilo.
La verdad es que, oyendo la primera intervención, noto que hay quienes viven una realidad absolutamente paralela, una en la que parece que cuanto peor estén las cosas, mejor para ellos; es decir, que si las cosas no van mal, hagamos que vayan peor o, al menos, que parezca que van peor, porque así nos irá mejor. Parece que estamos en esa tesitura.
Hablaba de la realidad de las calles, como si, al caminar, cualquiera pudiera verse atracado o que le robaran todo lo que posee a la vuelta de la esquina. La verdad es que, no sé, aún no me ha pasado, ni en mi tierra natal ni aquí en Madrid, que a las once de la noche uno pueda transitar tranquilamente. No lo he vivido nunca, y no solamente en este barrio, sino también en otros por los que he podido andar a la noche.
Y la verdad es que, no sé, debe ser que vivimos realidades distintas, no lo entiendo. Además, he revisado cuáles son las ciudades más inseguras del mundo y no he encontrado ninguna española, mientras que, entre las primeras se encuentran ciudades mexicanas, desgraciadamente para ese país. Y no es porque México esté sufriendo una migración masiva de otros países; las causas son otras, no es esa ni mucho menos.
Con lo cual, que no nos hagan creer que el problema de la delincuencia se origina en la migración o, como también he oído, que nos están obligando a hablar un idioma distinto al nuestro. Eso algunos sí lo hemos vivido, pero no creo que a nadie se le esté obligando, por ejemplo, a hablar en árabe, pues parecen querer hacernos creer que el español va a desaparecer por ello. Lo dudo mucho.
O que se nos está imponiendo una creencia religiosa distinta y que se nos exigirá otra. Vaya imaginación.
La verdad es que en mi municipio convivimos, por ejemplo, con cinco ermitas, ninguna de las cuales ha caído; todas se mantienen en pie, en perfecto estado y en uso, junto con una iglesia y una mezquita. Convivimos en perfecta armonía con toda la ciudadanía y no hay ningún problema.
También se alude a la cuestión de los españoles honrados. Quizás algunos españoles no lo seamos; aquellos que no coincidimos con cierto ideario parecen ser tachados de no ser honrados o decentes, aunque no haya pronunciado la palabra decente, pero es lo que se puede interpretar. Yo me pregunto: ¿quién entregará esos carnés de ciudadano honrado o decente? Algunos, en algún otro tiempo, en el País Vasco, también hemos sufrido el hecho de que nos repartan carnet.