Cámara de Diputados - Gobierno Interior - 7 de enero de 2025

Diputados, diputadas, invitados, las actas de las sesiones 177 especial y 178 ordinaria sean por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario, muy buenas tardes, dará lectura de la cuenta. Buenas tardes, presidente. Gracias. La cuenta es la siguiente. En primer lugar, un oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, el que reconoce y fortalece las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. Y, en segundo lugar, el que modifica la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. Luego, hay un oficio también de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación, comunicando que la sala accedió a la solicitud que le formuló la Comisión de Gobierno Interior en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley iniciados en moción, el primero y en mensaje el segundo, en primer trámite constitucional. Los proyectos son los siguientes: el que reemplaza el feriado nacional del 12 de octubre de cada año por feriados regionales diferenciados a lo largo del país, y el segundo, el que declara un día para cada región como feriado legal de carácter regional. En cuarto lugar, un oficio del abogado oficial mayor de secretaría, comunicando que la sala de la Corporación aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Corporación. Por haber sido objeto de indicaciones, se remite la totalidad de los antecedentes a esta comisión para que emita su segundo informe de acuerdo al inciso cuarto del artículo 130 del reglamento. Finalmente, el presidente recibió un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública con carácter de reservado, mediante el cual da respuesta a la solicitud de esta comisión en orden de informar sobre el anuncio que se había dado por parte del gobierno de contratar 1.600 nuevos carabineros. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. El diputado Cosme Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Solicito el acuerdo de la comisión para invitar a los integrantes o al representante del Consejo Directivo del Servel a esta comisión, o a su presidente del directorio, con el propósito de conocer cómo está compuesto ese Consejo Directivo, cuántos integrantes tienen, cuáles son las funciones que cumplen y por cuántos periodos están hoy día nombrados de acuerdo a lo que establece la norma. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. El director del Servel está invitado para la próxima semana, por el proyecto que estamos tratando. Ofrezco la palabra sobre varios. El diputado Fernando Borges tiene la palabra. Sí, sobre el mismo tema del colega Mellado. Yo el año pasado al mismo director en su momento le consulté, le hice las mismas consultas. Lo que quiero saber es si es que han respondido en esta secretaría, si es que han enviado algo al Servel referente a las mismas preguntas que ha hecho por su intermedio el presidente del diputado Mellado. Entonces, no sé si esto ya se contestó por escrito o vamos a pedir que el señor Tagle sea el interlocutor válido para darnos la información. Eso me gustaría saber. Gracias, presidente. Sobre el punto, diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Tal como lo plantea el diputado Borges, puede ocurrir lo mismo de nuevo, que el señor Tagle nos entregue información parcial con su visita, porque no viene a ese tema precisamente. Por lo tanto, sería conveniente enviarle un oficio anticipadamente de parte de la comisión, que traigan todos los antecedentes con respecto a cómo está compuesto este Consejo Directivo, funciones, roles y también el tiempo y periodo en que están ellos nombrados en esta institución. Pido el acuerdo entonces para esta comisión para poder mandar el oficio. Se toma el acuerdo para mandar el oficio al director del Servel, el señor Andrés Tagle, y enviar el cuestionario para que nos responda. Aprovechamos que la próxima semana también va a estar acá, así que ahí reforzamos el tema. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputadas y diputados, quiero hacer una petición. Quiero enviar un oficio, pero a la vez voy a mandar una carta a todos los integrantes de esta comisión porque quiero solicitar, según el artículo 235 del reglamento, una comisión bicameral para poder ver el proyecto de reforma del sistema político en conjunto con el Senado, con la Comisión de Constitución, ya que efectivamente estamos gastando energía en dos proyectos que, si bien no son iguales ni se quieren comparar, tratan un tema de reforma del sistema político que creo que es importante que lo abordemos de forma seria. Esta comisión está trabajando al respecto, pero también en el Senado está avanzando otro proyecto. Entonces, al final no se van a chocar porque son distintas comisiones y es por eso que quiero hacer la solicitud, según el artículo 235 del reglamento, de una comisión bicameral. Voy a pedir una carta en la cual le solicito a cada integrante de esta comisión, si es que está de acuerdo, firmarla y apoyarla para solicitar a los comités también ese tema. Presidente, no es necesario. Basta con que se adopte el acuerdo por la comisión para enviar al presidente de la Cámara. El oficio solicitando ahora es una decisión de la Cámara, no de la comisión. Claro. Pero mañana, de todas maneras. Se toma el acuerdo y se envía para solicitud de una comisión bicameral con el Senado o con la Comisión de Constitución. Los integrantes de la comisión bicameral los definen ambas cámaras, no pueden ser integrantes de la Comisión de Constitución o de Gobierno, eso lo definirá la comisión. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre varios. No hay palabras más sobre varios. Entonces, pasamos a la orden del día. La orden del día tiene el objetivo de continuar la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, mensaje contenido en el boletín Nº 16.888-06, con urgencia calificada de “suma” y refundido con las siguientes mociones: modifica la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento (boletín Nº 16.593-06); y modifica la Ley 20.730 para ampliar el concepto de lobista y establecer nuevas obligaciones en materia de transparencia y publicidad de sus actividades (boletín Nº 16.988-06). Para tratar este proyecto de ley, han sido invitados el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, señor Jorge Jaraquemada Roblero; de Porzio Río García Abogados, señor Andrés Sotomayor; y el director ejecutivo de la Organización América Transparente, señor Juan José Lyon. Además, tenemos la subsecretaria de CESPRES, la señorita Macarena López, y también ha confirmado la señora Paulette Desormeau, acompañada del asesor de dicha fundación, el señor José Cortés. De manera telemática, está el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, don Jorge Jaraquemada Roblero. Le ofrezco la palabra para que... [append chunk id: 13502]

Espoleto, la señorita Paulette de Sormó. Tengo una presentación, no sé. Muchas gracias. Bueno, contarles primero me voy a presentar porque no me conocen. Mi nombre es Paulette de Sormó, yo soy periodista, soy profesora de la Universidad Católica y soy vicepresidenta de América Transparente. Entre varias otras cosas, he dedicado mi carrera justamente a la investigación periodística, el trabajo con datos abiertos y por eso para nosotros poder contribuir de alguna manera en esta discusión es muy, muy importante y les agradezco mucho su invitación. La siguiente, por favor. No sé si todos conocen América Transparente, entonces brevemente quiero explicarles, contarles que somos una organización sin fines de lucro y nuestro foco principal es la transparencia y particularmente que cada peso público tenga un destino público. Para eso hemos trabajado mucho en tratar de mover la frontera de la transparencia, especialmente en municipios y en corporaciones municipales. Juan José Lyon es nuestro director ejecutivo, él vive en Reino Unido, entonces no está acá, y Juan Carlos Eita es nuestro presidente. Muchas gracias. Bueno, lo primero que nada nos pone muy contentos como fundación que exista la posibilidad, que se esté discutiendo la posibilidad de modernizar la regulación del lobby, porque de todas maneras hoy no tenemos ninguna forma de abordar estos nuevos espacios de influencia que se han generado con los cambios sociales, con los cambios de la comunicación y porque sabemos, de acuerdo a varios estudios, que hay una percepción ciudadana de captura de políticas públicas. Tenemos una crisis de confianza y creemos que es muy relevante fortalecer justamente la confianza pública en las instituciones, en las autoridades políticas y en la integridad. Creemos que modernizar la ley del lobby puede ser un camino muy efectivo para ello. Siguiente, por favor. ¿Para qué, entonces, trabajaríamos en esto? Primero, creo que conversando con distintos actores de la industria también, del lobby, de la influencia, de la representación de intereses, vemos que hay bastante consenso en que, en realidad, normar el lobby y ampliarlo no hace sino legitimar su uso dentro del marco legal y creo que eso es importante porque tenemos una mirada del lobby muchas veces desde la sociedad civil, incluso que fiscalizamos, como que fuera algo negativo y, en realidad, puede ser algo muy, muy bueno. Puede ayudar a contribuir en la formulación de políticas públicas, es una forma de participación ciudadana también, mientras esté ejercido de una manera acorde a ciertos principios en los que nos ponemos de acuerdo como sociedad y lo que queremos es tratar de contar hoy qué aspectos de este proyecto de ley nos parece que fortalecen la protección frente a influencia indebida en decisiones públicas y que pueden ayudar justamente a contribuir a una mayor confianza en estas decisiones. Siguiente, por favor. En general, hay 10 puntos que les voy a contar que nosotros destacamos de este proyecto de ley que está en discusión. Diría que lo primero es que reconoce la necesidad de modernizar este marco normativo. Llevamos 10 años, cierto, de esta ley y no han habido grandes cambios. Tenemos bastantes aprendizajes de cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado. En términos, por ejemplo, del registro, yo les cuento como periodista y nosotros como fundación que fiscalizamos muchas veces temas de compras públicas o de decisiones que se toman, cierto, en el Estado, hay registros que son incompletos. Si bien somos un país que lidera en estándares de transparencia en muchos aspectos, creemos que hay una oportunidad muy grande de modernizar y de perfeccionar la forma en que se llevan esos registros. Este proyecto propone integrar estos estándares de transparencia e incluir nuevas formas de influencia como las campañas mediáticas o el uso en redes sociales, eso nos parece clave. Creemos que poder entrar en ese aspecto realmente puede posicionar a Chile como un país líder en la OCDE en este tema. Plantea eliminar la distinción entre lobistas y representantes de intereses y esto lo alinea a prácticas internacionales. Esta distinción que tenía nuestra ley actual, que es del año 2014, cierto, donde hacemos una diferencia entre aquellas personas que ejercen influencia por una remuneración y otras que no, nos parece que no tiene sentido con el espíritu de lo que busca la ley, que es básicamente transparentar quiénes están ejerciendo influencia sobre quiénes y para qué. Por lo tanto, el poder tener este único concepto de representantes de intereses nos parece muy adecuado. Incorpora obligaciones de reporte para representantes calificados de intereses, eso es algo que quizás puede ser polémico porque hasta ahora Chile ha tenido un marco normativo que pone toda la responsabilidad de reporte en el sujeto pasivo, es decir, los funcionarios públicos. Eso no es el estándar en todos los países, de hecho, tenemos muchos ejemplos dentro de la OCDE y en general a nivel internacional donde esa responsabilidad se comparte, vamos a hablar un poquito de eso después. Es muy valorado por nosotros que establezca sanciones claras y que haya un organismo a cargo del control del cumplimiento y también, por supuesto, que fije estos períodos como de enfriamiento para lobistas en el sector público y viceversa. La siguiente, por favor. Dicho esto, en concreto creemos que pone realmente en el centro el objeto del lobby cuando incorpora este único concepto de representantes de intereses. Eso respecto al sujeto activo, pero respecto al sujeto pasivo a los funcionarios públicos, digamos, nos parece que está muy bien abordada la ampliación que debe haber por las personas que toman decisiones que no son solo, cierto, un director, sino también sus asesores directos, jefes de servicio y sobre todo acá queremos poner un punto en la importancia de incorporar a las corporaciones municipales. En América Transparente llevamos mucho tiempo intentando que estas corporaciones tengan mayor transparencia. A modo de ejemplo, la CORDESAN, por ejemplo, ha recibido 100 mil millones de pesos de la Municipalidad de Santiago y ese dinero que no tiene ninguna transparencia, que no le rige la Ley de Compras Públicas, nada. Tenemos de hecho un caso con el Consejo para la Transparencia intentando que nos transparenten esa información y nada. Creemos que la modernización de la ley del lobby si incorpora a estos actores como corporaciones municipales puede dar un paso sustantivo en esa línea. La Corporación de Educación y Salud de las Condes, por ejemplo, tiene un presupuesto de más de 40 mil millones de pesos, equivalente para que se hagan una idea al presupuesto anual de La Pintana. Entonces, es realmente importante que no nos olvidemos de estos actores que realizan, de hecho, funciones propias de un municipio, pero son entidades privadas, muchos de ellos. Incluye nuevas formas de influencia, como las campañas mediáticas y de redes sociales, eso se los mencioné. Esto es clave. Hemos conversado también con otro tipo de organizaciones, por ejemplo, Digital Action. Es una organización que se dedica, sin fines de lucro, a que las plataformas como Meta, X, etcétera, sean más transparentes y tengan mayor rendición de cuentas. Y ellos nos cuentan, por ejemplo, que perfectamente estas plataformas pueden darnos un reporte de qué actores, por ejemplo, han pagado por difundir determinadas ideas. Entonces, en ese sentido, el que podamos discutir, el incorporar a las plataformas o los medios de comunicación nos parece muy importante. La siguiente, por favor. En este sentido, bueno, lo mismo, que se adapta a la evolución de las comunicaciones, ¿cierto? Y que esto nos va a ayudar, nos va a fortalecer, como esta capacidad de transparentar el uso de plataformas digitales y de redes sociales, independiente del sector que las ejerza y se alinea con estos estándares internacionales de transparencia en el entorno digital, en los cuales, de hecho, Chile también está trabajando desde otros sectores. Siguiente, por favor. El que incluya la designación o la aprobación de nombramiento de cargos públicos donde intervienen ustedes, ¿cierto? La Cámara o el Senado nos parece muy relevante. No les puse los artículos porque no van a recordar exacto el número de artículos, pero los conceptos me interesa que los conversemos. Y la obligatoriedad del registro, independiente de que se solicite por sujeto activo o pasivo. Eso es clave. No puede ser que las reuniones solo se registren cuando es el representante de interés el que pide la reunión. Porque eso lo que hace es generar, ¿cierto? Una inequidad en el acceso a las autoridades, al registro de ese acceso. Si ustedes ya me conocen a mí aquí, quizás me van a llamar de nuevo en otra oportunidad para que yo les explique y van a quedar otras fundaciones fuera. Entonces, es súper importante que el registro sea transparente, sea quien sea quien solicita la reunión. Y, por supuesto, la exigencia de reportar todas las actividades del lobby. No puede ser que a esta altura, el año 2024, consideremos que hay que reportar solamente el lobby que se da en la oficina de una autoridad, ¿cierto? Eso hay que ampliarlo y este proyecto de ley lo considera, así que valoramos mucho aquello. La siguiente, por favor. Esto me interesa mucho que sepan que lo consideramos algo positivo, porque sé que genera, que causa reconcomio en algunos. La distinción de representantes calificados de intereses, ya RCI les llamamos, ¿cierto? Con sus respectivas obligaciones de reporte. Si bien este proyecto de ley dice, son todos representantes de intereses, reconoce que hay ciertos representantes de intereses que ejercen esta influencia de un modo más sistemático, en particular, dice, aquellos que hayan tenido siete reuniones en un semestre, van a estar sujetos a distintas obligaciones. Eso nos parece adecuado y es algo que tienen muchos países a los cuales nosotros miramos, entre ellos Estados Unidos. Una de las razones por las que tenemos que tener distintas obligaciones de reporte es porque un funcionario público o un sujeto pasivo no puede saber todo aquello que está haciendo el representante de interés, ¿no? Es decir, solamente podrá dar cuenta de la reunión que le pidió o de la conversación que tuvo, pero no si hay una campaña en redes sociales, si se puso un inserto publicitario, etcétera. Por lo tanto, es clave que los privados, por decirlo de alguna manera, que son representantes calificados de intereses, tengan también obligaciones de reporte. Lo mismo ocurre con estudios que se encarguen, por ejemplo, para poder a un centro de estudios o a un grupo de expertos, para poder influir respecto a las decisiones de ciertas autoridades. Esto se alinea a la experiencia de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Irlanda, de Australia, entre otros. No estamos hablando como de normas que apliquen solo, por ejemplo, en Eslovenia, es un país que es muy bien mirado en esto. No somos Eslovenia, ¿cierto? Bueno, tampoco somos Alemania, pero hay un sinnúmero de países a los cuales miramos que tienen también esta distinción. Esto permite también enfocar nuestros esfuerzos regulatorios y priorizar, ¿cierto? La transparencia de los actores más influyentes, asegurando que esas actividades sean particularmente visibles al público, sin que tengamos que imponer cargas regulatorias a organizaciones o personas que tienen un impacto menor, promoviendo esta regulación proporcional. Creo que esto va a aumentar directamente la transparencia y poniendo también la confianza ciudadana. La siguiente, por favor. Esto no se los voy a decir luego, podemos conversarlo si es que tienen alguna pregunta, pero solo quiero que sepan que este es un cuadro que está publicado en un informe de la OCDE, publicado el año pasado, ¿cierto? Donde hay muchas recomendaciones que vi personalmente que estaban recogidas en el proyecto de ley, pero creo que de las cosas que me parecen más relevantes es cómo muestra que países como Estados Unidos e Irlanda tienen una, le dan la responsabilidad de reportar sus actividades de influencia. 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y Andrés Sotomayor, Juan José Lyon, Carolina Tohá. En el caso de las personas jurídicas que se dedican a la representación de intereses. También, respecto al contenido de las divulgaciones, hay toda una guía de cómo debe hacerse en este sentido. Chile no estaría inventando la rueda, ni mucho menos, hay muchos ejemplos de los cuales podemos tomarnos. Siguiente, por favor. El hecho de que las personas jurídicas que son representantes calificados de intereses, no todas, sino aquellas que tienen una actividad más intensa de representación de intereses, tengan que informar sobre sus beneficiarios finales es clave. Nosotros trabajamos mucho identificando quiénes son los beneficiarios finales en América Transparente, pese a que no tenemos una ley de ello. Usamos bases de datos abiertas para poder identificar a quiénes realmente se representan, o quiénes se benefician, cierto, con determinados contratos, etcétera. Y poder incorporar esto subiría muchísimo nuestro estándar de transparencia. El que hayan sanciones claras por incumplimiento y el periodo de incompatibilidad para lobbyistas. La siguiente, por favor. Ya, esto es súper importante. Tenemos una oportunidad, y ustedes tienen una oportunidad única de poder fortalecer la transparencia subiendo el estándar de los datos abiertos, que sean unificados, completos, estructurados, oportunos, accesibles. Chile tiene un montón de bases de datos que son abiertas, que se podrían cruzar con estos registros de lobby, que hoy no ocurre, porque los reportes, la verdad, ni siquiera hay una ventanilla única. Hay seis plataformas en las cuales los sujetos activos que quieran tener una audiencia, cierto, con algún sujeto pasivo, tienen que registrarse. Entonces, necesitamos reforzar eso. Y para ello, nos parece clave utilizar la tecnología. Quebec, por ejemplo, cuenta con un chatbot. Ustedes, imagínense que ingresaran a InfoLobby o al portal de registro que decidiéramos para registrarse. No saben muy bien cómo hacerlo, cómo ponerlo. Bueno, tienen un chatbot con inteligencia artificial que les va explicando cómo hacerlo, les va ayudando, los va orientando. Eso no supone un recurso humano adicional ni nada de ello. Es muy efectivo. Lo mismo en países como Francia, que tienen alertas automatizadas de plazo de reporte, todo para ayudar a los privados, en el fondo, a cumplir estos estándares. Es importante definir cuáles son los elementos mínimos que se informan en el reporte. Revisando los registros de lobby, nosotros nos encontramos con reuniones que dicen que el objetivo es presentar oportunidades de colaboración. Perdón, pero eso no es un reporte transparente de una reunión de lobby. O contar como el objeto de la empresa. No, o sea, necesitamos que tenga un nivel de detalle que nos pueda dar cuenta de sobre qué decisión se quiere influir. Sugerimos ahí utilizar el estándar francés. Evitar declaraciones genéricas o listas de representantes. No es que queramos más información por tener más información. Eso puede confundir a la gente. Lo que necesitamos es que hayan datos útiles que nos permitan entender el impacto específico del lobby en procesos de toma de decisiones. Y para ello es clave esto de la ventanilla única. Creemos que le va a hacer la vida más fácil también a todos los representantes de intereses en general. Siguiente, por favor. Lo que consideramos que se debe perfeccionar tiene que ver con la obligación que pone este proyecto de ley sobre los medios de comunicación. De reportar a los patrocinadores de mensajes informando el monto que haya sido pagado. Creemos que pueden haber otros caminos. Creemos que es muy importante que esa información exista, ¿cierto? Como cómo se ejerce la influencia a través de los medios de comunicación. Pero consideramos que la carga puede estar más bien centrada en el que ejerce esa influencia. Y que a través de la tecnología podemos tener mecanismos muy eficientes de control de aquello y para ayudar también a la persona a reportar. Y hay que definir, cuando se habla del mensaje como una comunicación pagada, necesitamos entender qué es ese mensaje. ¿Es la publicidad? ¿Es una columna de opinión? ¿Son insertos? ¿Son invitaciones de viajes? ¿Una carta al director? ¿Una columna de un representante de una industria que no revela ese vínculo necesariamente? Eso no es una forma de influencia transparentar. Mientras seamos capaces de tener una definición un poco más específica, se van a disminuir esas arbitrariedades que podrían eventualmente ocurrir en la aplicación de la ley. Y para terminar, simplemente decirles que valoramos este proyecto profundamente. Creemos que es un avance y que ojalá sea una responsabilidad de este Congreso mejorar una norma que ya tiene 10 años. Sobre todo, siguiendo estas recomendaciones que ha hecho la OCDE, y que estamos dispuestos 100% a poder apoyar el proceso, contarles nuestra experiencia o lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulette. Don José, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, le ofrezco la palabra al señor Jorge Jaraquemada Roblero de la Fundación Jaime Guzmán, que está en forma telemática. Don Jorge, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, agradecer la invitación a la sesión de esta honorable comisión. Yo compartí un PPT. Déjeme, estoy luchando con la tecnología acá. ¿Se ve ahí o no? No, no se ve, pero si quiere lo compartimos de acá. Lo podemos compartir desde acá. Ya, mejor. Estupendo. Perfecto. Bueno, un segundito para compartir y ahora está. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, yo voy a resumir mi exposición básicamente señalando aquellos puntos que me parecen interesantes de este proyecto, aquellos que me parecen que tienen complejidades y finalmente voy a hacer un par de sugerencias que no fueron recogidas en el proyecto del Ejecutivo. Lo primero a modo de proemio es simplemente señalar que la regulación del lobby lo que busca es establecer una mayor transparencia para evitar la captura y los conflictos de interés en la toma de decisiones y asegurar el acceso de todos los ciudadanos de una manera simétrica con estándares de igualdad a nuestras autoridades. Segundo, señalar que Chile tiene uno de los marcos legislativos más completos y más coherentes de todos los países de la OCDE, lo que ha sido destacado precisamente por esta organización. Y este proyecto, de hecho, es fruto de una serie de recomendaciones que se hicieron en un informe que el Ejecutivo solicitó hace algún tiempo. Pero no obstante ello, me parece que es muy pertinente que a 10 años de la promulgación es pertinente, digamos, su revisión, porque, entre otras cosas, nosotros en el marco de la integridad pública nos encontramos con que tenemos estatutos normativos bastante robustos que han sido generados básicamente a partir del año 94 en adelante, pero que sin embargo nos encontramos con muchas dificultades y fallas de implementación, lo que lleva, digamos, a que los resultados esperados no sean los mejores. Lo primero es que este proyecto propone una nueva definición, como se señaló recientemente ya, que elimina el tema de la remuneración. Esto es una recomendación OCDE, no es cierto, establece un concepto único que es el de representante de interés. A mí me parece bastante pertinente esto, ya que la distinción actual entre remunerados y no remunerados, la verdad, no tiene mayores consecuencias prácticas y por lo tanto es poco relevante. No obstante, hacer simplemente el punto que hay legislaciones, por ejemplo, como la británica, que es una de las más recientes, en la cual la remuneración es un elemento esencial para definir, digamos, lo que es el lobby. Y nosotros estamos haciendo, digamos, pasando por alto esta cuestión. Lo segundo es que esta definición agrega, y esto me parece uno de los más importantes elementos de este proyecto, agrega otras formas de comunicación que los sujetos activos y pasivos, diría yo, y quienes están, digamos, dotados de la autoridad para interpretar las normas, como es el caso de la Contraloría, han entendido que hasta aquí no están implícitos en el artículo 2 y el artículo 5 de la ley de lobby. Me refiero a que este proyecto integra aquellas comunicaciones no planificadas, como por ejemplo los mails o los whatsapp, y aquellos encuentros espontáneos entre autoridades y sujetos activos, como por ejemplo, encontrarse, no es cierto, intempestivamente en una comida social, en un matrimonio, aunque estos sean fuera de la oficina y fuera del horario del trabajo, donde obviamente, esto es, en menester que haya sucedido, haya habido, no es cierto, alguna acción de lobby, es decir, intentar influenciar en las materias que define el artículo 5. ¿Por qué me parece esto, tal vez, lo más relevante, que es el aporte de este proyecto? Porque creo que esto permite zanjar una cierta tensión que hay entre el artículo 5 de la actual ley de lobby, que habla de aquellas acciones destinadas a obtener ciertas decisiones y enumera una serie de decisiones, y por otro lado, el artículo 2, en su numeral 1, que habla de aquellas acciones para influir. No obstante, hay dictámenes de la Contraloría que han entendido que las actividades fuera de la oficina o fuera de la jornada de trabajo de las autoridades, que son sujetos pasivos, son asimilables a aquellas actividades en terreno propias de la función pública que ellos ejercen, y por lo tanto, no son lobby. Y por lo tanto, esta extensión, digamos, de la nueva definición, las viene abarcando, y eso me parece muy positivo. Pero hay un segundo elemento que es muy importante y que tiene que ver con que hay un dictamen muy reciente, del año pasado, de la Contraloría, que se vino a pronunciar a propósito de una situación que generó un cierto escándalo público, en el cual una persona invitaba a su casa a autoridades y a empresarios para conversar sobre distintos temas. Y allí, la Contraloría, en su dictamen, dice, mire, aquí se trató de sujetos pasivos de lobby, participaron sujetos activos de lobby, se hizo esto en la casa de un conocido lobista, registrado como tal, se trataron, aparentemente, materias propias de las decisiones que regula el artículo 5º, pero dice, finalmente, pero no consta que en aquellas reuniones se hubiera requerido u obtenido las decisiones a que alude el artículo 5º. Y por lo tanto, dice, no es lobby. Yo, la verdad, es que lamenté mucho cuando se hizo ese pronunciamiento de Contraloría, me parece que no está acorde al actual espíritu de la ley, y este proyecto, en ese sentido, viene a zanjar esta cuestión, porque aquí queda... [append chunk id: 13507]

Claro, digamos que estas acciones son acciones para influir y no para obtener una determinada decisión, que es algo, por lo demás, muy propio del lobby. Si el hecho de que usted haga lobby no significa que usted va a obtener una decisión, significa que usted está intentando, a través de una serie de argumentaciones, ¿no es cierto?, hacer valer aquella posición que cree más pertinente o adecuada a sus propios intereses. Una sola cuestión. Va muy rápido la pasada diapositiva. Una sola cuestión respecto a este punto tiene que ver con que se agrega también, aparte de la ampliación de la definición, a aquellas reuniones cuando sean solicitadas por sujetos pasivos. Yo en general comparto lo que se dijo por mi antecesor en el uso de la palabra, pero quiero hacer, digamos, el llamado a atención. ¿Qué pasa con aquellas citaciones, por ejemplo, que son propias de la función pública para objeto de fiscalización y que un sujeto pasivo le hace a un sujeto activo? El meollo de esa situación tiene por objeto un rol de control, de fiscalización de una autoridad que tiene una cierta potestad pública respecto de un sector regulado. No hay ahí, ¿no es cierto?, una cuestión de lobby. Entonces, ojo, estas cuestiones pueden ayudar, pero no necesariamente tienen que ver con un tema de lobby. Siguiendo con el tema de lo que aporta esta nueva definición, agrega ciertas acciones de intermediación. Esto, la verdad, no es una cuestión que esté en las recomendaciones de la OCDE, es bastante escasa, digamos, en la experiencia comparada y a mí, además, me parece que es una cuestión más bien irrelevante, porque no persigue directamente promover la acción de intermediación, un interés o influir en una decisión, sino que lo que persigue es que un tercero lo haga, es generar la oportunidad para que un tercero ejerza esa influencia. Y cuando ese tercero finalmente lo hace, ¿no es cierto?, bueno, esa audiencia obviamente va a quedar registrada. De hecho, las empresas que profesionalmente se dedican al lobby, ¿no es cierto?, que en Chile deben ser ocho o diez, no más que esas, precisamente lo que hacen es intermediar, lo que hacen es contactar a las autoridades para conseguir, ¿no es cierto?, que se reúnan con determinados grupos de interés que quieren hacerles presente su planteamiento. No hay otro efecto, creo yo, pues las acciones de intermediación además no se contabilizan para efectos de ser categorizados, por ejemplo, con esta nueva categoría que propone el proyecto, que es la de representante calificado de intereses, y tampoco se alteran los contenidos del registro que se deben llevar. Entonces, en algún sentido, yo podría decir que me parece que es irrelevante considerar estas acciones de intermediación. La siguiente. Después hay un segundo ámbito, que es el ámbito en que se amplían las decisiones a las que se dirige el lobby, donde aquí me parece que hay dos cuestiones que sí son muy pertinentes y apropiadas, y que es que se expanden, ¿no es cierto?, a aquellos temas de nombramiento de autoridades que son ratificadas tanto por el Senado como por la Cámara, y además se revisa una serie de exenciones de actividades que hasta ahora no configuran lobby y que en adelante sí lo configuraría. La siguiente. Una tercera materia tiene que ver con la ampliación de los sujetos pasivos, es decir, aquellos que reciben, ¿no es cierto?, las acciones de lobby, agregando a aquellos funcionarios que autoridades han añadido por resolución. Ustedes saben, digamos, que hoy día nuestra ley de lobby no establece, digamos, una categoría de sujetos pasivos que es ampliable y que va a depender, digamos, de la experiencia de cada organismo. Bueno, lo que se hace aquí, en el fondo, es recoger esta experiencia de manera que esas categorías de funcionarios sean reconocidas como sujetos pasivos por todos los organismos y no solamente por un organismo, cuando puede haber otro organismo público que tenga una situación muy similar o igual y no haya declarado a esa persona o a ese agente público como sujeto pasivo de lobby. El ejemplo típico en esto son los directores municipales de obra, que hasta hoy, ¿no es cierto?, son los únicos directores municipales que están como sujetos pasivos de lobby, y acá se podría, ¿no es cierto?, ampliar a todos los directores municipales y así una serie de otras categorías. Otra cuestión pertinente del proyecto es la obligación de publicar agendas para ciertas autoridades. Este es un tema, que quiero decirlo desde un principio, no es un tema de lobby. Sin embargo, a mí me parece muy pertinente, tal vez no sea este el proyecto donde debiera tratarse, pero sí me parece muy pertinente. ¿Y por qué? Porque lo que hace es incluir, ¿no es cierto?, todos aquellos eventos y actividades públicas, reuniones y audiencias que tengan con particulares y que no constituyan lobby. Desde el momento que uno dice eso, bueno, obviamente es que no está directamente relacionado con una regulación de lobby, sino que es el margen, ¿no es cierto?, pero sí me parece muy interesante que nuestro país pudiera avanzar a agendas abiertas. Incluso yo plantearía por qué reducirlo solamente a ciertas autoridades, o por qué limitarlo a aquellas actividades que se hayan realizado inmediatamente en el mes anterior, con lo cual usted puede ir borrando ese registro y no va quedando el seguimiento de aquello. Uno podría aspirar, digamos, a tener agendas públicas abiertas de todas nuestras autoridades, con específica mención de aquello que se trata en materia de lobby, se señale específicamente. Bueno, en esto, obviamente, el proyecto lo que pretende es que todo tipo de reuniones, por ejemplo, con otras autoridades públicas, con periodistas, sus compromisos oficiales, sus viajes oficiales, queden comprendidos en esta materia. Salvo, obviamente, aquellos cuya publicidad se considere que afecta derechos personales o compromete el interés general de la nación o la seguridad nacional, que es la única exención que hace el proyecto. La cuarta tema tiene que ver con que el proyecto introduce una nueva distinción entre los sujetos pasivos. Y aquí viene el tema de los representantes calificados de interés, que lo que hace, no es cierto, es introducir una distinción cuando el primer avance que había hecho el proyecto era eliminar la distinción entre remunerado y no remunerado. Entonces, mi pregunta más bien es si tiene sentido incorporar una nueva distinción si ya se elimina una distinción por remuneración, que me parece, además, más propia a propósito de lo que señalé en la primera lámina de que es el sello de la regulación británica. Esta distinción apunta a proponer un estatuto mucho más intenso de obligaciones en aquellos representantes que se consideran calificados de interés, recurriendo para ello a una fórmula de número de audiencias por semestre. El problema creo yo es que lo que aquí se hace es que se establece, de alguna forma, un estatuto de transparencia activa de una serie de temas de carácter económico y de carácter administrativo para sujetos privados que no están bajo la potestad o la obligación, digamos, del principio de publicidad que se establece en el artículo 8º, que está restringido, obviamente, a los órganos de la Administración del Estado. Es decir, hay aquí una aplicación de un estatuto de transparencia activa que a mi juicio no corresponde para los privados, básicamente, por su naturaleza, digamos. No son sujetos públicos, por lo tanto, no se les aplica, digamos, sin más, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es muy endeble este planteamiento, porque el Estado, obviamente, cuando establece una carga, tiene que justificarla suficientemente. Piensen ustedes que, además, el representante calificado tiene ciertas obligaciones que trascienden esta transparencia activa, estas obligaciones, que tienen que ver, por ejemplo, con plazos de moratoria para optar a cargos públicos. Cuestión que a mí me parece bien que se aplique respecto, ¿no es cierto?, de los sujetos pasivos, pero me parece que aquí hay una complicación. Y, por último, señalar a este respecto, la verdad es que la Unión Europea ya tiene una categoría que distingue entre empresas consultoras, estudios de abogados, asociaciones gremiales y sindicales, colegios profesionales, ONG, fundaciones, corporaciones, centros de estudios, en fin, ¿no es cierto?, a las cuales sí les aplica a algunas de estas, ¿no es cierto?, a las dos primeras, empresas consultoras y estudios de abogados, obligaciones más intensas. Entonces, la pregunta es ¿para qué innovar? O sea, se quiere introducir una distinción de este tipo cuando ya se eliminó el tema de remuneraciones, ¿para qué, además, innovar y, por último, no seguir algo que ya está establecido? La siguiente, un quinto punto tiene que ver con obligaciones adicionales a estos representantes calificados, que era un poco lo que enunciaba recién, y que tiene que ver con, por ejemplo, informar aquellas donaciones a instituciones donde se desempeñan sujetos pasivos. La verdad de las cosas es que mi opinión acá es bastante más tajante, a mí me parece mucho más pertinente simplemente prohibir esas donaciones, además para que esto fuera coherente con los periodos de moratoria pos-empleo que se establece este mismo proyecto. Es decir, a mí no me parece pertinente ponerse en la situación de aceptar que los sujetos activos donen a aquellas instituciones donde trabajan o ejercen funciones públicas sujetos pasivos. La siguiente. En este mismo ámbito de mayores cargas a los representantes calificados, se señala que van a tener que informar todos aquellos eventos, manifestaciones públicas, publicidad radial, escrita en imágenes, en soportes audiovisuales, así como toda publicación o difusión que hayan realizado en medios de comunicación social. Es bastante amplia la obligación, sean pagadas o no sean pagadas, con el objeto de promover los intereses de las personas que representan. La verdad es que, más allá de la crítica que yo tengo a esta distinción de representantes calificados, si esta se estableciera, me parece que esta es una obligación que es completamente fuera de los bordes de lo que es la regulación del lobby. Derechamente esto no regula el lobby. Lo que está haciendo... [append chunk id: 13515]

Es regular actos que son ejercicio de un derecho fundamental, como es el ejercicio de la libertad de expresión. Todos los ciudadanos, personas jurídicas o naturales, tenemos derecho a expresar nuestras convicciones o nuestros planteamientos, digamos, por medios de comunicación. En fin, podemos hacer campaña. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se pretende con esto? Se pretende, por ejemplo, que la campaña, por ejemplo, de la Asociación de AFP, esté dentro de estas obligaciones porque la hace un sujeto activo o que la campaña de Oceana, por ejemplo, que es muy pródiga respecto de proyectos, grandes proyectos de inversión para defender el medio ambiente, tengan que estar en esta situación. La verdad es que a mí me parece baladí, y me parece baladí por una razón muy simple, porque la naturaleza de estos actos, entiéndase bien, estamos hablando de eventos o manifestaciones públicas, publicidad o difusión, pagada o no, la naturaleza de todos estos actos ya es pública. Por lo tanto, se cumple el objetivo que tiene la ley del lobby, que es transparentar, hacer público aquellas acciones que eventualmente estén destinadas a influir. Por lo tanto, aunque yo considere que una campaña de medios realizada por un sujeto activo del lobby sea un ejercicio de influencia, bueno, pero eso ya es público. Dice relación con el núcleo mismo del acto. Por lo tanto, me parece que es baladí. Otra cuestión que me parece que no es pertinente en este ámbito es que las personas jurídicas, además, deben mantener a disposición del público una serie de información, como les decía, de carácter administrativo y económico, y me parece que este es un condicionamiento exagerado al ejercicio de un derecho, que es el derecho de acceso a la autoridad pública para hacer valer, digamos, sus planteamientos. Cuestión que está, digamos, fundamentada además en el artículo 14 de nuestra Constitución, del derecho a petición que tenemos todos, e impone una obligación de transparencia activa a ciertos privados que son categorizados de esta forma, y que a mí me parece que no corresponde porque estos no son sujetos obligados de las obligaciones de transparencia, como sí lo son los agentes públicos. Adelante. Una última cuestión que me parece muy pertinente, que el proyecto propone, tiene que ver con estas moratorias en el post-empleo, lo que se ha llamado también periodos de enfriamiento, es decir, que una vez que el sujeto pasivo del lobby deja de trabajar en la agencia pública, no pueda pasar inmediatamente a ejercer el lobby y hacerlo, por ejemplo, en la propia entidad en la cual él trabajaba hasta hace algunos días, semanas o meses. Aquí yo creo que es un tema más bien de prudencia, yo creo que Chile debiera avanzar mucho más que en el tema del lobby y en este tema de los periodos de moratoria respecto de ciertos empleos públicos para evitar conflictos de interés. Y este proyecto lo proponen dos años, lo que quiero decir yo aquí es que hoy día se aplican solamente seis meses, ir solamente respecto de aquellas agencias que tienen roles fiscalizadores, aquí se estaría ampliando de manera general y saltando de seis meses a dos años. La experiencia comparada en general nos habla de que el límite de dos años es el máximo, pero en general se tiende a regular por periodos más cortos de tiempo la moratoria post-empleo, sobre todo cuando son autoridades de menor rango, por ejemplo, que un ministro. En el caso británico, por ejemplo, solo los ministros tienen moratoria post-empleo de dos años y pueden además recibir compensaciones. Entonces, acá se está proponiendo un escenario que es bastante más intenso, ¿no es cierto?, en términos de la obligación y sobre todo que aquí no hay una compensación económica para la persona que debe permanecer durante un tiempo de dos años sin trabajar. Y respecto de los sujetos activos del lobby, esta es una cuestión que, la verdad, yo no conozco que se aplique en la experiencia comparada y que tiene que ver básicamente con prohibirle a aquel que se desempeña hoy día como lobista que pase a ejercer un cargo público. Debería haber un periodo de moratoria. La verdad es que no conozco la experiencia comparada a este respecto, así que la verdad es que no tengo mucha opinión respecto si ha funcionado bien o no. Siguiente, y por último, quisiera plantear muy sucintamente algunas sugerencias que me parecen pertinentes que podrían ser acogidas por este proyecto de ley y que dice, la primera de ellas, con una cuestión que ha sido muy sentida por la OCDE, que me llamó la atención que este proyecto no recogiera y que tiene que ver con unificar los portales del lobby. Es decir, me refiero a establecer una plataforma única de registro y de transparencia centralizada, de manera que exista una suerte de portal único como ventanilla única, con un formulario único donde el solicitante deba registrarse generándose automáticamente el registro de lobista para solicitar audiencia con cualquier autoridad pública. Al efecto, a mí me parece que podría bien adoptarse el sistema de registro que han desarrollado las expresas ya hace mucho tiempo y que alberga sobre 700 órganos de la Administración del Estado como una plataforma de registro única que podría ser utilizada por todos los objetos pasivos, incluidos aquellos que actualmente tienen sistemas particulares en razón de su, comillas, autonomía constitucional. A mí me parece que no es un argumento para que queden fuera de este tipo de cuestiones. De esta forma se podría generar automáticamente un registro consolidado que aglutine todos los registros que ahora deben ser generados por cada institución y que por separado deben enviarse al Consejo para la Transparencia que debe consolidarlos para recién tener un solo registro. Y de esta manera yo creo que podríamos ganar ofreciendo al público información en formato de datos abiertos que sea reutilizable para el ejercicio del escrutinio público de los ciudadanos. Siguiente. Otra sugerencia que me atrevo a plantear tiene que ver muy ligada con lo anterior con establecer un único estatuto de divulgación de la información. Hoy en día tan diversos órganos de autonomías constitucionales y poderes del Estado como la Contraloría General de la República, el Banco Central, las comisiones de ética y transparencia de la Cámara y del Senado, el Ministerio Público, en fin, deben establecer su propio reglamento para la publicación de su registro de agenda pública y sería bueno avanzar en un único estatuto de divulgación de toda esta información. Siguiente. Y como última diapositiva, ahí simplemente señalar que me parece pertinente incluir un registro de audiencias o de reuniones rechazadas que también es una sugerencia de la OCDE y cuyo objetivo es verificar uno de los principios caros a la regulación del lobby, cual es la igualdad de trato, que se debe a todas las personas que solicitan ser escuchadas en sus planteamientos. Además, establecer plazos fatales para que los sujetos pasivos puedan contestar las solicitudes con algún nivel de sanción por el incumplimiento, porque hoy en día lo que sucede simplemente es que lo dejan en visto y los sujetos activos que han pedido una audiencia no obtienen una respuesta. Lo otro es un tema respecto a la limitación de la información de los viajes y donativos. A mí me parece muy pertinente lo que en su momento propuso la Comisión Engel que señaló que no era necesario poner allí todos los viajes, sino que aquellos que eran financiados por sujetos activos. Al ciudadano, para efectos de evaluar el lobby o los niveles de influencia, no le sirve saber que el ministro de las expres tiene que viajar todas las semanas, varias veces, al Congreso Nacional desplazándose de Santiago al Paraíso. Porque eso es parte del ejercicio de su función. No tiene nada que ver, no aporta, por así decirlo, con información relevante para evaluar los temas de lobby o de influencia. Ahora, otra fórmula intermedia podría ser, no sé si intermedia, pero podría ser prohibir derechamente ese tipo de financiamiento, al igual que yo planteaba de las donaciones, que los sujetos activos no puedan ser financiados en sus viajes y no puedan recibir regalos ni donaciones mayores las entidades que trabajan por parte de sujetos que ejercen el lobby. En la experiencia comparada tenemos distintas normas respecto a esto, digamos, habrá que encontrar aquella que sea más prudente. Y ya para ir finalizando, me parece que también es prudente plantear el establecer algún mecanismo de denuncia anónima para aquellas personas que sospechan que se puede estar cometiendo alguna violación a la ley de lobby, que active un procedimiento fiscalizatorio y eventualmente sancionatorio. Y en ese sentido me parece que también es muy pertinente o sería muy pertinente, porque todas estas cuestiones no las acoge el proyecto de ley en discusión, establecer mecanismos de verificación de la exactitud y de la integridad de la información que es divulgada y poner a cargo de esa cuestión como agente, digamos, que debe velar por esa completitud, oportunidad, integridad de la información al Consejo para la Transparencia, que dicho sea de paso me parece que tiene las competencias suficientes para hacerse cargo de esta cuestión en una posición más ventajosa de lo que la Contraloría lo ha hecho hasta ahora. Y yo solamente les doy un dato. En 10 años de ejercicio de la ley del lobby, el número de sanciones por lobby que aplicó la Contraloría fue cero. Muchas gracias a la Honorable Comisión por su intermedio, Presidente. Muchas gracias a vos, Jorge. Y tiene la palabra por último el señor Andrés Sotomayor de Porcio Río García Abogados. No, no. Ah, de Porcio Río García Abogados. Ahí sí. Don Andrés tiene la palabra. Espérame un poquito, espérame un poquito. Ahora. No, lo apago. No, no apriete, no apriete. Ahí, ahora sí. Muchas gracias, señor Presidente, por habilitarme y por su intermedio a todos los miembros de la Comisión por la invitación. Yo soy abogado, hago clases sobre esta materia y por lo tanto es un privilegio participar de esta Comisión porque muchos de estos temas nosotros los discutimos. Yo hago clases de pregrado y clases de posgrado en varias universidades donde tratamos específicamente. [append chunk id: 13536]