Cámara de Diputados - Seguridad Ciudadana - 6 de enero de 2025

Perfecto, vamos a partir. En nombre de los diputados y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 180 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 182 se encuentra a disposición de la señora y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, mediante el cual informa el protocolo establecido por dicho organismo en razón de las filtraciones producidas en causas penales cuando son denunciadas y cómo se persiguen. Oficio reservado de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, mediante el cual remite detalles de la dotación a noviembre del año 2024 y la proyectada para 2025, incluyendo la cantidad de funcionarios por escalafón y o categoría de contrato y la proyección del gasto anual asociado, según lo establecido en la Glosa 2 de la Ley de Presupuestos de 2024. Oficio reservado 880 de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, informando la cantidad actualizada de alumnos por año en la Escuela de Investigaciones Policiales y de otros centros de formación de la institución, incluyendo los ingresos y retiros de la misma, según lo establecido en la Glosa 2 de la citada Ley de Presupuestos. Oficio del Gabinete de la Contraloría General de la República, confirmando la asistencia de la señora Contralora General a la sesión de hoy, haciendo presente que por razones de agenda no le será posible viajar a la Ciudad de Valparaíso, por lo que la exposición se hará de forma telemática. Correo electrónico del diputado Don Henry Leal solicitando recabar el acuerdo de esta comisión para que se invite con urgencia a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública a fin de que se pronuncie dentro del ámbito de su competencia sobre la reciente compra del Fundo El Nudo. Un email del diputado Don Diego Chalper solicitando que la comisión oficia a los integrantes de la denominada Comisión para la Reforma de las Policías para saber qué se ha estado haciendo y envíen las actas y citas. [append chunk id: 13213]

Las notificaciones de las últimas reuniones y la hoja de ruta para el 2025. Un correo electrónico del presidente de FENAUS, señor Marcos Carter Bertolotto, solicitando ser invitado a la sesión de hoy, lunes 6 de enero, para participar en la discusión del proyecto de ley que dispone de la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre e interregional de pasajeros. Manifiesta seguir siendo partícipe del estudio originado por la comisión. Un correo electrónico del gabinete del Fiscal Nacional del Ministerio Público, excusando la participación del señor Ángel Valencia Vásquez e informando que en representación del Ministerio Público asistirán el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo Bal, la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señora Tania Cajardo Orellana, y la subdirectora de Drogas, Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señora Lorena Rebolledo La Torre. Señora Presidenta, hemos recibido también un oficio 116 de la Subsecretaría del Interior, excusando la participación del Subsecretario del Interior en la sesión de hoy por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. Y finalmente, señora Presidenta, puedo dar cuenta de un oficio de la Ministra de Interior y Seguridad Pública, excusando su participación en la sesión de hoy por compromisos previamente agendados. Respecto a los justificativos que entorpecen la participación de diputados en esta sesión, el diputado don Jorge Alessandri Bergara está con salida del país con aviso, y la diputada señora Magui Torcini con licencia médica. Es todo cuanto puedo dar cuenta. Muchas gracias, señor Secretario. Le damos la bienvenida a los diputados. Muy feliz año. Que tengan buen año todos ustedes. Eso es bueno, siempre confiar en Dios es lo más importante. Entonces, vamos a entrar en materia, y esta sesión tiene por objeto tratar la situación detectada por la Contraloría General de la República en los servicios de salud, encargados de recibir, acopiar y destruir droga incautada, que da cuenta de graves vulneraciones legales y sanitarias. Para estos efectos, el señor secretario ya mencionó a los invitados, y me gustaría dar la palabra en primer término a la señora Contralora, que está de manera telemática. Ella ya explicó que hay ciertos nombres, digamos, de servicios que se sacaron de la presentación producto de que esto podría constituir un riesgo del crimen organizado de hacer una quitada de droga. Entonces, en el fondo, por un tema de evitar, pero ella va a enviar este oficio de manera reservada con todos los antecedentes para que estén a la vista de los señores diputados. Señora Contralora, muy bienvenida de nuevo, le otorgo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, en primer lugar por la invitación que valora el trabajo de la Contraloría, en segundo lugar, muchísimas gracias a los parlamentarios y parlamentarias presentes, un feliz año nuevo también para todos ustedes. Vamos a hacer una presentación bastante expedita que se refiere a los hallazgos que hemos tenido en ocho fiscalizaciones ya terminadas y dos fiscalizaciones que están en curso relativas a custodia y destrucción de drogas por los distintos servicios de salud del país. Quiero hacer presente en relación a esta materia que cuando inició la subrogancia de la suscrita en los últimos días del año 2023, se nos consultó por escrito por distintos medios de comunicación y personas también nos indicaron que les gustaría saber cuál es el énfasis que la Contraloría iba a tener en ese periodo y nosotros respondimos formalmente y lo publicamos en un comunicado de que el énfasis iba a estar en aquellas materias que fueran de especial interés para la ciudadanía, incluyendo los temas de seguridad ciudadana, y por esa razón es porque además tenemos el mandato legal de fiscalizar todo el cumplimiento normativo de las instituciones y que nosotros, entre otras líneas de auditoría, revisamos lo que tuviera que ver con quema de drogas, acopio y destrucción para verificar si las instituciones públicas involucradas estaban cumpliendo la normativa. Entonces, en ese marco es la presentación que vamos a exponer. Muy rápidamente, el marco normativo respecto de la custodia y la destrucción de la droga está en la Ley 20.000, en el artículo 41, que alude en el inciso primero a las sustancias y especies a que se refieren los artículos que allí se señalan y las materias primas que sean empleadas en su elaboración, esto es, las sustancias precursoras de drogas. Ese artículo 41 señala que tienen que ser entregadas dentro de 24 horas siguientes al servicio de salud que corresponda. En el inciso segundo alude que el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, pueda ampliar este plazo en 48 horas, o sea, la ley establece un plazo muy acotado y una posibilidad muy precisa para ampliar este plazo, pero también sigue siendo acotada la ampliación. En el inciso tercero de este artículo 41 se alude a que estas sustancias, estupefacientes o psicotrópicas y sus materias primas y las que contengan gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores, tienen que destruirse en un plazo de 15 días por el servicio de salud respectivo una vez que separan la cantidad técnicamente suficiente para los análisis que luego tiene que hacer el Instituto de Salud Pública. En el artículo 42 alude a que los funcionarios que sean responsables de un retardo en esta materia en el cumplimiento de sus obligaciones pueden ser sancionados con una multa a beneficio fiscal de hasta el 5% de su remuneración imponible mensual por cada día de atraso, sin que se pueda acceder al total de dicha remuneración. Eso a modo de contexto y también a modo de contexto que el artículo 43 de esta misma Ley 20.000 señala que el servicio de salud debe remitir al Ministerio Público en el más breve plazo, señala la norma, y que no puede exceder de 30 días un protocolo del análisis químico de las sustancias que le han sido entregadas. Y ahí hay una serie de otras particularidades de cuál es el procedimiento específico que se tiene que cumplir una vez que se ha autorizado la entrega al servicio de salud de la droga incautada por nuestras policías para que luego se proceda a su destrucción. Esa lámina que yo acabo de pasar muy rápidamente y la pasé rápidamente exprofeso tiene por objeto describir la lista total de las auditorías que nosotros hemos realizado. En las siguientes láminas yo les voy a aludir solo a un número de informes y en esa lámina específica que luego se las voy a enviar de manera reservada con más particularidades van a tener en qué servicio de salud se han entregado las drogas y con más particularidades van a tener en qué servicio de salud se daban cada uno de los hechos que voy a describir. Y voy a partir por esta fotografía en circunstancia de que tenemos muchas más fotografías, pero otras fotografías daban cuenta del lugar específico en donde se detectaron los hallazgos, entonces las hemos eliminado de la presentación y mantuve solo esta que es más bien neutra, pero que muestra la situación real de los servicios de salud de qué manera están haciendo la custodia y el acopio de las drogas previo a su destrucción. Antes de ver cada uno de los hallazgos en cada uno de los servicios de salud que nosotros auditamos, indicándolos de manera genérica, les quiero comentar que en un servicio de salud en particular yo comparecí personalmente con un equipo de fiscalizadores a revisar las condiciones en que se hacía la incautación, la custodia, perdón, y la quema de las drogas y entre otras cosas detectamos primero que no tenían el horno para producir a la quema. El horno era facilitado por otra institución de carácter privado al servicio de salud para poder llevar adelante esta tarea. Las condiciones físicas y de custodia de seguridad para poder hacer el traslado de las drogas son bastante precarias y desde ese punto de vista me parece que los hallazgos de las auditorías que nosotros hemos realizado indican o hacen muy necesario que se tomen cartas en el asunto desde el punto de vista de la política pública para hacer mejoras en la materia. También en esa misma visita yo constaté personalmente que los funcionarios de los servicios de salud que realizan esta tarea dan lo mejor de sí, hacen el mejor esfuerzo por llevar adelante esta tarea, pero las condiciones físicas, los espacios, los lugares donde desarrollan esta labor son realmente insuficientes. Y parece ser, y es una evaluación que por supuesto no le corresponde a la Contraloría, sino a los poderes colegialadores, parece ser necesario evaluar si corresponde que el servicio de salud respectivo sea el que tiene esta labor a cargo u otra institución pública que tenga medidas de seguridad suficientes para acometer esta labor. Dicho eso, a modo de contexto y preámbulo, vamos a ver las observaciones que encontramos en las auditorías. En este informe 486 del 2024, que se trató de una auditoría al proceso de recepción, custodia y destrucción de drogas ilícitas entre el primero de enero y el 31 de diciembre en un servicio de salud en particular, detectamos como principales resultados que en el primer trimestre del 2024 la bodega de custodia de las sustancias ilícitas y la puerta de acceso exterior a dichas dependencias no tenían cámaras de seguridad. También se advirtió que el sistema de alarma contra intrusión contratada por una empresa en particular y que había sido instalado no estaba operativo. Algunas de estas cosas ya han sido corregidas y desde ese punto de vista para ese servicio de salud no estaría este riesgo. El asunto es que nosotros no hemos auditado a todos los servicios de salud, solo algunos, porque de acuerdo a nuestras horas humanas disponibles no tenemos capacidad para auditar a todos. Y entonces uno podría concluir que situaciones similares se podrían estar dando en otros servicios de salud. También detectamos que el proceso de carga y estiba de las sustancias ilícitas antes de la destrucción no cumplía con los protocolos de seguridad más básicos porque se realizaba en la vía pública y en horarios de alta afluencia de personas. Esto podía generar desde una quitada de droga hasta interrupciones del proceso en cuanto a los servicios de salud. En concreto, en un servicio de salud, nosotros lo que encontramos es que este servicio de salud no tenía estacionamiento, acceso para vehículos. Entonces, en concreto, esto lo conversé con el director de la, con el prefecto inspector de la policía e investigaciones en esa región. Él me comentaba que ellos tenían que bajar la droga en unos envases bastante precarios y luego ingresar al servicio de salud. En ese lapso podían ser realmente riesgos de una quitada de droga y esto era una cosa constante. Conversé en esa oportunidad también con el director regional de arquitectura para ver si era posible que le diseñaran algún acceso al servicio de salud y me comentó, y por eso lo hago presente a la honorable comisión, de que estaba en estudio una red nacional de laboratorios. Se estaba diseñando esta red nacional de laboratorios y los laboratorios son propiamente los que podrían tener a su cargo la quema de drogas. Entonces, a continuación, yo le solicité si es posible que con las autoridades respectivas evaluaran si esa red de laboratorios en el diseño constructivo de cada una de las instalaciones para cada región pudiera considerar los accesos, las puertas blindadas y todos los elementos de seguridad para que los funcionarios se vean seguros y para que la droga sea destruida y también que cuenten con los hornos para poder hacer la quema. También detectamos en esta misma unidad que si bien la entidad contaba con un sistema de registro de la recepción de análisis y de instrucción de los decomisos, este no controlaba el cumplimiento del plazo en que debían enviarse al Ministerio Público los protocolos de análisis y las actas de instrucción respectivas, ni tampoco el plazo máximo en que debían realizarse ni tampoco el plazo máximo en que debían resguardarse las contramuestras legales. Cuestión que es una exigencia para verificar que se trataba de droga, para verificar de qué tipo de droga se tratara porque todo esto incide en la persecución penal. También detectamos allí que las actas de recepción que se generaban en este sistema no dejaban constancia de las diferencias entre el peso bruto determinado por la unidad policial que entrega el decomiso y aquel peso determinado luego por la unidad de drogas al momento de recibirlo. Y esto, evidente, puede generar diferencias importantes, pérdida de droga y que no haya certeza de quién se va a ser responsable de esa pérdida de droga o de esa sustracción. En quinto lugar, detectamos que los manuales de procedimiento de la unidad de droga tenían deficiencias de control y estaban desactualizados. [append chunk id: 13218]

Incumplimiento en los plazos definidos por la Ley 20.000 para el envío de los protocolos al Ministerio Público, retardo bien significativo en la destrucción de los decomisos y en la notificación al Ministerio Público de esta situación. También detectamos que el servicio vendió de manera directa precursores químicos con los cuales se elaboran drogas que se encontraban bajo su custodia desde el año 2022 y esto, por supuesto, vulnera las normas que allí están indicadas porque excede adicionalmente el ámbito de competencia de ese servicio de salud y por tal razón, entre otros elementos, se ordenó que se hiciera un sumario sobre tal materia. Asimismo, se observó que la causal que se estaba invocando para contratar por vía de trato directo a un proveedor que hacía posteriormente la destrucción de las drogas no estaba debidamente fundamentada. Vamos a pasar al siguiente informe, 544 del año 2024. En este informe se detectó que en 422 ocasiones el Servicio de Salud se demoró en la destrucción de la droga y los estupefacientes que había recepcionado, particularmente en la incineración de más de 11.000 kilos de sustancias que habían sido decomisadas. Esto se realizó, la quema de estos 11.000 kilos, fuera del plazo que establece la ley, con retrasos de hasta 45 días hábiles, lo cual no solo vulnera la Ley 20.000, pone en riesgo a los funcionarios que están trabajando en el Servicio de Salud que pudieran ser riesgos de una sustracción de droga. Y también pone en riesgo, por otro lado, el hecho de que se pudieran sustraer durante esos 45 días tales drogas por funcionarios u otro personal, personal de aseo, personal que concurre al servicio de salud y hasta pacientes que circulan en esos lugares que pudieran proceder a la sustracción de estas sustancias. Este tema, que uno señala como una situación de riesgo, en estricto rigor sí se da. Cuando la Contraloría anunció que iba a fiscalizar estas materias en términos generales, al día siguiente salió publicado en un diario de circulación nacional que se había ingresado a un servicio de salud para sustraer drogas y uno válidamente se pregunta si esa sustracción había acontecido con anterioridad o fue como consecuencia de que se avisó que se iban a fiscalizar estas materias y la droga ya había desaparecido. Entonces, este tema del retraso no es baladí, es importante y la ley lo establece para evitar los riesgos. También hay incumplimientos en el plazo para notificar al Ministerio Público acerca de la destrucción de las sustancias ilícitas. En 30 oficios reservados que estaban asociados a 467 actas de destrucción, el Servicio de Salud demoró hasta 21 días hábiles en informar acerca de la eliminación de los decomisos y, por ende, vulneró otro artículo de la Ley 20.000. A su turno, se detectó que la bóveda donde se custodiaban las muestras, las contramuestras y los saldos de sustancias ilícitas que estaban a la espera de ser destruidas no tenía el espacio suficiente para almacenarlas y había sustancias que estaban mantenidas fuera de ese lugar, en el suelo, en los pasillos, en las estanterías, en el lugar donde transitaba el resto del personal del Servicio de Salud y, por ende, podían ser sustraídos por alguna persona, por alguien del servicio de seguridad, por alguien del servicio de aseo, etcétera, o por alguna persona que concurría a dicho servicio de salud. También se detectaron deficiencias en la información que estaba relacionada con la destrucción de la droga decomisada al efectuar un cruce entre las planillas formato Excel, que se denominaban reportes de saldos destruidos 2023, con el reporte del año 2024 que estaba emitiendo el sistema de control de la Ley 20.000. Esto comparado con las guías de retiro de decomiso generaba una diferencia entre la cantidad de droga o estupefaciente destruido. Entonces, ahí también hay una dificultad bastante grave porque se detectaron diferencias de hasta 288.000 gramos sobrantes y 334.000 gramos faltantes. Luego, en otro servicio de salud, en el informe 409 de 2024, se detectó que en los oficios conductores que se enviaban por las distintas fuerzas de orden y seguridad y también por Gendarmería, que también hace incautación de drogas, no solo las policías, sino que también Gendarmería hace incautación. Y respecto de estas drogas que estaban incautadas, se constató que el número único de evidencia tenía discordancia, lo que fueron recepcionados por la unidad de decomiso con hasta 120 días de diferencia con la fecha de su incautación. Por ende, se superó con creces el plazo de 24 horas que se establece por la Ley 20.000 para realizar ese trámite. El servicio también había remitido muestras para análisis al Instituto de Salud Pública con hasta 189 días de retraso posterior a la recepción de la droga que, como sabemos, en este caso, para el envío al ISP no puede demorar más de 30 días. A su turno, se detectó que las dependencias que ocupaba la unidad de decomiso no tenían instalaciones apropiadas para cumplir la labor que debía realizar el Servicio de Salud. Habían debilidades en el control de ingreso, inexistencia de una sala de espera, inexistencia de cámaras de seguridad, tampoco habían alarmas que estuvieran operativas para poder resguardar estos decomisos. También se detectó que el Servicio de Salud demoró hasta 384 días en informar a la Fiscalía, mediante el oficio respectivo de acta de destrucción de drogas, sobre la eliminación de estas sustancias, lo que vulnera, por supuesto, la norma que ya hemos descrito. Aquí me quiero detener un instante, señora Presidenta, para mencionar de manera adicional que en esa visita que yo realicé personalmente con un equipo de fiscalizadores a uno de los servicios de salud, conversé con una de las personas que estaba a cargo del proceso de custodia de dichas drogas previo al envío a la quema a los hornos que eran facilitados por una entidad privada, como lo describí, y me señalaba esta persona que recién, hace muy poco tiempo, se le había habilitado una oficina específica para que ella pudiera trabajar, que no fuera la misma dependencia donde estaban las drogas. Eso quiere decir que esta funcionaria, antes de que se le habilitara esta oficina, estaba permanentemente expuesta a los solventes, al olor, a todo lo que significa la contaminación de estas sustancias. Esta persona estaba en riesgo de permanecer drogada permanentemente por esa situación. Entonces, estos hallazgos no solo tienen mucho que ver con la falta de control de los Servicios de Salud en la materia, sino que también en el efecto pernicioso que se produce para los funcionarios públicos que trabajan en realizar esta tarea. Enseguida, en este mismo informe 409, se detectó que las dependencias, como les decía, tenían muchas debilidades y por eso me quería referir. No solo es la falta de cámaras de seguridad o la inexistencia de una sala de espera, es que ni siquiera en algunos lugares está el lugar para que el funcionario pueda estar alejado de las drogas y no termine dañada su salud por tener que custodiarla. En otro informe, en el 572, entre los principales resultados, se detectó que el servicio no tenía un manual de procedimientos para el proceso de enajenación de las sustancias precursoras. Habían discrepancias en tres actas de recepción y también en dos casos el Servicio de Salud superó el plazo para la destrucción de las sustancias ilícitas. Enseguida, en 682 casos, los días que transcurrieron entre incautación y entrega de las sustancias superaron hasta los 288 días de atraso, incumpliendo el plazo de 24 horas que describimos hace un momento. Y también se detectó que el Servicio de Salud realizaba directamente la destrucción de los precursores y sustancias esenciales, a pesar de que estos tienen que ser enajenados por la Dirección de Crédito Prendario, de acuerdo a la normativa. Adicionalmente, se detectó la falta de un registro que regulara los sistemas críticos de información y la inexistencia de un plan de contingencia institucional. Y el software de control farmacológico que poseía este servicio tenía dificultades de seguridad informática graves. Estas dificultades que están descritas allí, que se ven bastante simples, la verdad es que impiden el adecuado control y la pesquisa de quién utilizó estos sistemas y qué cuentas o información pudiera haber sido alterada. También en ese mismo Servicio de Salud se encontraban la posible utilización del software por funcionarios que ya no pertenecían a esa institución. Enseguida, en otro Servicio de Salud, en la unidad de decomisos, no tenía mecanismos de registro y control de la cantidad de droga que había sido destruida. Y habían debilidades que habían sido informadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que se relacionaban con la determinación de los puntos críticos y los planes de mejora para las dependencias de la unidad de decomisos. Se detectaron ocho actas de recepción donde no estaba ni la cantidad ni el peso de los contenedores o los empaques señaladas. Y habían actas de destrucción de saldo emitidas por este servicio que no indicaban el peso total de las sustancias ilícitas que habían sido destruidas. Por ende, no hay cómo restar cuánto es lo que quedó para ver si hay sustracción de droga. También, en tres casos, la entidad se demoró más de 165 días en informar a las fiscalías la eliminación de las sustancias y en siete oportunidades se informó a las fiscalías antes de que hubieran sido destruidos. Los decomisos se informó como que estaban destruidos. Se comprobó que en 11 casos el Servicio de Salud no efectuó la destrucción de la droga en plazo de 15 días y que en 330 casos el plazo transcurrió entre la incautación efectuada por las policías y la entrega pasó entre los 8 y los 123 días de atraso. A su vez, el laboratorio para el análisis de cannabis ubicado en las dependencias de la unidad de decomisos no tenía la respectiva resolución sanitaria y el software de registro de drogas no requería nombre de usuario ni contraseña del trabajador que estaba accediendo y que podía hacer alteración de la información, ni tampoco existía restricción de perfiles de acceso. Entonces, luego se revisó y se detectaron errores entre la fecha del acta de destrucción y las registradas en ese software. En otro Servicio de Salud, al 11 de marzo del 2024, que es la fecha de reporte que entregó la unidad de decomisos y que se confeccionó a raíz de un robo que ocurrió en esa dependencia, se detectaron 2.574 muestras de decomisos de los años 2020, 21 y 23, respecto de las cuales no se habían hecho los análisis químicos por parte del laboratorio de ese Servicio de Salud. Y en este robo que ocurrió en su unidad de decomisos el 23 de febrero de 2024, se sustrajeron 957 muestras que equivalían a 475 gramos de cannabis que correspondían a años anteriores y que tampoco habían sido analizadas por dicho laboratorio. El riesgo de esta situación no solo tiene que ver con la sustracción de esa droga, sino que con las causas penales que derivan de esa comercialización o tráfico de estupefacientes, porque luego si los tribunales piden información de esta droga no hay información certera de cuántos son los gramos, cuáles son los que llegaron, a qué fecha corresponden, etc. Eso dificulta la persecución penal. Enseguida también se detectó que en ese robo se sustrajeron 35 contramuestras de las 50 actas de recepción que fueron revisadas. Esto, como les digo, podría afectar los procesos penales. Y también se contrataron deficiencias en las instalaciones y en el equipamiento de seguridad de esta unidad de decomiso. No habían cámaras, muros de tabiquería, ausencia de puertas blindadas y otras situaciones que afectan el resguardo de los decomisos. También habían falencias en los extractores de aire. Eso puede dificultar la conservación de las muestras y, por supuesto, la salud del personal de esa institución. A su turno, la unidad de decomiso recibe evidencias solo de lunes a viernes. No opera los fines de semana ni los festivos y esto impide que las policías o Gendarmería den cumplimiento a la norma vigente de que deben entregar a los servicios de salud dentro de 24 horas las sustancias incautadas. Por su parte, los funcionarios policiales y de Gendarmería entregaron droga incautada a la unidad sin que el personal de esa dependencia confeccionara de manera inmediata las actas de destrucción. [append chunk id: 13226]

En otro informe, en el informe 263, se detectaron tres casos con inconsistencias en el muestreo de decomisos, compuestos por más de una presentación de cannabis. Y en un caso en particular se incumplió el procedimiento de extracción de la muestra y contramuestra, según el manual de procedimiento de la Ley 20.000. A su turno, en 19 decomisos de droga, el Servicio de Salud no remitió a la Fiscalía del Ministerio Público los protocolos de análisis químico realizados a las muestras, y si bien durante la investigación ese servicio envió 17 de estos, ello lo hizo de manera tardía. Habían dos casos pendientes al momento de la fiscalización también, y se contrataron 15 decomisos cuyos protocolos también habían sido remitidos fuera de plazo al Ministerio Público. Como hemos señalado ya en varias oportunidades, esto dificulta la persecución penal y complejiza la tarea del Ministerio Público para llegar a tiempo con las investigaciones ante los tribunales de justicia. También se detectaron deficiencias en las instalaciones y equipamiento de seguridad de la oficina de recepción y bodega de decomisos. No habían cámaras de seguridad, ni sistemas de detección de incendios, ni sistemas de alarma e intrusión, y estas situaciones afectan el recuerdo de los decomisos y también la detección de los robos que pudieran suceder en el mismo lugar. Se detectaron diferencias de pesos entre lo anotado en los documentos de entrega de Carabineros y de la PDI respecto de las actas de recepción del servicio de salud respectivo. Y también, según la norma técnica 7 del Ministerio de Salud, la unidad de decomisos recibe evidencias solo de lunes a viernes y no opera los fines de semana ni festivos, y esto impide, como lo hemos dicho antes, a la policía y a Gendarmería cumplir la norma legal de entregar estas drogas en 24 horas. También se detectó que la tarea de vigilancia de los funcionarios que asistían al proceso de destrucción de cannabis finalizaba cuando los paquetes de droga eran sumergidos en la piscina del taller de impregnación, y entonces no es posible distinguir alguna sustancia flotando relacionada con los decomisos. Entonces, estos servidores públicos en realidad no están presenciando el momento de la trituración o de la incineración en los hornos de estas sustancias. Esto se hace con posterioridad, y esto vulnera la norma técnica 7 del MinSAL. En otros servicios de salud se detectaron diferencias en los pesos de las actas de pesaje de droga confeccionadas por las unidades policiales y las actas de recepción de incautación. Se ordenó un sumario por parte de la Contraloría General. Los días 14 y 15 de mayo del 2024, la Contraloría Regional respectiva hizo un inventario de las sustancias que estaban custodiadas en su unidad de decomisos, y se detectaron 98 casos que tenían diferencias entre lo registrado en la base de datos y el recuento físico realizado en el lugar. También se detectó que la oficina administrativa de la unidad de decomisos estaba ubicada en un lugar específico que se utilizaba como bodega, y ahí, si bien habían cámaras dispuestas, estas enfocaban a las puertas de la oficina administrativa y no quedaba respaldo de las grabaciones. A su turno, se detectó que la institución mantiene una planilla Excel para el registro de la recepción, análisis, custodia y destrucción de las drogas, y como sabemos, porque lo hemos hecho presente por muchos años desde la Contraloría, las planillas Excel no permiten dejar constancia de las casillas eliminadas, ni la fecha, ni la persona que las eliminó. Podrían haber sido alteradas, entonces, porque no dan seguridad. Tampoco había un disco de almacenamiento externo, como un servidor o una nube, que permitiera tener el respaldo de los datos consignados en dicha planilla. Por su parte, el artículo 41 de la Ley 20.000 establece que las drogas incautadas tienen que ser entregadas en 24 horas, como lo hemos señalado, y aquí se detectaron tres casos de incautaciones que había realizado la PDI en que no se cumplió el plazo, ni se acreditó una autorización para dicha ampliación. Respecto del plazo de la destrucción de las muestras y contramuestras, del plazo de dos años desde su recepción, notó que en 15 casos no fueron destruidas en dicho plazo y había muestras que habían sido recepcionadas en los primeros meses de 2022. También se detectó, respecto al plazo de 30 días que se establece para enviar al Ministerio Público el protocolo de análisis químico de las sustancias, que en 55 casos el resultado de estos análisis de la muestra de droga fue remitido con demoras entre 58 y 80 días hábiles. Eso es, señora Presidenta y señores parlamentarios y parlamentarias, los hallazgos muy resumidos de las observaciones que se han detectado. En hecho de las fiscalizaciones que ya fueron terminadas en algunos servicios de salud, hay fiscalizaciones que todavía están en curso y quedo atento a las preguntas que pudieran tener los parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a contestar inmediatamente la palabra a los parlamentarios, pero tengo que decir que estoy en estado de shock. O sea, de verdad, yo pensé que esto podía ser complicado, pero nunca me imaginé el nivel de gravedad. Me encuentro horroroso. Ofrezco la palabra, no sé si han votado. ¿Quiere decir algo después de este tremendo masazo que hemos recibido? Sí, tal como le dije, en el fondo hay una presentación que es esta, donde están los nombres, pero la señora Contralora va a enviar la presentación completa de manera reservada, por lo tanto van a tener acceso cada uno de la forma como tenemos acceso a los oficios reservados, porque son los nombres en esta presentación para los diputados que llegaron después. El riesgo que implica que de saberse el nombre donde están pasando estas cosas tan grandes, fácilmente el crimen organizado podría organizar una quitada de droga con el consiguiente riesgo a los funcionarios que ahí trabajan. Así que la palabra, diputado Longton. Gracias, Presidenta, agradezco la disposición a la Contralora y el completo informe y la investigación además que realizó, incluso fue presencialmente, por lo tanto eso se valora particularmente. Presidente, creo que esto es un desastre total, o sea, nada funciona. Nada funciona, sino que además quienes están a cargo de esto no cumplen con sus obligaciones mínimas, entendiendo que en muchos lugares las condiciones no están, pero esto no haya sido advertido, corregido, reparado, o sea, que nadie haya visto la gravedad de la situación. Estábamos hablando de droga que se le quita al narcotráfico y que finalmente puede volver a las manos de los mismos narcotraficantes con incluso delitos y otras cosas más que pueden involucrar delitos en que eventualmente pueden estar involucrados. Entonces, con la gravedad de la situación, a mí no le informe probablemente tal, que me parece que es la labor de la Contraloría y lo está haciendo muy mal, sino que esto por parte del Ministerio de Salud no ha sido advertido previamente. Si esto no está pasando en un solo servicio de salud, está pasando en varios. Entonces, yo no me voy a referir particularmente a cada uno de los ítems porque son eternos, pero pareciera ser que de la A a la Z no funciona absolutamente nada, nada, nada. Entonces, la pregunta es a la Contraloría respecto a si excedentes están a disposición del Ministerio Público. Me imagino que sí, considerando que hay mucho antes que, como decía, pueden estar involucrados personas dentro o fuera de los servicios de salud, incluso quienes tienen la tarea de poder enviar la droga a los distintos lugares. En segundo lugar, Presidenta, es la fiscalización que también tiene que hacerse respecto a acciones policiales en atención a las objeciones que se hizo la Contraloría en atención a la demora en el envío, las diferencias de pesaje, que creo que es importante saltarlo. Lo otro tiene que ver con los sumarios administrativos, la responsabilidad administrativa respecto a los plazos que determinó la Contraloría que deberían estos realizarse y reestructuraciones o modificaciones estructurales que tienen que hacerse en los distintos servicios de salud para efectos de que efectivamente el acopio de las drogas se realice de buena manera. Hay un plazo determinado, va a haber un seguimiento con respecto de eso y las otras preguntas tienen que ver más que nada por este lado al Subsecretario de Redes, que aprovecho de dar lugar también al Ministerio Público, pero solamente, Presidenta, valorar el informe de la Contraloría, porque la verdad es que esto es un desastre total. Muchas gracias, Diputado Longton. Diputado Leal. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que lo que se ha dado acá por la Ciudad Contraloría lo encuentro de la máxima gravedad y no es una palabra que usamos antojadizamente, porque aquí resulta que hay trabajo de las policías, del Ministerio Público, trabajo investigativo de años que termina en una incautación y que llega al servicio de salud y la droga es quemada en general en los plazos legales. Entonces, uno ve que el servicio, que salga agua por todos lados. Esto no solamente son las listas de espera, las reglas hospitalarias, ahora nos enteramos además que nos están quemando la droga, que no hay cámaras, que hay cámaras pero solamente enfocan a la puerta, no enfocan donde está la droga. O sea, aquí alguien entra, saca un poco de droga, se la lleva y nadie ve nada. De eso estamos hablando. Por lo tanto, hay un incumplimiento gravísimo. Yo espero que esto, y me pregunto a la señora Contralor, es que si esto ya está en el Ministerio Público y si hay sumarios ya en curso y también me gustaría después pedir un oficio a la ministra si hay personas ya a esta altura destituidas de su cargo o están haciendo los famosos sumarios que duran dos años y terminan con una multa, pasan los gobiernos y nadie asume ninguna responsabilidad política ni administrativa. Entonces, Presidenta, encuentro gravísimo preguntarle a la señora Contralora si efectivamente se hizo la denuncia en el Ministerio Público y también pedir, Presidenta, un oficio a la ministra desde la Comisión, si lo estima bien usted, para que informe qué medidas ha tomado ella al respecto y cuántas personas han sido desvinculadas de su cargo a la fecha. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, diputado Leal. ¿Alguna otra diputada tiene, quiere hacer uso de la palabra? A mí me gustaría agregar un par de preguntas, señora Contralor. A su mal sábado, yo sé que todavía no han terminado las fiscalizaciones, pero los casos que usted menciona son en distintos servicios de salud. Hay algunos en los cuales se repiten cosas, otros que a lo mejor hay, pero en total, si quisiéramos hablar en porcentaje y tomáramos como un 100% la totalidad de los servicios de salud, ¿en qué porcentaje de los servicios de salud se ha detectado este tipo de falencias? Esa es la primera pregunta. En la segunda pregunta para usted, no sé si es directamente para usted, pero igual se la voy a hacer. ¿Considera usted que exista alguna institución hoy mejor preparada para llevar a cabo esta función en cuanto a instalaciones, en cuanto a capacidad de tener los hornos, en fin, a la capacidad de hacer esta pega? En tercer lugar, me llama la atención que hay plazos acá tremendamente largos que no se han cumplido, que no se cumplen de manera habitual, pero también me llama la atención que Fiscalía, que es la que debe recibir estos informes, tampoco haya gritado. Es decir, que la Fiscalía no haya dicho que, perdón, me está debiendo el informe, porque también hay plazos. El plazo lo tiene que cumplir el que emite el informe, pero el que espera el informe también sabe que hay un plazo corriendo. Entonces, no sé si esa parte también la vieron ustedes en Contraloría, señora Contralora, y si no, dejo desde ya plantear esa pregunta para el Ministerio Público. Eso, básicamente, le pediría que responda, señora Contralora, a las preguntas del… ¿Quiere complementar el diputado Longton, diputado Longton? Sí, presidenta. Quisiera saber si es que la Contralora tuvo algún documento en que funcionarios advertían de esta situación a sus superiores, al director del Servicio de Salud, al subsecretario o a la ministra. Es decir, que ellos señalaban expresamente que no estaban las condiciones para efectos de poder tener de buena manera los vacantes de la droga. Eso. Gracias, diputado Longton. Señora Contralora. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio para atender las consultas. En primer lugar, del diputado señor Longton, de si estos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público. Efectivamente, cada una de las Contralorías regionales que llevó adelante estos procesos, tanto en regiones como en el nivel central, han remitido al Ministerio Público. [append chunk id: 13233]