Cámara de Diputados CEI 61 Fundación ProCultura

Cámara de Diputados - CEI 61 Fundación ProCultura - 6 de enero de 2025

6 de enero de 2025
16:00
Duración: 2h 27m

Contexto de la sesión

Tratar materias propias del mandato de la sala. El jefe de asesores del Presidente de la República, señor Miguel Crispi Serrano. El Fiscal Regional de Aysén, señor Carlos Palma Guerra. El Director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señor Eugenio Campos Lucero. El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Raúl Letelier Wartenberg.

Vista pública limitada

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El acta de la sesión número 13 ha sido aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, hemos recibido un correo electrónico del gabinete del Fiscal Nacional excusando la asistencia del señor Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cuper Monti, a la sesión ordinaria de la Comisión Especial de Investigadores que se celebrará el día de hoy. E-mail de la jefa del gabinete del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado excusando la asistencia del señor Raúl Letelier Wartenberg para la fecha requerida al día de hoy, solicitando a la Comisión pudiera otorgarse una nueva fecha para que concurra a exponer los antecedentes solicitados, la consejera Ruth Israel, integrante del Comité Penal de ese servicio. Un email del Gabinete del Señor Fiscal Nacional excusando la asistencia del director de la Unidad Especializada Anticorrupción, señor Eugenio Campos Lucero, a la sesión del día de hoy. Y finalmente, señor Presidente, una nota del Gabinete del Señor Fiscal Nacional, excusando al señor Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, que no es posible su asistencia a la sesión que ha sido convocada, que era la de hoy. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿El último invitado no pidió reagendar? No. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Ahumada. Presidente, vamos a reiterar las citaciones para los invitados y lo otro habíamos quedado de que se iba a enviar citación a la señorita Carolina Tohá y que había quedado pendiente, no sé si el secretario nos puede dar respuesta a eso. Diputada Ahumada, le daré la palabra al señor secretario. Gracias, sí, a la señora Carolina Tohá no corresponde citarla, invitarla y la secretaría no pudo invitarla. La responsabilidad de la secretaría porque no le pudo hacer llegar invitación porque no contamos con correo electrónico ni otro medio por el cual conectarnos con ella. Si alguien pudiera, se solicitó por el WhatsApp de la comisión, si alguien podía ayudarnos con ese tema. Eso es, señor Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Agumá, vamos a seguir intentando localizarla para poder invitarla a la Comisión junto al señor Alberto Larraín. Respecto a las demás citaciones, señor secretario, los gobernadores regionales particularmente pidieron reagendar el de Antofagasta, el de Valparaíso y el de Magallanes. Señor Presidente, efectivamente invitamos a la última sesión del mes de diciembre al gobernador de Valparaíso y al gobernador de Magallanes aún no lo hemos invitado, pero usted me instruyó que contemplemos en esa sesión, que sería la próxima, por favor. Entiendo yo, muchas gracias, señor secretario. Diputado Vinter, que además este es su cumpleaños, así que lo aprovechamos de saludarlo. Muchas gracias, muchas gracias por venir a mi fiesta. No quería si la Secretaría podría aclarar la condición de cita o no de los gobernadores. Ah, sí, no, si no tienen obligación, vienen como invitados, pero al menos los que no vinieron manifestaron su disposición de poder venir, pero que sea reagendado. Y uno ya vino, que fue el gobernador Claudio Ruego. Dicho eso, le damos la bienvenida al señor Miguel Crispi Serrano, asesor del segundo piso de La Moneda del Presidente de la República. La citación tiene que ver por objeto precisamente la validación o acreditación respecto a las competencias de la Fundación ProCultura, que es el objeto de esta comisión a propósito de los recursos entregados a la Gobernación Regional de Antofagasta. Tengo entendido que tiene una presentación, señor Crispi, así que lo dejo con el uso de la palabra. Gracias, Presidente, diputados. Bueno, estoy aquí presente para poder efectivamente colaborar con el objeto de esta comisión. En particular, en mi rol de entonces subsecretario de Desarrollo Regional, los primeros siete meses de gobierno, tuve la responsabilidad de validar a esta institución, a la Fundación ProCultura, como institución subejecutora de un proyecto del Gobierno Regional. Gracias. Y por tanto, el objeto de estar acá es poder esclarecer de alguna manera los procedimientos internos de la Subdere y cuáles son los elementos que tuve a la vista para tomar aquella decisión. Entonces, en primer lugar, quisiera dar cuenta del funcionamiento en general del programa de puesta en valor del patrimonio y en segundo lugar, en particular, lo referido a la Fundación ProCultura y el proyecto que estaba ejecutando, o sea, que estaba trabajando desde el Gobierno Regional, financiado por el Gobierno Regional, y al cual se le solicita la validación de esta institucionalidad. A ver, en primer lugar, el programa Puesta en Valor del Patrimonio es un programa de larga data, nació en 2008 y nace en principio con una colaboración con el BID a propósito de la recuperación de iglesias patrimoniales en Chiloé. Luego de que eso ocurre con relativo éxito es que comienza a consolidarse dentro de la oferta programática que tiene la Subdere y que ejecuta a través de los gobiernos regionales. Formalmente este programa existe en una resolución exenta. Eso es lo que le da materialidad desde el punto de vista administrativo. Y son dos resoluciones exentas, la primera en 2011 y posteriormente se reemplaza en 2016, donde se le hacen ciertos ajustes y esa resolución es la que dicta el funcionamiento del programa. Esta resolución identifica las normas en base a las cuales funciona el programa, su gobernanza, es decir, cuál es el rol de la Subdere, cuál es el rol del Gobierno Regional, cuál es el rol en el caso que correspondiera de estas entidades subejecutoras, de quién es el financiamiento, cómo se controla el financiamiento, todo eso está en esta resolución exenta. Y creo que para esclarecer de alguna manera el rol de la Subdere, es que la Subdere puede jugar dos roles en estos programas. Los programas de recuperación patrimonial, que son parte de este programa, lo ejecuta la norma. Lo más habitual es que lo ejecute directamente el Gobierno Regional a través de un presupuesto que está en el FNDR. Cuando ocurre de esa manera y es un presupuesto del Gobierno Regional, la Subdere básicamente tiene un presupuesto, pero el presupuesto es del Gobierno Regional, está en el FNDR. Hay otras situaciones donde el Gobierno Regional quiere subejecutar a través de una fundación sin fines de lucro. Y en esos casos lo que debe hacer es validar esa decisión, que a solicitud del Gobierno Regional le pide la validación a la Subdere. Y hay un tercer escenario que es que además del financiamiento propio que tiene el Gobierno Regional, le solicite un complemento o suplemento a la Subdere. Eso también es algo muy habitual. Yo traje aquí un listado. Después se puede solicitar por transparencia, pero de distintos proyectos que se han ejecutado en las regiones de Valparaíso, del Maule, Antofagasta, bueno, en general todos tienen un cofinanciamiento. Eso es muy habitual, pero esto de alguna manera se echa a andar con la iniciativa del Gobierno Regional. Ahora, en particular, respecto a esta situación a la cual tiene como objeto investigar la Comisión... [append chunk id: 13202]
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Como he señalado, en primer lugar, la iniciativa que se está investigando es una iniciativa que nace desde el propio gobierno regional de Antofagasta y nace con anterioridad a que yo fuera subsecretario de Desarrollo Regional, es decir, nace con anterioridad al gobierno del presidente Gabriel Boric. En términos de una cronología que creo que ha ayudado a otras comisiones a establecer como cierta orden de los hechos, yo tengo las comunicaciones que voy a hacer entrega a la comisión presidente para que las puedan revisar después en detalle. Pero en términos de comunicaciones, la primera comunicación sobre este proyecto que hay entre el gobierno regional de don Ricardo Díaz con la Subdere solicitando la aprobación, la validación institucional a la entonces subsecretaria de Desarrollo Regional, Virginia Troncoso, es con objeto de obtener la aprobación por parte de la Subdere de la Fundación Procultura como institución subejecutora del Estado para objeto de ejecutar el proyecto que se está discutiendo acá. Eso es en, si mal no recuerdo, en enero o febrero de 2021. Posteriormente, una segunda comunicación en junio de 2021, hay una segunda comunicación del gobernador Ricardo Díaz solicitándose, considere nuevamente, esta solicitud de la validación de Procultura como institución subejecutora del proyecto. Esa es la segunda comunicación. Después hay una tercera comunicación que ya es de parte, en ese caso, de la primera autoridad de la Subdere, que era mi persona, en que se le responde positivamente. Eso es el 14 de junio de 2022. En ese momento, voy a profundizar en las razones, pero en ese momento es cuando está el oficio formal con mi firma en que se valida esa decisión. Posteriormente, el 7 de julio, hay una solicitud, ya no por la validación, porque estaba validado, sino por obtener recursos adicionales. Ahí se solicita la suplementación de recursos. Y, por último, hay una quinta comunicación, de nuevo, de mi parte hacia el gobernador regional, en que yo niego esa solicitud de recursos adicionales, de suplementación de recursos. Entonces, esa es como la cronología. En base a qué elementos es que se valida a la Fundación Procultura para participar como entidad subejecutora. Como le señalaba, presidente, este es un ámbito de decisiones que está sumamente normado. Y, en este caso, dada la naturaleza de este proyecto, la participación de la Subdere es bastante acotada porque es la de validar la solicitud que hace el gobierno regional. El procedimiento interno de la Subdere es que hay un equipo, que es el equipo del Departamento de Patrimonio, que depende de la División de Desarrollo Regional, que valida y evalúa, en función de la resolución exenta y la guía operativa, la dimensión organizacional, la dimensión financiera, la dimensión de la experiencia que tenga esta entidad, para, finalmente, entregar un puntaje. No es un procedimiento arbitrario de que lleguen distintos documentos a la primera autoridad, en este caso a la Subdere, para que tome una decisión arbitraria, sino que se hace en base a un puntaje. Esto está en la guía operativa del programa, donde están los distintos ámbitos que se evalúan respecto al programa para validar, en este caso, el tema de si aprobar o no la solicitud de un tercero, una fundación sin fines de lucro, participe como colaborador. Y, finalmente, hay una evaluación, que es el documento, todos estos documentos también lo voy a dejar en su poder, presidente, pero, finalmente, está la evaluación institucional de su ejecutor, de la Fundación Procultura, que realiza el programa puesta en valor del patrimonio de la Subdere. Este documento yo creo que es bastante relevante, porque da cuenta de la ausencia de arbitrariedad, y que lo que da cuenta es de la ejecución de un procedimiento que está estrictamente normado. No hay nada excepcional en esta validación, más allá del fondo, más allá de, hoy día, una situación que está, incluso, en tribunales. Pero, en relación a la ejecución del procedimiento, aquí han habido, en el pasado, siete solicitudes de gobiernos regionales registradas para obtener la calidad de entidad subejecutora. O sea, hay siete que se han aprobado, perdón, y se han aprobado cuando han alcanzado un puntaje que establece la guía operativa, y no lo han obtenido cuando no han obtenido ese puntaje. En el caso de esta solicitud, en particular, la guía operativa, que evalúa temas asociados a los recursos de la fundación, de su organización, de la experiencia, de eventuales conflictos. Finalmente, hay una tabla, que es una evaluación institucional detallada para la fase de análisis. Cada una de estas dimensiones de la tabla ofrece un puntaje. Lo que señala la guía operativa es que, finalmente, en una escala de 1 a 100, cuando una institución obtiene un puntaje superior a 75, lo que corresponde es validarla como entidad subejecutora. ¿Qué fue el caso? Buenos días. ¿Qué fue el caso de una solicitud donde, en esta evaluación que hace el equipo de patrimonio de la Subdere, esta entidad obtiene un puntaje de 97.5? Si mal no recuerdo, 97.1. Estos son partes de los antecedentes que, finalmente, llega al escritorio del subsecretario del momento, mi persona, para validar una decisión que tiene un procedimiento que acompaña distintas firmas de un jefe de departamento, del jefe de la división, del jefe jurídico, para ver que todo está en norma. Por tanto, lo que me interesa transmitir, por supuesto, a continuación puedo responder a todas sus preguntas, es que el rol que le toca a la Subdere en este caso, porque la investigación del caso Procultura hoy día está ampliada, desconozco particularmente, pero distintas regiones del país, son miles de millones los que están en distintos convenios o contratos con el Estado. En particular, me interesa poder esclarecer el procedimiento que hubo respecto al caso Fachadas en Antofagasta y a cómo lo que se hizo fue lo que correspondía, que era ejecutar un procedimiento normado en una declaración exenta, o sea, en una resolución exenta, en una guía operativa, lo que finalmente, de alguna manera, acuota el ámbito de acción de la autoridad, con los antecedentes que se conocían a la fecha, que efectivamente es una situación que ha ido avanzando con distintas aristas en el tiempo. Entonces, eso presente para introducir, de alguna manera, el funcionamiento del programa y la labor que me tocó ejecutar durante ese periodo del año 2022 como subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Crispi, por su exposición. Dejo abierto el uso de la palabra. Diputado Vinter, Diputado Humada, Diputado Castro. Diputado Vinter. Sí, en primer lugar, solo para efectos del acta, entiendo que el señor Crispi está hoy día en calidad de ex-subdere y no en calidad de su actual cargo como asesor del gabinete del Presidente de la República. Solo quería dejarlo en el acta como para el contexto de la conversación. Yo quería pedirle que ahonden algunas cosas que ha dicho el señor Crispi respecto a esta distinción que se hace entre lo que es propiamente lo que autoriza o no el subsecretario versus los procedimientos internos de la subsecretaría. Porque entiendo que las calificaciones que usted plantea son calificaciones que tienen procedimientos estandarizados con anterioridad a la llegada suya al cargo por funcionarios que también probablemente no son parte de lo que coloquialmente se llama los funcionarios políticos de la subsecretaría. Y después, si nos podría aclarar entonces, luego de eso, por qué motivos, entiendo que ya lo hizo quizá, pero le quería pedir que fuera más lato en aquello, ¿por qué motivos usted rechazó esta solicitud de extensión de dinero? Gracias, diputado. Gracias, presidente. Yo creo que es importante aclarar y justamente en ese rol de Subdere, primero consultar a Procultura, ¿usted le autorizó esta subejecución o ejecución en Antofagasta? ¿Pero en qué otros gobiernos más autorizó a Procultura o solo fue Antofagasta? Lo otro, usted habló que hay categorización y una de esas experiencias, Procultura no tenía ninguna experiencia para lo cual se le había entregado que se adjudique, y pueda cumplir el rol de mejoramiento o recuperación de fachadas por el tipo de fachada particular que teníamos nosotros en el centro de Antofagasta. Y que cuando usted aprueba ese proyecto o autoriza, estamos hablando del año 2022, cuando los dueños de la mayoría de las fachadas en Antofagasta ya habían pintado sus fachadas. Entonces, cosa que además no hace sentido porque se sigue avanzando con este proyecto, que además como base prioritaria más bien tenía contratar a personas y los recursos más bien iban a sueldos y a capacitación que a recuperación de fachadas propiamente tal. Eso fue la justificación que se dio de parte, por ejemplo, del gobierno cuando se explica un poco el proyecto. Y por otro lado, cuando el señor Orrego, que estuvo aquí y nos habló de Procultura, nos dice que más que la experiencia, al menos ahí se le entrega a Procultura ese proyecto de salud mental porque tiene más bien patrimonio y no experiencia, que por lo demás no justifica en lo absoluto la razón de haberle entregado millonarios recursos a Procultura. Eso, presidente. Gracias, diputado Humada. Diputado Castro. Gracias. Saludar a don Miguel Crispi. Preguntarle, usted habla de que llega con varias firmas, con varios sedazos, esta información acerca de cuál es la idoneidad y si tiene conflictos esta entidad para poder trabajar con usted y para poder firmarse. ¿Estas unidades no se dieron cuenta de algo que fue expuesto en esta comisión con respecto a que muchas empresas de las que trabajaban con Procultura eran SPA? ¿Estas SPA dueñas de personas que trabajaban en la misma, en el mismo Procultura? ¿Eso simplemente se pasó de largo? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabe alguien de su equipo? Eso a mí me preocupa mucho porque efectivamente estamos viendo y no hemos dado cuenta de que aquí Procultura la verdad es que se hacía triangulación de plata. Si eso es así, se hacía triangulación de plata, acá se robó plata, son ladrones la gente de Procultura, no hemos dado cuenta en esta comisión y eso me deja a mí con una disyuntiva, una pregunta muy profunda. ¿Fuimos capaces de darnos cuenta de eso? ¿No se dieron capaces de darnos cuenta? ¿Quién hoy día paga el que no se dieron cuenta de ese problema? Eso, presidente. Gracias, señor Crispi. Gracias, diputado Castro. Yo tengo algunas preguntas también. La guía técnica... [append chunk id: 13203]
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Primera pregunta, la guía técnica la dictó este gobierno, o es una guía técnica que viene de antes. En segundo lugar, ¿hubo modificaciones a esa guía técnica después de lo que ocurrió con Procultura propuestas por usted o encabezadas por usted a propósito de que finalmente las manos terminaron en las personas que utilizaron de mala manera recursos públicos? En tercer lugar, se lo pregunté también al gobernador Claudio Rego, respecto al vínculo que él tenía previo con el señor Larraín, donde había trabajado con él en la Municipalidad de Peñalolén, lo había nombrado en un directorio de una corporación de la misma gobernación. Es decir, si usted conocía o conoce al señor Larraín, considerando que todos sabemos que era conocido del presidente Gabriel Boric, cuando era en su época diputado, trabajó en su equipo parlamentario a propósito del involucramiento que tuvo el exdiputado a la presidenta a propósito del tema de salud mental. Su expareja trabajó con el señor Larraín, por lo tanto, una pregunta legítima es si usted lo conocía, porque precisamente parte de las inhabilidades que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado es precisamente perder la imparcialidad o estar en riesgo de perder esa imparcialidad producto de la relación o conocimiento que se tenga con esa persona. Y eso la ley obliga a uno a inhibirse de participar en ese proceso. En la resolución, yo tengo ciertos pasajes del oficio 2377 que usted envió cuando era subsecretario al gobernador Ricardo Díaz, que dice la Fundación Pro Cultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencias similares en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto. Esto imagino que forma parte de la guía técnica donde se van corroborando ciertos requisitos. Algunas dudas que me surgen son cómo se comprueba la experiencia similar en varias regiones del país, considerando algo que ya le preguntaron en la otra comisión de que la Fundación Pro Cultura no tenía el giro, o sea, el servicio puesto interno tenía la venta por mayor de libros y cosas de ese ámbito, por lo tanto, no estaba dentro de su giro el pintar fachadas. No es parte de eso, uno de los requisitos mínimos que debe establecer esa guía, el ver si la Fundación o quien se va a hacer cargo de esto tiene el giro, es decir, tiene las competencias para poder desempeñar este rol, considerando además que puede tener un problema incluso contable o de rendición de los recursos a propósito de que lo están destinando para un fin distinto para el cual se creó la Fundación Pro Cultura. ¿Cómo corroboraron que eran los profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto? ¿Por qué le pregunto esto? Y eso quizás también es parte, lo más probable, parte de la guía técnica. Lo decía el diputado Castro, es que al menos en la región de Valparaíso, imagino que en otras regiones del país, lo que hubo era que se ganaba el proyecto de la Fundación Pro Cultura y externalizaban esto a través de empresas con los mismos integrantes de la Fundación Pro Cultura. Eso al menos se detectó acá en la comuna de La Calera. Entonces, ¿cómo determinaron que eran los profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto? Y el tema del valor del metro cuadrado, que finalmente fue de 262 mil pesos, que fue obviamente algo inédito en todo nuestro país que se cobre algo así por el metro cuadrado de pintura. Pero usted también señaló que esto iba más allá de la pintada de fachada, de que era una suerte de capacitación, una apuesta en valor patrimonial. Quisiera que pudiera ahondar un poco con respecto a eso, porque ¿cómo uno evalúa eso? Porque esto finalmente era un proyecto de pintar fachadas. Por lo tanto, ¿cuál es el valor adicional de la capacitación respecto a este pintado de fachada? Y sobre todo, ¿cómo uno lo mide monetariamente? No sé cómo lo pueden medir desde el punto de vista de una guía técnica. Y precisamente ese fue el flanco, creo yo, donde finalmente se terminó aprovechando este programa para efectos de generar recursos para el bolsillo y no precisamente para el beneficio de los habitantes de Antofagasta. Eso. Diputado, gracias. Ex subsecretario y asesor segundo piso, señor Crispi. Gracias. Creo que hay varias preguntas que se agrupan en el sentido de la evaluación del proyecto. Y es importante ahí distinguir que lo que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional no es la evaluación de un proyecto, sino que es la evaluación institucional. Y ahí puede haber efectivamente una brecha, como un vacío en que no se encuentren la propuesta que hace un gobierno regional, porque es el gobierno regional el que de alguna manera ofrece las credenciales institucionales de quien está solicitando la validación, y luego lo que hace posteriormente la Subdere es que es una validación institucional. Entonces, las preguntas respecto, por ejemplo, de los profesionales idóneos o de cosas particulares del proyecto no están a la vista de la Subdere al momento de la evaluación. Las preguntas respecto a qué es lo que hacen en particular los equipos son asuntos donde efectivamente como autoridad uno delega ciertas tareas en equipos técnicos en esta u otras instituciones. Lo que uno al final es responsable es de que se ejecute una norma, que nunca son perfectas, pero de que no haya vicios en el espíritu de lo que dicta en este caso una resolución exenta o la guía operativa. Yendo de las preguntas, ¿por qué se rechazó, preguntaba el diputado Vinter? No podría responder el detalle, pero hay decisiones que sí son más directas del subsecretario en el caso de la aprobación de fondos para proyectos. Ustedes todos conocen la dimensión quizás más municipal donde hay distintas solicitudes de municipios que solicitan recursos y en ese caso hay un criterio político. En el caso de cuando yo fui subsecretario, mi criterio fue, en el caso, por ejemplo, a nivel municipal, fue financiar todos los proyectos que tenían una evaluación, o sea, que eran elegibles. Nosotros en ese periodo de siete meses financiamos todos los proyectos que eran elegibles porque alcanzaban los recursos para aquello. Los proyectos que son de carácter regional, que participan del FNDR, son obras mayores. Y en ese caso desconozco, no recuerdo el detalle, pero no tenía un... agarrándome a otra pregunta, no sabía yo que Alberto Larraín tenía una fundación que se llamaba Procultura, no conocía de esta fundación. Entonces no había un elemento externo que estuviera orientando una decisión que no tuviera que ver con criterios generales que intentamos aplicar como que hubiese cierta ecuanimidad entre proyectos que son de distintas regiones. Ahí son muchos los proyectos. En Antofagasta se han financiado varios proyectos de recuperación patrimonial. Tenía aquí el listado, pero no sé, la Biblioteca Regional de Antofagasta también fue financiada en parte con fondos de este programa de recuperación patrimonial. No, no, no, lo sé. Respecto a la pregunta del diputado Vinter, probablemente se rechazaron porque una relación de ecuanimidad entre proyectos de distintas regiones, pero en detalle no lo podría responder. Me preguntaba la diputada Ahumada si es que se habían validado en otras regiones a Procultura. La respuesta es que no. A lo largo de este programa, de lo que pude averiguar, también lo podría solicitar por transparencia la comisión, pero son siete las fundaciones que gobiernos regionales han solicitado esta calidad de colaboradores del Estado. Estaba Bombero, estaba el Arzobispado de, no sé si de la región de Los Lagos o de la zona de Chiloé. En ese caso fue el Arzobispado para trabajar con el tema de las iglesias. O sea, son pocos los casos. En esos casos que ha alcanzado el puntaje se ha aprobado, pero yo no tengo antecedentes y también como subsecretario, como ya no soy subsecretario, no es que pueda hacer un mecanismo así express para obtener esa información, pero a lo menos sé que por esta vía Procultura no tiene, o sea, la Subdere no validó a Procultura para otros proyectos de estas características. Respecto a todo lo que se señala, lo que se preguntaba de la experiencia, que efectivamente es un elemento muy crítico, creo que en eso se ha enfocado parte de la decisión de haber validado esta institución, y en esto no es mi intención en lo más mínimo defender una institución que está siendo investigada por la Fiscalía por temas que se ven bastante oscuros. Lo que estoy dando cuenta es del procedimiento mediante el cual se tomaron estas decisiones, y en este caso, como yo le señalaba, no es el proyecto el que evalúa la Subdere, sino que es a esta organización institucional. Yo también lo señalé en la comisión que en ese momento presidía el diputado Castro, del tema del giro, de que no está en la norma que tenga que tener un giro preciso respecto, por ejemplo, al tema patrimonial, sino que la guía, que no fue modificada por nosotros, son la resolución exenta de la guía operativa, lo que da cuenta es de la experiencia, y en eso es lo que los equipos reportan, que también está en el documento que voy a entregar, es que esta fundación tenía experiencia en otros proyectos, en otras regiones, en el ámbito de la cultura y el patrimonio, pero como le digo, no es mi intención defender a la fundación, sino dar cuenta del procedimiento en base al cual se tomó una decisión. Respecto a las empresas relacionadas, no tengo antecedentes de esa situación, me parece gravísimo de que haya habido un modo operandi y esa es, me imagino, parte de las aristas que debe estar investigando la fiscalía, porque por supuesto que es llamativo la cantidad de recursos que acumulaba en distintos proyectos de esta fundación, o sea, son miles de millones, que debía de tener un conocimiento muy... y de distintos gobiernos, es decir, como una capacidad para poder hacerse de contrato, y bueno, lo que señala el diputado, yo desconozco de aquello, pero me parece gravísimo, yo no he estado encima del caso Procultura, porque además dejé de ser subsecretario en septiembre de ese año. Respecto también a lo que me preguntaba el presidente de la comisión, si se hicieron modificaciones posteriormente, esta decisión particular que tiene que ver con la validación institucional, hoy día está en la Subsecretaría de Patrimonio. Esa derivación se hizo previo al escándalo fundaciones, el caso Fachada, sino que fue una decisión previa, y desconozco si se han hecho modificaciones al programa que hagan más estricto esta decisión, de nuevo, de la validación institucional. Respecto a la pregunta de si yo conocía a Alberto Larraín, bueno, lo conocía, sí, no tengo una relación de amistad ni personal ni política con él, lo conozco como lo conocen muchas personas, como, no sé, fui presidente de la Comisión de Salud y probablemente Larraín tenía una manera como bien de insistir, pero nunca participó en algún proyecto, alguna idea, en mi entorno, y como le digo, yo no conocía a Procultura hasta que se destapó este caso. Al momento de poner la firma a una adjudicación, o en este caso a una validación, sería imposible recordar todas las fundaciones y todas las instituciones que pasan por esos procedimientos. Para eso es que están los equipos que validan las distintas etapas y que... [append chunk id: 13204]
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