Cámara de Diputados - Gobierno Interior - 17 de diciembre de 2024

Muy buenas tardes, diputados, diputadas y señores invitados, subsecretario, director. Las actas de las sesiones 175 especial y 176 ordinarias se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observación. No hay actas a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario, muy buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Salomón Trinculiano en respuesta a una solicitud de informar sobre el caso de una enfermera del Hospital del Carmen de Maipú y dirigente de Centru, señora María Rosa Reyes, quien expuso su situación ante esta comisión hace algún tiempo y al día siguiente expuso poderes vinculados. En relación con lo anterior, se había solicitado información desde el despido y se había ajustado el diaproceso. Hubo un correo electrónico de don Juan José Lyon de la Fundación América Transparente con la inasistencia a esta sesión por encontrarse fuera del país. Sin embargo, se sabe que en su representación asistirá a que la comisión lo tiene bien, señora Paulette de Sormo Parra, vicepresidenta de la fundación, para exponer su punto de vista en relación con el proyecto de ley del lobby. En tercer lugar, un correo electrónico de la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil de Identificación, ante el cual su director nacional, don Omar Morales Márquez, excusa también la inasistencia a esta sesión del director de dicha repartición por estar abocado a la supermarcha del nuevo sistema de identificación. Agrega aquí, si es del parecer de la comisión, que dicho servicio podría hacer llegar un informe relativo a la temática para la cual ha abocado dicho organismo a esta sesión. Y finalmente, un redondo que esté a la vez en lugar de don Juan Fuensalida. Esta es toda la cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No hay palabra sobre la cuenta? Sí. [append chunk id: 12065]

[00:10:00] A dejar varios al final para ver, pasar a lo que nos va la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El punto uno, analizar los alcances del proceso de regularización de inmigrantes ilegales recientemente anunciado por el Gobierno. Para tal efecto, se ha invitado y ha confirmado el subsecretario del Interior, el señor Luis Cordero Vega. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Al director de Servicios, el señor Luis Taller Correa. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por estar acá. Está también el señor Cristian Saez, subprefecto de la PBI. Muchas gracias por estar acá. Así que ofrezco la palabra al subsecretario Cordero para que nos exponga. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco la invitación, tal como le expresé al señor presidente y por su intermedio a los honorables diputados presentes. Entre actividades en la mañana y esta tarde diversas con las policías, así que he venido a esta sesión a exponer un primer aspecto que me parece que hemos en consideración, que está asociado a lo que el Ejecutivo ha estado. El Ejecutivo ha informado que está estudiando un proceso de regularización, un procedimiento de regularización acotado, en consideración de varios aspectos que en mi opinión es relevante tener presente previamente. Antes de eso, voy a hacer una pequeña introducción que me parece que es relevante. El país ha realizado esfuerzos ingentes, de los cuales no solo participa el Ejecutivo, sino que también esta comisión en particular. Quiero señalar que durante el último tiempo el país ha hecho esfuerzo en tres consideraciones claves en materia de migración. La primera tiene que ver con fortalecer el funcionamiento de las fronteras, lo que ha sido el trabajo con Carabineros, y los efectos que eso ha producido desde el punto de vista de la reducción de los ingresos ilegales. Por cierto, hay una serie de cosas que es posible todavía seguir desarrollando desde el punto de vista operativo y estratégico, y como ustedes, por su intermedio, señor presidente, el Ejecutivo ha destinado recursos durante el año 2024 y están programados también para el año 2025. Lo segundo es que, con la colaboración de la noble comisión, ha sido posible avanzar en reforma a la ley de migraciones. Aquí técnicamente se conoce como el misceláneo de migraciones. Es quizá una reforma muy estructural que está asociada a corregir una serie de defectos y particularmente de quienes incumplen la legislación migratoria. Esto además está acompañado de otro proyecto de ley que, como ustedes bien saben, tiene por propósito también permitir una actuación mucho más expedita en locaciones administrativas. También saben, vuestras señorías, que la opinión del Ejecutivo es que casi pudiera levantar la prohibición de la ley 20.000 en materia de expulsiones, porque eso es lo que provoca una congestión muy significativa en el diario. Pero lo que quiero decir es que este segundo aspecto, este Congreso Nacional ha avanzado en realizar reformas indispensables a la ley de migraciones. Y en tercer lugar, creo también relevante, es tener en cuenta que se han mejorado y se han optimizado los procesos de control judicial. Algunas de ellas están incorporadas ya en la reforma de migraciones y otras tantas, como aspectos tecnológicos que esta mañana se presentaron tanto por Carabineros como la Policía de Investigaciones, permitirán verificar en los controles que realicen las policías la condición migratoria de cada persona extranjera que se encuentre en el país. Eso implicaba destinar una cantidad importante de recursos, de derivación, de gestión, de oficio, que no generaban oportunidades, especialmente para los Carabineros de Chile. Hago estas pequeñas consideraciones para entender el contexto en el cual el Ejecutivo ha tenido este estudio, y lo he hecho en el contexto de la intervención de Cartagena Más Cuarenta, que es la actividad que se celebró en Chile producto de la convención y del cual es el país anfitrión. Y lo primero que quiero decir, además de este contexto más general, es que el país está haciendo esfuerzos en frontera, en modificaciones legales y en control policial. La pregunta que el Estado de Chile debe formular es qué hace con aquellas personas que se encuentran en situación irregular y especialmente respecto de aquellas que desarrolló el empadronamiento voluntario que terminó en febrero del año 2024. Creo conveniente hacer esta precisión porque, lamentablemente, la confusión, lo que sucedió en relación al registro civil, que como vuestra señoría, no tiene nada que ver con esta discusión. Lo que sucedió con el registro civil es cuestión de un proceso que regularmente se realiza, que es el proceso que está vinculado a los enrolamientos por aplicación del artículo 44 de la ley de migración. Conforme a esa regla, ustedes bien saben que para realizar una intervención, tanto en materia de previsionales, las personas deben obtener un rol nacional. Que ese requerimiento no se realiza a instantes, sino que a instancias de las instituciones. Tanto se produce una congestión. Esta vez el registro civil decidió cerrar sus oficinas porque ayer tenía el lanzamiento de su nuevo sistema de identificación y, por lo tanto, se produjo un problema. Solo para que tengamos un orden de magnitud, de los 230.000 solicitudes de rol, 218.000 aproximadamente, no estoy diciendo que las AFP sean responsables de nada, solo estoy diciendo que para el pago, las cotizaciones previsionales de personas que están en migración irregular son muy significativas para las AFP. De ese universo, solo 34.000 roles han sido posibles de entregar por parte del registro civil. Por lo tanto, cuando en condiciones irregulares asiste al registro civil para esos efectos, con un documento de la entidad requiriente, no es una gestión procedimental que se realice de modo espontáneo. Creo que los detalles le corresponde explicarlo al registro civil. Lo que a mí sí me parece, por la exposición que a continuación ustedes verán, es que lo que sucedió ayer no tiene discusión o esta conversación sobre el mecanismo de potencial o el estudio de la regularización apanthedronada biométricamente. Y creo conveniente, por sanidad del debate público, la distinción de una cosa de otra. Dicho eso, el país ha tenido cuatro procesos de regularización. El primero, el presidente Frey, el año 1998. El segundo fue llevado a cabo por la presidenta Bachelet el año 2007, el primero benefició a 22.000 personas, el segundo a 55.000. Fue desarrollado... El tercero y el cuarto fueron desarrollados en la segunda administración de Piñera. El primero benefició a más de 131.000 personas. Y el segundo proceso, en el año 2021 de Piñera, benefició a 192.000 personas. Los estándares que se presentan en estos últimos son relativamente conocidos a propósito del tema del arraigo, tanto oral como familiar, los mecanismos y los procedimientos y antecedentes que se pueden o que se deben presentar, pero el Estado puede exigir estándares más estrictos. Del total de personas regularizadas en la administración anterior fueron 324.000. En los dos procesos que se desarrollaron con anterioridad, 324.000 personas, que es de los dos procesos de regularización del presidente Piñera. Ambos procesos... Me parecía relevante destacar las fechas de las publicaciones. Ambos procesos... Los dos últimos fueron objeto de una amplia divulgación. Es un buen ejemplo de cómo se desarrollaron esos procesos. La siguiente. El 24 de abril de 2018. Además, fueron procesos ampliamente destacados por las autoridades de la época, no solo el presidente Piñera, sino que también las bajó a cargo de los procesos migratorios en el país en ese momento. Esta es la situación de América Latina en general. Chile es de los países que menos procesos de regularización ha realizado entre el año 2000 y 2024. Se han realizado más de 116 procesos de regularización en el continente. Este es más o menos el proceso que han vivido los procesos de regularización en América Latina. Chile solo tiene cuatro, que son los cuatro que yo señalaba. Además, como ustedes saben, este es un debate que se encuentra relativamente abierto en todas partes del mundo. Y esta pequeña introducción de cuántos procesos en términos comparados, el que previamente se desarrolló, los dos procesos previamente que se desarrollaron, y además las consecuencias de los procesos de regularización. Por su intervención, presidente, estoy haciendo un pequeño recorrido de los procesos de regularización y de los procesos de regularización. Por su intervención, presidente, estoy haciendo una introducción del punto de evidencia disponible, la evidencia que a continuación voy a exponer. En el caso del proceso de empadronamiento que se desarrolló hasta febrero del año 2024, esta es la distribución, la distribución por región y es la distribución de los países de origen biométricamente. El porcentaje más significativo, el 90%, son personas de nacionalidad venezolana y, en segundo lugar, la mayor concentración de personas donde se empadronaron es la región metropolitana. Recordar que los procesos de empadronamiento también fueron formados en este Congreso Nacional, sistemáticamente, en segundo lugar, que son procedimientos que se ejecutaron. [append chunk id: 12071]

[00:20:00] Frente a la Policía de Investigaciones. De esas personas, nosotros conocemos toda su información, y por lo tanto, lo que ha señalado es que la necesidad, dado el contexto inicial que señalé, es decir, los esfuerzos que el país ha hecho en materia de fronteras, la modificación más estricta de migraciones y el aumento del control policial, la pregunta relevante que el país tiene que hacerse para efectos de responder si avanza en un proceso de regularización, es cómo se distribuye esta información. Esos son los datos generales. Cuando uno analiza cuál es la caracterización de los empadronados, que esta es la evidencia que está disponible, la mayor cantidad de personas que participaron del proceso de empadronamiento ingresó entre marzo del 2018 y febrero del 2024. Es decir, son personas que están hace un tiempo en el país. Y en segundo lugar, las personas que ingresaron desde el año 2003 en adelante es solo el 2,3%. Es para dimensionar quiénes son los que componen el grupo de personas empadronadas. La mayoría declaran ocupación. Esto en algún sentido porque tenemos tantos requerimientos de RUM por parte de la AFP. Es decir, empleadores que están contratando a personas que desean pagar sus cotizaciones previsionales. Además de eso, una cantidad de ellos tienen hijos menores de 18 años, un número relativamente acotado. Un número importante de ellos tienen educación superior completa; cuando uno considera la educación técnica y la educación superior completa, ese porcentaje aumenta todavía un poco más. Y las razones en las cuales declaran por qué vinieron a Chile son, en el caso del 52%, unificación familiar y el 96% declaró que son necesidades económicas. Esa es la caracterización del tipo y el perfil de las personas que el país empadronó hasta febrero del año 2024. Tener en consideración estos aspectos es bien relevante, e insisto en el contexto, e insisto en los datos. Yo sé que hay algunas personas que probablemente les dificulta la discusión con datos, pero no es posible adoptar una solución razonable de política pública sin esa información. Porque de lo contrario podemos cometer errores, errores desde el punto de vista de que subvaloramos algunas cosas, o por el contrario. ¿Diputado Mesa? Sí, el reglamento. Tiene la palabra. El reglamento del artículo 90, en todo su numeral, pero partiente del 90 número 6, es aplicable para ministros, diputados y también para los invitados. Yo le pediría a su intermedio, al subsecretario, que mantengamos las diferencias que legítimamente puede haber mostrado, que no se nos falte el respeto, señalando, siquiera sugiriendo, que esta comisión atendera los datos. Ese tipo de declaraciones yo le pediría al subsecretario que las reserve para los comentarios con los amigos, no para la comisión. Prosiga, lo vamos a tener presente. No, pero, presidente, yo no me estoy refiriendo a esta comisión. Yo creo que ha sido un hecho público y notorio que yo he mantenido discursos públicos que sostienen opiniones y no dan mi invitación a ellos, no a estos parlamentarios. Yo nunca he cuestionado esta comisión, por lo tanto no me estoy refiriendo a ninguno de los miembros de esta comisión. Es un hecho público y notorio la discrepancia que yo estos días he tenido públicamente, refiriéndome a la discusión de evidencia, que es lo que creo que yo vine a exponer acá. Y si mi intervención en esta parte, indirectamente, puede hacer considerar a quién me he referido, a algunos de los miembros de esta comisión, no es mi intención, no es mi intención. Y lo que sí están ahí los antecedentes respecto de quién ellos han tenido ese debate. Nada más, señor presidente. Creo conveniente hacer esa aclaración para efecto de mantener buen diálogo en esta comisión. Por favor, subsecretario, continúe. Ahora, ¿cuáles son las razones que el Ejecutivo está estudiando o que explican probablemente en esas 182.000 personas? La primera es una razón de seguridad. Yo he hecho la introducción sobre los datos, por cuántos procesos, porque lo que tenemos es la evidencia de esos impactos. La primera es que lo que tenemos son criterios de seguridad que están vinculados a este proceso, en primer lugar porque son personas que tienen denuncias, autodenuncias, antes de junio del año 2023. Que de las personas empadronadas, el proceso cerró en febrero del 2024. Por eso la insistencia del Ejecutivo respecto a la evaluación de esta situación es respecto de un estándar único para procesos en el caso de chilenos. En realidad, en relación a 182.000 personas, solo 200 de ellas, luego del proceso de empadronamiento, dejaron datos que los comprometían desde el punto de vista judicial, realmente, porque habían estado involucrados en hechos respecto de los cuales la policía tenía antecedentes, y eso era posible fundamentalmente porque ahora teníamos sus antecedentes biométricos. Y además, se exigirán los antecedentes penales. Yo sé que hay una inquietud sobre el caso de Venezuela, que es el número más significativo. Solo considerar que respecto a los antecedentes, en el caso de Venezuela, el procedimiento que se utiliza es en línea con apostillas, se aplica la convención de apostillas. Y enseguida, todo proceso de regularización siempre contiene respecto de cada persona, no estoy diciendo lo que sea, en general, en lo que ha tenido hacia el pasado el sistema institucional chileno de formas policiales de los antecedentes. Ahora, hay una línea roja. Yo creo conveniente que el Estado de Chile tiene que resolver, y yo creo que esa discusión es completamente legítima. Intermedio, siempre para los diputados y diputadas. Hay personas que podrían estar en acuerdo, pero lo que pareciera bastante razonable es cuál es la decisión que el Estado va a adoptar. Una de las personas que se encuentran en condición de inmigración irregular en el país. Y hay distinción que el Ejecutivo hace entre aquellas personas que voluntariamente accedieron a un empadronamiento biométrico de aquellas que no lo hicieron. Y nosotros, desde la vista institucional, pareciera razonable hacer esa distinción. Y por eso la caracterización de las personas que ingresaron o participaron del proceso de empadronamiento. Y además de eso tiene que ver con la identidad biométrica y la biografía como más clave. Uno de los aspectos que el Ejecutivo ha tenido en consideración, yo quiero ser bien responsable en lo que estoy diciendo, es que la inmigración irregular, sobre todo cuando no se resuelve esa situación, lo que tiende a hacer es a potenciar economías ilegales. Las economías ilegales están simplemente descritas en el caso de inmigración, supone que las personas son o susceptibles de víctimas de delitos de explotación, o bien son empujadas a la comisión de delitos. Eso es esencialmente lo que caracteriza a esa situación. Por lo tanto, no tomar una decisión es algo de un problema de seguridad en el país. La primera razón que lleva al Ejecutivo a abrir una discusión en el estudio respecto de las personas empadronadas, insisto, respecto de las personas empadronadas, no empadronadas, no forman parte de esta discusión, es dar una decisión en relación a eso. Los procedimientos de empadronamiento, o sea, los procedimientos de regularización se han caracterizado por ser procedimientos administrativos de titulación. Eso no significa que las 182.000 personas, en el evento que el Estado decida regular el proceso, sean regularizadas. Ese es el universo en el que podrían postular al proceso de empadronamiento. El punto de seguridad nos parece extremadamente relevante, por el punto respecto al cual es necesario hacerse cargo directamente. El Ejecutivo considera que esto es un efecto que es clave y que es relevante para el efecto de darle tranquilidad a los chilenos. La siguiente. Quiero demostrar más o menos la evidencia comparada en el caso de los estudios que provienen de los datos del BID y el Banco Mundial que se hicieron conjuntamente. El BID y el Banco Mundial escasamente hacen estudios. En el caso de Chile se hizo, se informa de ser conocidos. Es una cuestión respecto a la cual el Estado de Chile ha hecho referencia estos días. La primera es que en general la regularización tiende a mejorar la percepción en materia de seguridad. Las probabilidades que pasa con personas regularizadas o no es que tener una persona sometida al régimen institucional da más certezas que aquellas que no lo están o que están marginadas del sistema institucional. La segunda es que no hay una relación entre tasas de migración y tasas de homicidio. La evidencia para 55 países no hay ni una correlación ni un vínculo que permita explicar esto. Las particularidades que determinado tipo de delitos han tenido en el último tiempo en el país, hay evidencia en específico también si uno quisiera analizar para el caso de Chile. Además de eso, la regularización tiende a disminuir la criminalidad. Esto no es porque las personas se transforman en buen momento a otro, sino que fundamentalmente es porque dejan de estar al margen del derecho y, por lo tanto, las posibilidades de cometer crímenes disminuyen. Eso es esencialmente. Y por eso esta discusión está en términos de no hacer un debate si esto es un problema de buenismo o no buenismo. Esencialmente lo que demuestra la evidencia en materia de seguridad. Lo siguiente, por favor. Hay razones de seguridad. Hay una segunda razón que es el impacto económico. El estudio del Banco Mundial y del Banco Interamericano analiza para Chile. Yo solo me voy a referir a algunos y solo me voy a referir a aquellos aspectos que tienen que ver con los impactos económicos. Esta es la evidencia para Chile. La evidencia para Chile es lo que demuestra que desde el 2017 y el 2023, un punto del PIB chileno fue aportado por migrantes. Y da que efectivamente los migrantes elevaron el gasto por un punto de 8.000 millones de dólares. Es cierto, eso es bien relevante. Pero también es cierto que, conforme a los datos que tenían disponibles, los datos oficiales, aportaron 2.000 millones de pesos, lo cual implica un impacto en el déficit fiscal. O sea, la proporción entre gasto y contribución es un dato que es muy evidente. [append chunk id: 12081]

[00:30:00] Y además de eso, los migrantes en general, en promedio, generaron 863.000 puestos de trabajo entre el 2017 y el 2023, la mayoría focalizados en personas chilenas. Estos son los datos para Chile que entregó el estudio del Banco Mundial y el Banco Interamericano. Y además, en el caso de los migrantes, el impuesto que pagan es el IVA. Como ustedes bien saben, es el impuesto que más recaudan. Y, en general, lo que la evidencia también demuestra es que aportan en IVA más de lo que reciben en servicios de salud, educación, transferencias y subsidios. Es decir, el año 22, que son para los años en los cuales uno puede comparar, por cada peso de beneficio, un chileno recibió 1,01. En el caso de los migrantes, 1,61. Particularmente, este dato está estudiado por el caso de los migrantes venezolanos. Esas son las razones que el Ejecutivo ha tenido presente para iniciar el estudio, y yo vuelvo a insistir en esto, el estudio de regularización en relación a las personas que accedieron voluntariamente al procedimiento de ordenamiento. Y es conveniente también transmitir a vuestras señorías que las razones que el Ejecutivo ha tenido presente para iniciar esa conversación son razones de vida y son razones económicas, como ustedes han puesto, pero esencialmente razones de seguridad. Lo siguiente que creo conveniente, señor presidente, antes de culminar, es transmitir la idea que me parece que es clave. Si el país no adopta una decisión en torno a esto, la va a tener que tomar más temprano que tarde. Por las estrategias que está abordando desde el punto de vista del control migratorio, que es cierto, hay un conjunto de personas que ya se encuentran en el país, hay algunas que accedieron al empadronamiento, y para el Ejecutivo, por lo menos para esta administración desde el punto de vista de la evaluación, creo que es conveniente trazar una línea roja entre las personas que voluntariamente accedieron al proceso de empadronamiento biométrico de aquellos que no lo hicieron. Ahora bien, si el país no toma una decisión ahora, la va a tener que tomar con posterioridad, pero no es porque tengamos una bolita mágica, sino que esencialmente tiene que ver con la trayectoria de la situación migratoria en el país versus las cosas que se han hecho en el pasado. Y por último, culmino con esto. El Ejecutivo tiene perfectamente que solo se puede referir, y creo conveniente que aun cuando la discusión pueda ser intensa, es conveniente tenerla públicamente. Como aprobó la ley de presupuestos, una glosa presupuestaria que señala que las regularizaciones deben hacerse mediante ley, y por esa vía hacer una excepción a la legislación migratoria hoy día, que es un procedimiento administrativo que se gestiona por la subsecretaría. El Ejecutivo entiende que esa norma está siendo objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional porque supone una regulación permanente para una materia que no corresponde a la ley de presupuestos. Pero en cualquier caso, eso es un debate que hoy día está trabado en el Tribunal Constitucional y que, por cierto, le va a ser respetuoso a la decisión final que ahí se adopte. Pero eso no implica que no sea legítimo abrir una discusión que tarde o temprano el país tiene que tener, especialmente respecto de las personas que accedieron voluntariamente al empadronamiento biométrico y cuyos datos he expuesto a continuación, los de contexto, los del empadronamiento, pero también las razones y la evidencia desde el punto de vista de seguridad y del punto de vista económico que llevan al Ejecutivo a abrir esta discusión. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor secretario. ¿Por qué abrir el estudio o este estudio de procesos a las puertas de una ola migratoria con Venezuela, que lamentablemente el país no daba bastos que recibir más que ellos? Y también hay un tema que genera ruido en la ciudadanía, que es la incivilidad que vemos reflejada en las ciudades. Recordemos que en Independencia, por ejemplo, sacó que el quinche o la vereda o algo por ese estilo. Entonces, todos estos temas, ¿por qué hacer estudio en esta fecha en la cual sacamos dos proyectos de ley importantes en la Comisión, que es fortalecer la ley migratoria? Y esto se ve como que se contradice al respecto. Por lo menos es raro. Y la fecha, ¿por qué en estos tiempos? Porque está bien, tenemos 182.000 personas que mencionan, hay 200 que tienen temas policiales para poder ni siquiera entrar en este estudio, me imagino, yo espero que sea así. Pero la fecha, porque de verdad viene una ola migratoria venezolana importante en enero, a partir de enero del 2025, por lo que hay saludo, y creo que quizás la fecha no es la más adecuada. ¿Me puede contestar eso? Y ofrezco a los diputados, ya. El subsecretario Cordero tiene hasta las cuatro de la tarde, así que para que seamos breves, eso me lo dijo con anterioridad. Para que seamos breves, diputados, por favor, y seamos concretos con las preguntas, si no, no vamos a... Subsecretario, después le ofrezco la palabra a los diputados. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente la razón por la cual le transmití disponibilidad horaria y mi disponibilidad, por cierto, de venir es porque tengo actividad con la policía en la mañana y tengo que volver a Santiago para otras actividades con la policía, en las cuales el subsecretario del interior tiene que encontrarme. La preocupación sobre la ola migratoria es una preocupación que tiene todo el continente sobre las situaciones del caso a partir de enero. Yo hace dos semanas he estado en Estados Unidos a propósito de, entre otros, estos temas, reuniones con el FBI, la DEA, pero también estuve con la policía fronteriza y estuve en el paso viendo e intercambiando experiencias. Aunque no tenemos datos y evidencias sobre este punto, lo que sí sabemos es que los equipos están haciendo un permanente monitoreo hacia dónde están yendo las olas. Mi principal preocupación es hacia el norte. Lo segundo es por qué el momento para discutir de este tema es siempre incómodo. Y el Ejecutivo ha considerado que este es el momento por tres motivos. El primero, que lo señalé en mi introducción, porque hay un sólido bajo en la frontera con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Tenemos mucho más cosas en la frontera, no cabe ninguna duda. Las cosas que se han hecho hasta ahora han tenido éxito. Si lo fortaleció, será y lo debe seguir haciendo, tanto desde el punto de vista de las acciones de expansión, pero también las acciones de medios tecnológicos. La segunda es porque precisamente las reformas legales por este Congreso y particularmente por esta comisión permiten abordar y hacer una visión de las personas que se encuentran, de aquellas que no están sujetas o que no tienen opción. Por lo menos el Ejecutivo considera que si se sigue avanzando en esta conversación, solo pueden acceder a ellas, aquellas personas que fueron objeto de empadronamiento hasta febrero del 2020. Y por lo menos esta administración no tiene posibilidad de decisión alguna de abrir un nuevo proceso de empadronamiento. Y tercero, porque hemos mejorado el control policial. Y por lo tanto, una de las razones que explica buena parte de las decisiones del por qué tratar de hacer regularizaciones, por eso el Ejecutivo ha señalado que ha votado, es tratar de formalizar al derecho a aquellas personas que están al margen del derecho y por su sustento que o no están capturadas por el sistema institucional o son difíciles de identificar. Las incivilidades son un problema, les quiero decir. Pero las incivilidades son un problema no solo de los migrantes, las incivilidades son un problema. Ustedes cuando hacen la distribución y el trabajo con los municipios, tenemos un problema de tolerancia en las incivilidades que está relativamente expandido. La Subsecretaría de Prevención del Delito está trabajando con los municipios en esto. Yo solo quiero decir que es un aspecto que está más allá de la cuestionatoria. Esa es la razón que lleva al Ejecutivo a abrir transparentemente esta conversación. Ayer en la mañana decía por qué el Ejecutivo simplemente no informó de una vez en qué consistía el procedimiento. A mí me parece que una regla de lealtad básica es informar al menos que está haciendo la evaluación y forme parte de la ley pública los contenidos y los propósitos que están entretenidos. Nada más, señor Presidente. Gracias. Tiene la palabra la diputada Camila Buzante y después el diputado Mejía. Bien. Gracias, Presidente. Bueno, a la subsecretaria y al director de Migraciones, yo tengo preguntas y quiero relevar algunos datos de la presentación. El secretario habló de la relevancia de los números en esta discusión del universo de los 102.000 empadronados y una decisión también del Ejecutivo de no continuar con el proceso de empadronamiento. Pero yo quisiera saber de qué manera, en torno a la vocería de la ministra Vallejo, que ella anunciaba que se iba a hacer una revisión con el carácter de acotada. ¿Cuál es el universo que están hablando de personas que van a ser regularizadas de su universo de 102.000? ¿Con 40.000? ¿Con 39.000? ¿Con 40.000? ¿Cuántos? Finalmente, ¿cómo esta medida es acotada como lo había anunciado la ministra vocera de Gobierno? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo también esto es consecuente? Esperando, por cierto, la primera pregunta para tener un poco más de claridad al respecto a este anuncio de medidas. ¿Cómo esto es consecuente con el avance de las expulsiones administrativas? Porque nosotros, en esta comisión, en la comisión anterior, en la Cámara, incluso, a propósito de los proyectos que ha impulsado el Ejecutivo, hemos ido avanzando en medidas que faciliten la expulsión administrativa, ¿verdad? Quienes tienen una situación de migrantes irregulares. Y también, nos preocupa cómo se concreta hoy día y se acorta, disculpe el diputado, y se acorta esa lista de 29.000 migrantes que tienen una orden de expulsión administrativa. [append chunk id: 12091]

[00:40:00] Y hay que no se ha podido concretar que algo decía el presidente de la Comisión, hay un problema respecto de quienes tienen nacionalidad venezolana y una solución con la reconducción tibia. Esa es una segunda pregunta: ¿cómo esto es consecuente con el avance de la lista de 29.000 personas migrantes irregulares que tienen una expulsión administrativa? Y luego yo quiero relevar algo que usted, subsecretario, y tiene que ver con la línea roja, y que me parece correcto adoptar ese criterio entre quienes se acercan al Estado para regularizar su situación y quienes no se acercan al Estado. Entonces, mi pregunta, y viene con una propuesta incluida, ¿qué ocurriría si es que quienes ingresen a nuestro país no habilitados ingresan en una calidad de administrativamente y se les otorga luego un plazo, puede ser un plazo de 10 días, para que se acerquen a la autoridad administrativa si quieren regularizar su situación? Y de lo contrario, que se produzca la figura de la resta, entendiendo también que dar un plazo pensando en la buena fe, a pesar de que se tenga la expulsión solamente por ingresar por un paso no habilitado. ¿Cómo el Ejecutivo está dando medidas de esas características? Porque acá en esta Comisión, como integrante, creo que lo que más nos preocupa es que la migración de carácter regular, controlada y segura, como se ha dicho, por el propio Gobierno, vaya en la dirección en la que creo que está avanzando correctamente, que es en permitir que se aprieten las expulsiones administrativas. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de tomar lo más breve posible. De la exposición del subsecretario, por su intermedio, a mí me dio la impresión de que lo mejor que nos puede pasar es que siga llegando gente. Mejora la economía, reduce el déficit fiscal, bajan los delitos, como que nos están faltando como dos millones de inmigrantes ilegales todavía. Y de paso podríamos aprovechar para expulsar a los chilenos flojos que estamos acá en Chile, que no servimos para nada. Pero yo creo que así como es bueno tener datos, también es bueno ser crítico de los datos. Porque una cosa es tener datos y otra cosa es tener decisiones y tener información. Uno no puede llegar y tomar una estadística que te dice que los delitos bajan cuando en los últimos años la comisión ha aumentado en Chile. Algo está pasando ahí. Yo no tiene que tener un mínimo de criterio para cuestionarse. Yo, por lo menos, no. Titular de hace algunos minutos nomás, presidente: tren de Aragua en la Revolucionaria, detenidos, mataron a compañeros por iniciar relación con víctimas de la banda. Eso es lo que estamos hablando, ese es nuestro nivel. Aclarado, que yo ahí sí creo que tengo una diferencia importante. Yo creo que no es que nos están sobrando inmigrantes ilegales, no hay que regularizar, hay que sacarlos. El tema es que si hay una cuestión en que este gobierno ha sido particularmente ineficiente de sacarlos, en el Pulsar. Ahora vamos a las preguntas concretas: ¿cuánto de los ingresos clandestinos de los que se regularizaron anteriormente, cuántos fueron por ingresos clandestinos de la regularización anteriores y cuántos serán por ingresos clandestinos ahora? Porque hasta donde yo en el proceso del 2018 fueron 12.000 ingresos clandestinos los que se regularizaron y en el 2021, y esto no es una cuestión que diga yo, esto es una cuestión que estoy citando al actual director del Servicio Nacional de Migraciones. Segundo, ¿cuánto de estos 182.000 que tienen posibilidades de ser regularizados entraron con visa vencida, por ejemplo? ¿Cuánto, en el fondo, al momento del ingreso, ingresaron de legal o al menos con un mínimo de legalidad y después quedaron en situación de irregularidad? ¿Cuántos de esos? Tercera pregunta, presidente: como contexto, se está llevando una serie de medidas para fortalecer la frontera. ¿Cuál es la evaluación, ojalá con datos, del mejoramiento en nuestro control fronterizo? ¿Se ha aumentado, ha subido, se ha mantenido? ¿Cuáles son, otra pregunta, cuáles son los planes del Gobierno respecto a este empadronamiento? ¿Este es el primero de varios o es el único? Y lo pregunto específicamente porque esta pregunta viene con otra que es evidente: ¿nos van a permitir con este tema, sí o no? Lo pregunto directamente porque aquí el Gobierno vino a decirnos que el empadronamiento no era regularización. Se lo preguntamos varias veces. La propia ministra Toá nos dijo que no era regularización y resulta que ahora la regularización. Entonces, yo no le creo porque este Gobierno nos viene a hacer trampa acá y con tramposo uno no puede hablar. Usted, perdón, presidente, por su intermedio, al subsecretario, acusa que los líderes de opinión son los que generan la confusión. Entonces, el caos que se generó en el estado de Víctor Jara no se hace ningún tipo de autocrítica, no se hace ningún tipo de análisis de quizás nos equivocamos en el momento y quizás nos equivocamos en las palabras que utilizamos, quizás nos equivocamos por informar esto en una cuestión que no era el momento. Yo me pregunto si es que hay algún tipo de autocrítica. Y finalmente, presidente, ¿el Gobierno cree que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en materia migratoria? La verdad no tengo ningún problema, vamos a cortar los tiempos porque no va a poder responder ninguna pregunta. Bueno, ahí tiene suficientes preguntas, presidente. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Lave, de reglamento. Gracias, presidente. Artículo 90, a propósito de lo que dijo el diputado Mesa, dijo tramposos para ciencia del Gobierno. Yo pediría que eso se borrara del acta porque... y mentirosos también. No se preocupe, sigamos a Cristian Lade, tiene la palabra. Les pido, por favor, dos minutos. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes y al Ejecutivo. Presidente, lamentablemente no está la ministra. ¿Puedo, presidente? Gracias. Lamentablemente no está la ministra, Tobás. ¿Sabe por qué, presidente? Porque esta es una que vengo en reemplazo. Pero es de cuánta habitualidad que los ministros no vengan a las comisiones, más bien se siga haciendo un debate legislativo a través de solamente los secretarios o los subsecretarios. Presidente, entrando en materia, primero yo quiero, no le creo a este Gobierno, y no me pidan que la saque porque no lo estoy insultando, no le creo a este Gobierno. Una vez dicho eso, me preocupa, y esto es directamente por su interfaz, subsecretario. Según un informe presentado en la BI ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, entre el año 2021 y 2023 ingresaron a Chile más de 150.000 personas en forma irregular, siendo solamente el 0.4% de ellas expulsadas administrativamente. Considerando que las expulsiones son bajas, pretende el Ejecutivo dar las señales correctas, presidente, para que no lleguen más migrantes. ¿Sabe lo que pasa? Que el bote está lleno de hoyos, se está tratando agua por todos lados y la señal que este Gobierno está dando es totalmente equivocada. Primero, lo que hay que hacer es mejorar más las fronteras porque voy a recordar que cuando nosotros en la Legislatura pasada, presidente, quisimos tratar de mejorar la situación en la frontera, fueron el presidente Gabriel Boric, el ministro Alejo, etcétera, y algunos parlamentarios que están acá, que votaron en contra de esas leyes. Entonces, yo quiero sinceramente, ¿cómo el Gobierno va a hacer y va a dar las señales correctas para que no venga una ola de migrantes pensando que acá en Chile la cosa está Jauja, Jauja, y exponiendo a los extranjeros por sobre los chilenos, presidente? Entonces, yo creo hoy día que las señales del Gobierno han sido erráticas absolutamente en esta materia. Presidente, yo vengo de un distrito, del distrito 8, que usted también comparte. El nivel de inseguridad que hay por la migración ilegal, por la delincuencia, por el narcotráfico, etcétera. Nuestro distrito tiene las cárceles, presidente, que más cárceles tiene Chile y aún así este Gobierno no ha dado la señal correcta. Mire, es bien técnica la presentación del Ejecutivo, pero hay algo que este Gobierno está bien en real, no con los números. Y yo entiendo perfectamente que el Gobierno a lo mejor quiere tomar estos números para poder de alguna manera blanquear la decisión que tomaron. Y sobre todo lo que vimos que pasó en Meix es un desastre y aún así le echa la culpa a cualquiera menos en un auto. Este Gobierno no ha hecho ni una autocrítica en materia de migración, presidente. Que el subsecretario me responda cómo van a hacer y van a incentivar a que los extranjeros no vengan más acá a delinquir y que vengan a hacer la fiesta que ellos quieran, los chilenos sigan pagando el pato de la mala política y las malas señales de este Gobierno. Gracias, presidente. Y después la diputada Johana Pérez. Yo le pido si tenemos 15 minutos, sino al minuto secretario no, no alcanzaba a responder solamente le pido por eso para que respondo. Diputada Catalina Pérez tiene la palabra. Muchas gracias. [append chunk id: 12103]

[00:50:00] A mí me parece sumamente relevante que un tema tan importante como la migración sea abordado con un mínimo de altura de mira. Y me parece que hasta ahora ha sido la altura de mira que ha tenido la Comisión para tramitar proyectos tan importantes como el mejoramiento del proceso de expulsión administrativa, como los procesos de ley miscelánea para que mejoremos la ley de migraciones, que a diferencia de lo que plantea el diputado Lave por su intermedio presidencial, tuvimos que trabajar largamente en esta Comisión de Gobierno Interior liderados por la diputada Eres en el periodo anterior, si no me equivoco, para justamente tener una ley de migraciones que está a la altura de lo que hoy día se quiere. Y por lo tanto, el ánimo de colaboración y de abordaje de este tema con seriedad me parece que se pierde cuando, más bien preferimos, y a mi juicio de manera completamente maliciosa, confundir a la ciudadanía respecto de la existencia de señales erráticas de un gobierno que ha sido muy claro en la necesidad de tener una migración ordenada, segura y regular. Erráticas son las señales cuando uno invita a migrantes a venir, o dice que en realidad no puede venir, que no fue precisamente el presidente Boric, sino que el presidente anterior. Erráticas son las señales cuando se demoniza la migración, pero se hacen campañas dirigidas a la población venezolana. Erráticas son ese tipo de señales políticas. Errático no ha sido este gobierno a la hora de elaborar una política. Yo creo que se han cometido errores, por cierto, y creo que en eso hay que dar señales de acción migratoria más claras en torno a los incentivos y desincentivos económicos y de seguridad, por ejemplo, a la hora de potenciar un proceso de regularización efectivo. Y en eso yo sí tengo una crítica al Ejecutivo en términos de que, lamentablemente, el debate público en esta materia y los ánimos exacerbados que vemos no contribuyen a un debate profundo, contribuyen a que se genere una suerte de mitología en torno a una confusión tal respecto de la regularización, el empadronamiento o el enrolamiento, que es parte de la confusión pública que existe en esta materia y que creo que existe con una muy mala intención, a mi juicio, de parte de algunos. Entonces, lamentablemente, no queriendo iniciar un debate democrático y público respecto de cuáles van a ser los criterios de regularización, con este tipo de dinámicas. Y yo esperaría que, al menos en la Comisión de Gobierno Interior, que algo deberíamos saber del tema, no lo quieran, pero lamentablemente no es así. Entonces, a mí, sumándome al llamado que hace el presidente a ordenar esta discusión, a mí también me gustaría que hubiera altura de mira, porque el debate en términos migratorios va a ser largo. Todos sabemos que esta no es una materia de solución rápida ni fácil y requiere de acuerdos respecto de mínimos civilizatorios, si se quiere, respecto de sectores políticos. Pero con este tipo de mitos y de dime y direte y de acusaciones de, no las voy a repetir, como lo ha señalado el diputado Mesa por su intervención, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, a mí lo que me gustaría sí, saber por parte de la Ejecutiva, a ver si podemos contribuir en ese debate, cuándo podemos tener en la Comisión de Gobierno Interior líneas claras respecto de cuáles son las bajadas en materia de seguridad y las bajadas en materia de incentivos económicos para avanzar hacia un proceso de regularización, si lo que se quiere es, de alguna manera a mi juicio, generar este debate de una manera un poco más abierta a lo que había dentro de esta comisión, pese a ser una labor, digamos, que podría ejecutar el INTE sin nuestra quiesencia, digamos. Pero, ¿cuál es la bajada en esa materia? Para que, además, cuál es la respuesta a lo que plantea la diputada Musante. ¿Cuáles son los números también que vamos a tener por consecuencia? Y podamos darle algo de materialidad y seriedad a este debate y, por favor, no confundiendo la ciudadanía respecto de este proceso. Quedan diez minutos. Tiene la palabra. Quiero que sean bien concretos, porque si no, no vamos a alcanzar a escuchar ninguna respuesta, lamentablemente, del subsecretario. Entonces, tiene la palabra la diputada Joana Pérez, después el diputado Enzo Trisota. Presidente, yo valoro este espacio y si es necesario invitar de nuevo al subsecretario, creo que el tema lo amerita. Así que pediría también que se acuerde con la comisión. Mire, aquí hay una situación bien compleja. Saludos al secretario, a todo el equipo, a las personas que invitamos. Porque podemos usar palabras más o palabras menos, pero aquí, efectivamente, se le preguntó a la ministra Toá, al ex subsecretario Monsalve, si el proceso de empadronamiento iba vinculado a una regularización y eso se negó acá. Es más, sacamos una ley que yo se lo anuncio la primera vez que usted estuvo en esta sesión, que es control migratorio, además de preventivo, además de todas las leyes que hemos ido tratando de mejorar la ley migratoria, que no la teníamos desde el año setenta y cinco, que lo recordaba la diputada Catalina Pérez. Y efectivamente nos costó. Entonces, el subsecretario acá se ha dicho que hoy día, y termino esa idea, si usted me permite, esa ley no se aplicó. Si a la ministra Toá se le hubiese hecho una buena acusación constitucional por no aplicar las leyes, ella habría salido de su cargo. Se lo anticipo porque efectivamente no aplicaron esa ley y utilizaron a la PDI en buscar otro que era un empadronamiento, no aplicando una ley aprobada por este Congreso de lo que fue la Agenda de Seguridad. Nunca. No le puso urgencia, la tramitamos ocho meses y porque esta comisión de manera unánime, o mayoritariamente, la aprobó, salió esa ley. Ejemplo uno. Pero usted hoy día, y yo valoro que usted como académico se encifra, pero otra cosa es la realidad que nosotros vivimos. Y también le voy a decir, usted fue ministro de Justicia, y usted me imagino que debe saber que la población penal entre el 2020 al 2023 creció en extranjeros un 1.024%, y la gran parte de esa población es venezolana y colombiana. Entonces usted entenderá, nosotros no queremos afectar sin duda una migración ordenada, regular y segura, que es lo que hemos buscado, pero tampoco podemos decir que estas dos medidas que usted dice, que es el arraigo laboral, ¿cómo puede un gobierno que haya arraigo laboral si la propia ley dice que no pueden haber personas que de manera informal e ilegal en nuestro país tengan trabajo? ¿Usted está avalando el no cumplimiento de una ley? Ese es un tema. Y por materia de seguridad, o sea, perdóneme, pero efectivamente nosotros gastando más recursos en reforzar nuestra seguridad, en poder desbaratar bandas de crímenes organizados que han traído nuevas formas, como el sicariato, como distintas situaciones criminales que hemos tenido que ir abordando, porque Chile no las tenía, pero son parte también de una región que se abre a esa migración no ordenada, ni regular, ni segura. Ministro, nosotros, y al menos hablo por mí y por mi bancada, no nos negamos a que el día de mañana pudiera haber una posible regularización, pero muy acotada, por razones muy específicas, y que esa discusión se dé aquí. Y es por eso que yo valoro lo que ha hecho el diputado Longston en la discusión del presupuesto. Y nosotros hoy día hemos presentado un proyecto con diputados porque creo que vale la pena hoy día revisar si la Subsecretaría de Interior puede tener esa facultad tan dignal que le otorga a la política migratoria en circunstancias en que el país entero quiere ordenar la migración, salvo hoy día los empresarios que han salido, que yo no sé si es un acuerdo que tiene el gobierno, sería bueno que lo trastara, con el gran empresariado, porque pudiera querer tener mano de obra quizás un poco más económica. Y, por cierto, también creo que es necesario que se sinceren esos acuerdos que pueda tener el gobierno también con el gran empresariado, si esto es parte de alguna agenda. Creo que esta comisión merece ese respeto porque hemos sido muy respetuosos con el gobierno, con el Ejecutivo, y aquí sí se nos mintió, porque podemos revisar todas las actas y el director de Migraciones testigo de aquello, y la PDI también, y Carabineros, porque nunca se admitió que venía todo esto acoplado a un proceso de regularización. Y, por último, asuman el error comunicacional de lo que se generó con el registro civil en un plan que no es empadronamiento, porque eso ya terminó, que es justamente lo último que se hizo, que es el enrolamiento. Entonces, eso es confundir a la comunidad, y Chile no merece más vergüenza desde interior. Hemos dado vergüenza al mundo de esta cartera, y yo le pido que, por favor, se replanteen estas medidas o, por lo menos, discutan con este poder del Estado. He dicho gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero marcar posición inmediatamente. A mí me parece una acción absolutamente irresponsable, peligrosa, contradictoria, y en un muy mal momento. Y yo creo que aquí se ha generado una polémica respecto del término mentir. Y quizás yo puedo ocupar varios otros, engañar, inventar, fingir, pero lo concreto es que en ese mismo asiento donde está sentado el presidente, pero lo concreto es que en ese mismo asiento donde está sentado hoy día el subsecretario, estuvo la ministra Toá y en varias oportunidades también el ex subsecretario Monsalve, y el 23 de enero del año 2024 se dijo de manera textual que el empadronamiento no sería suficiente para un proceso de regularización y que solamente se pretendía en recabar datos. Palabras de la propia ministra Toá. Por lo tanto, hoy día a mí me gustaría saber qué fue lo que motivó este cambio, si es que lo hubo, o efectivamente esto se venía planeando desde hace harto tiempo. Y de manera específica, cuál es la amplitud de este proceso acotado. Palabra manifestada por el señor subsecretario, que a mí me gustaría saber cuál es la envergadura, la amplitud, cuáles son los factores que van a ser considerados, o los criterios que van a determinar y que absolutamente va a estar sujeto al número de personas que van a entrar dentro de este proceso. En segundo lugar, palabras de la propia ministra Toá. Ella planteó como una presunción todos aquellos que no se sometieron al sistema de empadronamiento biométrico por alguna razón. Y esa razón muchas veces que tienen antecedentes. Hoy día no solamente tenemos 30.000 órdenes de expulsión pendientes, sino que también un número muy grande de personas que no se sometieron a este proceso. [append chunk id: 12107]