Cámara de Diputados - Vivienda - 16 de diciembre de 2024

El acta de la sesión número 101 se da por aprobada por un archivo objeto de observación. El acta de la sesión número 102 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario don Andrés va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta: oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, correspondiente al boletín N° 17251-14. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix, Karol Cariola, Nuñado, Olivera, Catalina Pérez, Schneider, Tello y Jovans, y de los diputados señores Beltrán y Hirsch, que modifica diversos cuerpos legales para establecer la obligación de instalar medidas de seguridad en ventanas y balcones de construcciones superiores a dos pisos de altura, correspondiente al boletín N° 17284-14. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Baize, Marlene Pérez, Natalia Romero, y de los diputados señores Borges, Coloma, Cornejo, Fuenzalida, Martínez, Moreira y Solentay, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistemas de alarmas en viviendas habitadas por personas mayores, correspondiente al boletín N° 17290-14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Donoso, Hirsch, Zafirio, Ulloa, y de las diputadas señoras Astudillo, Nuñado y Rafael, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos de urbanización o edificación, correspondiente al boletín N° 17287-14. Oficio de la directora de Senapred, mediante el cual informa el plazo máximo que una vivienda de emergencia es considerada transitoria e informa que ellas tienen como único propósito la respuesta de manera provisoria a la pérdida de las condiciones de habitabilidad, producto de una emergencia, desastre o catástrofe de origen natural o antrópico. El carácter provisorio no está sujeto a un límite de tiempo específico, sino a su propósito fundamental, que es brindar una solución temporal mientras se implementan medidas para la recuperación definitiva de la habitabilidad en etapa de reconstrucción. Y finalmente, oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual adjunta minuta de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción, que responde a la consulta acerca de si el bono de acogida que se entrega dentro del marco del Plan de Reconstrucción del mega incendio de la región de Valparaíso se extenderá para todos los damnificados que se encuentran actualmente arrendando una vivienda. Documento con detalles fue enviado a los correos de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. ¿Algún punto sobre la cuenta, diputado? Gracias, presidente. En relación al segundo proyecto que mencionó el secretario, sobre artefactos para monóxido o detectores de humo, hay un proyecto de las mismas características que en este momento está siendo tramitado en la Comisión de Emergencias de Sastre y Bomberos. De hecho, mañana una mesa técnica va a hacer una presentación sobre el mismo contenido. Así que yo creo que para que no se produzca la dualidad, le pongo en conocimiento a la comisión que se tramitan dos proyectos tan similares en comisiones distintas. Así que eventualmente que se puedan fundir ambos proyectos y sacar algo mejor, en particular en esa comisión que hay más espacio, creo que sería más adecuado. Muchas gracias, diputado. Vamos a informar a la Comisión de Bomberos y vamos a hacer presentes los dos proyectos, el que está en el número 2 y el número 3 de la tabla. ¿Acordado, entonces? Ya. Puntos varios los vamos a dejar para el final, de manera de dar curso a las audiencias que hoy día tenemos. En primer lugar, va a estar la Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcaldesa de Quinta Normal, señora Karina Delfino Mussa. Muy bienvenida. Nosotros tenemos urgencia con este proyecto, por lo tanto tiene 10 minutos, para que sea muy ejecutiva. Y aprovechando que están todos los expositores también viéndonos, aprovecho de pasarles el dato que son 10 minutos. Lo que nos interesa es que nos puedas exponer sobre el proyecto, los diagnósticos de la historia, ya las conocemos, y por lo tanto ir derecho a lo que es el proyecto de ley que presentó el mismo hombre. Muchas gracias. Tiene la palabra. Voy a ser breve, no me iré de tesis, pienso que soy socióloga. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que quiero señalar es que este es un proyecto que es muy bueno, independiente de los antecedentes que voy a pasar a señalar, creemos que es una muy buena iniciativa, particularmente por lo que significan las tramitaciones. Este es un proyecto que acelera las tramitaciones que están en curso. Y en particular en este caso me toca, bueno, representar a los alcaldes y alcaldesas de Chile, pero también en el caso de Quinta Normal nosotros tenemos uno de los proyectos emblemáticos que hemos estado impulsando con el Ministerio de Vivienda y en particular con la DDU, que es la regeneración territorial del terreno de Unilever, que son cerca de 40.000 metros cuadrados, 36.000 metros cuadrados, que era una industria que quedó abandonada y que la particularidad que tiene es que el uso del suelo era de tipo industrial. Entonces nosotros cuando llegamos al municipio no quisimos, en el marco de un cambio de plan regulador que estamos haciendo, pero no quisimos cambiar el tipo de uso del suelo precisamente porque eso iba a atraer inmobiliaria y dejarlo más bien en terreno industrial y poder planificar en conjunto con el ministerio lo que se quería hacer allí, porque además colinda con un terreno del Servio que es de 20.000 metros cuadrados. Entonces no lo miramos solo como el terreno Unilever, sino que un terreno que en rigor tiene 60.000 metros cuadrados porque está al lado del terreno Servio, que es Ciudad Mapocho, y que lo anunciamos hace muy poco la compra ya de Ciudad Mapocho y que se enmarca precisamente en este proyecto por la a veces excesiva tramitación y demora de los proyectos. En términos generales, los antecedentes, ustedes saben que la gran mayoría cuenta con algunos instrumentos de planificación territorial en las comunas, de hecho el 95%, pero sin embargo muchos de ellos son obsoletos y llevan mucho tiempo con esos mismos instrumentos, lo cual necesitan obviamente actualizarse. Y la normativa se caracteriza por tener mucha formalidad, duplicidad de funciones, falta de coordinación entre organismos del Estado, etcétera, y por eso se requiere actualizar esta normativa. Ustedes bien saben los objetivos, que es reducir los plazos, que los pladecos también se alineen con los instrumentos de planificación territorial, otorgar atribuciones a las municipalidades para aprobar propuestas de la norma especial elaborada por la Ceremi Minbu y también la facultad para los servicios regionales de vivienda, los Ceremis que puedan asociarse con municipios para el desarrollo de proyectos habitacionales. Y algo muy interesante que también se incorpora son las capacitaciones a los consejos municipales en planificación urbana que también lo destacamos. En términos de las observaciones, la primera observación que podríamos tener es respecto a los plazos que si bien se agilizan, podrían transformarse si es que los términos planteados en una aprobación por silencio administrativo. Entonces presentamos en este sentido algún diálogo para poder consensuar algún mecanismo para mejorar la propuesta en función obviamente de la agilización, pero también de que tampoco existan estos silencios administrativos por aprobación, que también es una observación que podríamos eventualmente detectar. Lo segundo, que es una novedad normativa que busca la alianza público-privada para iniciativas habitacionales, que eso es positivo, pero creemos que se debe profundizar en ciertos aspectos. Por ejemplo, fijar un mínimo de años de vigencia de las sociedades constituidas para este efecto, establecer algunas sanciones frente a ciertos incumplimientos, determinar si bien las facultades y las responsabilidades y fijar de manera más clara la relación entre la liquidación de la sociedad y el sucesor legal de ella. Estos aspectos creemos que van a enrojustecer también la iniciativa. También en términos de las capacitaciones, como les comentaba, creemos que efectivamente es una novedad. Sin embargo, también creemos que se podría evaluar algún mecanismo de poder hacer estas capacitaciones quizás en conjunto o también considerando la experiencia que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades, porque radica hoy día en el Ministerio de Vivienda, pero también en propósito de poder a lo mejor generar mayores ofertas, que también la Asociación Chilena de Municipalidades pudiese ser parte de estas capacitaciones. Y también respecto a las normas para la construcción de vivienda, el caso Unilever, que les comentaba, que hemos visto la demora excesiva para el cambio de destino de terrenos para viviendas de interés público. Y en este sentido creemos que es sumamente importante lo que precisamente plantea la norma de este proyecto, que es poder agilizar precisamente esta discusión. En términos generales a considerar, creemos que es una súper buena iniciativa, creemos que además esto va a agilizar también frente a un déficit habitacional importante que existe en nuestro país, que lo vivimos todos los días respecto a lo que pasa con los temas de vivienda. Esto también nos va a permitir actualizar más rápido los planes reguladores comunales y también eliminar a veces la duplicidad de revisión del instrumento de planificación territorial. También un aspecto importante es la habilitación normativa de terrenos para la construcción de proyectos de vivienda de interés público, como comentaba, precisamente uno de los ejemplos más claros es lo que estamos haciendo nosotros con Unilever. También creemos que es importante asociarse entre una o más municipalidades con el Ministerio de Vivienda, con distintos entes, ya sean públicos. [append chunk id: 12701]

[00:10:00] ...o privado, constituyéndose en estas sociedades mixtas para proyectos habitacionales. Este es un avance cualitativo, creemos nosotros, para también poder enfrentar el déficit habitacional. Sin embargo, ponemos una alerta precisamente por los tiempos como se acortan. Nosotros vamos a exigir probablemente mucho más a los municipios en términos técnicos y siempre es importante poner presente que no siempre contamos con los equipos técnicos para hacerlo y esta ley tampoco contempla el movimiento para ello. Entonces también la agilización va a requerir un esfuerzo mayor por parte de los municipios y este proyecto no contempla precisamente aquello. Es importante considerar la necesidad de estas interrogantes que surgen. Creemos que es un buen proyecto de ley, pero sin embargo es importante también generar alguna de estas consideraciones en la tramitación legislativa. Eso sería. Muchas gracias. Me porté bien. No, pero perfecto. Tenemos que tener más invitados como usted. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, pero muy breve. Muy breve. Bueno, saludar a la alcaldesa nuevamente. Hay dos cosas que usted pone de relieve respecto a la presentación por parte del Ejecutivo de este proyecto y me parece muy atendible. En primer lugar, si no puede referir en treinta segundos, silencio administrativo, porque lo hizo hincapié en el eventual perjuicio que podría tener para los municipios este tema que no parece bien regulado, bien presentado en la visión que tiene la Asociación Chilena. Y segundo, tema de los recursos. Efectivamente me han hablado ya y entonces lo hablo a todos los miembros de la Comisión desde los municipios, muchos municipios, sobre todo del sur. Efectivamente hay muchas leyes que vienen aparejadas a cortar plazos, ser más diligente, etcétera. Y ahí quiero también preguntarle la opinión del Ejecutivo respecto al tema de los recursos, porque evidentemente para acortar plazos, para ser más diligente, necesitamos mayor número de profesionales. Y no quiero que, obviamente, esta norma sea letra muerta, tal como de alguna manera lo sugiere la alcaldesa, quizás referirse a ese punto. Sí, van relacionados, porque efectivamente como los plazos se acortan, se dan por enterado cuando se van pasando los plazos y a lo mejor no es porque no existan observaciones, sino que más bien porque no existen las capacidades para ello muchas veces los municipios. La ley, por ejemplo, por poner otro ejemplo, cuando estableció la obligatoriedad de poner a los directores de control, hay muchos municipios, sobre todo en las zonas rurales, que finalmente quedaron solo con el director o la directora de control sin equipo. Y eso precisamente porque muchas veces elegirla sin tener en consideración que se requieren recursos para poder hacerlo, sobre todo de recursos humanos. Entonces efectivamente creemos que es importante acotar los plazos y ya estamos en una discusión también en términos de nuestros propios municipalidades de lo que significan las tramitaciones de los proyectos. Y esto es parte de aquello, pero es sumamente importante para hacer las observaciones necesarias en el tiempo prudente que existan los equipos técnicos para ello. Entonces creemos que es importante poder tener acompañamiento técnico, asesoría técnica, que en el fondo también no queden malos proyectos, en este caso de planificación territorial, sino que más bien podamos avanzar más rápido, pero también de manera eficiente. Don Vicente, recursos. Gracias, Presidente. Efectivamente nosotros evaluamos en la gestión del proyecto los distintos recursos que se tramitan y yo creo que, antes de referirme a los recursos directamente, indirectamente este proyecto se hace cargo desde dos puntos de vista. Primero, al hacer el procedimiento más fácil y de manera más simplificada, evidentemente se van a gastar menos recursos en dichos procedimientos. Podemos invitar a más procedimientos a ocurrir con una menor carga, en consecuencia más trámites deberían poderse realizar. Y en segundo lugar, nosotros efectivamente tenemos un fondo que no es muy alto, hay que decirlo, el Ministerio de Urbanismo para financiar planes reguladores, pero también el año pasado, por ejemplo, los gobiernos regionales, de manera, digamos así, por iniciativa propia, entre el año 2022-2023 hicieron más de 30.000 millones en inversión de planes reguladores. Entonces nuestra impresión, y podemos discutirlo, quizás podríamos ratificar la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan invertir en estos planes reguladores en el proyecto de ley. Yo creo que eso es una buena idea porque la práctica está sucediendo. Está sucediendo de manera desigual. Hay algunos gobiernos regionales que invierten por 31, otros por 22, otros no lo hacen. En consecuencia, si en el proyecto de ley nosotros pudiésemos conectar ese punto con el tema de la inversión, por cierto que podrían darse buenos recursos. Ahora, como usted sabrá, ha debutado en asegurar fondos con un proyecto de ley, lamentablemente no hubiera tomado una tramitación más larga y probablemente más compleja en el interior del gobierno. En consecuencia, preferimos priorizar las reformas administrativas, sujeto también al compromiso del Ejecutivo, que también así está manifestado en el plan de modernización de los planes reguladores, que lo presentamos el año pasado, de buscar y asegurar más recursos al fondo, pero no en el proyecto de ley diputado en este caso. Muchas gracias, Vicente. Alcaldesa, muchas gracias. Se anotaron varias cositas acá. No, solamente para terminar, yo creo que es una buena idea lo de los gobiernos regionales, precisamente para poder agilizar la tramitación. Los gobiernos regionales hoy día cuentan con recursos y muchos de ellos, como bien decía Vicente, ayudan a los municipios, no solamente la planificación territorial desde el punto de vista de planes reguladores, sino que también de Pladeco. Entonces, creo que es importante quizás dejarlo establecido y así se subsana esta observación o esta alerta que ponemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar la indicación del Ejecutivo, que es facultad exclusiva de ellos. Don Vicente. Muchas gracias, Alcaldesa. En segundo término nos acompaña el Consejero Nacional de la Cámara General de la Construcción, señor Jorge Bantoja, la Jefe de Estudios Territoriales, Gerencia de Estudios y Políticas Públicas, señora María Nieves Hinojosa y el Abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, don Carlos Pinto. No sé si pueden... Y como le dije a la Alcaldesa, diez minutos. No por cada uno. Así que, muchas gracias, Alcaldesa. Entonces, don Jorge, le doy la palabra y usted le distribuye con las personas que le acompañan, pero le pido diez minutos. Gracias. Gracias, Presidente. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos asignados. Lo primero, traerle un saludo y un agradecimiento a esta Comisión por su intermedio, Presidente, por invitar a la Cámara a participar en esta discusión de ley. Y lo segundo es decir que se me ha pedido que represente a la Cámara esta oportunidad con una señal de que las regiones también juegan en este partido. Yo vengo de la región de Tarbacá, particularmente, donde acabamos de vivir tres procesos, o estamos viviendo tres procesos de planificación territorial, por lo tanto tenemos muy fresquitas las consecuencias y los efectos del sistema de planificación que tenemos. Vamos al punto. No voy a detenerme demasiado en los detalles de la ley que ustedes ya conocen, la magnitud que tiene. Y sí voy a tomar un poquito más de tiempo en decir que compartimos mayoritariamente el diagnóstico que hacías en el proyecto de ley, en los aspectos más relevantes. Sin embargo, nuestra sensación es que el problema tiene una trascendencia tal que la verdad que uno se queda con gusto a poco de que podríamos haber sido un poquito más entusiastas, un poquito más arriesgados, un poquito más ambiciosos, en generar realmente una modificación transversal al sistema de planificación territorial en Chile. Sin embargo, entendiendo que no siempre lo deseable es lo posible, nos parece que el proyecto está en la dirección correcta en cuanto a sus intenciones, y por lo tanto nos vamos a referir a los aspectos concretos que están contemplados en la ley, pensando principalmente en qué temas pensamos que es necesario evaluar con mayor profundidad, qué temas pensamos que definitivamente nos parece que no deberían formar parte de esta ley, y por último, qué temas nos parece que sí deberían incorporarse de alguna manera en la formulación de este proyecto de ley. Respecto a lo primero, de los temas a evaluar, respecto a la tramitación de procedimientos, hay una propuesta interesante de reducción de plazo de desarrollo de los planos reguladores de 3 a 4,5 años, pero esos plazos aún siguen siendo extensos, y no son muy distintos de los plazos que actualmente tenemos. Hoy día los planos reguladores están demorando de 3 a 4,5 años en su elaboración para llegar a la etapa de este proyecto, y los tiempos más importantes de demora están justamente en la etapa de aprobación, que prácticamente duplican el periodo de estudio. Nos parece entonces que se requiere repensar, y a esto me refería cuando hablaba de que podríamos ser un poquito más ambiciosos, de hecho la propuesta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en su minuto, hablaba de 18 meses para el proceso completo. Nos parece que sí es posible ser un poquito más ambiciosos. [append chunk id: 12702]

[00:20:00] ...más ambicioso en este aspecto. Respecto a la incorporación del silencio positivo ante el cumplimiento de plazos, el incumplimiento de plazos, y respecto de la eliminación de la aprobación por parte de Contraloría, particularmente la toma de razón de Contraloría cuando hay planos reguladores que no tienen un soporte intercomunal, nos parece que ambos, estando bien intencionados, nos pueden llevar a un territorio de incerteza jurídica que puede ser muy perjudicial para el sistema. Puesto que la Contraloría mantiene todavía una tutela sobre los procedimientos administrativos y sobre la legalidad de esos procedimientos, ex post, pudiera ser que un plan regulador se apruebe aún padeciendo de algunos vicios de legalidad o algunas incongruencias con el resto del cuerpo normativo y legal que rige el país. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Que se sea más preciso en la redefinición de los alcances que tiene la aplicación de estas dos normativas propuestas. Si el silencio positivo por incumplimiento de plazos no va a significar en el futuro un retrotraer o una judicialización excesiva de los procesos cuando se detecten ex post algún incumplimiento de ilegalidad. Otro del área de los temas que sugerimos evaluar tiene que ver con el seguimiento de los planos reguladores y la capacitación para los actores relevantes en el proceso. Se propone en este proyecto de ley la eliminación de la actualización periódica de los instrumentos en un plazo no mayor a 10 años. No encontramos una justificación para esta eliminación, aun cuando la norma está vigente. El reglamento ha sido dictado hace poco menos de dos años y empieza a regir recién en abril del próximo año. Por lo tanto, esta norma en la práctica no ha entrado en ejercicio, lo cual nos permite suponer que no existe una evaluación de su desempeño, de su resultado, y la eliminación no encontramos en el propio enunciado de la ley una justificación para eliminarla. Nos parece, y en su momento apoyamos esta revisión periódica de no más de 10 años, para no caer en los excesos que hemos caído hasta ahora de casos emblemáticos en Chile como el de Estación Central, que cumplió 49 años de vigencia, o como el caso de la comuna de Iquique, que cumplió 43 años de vigencia. Pero aun así, la eliminación de esos plazos nos podría llevar a prolongar otra vez excesivamente la vigencia de los planos regulados. Respecto de la realización de informes bienales de seguimiento y actualización, siendo una buena intención esto de hacer una revisión más frecuente de los resultados, nos parece que es inoficioso generar nueva carga de informes y de revisiones a los municipios, sobre todo los municipios que llevan una capacidad instalada de profesionales en el área de urbanismo más limitada y que pudiera llevarnos a que esto se convierta realmente en letra muerta porque somos incapaces de cumplirlos. La realidad de los municipios de regiones, sobre todo en las regiones más pequeñas, no es tan generosa como algunos municipios de la región metropolitana. Esto nos lleva a otro tema que también sugerimos evaluar con mayor profundidad, que es respecto de la capacitación de los actores relevantes en materia de planificación urbana. Por supuesto que nos parece de la mayor relevancia que todos los actores dispongan de un nivel de capacitación para pronunciarse y para interactuar en todo el proceso de planificación territorial. Sin embargo, creemos que la capacitación debe ir asociada necesariamente, y se ha mencionado aquí en la exposición anterior, en los comentarios, debe ir asociada también a una capacidad de respuesta. No solo los conocimientos, sino el músculo, la fortaleza institucional para poder aplicar esa capacidad dentro de los tiempos que se requieren y dentro de las urgencias que plantea la aprobación de un plan regulador. Al mismo tiempo, nos parece importante mencionar que el impacto que puedan tener las decisiones de la autoridad política en el proceso también deberían merecer alguna atención en cuanto a que nos ha tocado presenciar una falta de información y profundización en temas de planificación de parte de las autoridades comunales y regionales que están participando en la aprobación de los instrumentos. Esto es muy difícil de abordar bajo la mirada de la capacitación permanente, porque no nos olvidemos que cada cuatro años cambian todas las autoridades. Finalmente, Presidente, tenemos un tema que nos parece de la mayor trascendencia que les pediría también la posibilidad de que se pudiera evaluar, que esto de las sociedades mixtas y asociación público-privada. Sin duda que la figura en su intención parece muy loable, sin embargo, la materialización de esta iniciativa como norma implica un ejercicio implícito de actividades empresariales por parte de instituciones del Estado. Y eso puede tener implicancias al tratarse de una norma de acuerdo a un calificado que podría retrasar la aprobación de este mismo proyecto. También nos obliga a obrar con la mayor transparencia posible para evitar discrecionalidades y territorios indefinidos en el campo de las atribuciones y las facultades que tendrían estas asociaciones. Nuestra opinión, entonces, en este sentido, es que por tratarse de una materia excesivamente compleja, que se aleje un poquito de la intención de este proyecto, nos parece que este es un tema que debería revisarse si debe o no permanecer en este proyecto de ley. Por último, Presidente, pedimos que se evalúe la posibilidad de considerar incluir dentro del proyecto de ley, la predefinición de normas y zonas como una herramienta de simplificar los procesos de tramitación y desarrollo de los planes reguladores. Hoy día no existe una predefinición de normas y zonas, eso es sujeto a la facultad del desarrollador del plan regulador, y eso nos lleva a que de pronto se produce una atomización excesiva de los territorios con una proliferación de normativa que hace muy difícil el estudio y la aplicación de estas normas. También pedimos que se definan y se fortalezcan las facultades de los planes reguladores intercomunales para definir algunas características cuando esas decisiones del nivel intercomunal intervienen en la comuna. Hoy día esta interrelación, esta interdependencia, no queda clara y a veces las intenciones del intercomunal chocan con las facultades de los comunales. Y por último, Presidente, evaluar también la coherencia y la pertinencia de mantener la cantidad de normas urbanísticas que hoy día existen, que son 18, muchas de ellas referidas a temas bastante similares o que se superponen, y estudiar de una vez por todas o pedirle a este proyecto de ley que incorpore la realidad de habitantes por hogar que existen en Chile de acuerdo a los censos, y abandonar este guarismo que ya nos viene persiguiendo hace varias décadas que no parece tener ninguna relación con la realidad. Hoy día la densidad se considera 4 habitantes por hectárea y nuestro censo, el último vigente, es bajo 3. Bajo 3 personas por hogar. Eso complica enormemente la aplicación de la política de vivienda y también complica los guarismos de densidad que están contemplados en los planos reguladores actuales, que hacen daño al potencial de desarrollo que tienen los territorios habilitados para desarrollar ciudades. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda o consulta? Estamos en modo breve, Diputado. [append chunk id: 12703]

[00:30:00] Gracias, Presidente. Más breve, mire, tengo la siguiente consulta, puesto que nuestro invitado ha señalado que hay una norma que implica que el Estado suma actividades empresariales. Yo pedí una mayor precisión al respecto y entiendo que lo que se refiere es que se faculta en un artículo al Servio para que se asocie con otras entidades públicas o privadas para hacer un proyecto habitacional, y eso no necesariamente son actividades empresariales. Entonces, creo que no quedó tan claro si esto realmente requiere un quórum especial y si ese es el problema, o si el problema es otro más de fondo a su juicio. Eso, Presidente, gracias. La posibilidad de que el Servio se asocie con otras instituciones del sector público y privado existe hoy día por la vía de aplicación de glosas presupuestarias. Sin embargo, no ha tenido el desarrollo que esperábamos, probablemente por las dificultades que significa destinar recursos de la administración pública a esta función y porque pareciera ser que tampoco es tanto el entusiasmo por constituir sociedades de este nivel de complejidad para desarrollar proyectos que se están desarrollando por canales más fluidos. Respecto de la situación del quórum que requeriría una ley de este tipo, voy a pedir al abogado de la Cámara que se pueda referir a ese tema, por favor. Muy breve. Respecto a esa observación, tiene que ver con dictámenes de la Contraloría que se han pronunciado sobre algunas de las sociedades mixtas que hoy día existen a partir de normas originales y sus limitaciones respecto al ejercicio de ciertos giros, por llamarlo de alguna manera. Es un poco parte del estudio que se ha hecho de cuáles han sido los problemas de las sociedades mixtas existentes y las que potencialmente podrían haber surgido a partir de esta norma como carácter permanente. Muchas gracias. Un segundo. Gracias, Presidente. Lo que pasa es que es súper bueno haber escuchado a la Asociación Chilena de Municipalidades, pero naturalmente a la Cámara también es muy relevante y tenemos quizás un espacio mayor. Yo tomo tres cosas que me parecen fundamentales y nos puede acompañar a la Comisión estos dictámenes de Contraloría para precisar un poquito más lo que está señalando el expositor respecto del eventual problema que se suscita con sociedades mixtas o asociatividad relativa al tema que se entiende, el tema de la imposibilidad del Estado de asumir actividad empresarial porque se requiere una ley especial, pero quizás precisarla a través de los dictámenes, quizás a través de Vicente, quizás tener una mayor ilustración respecto a ese particular punto. Lo dejo ahí como para un eventual estudio posterior a través de unas indicaciones en lo particular. A mí me llaman dos cosas la atención y quiero preguntárselas derechamente. ¿Por qué no fuimos más audaces? Eso me interesa mucho porque en la presentación que hace el Ministerio, el Ejecutivo, hace una o dos semanas atrás, efectivamente partimos de una base que nos demoramos siete años, más o menos eso. Pero yo recuerdo, Vicente, que efectivamente el gran plazo perdido está con posterior a la aprobación, ya sean los gobiernos regionales, pocos, pero fundamentalmente en el trámite final de Contraloría. Eso es lo que me quedó más o menos de la presentación, ¿cierto? De los siete años bajar a tres años, pero si Contraloría fuera dirigente, en el fondo estaríamos... Pueden haber precisiones en cuanto al plazo, pero yo recuerdo que en la presentación aparece que gran parte de la pérdida de tiempo, de la ineficacia, radica en Contraloría. Eso es un tema. Y por tanto la pregunta, efectivamente yo la asumo, ¿se puede ser más audaz respecto a los plazos? Es una pregunta que es derechamente. Y lo segundo, nuevamente repite el tema de la capacidad económica de los municipios y regiones más pequeños. Es fundamental, que es más o menos lo que repetía la alcaldesa de Quinta Normal. Ojo con eso, porque efectivamente puede ser letra muerta en la medida que no tengamos los recursos adecuados para cumplir con la normativa, que puede tener muy buenas intenciones, pero si no hay recursos, queda finalmente letra muerta. Una cosa que me llama mucho la atención y que lo tomo, el tema de... y con Vicente, el tema, efectivamente el tema del silencio, del silencio positivo, pero cuando se encierra ese silencio, una ilegalidad. Y posteriormente viene el examen y se puede retrotraer todo el proceso. Entonces, por el silencio positivo, ¿cierto?, podemos ganar tiempo, pero finalmente todo ese tiempo puede ser perdido. Entonces, el tema, podemos precisar efectivamente y evitar este escenario que efectivamente frente a un silencio positivo, donde encierra una ilegalidad, retrotraer todo el tiempo transcurrido. Y el último tema, efectivamente me hago cargo de que me gustaría una respuesta del Ejecutivo respecto al guarismo de densidad, efectivamente, que es un tema que yo lo he escuchado permanentemente, el tema de los censos y ir adecuando la norma de 3 a 4 miembros por hogar. Eso, Presidente. Muchas gracias. El tema de la calificación de la norma planteada lo vamos a organizar con la Secretaría, para entrar a una discusión acá, que es la Secretaría la que tiene que definir, y obviamente está al lado de esta instancia. Una de las preguntas que le hace el diputado Ulloa, me gustaría brevemente su respuesta, y Vicente, respecto de la última del diputado Ulloa, también brevemente. Gracias. Primero, respecto de la asociación público-privada, decir que no estamos para nada negados a que se produzca esta asociación. La Cámara Chilena de Construcción ha sido un permanente promotor de esta alianza público-privada. Lo que estamos diciendo es que esta norma que está incluida en este proyecto de ley es de tal trascendencia que requiere un estudio aparte, separado, distinto de esta ley, porque tiene muchas más aristas que estaría necesario cubrir para poderla atender eficientemente. Respecto de los plazos que menciona, efectivamente los plazos de la tramitación de la aprobación duplican los plazos de elaboración de los estudios hoy día. Lo que estamos proponiendo no es que se retome en el actual Estado las revisiones de la Contraloría, sino que intentemos evitar que ya sea que se tome razón por Contraloría o no, evitar los escenarios de incertezas jurídicas futuras, porque eso es lo que estamos pidiendo. No hemos planteado una postura categórica en el sentido de si deben o no intervenir Contraloría en la aprobación de los planos reguladores. Y respecto de la capacidad de los municipios, efectivamente nos parece que el tema de la capacidad de los municipios implica adquisición de competencias, pero también al mismo tiempo la capacidad física y la capacidad instalada institucionalmente para atender un proceso de agilización de la aprobación de los planos reguladores. Sí, bien rápido. Respecto a la densidad, es una materia reglamentaria. Nosotros efectivamente podríamos, y lo hemos conversado así, dentro de las vastas modificaciones reglamentarias que tenemos pendientes, revisar el guarismo, en mi opinión, hacia adelante. O sea, retraer ese número para planos reguladores antiguos me parece que es complicado porque la intención del planificador fue otra. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta. Creo que a futuro se podría analizar. O sea, digo, no a futuro. Creo que se puede analizar en el reglamentario sin problema, y lo digo aquí abiertamente. Y lo puedo ofrecer ahora. Pero sí creo, efectivamente, que hay que tener cuidado con respecto a qué planos reguladores. El planos reguladores a futuro, o si le aplicamos una norma que no estaba contemplada y en la práctica generando un conflicto bien importante con municipalidades que se mantiene una norma con otras características. Eso respecto a la densidad. Respecto al tiempo, yo creo que podemos precisar bien a qué referimos con el censo administrativo. Pero hay que tener en cuenta que el censo administrativo del Consejo Municipal está establecido hoy en la norma. No está establecido por este proyecto de ley. Este proyecto de ley establece el censo administrativo más bien para trámites entremedio. Y respecto al último, nosotros hemos hecho cinco veces la cláusula 7 este año. La estamos utilizando. Y por eso no hay intenciones de incluirla en este proyecto. Podemos revisar bajo qué aspectos, mejorar el elemento, pero ¿es una herramienta activa del Ministerio hoy en día? Sí. Es particularmente lo que comentó, por ejemplo, la alcaldesa de la región. Ahí lo estamos usando. Y respecto, creo que esas son todas las preguntas, ¿no? ¿O hay una más? Respecto a una del tiempo. No, hay una del tiempo. Sí, respecto al tiempo, nosotros nos planteamos tres años como un deseable. Lo planteamos como un máximo. O sea, nosotros calculamos que el trámite se puede realizar bastante más rápido con estos procedimientos, entre 12 y 18, cuando no hay más generosidad. Entonces, creo que hay herramientas para entender que los tres años no es una propuesta de un deseable, sino que la propuesta de un máximo. Y hay que analizar así el número. No de otra forma, creo yo. Eso. Muchas gracias. Entonces, seguimos con los expositores. Nos acompaña la Presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el Presidente, perdón, señor Juan Sabbagh, junto a la señora Marisol Rojas y Ana María Dávila. Por favor, si nos pueden acompañar. Y como estamos en modo permisología, 10 minutos. ¿El Presidente no vino? Muy bien. Hola, mi nombre es Ana María Dávila, Vicepresidenta de la OAS. Yo vengo en representación de Juan Sabbagh, pero no pudo venir porque está en nuestra reunión con... [append chunk id: 12704]

[00:40:00] La subsecretaria de Patrimonio, también muy importante el tema. Y para los que no nos conocen, la OA es una asociación que lleva gremial, que llevamos 25 años y representamos más de 200 oficinas de arquitectura. Y por eso mismo les quería agradecer habernos recibido y poder exponer nuestra visión, que creemos que ha sido importante en varias otras ocasiones, como la Ley de Agilización de Permiso y otras. Y ya que tenemos 10 minutos, mejor dejo a la experta, que es Marisol, que es directora también de la OA y experta en el Comité de Normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputadas. Voy a ser breve por el tiempo, solamente decir que compartimos el diagnóstico y compartimos los objetivos del proyecto de ley, sobre todo en lo que significa la duplicidad de los procesos de aprobación de los instrumentos de planificación, la falta de jerarquía en la toma de decisiones, la inexistencia de mecanismos de control de plazos como el silencio administrativo y la dificultad principalmente en la comunicación de los contenidos y en la forma en que estos procesos de planificación llegan a dar resultados. Pero sobre todo, de todos estos cambios legales, reglamentarios que se han producido en los últimos años han desdibujado el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de planificación territorial. Yo creo que es importante que podamos retomar el rol del Ministerio de Vivienda en esta materia. Estamos de acuerdo con fortalecer la capacidad técnica de la Ceremi, o sea, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la Ceremi, en materia urbana, pero evitando obviamente crear nuevos requisitos como son las certificaciones. Yo ahí tendría solamente el cuidado de que no tengamos otras cortapisas respecto de quienes elaboran o formulan los instrumentos de planificación territorial. Hoy día ya son bastante pocas las, los expertos en la materia, por lo tanto las certificaciones tendría cuidado obviamente que no sean materia de evitar un control excesivo. Estamos muy de acuerdo con la evaluación temprana y no ex post en materia del control jurídico de los instrumentos de planificación territorial. Yo creo que en ese aspecto es clave reducir los plazos, o sea, cuando realmente se elimina y estamos de acuerdo con la eliminación del control jurídico de la Contraloría General de la República de forma ex post y también estamos de acuerdo con una evaluación más temprana de las Ceremis, esto tiene que ver con realmente una disminución de los plazos. Hoy día llegamos con planes reguladores en la Ceremi después de cuatro años de tramitación, en donde las observaciones que realiza la Ceremi o las observaciones que realiza la Contraloría hace que todo el proceso quede absolutamente truncado y no avance. También estamos de acuerdo con la formalización del inicio del proceso y la definición de sus plazos, con también establecer plazos máximos de pronunciamiento del Consejo Municipal. Aquí entendemos que hay una necesidad de unas capacitaciones a los consejos municipales, pero también instar a los municipios a instar a los consejos municipales en una revisión y en una evaluación temprana. Acá vemos muchos consejos municipales que recién una vez que se les colocan los planes reguladores sobre la mesa, empiezan a hacer sus evaluaciones, los pros y los contras del instrumento, y creemos que muchos de esos aspectos ya es muy tarde para la toma de decisiones, y por lo tanto el establecer un plazo en esa decisión tiene que ver con la aprobación o no, pero no con recién ahí estar conociendo, digamos, cuál es su proceso de formulación que como digo ya lleva en algunos casos años. Estamos también de acuerdo con la aplicación de reducir los procesos de imagen objetivo solamente en el caso de los nuevos IPT o sus reformulaciones, porque realmente es en esos casos cuando hay modificación en el instrumento, es cuando existe una modificación o podría existir una modificación de la imagen objetivo. Pero creemos que todo esto además podría ser perfectible, mejorable, para hacer más eficiente efectivamente el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto de ley y de esta manera eliminar ciertas duplicidades. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos en materia de imagen objetivo y en materia de anteproyecto de plan regulador, hoy día todos sabemos que se duplican los procesos de audiencias públicas, aprobaciones y por lo tanto creemos que esa duplicidad debería eliminarse. También poder tener procesos mucho más claros y diferenciados en materia de actualización de los planes reguladores comunales o intercomunales de los instrumentos de planificación territorial. Tenemos un primer proceso que nosotros denominamos un proceso de formulación o actualización de un IPT, que realmente es ahí donde la imagen objetivo se desarrolla, donde se establecen las directrices de planificación en materia de una comuna, de una ciudad, de un territorio. Y por lo tanto, actualizar esa imagen objetivo o modificarla sustancialmente es un proceso que sí requeriría, digamos, de la imagen objetivo, de la evaluación ambiental estratégica. Por lo tanto, se entiende cuando hay una modificación sustancial o una actualización, cuando se requiere entonces una imagen objetivo y una evaluación ambiental estratégica. Versus cuando yo quiero enmendar un plan regulador comunal, por lo tanto no estoy haciendo cambios sustanciales, no estoy modificando mi imagen objetivo, debieran ser procesos bastante más expeditos. Hoy día la gran mayoría de los cambios a los planes reguladores corresponderían a enmiendas. Porque en realidad yo no estoy cambiando los objetivos de planificación, los objetivos fijados en la imagen objetivo, sino que estoy haciendo adecuaciones en el territorio. Cuando uno quiere precisar, por ejemplo, una vialidad, no estoy cambiando el concepto de la vialidad, sino que estoy haciendo una precisión que fijó el instrumento de generar conectividad entre un territorio y otro. Por lo tanto, creemos que las enmiendas son modificaciones que no modifican la imagen objetivo y que podrían ser tramitadas y que no sea una lista, perdonando la expresión, como de lavandería de qué cosas caben o no caben, sino que todo aquello que no modifica la imagen objetivo es una enmienda. Por otro lado, reforzar el concepto de los planos de detalles, que son precisiones, que no hay cambios en el instrumento de planificación, y corregir los pronunciamientos de la Contraloría General de la República respecto de, por ejemplo, el Parque Canal El Boyo, por ejemplo, el proceso de ciertos trazados viales. En donde hoy día prácticamente te piden modificar todo un plan regulador, todo un instrumento de planificación territorial, cuando lo que se hace, lo que se requiere es una precisión. Y que además se cambie, que no sea solicitado por los distintos propietarios, sino que sea un instrumento de la autoridad. Y lo cuarto en esta misma materia, que agilizaría mucho, y no sobre todo tiene que ver con los procesos de formulación, sino que de información a la ciudadanía, es el texto refundido. Hoy día actualmente el artículo 28-17 establece que un texto refundido, o sea, compilar una información de un instrumento de planificación territorial que es tan necesario para un orden, un entendimiento del instrumento, tiene que pasar por toma de razón de la Contraloría. Yo creo que eso es sinónimo de la burocracia, podríamos decir, en materia de los instrumentos. Creo que eso es algo demasiado importante de que se elimine tanto de la norma vigente y como del proyecto de ley, porque no aborda esta eliminación. Por otro lado, creo que en materia de crear estos nuevos instrumentos, que estamos absolutamente de acuerdo en crear nuevos instrumentos, que sean instrumentos que realmente vengan a generar un plus en materia de planificación territorial. Procesos que al final le cambien el nombre pero tienen el mismo significado o cosas que ya contemplan otros instrumentos. Hoy día en nuestra normativa urbanística tenemos planes seccionales, planes de regeneración, planos de detalle, habilitación normativa, entonces ¿por qué no podemos simplificar las cosas y tener al final dos instrumentos? Los planos seccionales que son aquellos que modifican las normas urbanísticas en un cierto territorio, que podría ser incluso la habilitación normativa, pero a través de un plan seccional. Y tenemos por otro lado la figura de los planes maestros. Y aquí recalcar, y yo creo que es bastante significativa la propuesta que hace el Ministerio de Vivienda en transformar los planes actuales en un plan de gestión urbana. Eso hoy día no existe en materia de nuestra legislación. ¿Cuál es la diferencia? Yo no cambio la norma, sino que el plan maestro es un plan de gestión urbana y ahí recalco que debería ser público, público-privado o de iniciativa privada. Cuando hablo de iniciativas, ¿quién propone? No hablo de quién aprueba. La aprobación siempre, los instrumentos son de la autoridad. Pero de iniciativas que puedan ser público, público-privada y privada. Y en ese sentido recalcar que no basta con que el Servio, por ejemplo, reitere estas atribuciones en materia de formar corporaciones si no tengo un instrumento con el cual aplicar. Si el plan maestro no me permite asociarme en un territorio con otras entidades públicas, no solamente con el municipio, sino que puede ser incluso con el Ministerio de Salud, que puede ser con Carabineros de Chile, que puede ser incluso con un privado, por ejemplo, en materia de crear un strip center dentro de un barrio para que se configure un barrio mucho mejor. La verdad es que no me sirve tener esa atribución si no tengo la herramienta mediante la cual puedo hacer esa gestión urbana. Y que esa gestión urbana involucre herramientas de gestión. Se ha hablado tanto en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en el año 2018 de fomentar unas normas que están en Colombia y en otros países como el reajuste del suelo, que es una distribución al final de las normas respecto de un territorio, de qué áreas se declaran como áreas verdes, pero que al final estas áreas verdes estén potenciadas con el desarrollo de otros territorios. Entonces creemos que el plan maestro de regeneración o remodelación realmente... [append chunk id: 12705]