Y para quienes saludamos al equipo del Ministerio de Obras Públicas, de la Biblioteca, de los asesores y para quienes están siguiendo esta transmisión, esta sesión ha sido convocada para inicialmente comenzar la votación en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores Castro Prieto, señora Aravena, senadores De Urresti y Ossandón y la ex senadora Adriana Muñoz, para regular el uso sustentable de las aguas subterráneas. Sin embargo, existe una propuesta de poder generar una mesa técnica con la Dirección General de Agua, que no se extienda más allá de dos semanas, para poder analizar las indicaciones, eventualmente abrir un nuevo plazo de indicaciones, si es que es necesario hacer algunos ajustes. Si les parece, concordamos en esa mesa técnica.
Senador Gaona. Sí, yo estoy de acuerdo, Presidenta, pero yo no sé si estas dos semanas van a ser productivas, digamos, las que vienen. Porque la verdad es que con los feriados entremedio y todo eso... Y de toda la razón, muy grinch, muy grinch. De nuestra parte. Yo creo que pensando en que podrían... La primera y la segunda semana de enero, ¿les parece? Exacto, sí. Que se constituya la mesa técnica. Y tratemos de votar esto antes de que termine la tercera semana. Exacto. Y asegurémonos de que vengan todos los miembros de la comisión. Así lo acordamos.
¿Hay cuenta, señor secretario? Le ofrecemos la palabra. Pero ya tomamos el acuerdo de... Sí, primera y segunda semana. Y le pedimos a Rodrigo, que coordina los asesores de los senadores, y por parte del MOP, María Graciela, o Tomás, como lo van a ser. O Estéfano, quien ya está bien. Sí, sí, sí.
Le ofrezco la palabra, señor secretario, don Jorge. Gracias, Presidenta. Don Eduardo Baeza, analista de la BCN, ha repetido el documento titulado Conceptos que definen el área de protección de acuíferos y regulaciones sobre la materia, casos de Chile, España, Países Bajos, Israel y Singapur, y en relación con el proyecto que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas. Asimismo, se ha recibido una comunicación del gobierno regional de Coquimbo, acompañando el acuerdo CORE-CORES 14.623 de 15 de noviembre de 2024, mediante el cual solicita en la medida de lo posible extender el plazo del periodo de inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua, ya que existe la inquietud de parte de pequeños regantes por posibles expropiaciones encubiertas de sus derechos producto de la demora en las inscripciones por altos costos y dificultades legales. Esta materia se aborda en el proyecto de ley que prorroga el plazo establecido en la ley 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento del catastro público de agua. Igual petición formula por las razones que detalla la Presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, señora Marianela Gallardo.
Por último, los expertos en materia hídrica, señores José Luis Arumi y Pablo Rengifo, hicieron llegar una nota relativa a un comentario formulado por la profesora Aravena Lume en la sesión de la comisión del día 13 de noviembre, respecto a la conveniencia de realizar pruebas de bombeo a cada acuífero que se atraviese cuando se perfora un sondaje de más de 50 metros de profundidad. Todos estos antecedentes ya fueron remitidos a vuestros correos electrónicos. Ese comentario que hacen los profesores Arumi y Rengifo se vincula con una de las indicaciones precisamente del proyecto de ley de su número 4, de la senadora Allende. Por cierto. Así es. Así es. Eso, señora presidenta.
¿Senador Gaona sobre la cuenta? Sí, me imagino que el documento del CORE tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento de los plazos para la inscripción de derechos que no están regularizados. Entiendo que hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. No, ya está acá, ya llegó acá. Ya llegó acá, entonces. Sí. Sí, lo que ocurre ahí es que efectivamente el Código de Agua, la reforma, implica y establece... Los derechos tienen que estar perfeccionados y regularizados y todo ello. Evidentemente eso requiere también erogación de recursos por parte de los tenedores de derechos de aprovechamiento de agua. Los más grandes no tienen dificultades, pero los más chicos han tenido hartos problemas por inscribir esos derechos y en el fondo hoy día hay mucha gente, especialmente la agricultura familiar campesina y los pequeños regantes que históricamente han regado y usan derechos de agua que están así contabilizados en las juntas de vigilancia o en las asociaciones de canalistas, pero que efectivamente no tienen sustento legal, no están inscritos formalmente. Entonces la ley de la modificación del Código de Agua dio un plazo para esto, que no ha sido suficiente especialmente para los más chicos. Por eso es que está ese proyecto de ley que, como ustedes me dicen, está aquí ya en esta comisión y debemos tener en consideración la opinión del Consejo Regional y yo creo que lo mismo debe pasar en Atacama, en fin, en distintas regiones del país. Eso es fundamentalmente lo que quería comentar. Esto era la cuenta.
No recuerdo cuántas veces hemos prorrogado este plazo. ¿Esta sería la tercera? Ah, la segunda. O sea, estamos muy parecidos a los de universidades. Entonces, no sé por qué en algún caso se promueve y en otro se rechaza, pero... Oye... Con la diferencia, senadora, que... perdone. Con la diferencia de que la postergación que se establece a lo establecido, perdón, a lo fijado en la ley que se aprobó en el 2016... apunta fundamentalmente a mejorar el perfil de ingreso y de acceso a las universidades para los futuros profesores y eso apunta a la calidad de la educación. Aquí no está en riesgo la calidad del riego ni nada por el estilo. Entonces es evidente que son cuestiones... A veces la seguridad... Me refiero al procedimiento. Pero me refiero a algo que también creo que es bueno tenerlo en consideración porque efectivamente lo que ha llegado acá es una moción parlamentaria de la Cámara de Diputados que... Yo diría que ha sido básicamente la agenda que esta comisión ha tenido y antes de entrar a discutirla, al menos a mí me gustaría escuchar al Instituto de Desarrollo Agropecuario y a la propia Dirección General de Aguas porque en el código se establecieron mecanismos de difusión y de apoyo a la agricultura familiar campesina, a los pequeños agricultores. Entonces creo que sería bueno saber, porque si simplemente seguimos postergando la entrada en vigencia de esta norma, de alguna forma también estamos relajando que las instituciones públicas que tienen que acompañar y garantizar para los pequeños el que tengan la regularidad, la regularización de sus aguas, porque esto es bien importante, porque si la gente no tiene regularizada el agua, tampoco puede acceder a otros programas. Entonces, lo digo, senador, al comienzo a modo de broma en una iniciativa y en otra, pero en ambas tienen pactos, en ambas tienen pactos. Y yo creo que aquí... Así como el gobierno comprometió hace ya tiempo enviar un proyecto de ley para resolver el tema de las pedagogías y no lo ha hecho, aquí también, no quiero decir que no ha hecho su pega, pero si tenemos ya a dos años o más de aprobado el Código de Agua y seguimos teniendo esta dificultad, bueno, también hay una tarea que no se ha hecho, que no se ha hecho correctamente. Entonces creo que lo fácil es postergarlo, pero aquí a mí antes me gustaría al menos escuchar por territorio al Instituto de Desarrollo Agropecuario, al director del INDAP y al director de la Dirección General de Agua para ver qué es lo que se ha hecho, qué más necesitan y por qué hoy día no tenemos garantía en que los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina no pueda regularizar sus derechos de agua. Si les parece lo invitamos para la próxima sesión antes de poner en tabla el proyecto.
¿Tiene el micrófono? Junto con María Graciela queremos hacer unas observaciones para la comisión sobre este tema. Buenos días, señora presidenta, por su intermedio saludar a los integrantes de la comisión. En particular respecto de este punto y de la prórroga que está propuesta mediante moción del diputado Pino, nos gustaría hacer una precisión. Lo que hay en el artículo segundo transitorio es una norma relativa a la caducidad de aquellos derechos que no estén inscritos, es decir, personas que tienen un título, ya sea otorgado por autoridad o entre privado, y que no han hecho el trámite de llevarlo al conservador de bienes raíces para inscribirlo, van a estar sometidos a sanción de caducidad si no lo logran hacer dentro del plazo que hoy día está establecido que es el 6 de abril. [append chunk id: 12496]