Cámara de Diputados - Obras Públicas y Recursos Hídricos por déficit hídrico en Lago Caburga (Unida) - 10 de diciembre de 2024

¿Ya la pedimos, no? Pantalla azul, por favor. Pensé que la había pedido yo. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la subsecretaria, a Tania también, subdirectora, a los colegas, secretaria. Presidente, ayer en el proyecto de reajuste quedó pendiente la formalización de una indicación respecto del artículo 90, en que a solicitud del senador Coloma se iba a explicitar, porque las leyes mencionadas no eran suficientemente claras para saber a quiénes cubría la norma. Y el Ejecutivo hizo llegar hace minutos una indicación que tienen encima de sus carpetas, en que debajo del informe, ahí está, es una breve indicación de 10 páginas, en que incorpora en el artículo 90 los incisos octavo a décimo tercero nuevos, en que va señalando cuáles son las entidades afectadas a la asignación de modernización. Muy bien. No sé si la subsecretaria quiere dar cuenta de esta indicación. Bueno, el señor Coloma era el que había... Presidente. La directora de Presupuestos viene. Es que yo quería que nos explicaran lo que afecta a Punta Arenas y a Natales. Pero no sé si en algún minuto... Ahora, recordemos que... O sea, yo encantado, señor, pero acuérdense que hemos quedado hoy día solo en este tema. Esa es la verdad. A la sala de discusión. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores integrantes de la comisión, a los miembros de la secretaría. Tal como se comprometió el día de ayer, venimos presentando una indicación en el artículo 90, haciéndonos cargo de la preocupación formulada originalmente por el senador Coloma, en orden a dar cierta certeza del ámbito de cobertura de las facultades y de sus funciones a los 75 años. Me parece relevante destacar que se ha hecho un esfuerzo, ¿no es cierto?, por indicar las distintas instituciones del ámbito de cobertura, pero es muy clave dejar claramente establecido para la historia fidedigna de la ley que esta enumeración en ningún caso puede ser taxativa, toda vez que hay una serie de instituciones que están en creación. Por ejemplo, recientemente ustedes han despachado el Ministerio de Seguridad Pública y, por tanto, hay una norma que establece que se aplicará a todas aquellas otras instituciones que estén afectadas al sistema de régimen de incentivos al retiro establecido por la ley 19.882 y la ley 20.948, de esa manera a resguardar que no queden fuera aquellas instituciones en proceso de creación. Por tanto, me parece muy relevante eso. Y, como ustedes ven, se hace una subclasificación por régimen de remuneraciones y hay, por tanto, una lista extensiva, digamos, de las distintas entidades afectadas, dejando claramente establecido que esta norma, que es el inciso final que se establece, que no se aplica esta causal de cese a los profesionales funcionarios, léase médicos, cirujanos, farmacéuticos, químicos, farmacéuticos, bioquímicos, cirujanos, dentistas regidos por la ley médica, la ley 19.664 o la 15.076, ¿no es cierto?, que es la que establece el sistema de turnos de 28 horas, que se desempeñen en algún servicio de salud. Asimismo, tampoco se aplica a los profesionales funcionarios de los establecimientos de salud de carácter experimental, Centro de Salud Maipú, Centro de Referencia de Salud Peñalolén, Cordillera Oriente, que son médicos, cirujanos, dentistas, farmacéuticos, químicos, farmacéuticos, bioquímicos. Es decir, todos los profesionales de la salud que están regidos por la ley médica o la 15.076 o que se desempeñan en los establecimientos de salud de carácter experimental, quedan excluidos de esta regla de cese de funciones a los 75 años de edad. Eso en términos generales, presidente, de la estructura de la indicación, abierta a cualquier duda o consulta que tengan los señores del Senado. ¿Alguno de los colegas tiene algo que comentar al respecto? La verdad es que la única posibilidad de comentar algo sería que faltara alguna institución, pero también es difícil, es que se habla tan mal. Solamente preguntarle si se cesuraron, porque aquí, claro, el problema puede ser de que después... Siempre se puede legislar sobre la marcha, pero espero que no sea necesario. Por su intermedio, presidente, justamente la fórmula original de planteamiento de la ley era, en este sentido, no entrar en estas enumeraciones uno a uno, porque siempre se corre riesgo, por cierto, pero de ahí había cuenta, y reitero que es muy importante que estos incisos que se dejan explícitos, que sin perjuicio de lo señalado esto se va a aplicar a todos o a todas aquellas otras instituciones, ¿no es cierto?, que sean afectadas a la bonificación por retiro, ya sea de la ley 20.948 o la 19.882. Y por esa vía, entonces, esta norma de apertura, que es necesaria e imprescindible, por ejemplo, para todas las instituciones que se están creando, pudiera cubrir, ¿no es cierto?, el que en la enumeración, larga enumeración que se hace, como decía bien la secretaria de Diez Páginas, pudiera haber quedado alguna institución afuera. Entendemos que no, por eso se hizo una revisión exhaustiva, pero en la práctica está esta norma de salvedad, especialmente por las nuevas institucionalidades que se están creando. Muy bien. Secretaria, entonces... El señor presidente somete a votación la indicación del Ejecutivo. Senador Insulza. A favor, yo le he preferido la fórmula genérica y como se sugirió ayer en el informe del Estado, pero dado que están las cosas así, vamos a votar a favor, gracias. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedaría aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión y con esto despachado al proyecto, presidente. Despachado a su secretaria. Así que se le agradece a todos. Encantados. Bien, tenemos un segundo punto de la tabla, secretaria, ¿no? No, la reacción también me parece mucho más razonable que saber lo que está y no dejar la interpretación. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes creen que esto va a ayudar a modernizar al Estado? Eso es. Por su intermedio, presidente, tal como lo decía el senador Coloma, la indicación presentada tiene por objeto, ¿no es cierto?, dar mucha mayor certeza jurídica respecto al ámbito de aplicación del artículo 90. El tema de cese de funciones y los incentivos en retiro en general, ¿no es cierto?, más una regla adicional de cese de funciones a los 75 años, efectivamente no es una regla única. El tema de modernización del Estado va mucho más allá que esta regla, pero este es un instrumento necesario que contribuye a dicha razón porque genera, ¿no es cierto?, al producir el incentivo al retiro, genera tiraje en la chimenea, permite, digamos, que vaya avanzando la carrera y de esa perspectiva liberando ciertas plazas y eso va a ayudar a la modernización del Estado. No es una, como digo, es una herramienta que contribuye, no es la única. Nosotros estamos sumamente comprometidos y hemos visto distintos proyectos en esa dirección, no solo, ¿no es cierto?, ir modernizando institucionalidad pública, crear, por ejemplo, lo que comentábamos, la Agencia de Calidad Política Pública, que está radicado, el servicio de autoría. Y esta es una dimensión muy relevante dentro del pacto fiscal que, bueno, por cierto, la subsecretaria de Hacienda puede profundizar más en ello, pero además tenemos el Comité de Modernización.

[00:10:00] Y hemos ido trabajando con una serie de medidas que apuntan en esa dirección. Por tanto, hay que mirar esto de manera sistémica y no aislada, y este es un elemento más que contribuye en esa dirección. Sí, no, está bien, Presidenta. No, no, no, y creo que quedó mucho mejor redactada. Lo que pasa es que al final, porque sabemos un sistema respecto del cual va a depender de los recursos que tenga cada institución, digamos, independiente de lo que esto suceda. Y tengo una duda existencial respecto a si esto ayuda o no. Según el Gobierno, sí. También entiendo que, y también tiene razón, que esto no es en sí mismo suficiente para resolver, no más que resolver, para acometer una tarea que usted, presidente, ha sido enfático y lo agradezco porque nunca lo ha dejado de plantear avanzar en modernizar el Estado. Entonces, yo me dudo si esto ayuda realmente o va a generar por la dificultad que va a tener cada servicio respecto a tener los recursos propios para avanzar en modernizarlo. Entonces, ahí yo quiero simplemente dejar constancia que esto venía de la cámara, no fue objeto de discusión, así que fue valorado. Yo le quiero hacer un poquito menos, no menos explícito la denominación. Tengo cierta duda, lo dejo hasta ahí, digamos. Entiendo que esto es algo que viene, aparentemente soy el único que piensa eso, pero tengo una cierta duda si esto al final va a ser una herramienta para realmente modernizarlo o no, una de muchas. Y yo tampoco entiendo que tampoco es lavar la plata, eso ustedes lo han señalado, pero tengo un tejo dejo planteado y me gustaría que algún día abordemos esto con un sentido mucho más de urgencia. ¿Qué estamos haciendo para modernizar el Estado? Adicionalmente, yo sé que hay altas comisiones formadas para el efecto, pero no sé si son las que están dando cuenta, los ambos senadores que están al lado mío. También hemos planteado el tema en su momento que al final quiero ir más lejos con la subsecretaria. En esta comisión hemos hablado largamente sobre la necesidad de que la agencia de la calidad de las políticas públicas sea un vehículo para ir más lejos. Yo incluso fui más lejos creyendo que queríamos incluir la reforma de la alta elección pública, para que efectivamente para mí el empleo público y que los servicios públicos sean profesionales, meritocráticos y ojalá generar una concepción de que hay una dimensión política en la subsecretaría y en los ministerios, pero hay una dimensión más técnica en los servicios. Pero no ha habido todavía acuerdo en esa materia, así que es parte de las tareas donde no hemos llegado a acuerdo, pero se ha llegado a acuerdo en la parte de la agencia de la calidad, por lo menos que una mejora, no sustantiva, pero sí mejora, dirección correcta. Y yo creo que el empleo público sigue existiendo para mí es la gran deuda pendiente, porque la politización de los servicios públicos creo que es la politización mala. La política buena es buena, que es que en el fondo uno dice, mire, vamos a tener un Estado moderno, con mirar a largo plazo. Pero bueno, es una discusión que escapa lo que nos convoca el día de hoy. Será un coloma solo para su tranquilidad, se acaba de votar, le podemos pedir que se sume su voto porque en el fondo ya se votó. Sé que se votó, si no quiero alterar, pero se hizo cargo el Gobierno de la discusión que se planteó ayer y quedó bastante bien. Yo eso lo agradezco porque era parte de la preocupación, pero no quería dejar a lo menos de plantear un punto de vista respecto de esto en una tarea que es más grande, que es cómo modernizamos el Estado. Sin embargo, para hacer todos los cambios que se quieren hacer, que se deberían hacer hoy día, necesitamos todavía una mayoría política como la del año 2004 para sacar adelante la votada favorable de todos los partidos presentes en el Congreso Nacional. Y eso tal vez la reforma política probablemente sea previa a este trabajo. Muy bien, vamos al segundo punto de la tabla, secretaria. Acuérdense que hay una discusión y quiero poner un marco conceptual. Presidente, el segundo proyecto en tabla es el que crea el subsistema de inteligencia económica. En respecto a este proyecto, en la sesión anterior se estuvo revisando el artículo 5º y las modificaciones, las indicaciones formuladas a ese artículo que es el que modifica la Ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero. Este artículo fue donde se generó la discusión de que tanto el senador García como yo manifestábamos nuestra preocupación de que ahora viene marcado el tema de crimen organizado. Y en el fondo no sé si es que hay una... No, usted está en contra, independiente del marco. Vamos a ver las cosas. No, yo planteé que lo mínimo era definir bien quién es el organismo que no está definido. Eso sí es correcto. Algunos están dispuestos a avanzar en la medida que ese marco esté bien definido. Hay otros que legítimamente pueden decir que no están dispuestos a avanzar en esta materia y por eso no sé si el Ejecutivo logró proponer alguna definición de crimen organizado que fuera la gran preocupación que efectivamente sí planteó el señor Coloma. Eso levantó de que el marco no estaba bien definido. Primero que nada, saludar a los senadores por su intermedio, presidente. Efectivamente, los equipos han estado trabajando con cada uno de sus asesores y asesoras para ver dos cosas que han ido surgiendo de la conversación. La primera es lo que se acordó en esta comisión y que es lo que nosotros propusimos, que era indicar el artículo donde se crea la unidad de análisis financiero, que haría en los siguientes términos, si le parece, que crease la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27 y 28 de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado y el artículo octavo de la Ley 18.314. Esto es principalmente lo que hoy día hace la UAF, como hemos conversado en otras ocasiones, es análisis financiero para perseguir lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y lo que se agregaba en este proyecto ley son los delitos vinculados al crimen organizado y lo que se pidió fue definir qué se entendía por crimen organizado. Entonces, en este mismo artículo donde está la UAF, lo que se está proponiendo es, en los artículos descritos 27 y 28 de esta ley, en el artículo octavo de la Ley 18.314, que hasta ahí es lo mismo que el proyecto actual, y los demás delitos establecidos en el inciso primero del artículo primero de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Estos últimos siempre que se cometan a través de la asociación delictiva o criminal en los términos de los artículos 292 y 293 del Código Penal. Respecto de cómo se hace alusión al artículo primero, que es el que crea el subsistema, y donde en el artículo primero, que fue parte de lo que conversamos también en la sesión anterior, se señalan distintas leyes a propósito de que me imagino lo deben tener comparado en la primera hoja, que el artículo primero que se hace alusión en la definición de la... Claro, está aquí. Se dice, y los demás delitos establecidos en el inciso primero del artículo primero de la ley que crea el subsistema. La ley que crea el subsistema es la que estamos debatiendo en este momento. Y el artículo primero dice, crea el subsistema de inteligencia y análisis económico integrado por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduanas. Y a continuación aparece, dice, sobre las actividades, dice... los términos establecidos en esta ley sobre la actividad económica relacionada con los siguientes delitos. ¿Me siguen? Dos puntos y aparecen los distintos delitos que fue algo que se acordó y se votó en la Comisión de Seguridad del Senado. Entonces, para ser súper transparente, el trabajo lo hacen los asesores.

[00:20:00] Cuando se generó esta conversación con el Ministerio del Interior, que iba a permitir que todos los carabineros, obviamente por la labor que ellos realizan, y también esto se pudiese extender a los oficiales de la Policía de Investigaciones, tuvieran este beneficio económico. A mí no me parece, porque hoy día la institución habla a través de otro, de su director general titular. Entonces, creo que esto queda en la nebulosa y nosotros como parlamentarios, además miembros de la Comisión de Seguridad, creo que no estamos en condiciones de esto, tenemos que evaluar y aclararlo. Por lo tanto, también lo dejo a consideración de la Comisión para evaluar si podemos hacer una citación secreta a la señora Ministra del Interior y a la institución de Carabineros de Chile para saber qué significa que había un acuerdo que incorporaba a toda la institución versus lo que finalmente habría quedado en que solo se va a dar beneficio a un 40% de los funcionarios. Gracias, Presidenta. Bueno, le respondo. Evidentemente, la respuesta final no depende de nosotros. Pero en el caso de la Corte Suprema, debo recordar que lo que hace la Corte Suprema es fijar una postura. No obliga al Senado, nosotros teníamos atribuciones para eso y por lo tanto se declaró admisible el hecho de que nosotros finalmente votásemos el cambio de jurisdicción. Hay un nombre técnico para eso, pero lo que quedó es lo que exactamente usted señala, Senador, en términos de que considerando situaciones especiales, la solicitud del fiscal a cargo de una investigación de alto riesgo, se modifique la jurisdicción del tribunal que debería tomar el caso y se radique en la región metropolitana de acuerdo a lo que la Corte Suprema defina. La Corte Suprema siguió la norma, dijo que cada tribunal donde se comete el delito se hace cargo, pero lo que usted hizo tiene toda la razón. O sea, hay comunas pequeñas que no van a poder jamás asumir un juicio de alto riesgo. Y eso es lo que hoy día quedó en la ley antiterrorista, que quedó allí, pero, ojo, sí, pero la Corte Suprema lo que hace es un téngase presente. No hay una cuestión que lo defina de otra manera. Lo que pasa es que nosotros agregamos, y eso es lo que está en debate del examen de constitucionalidad, que algunos parlamentarios advirtieron que iban a hacer respecto a si eso se agregaba o no a otras condiciones y delitos. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, comunas pequeñas no están ni por cerca en condiciones de asumir un trabajo de la naturaleza que obliga en materia de seguridad como el que acaba de ocurrir en la región de Arica y Parinacota. Lo segundo, para decir, podemos plantear nuestra preocupación. Yo creo que hoy día en la tarde está la oportunidad primera, de hecho, yo tengo una solicitud de votación separada por esa misma razón para que el gobierno explique. Hoy día quien escribe en un medio de comunicación es un civil. Es un civil que hace un reclamo dado que en su ejercicio se habría comprometido algo. El Presidente de la República en su cuenta pública habló de un décimo tercer mes, fin de la historia. Lo que habla el exgeneral director es de un PMG, que es distinto, en donde además se generó un lío no solamente con la PDI, sino que además con Gendarmería. Entonces, es una cuestión delicada que sería bueno que el gobierno lo aclare. Así que yo creo que en la tarde está la oportunidad. Muy bien, iniciamos. Vamos entonces a iniciar el proyecto cuya autoría es de los señores Durana, Sepúlveda y Vodanovic, más el señor Castro Prieto, que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Digo que modifica el Código Penal y aquí yo quisiera hacerle presente al señor Ministro de Justicia que es importante que él esté aquí. No estuvo en el debate del robo de cable y ahora tampoco en este contrabando y estamos modificando el Código Penal. Necesitamos la opinión del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. No hay más a quien preguntarle. Si el señor Ministro de Justicia no puede venir, puede venir un subsecretario. Hemos tomado el acuerdo siempre que entendemos las agendas de los ministros, que son exactamente complicadas, igual que las nuestras, pero puede venir un subsecretario en representación institucional. Necesitamos el Ministerio de Justicia aquí. Hoy día asisten la señora subsecretaria de Salud Pública, doña Andrea Albagli, más su asesora legislativa, doña Natalia Arévalo, del Servicio Agrícola Ganadero, que bueno que viene el director nacional, es un tema que le atañe directamente a la institucionalidad. Se excusó el ministro, nos parece bien que esté el director del SAG, don José Guajardo, más la jefa de la división jurídica, doña Andrea Collao. De la Sociedad Nacional de Agricultura, se excusó don Antonio Walker. Entiendo que va a estar conectado, no sé si por Zoom, el fiscal don Manuel Ignacio Hertz. De la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile, está el presidente don Ignacio Correa. Ah, perdón, perdón. Leí mal porque sí me lo tenía subrayado. Se excusó el presidente, pero está el gerente general, don Patricio Curte, y el asesor don Hernán Rojas. Y de la Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de Chile, está su presidente, don Víctor Catán. Sean todos muy bienvenidos. Ya mencionamos las excusas, vamos a insistir con el Ministerio de Justicia. Muy bien, ¿cómo quieren partir? Porque si quieren partimos por el orden, partimos por el Ejecutivo con la Subsecretaria. ¿Con tiempo, presidente? Sí, ¿hasta qué hora tenemos, secretario? ¿Sí? Muy bien, con 15 minutos de exposición, que es lo tradicional, perfectamente podemos lograr el objetivo. Recordemos que en la sesión pasada, y esto a modo sencillamente recordatorio, por esa razón están los privados aquí. Porque el proyecto parte de una preocupación que fue expresada por una funcionaria del SAG y por el senador Durana en una sesión de la comisión en Arica y Parinacota. La funcionaria del SAG dijo, hemos detectado de enero a la fecha, habían pasado apenas un par de meses, 420 toneladas de alimentos con plagas, no eran totales, eran los con plagas. Y con presencia mosca a la fruta, que lo que hace es dejar sin nada a los agricultores de la región por cuanto el SAG tiene que hacer su vega. Y eso no solamente es la detección de la mosca y tratar de eliminarla, sino que también de todos los frutales y frutas que están afectados, por lo tanto dejan en una situación muy precaria a los productores. Pero cuando vamos adentrándonos en esto y tenemos opiniones de aduanas en que solamente ven el tema tributario, de impuestos internos en que les preocupa el tema tributario del contrabando, porque ya no solamente sabemos que son el ingreso con plagas, sino que son los miles de toneladas que están ingresando a abastecer los mercados del Norte Grande y ahí nos llevamos una sorpresa, porque nos informaban que más de un millón de bandejas de huevos o de cajas de huevos han ingresado hasta la región de los lagos. La pregunta es, y por esa razón invitamos al Ministerio de Salud Pública, ¿cómo hacemos que esto no sea solamente un problema de contrabando por cuestiones tributarias? ¿Cómo hacemos para que esto no sea solamente un problema que pueda afectar la producción nacional? O sea, si el contrabando de huevos llega hasta la región de los lagos, no solamente la mosca, la fruta puede llegar hasta la región de Aysén, sino que tenemos hoy día las puertas abiertas para que ingrese cualquier cosa y con esto, particularmente con la producción frutera, estamos hipotecando nuestra condición exportadora del segundo producto después de los minerales y eso es grave. 12.000 millones de pesos informaba un funcionario del SAG en la sesión pasada que costó la última campaña Mosca a la Fruta en el Norte, 12.000 millones y una plaga extendida va a costar no solamente eso, sino que cuesta el prestigio de Chile para exportar. Por esa razón fue que nos desconcentramos del tema principal del proyecto que era la Puerta Norte, Arica-Parinacota, y vemos que es un problema nacional, por lo tanto el proyecto empieza a tomar esa forma. Y en el contrabando entonces, cuando tenemos alimentos que se empiezan a repartir, porque el control fronterizo de la frontera interna además está descolocado, están sobre la ruta principal y en la sesión pasada nos informaban que hay caminos importantes por los cuales transitan los camiones viniendo de la región de Tarapacá que no son custodiados, que están fuera del control. Entonces, ¿qué sacamos de tener un control? Para controlar la circulación de productos que entran por una región, si la que sigue no tenemos el mismo control. Entonces tenemos una permeabilidad dentro de nuestra necesaria fortificación de las fronteras y evitar el contrabando. Y ahí entra entonces a tallar también el consumo, porque ya sabemos, por los pasos no habilitados y habilitados, donde ya tenemos antecedentes de contrabando.

[00:30:00] Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto saludarlo el día de hoy y por su intermedio también saludar a todos los honorables senadores de esta comisión. Quiero también agradecerles la consideración de habernos invitado a poder dar nuestra opinión y compartir con ustedes parte de la experiencia que tiene el Ministerio de Salud en esta materia. También quisiera agradecerle particularmente por haber recibido la sesión anterior a las profesionales del Ministerio de Salud, dado que lamentablemente yo en esa situación no pude estar presente, pero estoy muy contenta de poder estar presente hoy día para tener esta conversación con ustedes. En esta breve intervención, voy a acotarme a los plazos que me han mencionado. Voy a referirme como comienzo, como introducción, muy brevemente a cuáles son las competencias y las funciones del Ministerio de Salud relacionadas a la enfermedad animal y, después, en base a eso, poder contextualizar cuál sería nuestra percepción con respecto a este proyecto de ley que se está conversando en esta instancia. Para eso, quiero comenzar por una breve y muy general distinción: cuando consideramos una enfermedad animal o alguna afectación agrícola, esto puede circunscribirse a la enfermedad animal o a la plaga, o puede traspasar y transformarse en una afectación a la salud de las personas. Cuando estamos frente a una situación que afecta a la enfermedad animal exclusivamente o que tiene una afectación agrícola exclusivamente, estamos hablando de materia de regulación y de funciones del Servicio Agrícola y Ganadero. Pero cuando estamos hablando de que aquellas afectaciones pueden transmitirse a la salud humana, entonces ahí sí, nosotros como Ministerio de Salud tenemos responsabilidades asociadas al respecto. A esto me refiero con las enfermedades zoonóticas y vectoriales, que son las enfermedades que son transmitidas a las personas, tanto por animales como por vectores, por ejemplo, mosquitos y zancudos. Voy a mencionar solamente algunos ejemplos, como lo son la enfermedad de ANTA, que está transmitida por los roedores, que son el reservorio del virus ANTA; la rabia, que es transmitida tanto por murciélagos como por caninos; la enfermedad de Chagas, que es transmitida por la vinchuca como vector; y también, dentro de las enfermedades vectoriales, las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos de interés sanitario, como lo son Aedes aegypti y anófeles, que pueden transmitir, Aedes aegypti, las enfermedades de fiebre amarilla, chikungunya, zika y dengue, y anófeles, que puede transmitir la enfermedad de malaria. En todas estas áreas, como Ministerio de Salud, tenemos una serie de programas de control y de prevención que trabajan con tres grandes funciones, que las voy a categorizar así para poder describir el trabajo que hacemos como Ministerio de Salud. En primer lugar, el trabajo que hacemos con la vigilancia. Tenemos una vigilancia en personas que está basada sobre el decreto número 7, que es el que establece cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria. Esto quiere decir que hay un listado de enfermedades que son transmisibles y que, por ende, es obligación de cualquier prestador de salud, tanto público como privado, notificarlas cuando esté en presencia de dicha enfermedad. Ya sea, dependiendo de la enfermedad que estamos hablando, esa notificación obligatoria puede ser ante la confirmación diagnóstica o ante la sospecha diagnóstica, para tener un sistema de vigilancia lo más sensible posible. En esa vigilancia de notificación obligatoria están, por ejemplo, la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, el antivirus, el dengue, la enfermedad de Chagas y otras. Hay un listado de varias enfermedades. Otra de las funciones que tenemos en materia de vigilancia epidemiológica es la identificación de riesgos emergentes. Esto quiere decir detectar nuevos riesgos sanitarios que no hayan estado identificados previamente y esto tiene distintas fuentes de información. Una de ellas, por ejemplo, es nuestro vínculo con los organismos internacionales, que nos levantan alertas cuando hay riesgos dentro de la región que pudiesen transformarse en un riesgo también para el territorio nacional. Por ejemplo, el año pasado, no, perdón, este año, el 2024, en julio, la OPS levantó una alerta por un aumento del riesgo de la fiebre de Oropuche, que también es transmitida por un vector que no está presente en nuestro territorio nacional. Pero es una de las fuentes que tenemos de información para saber a qué estar atentos y continuar la vigilancia en caso de que se detectara el ingreso del vector, por mucho que hoy día no esté presente. También tenemos sistemas de alerta temprana, donde estamos haciendo una vigilancia y un monitoreo ambiental constante. Por ejemplo, les mencionaba el vector de Aedes aegypti, que tenemos presencia de este vector tanto en Chile insular, en la Isla de Pascua, como en Arica y Valparaíso, en Chile continental. Es por esto que tenemos, de hecho, una alerta sanitaria vigente de hace aproximadamente unos 2-3 años, que hemos estado extendiendo en el tiempo porque hemos seguido ante la presencia de nuevos hallazgos vectoriales, y esto en el contexto, como le decía, de la vigilancia ambiental. Una de las maneras que hacemos esto, en este caso específico como ejemplo, es que se sitúan lo que se llaman ovitrampas, que funcionan como criaderos, que en caso de que estuviese el vector en la cercanía, se pesquisaría en estas trampas para entonces poder tomar las medidas de control que se requieren asociadas a esto. También tenemos una línea de trabajo importante en la prevención. Dentro de esto, una de las líneas más estratégicas es la educación sanitaria. Volviendo al ejemplo de la educación sanitaria, tenemos la educación sanitaria, por ejemplo, para evitar los criaderos potenciales del vector. A esto nos referimos a cualquier recipiente que puede almacenar agua por un periodo de tiempo suficiente para que se dé el ciclo completo de la reproducción del vector. Y esto lo hacemos a través de juntas de vecinos y también tenemos, en algo similar, educación sanitaria, por ejemplo, en tenencia responsable de mascotas, de animales de compañía, para prevenir enfermedades que son más presentes en el sur de Chile, como por ejemplo la hidatidosis, que es una enfermedad que es transmitida por los animales de compañía. Esto con un enfoque de una salud que es considerado como un enfoque que considera de manera integral la salud animal, la salud humana y la salud ambiental, dado que no somos indiferentes del entorno en el que habitamos. En términos de control, tenemos distintas acciones frente a los brotes o casos de enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo que me permite ilustrarlo, en el caso del hallazgo vectorial de Aedes aegypti, se toman medidas de control vectorial. Eso quiere decir que una vez que hay un hallazgo, se establece un... se define un radio, una zona territorial alrededor del hallazgo que depende de cuánto es la distancia del comportamiento del vector en cuestiones distintas, si es que estamos hablando de anófeles, así que estamos hablando de Aedes aegypti, y en esa zona se hace un control vectorial haciendo inspección domiciliaria, haciendo control químico de todo el entorno, como también, por ejemplo, se hacen acciones de control y de perifoco, por ejemplo, ante el hallazgo de un murciélago que, si se testea, da positivo al virus de rabia. Otra línea importante de trabajo que tenemos como Ministerio de Salud para el control de riesgos y amenazas vectoriales y zoonóticas es el desarrollo de alineamientos técnicos y normativos para aquello. Como, por ejemplo, el año pasado actualizamos nuestro reglamento de neumáticos, que es el que dictamina las características con las cuales está permitido ingresar neumáticos al territorio nacional, dado que es una de las vías por las cuales puede ingresar el vector que, efectivamente, en la zona norte, en Arica particularmente, y también en la región de Valparaíso, el punto de mayor riesgo para el ingreso vectorial son justamente los pasos fronterizos terrestres. Es por eso que es importante el control y las características de los neumáticos donde, en parte, se introduce el vector. Hago referencia a lo vectorial solamente para dar un ejemplo de las distintas medidas, pero cuando hablamos de enfermedades zoonóticas y vectoriales hay otros elementos de control que son relevantes y otras enfermedades que también son importantes considerar, y yo solamente estoy mencionando esto para poder ejemplificar nuestras funciones. En vista de todo lo anterior, para referirme al proyecto de ley, es de nuestra opinión como Ministerio de Salud que este proyecto, al proponer tipificar y sancionar la internación o la introducción de enfermedades al territorio nacional, y al ser que algunas de estas enfermedades animales puedan también afectar a la salud humana, es que nos parece que este cambio legal puede ser considerado como un instrumento adicional que vaya a favorecer la protección para la salud pública cuando estas enfermedades animales sean, estamos hablando de zoonosis o enfermedades vectoriales.

[00:40:00] Entonces, para ser consistente, el 85 bis, lo que se está cambiando acá, respecto del 85 ter, que quedó aprobado con 3 años. Señor García. Lo que pasa es que yo me imagino que se estableció un año, la norma original señala un año, porque son... no dan lugar a nada, no dan lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior. Entonces, ¿para qué guardar antecedentes que no van a tener ninguna repercusión? Ahora, la pregunta es quién define que son normas inherentes a la auditoría, la fiscalización o sanción posterior. ¿Quién lo define eso? Porque si no, igual entramos en un problema, que si es un año, que si son 3 años, que... Pero yo, presidente, yo lo dejaría así, yo lo dejaría así, rechazaría la indicación, porque estamos hablando de antecedentes que no dan lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción. Entonces, como que no tiene sentido guardar cosas que no van a tener un efecto posterior. Senador Coloma. Yo en la misma línea, presidente. Yo no sé, nosotros decimos permanentemente que estamos a combatir la burocracia, combatir el papeleo, que tenemos una misión tremenda y lo que estamos haciendo es generar más burocracia, más papeleo. Si algo no sirvió, no sirvió, vamos a tener que mantenerlo, no uno, tres, o no sirvió, afortunadamente, porque no hubo 3 años. Hagámoslo todo, hagámoslo de 10 mejor. Pero también aseguramos todo, yo estoy... Esta vorágine de burocracia a mí, por lo menos, no me calza, presidente. Escuchemos a la subsecretaria, muchachos. Sí, esto no es, presidente, por su intermedio, al guardar por papeles, por guardar por papeles. Lo que pasa es que en cumplimiento tributario, de hecho, el 85 ter al que hice referencia, señala que la información recabada por el servicio mediante las disposiciones de este artículo podrá servir de base para un proceso de fiscalización. Aquella información que no dé lugar a una fiscalización debe ser eliminada en un plazo de 3 años de recepción. Por tanto, lo mismo pasa con esta información de saldo. En el primer año todavía no podemos saber si efectivamente puede servir a futuro para una fiscalización. Y el punto es que, dado lo que se cambió en cumplimiento tributario, hay algunas normas que requieren de su compatibilización. Y este es el 85... Uy, se me fue algo más. Y, de hecho, aquí, asimismo, el servicio cuenta con información que permita... ¿Perdón? Señora Churcho. Son las secretarias que hacen la misma medida en dos proyectos, una con un año y otra con tres años. No se ve muy razonable. Además, quiero recordar que este inciso lleva una segunda frase que dice, asimismo, las instituciones financieras deberán eliminar los informes que elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo para cumplirse 30 días desde que lo hayan remitido al servicio. A veces es bueno que, por lo menos, la premura existe cuando hay algún dato, y si no, se conserva por tres. No hay problema. Yo, por lo menos, no gestionaría mucho esto. Además, que, repito, el texto es prácticamente igual para poner un año en una parte y tres años en otra. ¿Subsecretaria? Bueno, solo señalar que, efectivamente, así dice, aquella información que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en un plazo de tres años. Ese es el plazo que se le está diciendo al servicio que tiene que mantener la información. Por tanto, el artículo anterior no quedó correctamente referenciado en los mismos tres años. Distinto, en el caso de la entidad financiera, deberán eliminar los reportes que hayan presentado al servicio entre los 30 días siguientes, porque, en realidad, para la institución financiera no es la información la que vale del saldo que le va al servicio, sino para que el servicio de impuestos internos lo pueda analizar en un conjunto más amplio de información. Señor García. Hoy día tenemos una norma vigente por cumplimiento tributario que es de tres años. ¿Cuál es la diferencia? Porque los tres años están vigentes. Sí, está bien. Pero, entonces, ¿cuál es la razón de que...? ¿Por qué son distintas las normas? Presidente, por su intermedio. Son distintas porque la 85-TER, que es la que estoy haciendo referencia y que quedó con tres años, es la entidad financiera indicada en la letra del artículo 85-BIS, que, de hecho, hace referencia al artículo 85-BIS, deberán proporcionar al servicio información de la cantidad de abonos que reciban los titulares, que sean personas naturales, jurídicas o patrimonio de afecto con domicilio o residencia en Chile. Entonces, el 85-TER es respecto de los abonos que se reciben en las cuentas, en la entidad financiera. El 85-BIS... Perdón, el 85-BIS es sobre abonos y el 85-TER es sobre transferencias. El 85-TER, que fue el que discutimos acá latamente a propósito de las 50 transferencias y 100 transferencias, quedó en tres años. Y el 85-BIS, que era la norma de los saldos, quedó en el mismo mes... Perdón, en el año, y nos parece que es consistente que, por un lado, se reciba información de transferencias, y se mantenga en el servicio por el mismo periodo de tiempo que lo que era la información de saldo. ¿En votación? 86. A mí me parece, subsecretaria, que son situaciones distintas. Una cosa es el tema de los saldos y otra cosa son estas transferencias o abonos que uno va haciendo en distintas cuentas donde probablemente hay impuestos de valor agregado comprometidos. Es muy probable que así sea. O por lo menos para allá apunta, digamos, a la fiscalización del IVA. En los saldos no es así. Entonces, no veo por qué tenemos que tener el mismo plazo. Ese es mi raciocinio hasta aquí, por lo menos. Muy bien, ¿en votación? ¿En votación? Se somete, entonces, a votación la indicación 9H. ¿Senador Lagos? ¿Senador Coloma? En contra. ¿Senador Insulza? A favor. ¿Senador García? En contra. ¿Presidente? En contra. Queda, entonces, rechazada la indicación por tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Bien. Luego ya se votaron las indicaciones al artículo 7. Y el artículo 8, que es el que modifica la ley general de bancos, tiene una indicación del Ejecutivo que ya fue votada y una indicación del senador Kast, que incorpora un artículo 156-TER. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué número? La página, la indicación del senador Kast es la 13 y estaría en la página 147. Sí, entiendo que está esta indicación en la propuesta del Ejecutivo, ¿no? En el fondo reemplaza esta, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta debería descartarla y votarla al Ejecutivo, ¿no? Presidente, eso lo sugerimos. Lo que pasa es que como el comparado... Sí, sí, pero hagamos eso. Entonces, yo retiro la mía y esperamos a votarla al Ejecutivo. Muy bien. Y el Ejecutivo no la formula al artículo 8, sino que la presenta como un artículo transitorio. Ok. ¿Y lo revisamos ahora? No, porque nos quedaría final. Sigamos el orden, entonces. Luego, respecto del artículo 9, que es el artículo...

[00:50:00] Artículo que modifica el Decreto Ley 3538 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Hay una indicación en la página 156. ¿Cuál es el número de la indicación? Que es la indicación 14H del senador Coloma que elimina el literal A del numeral 1. El 5, que es el texto aprobado por la Comisión de Seguridad, dice... Autorizar al fiscal esa parte, ¿no? Subsecretaria. Presidente, por su intermedio. El artículo lo que hace es autorizar al fiscal, estamos hablando de la CMF, para que en el marco de la investigación del procedimiento sancionatorio, y esto es bien importante, con el voto favorable de al menos tres de los comisionados mediante resolución fundada, requiera bancos y demás entidades financieras fiscalizadas por la Comisión, información relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, sin restricción alguna y comprometiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la realización de conductas por parte de entidades, personas naturales o jurídicas, que constituyan infracciones a normas que rigen personas o entidades fiscalizadas por la Comisión. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, con la eliminación, nos parece que es información muy relevante para que la CMF pueda realizar las investigaciones sanatorias, por ejemplo, para ilícitos vinculados a información privilegiada o transacciones irregulares en el mercado financiero. Y además, nos parece que, además de estar fundado en una resolución, requiere de la aprobación y voto favorable de tres de sus comisionados, recordar que son cinco, por tanto, debe haber un acuerdo en mayoría para efectos de que el fiscal pueda solicitar esto a los bancos. ¿Se encuentra conectado, como usted ve ahí, el fiscal de la CMF, en caso de que hayan consultas respecto de esta norma en particular? Lo escuchamos al fiscal para que dé su opinión también al respecto. Y después al señor Coloma. Señor García, me pide la palabra primero. Muy breve, porque la norma existe hoy día. Entonces, saber cuál es la diferencia con lo que se propuso. Fiscal, lo escuchamos. Gracias. Por su intermedio, señor Presidente, agradecer la presentación. Para el texto de acta, soy Juan Sánchez de Gaspar, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero. He dado la precisión porque funcionalmente, en virtud de la ley aprobada que crea la Comisión para el Mercado Financiero, que es la ley 21.000 del año 2017, se establece la separación interna entre lo que es el equipo de la unidad de investigación, que está a cargo, como su nombre lo indica, de la investigación en el Consejo Sancionatorio, y que está a cargo de un fiscal, que es un cargo, además, que tiene regulación particular para defender su autonomía, que está a cargo actualmente, como ustedes saben, por don Andrés Montes. Mientras tanto, en lo que a mí corresponde, estoy a cargo del equipo jurídico que asesora principalmente al Consejo, que es el órgano superior directivo de la Comisión para el Mercado Financiero. Respondiendo en la misma línea a las preguntas del senador García, la ley que creó la Comisión, y esto, aquí incluso parte de ustedes nos tocó participar en esa discusión cuando se tramitó esta ley, principalmente a mediados del 2016, en esta misma Comisión de Hacienda del Senado, y en la Comisión de Constitución, además del Senado, se estableció en ese momento un acceso al secreto bancario para las investigaciones a cargo de esta unidad que se creaba en ese momento, que era la unidad de investigación de lo que iba a ser finalmente la Comisión para el Mercado Financiero, con tres elementos que son los que esta propuesta busca ajustar. Uno, el acceso actualmente que tiene el fiscal de la unidad de investigación es, como ya adelantó la subsecretaria, solamente para información bancaria cuando la infracción que está investigando, además, se encuentre tipificada como delito. ¿Qué significa eso? El punto que aquí se levanta, y por eso la propuesta de modificación, es que no toda investigación sancionatoria, no todas las infracciones que investiga la Comisión para el Mercado Financiero, como ustedes imaginarán, son delitos, y no solamente son delitos, adicionalmente, aquellas que son más graves. Para darles ejemplos concretos para la adecuada resolución por vuestra comisión, está, por ejemplo, en el caso de información privilegiada, como mencionó la subsecretaria, que el uso de información privilegiada es delito, y, por lo tanto, actualmente, y se ha hecho, se puede acceder a la información mediante el procedimiento actual, pero hay otras infracciones vinculadas a la información privilegiada, como, por ejemplo, el deber de abstención, que no es delito. Y, por lo tanto, con la regulación actual, si el fiscal de la unidad de investigación estuviera investigando, valga la redundancia, un caso vinculado a la información privilegiada, donde no se configure a uso, sino que solamente deber de abstención, no podría ser uso de la herramienta como está redactada actualmente. Segunda diferencia en la línea de lo que pidió el senador García está el hecho que la autorización actual que contempla la ley vigente de la Comisión para el Mercado Financiero radica a información bancaria sujeta a secreto y reserva bancario. Aquí solo recordar a ustedes, por su intermedio, señor presidente, a los senadores, es que la reserva que establece la Ley General de Banco, la protección que establece la Ley General de Banco respecto de la información que tienen todos los ciudadanos en los bancos, reconoce dos protecciones. Una más intensa, que es el secreto bancario, la cual, como ustedes ya han discutido, latamente tiene ciertos estándares, fuente legal para el acceso y procedimientos, casos de discusión judicial, etc. Pero, además, tiene una información que es principalmente la información de los ahorros, de las captaciones, comparado con el resto de la información que tenemos los ciudadanos que no está sujeto al estándar de secreto, sino a lo que se conoce como el estándar de reserva, que es un estándar distinto y de inferior protección. Yendo al 154 de la Ley General de Banco, el estándar de reserva es un estándar en el cual, igual, los bancos tienen que tener cierta cautela, pero, si ustedes revisan el 154 de la Ley General de Banco, no se requiere, en general, para el acceso al mismo la autorización del tribunal, sino que se requiere acreditar ante el banco un interés legítimo. Pues bien, la anomalía aquí que se busca corregir, y se propone corregir, es que el texto actual del acceso que se le da al fiscal de la unidad de investigación le pone la corta pisa para poder acceder al secreto, con un procedimiento que tiene lógica en la medida que ustedes han revisado, pero, además, lo impone para el caso de información sujeta a reserva. ¿Qué información concreta, por ejemplo, sujeta a reserva? ¿Qué es el ejemplo concreto? Por ejemplo, información de las deudas. La información de las deudas es distinta. Los ahorros tienen una protección más intensa en la Ley General de Banco comparado con las deudas u otra información que pueda tener un banco de una persona. Entonces, esa diferencia también se buscó aquí, que esa exigencia adicional que quedó en la discusión original de la Ley de la Comisión el año 2017, también se busca corregir, y, por lo tanto, viendo concretamente a Senador García y a ustedes, a la segunda gran diferencia respecto de los dos textos, es de que el mecanismo que aquí se contempla, el línea con la que establece la legislación general, esté establecido solo como un procedimiento para la información sujeta a secreto, y no a la información sujeta a reserva, la cual se sigue por las reglas generales que se contemplan por la legislación. Y la tercera diferencia concreta es que aquí mantener y contemplar como un mecanismo, evidentemente, de resguardo que es correspondiente para autorizar en una investigación sancionatoria al acceso de la información por parte de, valga la redundancia, la Unidad de Investigación, perdonen la repetición de los nombres, es apuntar a que ello no sea, evidentemente, que el fiscal pueda acceder a la información sujeta a secreto solo, sino que manteniendo este contrapeso que es el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Bajo esta separación funcional que estableció el Congreso con la Ley 21.000 que crea a la Comisión para el Mercado Financiero, o sea, no es el fiscal que, por si ya les decía, acceda a la información en una investigación, sino que tiene que pedir la autorización previa al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, con este quórum, además, como dijo la subsecretaria, que es un cuórum más alto que el normal para el funcionamiento de la comisión. En estricto rigor, la generalidad de los casos de la Comisión para el Mercado Financiero, que son de cinco miembros, está compuesta, como bien dijo la subsecretaria, en un cuórum de asistencia de tres miembros. Por lo tanto, en teoría, ocurre muy poco, puede darse hasta un cuórum, como se acuerdan, de asistencia de tres, puede darse con el voto de hasta dos miembros de la comisión que están de acuerdo cuando solamente asisten tres. Y así ustedes saben. Acá, dada la importancia, ya lo establecía la ley, y es también el objetivo mantenerlo, es que para esto...