Senado - Seguridad Pública - 9 de octubre de 2025

Se reanuda la Comisión de Seguridad del Senado. Nos quedan tres puntos; seré estricto con los tiempos: a lo más daremos una hora para analizar la situación de seguridad regional, las quemas ilegales, Cerro Chuño y el proceso de demolición; una hora para la situación carcelaria; y media hora para que se nos explique la situación de los precursores químicos, porque ahí no hay invitados, sino que es información a la comisión sobre cómo se está abordando la seguridad portuaria y los precursores químicos. Quiero saludar al señor delegado presidencial, a las señoras seremis de Salud y de Medio Ambiente, y voy a invitar a la sociedad civil. Primero intervendrán la señora Luz Ramírez, la señora Marisol Pinto y la señora Carmen Gloria, quienes vienen por las quemas ilegales. Luego haremos el cambio para las organizaciones Orpe y Agrima, que están en el sector Quebrada Encantada de Cerro Chuño, y finalmente escucharemos al representante del Consejo Regional de Seguridad Pública para un análisis desde la sociedad civil respecto de la situación de seguridad regional. Por lo tanto, invito a las señoras del primer punto. Pueden intervenir de a dos y se irán alternando a medida que hagan uso de la palabra. En este caso, primero la señora Luz Ramírez y la señora Carmen Gloria, y luego se irán intercambiando conforme corresponda. Para iniciar, daré la palabra al señor delegado presidencial; posteriormente, a las seremis de Medio Ambiente y de Salud; y, finalmente, a la sociedad civil, ojalá en un máximo de diez minutos por cada presentación. Señor delegado, tiene la palabra. —Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadores. Agradezco la presencia de las autoridades regionales, también de Carabineros, del Ministerio Público y de las pobladoras y pobladores de Cerro Chuño y de las poblaciones industriales.

El objetivo de la intervención que quiero hacer en este momento es compartir los avances concretos que hemos logrado como Gobierno en dos temas específicos, a modo de referente para lo que abordaremos en esta conversación: en primer lugar, las quemas ilegales en Cerro Chuño, y en segundo término, el proceso de recuperación, demolición y remediación del polígono contaminado. Durante décadas, este sector ha sido un punto crítico en nuestra región. Es un territorio marcado por contaminación industrial, ocupaciones irregulares, riesgo sanitario y presencia delictual; en definitiva, por la ausencia del Estado. Hoy esa situación está cambiando: el Estado vuelve a estar presente y a actuar en este espacio. Para dimensionar el desafío que tenemos en la Región de Arica y Parinacota respecto de la temática de polimetales, es necesario recordar el origen del problema. En los años 80, de manera resumida, se construyeron viviendas sociales sobre suelos contaminados con residuos tóxicos. La Ley N° 20.590 permitió relocalizar a las familias y comprometió la demolición e inhabilitación del sector, pero aquello no ocurrió de inmediato. La consecuencia de estas malas decisiones —y quiero enfatizar que no corresponden a un gobierno en particular, sino a decisiones del Estado— fue que las viviendas volvieron a ser tomadas, muchas por personas migrantes en situación irregular, generándose focos de inseguridad, precariedad y contaminación que se han arrastrado por más de una década. A ello se sumaron recientemente las quemas ilegales de basura y residuos en Cerro Chuño y en Quebrada Encantada, con emisiones que alcanzaron más de 5 kilómetros, afectando la salud de la población con material particulado fino y otros compuestos altamente dañinos. Frente a esto, nuestro Gobierno decidió actuar con una estrategia integral. Entendemos que la raíz del problema está en la demolición de Cerro Chuño, pero debe enfrentarse desde los ámbitos ambiental, social, judicial y de seguridad. Ello nos ha permitido obtener resultados. Respecto de las quemas ilegales, a comienzos de este año los registros mostraban una situación crítica: había episodios frecuentes de humo tóxico en la ciudad, múltiples denuncias ciudadanas y una escasa capacidad institucional para intervenir. Eso ha ido cambiando. Hoy contamos con un enfoque activo, coordinado en tres niveles. Primero, el frente judicial y fiscalizador: presentamos denuncias por posible daño ambiental, se abrió una causa penal liderada por la PDI y se activaron mecanismos legales a través de la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud. Esto permitió iniciar investigaciones formales con la posibilidad real de sancionar a quienes resulten responsables de estas quemas ilegales. Segundo, la coordinación intersectorial: desde la Delegación Presidencial se han sostenido reuniones con el fiscal regional, con Carabineros, con el municipio y con diversos servicios públicos para alinear esfuerzos, lo que hoy nos permite actuar con rapidez ante las denuncias y generar presencia preventiva en terreno. Tercero, el monitoreo ambiental y el fortalecimiento del conocimiento técnico: se están instalando tres estaciones de monitoreo de calidad del aire y se ha avanzado en un estado actualizado sobre la presencia de metales pesados en los suelos. Esta información permitirá tomar decisiones basadas en evidencia. ¿El resultado? Las quemas ilegales han disminuido de manera sostenida en los últimos meses. Existe hoy una mayor capacidad de fiscalización y, por primera vez en años, la comunidad está teniendo un vínculo distinto con el Estado, que comienza a responder con acciones concretas y preventivas, y no solo con diagnósticos o mesas de trabajo. Abordado el tema de las quemas ilegales, paso al segundo eje: desalojos, demolición y remediación, es decir, la recuperación del terreno. Durante años, en la región el Estado estuvo limitado por fallos judiciales que impedían desalojos sin decretos administrativos. Esta situación comenzó a cambiar con la creación, en 2023, de la Comisión de Recuperación de Terrenos y Bienes Fiscales, lo que nos ha permitido planificar y ejecutar un proceso más ordenado y respetuoso de los derechos humanos. Debemos recordar que dentro de las tomas hay personas que hoy habitan estos lugares, situaciones que debemos abordar con cuidado para no generar otras vulneraciones.

En relación con las problemáticas dentro de la ciudad de Arica, los resultados han sido muy claros. El 18 de noviembre de 2024 desalojamos 146 lotes que estaban ocupados ilegalmente y, en mayo de 2025, ejecutamos un nuevo operativo en 3,8 hectáreas, en el cual se reubicó a 242 personas, sin incidentes. Esto lo hicimos con apoyo social, con albergues y con un importante trabajo de coordinación con Educación y con Desarrollo Social en la región. Además, identificamos a 23 niñas y niños que estaban fuera del sistema escolar. Activamos medidas inmediatas para abordar su protección, porque hoy el Estado no solo debe recuperar el terreno, sino también proteger los derechos de las personas. Este tema no se detiene ahí. Estamos avanzando en la declaración de una alerta sanitaria que nos permita iniciar la demolición completa de las viviendas tomadas. Ya se proyectan nuevos usos para los terrenos recuperados, como un terminal internacional y nacional, o la ampliación del cementerio municipal. Esto significa transformar un espacio abandonado en uno que nos permita pensar en un polo de desarrollo urbano. Para el próximo periodo, nuestros esfuerzos desde el Gobierno se centran en cuatro objetivos: 1) Concretar la alerta sanitaria para habilitar la demolición total de Cerro Chuño. 2) Actualizar el catastro de población y el catastro ambiental, en un contexto de cambio migratorio y presencia del crimen organizado, lo que exige colaboración entre los distintos estamentos del Estado. 3) Profundizar las investigaciones penales para sancionar las quemas ilegales. 4) Consolidar proyectos urbanos estratégicos que eviten nuevas ocupaciones en este lugar y que le devuelvan Cerro Chuño a la ciudad de Arica. A modo de resumen, hace algunos años, y durante más de una década, Cerro Chuño fue un símbolo de abandono, contaminación e inseguridad. Hoy hemos trabajado para que en ese mismo espacio haya acción, presencia del Estado y transformación. Hemos colaborado con el municipio y con las policías para recuperar el control territorial, reducir los focos de riesgo ambiental, iniciar un desalojo respetuoso y planificar la demolición total. Y esto no es casualidad; quiero ser enfático en esto: es el resultado de un Estado que actúa, que coordina y que responde. Vamos a seguir trabajando hasta el último día con la misma convicción, porque nuestro objetivo no es solo resolver un problema heredado, sino convertir Cerro Chuño en una oportunidad para el desarrollo de Arica y Parinacota. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor delegado. Ofrezco la palabra. ¿Cuál de las seremis quiere comenzar? ¿Salud o Medio Ambiente? Seremi de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Marta Saavedra García, seremi de Salud de la Región de Arica y Parinacota. Seré breve. Efectivamente, el delegado describió cómo han ido sucediendo los hechos. En lo específico de las quemas en el sector de Cerro Chuño, a finales del año pasado y comienzos de este tuvimos un aumento sostenido, lo que da cuenta de la gran cantidad de basura acumulada en el sector y de su eliminación mediante quemas. Cuando se iniciaron las denuncias de las dirigentes que hoy se encuentran presentes, nuestro compromiso fue eliminar las ocupaciones que estaban allí; ese fue el trabajo que realizó Bienes Nacionales en todo el trayecto hacia el vertedero, porque era esa basura la que se estaba quemando. Por lo tanto, más que las quemas en sí mismas, el problema es el control de los residuos en ese sector: se utilizan para prácticas como la quema de cables para la obtención de materiales para vender, o simplemente para eliminar basura. En su momento se nos consultó por una alerta sanitaria asociada. Nuestra respuesta, tras la evaluación de riesgo, fue que no correspondía, dado que no tenemos una quema continua como ha ocurrido en otras regiones, por ejemplo, con quemas importantes en vertederos.

Seremi de Salud: Donde se mantienen continuas por uno, dos o tres días, lo que genera un riesgo mayor. Sin embargo, en estos momentos, en nuestra ciudad las quemas son de carácter intermitente y disminuyeron considerablemente una vez que se realizó el desalojo de todo ese sector. Por otra parte, frente a cualquier incidente que pudiera generar riesgo a la comunidad, ya sea porque nos enteramos por redes sociales, por dirigentes o por requerimiento de alguna autoridad regional, activamos los centros de urgencia para pesquisar sintomatología sugerente del episodio ambiental en curso. En ese escenario, tenemos solamente tres personas con efectos de gravedad baja asociados a un evento de quemas previo al proceso de desalojo. Nos mantenemos en alerta frente a cualquier emergencia ambiental, activando las redes de urgencia para evidenciar riesgos a la salud de carácter comunitario o poblacional y así activar las medidas pertinentes. Por otro lado, en lo que nos compete, exigimos a la municipalidad el control de los residuos de la zona —que son los que se están quemando—, mantenemos fiscalizaciones en el vertedero y en todo ese trayecto, e insistimos en la limpieza de esos sectores. Han disminuido considerablemente, pero persisten, y estamos trabajando por esa vía. Asimismo, nos mantenemos en alerta continua respecto del vertedero. En nuestra región no contamos con un relleno sanitario autorizado ni regulado, pero tampoco podemos cerrar el vertedero actual, porque ello produciría una emergencia sanitaria mayor. En ese escenario, estamos trabajando con la municipalidad para contar con medidas de contingencia frente a una posible quema de carácter masivo, la que sí generaría un riesgo mayor. En esa línea trabajamos como autoridad sanitaria. Eso es lo que podemos informar. Presidencia: Muchas gracias, Seremi de Salud. Seremi del Medio Ambiente. Seremi del Medio Ambiente: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y todos, en especial a la visita que nos hacen en la región nuestros senadores y nuestro delegado regional. Como bien señalaron nuestro delegado y la Seremi de Salud, en el último tiempo se han minimizado las quemas, que en su momento quizás se vieron incrementadas por el desalojo que se realizó. Estas quemas no solo afectaban a las y los vecinos del sector, sino a gran parte de la comuna y también al valle. Actualmente hemos presentado al Gobernador un proyecto que nos permitirá contar con un instrumento de medición: una estación que considera tres puntos de monitoreo, para entregar tranquilidad a la comunidad y monitorear la calidad del aire. A través de este instrumento podremos conocer los niveles registrados; no podemos hablar de contaminación porque, por ahora, no tenemos evidencia de ello, pero sí avanzar con este proyecto. Eso, señor Presidente. Gracias. Presidencia: Gracias, Seremi del Medio Ambiente. Señor Fiscal. Fiscal: Gracias, señor Presidente. Desde el Ministerio Público, como lo señalé también en la mañana, respecto de Cerro Chuño hemos tenido una participación totalmente activa. No hay ningún procedimiento de desalojo, o de cualquier otra naturaleza, que —dure lo que dure— no haya contado con un fiscal en terreno durante todo el período y todos los días en que se haya desarrollado. Creo que esos son los pequeños actos donde uno puede demostrar una participación efectiva en este tipo de situaciones. Para nosotros, Cerro Chuño fue en su momento un lugar de máxima preocupación y donde tuvimos la mayor cantidad de detenidos en distintos procedimientos. Eso, de una u otra forma, se mantiene, ya no con los números que teníamos en 2021-2022, pero sigue siendo para nosotros un punto bien complejo a la hora de liderar nuestro...

El proceso investigativo no es el único, y es verdad que muchas de las bandas se han desplazado a otros lugares; pero sigue siendo Cerro Chuño un lugar estratégico para determinados grupos que buscan lugares de protección en la ciudad. Desgraciadamente, eso todavía ocurre. Se ha avanzado bastante en distintos lugares donde practicamos la mayor cantidad de procedimientos y detenciones; incluso donde encontramos cadáveres, todo eso ya está desalojado. Esas son las partes donde ya no hay rucos ni viviendas artesanales. Queda, por lo tanto, la parte más compleja y, reitero, son decisiones que tienen que venir de otras autoridades; pero, si esas decisiones se toman, nosotros vamos a estar de todas maneras en el lugar, tal como lo hemos hecho hasta la fecha. La fiscal que tenemos a cargo es doña Paulina Brito; lleva ya tres años a cargo del foco que se creó en esta región para los desalojos, y con ese mismo foco hemos desalojado todo lo que había desde el aeropuerto hacia la entrada de la ciudad, incluyendo el humedal, parte de Cerro Chuño y otras zonas también. Son, reitero, 300 hectáreas en total las que podemos anotar como desalojadas hasta la fecha. Eso es, señor presidente. Gracias. Carabineros, respecto de las quemas, particularmente en Cerro Chuño, si pudiera entregar alguna visión en relación con las quemas ilegales. Por supuesto, señor presidente. Buenas tardes a todos. A la fecha, durante el año 2025, se han cursado 21 denuncias por quemas de hojas, basura y otros en radio urbano; 1 denuncia por efectuar quemas sin contar con el aviso a CONAF; 7 incendios con solo daños; y 5 registros de otros hechos que no constituyen delito relacionados con las quemas. Eso es, puntualmente, referente a las quemas. Tengo otra estadística, pero en relación con su consulta, es esa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tal como se expuso, respecto de las quemas en particular hay una investigación a cargo de la Brigada Ambiental de Arica. Dicha investigación se refiere a las quemas en el sector del vertedero municipal, respecto de las cuales, a la fecha, no hay elementos que permitan concluir la responsabilidad de personas. Es un tema que está viendo la fiscalía, en la persona de la fiscal que mencionó el fiscal regional. Eso es respecto de las quemas. En cuanto a otros temas, quedamos pendientes a su consulta, si es necesario. Bien, daremos paso entonces a la sociedad civil. En primer lugar, hemos invitado a la señora Luz Ramírez y a la señora Marisol Pinto, quienes están asesoradas por la ingeniera civil, señora Carmen Gloria. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carmen Gloria Aídez; soy presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, y hemos trabajado en colaboración con la señora Luz Ramírez, de la Asociación Mamitas del Plomo; con la señora Marisol Pinto, de la Junta de Vecinos Los Artesanos; y con la señora Danae Terraza, de la Junta de Vecinos Porta Norte, todas ellas del sector Los Industriales. Para hacer más eficiente esta presentación, unimos puntos que representan la visión del territorio frente a esta situación. Queremos partir con un contexto inicial: las quemas ilegales reflejan un problema estructural, cuyas consecuencias derivan de una mala gestión histórica de residuos peligrosos en la región y se sienten hasta hoy. La autoridad está actuando desde la emergencia, lo que por supuesto es correcto como país, pero es muy importante que abordemos las causas de fondo, de modo que en algunos años más no estemos discutiendo los mismos temas. Como muchos ya conocen y lo mencionó el delegado, en 1984, hace 40 años, Chile recibió residuos peligrosos desde Suecia, con plomo, arsénico y otros metales altamente peligrosos, que se depositaron en zonas que en ese momento no eran áreas urbanas. Hoy Arica creció, y esos sectores son poblados y altamente contaminados. Las consecuencias de aquello siguen activas; existen decenas de informes, el último emitido precisamente por la PDI.

Dada la demanda al Estado que realizó la organización Mamitas del Plomo, es una investigación muy cruda porque acá, como pueden ver, lo que está destacado en tonos oscuros son todos aquellos límites que superan la norma nacional e internacional en metales peligrosos, lo que, por supuesto, al entrar en contacto con las personas y el medio ambiente resulta altamente tóxico. Las quemas ilegales actuales son parte del mismo problema. Vinculamos residuos mal gestionados y abandonados con la contaminación, la delincuencia y la vulnerabilidad, que termina siendo un problema de salud de las personas, de salud pública. Las quemas se originan, por ejemplo, en el vertedero de Arica, emplazado en la parte trasera del Cerro Chuño, y que no cuenta con la resolución de calificación ambiental correspondiente, tal como mencionó la SEREMI de Salud. Consideramos que, con el paso del tiempo, por más que sea necesario, también debiésemos avanzar en dar el ejemplo, en este caso, como organizaciones de la sociedad civil y la autoridad, trabajando colaborativamente para que esos temas se resuelvan. Los riesgos asociados a la salud pública se agravan cuando materiales peligrosos terminan en actividades ilícitas, en muchos casos en narcotráfico, por los componentes que contienen estos residuos. En el medio ambiente, por ejemplo, los suelos del sitio F de EFE, el Cerro Chuño y Quebrada Encantada Baja, donde se encuentra el cementerio sueco, están a diario liberando material tóxico a la ciudad, dado que no se han tomado las medidas necesarias para proteger ese espacio. Por tanto, hablamos de zonas que, por más que entiendo el punto de la SEREMI, están contaminadas; existen estudios que reflejan que hoy día, en el suelo y en el aire de Arica, hay contaminantes altamente peligrosos. Existe una situación muy compleja de parte del territorio, y lo que más representan las organizaciones que aquí nos acompañan es que se trata de una región fronteriza y vulnerable, históricamente usada como zona de sacrificio por las situaciones ya comentadas y otras. Es urgente restituir soberanía ambiental y seguridad sanitaria en todo el territorio de nuestro país. Y ahí es donde no queremos limitarnos solo a la visión de Arica en esta comisión, sino también procurar que no existan nuevos “Arica” en nuestro país. Nuestro país debiese tener una postura bastante más firme respecto del movimiento de residuos peligrosos, en particular del movimiento transfronterizo de residuos. Hoy día sabemos que nuestras fronteras son vulnerables al tránsito de personas; por tanto, imaginemos cuán vulnerables pueden ser frente al ingreso de residuos. Hay una responsabilidad de diversos ministerios y también de Aduanas, por ejemplo, para que podamos tener una solución y una regulación definitiva. Existe un proyecto de ley que se está discutiendo hace muchos meses en el Senado, que hoy se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores, precisamente a solicitud de la organización Mamitas del Plomo y del senador Araya, de Antofagasta, para resguardar el cumplimiento del Convenio de Basilea, que prohíbe este movimiento y que habría prohibido en su minuto que Suecia trajera estos residuos. Lamentablemente, desde la Comisión de Relaciones Exteriores no hemos tenido avances desde enero, cuando el compromiso se asumió acá. Entonces, es ideal que esto se pueda agilizar, avanzar y buscar soluciones. Como propuestas concretas, las organizaciones sociales buscan colaboración; buscan ser escuchadas y que esta realidad sea abordada no solo desde los títulos o cargos públicos que hoy se puedan ostentar, sino también desde la experticia de una mamá viviendo en un territorio, teniendo hijos enfermos o viviendo cerca de un vertedero en donde se respira el aire de cada quema. Es importante colaborar de manera genuina para poder fortalecer el trabajo de la comunidad y de las autoridades de manera fructífera, y no que nos quedemos solo en reuniones y demás. Agradecemos, en nombre de las organizaciones sociales, senador Durana, su presencia en esta comisión y, además, su representación de la región. Creemos que eso necesitamos: llevar la legislación, el poder legislativo y todo lo que ocurre con la regulación al territorio, no solo mirarlo desde Valparaíso u otras zonas, sino más bien desde lo que está pasando acá. Muchas gracias, senador, por eso. Gracias, señora Gloria. Se ofrecen las palabras a la señora Luz Ramírez, de la Fundación Mamita del Plomo, y después voy a invitar a la señora Marisol Pinto, de la Junta de Vecinos N° 54. Tiene la palabra la señora Luz. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz Ramírez. Soy presidenta de la Fundación Mamita del Plomo, fundación que tiene como objetivo defender los derechos de los niños, ya sea el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Nuestra fundación, si bien —como dice la SEREMI de Salud— ha bajado la intensidad de las quemas.

Siguen dándonos reportes las madres de que sus hijos se siguen ahogando y con problemas de salud. Si bien, como dice la SEREMI, existen tres registros, ¿qué hacen las madres? Como los niños tienen enfermedades de base —relacionadas también con la contaminación—, cuando hay humo y se empiezan a sentir mal, no salen a urgencias: les administran sus inhaladores en casa. Tampoco salen por razones de seguridad, porque el sector es muy peligroso. Por lo tanto, aunque han disminuido las quemas, continúan los reportes de madres cuyos hijos se ven afectados por esta situación. Quizás existan medidas que podrían mejorarla, como, por ejemplo, entregar algún subsidio de arriendo a estas madres con niños con problemas de salud más severos. Eso sería una solución de corto plazo, y no las soluciones que a veces se proponen y son de muy largo plazo; no podemos esperar tanto tiempo para sacar a los niños del sector por el tema de las quemas. Muchas gracias, señora Lupamira. Tiene la palabra la señora Marisol Pinto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Mi nombre es Marisol Pinto, soy la presidenta de la Junta de Vecinos Los Artesanos, ubicada en un sector contaminado. Las casas están emplazadas en terrenos aún contaminados, lo que constituye un agravante: este grupo de habitantes presenta una contaminación crónica en sus cuerpos. En cuanto a las quemas irregulares de basura, como sociedad civil, después de 50 reclamos logramos que la autoridad reaccionara ante un problema visible para todos los ariqueños y ariqueñas. Desde distintos puntos de la ciudad se podían observar las columnas de humo que salían del cerro. Sin embargo, no había solución y se estaba normalizando, mientras nuestros vecinos presentaban irritación ocular y daño respiratorio severo; como explicaba la compañera, se trata de una contaminación crónica que ya ha agravado la capacidad ventilatoria de estas personas. Estos 50 reclamos se dirigieron primero a la SEREMI de Medio Ambiente, por considerarlo propio de la materia, pero se nos respondió que no correspondía a Medio Ambiente y que debían remitirse a la SEREMI de Salud. Tras un tiempo, al parecer esa repartición se vio sobrecargada o no tenía las competencias para solucionar la problemática, por lo que el asunto fue derivado al Ministerio Público. Este, a su vez, envió a funcionarios de la PDI, quienes se enfocaron únicamente en verificar si este grupo de habitantes había tenido problemas de salud y si había asistido a algún centro de salud para determinar alguna afectación. Vivimos en un lugar complejo que calificaría como de discriminación medioambiental, ya que todo lo que ocurre en esta ciudad ocurre en ese sector: contaminación por plomo, quemas irregulares y una población que no fue erradicada —como señalaba aquí el señor Carrera— porque no se pudo. Como sociedad civil no comprendemos los problemas internos que enfrentan las autoridades, pero mientras tanto todo va creciendo: hay muchas tomas irregulares y eso conlleva que no haya una administración normal del territorio; por ello, se producen hechos como robo de cables y quemas, que generan mucha contaminación. Como decía el delegado presidencial, tras todo esto logramos articular, como sociedad civil, un mecanismo que no estaba regulado y sobre el cual nadie sabía cómo ni dónde realizar las denuncias. A la fecha, no sabemos aún quién tiene la competencia técnica para resolver la problemática de base. Seguimos con quemas; es cierto que ha bajado la intensidad, pero el problema no se ha erradicado. Como sociedad civil, necesitamos que el problema no exista.

Señora Marisol: Porque es un agravante que va a provocar más problemas de salud pública en el sector, considerando que hay un grupo de personas con la salud quebrantada. Y más, esto no se puede hacer porque no tenemos la competencia; aparte de mandarles fotografías de los eventos, obviamente no podemos enviar coordenadas, porque no estamos en el lugar para entregar las específicas. Solo apreciamos, desde nuestros patios y casas, frente a nosotros, estas columnas de humo espesas y tóxicas; el color oscuro indica una alta toxicidad del material, que estamos respirando. Quiero agradecerles el espacio y espero se puedan tomar medidas importantes. Sé que están todos en otras cosas, tal vez los señores senadores, pero es importante que escuchen a la sociedad civil, porque siento que ustedes pueden tomar decisiones relevantes en esta materia y no dejar que sigamos siendo una zona de sacrificio. Sé que puede ser extenuante una jornada extensa, pero nosotros esperamos toda una mañana para que nos escuchen cinco o diez minutos; lo que sea, pero que, por favor, algo de lo que estamos diciendo lo analicen, lo tomen y generen algo productivo en beneficio de esta comunidad, que se los está pidiendo a gritos. Ya no lo está solicitando: lo estamos pidiendo a gritos. Por favor, vean cómo solucionar este sector de la comuna de Arica, que está quebrantado, dolido y enfermo. Y están muriendo; eso es muy grave. Mueren día a día vecinos por cáncer, por la contaminación de polimetales, que es otra agravante. Gracias por el espacio. Presidente: Muchas gracias, señora Marisol. Le ofrezco la palabra a la señora Danae Terraza. Señora Danae Terraza: Muy buenas tardes, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Danae Terraza, soy presidenta de la Junta de Vecinos y estudiante de Trabajo Social del Instituto Profesional Santo Tomás. Lo que me ha llevado a esta carrera son las problemáticas de la comunidad donde vivo, en específico el sector Los Industriales 4. Apelo a todos los presentes a trabajar en conjunto, ya que necesitamos que nos validen y colaboren con el trabajo territorial que desarrollamos como organizaciones. Es injusto que los vecinos, a través de organizaciones sociales que surgen en base a las necesidades del sector —como la Fundación Mamitas del Plomo, donde trabajo; Pancaraña; y La Pobla Social, que también trabaja en el territorio para dar soluciones— deban organizarse para responder a problemáticas que deberían ser abordadas por las instituciones. Siento que nuestros vecinos validan más a estas organizaciones que a las propias instituciones que debieran darnos respuesta. Están de manera constante en el territorio y de forma gratuita, con sus conocimientos. Necesitamos que, en conjunto con ustedes y las organizaciones mencionadas, trabajemos de la mano, basados en el trabajo colaborativo, el respeto y la empatía hacia lo que los vecinos y vecinas plantean cuando ustedes se acercan al territorio y constatan sus necesidades. Asimismo, solicitamos apoyo para el financiamiento de programas o proyectos que queremos implementar, y que no quedemos en reuniones tras reuniones; la verdad es que siempre asistimos a reuniones, pero no hay soluciones. Tengo un punteo enorme en mi libreta con las veces que me dijeron que iban a trabajar conmigo; envío correos y no me responden. Queremos trabajar sin caer en la burocracia durante meses, quizás años, y avanzar como organizaciones, como juntas de vecinos, como jóvenes estudiantes y como madres —como en la Fundación Mamitas del Plomo— junto a nuestros hijos y niños del sector. Muchas gracias. Presidente: Muy bien, muchas gracias, ciudadana.

Bueno, este es un punto sensible. Solo recordar que esto nace al alero de la Ley N° 20.590, la ley de Polimetales. Una normativa que contempló sectores de erradicación y sectores de mitigación. Ellos pertenecen a los sectores de mitigación, en donde finalmente se quedaron viviendo en distintas zonas industriales; incluso hoy día hay un condominio en esa misma zona, en el sector de las canteras. Lamentablemente —por todos sabido— la dificultad que ha tenido la demolición del Cerro Chuño, lo que hoy día se ha agravado con la incorporación del crimen organizado en ese sector, y, por lo tanto, lo que ellos han planteado obedece fundamentalmente a quemas ilegales que permanentemente suceden, gracias a Dios ahora con menos frecuencia que en algún minuto. Yo, solo en función de lo que han planteado los expositores, quisiera solicitar a los señores senadores tomar dos acuerdos. El primero es reiterar lo oficiado por la Fundación Mamitas del Plomo, con el objetivo de que la Comisión de Relaciones Exteriores vea el proyecto de ley que impida que se pueda sacar residuos tóxicos fuera de nuestro país. Porque, cuando uno exporta residuos tóxicos, después viene la “vuelta de mano”. Y ya Arica y Parinacota sufrió con lo que significó traer residuos tóxicos peligrosos a esta región. Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Comisión respecto de ese oficio. ¿Estamos de acuerdo? El segundo oficio que quiero pedir es el siguiente: los vecinos han entregado un informe completo a la Contraloría Regional en el mes de marzo de este año para que se pronuncie respecto de la situación de las quemas ilegales. Estamos en octubre de 2025 y la Contraloría no ha sido capaz de emitir un pronunciamiento; ese antecedente se ingresó en la Contraloría Regional y se reiteró ante la señora Contralora General. Solicito que, desde la Comisión de Seguridad, se pueda reiterar ese documento a la Contraloría General de la República, para que respondan y pueda quedar la tranquilidad en razón de la necesidad que tienen los vecinos de saber, finalmente, quién responde cuando existe una situación de estas características. Señores senadores, les agradezco la presentación de las vecinas. Bien, ¿las consultas son para el Ejecutivo o para las vecinas? —Para el Ejecutivo.— Entonces, quisiera hacer el recambio para que ingresen las personas de las organizaciones ORPA y AGRIMA para ver el tema Cerro Chuño. Señor Senador Flores, tiene la palabra. No, solamente un comentario, Presidente, porque la verdad es que cuesta entender lo que aquí se ha estado mencionando. Por un lado, el depósito de materiales peligrosos; por otro, las quemas ilegales. Y la pregunta que uno tiene que hacerse responsablemente es, primero, cómo se asume una responsabilidad de Estado en favor de gente inocente que ha estado allí, que está allí; en fin. Cuando hablo de gente inocente, hablo de la gente de Arica en general, ¿no? Recordemos lo que pasó en Antofagasta: producto de un acopio mal ubicado —porque en ese tiempo seguramente no había preocupación por lo que significaban las externalidades de una actividad minera— quedaron contaminados sectores donde después el propio Estado facilitó construir, y todo lo que ha venido después con los hijos del plomo en la zona de intercambio de ferrocarriles y de allí hacia el sistema de embarque marítimo. Bueno, yo entiendo que debería hacerse ver que hay una responsabilidad de Estado, independientemente de un gobierno u otro que fue permisivo, que no hizo las cosas como hoy día deberían hacerse. Pero la pregunta es por qué la gente tiene que pagar los platos rotos siempre y el Estado mira para el techo; de pronto no son capaces de asumir una indemnización más allá de la individualidad. Hablo de la ciudadanía, porque aquí el problema es Arica. Yo creo que nunca está de más...

Démosle una vuelta a eso, porque puede haber contaminación. El daño que ya les ocurrió a las personas, Presidente, ya está hecho. Y sacarse el plomo de encima no se logra por decreto ni de ninguna otra forma. Lo digo como presidente de la Comisión de Salud del Senado. Pero, de pronto, la compensación debe ser al territorio, a la ciudad que se vio afectada por distintas razones: por permisividad para que allí se actuara, porque hubo autorizaciones que no correspondían. En fin, ¿cómo se compensa la ciudad? ¿Cómo se compensa a una comunidad que necesita espacios donde recuperar salud? Y no me refiero solamente a centros hospitalarios; me refiero a parques y a una serie de otras intervenciones. No es descabellado pensar que la comunidad ariqueña deba plantearse en esos términos: exigir compensación del Estado. Gracias. Muchas gracias, Presidente. Al Delegado Presidencial, en su calidad de coordinador interministerial, preguntarle qué medidas de coordinación se están ejecutando para evitar estos vacíos. ¿Quién llevará el tema para definir plazos y asegurar su cumplimiento? En tal sentido, si en alguna ocasión se han empleado las unidades especializadas de Bomberos en manejo de materiales peligrosos (HAZMAT) para apagar estos incendios; es decir, si aparece una quema, apagarla de inmediato y así demostrar que no se permitirá que ocurra. ¿Existe experiencia al respecto? ¿Hay riesgos asociados? Lo segundo, respecto del plan temporal: una vez que se destruya o se erradique y antes de iniciar las obras, ¿cómo se evitará que se vuelvan a retomar ciertas áreas? A la Seremi de Salud, muy preocupado por el tema del vertedero: ¿qué visión tienen respecto de qué proyecto se puede realizar para contar con un vertedero en condiciones adecuadas, no solo con la calificación ambiental, sino también con manejo de residuos? Y a la Seremi del Medio Ambiente: ¿cuándo piensan instalar el sensor de calidad del aire? ¿Qué elementos va a medir, qué tipos de gases, material particulado? ¿Será capaz de detectar material peligroso, en particular la contaminación metálica en el área? Eso, Presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Pío. ¿Algún comentario final a lo planteado por el senador Pío? Sí, Seremi de Salud. Solo mencionar que es muy importante dejar claro que en nuestra región no tenemos focos activos de contaminación asociados a químicos. Recién se mencionaba un estudio; eso efectivamente es parte de una demanda que presentan las Mamitas del Plomo al Tribunal Ambiental, en la cual la PDI toma muestras a través de un sistema que cuantifica presencia, pero que no mide concentraciones comparables con las normativas de suelo; era solamente para verificar presencia. En ese estudio solo se encuentra un punto: los hornos antiguos de Promel que están en el sitio F. Esos hornos están dentro de un contenedor; fuimos a fiscalizar, no hay tránsito de personas. Ese terreno está a cargo de una empresa, y solicitamos de inmediato 30 días para que hicieran la eliminación como residuo peligroso y poder retirarlo de esa zona. Se hizo una evaluación: no hay trabajadores ni personas expuestas. Ese es el foco que aparece con presencia más alta de metales. Otro punto muy importante: usted mencionó Antofagasta y, efectivamente, toda la zona norte tiene mayor presencia de diversos elementos químicos. Pero que existan elementos químicos en el suelo no significa que estén biodisponibles ni que representen un mayor riesgo para la población. En nuestra ciudad tuvimos una situación en los años 80 que significó que 15.000 personas estuvieran expuestas. Y, como bien se ha mencionado, eso no lo vamos a poder eliminar; no hay un fármaco ni una intervención que permita revertirlo. Ese es el gran daño que tuvimos como Estado respecto de esas 15.000 personas, y eso dio origen a esta ley. En cuanto a indemnizaciones u otras medidas, ello corresponde a la voluntad de otros sectores, no del Ministerio.