Municipios - Hualqui - 1 de octubre de 2025

Cortaron gente; piense usted que estuvo cuatro años en planta y aspiraba al grado 13A. Realmente se cuidaban las designaciones: ni siquiera había contrata; ni siquiera una señal de contrata. Sin embargo, un miembro no quiso integrar la junta y se indicó que la reunión debía llevarse a cabo. ¿En serio? Sí, se le hizo una encerrona. Pero siempre es así: ese dirigente sindical es firme; no acepta esa salida. Hay que seguir peleando. ¿Cómo está, señor Soto? Bien, todo a la ley. ¿Subimos los kilos para la fiesta o no? Ahora se cree la estrella. Claro.

Muy buenas tardes. En nombre de Dios, se abre la sesión del Concejo de Hualqui número 30. Pueden tomar asiento, por favor. Punto número 1: acta anterior. Punto número 2: cuenta. Se deja constancia del envío y entrega a los señores concejales del Informe N° 9 del Plan de Mejoramiento de la Gestión de la Secretaría Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2025. Eso es la cuenta, señor Carlos. Punto número 3: Tabla. Presentación: juicios en que participa el municipio. Expondrá el abogado Marcelo Villena. Buenas tardes a todos y todas. Ofrezco disculpas, en primer término, porque había comprometido mi presencia para el Concejo del pasado 22 de septiembre, al que lamentablemente no pude asistir por razones personales. Estoy aquí para informarles acerca de los diversos juicios que tiene el municipio, considerando que esa es mi labor fundamental como asesor de esta corporación, sin perjuicio de otras actividades que desarrollamos ocasionalmente ante consultas de carácter jurídico. Pero la labor principal es la atención de juicios. Les puedo informar que el devenir de estos procesos en el municipio se divide fundamentalmente en tres ámbitos: juicios civiles, juicios laborales y, en menor medida, recursos de protección, que demandan nuestra presencia y la representación de los intereses del municipio. En materia de juicios civiles, actualmente tenemos 14 pleitos: algunos en etapa terminal, otros en trámite y algunos en la Corte de Apelaciones. Por ejemplo, el juicio que en su oportunidad dedujo la empresa IMSA en contra del municipio, que ganamos en primera instancia. Hay un juicio del señor Montino, que también ganamos en primera instancia y está en la Corte. En otros no nos ha ido bien; me refiero, por ejemplo, al juicio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que demanda al municipio.

Recientemente, esta semana —el lunes, si mal no recuerdo—, la Ilustrísima Corte de Apelaciones desestimó nuestra apelación. Opuestos en segunda instancia, incluso planteamos alegaciones de pago y de prescripción, las que fueron rechazadas. Estamos estudiando los antecedentes para ejercer, probablemente, el recurso de casación ante la Corte Suprema, con el objeto de revertir el resultado. Hay un juicio también de FIGUS que ha generado inquietud: se trata de una demanda que la Universidad de Concepción presentó en contra del municipio. Se perdió el pleito por razones que no están del todo claras y el municipio no intervino en ese proceso. En su oportunidad me inhabilité, por cuanto soy trabajador dependiente de la Universidad de Concepción. En esa causa se embargó una propiedad, y la colega Andrea Sepúlveda está realizando gestiones para alzar dicho embargo. Finalmente, en materia de juicios civiles, existe un juicio histórico de Interfactor, iniciado aproximadamente el año 2009, correspondiente a una empresa de factoring que demandó al municipio. Esa causa no ha podido concluir, pues existe una deuda que no ha sido pagada. Eso como primera parte. En segundo lugar, siempre hay juicios laborales. Actualmente hay 12 juicios laborales en tramitación, de temática similar. En varios casos se trata de funcionarios o prestadores de servicios que trabajaban a honorarios y que, al ser desvinculados, demandan señalando que la relación que los unía con el municipio no era de honorarios, sino laboral, bajo subordinación y dependencia. Ello determina que el municipio sería responsable no solo de pagar los 800 mil pesos, el millón de pesos o lo que corresponda por concepto de honorarios mensuales, sino que, además, debió enterar cotizaciones durante el período en que se prestaron servicios y, al término, pagar indemnización por años de servicio. Esta materia es recurrente en la administración pública, no solo en municipios, sino también en secretarías ministeriales, entre otras. La jurisprudencia, diría, está bastante consolidada a favor de los demandantes cuando acreditan que no solo debían concurrir eventualmente a la municipalidad o presentar informes, sino que asistían diariamente, cumplían horario, etc. En esos casos, los tribunales suelen acoger las demandas y condenar a los municipios. Por ello, como dice el refrán, es mejor un mal arreglo que un buen juicio; hemos procurado llegar a acuerdos, el último de los cuales fue hace algunos meses. Hoy tenemos algunas causas en esa línea en trámite. La otra arista corresponde a demandas de tutela. Hay personas que han demandado al municipio alegando vulneración de derechos fundamentales —dignidad, honra, no discriminación—, sea al término de la relación o incluso con vínculo vigente. En estas materias, los tribunales son más exigentes en cuanto a la prueba necesaria para tener por acreditados los hechos, y ese es básicamente nuestro foco en lo laboral. Finalmente, una arista no tan relevante, pero que ocasionalmente genera actividad, son los recursos de protección promovidos contra el municipio: personas que alegan vulneración del derecho de propiedad, por ejemplo, o respecto de la forma en que se realizó un procedimiento. Me estoy acordando del último que informamos, en donde...

Abogado: El diagnóstico es un poco mejor en cuanto a que normalmente nos va bien en esas temáticas. Esta es una exposición genérica de los casos, sin perjuicio de estar disponible para responder lo que estimen pertinente sobre estos asuntos. Alcalde: Bien, vamos a dar la palabra. Concejala. Concejala Lorena Veloso: Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen por Facebook. Abogado, lo primero que quiero consultar es lo siguiente: usted señala que informó, pero el alcalde no estaba en conocimiento. El alcalde llegó el 6 de diciembre y, por lo tanto, no estaba informado de lo que estaba sucediendo con el terreno que ahora figura a nombre de la Universidad de Concepción. Usted dice que informó, pero cuando él asumió nuevamente como alcalde, usted no le informó a él; y, por lo tanto, él es su jefe. No sé a quién informó. Si yo no lo informo aquí en el Concejo, el alcalde habría seguido ignorante de lo que estaba pasando. ¿Qué puede decir de eso? Abogado: Lo que puedo informar, señora concejala, es que cuando me preguntan por la causa, siendo franco, tuve la misma reacción del señor alcalde: no recordaba qué había ocurrido. Busqué en mis correos y encontré un mensaje remitido a la señora administradora municipal, en el cual manifestaba mi inhabilidad para intervenir en ese pleito y adjuntaba un escrito que debía presentarse en la causa. Francamente, después me desentendí del tema; no seguí el proceso porque entendí que no era un juicio que estuviera a mi cargo. Concejala Lorena Veloso: Sí, pero usted, como dice, está a cargo de querellas. Si estaba inhabilitado, debería haber obrado en consecuencia. Yo también consulté al exalcalde: usted no le envió un correo al exalcalde. Abogado: No. Se lo remití a la colega que prestaba servicios para el municipio. Concejala Lorena Veloso: A mí me parece —y creo que muchos pensarán igual— que usted debió enviárselo a Jorge Contanzo, porque él era su empleador, no su colega. Y también me parece una irresponsabilidad que, cuando llegó don Ricardo Fuentes como alcalde, usted no se presentara y le mostrara todas las querellas. No habría sucedido lo que está ocurriendo ahora, porque esto se ganó el 7 de julio, no antes. Abogado: Mi contratante es el municipio, no el alcalde de turno. Desde luego, las cosas siempre se pueden hacer mejor. En su momento estimé —bien o mal— que poner en conocimiento mi inhabilidad a quien además prestaba servicios jurídicos al municipio era suficiente. Tal vez el procedimiento debió ser distinto. Normalmente mi interacción es con la administradora municipal y con la colega que estaba en ese tiempo, en el entendido —y puede que esté equivocado, señora Veloso— de que el alcalde, sea don Ricardo o el anterior, quizás no dispone de tiempo para ver estas materias, que se pueden coordinar con las personas que ejercen las funciones destinadas a ello. Pero insisto: siempre se puede hacer mejor. Lo positivo es que se puede pedir el alzamiento de ese embargo. Tenemos antecedentes jurisprudenciales que avalan ese planteamiento. En una causa de Interfactor, hace un par de años, se embargó también una propiedad del municipio y, por aplicación de la legislación que establece que los terrenos municipales destinados a equipamiento municipal no son embargables, se van a arbitrar las medidas —entiendo— para solucionar esto. Concejala Lorena Veloso: Sí, pero, como le digo, eso es... A mí me parece que...

—Me parece muy grave y espero que no vuelva a suceder. Independiente de que se le haya instruido a través de una colega, aunque se lo dijera directamente su jefe, el alcalde. Eso es lo que yo entiendo, porque nosotros no somos sus jefes; es el alcalde. Me parece grave que una propiedad que lleva años siendo de nuestra comuna y de todos los hualquinos ahora esté en manos de la universidad. Estoy de acuerdo en que a la universidad hay que pagarle, porque hizo un trabajo y, por lo tanto, ese trabajo se debe pagar. No está en discusión: ellos tienen que recibir su dinero, porque vinieron a hacer un trabajo para la municipalidad, para los niños. Lo que sí, las propiedades que son de todos los hualquinos no pueden, por ningún motivo, volver a ser embargadas; se debe luchar para que ese terreno vuelva a manos municipales. —Permítame precisar que el terreno sigue siendo de dominio del municipio; que se haya trabado un embargo no significa que se haya perdido el dominio. Aún existen instancias pendientes para buscar una solución, y entiendo que la colega que se está haciendo cargo del asunto lo está viendo, considerando que yo me inhabilité dado mi carácter de trabajador dependiente de la universidad. —Exactamente. Pero si yo no lo hubiese dado a conocer, abogado, y se lo digo con mucho respeto, hasta el día de hoy no habríamos sabido nada; habría quedado todo tal cual. Me alegra haber planteado el tema y haber traído antecedentes para que se tomaran cartas en el asunto y se realizaran las gestiones que corresponden. Segundo: también sé que usted no ha concurrido a muchos juicios; incluso hay un juicio de don Alberto —no daré el apellido— en el que usted interpuso un incidente de nulidad que no fue acogido, y ahora no sé si debe pagar la municipalidad por eso —son $200.000—, o los paga usted por no haber asistido. Usted interpuso un recurso de nulidad que no fue acogido y ahora se deben pagar esos $200.000. ¿Esos $200.000 los cobrará a la municipalidad o los pagará usted directamente? —A ver, no sé si hablamos del mismo caso, pero hay una demanda laboral que no se contestó dentro de plazo. Asumo mi responsabilidad; sin perjuicio de ello, hago presente que no recibí del municipio la notificación. A raíz de lo ocurrido, implementé en mi oficina una revisión periódica de las causas en contra del municipio para evitar que esto vuelva a ocurrir. Presentamos un incidente de nulidad, pero nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido, porque el acta de notificación señalaba que el documento había sido entregado aquí, en el municipio, a un funcionario. Eso de los $200.000, la verdad, no sé a qué se deberá. Si eventualmente fuera una suma que hay que pagar por haber perdido el incidente de nulidad, no tengo inconveniente en asumirla. —Por eso le pregunto. Mi asesor jurídico lo revisó, por eso se lo planteo con antecedentes. Si usted dice que esos $200.000 los pagará usted, me parece adecuado que reconozca los errores cuando corresponda. —Sí, los errores hay que reconocerlos. —Lo último: quería consultarle por la querella que se presentó hace mucho tiempo contra quien resultara responsable, porque no había nombres; hasta el día de hoy no hay personas individualizadas. Me gustaría saber en qué está esa querella. —Sí, esa querella que se presentó, me imagino que se refiere al tema del DAEM, señora concejal. Es una acción que en su oportunidad se dedujo, como usted bien lo indicó...

…contra quienes resulten responsables. Nos pareció prudente aquello, en atención a que no puede uno, de manera irresponsable, imputar responsabilidades. Es una causa que está en el Ministerio Público, vigente en la etapa investigativa, pero desformalizada. ¿Qué significa eso? Que, hasta el día de hoy, el fiscal de la causa no ha decidido si formaliza a alguien o no; es decir, si imputa a alguien responsabilidad por algún hecho de aquella investigación. Como señalé en un Concejo anterior al que asistí, las causas penales lamentablemente suelen tomar bastante tiempo; y cuando digo bastante tiempo me refiero incluso a años. Ese es el estado del proceso y de la investigación a la fecha. Es importante señalar que el Ministerio Público es el único órgano que decide si formaliza a alguien o no, y, de hacerlo, a quién le imputa cargos. En ese contexto, entendemos que la Fiscalía está haciendo su labor; esa labor puede terminar sin formalizar a nadie, o con una persona formalizada, dos o tres, según lo decida soberanamente el Ministerio Público. Eso puedo informar. —¿Pero esa querella usted la sigue llevando? Eso quería consultar. Y, lo último, que se recupere el terreno; para mí eso es lo más importante. El terreno, como le digo, jurídicamente sigue siendo del municipio, y entiendo que se harán las gestiones para ver con la universidad una fórmula de pago. Entiéndame: no puedo verla yo, porque soy empleado de la universidad y prestador de servicios municipales. —Estoy claro de que usted no puede; y, por lo sucedido, como nunca se presentó nadie para representar a la municipalidad, estamos como estamos. Eso sería. Muchas gracias. Concejal Valdivia.—Gracias, alcalde. Primero que todo, muy buenas tardes. Alcalde; señora Gilda Fernández; don Óscar San Martín; concejales; público presente y quienes nos están viendo en redes sociales. Señor Villena, muy buenas tardes. Un gusto conocerlo. —Igualmente, señor. Mi primera consulta, o más bien aclaración: tengo entendido que, bajo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, usted puede brindarnos asesoramiento jurídico, tanto a los concejales como al alcalde, en nuestra calidad de autoridades. Quisiera formular una pregunta en relación con el artículo 79, letra h), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Me gustaría, primero, que usted, como jurídico de la municipalidad, manifestara qué sucede cuando los acuerdos de Concejo se solicitan y no se cumplen los plazos tentativos para su ejecución o respuesta. Me parece pertinente la pregunta porque, en la sesión número 16 del Concejo, solicité, mediante acuerdo, un informe para conocer el número de denuncias recibidas en el marco de la Ley N° 21.643, Ley Karin. Hasta el día de hoy, estimado abogado, no ha habido una respuesta al respecto, siendo que esto fue aproximadamente en mayo. Así, ha habido varias solicitudes del Concejo, dentro de la normativa, que no se han cumplido. Me gustaría que usted pudiera explicarle a la comunidad qué sucede al no cumplirse estos requerimientos cuando el Concejo Municipal, como órgano colegiado, solicita un acuerdo. ¿Cuántos son los días para responder y qué ocurre si no se cumple ese acuerdo? Esa es mi primera pregunta. —A ver, si se trata de un acuerdo adoptado en un Concejo y se formula alguna consulta respecto de cualquier temática —en el caso que usted plantea, relacionada con el número de denuncias por Ley Karin—, la persona…

La destinataria de la solicitud debe dar respuesta en tiempo y forma. Puede haber imponderables que influyan, pero si las respuestas no se entregan dentro de los plazos, corresponde al Consejo, en uso de sus facultades, poner los antecedentes en conocimiento de la superioridad jerárquica para que adopte las medidas que estime pertinentes. Me imagino —desconozco el detalle de lo informado por el señor Valdivia— que ese oficio se dirigió a una persona determinada para que respondiera el requerimiento; por ello, estimo razonable, por decirlo de algún modo, cursar un ultimátum al destinatario del informe, bajo apercibimiento de que, si no responde, se arbitrarán las medidas que correspondan. Quienes ejercemos funciones públicas estamos obligados a cumplir las labores que se nos encargan; de no hacerlo, se incurre en una falta que puede acarrear responsabilidades. En segundo término, tengo entendido que trimestralmente —y puedo estar equivocado— usted debería entregar un informe al Consejo Municipal. Al menos así se nos indicó en su oportunidad conforme al funcionamiento del Consejo y a las normas que rigen nuestras competencias. En este momento no tengo el artículo preciso; sin embargo, si me da su correo, puedo hacerle llegar el documento, porque esa asesoría, hasta el momento, no existe. Tengo otra pregunta. ¿Le contesto eso de inmediato? Sí, por favor. No tengo inconveniente, y ya lo manifesté en un Consejo anterior: todos los meses emito un informe que da cuenta de las causas en trámite y de sus principales novedades. Es un documento público que puedo remitir al Consejo Municipal con periodicidad mensual, bimestral o trimestral, según estimen. Es el fundamento de mi trabajo y del cobro de mis honorarios, por lo que es plenamente pertinente que cualquiera de ustedes acceda a él. Si me facilita su correo, puedo enviar el informe de agosto —que remití el 1 o 2 de septiembre—. Habitualmente emito el informe los primeros días del mes; por ejemplo, mañana enviaré el informe pertinente y, con su correo, se lo remitiré mensualmente. Sería muy bueno, señor Villena, porque en nueve meses no hemos recibido ninguna entrega al respecto. Me gustaría formular una segunda consulta. Existe mucha suspicacia en la comunidad respecto del traspaso del DAE, el aparato educacional, a la corporación. Teniendo usted la experticia de abogado y dejando de lado términos jurídicos para que nuestros vecinos entiendan: ¿en qué está ese proceso?, ¿a qué se debió?, ¿quiénes son las partes involucradas?, ¿cuánto tiempo lleva? En síntesis, por favor. Trataré de explicarlo de la manera más simple posible. El traspaso del DAE ha sido un tremendo dolor de cabeza. Desde distintos puntos de vista hubo informes de Contraloría que objetaron algunas formas de proceder; por ello se presentó una acción que actualmente investiga la Fiscalía. Hubo rendiciones que en su oportunidad no se efectuaron. En algún momento se habló de una deuda —no soy muy bueno para los números— de 5.000, 6.000, una cifra enorme. El año pasado, con el concurso de la señora Administradora Municipal y a solicitud del señor Alcalde, logramos que la autoridad pertinente, la Superintendencia de Educación, abriera una nueva ventana para enviar la información.

Porque, según se nos manifestó, había respaldo de muchas de las cuestiones que estaban pendientes. Entiendo que ese es un trabajo que se hizo y, la verdad, es que hoy día ya no son miles de millones de pesos; existen algunas partidas pendientes, pero el asunto ha sido manejado en buena forma. El DAEM, en cuanto a su traspaso, fue un dolor de cabeza, como les digo, porque, no olviden ustedes, que en la administración del señor alcalde anterior se determinaron sumarios administrativos y el establecimiento de responsabilidades, que se hicieron efectivas en contra de personas que trabajaban allí, algunas de las cuales han accionado en contra del municipio. Tenemos todavía un juicio pendiente, pero yo le diría, tratando de ser lo más sencillo en la explicación y acogiendo su solicitud en ese sentido, que, si bien ha habido cuestiones complejas, estas no son tan grandes como se dijo en su momento, y el establecimiento de responsabilidades ha funcionado; en algunos casos, podemos decir que están en desarrollo, y seguramente este año o el próximo el asunto tendrá que concluir de alguna manera. Esperaba, voy a ser honesto con usted, sin ofender ni molestar —me hago responsable de lo que digo—, una periodicidad respecto de la situación: desde cuándo se arrastra, cuál es la cuantía, dado que usted lleva el caso. Esperaba una respuesta más exhaustiva y puntual sobre la situación que usted maneja como jurídico de nuestra municipalidad, con un tema tan álgido como es este traspaso, que ha traído tanta controversia social y política en nuestra comuna. Sería importante que se aclarara. Sé que no depende de usted en lo inmediato, pero sí que la causa vaya agilizándose y se realicen las diligencias correspondientes. Eso sería. Me comprometo con usted, señor concejal, a enviarle un informe más detallado, tanto de lo judicial como de lo extrajudicial; quedaré atento a su correo electrónico para cumplir aquello. Sí, le agradecería la exhaustividad en eso. Muy amable. Gracias, que tenga buen día. Igual. Buenas tardes, alcalde; buenas tardes, colegas; buenas tardes a los funcionarios, personas presentes y quienes ven por redes sociales. Señor Villena, como dice el concejal Randy Valdivia, a diez meses de que ingresamos acá, un gusto conocerlo. Me hubiese gustado conocerlo los primeros días para haber sabido qué problemas tenía la municipalidad en los casos que llevaban los abogados. Escuchaba muy concentrado sus palabras sobre el tema del terreno que la Universidad de Concepción tomó. Usted me dice que trabaja también con la Universidad de Concepción, ¿cierto? Obviamente, por motivos laborales. Pero, ¿por qué no se vio la oportunidad de buscar otro abogado para defender a la municipalidad en ese tiempo, si usted no podía defenderla como abogado municipal? Claro, como expliqué y vuelvo a manifestar, cuando tuve conocimiento de la existencia de esta demanda, hice presente mi inhabilidad. Envié un correo electrónico con un escrito en que constaba una presentación que se haría en la causa por otra colega. Me desligué del tema, pensando que estaba resuelto y que ya no era de mi responsabilidad tenerlo dentro de mi radar de causas pendientes. Así como les dije al comienzo, tenemos 14 juicios civiles, causas laborales y recursos de protección. Entendí que ya no era de mi resorte la supervisión de ese proceso, atendido a que no tengo la objetividad para representar en un juicio intereses de mi empleador, que es la Universidad de Concepción, y de mi mandante, que es la Municipalidad de Hualqui. Lo dije francamente. A lo mejor el error fue olvidarme del asunto y entender que ya no era de mi resorte el seguimiento del proceso. Lamentablemente, por ese olvido, ahora estamos en un litigio con la Universidad de Concepción y, por ese lado, lo veo un problema álgido. Lo otro: ¿por qué no se ha presentado a varias, cómo se podría decir, entrevistas o litigios con personal de la municipalidad que ya no está acá? Me refiero a que hay varios juicios a los que usted no ha asistido y que tienen a la municipalidad demandada. A ver, en algunos casos le pido a alguien de mi oficina...

— …que me represente, porque a veces hay conflicto de intereses. Le voy a poner un ejemplo: el lunes 22 de septiembre teníamos dos audiencias de juicio a las 12:00 horas, en dos procesos contra el municipio. Entonces, no puedo desdoblarme y debo recurrir a algún colega de mi oficina, de mi estudio, para que represente al municipio en esos casos. — Lo que sí debo reconocer, hidalgamente, es que hay un proceso —parece ser el mismo que señaló la concejal Veloso— en el que no llegué a la audiencia. ¿Y sabe por qué no llegué? Porque me confundí: pensé que la audiencia era a las 9:30 y era a las 8:30. Debo reconocerlo. Represento al municipio hace, aproximadamente, 8 años —no he sacado las cuentas— y es primera vez que me ocurre. Llegué al Tribunal del Trabajo de Concepción a las 9:20, con 10 minutos de anticipación, como me gusta llegar, y pregunté por mi audiencia. No aparecía en la pantalla. Ingresé, consulté a los funcionarios y me dijeron: “La audiencia era a las 8:30”. Me equivoqué. Lo reconozco. No tengo otra justificación que decir que me confundí. No conozco al demandante, no sé quién es; no estoy tratando de favorecerlo en nada. Nobleza obliga. — El tema —señor Villino— es que yo no tengo nada en contra de los funcionarios que tienen demandas contra la municipalidad por su trabajo, pero por esas confusiones la municipalidad termina pagando demandas millonarias; tenemos que sacar plata de otras áreas para poder pagarlas. — Sí, claro. Y el punto aquí, con todo respeto, es que estamos chocando en usted. Porque de las demandas usted tiene que hacerse cargo: usted es el abogado municipal. — Sí, por supuesto. Me hago cargo y me he hecho cargo en más del 90 o 95% de las causas. Lo que no puedo asegurar es si los juicios los vamos a ganar o los vamos a perder, porque eso no depende solo de mí. Nosotros aportamos las pruebas, llevamos los antecedentes, y es el tribunal el que resuelve. El tribunal puede darnos la razón o dársela al trabajador. En materia laboral —hay estudios que lo avalan—, particularmente en Concepción, cerca del 90% de los juicios los ganan los trabajadores. Uno se defiende, aporta antecedentes, sin duda, pero la decisión última es del tribunal. — Si me quiere reprochar algo, lo único que puedo aceptar —y lo acabo de señalar— es que el otro día me equivoqué en una audiencia. En los demás casos, que ganemos o perdamos depende del trabajo, sin duda, pero la decisión final es de los jueces. Siempre que hay un juicio, hay una contingencia: una opción de ganarlo o perderlo. Si me piden que ganemos todos, no me puedo comprometer a eso; como tampoco puedo decirle que los vamos a perder todos. Cada juicio es un proceso en sí, con sus bemoles, con aspectos positivos y negativos, con nuestras fortalezas y debilidades. — Por ejemplo, en materia de honorarios —lo decía al comienzo—, en demandas de honorarios normalmente las municipalidades pierden. Y no le pasa solo a la Municipalidad de Hualqui; le ocurre a todas las entidades públicas en Chile. Porque, en la realidad, muchas veces no se trata de prestadores a honorarios; se trata de trabajadores. Es un error que comete el Estado, no solo los municipios. No es un problema del alcalde 1 o del alcalde 2, del municipio 1 o del municipio 2; es un problema del Estado en general. — Alcalde, yo, con todo respeto y sin desmerecer su trabajo, preferiría que tuviéramos un abogado 100% dedicado a la municipalidad. Sé que de repente no dan los sueldos, pero deberíamos contar con una persona que esté dedicada totalmente a la municipalidad. Porque, lamentablemente, por tener usted un contrato con la Universidad de Concepción tenemos un problema con un terreno. — No, eso no es efectivo. — Bueno, cada uno es libre de tener el juicio que estime pertinente. Esa decisión, señor concejal, no me corresponde a mí. Son ustedes quienes deben decidir si necesitan un abogado a tiempo completo.

Muchas gracias, señor Villena. Tengo una sola pregunta breve. Gracias, alcalde. Señor Villena, no sé si usted estaba al tanto de una situación ocurrida en la municipalidad en el mes de junio, relativa a la adulteración de documentos públicos, específicamente permisos de circulación. Sumado a ello, quisiera saber si conocía un eventual fraccionamiento de compras realizado desde la Dirección de Finanzas, en particular desde la Oficina de Adquisiciones, donde un funcionario llegó a comprar tres veces en el mes mediante Compras Ágiles, e incluso dos veces en un mismo día. Como usted sabe, en derecho público aquello podría configurar una situación dolosa. Se nos informó en su momento que la causa estaba en Fiscalía, porque la adulteración de documentos es un delito. Estuvo Contraloría en el municipio, instancia a la que se acudió gracias a la investigación realizada por concejales. Me gustaría saber cuál es el número de causa; entiendo que, al llegar este litigio a la municipalidad, nosotros no tenemos mayor profundidad en el tema. ¿Está usted al tanto del número de causa? ¿Sabe en qué va ese proceso? Es un asunto gravísimo para la municipalidad y, dado que hoy estaba en tabla la asistencia del representante jurídico, doy por hecho que estas materias están en conocimiento. No, la verdad no conozco el detalle de los antecedentes que usted me refiere, señor concejal. No estaba al tanto. Recuerdo haber tenido alguna conversación con la administradora municipal al respecto. No sé si se hizo la denuncia; entiendo que sí. El deber funcionario es denunciar y poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, y eso estaría cumplido. Lo que no hemos hecho, y eventualmente se podría hacer si se me instruye, es presentar una querella criminal para colaborar con el Ministerio Público en la determinación de responsabilidades. Lo voy a conversar con quien corresponda para coordinarnos en torno a ello. Eso sería muy pertinente para poder ver esos procesos. Tengo entendido que el proceso sumarial comenzó el 6 de junio; no sé si usted está al tanto de eso también, quizás de orden interno. En materia de sumarios tengo muy poca injerencia porque se tramitan internamente. Era para ponerlo al día que comenzó el 6 de junio. Estamos a 1 de octubre y no hemos tenido información, entendiendo los plazos procesales. En fin, sería un gusto después poder conversar con usted como concejal; me orienta en algunas cosas. Muy amable. Gracias. Gracias, alcalde. Hay algunos puntos en los que concuerdo plenamente con mis colegas. Me preocupan los canales de comunicación, porque los procesos que se llevan en el municipio lamentablemente no nos llegan en informes formales, y creo que sí se nos debe informar para estar al día, no solo a quien lo solicita, sino a todo el Concejo en pleno. También me preocupa la comunicación entre usted y el municipio, porque la autoridad máxima es la responsable ante este tipo de situaciones, y que no esté en conocimiento de alguna causa es responsabilidad del abogado que se le paga al municipio. Concuerdo con el señor Sabando cuando señala que deberíamos contar con un abogado independiente que lo asista en distintas situaciones y eventos. Pero, sobre todo, me preocupa la comunicación: debe haber una conectividad más clara, un protocolo establecido, con respaldo de que se entregó la información y cómo se hizo. El correo puede servir como evidencia, pero existe la Oficina de Partes, que es el canal oficial dentro del municipio.