El acta de la sesión número 68 se declara aprobada. El acta de la sesión 69 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
Buenos días. Han llegado los siguientes documentos a la Secretaría de la Cámara. Acusación constitucional deducida por las diputadas señoras Cicardini, doña Javiera Morales y Musante, y por los diputados señores Aedo, Barrera, Ilabaca, Maya, Manouchehri, Mellado, don Cosme, Santana y Soto, don Leonardo, en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Antonio Ulloa Márquez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, número 2, letra c), de la Constitución Política de la República, y 37 y siguientes de la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Oficio del Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Oficio del Presidente de la República, por el cual se hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: aprueba las enmiendas al convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, adoptadas por la Asamblea Ordinaria de dicha organización el 8 de diciembre de 2021; y el que modifica la ley 21.349 para rebajar el monto de las multas que indica y establecer criterios para su graduación. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos: el que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica; el que establece un nuevo Código Penal; el que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor, y establece otras modificaciones que indica; el que permite a las personas solteras postular en igualdad de condiciones a subsidios habitacionales; y el que modifica la ley número 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica. En quinto lugar, oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado con enmiendas el proyecto iniciado en mensaje y crea...
Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos.
Segundo informe de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, recaído en el proyecto iniciado en moción, con urgencia calificada de discusión inmediata, que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación.
Informe de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, recaído en el proyecto iniciado en moción, que prohíbe subcontratar servicios de teleoperadores que funcionen fuera del territorio nacional.
Segundo informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, recaído en el proyecto iniciado en moción, que modifica la Ley N° 18.290, de Tránsito, para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hirsch, Fuenzalida y Saffirio, y de las diputadas señoras Gazmuri y Nuyado, que modifica la Ley 21.442, de Copropiedad Inmobiliaria, en materia de administración y protección de los intereses de los copropietarios.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Arce, Medina, Rojas y Schneider, y de los diputados señores Barría, Barrios, Giordano y Maya, que modifica la Ley 21.109 para anticipar la aplicación de las normas que indica a los asistentes de la educación del sector municipal.
Y, finalmente, proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón, Morales, doña Carla y Rafael, y de los diputados señores Castro, González, don Mauro, Sauerbaum, Ulloa y Undurraga, don Alberto, que modifica la Ley 21.561 para aplicar gradualmente el descanso anual compensatorio por reducción de la jornada laboral a los conductores del transporte de carga terrestre interurbano.
Es toda la Cuenta, Presidente.
Muchas gracias. Se ofrecen palabras sobre la Cuenta.
No hay palabras sobre la Cuenta.
Pasamos entonces al sorteo de la acusación constitucional, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Corresponde elegir a la suerte, y con exclusión de los acusadores y los miembros de esta Mesa, una comisión de cinco diputadas y diputados para que informe si procede o no la acusación constitucional deducida por las diputadas Daniela Cicardini, Javiera Morales y Camila Musante, y por los diputados Eric Aedo, Boris Barrera, Marcos Ilabaca, don Luis Maya, don Daniel Manouchehri, don Cosme Mellado, don Juan Santana y Leonardo Soto, en contra del ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, don Antonio Mauricio Ulloa Márquez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 2, letra c), de la Constitución Política y en los artículos 37 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Tiene la palabra, para dar efecto a ello, el señor Secretario.
Buenos días. Con la venia de la Sala, me permito informar a las señoras diputadas y a los señores diputados que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se procederá a excluir del sorteo a las señoras y a los señores diputados que indicaré, por las razones que en cada caso me permito señalar.
Por ser patrocinantes del libelo acusatorio:
El diputado Eric Aedo Jeldres, número 2.
El diputado Boris Barrera Moreno, número 12.
La diputada Daniela Cicardini Milla, número 35.
El diputado Marcos Ilabaca Cerda, número 62.
El diputado Luis Maya Valenzuela, número 77.
El diputado Daniel Manouchehri Lobos, número 78.
El diputado Cosme Mellado Pino, número 83.
La diputada Javiera Morales Alvarado, número noventa. La diputada Camila Musante Miller, número noventa y seis. El diputado Juan Santana Castillo, número ciento treinta. Y el diputado Leonardo Soto Ferrada, número ciento treinta y ocho. Por ser miembro de la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado José Miguel Castro Bascuñán, número treinta y tres. El diputado Gaspar Rivas Sánchez, número ciento veinte. El diputado Eric Aedo ha sido excluido por ser patrocinante del libelo. Por encontrarse en la situación prevista en el artículo sesenta y uno de la Constitución Política de la República, el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, número ciento uno. La diputada Catalina Pérez Salinas, número ciento nueve. Silencio, por favor. Muy bien, pasamos entonces al sorteo. Señor Secretario, dé lectura al primer sorteado. Número ochenta y seis, diputado José Carlos Meza Pereira.
Segundo sorteado, 141: diputado Hotuiti Teao. Tercero sorteado, 132: diputado Franz Sauerbaum Muñoz. Cuarto sorteado, 112: diputada Alejandra Placencia Cabello. Y, por último, quinto sorteado, 17: diputado Gustavo Benavente Vergara.
Dará lectura el señor Secretario a la nómina completa de los sorteados.
Con la venia, Presidente, han resultado sorteados los diputados José Carlos Meza, Hotuiti Teao, Franz Sauerbaum, Alejandra Placencia y Gustavo Benavente.
Habiéndose realizado el proceso, pasamos a la tabla. Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, originado en moción, que dicta normas sobre la protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales, correspondiente al boletín N° 16.886-12. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado Hernán Palma.
Gracias, Presidente. Buenos días, honorable Sala. Presidente, de acuerdo con la organización Escazú Ahora y su segundo informe del año 2024, se da cuenta de un fenómeno alarmante: 47 personas defensoras ambientales agredidas en total; el 50% de los casos fueron agresiones físicas o intentos de homicidio. El año 2024, además, registró la extraña desaparición del lonco Ramón Chihuay, impulsor de la ley de espacios marítimos costeros de pueblos originarios, en extrañas circunstancias. Solo un 2% de las y los defensores víctimas de agresiones acceden a la justicia, lo que denota deficiencias en nuestro orden jurídico interno y la necesidad de impulsar una iniciativa legislativa como esta.
Consultada la ciudadanía, Presidente, el 67,7% de la población está de acuerdo con entregar asesoría legal a las víctimas; el 61,8% está de acuerdo en que este tipo de delitos tenga un agravante penal, y el 67,7% en que exista una sanción penal a las personas jurídicas.
Presidente, es imposible abordar este tema sin referirse a Julia Chuñil. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, levanté este tema junto a otras y otros colegas desde su desaparición, el 8 de noviembre del año pasado. Aclarar, por si la memoria nos falla, que ella fue una defensora y activista del bosque nativo frente a la amenaza de la deforestación en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos. Había sido hostigada insistentemente por un promotor de la deforestación que hoy día, merced a un audio de público conocimiento, resultaría involucrado en su lamentable desaparición.
Presidente, solicitamos además en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios dos sesiones secretas, a las cuales citamos al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior y Seguridad Pública, y en ambas sesiones...
No se presentaron, dando diferentes excusas, lo cual hizo fracasar estas sesiones. Y es lamentable que además se haya instalado una noticia falsa que nos hace recordar lo que pasó con Tomasito, un pequeño cuya desaparición y muerte fue imputada a un familiar directo. En este caso también se pretendió involucrar a la familia. Envío un cariñoso saludo a Escazú. Ahora, vamos con toda la fuerza a apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, Diputado. Tiene la palabra doña Ana María Bravo.
Gracias, Presidente. Desde hace 11 meses la familia de Julia del Carmen Chuñil Catrigura vive una angustia que ninguna familia merece. La incertidumbre de no saber qué ocurrió con su madre les ha arrebatado la tranquilidad, pero no la fuerza para seguir buscando justicia. Han agotado todas las instancias a su alcance y, sin embargo, a casi un año de su desaparición, pese a los graves antecedentes revelados la semana pasada, aún no existen avances significativos en la investigación.
Julia, junto a su fiel compañero Cholito, salió a realizar su caminata habitual y nunca regresó. No hablamos de cualquier mujer: Julia es reconocida en su comunidad por su compromiso con la conservación del bosque nativo y por la defensa de los derechos territoriales de su pueblo. Ese compromiso le significó ganarse el odio de quienes, movidos por la codicia, buscan apropiarse de tierras que no les pertenecen y que están dispuestos a todo, incluso a atentar contra la vida de una mujer de 73 años y su mascota.
La historia de Julia, lamentablemente, no es un hecho aislado. Sabemos que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, siendo las indígenas y rurales las más afectadas. Y sabemos también que la violencia contra defensoras ambientales está en aumento, revelando cómo la crisis climática profundiza las desigualdades de género y pone en riesgo a quienes se levantan en defensa de la naturaleza y de sus comunidades.
Por eso, colegas, no se trata solo de votar a favor de este proyecto; se trata también de exigir verdad, justicia y reparación para Julia y su familia. Se trata de que los organismos del Estado actúen con la seriedad y diligencia que la gravedad de este caso amerita, de que se avance en la investigación, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones que en derecho correspondan. Porque la justicia para Julia es también justicia para todas las defensoras y defensores ambientales que, desde la primera línea de los territorios, cuidan la vida, el agua, los bosques y nuestro futuro. Gracias, Presidente.
Muchas gracias, Diputada. Tiene la palabra la diputada Carolina Tello. A continuación, el diputado Félix González.
Muchas gracias, Presidente. Tramitamos por fin en Sala este proyecto que hace mucho la Comisión de Medio Ambiente ya despachó. Afortunadamente, la semana pasada el Gobierno reaccionó y le puso suma urgencia. Es muy urgente aprobarlo.
Hemos tenido noticias perturbadoras respecto de la desaparición de Julia Chuñil. No sabemos dónde está, el país no sabe dónde está, su familia no sabe dónde está. Y hay una deuda del Estado. Por eso también se están juntando firmas para una sesión especial en la que asista el Fiscal Nacional, a fin de presionar, Presidente, para que se aceleren las investigaciones y para que el Gobierno ponga todos los recursos necesarios para saber dónde está Julia Chuñil.
Nosotros no somos quienes deben determinar cuál es la verdad; para eso están la Fiscalía, las policías y los tribunales. Confiamos todavía en que se pueda llegar a los verdaderos responsables de su desaparición. Con el caso de Macarena Valdés, lamentablemente, al parecer jamás vamos a saberlo; su muerte sigue siendo un misterio. ¿Y qué tienen en común? Son defensoras ambientales.
Defensoras ambientales, y hay muchas otras Macarenas Valdés, y hay muchas otras Julias Chuñil en distintas regiones de este país. Tienen en común que el Estado no las protege; el Estado no protege a los defensores y defensoras ambientales. Más allá de la firma y ratificación del Tratado de Escazú al inicio de este gobierno, no ha pasado nada más. Hasta que el diputado Maya, Presidente, presentó este proyecto; lo tramitamos en la Comisión de Medio Ambiente y ahora esperamos que la Sala lo apruebe, ojalá por unanimidad. Porque las personas que nos dedicamos a la defensa ambiental estamos expuestas a presiones, a coerción y a amenazas. Por supuesto, yo soy diputado, tengo algunas herramientas diferentes, pero hay personas que están siendo perseguidas de distintas maneras, con amenazas directas e indirectas, con denuncias infundadas en tribunales, solamente para molestarles y hacerles gastar dinero en abogados. Es el momento de que el Estado establezca una protección efectiva para las y los defensores ambientales. No puede ser que tengamos otros casos como el de Julia Chuñil.
Saludamos a la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), quienes nos acompañan por los dos primeros proyectos. Les damos la bienvenida, un fuerte aplauso y esperamos que tengan un muy buen día.
Seguimos entonces. Le damos la palabra a… Don Carlos Bianchi no está; Don Tomás Hirsch tampoco está; Doña Camila Musante tampoco está. Doña Natalia Castillo.
Señor Presidente, diputadas, diputados y, sobre todo, defensoras y defensores de nuestros territorios: quiero hablar hoy desde la convicción más profunda. Proteger a quienes defienden el medio ambiente es proteger la vida misma. No se trata solo de reconocer su trabajo, sino de garantizar que el Estado deje de mirar para el lado cuando ellas y ellos son perseguidos, amenazados o silenciados.
En Chile, las mujeres campesinas son el corazón de esa defensa. Son ellas quienes, con sus manos, cuidan la tierra, siembran cosechas, resguardan el agua. Son las primeras en sufrir los efectos de la sequía, del abuso del suelo, de los proyectos extractivistas que muchas veces se imponen sin participación y sin respeto. Y por eso debemos decirlo con fuerza: de nada sirven las políticas verdes si el extractivismo sigue siendo el pan de cada día, si se siguen entregando concesiones sin control, si el agua sigue tratándose como una mercancía y no como un derecho.
El Estado tiene el deber de hacerse cargo, de una vez por todas, del resguardo de nuestros recursos naturales y también de quienes los defienden. No hay justicia ambiental posible cuando las defensoras desaparecen, cuando son amenazadas, cuando la violencia se normaliza o cuando se pretende callar a las comunidades que se oponen a proyectos que destruyen su entorno. Defender el agua no es delito; defender la tierra no es extremismo: es un acto de amor, de dignidad y de esperanza.
Las mujeres campesinas de Chile son las guardianas de nuestros valles, de nuestros ríos, de nuestra memoria. Son ellas quienes nos recuerdan que sin agua no hay vida —una frase cliché, pero realmente cierta— y sin vida no hay patria. ¿De qué nos sirve el Acuerdo de Escazú si no avanzamos en el resguardo efectivo de las personas defensoras ambientales? De nada vale firmar tratados verdes si quienes protegen la tierra y el agua siguen siendo amenazados, perseguidos o silenciados. Escazú debe ser más que un papel, más que una gira en Naciones Unidas o en cualquier evento o seminario internacional desde el Estado. Se requiere protección, justicia y vida.
…defensoras y defensores cuya labor se ve amenazada, poniendo en riesgo la libertad de expresión y delegitimando su lucha por la protección del medio ambiente. Son cuestiones que están pasando en nuestro país, pero que pareciera no salen en las páginas de los diarios de la prensa hegemónica vigente. Por eso, en este Congreso Nacional hay una tarea moral y política: asegurar que el Estado proteja a quienes protegen la naturaleza, con leyes efectivas, con recursos, con acompañamiento real. Porque cuidar a quienes cuidan es el futuro de Chile. Justicia para Julia Chuñil, Macarena Valdés y Alejandro Castro. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Vamos a saludar el día de hoy a la Escuela Santana de Valparaíso, el séptimo básico que se encuentra en nuestras tribunas, invitadas por la diputada Chiara Barchiesi y a cargo de don Mauricio Gallardo, que se encuentra también en nuestras tribunas. Les damos la bienvenida y un fuerte aplauso de esta Cámara de Diputadas y Diputados por hacerse presente el día de hoy. Esperamos que tengan un excelente día y una excelente experiencia.
Vamos a dar la palabra ahora a doña Viviana Delgado. Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado. Y se prepara doña Daniela Cicardini.
Gracias, Presidente. He sido, soy y seré una defensora ambiental. Esta convicción es la que me trajo al Parlamento y desde aquí continuaré la lucha por proteger nuestras comunidades del abandono del Estado y de los abusos de las grandes empresas que siguen viendo nuestros territorios como tierra de nadie. Durante mis años como defensora he recibido amenazas, hostigamientos y presiones, como muchas y muchos de quienes levantan la voz en defensa de la vida, porque en este país todavía se castiga al que denuncia y se premia al que contamina.
En Maipú, Tiltil, Quilicura, Lampa, Pudahuel y Estación Central sabemos lo que es resistir. Somos zona de rezago ambiental donde se instalan los proyectos más dañinos: rellenos sanitarios, plantas industriales y vertederos que nadie quiere cerca de su casa. En Tiltil la gente convive con el desecho del país entero y en Maipú lo que antes fue tierra fértil hoy está marcado por los malos olores, las aguas contaminadas y las enfermedades respiratorias que golpean a los más pobres.
Por eso toma tanta fuerza el caso de Julia Chuñil, defensora ambiental que, por su lucha, ha sido silenciada. Su historia, como la de tantas otras, demuestra que la defensa del medio ambiente es un camino de valentía, pero también de riesgo y peligro. Es por ello que este proyecto de ley que he patrocinado es un paso fundamental, porque desde hoy quien amenace, agreda o violente a un defensor o una defensora ambiental será un delincuente ante la ley.
La defensa del medio ambiente es un deber ético, es amor al territorio y es justicia social. Lo diré con fuerza: seguiremos luchando para que las comunidades puedan vivir con dignidad y no asediadas por el miedo, la destrucción y la contaminación. Podrán tener el dinero, podrán tener los medios, podrán tener su nefasta ley de permisología, pero no tienen lo más importante: la razón y la convicción de un pueblo que lucha por vivir con dignidad. Porque, mientras ellos se reparten el territorio, nosotros, los defensores, con coraje y con historia, no nos van a callar. He dicho, Presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Daniela Cicardini.
Gracias. ¿Hasta cuándo en Chile defender la naturaleza es una sentencia de muerte? ¿Hasta cuándo el Estado mira para el lado mientras las y los defensores del medio ambiente son perseguidos, amenazados y desaparecidos? Esta ley no es un favor; es una tremenda deuda, una deuda con quienes han tenido el coraje de proteger lo que otros destruyen por codicia. Hoy quiero decir su nombre: Julia Chuñil.
Mujer mapuche, defensora de los bosques, de la tierra y del agua. Desaparecida, amenazada, ignorada. Julia no está. Y el silencio del Estado también la mató. Porque en Chile se protege más a las empresas contaminantes que a quienes defienden la vida. Y eso, colegas, es una vergüenza nacional. Esta ley debe decir con fuerza: basta ya. Basta de impunidad, basta de miedo, basta de naturalizar la violencia contra quienes cuidan lo que es de todos y todas. Defender la naturaleza no es un delito; es un acto de amor y de justicia. Y desde esta sala tenemos el deber de garantizar que nunca más una mujer, un dirigente o una comunidad pague con su vida el precio de defender su territorio. Por Julia Chuñil y por cada persona que resiste con dignidad, hoy decimos: nunca más solos, nunca más silenciados. Porque defender la naturaleza es defender la vida. He dicho, presidente.
Gracias, diputada Cicardini. Vamos a saludar también ahora al Colegio La Providencia de Linares, de tercero medio, que se encuentran aquí en nuestras tribunas, junto a don Francisco Quintanilla, de la región del Maule, quien se encuentra también en las tribunas. Les damos la bienvenida a esta Cámara de Diputados y les damos, por supuesto, un fuerte y cariñoso abrazo de parte de los diputados y diputadas que nos encontramos acá. Muchas gracias. Espero que sea un lindo día.
Vamos a darle la palabra ahora a la diputada María Francisca Bello. Tiene usted la palabra.
Presidente, los defensores y las defensoras ambientales son la voz viva de nuestros territorios. Defenderlos es defender la democracia. Este proyecto cobra aún más sentido en el contexto que hemos conocido hace algunos días, con la dolorosa y horrorosa desaparición de Julia Chuñil, mujer mapuche, adulta mayor, defensora ambiental, que lleva casi 11 meses desaparecida. Julia representa el coraje de tantas mujeres que cuidan la tierra, el agua y la vida. Su ausencia no puede quedar en silencio; debe ser un llamado urgente a proteger a quienes defienden lo que es de todos.
Pero también quiero mencionar el asedio político y judicial que enfrenta Aarón Cádiz, joven científico de Putaendo, perseguido por la empresa extranjera Vizcachitas Holding, cuyo único “pecado” ha sido proponer soluciones en base a la naturaleza y defender la cordillera de los Andes, el corazón hídrico de nuestro país. Lo que Aarón hace es lo que los verdaderos patriotas hacen: proteger la tierra que heredamos y que debemos dejar a las futuras generaciones. Tal como dice nuestro himno, presidente: “Majestuosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor”. Cuando una empresa extranjera que factura millones de dólares intenta amedrentar a un chileno que defiende su tierra, no solo agrede a una persona: se limpia las manos con nuestra bandera.
Mientras yo sea la diputada de Aconcagua, ni una empresa extranjera humillará a nuestros compatriotas ni destruirá nuestra cordillera, porque defender el agua, defender los glaciares, la naturaleza, la dignidad de nuestras comunidades es defender la soberanía y es defender nuestra patria. Voto a favor, presidente, de este proyecto por Julia, por Aarón y por quienes defendieron con su vida la naturaleza. Los defensores ambientales merecen no solamente un reconocimiento, sino toda nuestra protección. He dicho, presidente.
Gracias, diputada. Don Tomás Hirsch. Doña Consuelo Veloso. Doña Ana María Gasmuri. Tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados, hoy discutimos un proyecto que nace de la urgencia de proteger la vida, la dignidad y la voz de quienes se levantan en defensa de la naturaleza y los derechos medioambientales. No hablamos de una causa lejana; hablamos de personas de carne y hueso, de comunidades enteras que, al defender ríos, bosques y tierras ancestrales, han enfrentado amenazas, hostigamiento, violencia e incluso la desaparición. Quiero detenerme en un nombre que no puede quedar en el olvido: Julia Chuñil, mujer mapuche, lideresa comprometida con la defensa de su territorio, desaparecida en circunstancias que hasta hoy no han sido esclarecidas. Julia...
No es una cifra, no es un caso más. Su ausencia nos recuerda que en Chile todavía hay quienes pagan con su vida o con su libertad el simple acto de levantar la voz frente a la injusticia ambiental. Al igual que Macarena Valdés, encontrada muerta tras denunciar un proyecto hidroeléctrico, Julia Chuñil simboliza la crudeza del riesgo que enfrentan quienes desafían intereses económicos que no dudan en devastar ecosistemas y comunidades. Ambas historias son heridas abiertas que nos interpelan como sociedad y como Estado, y que se suman a los casos de Alejandro Castro, Marcelo Vega, Matías Catrileo y Nicolasa Quintremán. Honor y gloria a todos ellos.
Este proyecto de ley busca que nunca más un defensor o defensora de la naturaleza quede sin protección. Reconoce derechos concretos: trabajar en entornos libres de violencia, acceder a información ambiental, participar en las decisiones que afectan sus territorios, fiscalizar y coordinarse con organismos nacionales e internacionales. Establece, además, deberes claros para un Estado, el nuestro, profundamente en deuda: prevenir, investigar y sancionar toda agresión contra quienes defienden la vida. Y avanza en el ámbito penal, responsabilizando a personas naturales y jurídicas por delitos cometidos contra defensores y defensoras ambientales, elevando sanciones y cerrando espacios de impunidad.
Pero más allá del articulado, este proyecto representa un acto de memoria y de justicia, porque legislar en esta materia es decir que la vida de Julia Chuñil importa, que el silencio no es opción y que la democracia se fortalece cuando protege a quienes la nutren con su valentía. Colegas diputadas y diputados, aprobar esta ley no devolverá a Julia, ni a Macarena, ni a tantas y tantos que han sufrido, pero será una señal potente de que el Congreso de Chile asume su responsabilidad histórica: cuidar a quienes cuidan la tierra, el agua y la vida. Por Julia Chuñil, por cada defensor o defensora ambiental y por las futuras generaciones que merecen un país más justo y más verde, les pido votar a favor de esta iniciativa. He dicho.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo. Tiene usted la palabra.
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención valorando la lucha que muchos y muchas han realizado históricamente en favor de la defensa de la naturaleza. No puedo olvidarme de Luisa Valenzuela, quien, en el Distrito 20 que represento, ha levantado las banderas de la defensa del humedal Vasco da Gama, pelea que le ha causado múltiples problemas a nivel personal y que esta ley justamente viene a abordar. Porque acá conocemos el valor que las activistas medioambientales tienen en nuestra sociedad, y es por lo mismo que debemos, como Estado, garantizar sus derechos en todos los niveles posibles.
No es aceptable que, por defender las tierras de sus ancestros, Julia Chuñil haya sido asesinada tan cruelmente. No lo podemos tolerar, y ese caso nos recuerda las más grandes atrocidades cometidas por el dictador y sus secuaces. No es suficiente evidencia de los abusos que se cometen en contra de los territorios y de las personas que se plantan y hacen frente a quienes atentan contra nuestro entorno. Hemos sido testigos de los hostigamientos y las amenazas a quienes se han opuesto a los proyectos mineros en Penco, porque el progreso no puede significar un retroceso en la calidad de vida de los habitantes de un sector con proyectos que afectan sus territorios, sus aguas o su salud.
Son estas algunas de las razones por las que saludo esta iniciativa legal, que impone deberes claros al Estado para prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra defensores medioambientales. En este mismo contexto, valoro que las gestiones que he encabezado para concretar la instalación, en la región del Biobío, de una Brigada Investigadora de Delitos Ambientales de la PDI estén llegando a buen puerto, y que desde fines de este mes de octubre podamos contar con esta brigada en la comuna de Tomé.
En definitiva, valoro este proyecto de ley que pone en relevancia y defiende a quienes han liderado luchas históricas en favor de ríos, lagos o bosques: comunidades y organizaciones valientes que no han dudado a la hora de pelear por sus territorios y por la calidad de vida de quienes conviven en estos lugares. Por Julia Chuñil, por Luisa Valenzuela, por Macarena Valdés, por Isleña Antumalén y tantas otras, llamo a votar a favor de este proyecto de ley. He dicho, señor Presidente.
Gracias. Doña Camila Musante tiene la palabra.
Gracias, presidente. Cuando apoyamos este proyecto de ley —soy una de las patrocinantes—, lo que buscábamos era que el Acuerdo de Escazú no quedara simplemente en un acuerdo de buena voluntad, y que existiera un procedimiento claro y concreto para la defensa y protección de quienes defienden el medio ambiente, defienden la vida y nos defienden a nosotros mismos.
En esta discusión no podemos dejar de lado a Julia Chunil, porque cuando nos preguntamos durante once meses dónde está, ya sabemos dónde está: está muerta y fue quemada. ¿Por qué no se tomó declaración al hombre que, vía conversación telefónica interceptada, dijo que ella había sido quemada? ¿Qué pasa con la inacción de la justicia? ¿Acaso por haber sido defensora de la tierra, del agua y de la vida no tenía derecho a una investigación en tiempo y forma, presidente?
Y perdón que alce la voz, presidente, pero es que ella ya no puede alzar la voz. Alzó la voz en defensa de la tierra y la silenciaron para siempre. Es importante que lo digamos con fuerza en este Congreso Nacional, porque ya que esto no ocupa titulares en los grandes medios de comunicación ni se habla en los matinales, lo mínimo que podemos hacer es recordar que no se realizaron las diligencias debidas en la investigación, y eso es una falla de la justicia, presidente. Precisamente ese es el espíritu de este proyecto de ley: que los defensores ambientales cuenten con un procedimiento especial ante la justicia y que el Acuerdo de Escazú deje de ser solo un buen acuerdo de intenciones, y en la práctica se traduzca en la protección efectiva de la vida de quienes la defienden. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch.
Gracias, presidente. Hace unos días nos horrorizábamos con una noticia que parecía sacada de los peores momentos de Chile: al parecer, Julia Chunil habría sido quemada y desaparecida por uno de los sospechosos que la fiscalía investigaba. Esta es una noticia que debe ser investigada, y el paradero de Julia Chunil debe ser aclarado, porque cuesta creer que algo tan siniestro suceda en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que alguien pueda desaparecer por el solo hecho de defender su tierra, su comunidad, o el derecho a vivir en un medio libre de contaminación?
Lo trágico es que estos hechos sí son posibles, sobre todo con la cultura del patrón de fundo que subsiste todavía en nuestro país, donde pareciera que los derechos del patrón están por sobre una vida, y que una dirigente medioambiental es una molestia, un “algo” y ni siquiera un “alguien” al que hay que eliminar. Es la expresión máxima de deshumanización, presidente.
Ante esta cruda realidad, el proyecto que votaremos hoy se hace una necesidad imperiosa. Proteger con derechos especiales a quienes luchan por sus comunidades, por una vida digna o por los derechos humanos debería ser de sentido común; pero lo cierto es que, en un Chile donde avanza la intolerancia y la falta de respeto a los derechos mínimos, proteger esos derechos es una necesidad imperiosa que debemos fortalecer.
Este es un drama que se vive en toda nuestra región latinoamericana. Los grandes poderes económicos, la poderosa industria forestal, la gigantesca agroindustria han hecho lo suyo en muchos países. Colombia es el país que tiene más defensores medioambientales asesinados en toda la región: 461 desde el año 2012. México, con 93 desaparecidos y 185 asesinados. En Chile tenemos a Julia Chunil, a Macarena Valdés y a varios más. Y si no frenamos estos crímenes, en el futuro tendremos que enterarnos de nuevos casos.
Llamo a votar a favor de este importante proyecto de ley, que establece agravantes cuando ciertos delitos, ya sean económicos o contra la vida, se cometen contra un defensor medioambiental o de los derechos humanos por el solo hecho de serlo. No dejemos que esta actitud criminal y de amedrentamiento nos inhiba de seguir luchando por los derechos de las comunidades. La presunta muerte de Julia Chunil no puede ser en vano y nos debe unir a todos los sectores políticos a frenarlos.