Senado - Hacienda - 8 de octubre de 2025

En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Secretaría, dé cuenta. Presidente, se han recibido excusas de los dos invitados para el proyecto de AFIDE que está en tabla el día de hoy: don Matías Acevedo y FinteChile. En el caso de FinteChile, señalan que comparten las observaciones expuestas ayer por otros gremios y, por lo tanto, desisten de la invitación. Muy bien. Hagamos pasar a la Subsecretaria, por favor, y a las demás personas. Bien, Subsecretaria. Hoy teníamos dos invitados, FinteChile y don Matías Acevedo, quien ha tenido distintos cargos. Ambos se excusaron por distintas razones. Así que quisiéramos aprovechar para darle una vuelta al proyecto nuevamente y conversar. Quisiera abrir con lo siguiente. Cuando hemos escuchado a los expositores que han venido, en general se muestran partidarios y ven como una oportunidad la constitución del AFIDE. Suelen manifestar dos aprehensiones en las que el Gobierno ha señalado estar abierto a conversar: básicamente, el gobierno corporativo del AFIDE —cómo se nombra su directorio— y el tema de los créditos sindicados, esto es, qué porcentaje mínimo debe exigirse a los privados. Entre ayer y hoy aproveché de conversar con personas que no han venido a exponer acá, pero que tienen una opinión no favorable, para entender dónde están las discrepancias con el proyecto. Si las interpreto bien, se centran en lo siguiente: consideran, primero, que se están minimizando los costos operativos de una institución como esta, que en la práctica, sin ser banco, termina operando como banco. Necesariamente tendrá que hacer provisiones; no es banco, pero, contablemente, por norma IFRS probablemente habrá que reconocer provisiones y hacerse cargo del riesgo de crédito, que en este caso, además, es naturalmente más riesgoso y que, si esto lo hiciera un banco —por ejemplo, el Banco del Estado—, probablemente tendría que provisionar el 100% del crédito otorgado. Entonces, hay dudas respecto de cuáles serán los verdaderos costos operacionales del AFIDE. Estar sometido a la supervisión de la CMF también implica hacerse cargo de múltiples requerimientos, reportabilidad e información y, por lo tanto, contar con un staff dedicado al cumplimiento de esas obligaciones. Por otro lado, he podido detectar —y quisiera que nos lo expliquen bien— que muchos señalan que no parece, derechamente, una mala idea que la CORFO entre de lleno, ya sea a través del AFIDE o incluso ella misma...

En cuanto al esquema de prestar recursos que, en los hechos, termine convirtiéndose en una especie de banco de segundo piso, participando en créditos sindicados, preocupa por las presiones que inevitablemente acarrearía sobre las finanzas públicas, en un marco fiscal estrecho. Si estuviésemos en un contexto mucho más holgado —no diré que “la plata sobra”, pero con cuentas particularmente ordenadas y sin mayores presiones—, se podría considerar. Pero, tal como están las cosas, se ve como un riesgo sistémico respecto de hasta dónde pueden llegar estas obligaciones y préstamos, con las responsabilidades directas o indirectas que acarrean para el Fisco. Existe, además, una desconfianza hacia estas sociedades anónimas. Varias personas me lo ejemplificaron con el Fondo de Infraestructura, cuya creación autorizó el Congreso hace cuatro años. Su razón de ser era reinvertir en concesiones: tomar parte de los ingresos provenientes de ellas para profundizar estudios, nutrir carteras y apoyar licitaciones, dado que el MOP no tenía suficiente capacidad para estudiar nuevas concesiones. Sin embargo, con el tiempo, en vez de eso, empezó a transformarse en una sociedad que compra terrenos para el SERVIU y, según entiendo, también invierte en el cable de Humboldt. Son ámbitos que, al menos en el Congreso, no estaban en la cabeza de nadie al autorizar su creación. He podido detectar ese tipo de dudas y aprensiones respecto de AFIDE. No han venido a exponerse acá, pero me hago cargo de lo que he recogido en talleres hoy. Me gustaría que le diéramos una vuelta y lo pensáramos bien, haciéndonos cargo de las dudas que plantea gente que entiende del tema. No sé si el senador Macaya… Yo tengo una cuestión primero política y conceptual. Revisé las minutas que envió el Ejecutivo, particularmente la fundamentación del proyecto: las asimetrías o brechas que supuestamente no están siendo cubiertas hoy ni por la CORFO ni por BancoEstado ni por otras instituciones. Lo que enviaron fue un paper académico. Yo habría esperado una mirada más práctica y concreta sobre cuáles son los negocios que no se están pudiendo realizar en la industria del venture capital chileno. Con un paper académico, con citas de autores extranjeros, resulta difícil entender que esa sea la base para aprobar este proyecto. No estoy satisfecho con esa fundamentación como razón para crear una nueva empresa pública, con los costos y la burocracia que eso significa, sin explicar detalladamente por qué, cambiando funciones en la propia CORFO, esto no se podría hacer utilizando la infraestructura existente. Y, en línea con lo que mencionó el senador Galilea, seré crítico: muchas personas que en privado manifiestan reparos no están disponibles para venir a plantearlos acá. Quizá por cierto temor reverencial, por estar participando y no querer pagar costos al dar opiniones negativas; no sé si con la Subsecretaría o por otro tipo de relación.

Con las autoridades, generalmente; pero a mí sí me gustaría —y se lo planteé recién a la Secretaría— escuchar a los encargados económicos de las potenciales candidaturas que tienen más posibilidades de ganar la próxima elección. Estoy mencionando, por ejemplo, a Evelyn Matthei; a la encargada económica de la candidatura de Jeannette Jara; y al encargado económico de la candidatura de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque es evidente que, estando al final de este Gobierno, a quien le toque implementar esto debe tener una visión clara. Y si esa visión es favorable, probablemente será mucho más fácil desde la perspectiva de la continuidad de una política pública que tiene que trascender a los gobiernos. Son políticas de Estado. Yo esperaría que una institución como esta, si es bien aprovechada, funcione con independencia del color o signo político del próximo Gobierno. Pero sí creo útil —no sé si se hace la invitación en términos formales a los comandos; habrá que buscar al economista indicado que entienda estas materias en los respectivos equipos— tener esa conversación. Me parecería una cuestión útil, porque aprobar una nueva institución, una nueva empresa del Estado, una sociedad anónima del Estado, para que después quede botada porque el próximo Gobierno se desinteresó o no le parecía correcta, creo que al final es parte de las razones por las que hoy día tenemos problemas de caja en el Estado: muchas veces hacemos instituciones que no terminan resultando, o no hay continuidad en las políticas que se aplican de un gobierno a otro. Ese aspecto político es muy importante a la hora de tomar una decisión en la etapa de este Gobierno en la que estamos. Distinto sería si esto se hubiese empujado con mucha fuerza en el día uno; me imagino que se trató —no recuerdo cuándo inició su tramitación en la Cámara de Diputados; entiendo que hace bastante tiempo—, pero sería muy distinto si faltaran dos años de Gobierno y a este Gobierno le correspondiera la implementación. Entiendo que hay 18 meses para financiar el tema; es evidente que le va a corresponder al próximo Gobierno. Y tener una opinión de quienes, a mi juicio, son los tres con potencialidad de asumir una responsabilidad en este tema me gustaría; creo que sería un ejercicio responsable de parte de esta Comisión de Hacienda. Gracias, senador Macaya. Senador Insulza. De hecho, me tocó ver en años anteriores —no necesariamente en este— una cantidad de proyectos que llegaban hasta la Corfo y en la Corfo se decía: “de aquí no sale la plata”, así que no. Siempre tuve la impresión de que se trataba de crear precisamente una institución desde la cual hubiera financiamiento para proyectos que surgen, pero eso no está asegurado, mucho menos en las condiciones actuales. Así que yo sí tengo mucha disposición a crear la estructura, en la medida en que haya al menos un atisbo del paso siguiente. Y en esto, siendo realista, como dice el senador Macaya, no sé qué se va a hacer ni si están dispuestos a impulsar una empresa de ese tipo. Eso. Muy bien, gracias, senador Insulza. Subsecretaria. Gracias, Presidente. Aprovecho también de saludarlos. A ver, voy a anotar varios puntos, pero quizás se me van a olvidar algunos; por favor me los van recordando. Quiero partir por lo último: por supuesto —y lo conversamos—, hace sentido tener una visión de las candidaturas. También creo que esa visión hoy día puede estar enmarcada en una elección; entonces eso hay que ponerlo bajo su juicio, pensando en que las dinámicas eleccionarias, por supuesto, permean opiniones que podrían ser distintas en otros contextos. Lo pongo como un punto relevante, pero es una atención que tiene pertinencia respecto de cómo sería la implementación de esto en un futuro Gobierno, entendiendo que lo que a nosotros nos corresponde es, sencillamente, dejar esto aprobado. Ahora, el proyecto de ley establece —sobre todo en su parte transitoria—, como decía el senador, todos los plazos para poder hacer, entre otras cosas, las transferencias de capital. Por lo tanto, no hay tanto margen de decisión para la próxima administración respecto de lo que la ley mandata hacer. La ley establece un plazo máximo dentro del cual se deben efectuar las transferencias de recursos: 18 meses es el plazo que estamos otorgando a Corfo para realizar su transferencia de capital a FIDE. Entonces creo que si este Congreso...

Sobre esta materia, efectivamente, corresponderá a la próxima administración cumplir con la ley y llevar esto a cabo. Ahora, sabiendo que es un punto de atención, es bueno contar con esa opinión; solo señalo que podría estar marcada por el proceso electoral y habrá que ver cómo despejar ese punto de la mejor manera. También es relevante señalar que este proyecto no nació ahora. La discusión partió en este Congreso hace aproximadamente dos años, pero su historia es bastante más larga. En 2015, el Banco Mundial realizó un estudio muy acabado sobre los instrumentos financieros de CORFO. Sus principales conclusiones fueron que resulta anómalo mantener, bajo una misma figura jurídica y un mismo patrimonio, una cartera financiera junto a una cartera de subsidios, porque ello impide a la agencia encargada —y a quienes deben supervisar la parte financiera— contar con evaluaciones de riesgo y crediticias acordes con los estándares recomendados por instituciones como el FMI y el propio Banco Mundial. La recomendación fue separar la parte financiera de la parte de subsidios de CORFO. Un tiempo después, en la discusión de la Ley de Presupuestos de 2017, se intentó implementar esa recomendación: sacar la GIF —la Gerencia de Inversiones y Financiamiento— y traspasarla a una empresa pública que contara con habilitación legal para ejercer funciones de intermediación financiera o de crédito, como las que llevaba la GIF. En ese momento, la única que podía hacerlo era SACOR. El problema fue que SACOR ya estaba entrando en un periodo de liquidación, de modo que esa alternativa no fructificó, aunque en general había acuerdo respecto de la dirección de la medida. ¿Qué ocurrió después? En 2018 se ingresó un proyecto de ley, INFISA, que crea una empresa pública, bajo la forma de sociedad anónima, destinada precisamente a hacerse cargo de esta separación recomendada desde 2015: absorber la función de la Gerencia de Inversiones y Financiamiento para otorgar una correcta administración a los instrumentos financieros públicos del Estado. INFISA se encuentra actualmente en tercer trámite; así lo recibimos en esta administración. Su último movimiento fue, diría, a fines de 2021 o inicios de enero de 2022. El problema que surgió en ese último trámite fue el intento de traspasar parte de la cartera de créditos universitarios, lo que confundió toda la conversación, porque ello excede absolutamente los objetivos productivos del proyecto si se incorpora una cartera de naturaleza educacional. Por esa razón tampoco quisimos retomar la discusión desde INFISA, aunque hubiese sido más sencillo por estar en su tramo final. Además, cuando se originó INFISA no había ocurrido la pandemia, y existía entonces un diagnóstico más crítico del funcionamiento de FOGAPE. En esa lógica, INFISA contemplaba traspasar FOGAPE y, en general, concentrar los fondos de garantía del Estado en una sola institución. Sin embargo, durante la pandemia FOGAPE tuvo un desempeño muy favorable: el primer programa bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera funcionó muy bien, y las evaluaciones posteriores de FOGAPE y de los programas subsiguientes fueron igualmente positivas. Por lo tanto, no quisimos modificar algo que estaba funcionando bien. Por todo lo anterior, decidimos avanzar con este proyecto de ley que retoma la misma línea argumentativa y el mismo objetivo perseguidos desde la discusión presupuestaria de 2017, cuando se intentó recoger las recomendaciones del Banco Mundial. Lo señalo, por su intermedio, señor Presidente, solo para poner en contexto la discusión.

Esto no es un proyecto que se esté discutiendo únicamente a propósito del ingreso de nuestro proyecto de ley; es algo que se ha intentado mejorar al menos en las dos últimas administraciones. Con eso doy cuenta de la primera pregunta. Respecto de la consulta del senador Macaya sobre la minuta que elaboramos sobre brechas de mercado, entendimos que aquello era lo que se buscaba, en tanto parte de la presentación que hicimos daba cuenta del origen más académico y económico de dichas brechas. En la primera exposición ante esta comisión mencionamos cómo estas brechas, estas fallas de mercado, se traducen hoy en falta de acceso al crédito en ciertos casos. Es fácil de ejemplificar: cuando una empresa de menor tamaño —por ejemplo, una del sector agrícola, como la que figura en la minuta, que busca incorporar tecnología de riego— intenta financiarse, enfrenta dos problemas. Primero, no cuenta con un colateral lo suficientemente grande que le permita acceder a crédito en buenas condiciones. Segundo, dado que su flujo de caja se concentra, por ejemplo, en cuatro meses del año (pensando en una cosecha sencilla), no es trivial diseñar un esquema de crédito y de amortización anual que se ajuste a esa estacionalidad. ¿Qué se puede hacer? Se trata de una falla de mercado —mercados y contratos incompletos— porque el banco, que es quien otorga el crédito, no puede conocer con exactitud, por ejemplo, las habilidades gerenciales de ese pequeño empresario para asegurarse del correcto cumplimiento de sus obligaciones. Un gran empresario quizás tampoco conoce ese detalle, pero dispone del colateral de una empresa que responde; por lo tanto, el crédito que recibe será en mejores condiciones que el de la empresa más pequeña. La solución que hoy existe en ciertos productos consiste en entregar una garantía por parte de una institución, que en este caso sería Afide. ¿Qué logra esa garantía? Cubre la insuficiencia de colateral, permitiendo que, a través del banco, la empresa acceda a un mejor instrumento de crédito. Además —y esto es muy relevante a la luz de la experiencia internacional, entre otras la del BID Invest—, se pueden generar esquemas de pago asociados al flujo de caja propio del proyecto (por ejemplo, en la agricultura). Por eso es tan importante contar con una institución que piense y analice de forma específica las necesidades de capital y las características del flujo de caja de ciertos negocios, para diseñar y ofrecer programas financieros ad hoc. La gran mayoría de estos programas son de segundo piso: la institución financiera, en este caso Afide, presta recursos al banco en mejores condiciones para que este despliegue un programa de crédito específico —por ejemplo, para que la pequeña minería avance en tecnología—; o bien, la institución crea programas de garantías que cubren esa porción del colateral. Senador, podemos agregar casos concretos, pero son situaciones que hoy existen. Los instrumentos que se emplean en nuestro país —y, sobre todo, en gran parte del mundo— se diseñan identificando la falla de mercado que se busca corregir. En materia de innovación el problema es distinto: la gran falla es la incertidumbre. En términos prácticos y financieros, la forma de abordarla es administrándola adecuadamente, es decir, traduciéndola en un manejo del riesgo apropiado. ¿La respuesta práctica? La creación de fondos de fondos, que, aguas arriba, diversifican las fuentes de financiamiento y, aguas abajo, también diversifican las fuentes de aportantes. Todo esto, aunque parezca técnico o académico, se corresponde directamente con el funcionamiento actual del mercado financiero a nivel global, y es relevante para sustentar este proyecto. Pasando a la pregunta que hacía, por su intermedio, señor Presidente, sobre el riesgo, finalmente...

…de poder hacer esto, el riesgo de hacer créditos de segundo piso en un momento de estrechez fiscal. Creo que esa es una buena acotación, porque forma parte del diagnóstico que nosotros tuvimos: lo que estamos haciendo ahora, a través de AFIDE, es mejorar también la gestión financiera de Corfo y, por lo tanto, está en línea con el objetivo de mejorar la situación fiscal de nuestro país. Para partir un poco más atrás: hoy día Corfo —corríjame todo lo que quiera, porque no lo sé de memoria— otorga préstamos; tiene Capital Semilla, tiene instrumentos para la MiPyme —no tengo claras todas las modalidades—, otros programas, créditos pequeños del orden de 17 a 25 millones de pesos para MiPyme; además, un beneficio tributario, que me parece es el crédito para I+D, que no es plata directa, sino que si usted invierte eso se considera contra impuestos. Entonces, ¿por qué no parte, subsecretaria, repasando lo que hace exactamente Corfo, cuántos recursos están involucrados y por qué esto significa mejor gobernanza y menos riesgo, para que todos tengamos claro dónde está la…? Gracias, presidente. Bueno, a ver: Corfo, desde el año 1989, tiene habilitación para otorgar créditos de segundo piso y también créditos de primer piso, siempre y cuando vayan en compañía de un organismo multilateral. Esa es la habilitación legal vigente. Por ejemplo, podría entregar un crédito directo a una empresa —similar a lo que proponemos con un crédito sindicado—, pero solo si va en compañía, por ejemplo, de la CAF. Ahora, es un requisito establecido por ley que nunca se ha utilizado: nunca se ha usado que Corfo entre a entregar crédito directo en compañía de un multilateral. Solo quería precisar la habilitación legal actual. Todos los instrumentos de crédito que usted menciona son de segundo piso. ¿Qué significa que sean de segundo piso? Que el crédito se entrega a una institución financiera privada para que ésta, a su vez, lo otorgue directamente a la empresa final. —¿Todas pasan por la banca? —Exactamente. Y eso se mantiene en nuestro esquema de AFIDE: la evaluación financiera la hace el banco privado. —¿Eso se mantiene en el esquema? —Sí, se mantiene, 100%. ¿Y por qué esto es importante, pensando en el modelo de negocios que estamos proponiendo y por qué decimos que es financieramente sustentable? Porque estamos convencidos de que quien mejor hace la evaluación financiera —en Chile y en todas partes del mundo— es la banca privada: está mandatada para ello y obligada por ley a cumplir con todos los pilares de Basilea III. ¿Qué vamos a aportar nosotros? Fundamentalmente garantías, para que las condiciones financieras que ofrezca ese banco sean de mejor calidad: a menores tasas o a plazos mayores. ¿Qué hace hoy día Corfo? Precisamente eso: tiene programas de cobertura, programas de crédito y programas de crédito a los fondos de capital de riesgo en nuestro país. De hecho, la industria de capital de riesgo en Chile, en gran medida, se creó gracias a los fondos de crédito que Corfo entrega a esas instituciones, que realizan esta intermediación. —¿Por qué no lo siguieron haciendo ahí y profundizaron ese instrumento y ese fondo? Porque además me surge una duda adicional: esto está pensado en innovación y, teniendo hoy la Gerencia de Inversiones un foco puesto en Pyme e inclusión financiera —hay muchas otras áreas a las que se dedica la Gerencia de Inversiones de Corfo—, ¿qué va a pasar con eso? Porque, en el fondo, si se llevan toda la Gerencia de Inversiones a esta nueva institución, que estará encargada solo de temas de innovación y venture capital, ¿qué va a pasar con toda esa otra área que no quedará atendida? —Gracias, senador. Por su intermedio, presidente, sí. Es muy buena pregunta la que hace el senador…

Senador Macaya, lo voy a contestar en dos partes. Primero, por qué no lo hicimos a través de Corfo; créame que fue uno de los análisis que realizamos con mucha atención. Nos gusta venir al Congreso, pero estimamos que podía ser más rápido de esta forma. Antes, permítame precisar qué hace hoy Corfo y qué ocurriría con esto. Hay que recordar que Afide debe perseguir tres objetivos: diversificación productiva, innovación y adopción tecnológica. Hoy, la principal manera en que Corfo aborda la falta de acceso al crédito para empresas más pequeñas, cuando se trata de una restricción de crédito, es a través del fomento a la industria de instituciones financieras no bancarias. En la práctica, Corfo entrega créditos a esas instituciones, que a su vez amplían la oferta de financiamiento para empresas de menor tamaño. Como se aprecia, la lógica no es que Corfo entregue un instrumento financiero directo a la empresa final, sino que fomente un segmento del mercado: las instituciones financieras no bancarias. Eso seguirá haciéndolo Afide, en tanto uno de sus objetivos es diversificar productivamente la economía. Es decir, Afide buscará potenciar que estos mercados sigan existiendo, porque hoy otorgan mayor profundidad a ciertos segmentos. Cabe recordar también que la cartera actual de créditos de Corfo se traspasará a Afide, pero solo aquellos créditos vinculados al fomento productivo. Corfo mantiene una cartera que no está asociada al fomento productivo y que permanece en Corfo para su extinción natural; por ejemplo, algunos créditos de educación, aunque son pocos. Esto, justamente, para no repetir en parte el error cometido con Infisa. Ahora, ¿por qué no Corfo? Aquí retomo la discusión de 2015 y por qué sostenemos que esta alternativa tiene una mejor gestión financiera. Corfo hoy tiene programas de cobertura que, en el presupuesto público, se reflejan con una provisión “bajo la línea”. Año a año, en el subtítulo 24 del programa 06, que corresponde a la GIF de Corfo, existe una asignación denominada “aplicación del fondo de cobertura”, con una característica presupuestaria similar a los subsidios, equivalente a las siniestralidades de los fondos de cobertura. En definitiva, las provisiones de estos programas se gestionan bajo el alero del presupuesto público: hay un fondo de cobertura “bajo la línea” y cada año se prevé una potencial siniestralidad con ejecución propia en el subtítulo 24 de Corfo. Al analizar cómo hacerlo dentro de Corfo, la primera recomendación —insistente desde hace tiempo— fue dotar a la parte financiera, a la cartera de créditos, de un patrimonio propio, separado del patrimonio destinado a subsidios. Entre otras cosas, ello permite aspirar a una buena clasificación crediticia. Sin una clasificación adecuada, es muy difícil aplicar una regulación similar a la bancaria. Hoy eso es imposible porque la clasificación se aplicaría a Corfo en su totalidad, mezclando otras actividades. Desde el punto de vista del respaldo, una garantía de Corfo hoy es más potente que la de la institución que estamos creando —considerando, entre otros, los recursos provenientes del litio—. De ahí la lógica de que sean los bancos comerciales quienes realicen la evaluación financiera del cliente y del proyecto (de capital de riesgo). Es decir, aprovechamos la garantía vigente de Corfo, que es más amplia que la de esta nueva institución. En la práctica, llegará un cliente con una buena idea innovadora; la realidad es que es de alto riesgo y, como es estándar en este tipo de iniciativas, de cada diez proyectos prospera uno.

¿Por qué esta entidad nueva, algo incierta con toda esta discusión que estamos teniendo, con menos plata que la que tiene hoy día Corfo? Ahora, si usted me dice que tendrá más plata que la que tiene hoy día Corfo, esa sería la respuesta. Pero para entender el tema del funding: de cuánto y cómo, cuál va a ser el financiamiento de esta nueva estructura. Por su intermedio, Presidente. Como usted bien señala, Corfo es mucho más que su cartera de subsidios. Cuando uno revisa su patrimonio, éste bordea los 6.000 millones de dólares, pero gran parte no es líquido; corresponde a participaciones en acciones de distintas empresas. Antes del boom de precios del litio, Corfo percibía por rentas de propiedad —que es la forma en que ingresan los recursos del litio a Corfo— montos del orden de 60 a 80 millones de dólares anuales, variando según el año. Me refiero, en particular, al subtítulo 25, Rentas de Propiedad: por los arriendos que mantienen las empresas en el Salar de Atacama se recibían cerca de 60 millones de dólares solo por ese concepto. Con el boom de precios, en un año se recibieron 2.000 millones de dólares. ¿Qué hace Corfo cuando percibe estos ingresos? Parte de ellos autofinancia su gestión; lo no utilizado para su operación se invierte, constituyendo capital líquido. Sin embargo, a propósito del Fisco en su conjunto, hoy no se dispone en su patrimonio de la totalidad de esos ingresos extraordinarios, y por eso el patrimonio de Corfo se ha mantenido más bien constante en los últimos 15 años. Ha habido vaivenes: durante el COVID, por ejemplo, se efectuó un retiro importante —si no me equivoco, cercano a 1.000 millones de dólares— no por fuga, sino por distintas necesidades de ese momento; y cuando se cerraron, por ejemplo, las minas de carbón, hubo un gran traspaso, entre otros. Así, cuando uno observa el tamaño de Corfo, no todo está 100% disponible para constituir, por ejemplo, fondos de garantía. Hoy los fondos de garantía que tiene Corfo y que están disponibles en el mercado son equivalentes a los contemplados en la Ley de Presupuestos, es decir, fondos de garantía acotados. Por eso, cuando señalamos que Corfo traspasará su cartera de créditos y, además, habrá un aporte de capital de 500 millones de dólares, ese monto permitirá generar nuevos fondos de garantía, nuevos créditos de segundo piso y capitalizar el fondo de fondos. Con ello, en términos de tamaño de activos, la FIDE alcanzaría del orden de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo se llega a esos 1.500 millones? Aproximadamente: 500 millones de dólares de capitalización; cerca de 250 millones de dólares para constituir el Fondo de Garantía para el Desarrollo —que queda en Corfo, pero será administrado por la FIDE—; más el traspaso de la cartera de créditos, que al momento de su cuantificación bordearía los 700 a 800 millones de dólares. Se trata de créditos MiPyme, crédito verde y otros instrumentos de financiamiento productivo cuyos detalles ya hemos remitido, excluyendo, por ejemplo, los asociados a educación; solo lo relativo a inversión, fomento y desarrollo productivo. Con esto, al comparar el tamaño de la FIDE en el mercado financiero chileno con bancos comerciales más pequeños, no estaría al final de la lista; tendría un tamaño ligeramente mayor que algunos de ellos. Importa destacarlo, porque con la FIDE más que duplicaremos los recursos movilizados en el mercado para los objetivos que hoy persigue Corfo: no solo por un mejor esquema de provisiones y regulación financiera, que permitirá a la FIDE una exposición acorde con las exigencias aplicables a otras instituciones bancarias, sino también por el aumento sustantivo de capital. Volviendo, por su intermedio, Presidente, a la pregunta de por qué no Corfo: he querido dejar establecidos estos puntos.