Les saludo, queridas y queridos colegas. El acta de la sesión número 186 se da por aprobada y la sesión número 187 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor Secretario dará lectura de la Cuenta.
Señor Presidente, se han recibido las siguientes comunicaciones. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que, a solicitud de la diputada señora Javiera Morales, se remitió a la Comisión de Constitución el proyecto de ley que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalece los Juzgados de Letras del Trabajo. Boletín número 17.881-13. Oficio de la ministra de Minería, que adjunta antecedentes de Sernageomin relativos al derrumbe ocurrido en la División El Teniente de Codelco. Carta del director ejecutivo de Corredores de Chile, mediante la cual excusa su participación en la sesión del día de hoy y manifiesta su disposición para asistir en futuras instancias de trabajo de la Comisión. Nota del Comité Mixto Social Cristiano Nacional, Libertarios e Independientes, mediante la cual comunican que la diputada señora Giovanna Ahumada reemplazará al diputado señor Cristián Labbé en la sesión del día de hoy. Y, en el mismo sentido, señor Presidente, una nota del Comité Frente Amplio e Independientes, por la cual se comunica que la diputada Marta González reemplazará al diputado Luis Cuello en la presente sesión. Esa es toda la Cuenta, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la Cuenta? No. Puntos varios. Diputado Sandón; después, la diputada Olivera, que tenemos el placer de tenerla acá. Sí, es un placer, exactamente.
Gracias, Presidente. Quería pedirle, si existiera la posibilidad en algún minuto, poder invitar al Sindicato número 1 de la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto, por temas que hemos estado conversando, que dicen relación con jornadas que mantiene la corporación, excediendo lo permitido por la ley, por prácticas antisindicales, despidos de...
…vigentes y su reintegro, y una mala relación laboral que ellos estarían viviendo, además de varias denuncias que están sin resolver. Entonces, si fuera posible, me gustaría que los pudiéramos invitar. Creo que es primera vez que hago una petición de ese tipo. Por favor. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado Sandón. Tomo nota y, a la brevedad posible, los vamos a agendar. Tenemos otras audiencias, pero partimos hoy día con los trabajadores y trabajadoras de Correos de Chile; además, se excusó una participación, pero para las próximas sesiones me comprometo a incluir a los invitados que usted solicita.
La diputada Olivera tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Yo también vengo a plantear dos puntos varios. Solicito invitar y recibir en esta comisión, en primer lugar, a la señora Paola Zapata, quien es directora nacional de ASEMUCH. Yo me reuní con ella a través de una reunión por lobby. Han levantado una radiografía con datos respecto a la Ley Karin. Tienen un informe bastante contundente que presentar, y esta radiografía está netamente enfocada en los municipios. Ellos han levantado todos los informes y, por lo tanto, también solicitan poder exponer ante la comisión este documento que tienen, que me parece muy importante que esta comisión pueda considerar para pensar en las mejoras que puede tener esa ley. Sabemos que las leyes todas son mejorables, todas tienen que ser intervenidas, y hoy día la Ley Karin, que ha servido de mucho, ya tiene sus primeras observaciones respecto de lo que ocurrió a lo largo de este año. Eso, presidente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, diputada Olivera. Tomamos también nota respecto de los dos invitados que nos solicita poner en tabla. Yo aprovecho de mencionar, a propósito del segundo punto —bueno, el primero también ha sido conversado en otros momentos por parte mía con funcionarios y funcionarias del mundo de la salud, tanto del sector público como del privado—, que sobre el segundo quiero, además, solicitar un oficio al Ministerio del Trabajo, con la aquiescencia de la comisión, para requerir una evaluación respecto de lo que ha sido la implementación de la ley. Porque hoy día estamos entrando, además, en un proceso de discusión presupuestaria; de hecho, justo hoy día sesionó la Subcomisión de Trabajo, y creo que es muy importante, porque es bastante transversal la preocupación respecto de cómo se implementa y se mejora —quizás desde la perspectiva normativa, pero también desde la fiscalización—, lo que evidentemente requiere una conversación sobre recursos y personal a disposición para aquello. En torno a esa evaluación general, que creo que al menos esta comisión no ha tenido, y me imagino que el Ejecutivo… no recuerdo si lo dejamos en alguno del…
El artículo transitorio quedaba mandatado a realizar una evaluación. Enviemos un oficio para eventualmente, incluso, tener una sesión donde puedan estar estos invitados u otros que colaboren con ese diagnóstico y, eventualmente, comprometer una agenda legislativa para mejorar esta ley, que es muy importante para usted como autora; para la hermana de Karin Salgado, con quien estuvimos hace poco en la OIT; y también para mí, que desde el mundo sindical la impulsamos mucho. Tomo nota, diputada Olivera, y acordamos el oficio al Ministerio del Trabajo.
Presidente, si me permite: la comisión ofició a la Dirección del Trabajo para que formara una mesa de trabajo de evaluación de la Ley Karin. No hemos tenido respuesta del ministro. Entonces, propongo reiterar el oficio. De acuerdo: reiteramos lo ya enviado.
Gracias, Presidente. Quisiera sumarme también a la solicitud de la diputada Olivera, porque traigo un punto relacionado con la Ley Karin. Dirigentas del Casino Monticello han sufrido hostigamiento y acoso, pero no han recibido atención por parte de la ACHS; nos han señalado que la ACHS estaría excluyendo a los dirigentes sindicales del alcance de la Ley Karin. Solicito que se tome ese punto para recabar información.
Por otro lado, respecto de la mutualidad de la ACHS, sucursal de Rancagua: trabajadoras que prestan servicios en la División El Teniente tuvieron un episodio durante un evento climático y quedaron aisladas. El bus que debía bajarlas adelantó su salida por la emergencia; sin embargo, en sus puestos no tenían buena señal telefónica y no recibieron el aviso. Cuando salieron en el horario habitual, ya no había nadie en las dependencias, que habían sido evacuadas, por lo que quedaron aisladas en el sector de Sewell. Fueron seis trabajadoras de Aramark que debieron caminar distancias considerables, en nieve y condiciones muy adversas, para encontrar auxilio. Si se quedaban donde estaban, permanecían incomunicadas, sin electricidad ni agua, y con temperaturas en descenso. Algunas tuvieron crisis de pánico durante ese trayecto. Finalmente las trasladaron a Rancagua, pero no las derivaron a ningún servicio. Por iniciativa propia acudieron a la ACHS, donde recibieron una primera atención única, sin procedimiento de seguimiento ni apoyo psicológico por posible estrés postraumático, y se les indicó atenderse de forma particular. Posteriormente, el 20 de agosto, hubo un nuevo evento climático que las expuso a la misma situación, reviviendo el trauma y generando nuevas crisis de pánico en dos de ellas.
Presidente, esto evidencia que, en materia de salud mental, las mutualidades no están reconociendo la afectación de las trabajadoras como consecuencia del evento laboral, sino solo como un episodio puntual, sin considerar su evolución psicológica en el tiempo. Solicito que se oficie para obtener información de la ACHS, en particular de la sucursal de Rancagua, respecto del trato y la atención otorgada a las trabajadoras de la empresa Aramark.
Finalmente, reitero la solicitud de invitar a la madre de Catalina, la joven que falleció en el Safari de Rancagua, producto de una negligencia y falta de medidas de seguridad: no recibió aviso de que el tigre de la jaula a la que debía ingresar no estaba en condiciones ni asegurado. Sería importante escuchar su testimonio.
…se enfrentaba. Finalmente, Catalina fallece en el Safari de Rancagua, una situación tremendamente lamentable y dolorosa, en la cual su madre ha llevado una gran lucha por evidenciar la falta de protocolos y de medidas de seguridad. Ahí se despliegan un sinnúmero de acciones que la empresa omitió; hubo además información que se envió vía WhatsApp, de manera totalmente informal, sin que quedara registro por parte de la trabajadora. A propósito, Presidente, del proyecto que usted ha presentado para elevar las penas a los ejecutivos o mandos a cargo que no adoptan las condiciones de seguridad necesarias y que terminan en fatalidades de trabajadores en su lugar de trabajo, me gustaría que pudiésemos invitar a la mamá de Catalina, porque ella tiene información relevante que podría ser de gran interés para robustecer y apoyar el proyecto que hoy se discute en la Comisión. Eso, Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputada González. Tomamos nota, a propósito de las audiencias que estamos abriendo sobre la discusión de este proyecto de ley que aborda materias de seguridad y salud en el trabajo, y despachamos los dos oficios solicitados en los términos requeridos.
Perfecto. Yo también… ¿nadie más, verdad? Voy a tomar la palabra por tres puntos, pero los haré lo más breve posible; los voy a leer por razones de tiempo, porque ya nos hemos extendido harto y tenemos un tema relevante.
Primero, quiero referirme a una situación del Instituto Nacional. Es una circunstancia grave que afecta a trabajadoras y trabajadores de este establecimiento, un liceo emblemático en el centro de Santiago, y que da cuenta de graves deficiencias en la administración municipal de la comuna. Para ilustrar, en septiembre de 2024 el Gremio de Profesoras y Profesores del Instituto detectó, mediante transparencia activa, el pago de horas extraordinarias a parte del equipo directivo y técnico por más de 5 millones de pesos entre mayo y agosto. Son pagos que beneficiaron a docentes regidos por el Estatuto Docente —quienes no debiesen percibir horas extra— y se realizaron sin justificación ni registro de asistencia. Frente a esta falta de transparencia, el Gremio acudió a la Contraloría General de la República; la Contraloría confirmó que había un sumario en curso instruido por la Municipalidad a propósito de lo mismo y señaló que no podía pronunciarse hasta que dicho proceso estuviera cerrado. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia constató irregularidades en la publicación de la información de personal del establecimiento.
¿Por qué traigo este tema a la Comisión de Trabajo? Porque, lamentablemente, esta denuncia derivó en una serie de conflictos internos en el colegio que terminaron con una denuncia, en virtud de la Ley Karin, presentada por la Rectoría y su equipo contra el directorio sindical. Hoy todo el directorio se encuentra inhabilitado, fuera del establecimiento y sin posibilidad de contactarse con sus afiliados y afiliadas, lo que complejiza seriamente el ejercicio de la libertad sindical.
Por lo anterior, solicito oficiar: primero, a la Municipalidad de Santiago y a su Dirección de Educación, para que remitan el plan de horas extraordinarias, los pactos de pago y la fuente de financiamiento utilizada en el caso señalado; segundo, al Consejo para la Transparencia, para informar sobre las medidas adoptadas tras las infracciones detectadas; tercero, a la Contraloría General de la República, para que fiscalice que el sumario instruido por la Municipalidad se ajuste a la normativa vigente; y, además, a la Dirección del Trabajo y al Ministerio del Trabajo, para que informen sobre circunstancias similares en que directorios sindicales se vean inhabilitados de ejercer sus funciones a propósito de la normativa incluida en la Ley Karin. Me parece que es una situación grave, así que les pido el acuerdo para estos oficios. ¿Lo tengo? Sí. Ya, a su oficio.
Siguiente tema, más corto. En el SAMU de Viña del Mar, la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Servicio de Atención Médica de Urgencia de Viña del Mar me puso en conocimiento de la brecha crítica con la que están trabajando: hay dos enfermeros por turno, un tercio de lo recomendado para la población que atienden. Esto produce sobrecarga y un deterioro muy severo que deriva en el círculo vicioso que conocemos: enfermedad, licencias médicas, ausentismo laboral en los funcionarios, y también problemas para los usuarios. Solicito la unanimidad para oficiar, una vez más —ya lo hemos hecho por este tema—, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, consultando por la viabilidad de utilizar programas no ejecutados durante este periodo para respaldar los cargos faltantes y corregir la brecha de enfermeras y enfermeros, en beneficio no solo de las funcionarias y funcionarios, sino también de los usuarios. ¿Un oficio? Sí, eso estoy solicitando: oficiar a la Subsecretaría consultando si es posible realizar esta adecuación respecto de recursos no ejecutados. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, estamos con una actitud transversal aquí, apoyando todo.
Ya, este tema un poquito más importante… o sea, no más importante, más largo.
Es algo largo de explicar, así que les pido un poco de paciencia; trataré de resumirlo. Me reuní con funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile a propósito del rol que cumplen en la reinserción de la población penal de nuestro país y en la seguridad de esa población. Los tres gremios más representativos de Gendarmería son ANFUP, AGECH y ANSOG, y me manifestaron una profunda preocupación por un proyecto de ley que hoy está en el Senado. El boletín es el 17.007-07, que propone crear un departamento de seguridad especial de Gendarmería, cuyo objetivo central —compartido por las asociaciones y, en general, transversalmente por el Senado— es debatir sobre funciones, protocolos y estándares para contextos de alta peligrosidad asociados al crimen organizado. En eso hay consenso.
¿Cuál es el problema? El artículo 2 de ese proyecto se escapa de las ideas matrices y modifica la Ley N° 19.296 para privar del derecho de asociación a las y los funcionarios que se desempeñen en ese nuevo departamento. Es una norma que se aleja del objeto de la iniciativa y, sobre todo, vulnera un derecho fundamental y tratados internacionales, particularmente el Convenio 87 de la OIT, poniendo a Chile en una situación compleja respecto de sus compromisos internacionales y también frente a la legislación nacional. No existe justificación técnica para que ese articulado esté en este proyecto.
—¿Le doy la palabra sobre este punto? Solo preguntar: ¿ese proyecto en qué comisión está? Porque la justificación técnica se relaciona con lo que realiza Gendarmería. ¿En qué está?
—Pasó por Constitución; entiendo que ahora pasa a Hacienda, se está revisando allá.
—No, es de Constitución, entonces.
—Sí, estuvo en Constitución y allí revisamos el detalle del debate; nunca se justificó ni se especificó por qué esta norma sería esencial para desarrollar legislativamente una iniciativa de esta envergadura. Por lo tanto, nos hace ruido. Quiero ponerlo en contexto y en común también con la Comisión de Trabajo, porque eventualmente es un proyecto que podría llegar en segundo trámite a esta Cámara y debiese llamar la atención respecto de ese articulado, que tiene que ver con trabajo.
—Presidente, ¿y va a llegar acá?
—No sé si va a llegar a Trabajo; evidentemente yo lo solicitaría. Pero para que oficiemos —porque toca un poco con los oficios que estoy solicitando—, quisiera señalar lo que esperaría que ocurra también en el Senado. Entonces, quiero formular algunos oficios: primero, oficiar —y haré llegar a la Secretaría más detalles para que la solicitud sea bien concreta— a la Organización Internacional del Trabajo, para que remita a esta comisión un informe técnico y jurídico sobre el boletín 17.007-07, con el objeto de que nos informe su opinión sobre el artículo 2 del proyecto de ley, especificando si vulnera convenios suscritos por nuestro país. Segundo, oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que informe a esta comisión cuál es la justificación técnica para incluir en este proyecto la prohibición establecida en el artículo 2. Y, tercero, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que exponga su posición sobre la restricción de la libertad de asociación contemplada en este boletín.
—Y acá, una consulta para la Secretaría: ¿existe alguna forma de evacuar desde la comisión una solicitud para la Comisión de Trabajo del Senado, o para la Presidencia del Senado, a fin de que puedan revisar específicamente este articulado en la Comisión de Trabajo? ¿Podemos hacer esa comunicación formalmente, Secretario?
—Sí, podemos oficiar a la Comisión de Trabajo del Senado, pero sería un poco de mal gusto insinuar que otra comisión del Senado no revisó bien un texto.
—Lo que pasa es que no tiene trámite en Trabajo; en el fondo, es ponerlos en contexto de que hay una norma laboral. Lo digo con la mejor de las intenciones: que puedan revisar en la Comisión de Trabajo un articulado que es el único que se relaciona con condiciones laborales y, particularmente, con un derecho colectivo. Es una advertencia; me parece importante que esa comisión lo revise.
—¿Le parece a la comisión?
—Diga, diputado Sandoval.
—En una de esas —conversando aquí con Francisco—, que oficiáramos a la Comisión de Trabajo del Senado por la preocupación que existe respecto de ese artículo. Y ellos verán qué estiman. Porque no sé si les va a llegar o no les va a llegar; en el fondo...
—Es un proyecto que no está sometido al conocimiento de ellos, tampoco.
—No, por eso. Entonces enviemos el oficio en ese tenor y encarguemos a quien conozca al Presidente del Senado que se lo comente también al Presidente.
—Ya. Tomamos el acuerdo para el oficio.
—Le faltó un punto.
—¿Se puede ser breve?
—Sí, muy breve, Presidente, porque tenemos una agenda apretada. Los trabajadores tienen muchos temas en este país. Presidente, en sesiones anteriores había solicitado también que la comisión oficiara al Ministerio del Trabajo por las horas de conducción que tienen los trabajadores en la minería.
Respecto de la conducción en faenas mineras y su compatibilidad con las horas de conducción consideradas, por ejemplo, en el transporte público, habíamos solicitado que esa información nos fuera remitida vía dictamen. No sé si habrá llegado. Presidente, por favor, ¿lo consultamos a la Secretaría? ¿Hemos tenido respuesta de aquello? Lo revisamos; en caso de no tenerla, lo reiteramos.
Vamos a continuar con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto, primero que todo, recibir al señor Juan Riquelme, presidente de la Federación de Trabajadores de Correos de Chile, Fetracortel, y al señor Claudio Mundac Álvarez, director ejecutivo del directorio de Correos de Chile, a fin de que puedan abordar las causas que se pusieron en conocimiento de esta comisión la semana pasada respecto de un despido masivo de trabajadores en dicha empresa. Además de la asistencia del presidente de la federación, le acompañan la abogada señora Patricia Silva Meléndez y los señores Alan Mesa, John Bahamonde y Hernán Martínez, todos dirigentes de la misma federación. Por su parte, el señor Claudio Mundac Álvarez, como escuchamos, se excusó de su asistencia.
¿Hacemos pasar a la gente de Correos? Hagámosla pasar, por favor. No tenemos tiempo que perder, queda una hora.
Un segundito. Voy a recabar también el acuerdo para el punto 2 de la tabla. Tenemos al directorio del SINTEC, que va a asistir de manera telemática. Para no tenerlos esperando, pido el acuerdo para que puedan participar de esta forma y se les habilite el ingreso a la plataforma Zoom.
Don Juan, tiene la palabra. Usted dispondrá de 15 minutos para hacer su exposición y luego abriremos una ronda de contrapreguntas. Con la luz encendida, está todo listo para hablar. Don Juan Riquelme, gusto tenerlo acá.
Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a las honorables diputadas y los honorables diputados. Soy Juan Riquelme Varela, presidente de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores de la Empresa Correos de Chile. Me acompañan acá los compañeros presidentes de los sindicatos. Somos 3.700 trabajadores, agrupados en cuatro sindicatos. Queremos exponer las razones de nuestra solicitud de esta audiencia. Venimos a informar, desde nuestra visión, la situación de la empresa que nos afecta laboralmente y sus causas. Venimos a denunciar que el actual directorio y su gerente general pretenden entregar la empresa con números azules a costa del despido de sus trabajadores y trabajadoras. Denunciamos despidos de más de 600 trabajadores y trabajadoras, que equivalen a cerca del 15% de la dotación total de la empresa. Solicitamos que, a través del Congreso, se nos diga qué es lo que quiere hacer el dueño de esta empresa, que es el Estado. A la fecha, la empresa...
No ha entregado cifras certeras del número de despedidos ni la información oficial sobre las sucursales cerradas. No ha dado razones de por qué, si tenía fondos para despedir y pagar las indemnizaciones legales, incluso con incremento, se negó una y otra vez a realizar, en el marco de la negociación colectiva recién pasada, un plan de egreso voluntario y pacífico con acuerdo de las organizaciones sindicales. En cambio, decidió despedir bajo criterios cuestionables, no del todo objetivos y sin priorizar a quienes sí querían irse, incluyendo delegados sindicales, condición que siempre fue respetada por administraciones anteriores, incluso durante la dictadura.
La oferta de la empresa hecha en el proceso de negociación colectiva pretendía traspasar a la propia negociación su costo y lo vinculó directamente a la aceptación del bono de término de negociación colectiva, lo que era inaceptable. Por eso denunciamos que en tres años hemos tenido dos presidentes del directorio —la primera, con cargo doble en Correos y en ENAP—; cambios de directorio en plena crisis; dos gerentes generales y modificaciones en la alta dirección. Con ello se afecta cualquier continuidad y planificación a mediano y largo plazo de la empresa.
Sabemos de los cambios ocurridos en el servicio postal a nivel mundial. Chile forma parte activa de la Unión Postal Universal, UPU, con 192 países miembros. La UPU es el principal foro de cooperación entre los actores del sector postal y contribuye a garantizar una red verdaderamente universal de productos y servicios actualizados. Mantener las oficinas de Correos y diversificar los servicios orientados al cliente puede impulsar el crecimiento del sector postal. Son cambios irreversibles. Sabemos que durante y tras la pandemia, a raíz de la paralización del transporte mundial, las plataformas de comercio electrónico encontraron rutas alternativas y modelos operativos, provocando una fragmentación de los principales corredores postales a nivel mundial. Cambió para siempre la interacción de la población con la tecnología: pasamos de hacer tareas en el computador a realizar miles de actividades con solo un clic, en especial las vinculadas con el consumo y su reparto. Las comunicaciones y el transporte fueron los ámbitos con mayores cambios. La masificación del comercio electrónico a todo nivel trajo consigo una alta exigencia de menores tiempos de entrega de los productos adquiridos vía compras virtuales. Gigantes mundiales proveedores de bienes necesitaron contar con una logística local que permitiera llegar en corto tiempo al cliente, la última milla. El mercado logístico es nuestro nuevo ámbito de acción como Correos.
Existe una contradicción: si todos los expertos afirman que el mercado de la logística en Chile está experimentando un crecimiento notable —debido al aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de redes de transporte, el crecimiento económico, el auge del comercio electrónico y el incremento de las actividades de importación y exportación—, y que en el sector del comercio electrónico el uso de servicios logísticos ayuda a satisfacer las necesidades de entrega rápida y eficaz de los pedidos, agiliza el proceso de devolución, facilita el envío transfronterizo e incrementa la satisfacción de los clientes, ¿por qué, si este es tan buen negocio para los privados, no lo es para las empresas del Estado?
En Chile, las empresas que trabajan en este rubro son, obviamente, Correos de Chile, Chilexpress, Starken, Blue Express, Mercado Envíos y Servicios Internacionales. Nuestro conocimiento en terreno del negocio demuestra que competimos en desigualdad de condiciones. La competencia opera con informalidad laboral: sin formalidad contractual, sin pagos previsionales, sin seguridad social ni protección de salud. Hoy, abiertamente, empresas privadas promueven por las redes trabajos informales y pagos a particulares que, en sus propios vehículos, realizan la tarea del reparto. Nuestras herramientas de trabajo requieren adecuarse a las actuales exigencias.
Para enfrentar a la competencia, a diferencia de los privados —donde el desgaste de las herramientas lo asume el trabajador informal—, Correos, de la mano de sus trabajadores, en todos los procesos operativos y estamentos, ha logrado bajar sustantivamente los tiempos de reparto y entrega de los productos.
Como ustedes saben, la empresa Correos de Chile es una empresa pública autónoma del Estado. Se rige por el DFL N° 10 de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado el 30 de enero de 1982, que crea la empresa Correos de Chile. En lo pertinente, el artículo 3 señala que la empresa será dirigida y administrada por un directorio. Habrá, además, un gerente general que será nombrado por el directorio. El directorio estará integrado por cinco miembros, por un período de tres años. El artículo 9 dispone que corresponderá al directorio dirigir y administrar la empresa con las más amplias facultades, pudiendo disponer la celebración de todos los actos y contratos que se requieran para la buena marcha de esta, además de las facultades ordinarias de administración.
Correos de Chile tiene un rol social y una función pública que cumplir. Su rol social es conectar a personas, empresas e instituciones en todo el país a través de soluciones logísticas confiables, incluyendo los lugares más alejados, cumpliendo con su función de servicio postal universal y contribuyendo al desarrollo social y económico de Chile. Esto lo hace proveyendo servicios de distribución de documentos y paquetería, giros de dinero y apoyo a emprendedores y al comercio local, además de evaluar y gestionar su impacto en la economía, el medio ambiente y la sociedad. Un claro ejemplo fue nuestro rol como empresa esencial en los periodos de pandemia, así como en los procesos electorales y en los censos.
¿Qué servicios prestamos? Como pueden ver en pantalla, ahí están los números y las cifras; esos son los servicios con nuestras sucursales a lo largo y ancho de nuestro querido país. Nuestro principal aporte al trabajo es cumplir con los lineamientos y políticas fijadas por la empresa: reducción permanente del tiempo de reparto hasta que el envío llegue al destinatario. En las dos últimas negociaciones colectivas, por acción proactiva de los sindicatos, se han incorporado como factores variables de la remuneración incentivos para impulsar la rebaja en los tiempos de todos los procesos operativos. No somos ni podemos estar ajenos a la gestión de la empresa.
El sector postal y logístico se enfrenta a desafíos reales, pero nuestros datos muestran que también hay oportunidades significativas por delante si actuamos rápidamente para aprovechar nuestras fortalezas. Con nuestra extensa red y nuestra experiencia como proveedor de servicios esenciales para millones de personas, el momento de transformar los servicios que ofrecemos es ahora.
Por ello, exigimos: revisión y reconsideración de los despidos; constituir a la brevedad una mesa tripartita —ya comprometida por el Ministro del Trabajo— con los actores relevantes para abordar aspectos centrales de nuestra situación, con participación activa de la dirigencia sindical; tomar las medidas necesarias para enfrentar la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado, que tendrá un impacto avaluado en un 20% de los ingresos de la empresa al terminar con las cartas certificadas; revisión del marco regulatorio, que impide a la empresa enfrentar en igualdad de condiciones los nuevos escenarios del giro del negocio; y cumplir el compromiso de integrar al directorio la representación de los trabajadores bajo condiciones similares a las de otras empresas públicas. Solicitud que ha sido negada reiteradamente por los actores decisores.
Eso es, estimado Presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan. ¿Nadie más va a exponer? Podemos abrir la palabra a preguntas. Tiene la palabra la diputada Chigardín.
Sí, Presidente. Mire, por su intermedio, quiero saludar a las y los representantes de trabajadores y trabajadoras de Correos de Chile.
Fui una de las que, muy preocupada por la alerta que me llega desde mi región, Atacama, empatizamos de inmediato con ustedes porque me hace mucho sentido su exposición. Señor Presidente, usted señala algo de toda lógica: las empresas estatales cumplen un rol tremendamente importante para nuestro país; no se trata solo de un modelo de negocio con arista económica, sino también de una dimensión social y de un patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, hay que hacer los esfuerzos para cuidarlas y pensar en modernizarlas.
En este caso hablo, por ejemplo, de empresas como CODELCO, ENAMI o ENAP. La era digital nos ha hecho avanzar en medidas para resguardar la seguridad de las y los trabajadores, como la automatización. Ello nos exige una reflexión más profunda sobre cómo impulsar la reconversión laboral, de modo de evitar el reemplazo de trabajadores y trabajadoras que perfectamente pueden capacitarse y responder a las nuevas demandas y exigencias que se generan en las distintas empresas.
En el caso de Correos de Chile, le mencionaba al diputado Undurraga: ¿por qué no pensar —y usted lo dijo— en modernizar la empresa para hacerse cargo de las nuevas demandas ciudadanas asociadas a las compras por Internet, donde empresas como Starken, Chilexpress o Blue Express han visto una oportunidad de negocio muy rentable? Me parece que el Estado chileno también tiene que readecuarse a estas nuevas realidades.
Espero que en la mesa tripartita que, entiendo, se inicia estos días a propósito de la desvinculación de estos trabajadores, se pueda reconsiderar su reincorporación y buscar una fórmula que permita no solo evitar una mayor afectación del empleo, considerando los índices que tenemos en el país, sino también robustecer a la empresa, mejorando la calidad del servicio y dotándola de nuevas herramientas para abordar una oferta que está ahí y que debemos atender de mejor manera, en condiciones acordes a las demandas actuales de la ciudadanía.
No puedo estar más de acuerdo, Presidente, con ese camino. Por ahí deben orientarse, en primera instancia, las empresas del Estado, haciendo esa reflexión y buscando esos mecanismos, y es lo que nosotros debiésemos acompañar como Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Que no quepa duda de que estaremos muy vigilantes de esta mesa que está llevando adelante el Ministerio del Trabajo, porque esperamos conclusiones que subsanen las observaciones que ustedes señalan. No es una buena noticia cuando una empresa del Estado se ve debilitada; no es una buena noticia cuando hay desvinculaciones de trabajadores; no es una buena noticia dejar sin atención una situación que compromete a todo el territorio nacional, particularmente con un gobierno comprometido con los trabajadores y con la protección de las empresas estatales. Eso, Presidente.
Gracias, diputada Cicardini. Diputada González, ¿usted me había pedido la palabra?
Gracias, Presidente. Saludar a las dirigentas, dirigentes y trabajadores de la empresa Correos de Chile. Es muy lamentable escuchar la exposición; es muy impactante ver la cantidad de despidos que se han realizado, cuando además se constata en la presentación que traen ustedes 277 años de historia.
Empresas que son un orgullo para los chilenos. Yo creo que, si uno le pregunta a un ciudadano común y corriente qué piensa de Correos de Chile, dirá que es una empresa con buen prestigio, muy valorada desde la ciudadanía. A diferencia de otras empresas del Estado, donde, si uno pregunta por Codelco, por ejemplo, aparecen opiniones distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las y los trabajadores han puesto un sello a la empresa: han preservado su historia y el compromiso con la calidad del servicio, y eso es tremendamente valorable.
Por otro lado, uno ve el cambio, la dinámica de la irrupción tecnológica. Lo que pasaba con Correos de Chile era algo que se veía venir desde hace años; diría que hace unos siete años ya se proyectaba cómo habría que reformular esto. ¿Qué me preocupa? Que llegamos tarde, llegamos tarde cuando los despidos ya están efectuados. Y queda la reflexión: ¿cuál es el control que tienen las empresas del Estado para hacer sus definiciones estratégicas? ¿A quién rinden cuentas, siendo que son empresas de todos los chilenos y chilenas, patrimonio de todos? Falta un control más riguroso para prever estas situaciones, y que los directivos y ejecutivos a cargo de empresas del Estado informen con mayor transparencia lo que se está pensando para ellas.
Porque, si veo una empresa privada, su lógica será la continuidad, la rentabilidad, la reformulación, cómo adaptarse a un nuevo tiempo. Pero en una empresa del Estado vemos que deja correr el agua, deja que la leche se derrame. ¿Y quién paga esos costos de la inacción? ¿Los pagan los ejecutivos, los directivos? Ellos seguirán recibiendo sus sueldos, tengan una buena o mala gestión. ¿Dónde está la visión estratégica para salvar la empresa del Estado?
Entiendo que se anunciaron despidos: 400 en abril y 600 en septiembre. Si me pueden corregir la cifra de los despidos… ¿La mesa, el presidente del sindicato nacional? ¿Corresponde? Disculpe que no conozco el mecanismo.
—Los despidos que se anunciaron fueron 600. Fueron anunciados, pero no conocemos el número final. Tal como se señaló en la presentación en PPT que expusimos, no sabemos el número de despidos porque no ha sido informado, así como tampoco el detalle del cierre de sucursales. Eso puedo señalar al respecto. Gracias.
Esa información, Presidente, también podríamos precisarla: cuántos despidos se han efectuado y cuántas sucursales se han cerrado. En O’Higgins hemos recibido reportes de que la sucursal de Pichilemu y la de Graneros estarían cerrando.
Comparto lo que decía la diputada Cicardini respecto de cómo nos adaptamos a los nuevos cambios, porque no es un mercado que murió, sino uno que se reformuló. Hoy existe la posibilidad de que Correos de Chile tome otros segmentos y alcance rentabilidades tan atractivas como las de las empresas que se dedican a la entrega de encomiendas u otros servicios. Pero, como también planteó el dirigente, preocupa la calidad del empleo en esos otros servicios, donde el trabajador utiliza su auto, no tiene mayor regulación y enfrenta vulnerabilidad laboral; a diferencia de lo que se espera de una empresa del Estado, que debe cumplir con mayor responsabilidad la normativa laboral y resguardar los derechos de los trabajadores.
Espero que la mesa de trabajo se concrete prontamente, que esta medida se pueda retrotraer y que la visión de las empresas del Estado sea la de alcanzar rentabilidad, reformularse a los nuevos tiempos y, por supuesto, mantener los empleos y su calidad para las chilenas y los chilenos. Eso, Presidente. Muchas gracias.
—Gracias, diputada González. El diputado Undurraga me había pedido también la palabra.
—Gracias, Presidente. Saludar, por su intermedio, a los dirigentes; al señor Juan Riquelme, presidente de la Federación de los Trabajadores; y a los distintos presidentes de sindicatos.