En nombre de Dios y la Patria, se abre esta sesión. La señora Secretaria...
Daré lectura a la Cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y los diputados Mónica Arce, Héctor Barría, Arturo Barrios, Karen Medina, Andrés Giordano, Luis Maya, Camila Rojas y Emilia Schneider, que modifica la Ley 21.109 para anticipar la aplicación de las normas que indica a los asistentes de la educación del sector municipal. Comunicación suscrita por el diputado Sergio Bobadilla y la diputada Emilia Schneider, por la que informan que han acordado pareo para la presente sesión. Correo electrónico del asesor de gabinete del ministro de Educación, por medio del cual excusa la inasistencia del ministro a esta sesión, ya que debió regresar de urgencia a una reunión en Santiago sobre asuntos propios de la cartera. De este modo, el ministro encargó al director de Educación Pública representar al Ministerio en esta sesión. Ordinario 888 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta al oficio 840 de esta Comisión, por el que se solicitó informar acerca de las medidas concretas que se están evaluando y las que se implementarán para abordar las necesidades de salud mental de niños, niñas y adolescentes, considerando los resultados de la encuesta Juventud y Bienestar 2024, específicamente sobre las herramientas, programas y recursos con que cuenta el Ministerio para hacer frente a estas problemáticas en los establecimientos educacionales y si se contempla el fortalecimiento de los programas y prestaciones existentes. Correo electrónico del integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señor Gonzalo Muñoz, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a funciones en el Consejo en el mismo día y hora. Correo electrónico del director DAEM, señor Víctor Tapia, mediante el cual hace llegar copia del oficio 647 de la alcaldesa de Puerto Octay, dirigido al subsecretario de Educación, por el que informa que los alumnos de la Escuela Rural Nochaco de esa comuna han sido trasladados al establecimiento educacional en furgones escolares desde marzo hasta diciembre de este año. Correo electrónico suscrito por representantes de apoderadas y apoderados, miembros de los comités directivos locales de los Servicios Locales de Educación Pública, a través del cual hacen llegar comunicado público en el que manifiestan su profunda preocupación y se declaran en estado de alerta frente al proceso de discusión, aprobación y asignación del presupuesto en lo que respecta a la educación pública. Señalan que están al tanto de los cambios y perjuicios que implicaría un bajo presupuesto y que el Estado ya tiene una gran deuda con las infancias y adolescencias del país. Correo electrónico de la directora ejecutiva de la Red por un Chile que Lee, señora Paulina Retamales, que señala que, junto a UNESCO y la Biblioteca del Congreso Nacional, organizan el hito del compromiso por el aprendizaje y la lectura, a llevarse a cabo el 15 de octubre a las 15 horas en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Destaca el objetivo del compromiso e invita a participar a los miembros de esta Comisión para dar una señal de unidad y compromiso transversal con la primera infancia y la educación. Correo electrónico del estudiante Sacha Tejada, quien solicita audiencia con la Comisión para exponer su caso en una fecha próxima. Relata que es alumna egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Viña del Mar. Tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista, trastorno ansioso-depresivo e insomnio. Solicita una intervención en contra de la universidad para poder realizar la actualización de ramos y hacer uso de las oportunidades para rendir el examen de grado señaladas en el reglamento de la carrera, situación que la universidad estaría desconociendo, y que la ha eliminado de la carrera sin activar los protocolos, cuando informó su condición el día 21 de agosto en la sede de Vicerrectoría y Rectoría. Correo electrónico del médico cirujano don Agustín Morán, alumno de Traumatología de la USACH, quien solicita respuesta urgente y menciona que su caso de discriminación y pérdida de tratamientos crónicos de patologías, en virtud de un acto administrativo discriminatorio por parte de la USACH, ha escalado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según documento que acompaña, donde solicita, en su calidad de peticionario, medidas cautelares contra el Estado de Chile. Solicita que se tenga a bien dar respuesta por parte de las autoridades locales. Es toda la Cuenta, Presidenta.
—Muchas gracias, Secretaria.
Se ofrece la palabra respecto de la Cuenta. No habiendo palabras, y entrando al Orden del Día: esta es una sesión especial —aunque aquí figura como ordinaria—, citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en mensaje que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública. Se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, vamos a escuchar a los siguientes invitados, a quienes se les otorgará un tiempo de exposición de aproximadamente 15 minutos. En primera instancia, escucharemos a los integrantes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, quienes se encuentran presentes.
Conectados a la sesión, les damos la más cordial bienvenida a los señores Aldo Casinelli Capurro, Omar Jara y María Teresa Flores Petur. Les damos la palabra; bienvenidos a la sesión de Educación.
Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Vamos a presentar una síntesis del trabajo que hemos realizado como Consejo. Expondré a nombre del Consejo y, por supuesto, mis colegas consejeros podrán intervenir o complementar cuando lo estimen pertinente. Creemos que compartir esta síntesis aporta sustento adicional sobre aspectos contemplados en el proyecto de ley, muchos de los cuales hemos señalado desde el inicio de nuestro trabajo en 2018.
Voy a compartir una presentación. ¿Pueden ver bien la presentación? —Sí, la estamos viendo. —Muchas gracias. Perfecto.
En primer lugar, quisiéramos sintetizar la naturaleza de nuestro trabajo, para que se entienda que éste se sustenta en evidencia de diversa índole y ha sido riguroso y sistemático en el tiempo, de modo que ustedes cuenten con elementos de juicio claros sobre lo que hacemos. Es importante recordar la misión del Consejo por dos razones. Primero, nuestro rol es formular recomendaciones de mejora. Lo señalamos porque, a veces, en el modo en que se ha referido a nuestro trabajo, pareciera que tuviésemos poder de decisión sobre transformaciones; sin embargo, el rol del Consejo es establecer recomendaciones que esperamos sean consideradas por quienes tienen la responsabilidad de decidir en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese es el alcance de nuestra acción. Segundo, este Consejo representa una diversidad de visiones y competencias, tal como lo exige la ley. En consecuencia, hemos desarrollado un trabajo serio y comprometido para conciliar perspectivas en función de una política de gran envergadura, que debe conducirse con altura de miras.
Ustedes pueden apreciar cómo ha ido modificándose la composición del Consejo y que varios de sus integrantes han estado desde el inicio del proceso; por lo tanto, contamos con una visión panorámica de la instalación de los Servicios Locales. En cuanto a nuestro trabajo, hemos sostenido 94 sesiones entre 2018 y 2025, con períodos intensivos dedicados a la elaboración de informes. Hemos entregado seis informes anuales, además del informe de evaluación intermedia solicitado por ley.
Nuestra base de evidencia incluye: sesiones con invitados que cumplen diversos roles dentro del sistema, cuyos detalles expondremos a continuación; materiales y datos de la Dirección de Educación Pública (DEP) y de otras entidades gubernamentales, como la Agencia de Calidad y el Servicio Civil; estudios que encargamos como parte del proceso de evaluación; y estudios externos realizados por instituciones académicas y organismos vinculados a temáticas de educación. Hemos consultado anualmente estas fuentes para realizar una evaluación informada del proceso de Nueva Educación Pública.
Respecto de los actores que hemos escuchado, y dado que, por mandato legal, no podemos desplazarnos a terreno, hemos recibido a representantes de todos los territorios de Servicios Locales en distintas fases de instalación. Hemos sostenido reuniones con directores ejecutivos, integrantes de comités directivos, profesionales de distintas divisiones de la DEP, representantes de la Agencia de Calidad, de la Superintendencia de Educación y del Servicio Civil; con consejos locales, directores de establecimientos, estudiantes, apoderados, profesores y personal de los Servicios Locales de diferentes unidades, por ejemplo, gestión territorial y las UATP, entre otras.
Hemos convocado, entre otros, a académicos y académicas que investigan temas de Nueva Educación Pública, y también hemos trabajado con los funcionarios municipales. Ha sido, por tanto, un trabajo amplio, que ha escuchado distintas voces a lo largo del proceso.
Para asegurar el rigor de nuestra evaluación, desde el inicio acordamos como Consejo un conjunto de dimensiones, cuya definición y alcance están detallados en nuestros informes y se han mantenido estables en el tiempo. Ello nos ha permitido identificar qué aspectos permanecen como críticos y cuáles constituyen avances. Es un proceso minucioso: toda la evidencia que recogemos anualmente se sistematiza en una plantilla por dimensión, y sobre esa base arribamos a conclusiones y formulamos recomendaciones en cada informe. Queremos enfatizar la seriedad, el rigor y el compromiso de nuestro trabajo a lo largo de estos años, así como la base de evidencia que sustenta nuestra evaluación.
En ese marco, presentaremos los principales hallazgos en términos de avances y nudos críticos persistentes, varios de los cuales son abordados por el proyecto de ley actualmente en discusión. En la lámina pueden ver algunos de los estudios que hemos utilizado como fuentes de evidencia, los que resultan consistentes con lo que hemos levantado como Consejo y refrendan nuestras conclusiones.
En cuanto al marco general, existe acuerdo en que la instalación de la Nueva Educación Pública es un proceso de gran envergadura; por lo mismo, muchos de los desafíos observados eran esperables. De ahí la importancia de contar con una evaluación permanente. Valoramos la existencia de un Consejo que evalúa de manera continua el proceso, así como la gradualidad de la implementación: partir con una primera serie de servicios locales, realizar una evaluación intermedia, y así ir monitoreando avances. Con todo, entendemos que esa evaluación permanente debe traducirse en efectos ciertos sobre la legislación y en medidas por parte de los actores gubernamentales.
Pese a las dificultades, el proceso de instalación se mantiene en pie, ha continuado en el tiempo y se ha logrado la puesta en marcha de un número creciente de servicios locales. Transversalmente, observamos un alto nivel de compromiso de los distintos actores y una expectativa de cambio relevante para la educación pública.
Entre los avances principales, destacamos el aprendizaje acumulado. A lo largo de los años, la Dirección de Educación Pública y los servicios locales han logrado mayor precisión en los procedimientos; han elaborado manuales, protocolos, reglamentos y modelos de acompañamiento más detallados; han establecido redes entre servicios locales que se apoyan mutuamente, especialmente en la instalación de nuevos servicios; han afinado los convenios de traspaso y los decretos alcaldicios; y han alcanzado mayor orientación y claridad conforme avanza el sistema, con más certezas sobre su funcionamiento respecto del primer periodo, en que algunos servicios debieron instalarse con mucha rapidez.
Asimismo, se ha avanzado en el desarrollo de criterios de complejidad de los territorios, como mostró el estudio del Centro de Políticas Públicas, y en criterios generales para el traspaso, aportados tanto por la red como por la evaluación externa realizada recientemente por la Universidad de Chile. En consecuencia, hoy contamos con criterios concretos para evaluar el proceso.
Y cómo se desarrolla en el tiempo. Un avance que detectamos a partir de 2022 es que, al principio, el aspecto pedagógico quedaba en segundo plano por los problemas operativos de la instalación de los servicios locales. Sin embargo, desde 2022 en adelante, especialmente con la instalación y consolidación de las Unidades de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP), emergió una valoración mucho más alta del componente pedagógico, lo que contribuye a resolver la problemática del sistema municipal de giro múltiple —esto es, que la municipalidad está dedicada a muchas funciones, entre ellas la educación—, impidiendo que el foco se situara en lo propiamente pedagógico. Ese es un avance que observamos como consejo.
Por otra parte, existe una valoración transversal de los espacios participativos, específicamente los consejos locales y los comités directivos, considerados inexistentes en el sistema municipal, aunque, como veremos más adelante, esa participación aún varía significativamente según el servicio local. También se constatan avances recientes en la constitución de redes e iniciativas de colaboración en diversos territorios, algo que en las primeras evaluaciones de este consejo no estaba tan presente. Asimismo, los actores perciben una menor sujeción de los nombramientos de cargos a los ciclos políticos, pues antes existía la percepción de que, en la administración municipal, muchos cargos se definían por razones políticas más que por la calidad profesional y la experticia de las personas. Y corresponde reconocer que, si bien en varios sentidos las municipalidades obstaculizan el proceso, también operan como facilitadoras cuando muestran una mejor disposición a colaborar.
Respecto de los principales desafíos, iremos por ámbitos. Uno recurrente desde 2018 es la forma en que los municipios asumen el proceso de transición. Por una parte, hay falta de información necesaria y problemas en su calidad: no se entrega la información requerida para una transición adecuada; por ejemplo, carpetas de personal extraviadas o incompletas. Esto ocurre, además, porque los convenios de transición actualmente son voluntarios y, aunque se ha solicitado mayor detalle, persisten las dificultades. A ello se suma que la información se desactualiza al momento del traspaso, lo que también requiere mejoras. Hay inmuebles que no tienen su dominio regularizado al momento del traspaso. Se produce sobredotación al incorporarse personal municipal a la dotación de los establecimientos antes del traspaso. Existen, además, problemas de infraestructura: no es que los servicios locales los generen, sino que reciben establecimientos, en muchos casos, en condiciones muy deficientes.
Todo lo anterior complejiza el inicio de operaciones del servicio local: gran parte del arranque se destina a subsanar problemas operativos que no son de su responsabilidad, y por eso el foco en lo pedagógico se desplaza hasta que ya se ha avanzado en la implementación. Esto, a su vez, genera sobrecarga del personal, pues quienes están en UATP o en gestión territorial terminan asumiendo tareas operativas. Hemos insistido, además, en que, a medida que pasa el tiempo, la crisis municipal se acrecienta: aumentan los niveles de deuda y las condiciones en que el servicio local heredará el servicio educacional empeoran, haciendo más desafiante el proceso. Por ello, las demoras en el traspaso resultan particularmente complejas.
Otro aspecto que se reitera permanentemente es la gestión financiera. Los servicios locales pasan a la figura financiera propia del servicio público, lo que choca con la Ley de Subvenciones y dificulta la gestión, generando tensiones y contradicciones entre cuerpos legales. Además, la figura de servicio público implica una gestión presupuestaria anual con procedimientos que no corresponden.
La lógica del servicio público no da la agilidad requerida en un servicio educacional. Hay cosas que los colegios necesitan gestionar con rapidez, pero deben solicitar una reitemización que puede demorar meses. Esto se agrava porque, al inicio de las actividades, los funcionarios no siempre conocen esa modalidad de gestión financiera, lo que ralentiza los procesos. En el último tiempo, en las declaraciones de los actores, ha aparecido también la DIPRES como un actor que no contribuye a agilizar los procesos, dado que sus tiempos de respuesta y de tramitación son muy lentos. Asimismo, existe la imposibilidad de usar saldos de caja como saldo inicial; entendemos que se han adoptado algunas medidas, pero no está garantizado que sean permanentes.
Algo que surgió en los informes 2023 y 2024 es que el sistema de financiamiento y la Ley de Subvenciones está apareciendo como un tema relevante. Saliendo un poco del marco, hemos sabido que ustedes recibieron un correo de consejos locales y comités directivos preocupados por la discusión presupuestaria. Hay, por tanto, una discusión acerca de cuánto se necesita realmente para que la educación pública funcione bien, cuánto se está entregando y de qué forma se está pensando ese financiamiento. En el último informe, por ejemplo, apareció el problema de la subvención asociada a la asistencia, cuando muchas veces la inasistencia se vincula a contextos vulnerables o a territorios aislados con condiciones climáticas adversas, por lo que terminan siendo castigados por factores ajenos a su control.
Por otra parte, hemos insistido en la insuficiente difusión hacia la opinión pública y las comunidades escolares. Falta información entre los actores del territorio acerca del nuevo sistema. Así como en otras reformas de gran envergadura, por ejemplo en el sistema judicial, se comprendía que había un cambio y en qué consistía, aquí, cuando llega el Servicio Local, los actores del territorio no saben a qué se refiere este nuevo sistema. Eso genera incertidumbre inicial, temores muchas veces infundados y no favorece la participación de la comunidad, que es fundamental, por ejemplo, para las elecciones de cargos del Consejo Local. Vimos que esto afecta particularmente a los actores de la escuela —docentes, apoderados y estudiantes—, porque nos han señalado que la información llega hasta los directores. Los directores de establecimientos están enterados del proceso, pero entre los docentes hay percepciones muy mixtas sobre si esto está generando un cambio en el aula; a veces no se sabe si dicho cambio obedece a acciones del equipo de gestión o si es parte de la mirada del Servicio Local. En otros Servicios Locales, en cambio, sí se reconoce una mirada pedagógica muy clara y contextualizada.
Por ello hemos recomendado una campaña nacional, por todos los medios de comunicación, que explique este proceso: su sentido, lo que implica y los espacios de participación; es decir, cómo funciona, pero sobre todo que comunique el relato u horizonte. De lo contrario, no tiene sentido solo cambiar de administración. La frase que se ha utilizado es: si esto es solo un cambio de jefe, no tiene sentido. Si, en cambio, esto implica un relato y una forma distinta de entender la educación pública —participativa, contextualizada, con proyectos diversos, inclusivos y con innovación pedagógica—, se comprende que se pueden sobrellevar las dificultades si hay un horizonte al que aspirar.
En la dimensión de participación, al ser de naturaleza consultiva según la ley, ésta queda muy sujeta a la voluntad de cada director o directora ejecutiva. En ese sentido, hemos observado calidades muy distintas: hay Servicios Locales cuya dirección permite una participación constante, con horizontalidad, territorialización y contextualización; y otros que, por años o durante un año entero, solo logran reunirse una vez con el director ejecutivo. Eso, a su vez, repercute en el sentido de esta política, que busca la contextualización y la territorialidad, porque no queda claro hasta qué punto, en los distintos territorios, existe participación real y genuina en los planes anuales y planes locales. Por eso, como Consejo, hemos insistido que...
Que se proteja de mejor manera la participación desde la propia normativa, asegurándola como componente central del espíritu de la Nueva Educación Pública. Por otra parte, es importante señalar que la ley no indicó cómo se organizaba la participación. Eso implica que los actores encargados del componente participativo han generado sus propias orgánicas, porque es muy complejo mantener la comunicación con las escuelas de todo el territorio, con todos los apoderados y con todos los profesores, para poder realmente hacer una representación que responda a las necesidades del territorio en su conjunto. Finalmente, somos un país con una tradición de política educacional muy vertical y, por lo mismo, transformar hacia lógicas participativas requiere formar en nuevas formas de liderazgo, que los actores consultados valoran: valoran cuando hay un liderazgo más horizontal y más democrático.
En cuanto a la articulación entre organismos y políticas —aspectos que también aparecen en el proyecto de ley—, la ley de origen no contempló una delimitación clara de las funciones que asumirían los Servicios Locales ni cómo esas funciones iban a interactuar con otros organismos con atribuciones afines, como las DEPROV y la Agencia de la Calidad de la Educación, especialmente en el acompañamiento a los establecimientos del territorio. Ello genera riesgo de sobreintervención y de mensajes tensionados y contradictorios para la escuela. También se requiere una mejor articulación con la Superintendencia de Educación, especialmente en los primeros años, porque se les exige como si estuvieran ya completamente instalados. Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso en que no se iba a permitir el inicio de funcionamiento de un establecimiento por condiciones de infraestructura que existían cuando estaba el municipio; sin embargo, el Servicio Local, que recién se está instalando, es el que estaba siendo sancionado por esas condiciones, sin darle tiempo para hacerse cargo. Ese tipo de situaciones surgen.
Hemos insistido en la importancia de revisar los mecanismos de fiscalización de la Superintendencia en los procesos de traspaso desde las municipalidades, recomendando que la Superintendencia tenga mayores atribuciones, mayor capacidad de establecer sanciones para las municipalidades y que la responsabilidad de estas se extienda con posterioridad al traspaso. De lo contrario, se producen dos efectos: una desatención previa al traspaso —soltar la responsabilidad porque ya viene el traspaso— y una evasión de responsabilidad posterior —porque ya está a cargo del Servicio Local—. Asimismo, se necesita mejor articulación con la DIPRES en términos de gestión y tiempos de respuesta; por eso, una de nuestras recomendaciones fue conformar una mesa de articulación intersectorial que aborde este cambio con la envergadura que corresponde, porque trasciende con creces la labor de la DEB y del Ministerio de Educación. También hemos planteado la necesidad de armonizar políticas que hoy podrían estar promoviendo sentidos contrapuestos: por un lado, la Nueva Educación Pública promueve la contextualización, la autonomía y lo territorial; por otro, existen políticas que ponen el foco en la cobertura y en la estandarización de la educación a partir del cumplimiento de objetivos.
Finalmente, hay aspectos operacionales reiterativos en nuestros informes. Destacan los desafíos de conectividad, sobre todo en territorios con localidades muy aisladas: a veces el Servicio Local queda instalado en un centro urbano, pero en el territorio hay comunidades que, para realizar un trámite, deben esperar, por ejemplo, el paso de una embarcación, convirtiendo ese trámite en algo que puede durar días. En esa línea, hemos recomendado la creación de oficinas locales, especialmente en territorios con mayor complejidad de conectividad. Otro punto es la dotación: falta personal en los Servicios Locales, lo que genera sobrecarga, especialmente en los primeros años del servicio. Como señalábamos, los equipos de la Unidad Técnico-Pedagógica terminan haciéndose cargo de labores que no corresponden a su unidad.
Lo que ya habíamos indicado: existe una sobredotación de personal en las escuelas previo al traspaso. Y también hemos escuchado ambas cosas: por una parte se habla de sobredotación de profesionales de la educación, pero en algunos territorios nos señalan que faltan docentes y apoyo especializado. Entonces, lo que parece haber aquí es una falta de planificación de una dotación adecuada, desde criterios pedagógicos y educacionales, considerando la envergadura de cada escuela y las necesidades de cada territorio. En esto, como en el financiamiento, se requiere definir qué es necesario para la educación pública desde criterios educacionales y pedagógicos.
Como cierre, queremos enfatizar que el trabajo del Consejo ha sido riguroso, sistemático y comprometido, escuchando las distintas voces del sistema, con revisión de múltiples evidencias y conclusiones refrendadas por diversos estudios y, especialmente, por la evaluación externa de la Universidad de Chile encargada recientemente. Creemos que el proyecto de ley aborda algunos aspectos levantados por el Consejo y, en ese sentido, valoramos que ciertas recomendaciones estén siendo acogidas, aunque hay otros elementos que aún no han sido considerados. Por ejemplo, el eje de participación todavía no incorpora modificaciones que respondan a los nudos críticos que hemos detectado.
Es importante reconocer la crisis del sistema municipal. Observamos indicadores muy críticos que, en la medida en que se demora el proceso, se agravan, y el Servicio Local va a recibir un servicio educacional en condiciones cada vez más adversas. Sabemos que ha habido casos críticos, pero subrayamos que estos se relacionan con una mala gestión municipal que hereda al Servicio Local numerosos desafíos. Por lo mismo, creemos que hay que considerar el cuadro completo en ese análisis.
Hemos señalado, pese a nuestra diversidad de visiones, que estamos de acuerdo en que este proceso debe continuar, y que todos los actores asuman la responsabilidad que les compete para que ello ocurra de la mejor manera. Eso incluye al Poder Ejecutivo y a los legisladores que hoy están discutiendo este proyecto.
No sé si Aldo u Omar quisieran agregar algo además de lo presentado.
Solo quiero recordar, María Teresa: yo había dicho 10-15 minutos; llevan 25 minutos. Les pido redondear las ideas. Si don Aldo o don Omar quieren hacer uso de la palabra, que sea lo más breve posible, porque además habrá espacio para preguntas.
Yo preferiría: me parece muy completa la presentación que ha hecho Teresa y, para economizar tiempo, formularía una pregunta. No sé si Aldo desea intervenir.
Señora Presidenta, quedamos a su disposición.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente invitado. La idea, para que comprendan la metodología, es dar la palabra a todos los invitados y luego abrir el espacio para consultas de parte de la comisión. Vamos a recibir entonces al Coordinador Nacional de Dirigentes de los Servicios Locales de Educación Pública, señor Andrés Arce Olate. Lo acompañan el Director Regional Metropolitano, encargado del Departamento del Servicio Local y Coordinador de Dirigentes del SLEP, señor Amaru Vázquez Lamata, y el Presidente Comunal de Cerro Navia y Coordinador de Dirigentes de Servicios Locales, señor Samuel Toledo Muñoz. Muy bienvenidos; pueden tomar asiento y tienen la palabra.
Buenas tardes. Primero, aclarar: somos, tal como dice la Presidenta, dirigentes de los Servicios Locales de Educación, en los distintos niveles comunales —en mi caso— y regionales —en el de los compañeros que me acompañan. Mi nombre es Samuel Toledo y, tal como se señala, soy presidente del comunal Cerro Navia. Fuimos de los primeros en ser traspasados; fuimos, comillas, conejillos de indias en este proceso de transformación de la educación pública, la llamada nueva educación pública.
El cambio que se produjo en nuestro caso el 1 de marzo de 2018 nos dejó muy preocupados desde antes del inicio del traspaso, por la multiplicidad de problemas que arrastrábamos desde los municipios, particularmente en el nuestro, aunque también se evidenciaban en muchos otros del país. ¿Cuáles eran esas preocupaciones? Fundamentalmente, lo relativo a las grandes deudas que había desde el municipio y posteriores al traspaso. Deudas que aún persisten, después de siete años, en muchas comunas y particularmente en aquella en la que trabajo hoy, Cerro Navia.
Con el transcurso del tiempo, una vez traspasados, nos encontramos los dirigentes resolviendo problemas que no se abordaron previamente. Hay que decir que en esa primera etapa no existían las comisiones técnicas que hoy existen para los traspasos; por tanto, fue casi un traspaso a pulso, y tuvimos que ir resolviendo cuestiones ya estando dentro del nuevo sistema. De hecho, Rodrigo Egaña era el director en ese momento y, en muchas ocasiones, debimos recurrir a él para resolver los conflictos que vivíamos en el primer Servicio Local, que fue, en este caso, Barrancas, con Lo Prado, Pudahuel y nosotros, Cerro Navia.
La mirada que teníamos entonces era que nos encontrábamos en una corporación municipal más grande, con tres comunas; es decir, viviendo los mismos problemas que enfrentábamos en la corporación municipal. Con el tiempo, es justo reconocerlo, esto fue cambiando: el proceso de traspaso fue mejorando, tanto por los ajustes que se implementaron como por los aprendizajes que obtuvimos nosotros, en ese momento representantes del profesorado, y que pudimos transmitir a las autoridades para que, efectivamente —tal como es el sueño de muchos—, la educación pública de nuestro país se fortalezca y se defienda, si eso es realmente lo que queremos.
Porque, si es así, hay que realizar cambios profundos para que la educación que hoy tenemos en los Servicios Locales, y en aquellas municipalidades y corporaciones que aún existen, pueda mejorar. De lo contrario, esto irá decreciendo y en algún momento podríamos encontrarnos con que la educación pública ha muerto, algo que no queremos que ocurra.
Así que los compañeros abordarán de manera más precisa aquellos aspectos que consideramos deberían incorporarse, esperamos, en las modificaciones al proyecto de ley relativo a la Ley N° 21.040, respecto de la cual hemos sido tan críticos. Muchas gracias, Presidenta. Saludarle, Presidenta, y por su intermedio a las diputadas y diputados de la Comisión. Bueno, como decía Samuel, a nosotros nos toca...
Hemos vivenciado la experiencia de los Servicios Locales y, a partir de ello, hemos levantado varios análisis, un trabajo que venimos realizando desde el inicio, partiendo por Barrancas, Gabriela Mistral y Valparaíso, y con compañeros de Puerto Montt, de Punta Arenas y de Arica. Entrando a lo específico del proyecto, tenemos una valoración inicial positiva en varios aspectos, porque recoge —tal como lo mencionaba recientemente el Consejo de Evaluación— cuestiones que efectivamente aborda este proyecto de ley y algunas de sus indicaciones. Creíamos necesaria una reforma por distintas materias referidas al traspaso, entre otros elementos; se entrega un rol más preponderante al Mineduc y a la DEP, materias que en la ley vigente no están debidamente establecidas; se agilizan procesos administrativos que hemos visto como una deficiencia en el funcionamiento de los servicios locales; se fortalecen espacios de vinculación interministerial e interagencias del Estado, por decirlo de alguna manera; y la instalación de oficinas territoriales que plantea el proyecto nos parece favorable, pues en lo práctico viene a resolver problemas. También corresponde referir a ciertos aspectos del Plan Estratégico Local (PEL), que consideramos importante mencionar.
Pero, en nuestro rol como dirigentas y dirigentes y como quienes vivimos el proceso, nos corresponde plantear cómo vemos la realidad actual dentro de los servicios locales y formular propuestas. Para ello definimos cuatro ejes de análisis. Primero, el referido al financiamiento. Hoy no es novedad —lo mencionaba también el Consejo de Evaluación— que los servicios locales se encuentran en una situación compleja. Un ejemplo simple: tengo el pantallazo de una conversación de un jefe de UTP de una escuela de nuestros territorios solicitando a los profesores y profesoras no enviar material porque no hay insumos para imprimir. Estamos hablando de octubre del año pasado, una situación que comenzó a evidenciarse desde agosto-septiembre. Esto obedece a distintas cuestiones: incongruencias, por ejemplo, entre lo que plantea la DIPRES y la ejecución de las leyes de financiamiento vigentes en educación, las distintas subvenciones y la necesidad permanente de solicitar modificaciones presupuestarias. Varios Directores Ejecutivos nos han señalado que no pueden ejecutar; recién leíamos un informe de ayer del Servicio Local Valparaíso que indica un déficit, solo en el Título 22, del orden de 3 mil millones de pesos que no pueden ejecutar. Vemos ahí un problema latente y creemos que el proyecto de ley no lo aborda plenamente. Sabemos que responde a una discusión mayor; en una intervención, el ministro Cataldo señaló que esta era una discusión más profunda. Si no la damos ahora, ¿cuándo la vamos a dar? ¿Cuándo abordaremos de fondo el financiamiento?
Un ejemplo concreto: ¿qué pasa con las licencias médicas? Los recursos que se descuentan por licencias médicas no retornan al Servicio Local, sino que regresan a Tesorería o a Hacienda; desconozco específicamente a cuál, pero no vuelven al presupuesto del Servicio Local, generando uno de los problemas actuales. El proyecto no cambia el modelo de financiamiento; solo flexibiliza algunos aspectos, como extensiones de plazo en el FAEP, entre otros. Entre las propuestas que se han planteado por diversos actores, para nosotros es fundamental un financiamiento pertinente y suficiente. Escuchábamos una propuesta de EduInclusiva sobre una ejecución presupuestaria bianual, que nos hace mucho sentido considerando las necesidades de nuestras realidades territoriales. Asimismo, se requiere un mecanismo pertinente para abordar el tema de las licencias médicas, atendido el problema presupuestario existente.
El segundo eje es la participación. Nos sorprende gratamente —y lo refuerza lo expuesto hoy por el Consejo de Evaluación— constatar que los espacios de participación que existen en los servicios locales, tanto en la ley vigente como en lo que se propone modificar, se configuran como espacios meramente consultivos y procedimentales. Es decir, participamos solo en lo que establece la ley, pero estos espacios no tienen vinculación efectiva en la elaboración del proyecto pedagógico, en la gestión ni en otros aspectos sustantivos.