El acta de la sesión número 128 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 129 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la Cuenta. Gracias, señor Presidente. Han llegado los siguientes documentos para la Cuenta. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que permite a las personas solteras postular en igualdad de condiciones a subsidios habitacionales, Boletín N° 14.876-14. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Hirsch, Fonsalí y Saffirio, y de las diputadas Kasmur y Nuyado, que modifica la Ley N° 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria en materia de administración y protección de los intereses de los copropietarios, Boletín N° 17.889-14. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa el estado de avance del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Arica y Parinacota, e indica que, a la fecha, no se registran viviendas con problemas estructurales. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual adjunta minuta sobre las fechas y plazos contemplados en el segundo semestre de 2025 para la postulación a los programas regulados por el DS N° 27 de Mejoramiento de Vivienda y Barrios y el DS N° 255 de Protección del Patrimonio Familiar. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se refiere a la no inclusión de la Comuna de Los Ángeles en la tabla excepcional que asigna a 660 unidades de fomento el subsidio del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el DS N° 49 (2011).
Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual adjunta minuta elaborada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, referida a la materialización de la entrega de escrituras a las 23 familias beneficiarias del conjunto habitacional Condominio Portal del Sol de Antofagasta. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual adjunta minuta elaborada por el Serviu de la Región del Biobío, referida al campamento Villa Las Torres de la comuna de Curanilahue y su incorporación al Catastro Nacional de Campamentos. Un reporte mensual de reconstrucción correspondiente al mes de septiembre del año en curso, remitido por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso. Un oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso, por el cual remite respuestas a la solicitud de adoptar acciones respecto del proceso de reconstrucción posterior al megaincendio ocurrido en la Región de Valparaíso en febrero de 2024. Un oficio de la Municipalidad de La Serena, mediante el cual señala que, a través de la Secretaría Comunal de Planificación, se encuentran trabajando en una iniciativa que considera pavimentación de la calle Las Palmeras, sector La Pampa, para Vero Nº 12 de la comuna, que se encuentra en etapa de aprobación técnica por el Serviu, la cual contempla la visación de la Dirección de Obras Hidráulicas para la solución de aguas lluvias, la que podría obtenerse durante octubre, dependiendo de los plazos de revisión de las entidades mencionadas. Un oficio del diputado señor Andrés Jouannet, mediante el cual solicita invitar al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y al Presidente de BancoEstado para que se refieran a los retrasos en el pago a las empresas constructoras que ejercen labores en el desarrollo de viviendas sociales. Un correo electrónico de la Presidenta de la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de la comuna de Graneros, por el cual solicita ser recibida en audiencia junto a dirigentes de los comités de vivienda de la comuna para exponer sobre el Plan de Emergencia Habitacional y su implementación a nivel local, atendida la compleja realidad habitacional que afecta a cientos de familias organizadas en distintos comités que mantienen una larga espera por soluciones concretas. Un correo electrónico de dirigentes de los comités de vivienda del proyecto Santana de la comuna de Graneros, por el cual solicitan audiencia junto a un representante de la entidad patrocinante Andina para exponer y dialogar sobre el estado de avance de la habilitación normativa en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Un correo electrónico de la señora Angelina Segura, de la comuna de Puente Alto, por el cual solicita audiencia en representación de un grupo de personas beneficiarias del subsidio DS49 para compra de viviendas usadas, señalando que, pese a haber firmado e inscrito las escrituras, no han podido habitar sus viviendas por falta de pago del Serviu a los vendedores. Una nota del Comité Mixto PC–Federación Regionalista Verde Social e Independientes y del Comité Frente Amplio–Independientes, por la cual se informa que el diputado señor Tomás Hirsch será reemplazado por la diputada señora Maite Orsini en la sesión de hoy. Un oficio de la Dirección de Presupuestos, mediante el cual excusan la inasistencia de la Directora a la sesión de hoy por compromisos legales propios de su cargo durante el período de tramitación del proyecto de ley de presupuestos. Y, finalmente, una nota de la Bancada Socialista, por la cual comunican que la diputada señora Daniela Cicardini reemplazará a la diputada señora Danisa Astudillo en la sesión de hoy. Esa es toda la Cuenta, Presidente.
Muchas gracias, señora Secretaria. ¿Alguna observación sobre la Cuenta? Entonces, esta sesión tiene por objeto, primero, pronunciarse —inmediatamente después de la Cuenta— sobre la renuncia que presenté la semana pasada, de conformidad con el artículo 240 del Reglamento de la Corporación. Sometemos a votación la renuncia.
¿Lo votamos a viva voz?
Sí, por nombre.
Diputado Araya.
Diputada Cicardini: A favor de la renuncia.
Diputado Borges: A favor de la renuncia.
Diputado Beltrán.
Diputada Orsini: A favor.
Diputado Madeson.
Diputada Medina.
Diputada Nuyado.
Diputada Rafael.
Diputado Saffirio: A favor.
Diputado Ulloa: A favor, y felicito la gestión del diputado por su labor en la organización.
Diputado Beltrán: A favor.
Presidente: A favor.
Ocho votos a favor, Presidente.
Aprobada la renuncia.
En segundo término, debemos iniciar la discusión en general del proyecto de ley, originado en moción del diputado señor Tomás Lagomarsino Guzmán, que modifica diversos cuerpos legales para permitir que el plan de manejo de bosque nativo en suelos urbanos se desarrolle en las áreas verdes cedidas en procesos de urbanización, correspondiente al Boletín N° 17043-14. Se encuentra invitado a la Comisión el diputado Tomás Lagomarsino, a quien ofrezco la palabra para que exponga sobre el proyecto de ley cuya discusión se inicia hoy.
Muchas gracias, señor Presidente. He solicitado a la Secretaría el enlace para poder proyectar una presentación. Mientras tanto, avanzaré.
Efectivamente, este es un proyecto de ley que busca armonizar ciertas inconsistencias entre la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Bosque Nativo, en cuanto a la posibilidad y el costo adicional que implica realizar planes de manejo cuando, en terreno urbano, se busca impulsar un proyecto habitacional y dicho terreno posee bosque nativo, con las trabas que aquello conlleva. Por ello, se proponen modificaciones tanto al decreto con fuerza de ley N° 458, relativo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como a la Ley N° 20.283, sobre bosque nativo.
Actualmente, el DFL N° 458, en su artículo 57, establece que en los procesos de urbanización en áreas urbanas deben contemplarse una serie de requisitos referidos a áreas verdes y equipamiento —deportivo, recreacional, entre otros—, regulados con mayor detalle en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, por cierto, en los planes reguladores de cada comuna. Ello impone ya a quienes desarrollan este tipo de proyectos la obligación de considerar una dotación determinada de áreas verdes, conforme a la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, su ordenanza y los instrumentos territoriales municipales.
En paralelo, la Ley N° 20.283, Ley de Bosque Nativo, genera un segundo requisito cuando el terreno en que se promoverá el proyecto habitacional contiene bosque nativo. Aquí cabe una salvedad: la historia de la ley y el mensaje presidencial, en su totalidad, siempre aludieron al suelo rural. De hecho, el mensaje señala expresamente que todo esto se entenderá en ese tipo de terreno. Sin embargo, el artículo 5° de la Ley de Bosque Nativo quedó redactado sin diferenciar entre suelo rural y urbano, quedando su aplicación tanto para terrenos urbanos como rurales.
Establece el artículo quinto que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre —y ahí está el punto en particular— deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, y cumplir además otros requisitos.
Ahora bien, el problema surge porque puede ser entendible que, en un predio rural, cuando se quiere desarrollar una actividad y se pretenda cambiar su destino a urbano, deba realizarse un plan de manejo. Pero cuando ya estamos en terreno urbano, para desarrollar un proyecto habitacional, se impone un segundo requisito, además del ya existente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En efecto, para poder ejecutar el plan de manejo, si ese terreno tiene bosque nativo, en la práctica quien desarrolla el proyecto debe adquirir un segundo terreno donde llevarlo a cabo. Así se configura un doble requisito que impone dificultades significativas a quienes impulsan estos proyectos.
¿Por qué surge esta iniciativa? Surge a partir de un proyecto habitacional importante que reúne varios comités de vivienda en Viña del Mar, destinado a 900 familias. Lamentablemente, el terreno urbano en que se emplaza tiene bosque nativo. Por tanto, existe una dificultad para la aprobación por parte de la Corporación Nacional Forestal, porque el Decreto Supremo N° 49 establece, entre los requisitos para que el proyecto sea aprobado por el SERVIU, la existencia de una consulta de pertinencia a la CONAF. Esa consulta, cuando existe bosque nativo y no se ha avanzado en el plan de manejo, en la práctica no se emite; al no emitirse, el SERVIU no aprueba, y al no aprobar, no puede conocer el proyecto en mayor profundidad. En consecuencia, éste no avanza y termina trancándose.
Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto de ley? Buscamos hacer dos modificaciones. La primera, a la Ley de Bosque Nativo, en su artículo quinto, reemplazando la frase “cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre” por la expresión “cuando se trate de terrenos rurales”, a fin de que la exigencia de plan de manejo, cuando haya bosque nativo en terrenos urbanos, no sea equivalente a la que rige en terrenos rurales. La segunda, también al artículo quinto de la Ley de Bosque Nativo, agregando un inciso final que establezca que, en el caso de terrenos cuyo uso de suelo sea urbano, el plan de manejo previamente aprobado por la corporación deberá realizarse en las áreas verdes cedidas gratuitamente, según lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Adicionalmente, proponemos una modificación a otro cuerpo legal —la Ley General de Urbanismo y Construcciones— incorporando un nuevo inciso final en su artículo 70, del siguiente tenor: “Las áreas verdes cedidas a propósito de procesos de urbanización comprendidos en este artículo podrán ser utilizadas para la creación de planes de manejo exigidos por el artículo quinto de la Ley N° 20.283”.
Esto no es, obviamente, un problema exclusivo de un proyecto en Viña del Mar. Desde que presentamos esta iniciativa —ingresada el 7 de agosto de 2024—, muchos otros comités a nivel nacional han tomado contacto y han planteado dificultades muy similares. En su oportunidad conversamos con el Ministerio de Vivienda, particularmente con el asesor legislativo, y se nos comentó que podría incorporarse una modificación que resolviera esto en la ley miscelánea; hasta donde entiendo, aquello no ocurrió.
En definitiva, Presidente, lo que buscamos es corregir, a nuestro juicio, un error en la Ley de Bosque Nativo.
Era regular el uso de suelo rural y no el uso de suelo urbano. Por cuanto, al hacerlo en terrenos urbanos y exigir un plan de manejo, se termina bloqueando el avance de proyectos habitacionales de esta índole, no solamente en la región, pero particularmente en la comuna de Viña del Mar, donde hay un proyecto habitacional para 900 familias de diversos orígenes. Hoy nos acompañan algunos de sus dirigentes. Eso sería, presidente. Le agradezco nuevamente por haber puesto en tabla el proyecto y, por supuesto, al diputado Andrés Longton, quien hizo el nexo para lograr esta gestión de inicio de esta moción parlamentaria que lleva un poco más de un año esperando. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Vamos a pedir que nos haga llegar el listado de invitados para que puedan exponer, así como los otros miembros de la comisión, de manera de poder ver este tema y votarlo en general prontamente. Muchas gracias. Ministro.
No, simplemente señalar que nosotros no teníamos la información y entregaremos una opinión en la próxima sesión como ministerio sobre el proyecto. Tenemos antecedentes de la discusión anterior, a propósito de incorporarlo en la ley miscelánea. Efectivamente, el tema de los planes de manejo está obstaculizando distintos proyectos y hay que buscar la mejor definición. Daremos una opinión en la próxima sesión, diputado.
Muchas gracias, ministro. Entonces, en el punto 3: referirse a la falta de recursos para el pago y la entrega de anticipos por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana a las constructoras de viviendas sociales. Asisten el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes Cisterna; la jefa de la División de Finanzas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señora Vania Navarro; el director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, señor Roberto Acosta; y la subsecretaria de Vivienda. También se encuentran conectados telemáticamente, en representación del presidente del Banco del Estado, el gerente de Planificación y Control de Gestión, señor Camilo Vío; el gerente de la Banca Institucional, señor David Durán Cabeza; el gerente de Factoring, señor Alexander Best Sepúlveda; el subgerente Legal Corporativo de Estudios, señor Álvaro Larraín Fierro; y el subgerente de Asuntos Públicos, señor Gonzalo Urrutia Roazenda. Además, concurren la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein, junto a la directora jurídica de Licenciamiento Prudencial, señora Carolina Álvarez, y el director de Supervisión Prudencial, señor Osvaldo Adame Donoso. Ministro, le ofrecemos la palabra sobre el tema.
Muchas gracias, presidente. Como usted decía, me agregaría que están acá con nosotros también la seremi y la directora de la región de Valparaíso, porque la situación de Valparaíso ha estado en discusión. Quisiéramos partir nuestra intervención como ministerio con una breve exposición de ella, explicando cuál es la situación hoy de la reconstrucción en Valparaíso; está aquí Belén. Posteriormente haríamos tres intervenciones para responder a las preguntas que ustedes nos han hecho. Entonces, si le parece, presidente, que Belén Paredes pudiera explicar la situación de la reconstrucción.
Ustedes nos plantearon que pusiéramos los temas; por eso agregamos este asunto como algo central para discutirlo en su conjunto. ¿Les parece que exponga la seremi?
Acordado. Seremi, diez minutitos para que exponga.
Sí, ahí está. Ya.
Buenas tardes, señor Presidente. Por su intermedio, saludo a las y los integrantes de la Comisión de Vivienda. Realizaremos una breve presentación para entregar el estado general del reporte mensual correspondiente a septiembre. A propósito de la comisión investigadora recientemente finalizada, hicimos un balance del proceso de reconstrucción; este reporte mensual muestra el avance en materias específicas.
Nuestro universo de trabajo comprende 3.652 familias hábiles: 2.637 en poblaciones consolidadas y 765 familias de campamentos.
El proceso avanza en cuatro ejes prioritarios. En primer lugar, la nominación, entendida como la asignación de subsidios: registramos un 98% de avance, con 2.569 familias con subsidio asignado, y resta un 2% por asignar —68 personas—. Es importante señalar que se está realizando un trabajo uno a uno para resolver condiciones normativas y legales y alcanzar el 100% de personas nominadas.
Respecto de la vinculación con la asistencia técnica —esto es, que quienes tienen subsidio estén asociados a una asesoría técnica o a un proceso de proyecto—, alcanzamos un 94% de familias vinculadas y queda un 6% por vincular, principalmente en sectores con zonas de riesgo por remociones en masa, lo que afecta dicha vinculación.
En ejecución de obras llevamos un 45% de avance: 35% en ejecución y 10% terminadas o entregadas. Este indicador aumentó desde el 39% informado en el último reporte ante la comisión investigadora. Queda por iniciar el 55% restante.
En el ámbito urbano, en la comuna de Viña del Mar, tenemos 145 proyectos en ejecución —pavimentaciones y conservación de aguas lluvias—; estamos por iniciar 14 pavimentaciones adicionales y contamos con 39 obras en desarrollo de diseño. Esto involucra no solo conservación y vivienda, sino también proyectos urbanos como estabilización de taludes, vías de evacuación y muros.
Por ejemplo, en el sector de Loma La Torre. En la comuna de Quilpué tenemos 101 proyectos avanzando en el ámbito urbano: 56 pavimentos en ejecución, 12 pavimentos ejecutados y conservación de aguas lluvias en 22 puntos. Además, tenemos en diseño dos pavimentaciones en el sector de Pompeya, uno de los sectores con menor consolidación urbana. Y en Villa Alemana tenemos tres proyectos, dos en ejecución y uno en diseño. Asimismo, algo muy importante es que estamos trabajando en el fortalecimiento barrial, donde tenemos siete polígonos, dos en Quilpué y cinco en Viña del Mar, con la intervención continua por cuatro años de un equipo destinado al desarrollo de un plan de gestión social y un plan de gestión de obras.
Concluido este resumen ejecutivo, podemos decir que la asignación de subsidios alcanza el 98%; nos queda por nominar cerca de 68 familias, cuyas principales problemáticas tienen que ver con condiciones legales, posesiones efectivas e inscripciones de propiedad que debemos resolver. La variación de agosto a septiembre, que es como estamos reportando y midiendo, proyecta un aumento de 29 nominaciones. La siguiente, por favor.
Respecto de la reconstrucción, el mayor porcentaje de incidencia está en los pequeños condominios de El Olivar, conocidos como los cuatripareos, donde se concentra el mayor número de procesos de proyecto, en rojo, con 771. Además, tenemos procesos de autoconstrucción, cerca de 394 familias; construcción en sitio propio, apoyada por una asistencia técnica y una constructora; y también autoconstrucción por el DS01, que quiere decir que personas que iniciaron su autoconstrucción también son beneficiarias del subsidio DS01 de pagos posteriores, es decir, se les devuelven los recursos que gastaron al inicio de sus viviendas. Adicionalmente, hay proyectos de vivienda industrializada (70), condominios sociales (163) y 88 tarjetas del Banco de Materiales. La siguiente.
La vinculación es relevante porque es lo que permite que este subsidio se convierta en proyecto. Tenemos 2.420 familias con un 94% de avance, y lo que falta se relaciona principalmente con lotes emplazados en áreas de riesgo o en terrenos irregulares.
Como último reporte, la siguiente, por favor, tiene que ver con el proceso de proyectos. Lo más importante es el dinamismo de los ingresos a las Direcciones de Obras Municipales: vemos un aumento, de agosto a septiembre, de 95 nuevos expedientes; es decir, cerca de 100 familias que tienen su subsidio, cuentan con asistencia técnica y están tramitando su permiso de obra. Esto indica un ritmo de avance de cerca de 100 permisos por mes que permitirán convertirse en obras, lo que da cuenta de que el proceso de reconstrucción avanza, y que nuestra concentración en el último trimestre de este año está en la ejecución e inicio de estas obras. La siguiente, por favor.
A modo de conclusión, tenemos 268 viviendas terminadas y entregadas al mes de septiembre; en ejecución, 885, lo que reporta un 45% de avance. Nuestro trabajo está ahora concentrado en las que están por iniciar, que corresponden al 55% restante. También se ha avanzado con fuerza en nuevos proyectos, es decir, no solo en construcción en sitio propio, sino en nueva oferta habitacional. El proyecto de Reñaca Alto, de 240 unidades, destina 72 unidades a damnificados, y el resto a allegados o arrendatarios también damnificados del incendio y otras situaciones particulares; ya va avanzando y esperamos colocar la primera piedra en el mes de octubre. Esto es muy importante porque es nueva oferta habitacional, un proyecto que no existía previo a la catástrofe y que se ha generado en función de ella. La siguiente. Otros proyectos en desarrollo en las mismas condiciones son Mirador Centeno, en Viña del Mar, con 160 unidades, y Humboldt, en Quilpué, con 45 unidades.
Lo importante a resaltar en el mes de septiembre es que se pudo financiar el pago a familias que habían avanzado en la reconstrucción y necesitaban un empuje para terminar sus obras. Se pagaron 3.770 millones en función del Decreto Supremo N° 1, el DS01, que benefició a 93 familias que ya habían llegado al 60% de avance, y estamos tramitando otras 121 para llegar a 214, que es el número objetivo.
Con este beneficio, los 95 nuevos expedientes en la Dirección de Obras y la calificación del proyecto del Lote A para iniciar obras. Eso como un resumen general. También vamos a pasar rápido por las obras urbanas que se están desarrollando en las tres comunas; como decíamos, son 145 proyectos en Viña del Mar. Lo vamos pasando rápido, Claudia: las obras habilitantes, en diseño y en ejecución, destacando Augusto D’Halmar en Villa Independencia, que es una vía de evacuación que hoy no está en condiciones óptimas y que permitirá dar una nueva cara al sector de Villa Independencia. Pasemos, por favor, para mostrar las obras de ejecución de riesgo y desastre. Por ejemplo, el muro, el talud que está en Santa Inés, que fue una obra provisoria; en el mes de septiembre obtuvo la recomendación social para iniciar la licitación del proyecto definitivo, lo que mejorará también las condiciones urbanas del sector El Olivar. El mejoramiento y fortalecimiento barrial y comunitario, que es el programa Quiero Mi Barrio, sigue su curso y cuenta con alta participación ciudadana; acá hay fotos de todo el proceso y de cómo congrega a distintos vecinos y vecinas de los sectores siniestrados. Y, por último, para ver los avances de septiembre: en el ámbito urbano terminamos la pavimentación de seis calles en el sector de Pompeya, lo que es muy relevante porque entrega condiciones urbanas que previo al incendio no existían; el inicio de la obra de reposición de pavimento de Augusto D’Halmar, que ya lo señalé; el proyecto de paraderos en todo el sector de Viña del Mar; la intervención en la Subida Altamarugal, en El Olivar; y, además, por parte de los vecinos de Canal Chacao, un sector afectado en la comuna de Quilpué, se aprueba el plan maestro con las obras futuras del plan de gestión social y el plan de gestión de obra.
Esto como resumen de avance de la reconstrucción. Es importante decir que tenemos la meta de llegar a febrero con el 65% de las obras iniciadas; vamos en el 45%. Por eso, para nosotros el mes de octubre es fundamental, de modo que los proyectos que están obteniendo su permiso en la Dirección de Obras puedan prontamente pasar a inicio y ver un mayor dinamismo en la ejecución en el territorio. Muchas gracias.
—Presidente: ¿Se ofrece la palabra?
—Diputado/a: Mire, presidente, nos interesa que se conozca lo que está pasando en la zona de reconstrucción. Sugerimos que, si la comisión lo tiene a bien, podría hacerse una gira por toda la zona de reconstrucción, con la comisión informando de las distintas situaciones: los problemas que hay, los avances que hay, de tal forma que haya una visión lo más cercana a la realidad, que tiene avances y tiene problemas. Entonces, quisiéramos sugerir eso, si a la comisión le parece: hacer un día de sesión, puede ser, ir desde la mañana temprano y recorrer los puntos nodales, si a usted le parece. O al nuevo presidente le parece. ¿Sí? Bueno.
—Presidente: Quiero informar a la comisión también...
—Diputado/a: Sí, presidente. Lo que pasa es que no sé si alguien tiene alguna duda o consulta respecto del tema de la reconstrucción para pasar al otro tema.
—Diputado/a: Yo tengo una duda. Eran cinco mil y tantos los damnificados en todas las presentaciones que hacía el Serviu acá, y aquí se habla de dos mil quinientas viviendas: dos mil seiscientas, y dos mil quinientos habilitados. ¿Qué pasa con el otro cincuenta por ciento, que fue el que siempre se expuso en esta comisión?
—Autoridad: Sí. En la totalidad de afectación son cerca de cuatro mil quinientas familias damnificadas. Es el número que presentamos a la comisión investigadora y que se ha presentado en los últimos informes de registro: ese es el total de viviendas afectadas. De estas cerca de cuatro mil quinientas viviendas afectadas, las familias que son hábiles de subsidio —es decir, que no contaban con otra propiedad y eran factibles de recibir un apoyo en el marco de la reconstrucción— son tres mil seiscientas cincuenta y dos. O sea, cerca del ochenta por ciento de las familias son atendidas. El otro veinte por ciento, para llegar a las cuatro mil quinientas, que es esta diferencia, corresponde principalmente a familias con condiciones de inhabilidad que no permitían este subsidio de reconstrucción. Es importante decir que estas tres mil seiscientas cincuenta y dos antes eran menos, pero con la habilitación del Decreto 332 —un decreto que existía desde el año 2002 y que no se había modificado— se permitió aumentar este número, abriendo las condiciones de habilitación para un grupo determinado. Entonces, principalmente, las reconstrucciones siempre se abocan a las familias que son hábiles.
Por la urgente necesidad habitacional, en este caso cerca del 80% de las familias o viviendas afectadas. De las 3.652, 2.637 corresponden a familias en poblaciones consolidadas, que es el universo que habitualmente mostramos. Hay 65 familias de campamentos que, en su mayoría, avanzan por la vía de la urbanización y la posterior entrega de subsidios; por ejemplo, las afectadas en los campamentos Manuel Bustos y Monte Sinaí. Si hoy entregáramos un subsidio, al no contar con título de dominio no podrían aplicarlo. Por eso, los esfuerzos están concentrados en los procesos de urbanización.
En Manuel Bustos se trabaja en la pavimentación del lote 1A, primera fase, con importante avance en la pavimentación, en el plano de loteo y en la regularización de los deslindes norte y sur, para finalmente obtener la inscripción o título de dominio de las familias que permita posteriormente la construcción. Por lo tanto, para las familias en campamentos la vía inmediata no es el subsidio, sino la urbanización. El detalle está en el informe, Presidente, desagregado entre familias de poblaciones consolidadas y de campamentos.
Hoy día las familias habilitadas son 3.600, y 2.500 están en proceso de reconstrucción.
—Y las urbanizaciones, las pavimentaciones… Eso lo había propuesto el director del SERVIU el año pasado, cuando vino a exponer acá. ¿Tanto se ha demorado la pavimentación de los proyectos del SERVIU?
—En general, y hablando en términos concretos, previo al proceso de reconstrucción: el campamento Manuel Bustos tiene cerca de 20, 25 años, y en todo ese tiempo no se había alcanzado el nivel que tenemos ahora, con la pavimentación de un sector que ya cuenta con título de dominio y con un plano de loteo para la regularización de los deslindes norte y sur. Efectivamente, desde antes del incendio se venía trabajando en estos procesos; no es una respuesta surgida solo después, sino el resultado de décadas de trabajo del Ministerio en cada campamento. Lo mismo en Monte Sinaí.
En Monte Sinaí, otro de los asentamientos precarios afectados, era necesario aprobar el loteo previo a la urbanización. Esa aprobación se consiguió en este período: entre 2024 y 2025 se logró la recepción provisoria del campamento, lo que permitirá iniciar la urbanización. Así lo establece la ley: no se puede urbanizar sin recepción provisoria de loteo. Con eso, ya estamos en el proceso de preparación del proyecto para la licitación, la definición de especialidades y, luego, la urbanización. Por supuesto, nos gustaría que fuera más rápido, pero, dadas las condiciones territoriales e históricas de sectores complejos, primero viene la regularización del terreno —que supone un plano—, luego las urbanizaciones y estudios, y después la pavimentación. Ese es el resumen.
—Por último, ¿cuántas casas están terminadas de las 2.500 que han recibido subsidios?
—264, que corresponde a un 11%.
—O sea, el 11% está terminado.
—Sí. En todo caso, es importante la cifra de 885 que están en ejecución; varias de ellas superan el 90% de avance. Otro grupo recibió el subsidio parcial al completar el 60% de obra. ¿Cuánto es por familia? ¿Son como 30 millones?
—Sí, 30 millones, un subsidio para que terminen su vivienda.
Hay un conjunto de procesos avanzando. Por eso, al preguntar por lo que usted señala, también hay que mirar cómo está el resto de las viviendas. Hoy tenemos, de las más rezagadas, 1.121 en trámite en las Direcciones de Obras; 966 ya fueron aprobadas por las Direcciones de Obras, lo que es un tremendo avance —usted sabe lo que eso demora—, y, por lo tanto, esto está en un proceso claro de avance.
Creo que lo mejor, porque lo que más interesa a esta comisión normalmente son los “4 y pareo” y la autoconstrucción, sería programar una visita concreta, Presidente, para dialogar con los dirigentes y con los vecinos respecto de la situación en cada uno de estos lugares y ver lo que está bien.
Lo que está mal, porque hay de las dos cosas. ¿Cuándo terminaría este plan de reconstrucción? La última pregunta. No, es que pregunto, porque el incendio fue en enero de 2024, ¿no? —Febrero. Entonces, para saber más o menos, porque la gente —yo supongo que nos está viendo, la gente que ha venido en reiteradas ocasiones a esta comisión— le gustaría saber fechas también.
Sí, es muy importante dar cuenta de que el proceso de construcción de viviendas supone que una vivienda puede demorar de 12 a 18 meses. Sin embargo, y en eso hemos sido enfáticos, una vivienda no se construye de la noche a la mañana, porque requiere primero de un subsidio, luego de un proyecto, proyecto que esté aprobado en la Dirección de Obras, y luego la construcción, que —como decía— demora de 12 a 18 meses. También es importante señalar que en este proceso hay condiciones muy desfavorables en términos legales y técnicos: legales en cuanto a la tenencia de la propiedad; hay muchas personas que, a pesar de vivir en poblaciones consolidadas hace mucho tiempo, presentan problemas de sucesión, tuición y, sobre todo, de legalidad de las copropiedades, a propósito de los cuatripareos donde se concentra el trabajo de esta reconstrucción en El Olivar. Eso supone que cuatro personas se pongan de acuerdo en un proyecto técnico y, además, que las cuatro estén en condiciones legales para llevarlo adelante. Por lo tanto, acá no solo se contabilizan los 12 o 18 meses de la construcción física, sino todo el proceso de regularización de la propiedad y de obtención del subsidio.
El plan de reconstrucción establecido —el plan completo presentado por la Ministra de Desarrollo Social— comprende un período de cinco años, y la construcción de viviendas contempla un plazo de 12, 18 hasta 24 meses. Ese es el período que nos hemos trazado, y hemos fijado la meta de que en febrero del año 2026 podamos tener un 65% de la totalidad de las viviendas en población consolidada en ejecución y en etapa de proyecto.
Diputado Patterson.— Gracias, Presidente. Por su intermedio, consultar: ¿de qué tamaño son estas viviendas? Porque me llama la atención el tiempo de construcción: hablan de 12 a 18 meses solo en la construcción. O sea, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Yo creo que deben ser viviendas de unos 800 metros cuadrados, una cosa así. ¿De qué tamaño son las viviendas? Porque mi experiencia me dice que una vivienda social no debiera demorarse más de dos o tres meses en construirse. Agradecería me indique cuál es el tamaño y en qué se basa usted para decir que se demora 12 a 18 meses la construcción de una vivienda. Gracias.
Bueno, señalar que la mayoría de las viviendas, por ejemplo en el sector de El Olivar, antes del incendio, medían 37 metros cuadrados. Las viviendas que estamos entregando hoy día son de cerca de 54, 58 y hasta 62 metros cuadrados, lo que supone un esfuerzo técnico para que viviendas de ese tamaño puedan emplazarse en un terreno con la misma condición predial; la condición del terreno no ha cambiado, pero sí las dimensiones de la casa. Nosotros establecemos ese período; por supuesto, hay viviendas que se demoran menos, sobre todo las industrializadas, que se demoran tres meses, y algunas en construcción en sitio propio que se demoran seis meses porque son unifamiliares. Pero entendemos que, en su grueso, como fue presentado, trabajamos en cuatripareos, que suponen un pequeño condominio, un mini edificio.
La experiencia en la que me baso para señalar ese plazo es, por supuesto, la experiencia que tiene el Ministerio en todas las obras y proyectos que desarrolla a nivel regional: son más de 20.000 viviendas entregadas y cerca de 10.000 en ejecución. Por lo tanto, es un período máximo que siempre nos gustaría que fuera menor, pero es un período real. Ni siquiera una vivienda de emergencia se instala en un mes. Por eso nos interesa ser claros respecto de la temporalidad que implica un proceso seguro y responsable, que además cuente con la aprobación de las Direcciones de Obras. Es decir, cuando se considera 12 a 18 meses, también se contempla la aprobación y los permisos en los respectivos servicios —agua potable, salud, Direcciones de Obras— que son parte del proceso de reconstrucción, recordando que las viviendas que entrega el Ministerio deben contar con todas las condiciones de calidad aprobadas.