Queda reglamentariamente aprobada el acta de la sesión 121; se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la Cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos.
En primer lugar, un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite a la comisión la edición número 67, correspondiente a septiembre de este año, del Boletín Legislativo Mujeres y Género de la Biblioteca del Congreso. En esta oportunidad se ha abordado el tema relativo a legislar con perspectiva de género.
En segundo lugar, una carta de la diputada Erika Olivera, mediante la cual solicita formalmente la convocatoria de una sesión secreta, urgente y extraordinaria de esta comisión. La solicitud se origina en la gravedad de los hechos que le ha comunicado un grupo de mujeres que han recurrido en búsqueda de protección y justicia ante situaciones de alta vulnerabilidad, que darían cuenta de patrones de abuso, incluyendo graves abusos sexuales, así como casos de suicidio vinculados directamente a las dinámicas de abuso y violencia de género experimentadas dentro de la institución de Carabineros de Chile.
En tercer lugar, un correo electrónico de doña Gloria La Torre Cabrera, enfermera con nueve años de experiencia en el Hospital Carlos Van Buren, mediante el cual remite una carta a esta comisión para exponer una situación de violencia laboral que afecta los derechos de conciliación y maternidad. Señala que en su unidad hay turnos de llamado que no son remunerados y que impactan la planificación familiar y el descanso, lo que afecta su salud mental. Aunque se había reducido su frecuencia, indica que ahora se reactivan a pedido de algunos jefes sin consultar al personal. Comentarios discriminatorios también sugieren que su condición de madre la obliga a cambiar su turno, enfatizando la desigualdad de género en el trabajo. En vista de los antecedentes expuestos, solicita a esta comisión revisar su situación, recomendar al hospital regular los llamados, asegurar que las horas extras sean voluntarias y brindar apoyo para denunciar prácticas laborales injustas.
En cuarto lugar, un oficio de la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, doña Andrea Muñoz Sánchez, mediante el cual da respuesta a oficios de esta comisión en relación con la forma en que se están llevando a cabo las capacitaciones en materia de género a los jueces y juezas, así como a los consejeros técnicos. Remite informe de actividades de formación y capacitación en materia de género dirigidas a la Judicatura.
…y el Consejo Técnico elaborado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial. En quinto lugar, un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual envía informes del estudio de caracterización de la violencia política digital de género en Chile, coordinado por la División de Estudios y Capacitación del Ministerio y ejecutado por la Universidad de Santiago de Chile. El análisis constituye un esfuerzo por comprender de manera integral las dinámicas de la violencia política digital dirigida a mujeres candidatas en Chile, reconociendo las manifestaciones particulares que adopta esta violencia en los espacios digitales, así como sus consecuencias psicosociales y las respuestas o estrategias que las candidatas desarrollan para afrontarla.
En sexto lugar, un oficio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, mediante el cual se excusa la inasistencia del oficial de dicha institución a cargo en Chile, don Gerson Martínez, debido a compromisos previamente agendados.
En séptimo lugar, un oficio de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se excusa también la inasistencia de la directora de dicha repartición, señora Javiera Martínez, a esta sesión, debido a compromisos propios del cargo durante el periodo de tramitación del proyecto de ley de presupuesto correspondiente al año 2026. Sin embargo, en su representación, asiste don Rodrigo Díaz Meri, jefe de Evaluación y Transparencia Fiscal.
En octavo lugar, un correo electrónico de don Eduardo Faúndez Sánchez, abogado asesor legislativo de la Cámara de Diputados, mediante el cual adjunta carta por encargo de la diputada Erika Olivera para que se dé cuenta en la sesión de la comisión. La puedo leer al final, presidente.
En noveno lugar, un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual da respuesta a un requerimiento de esta comisión en relación con la situación de las personas que sufren secuelas persistentes a causa del COVID-19, señalando especialmente los antecedentes disponibles al respecto en el ámbito de su competencia, así como las acciones que se han adoptado para asegurar la debida atención de salud correspondiente. Sobre esta materia, el Minsal comunica que la condición de salud conocida como COVID prolongado ha sido abordada por dicha cartera de manera multidisciplinaria, manteniendo la rehabilitación como principal foco, incluyendo las condiciones clínicas, los aspectos neurocognitivos y psicológicos, la incapacidad laboral y el impacto social que conlleva esta enfermedad sin precedentes. Hasta ahí la cuenta.
Así, me queda por leer la carta dirigida por la diputada integrante de esta comisión, doña Erika Olivera. Dice así: En relación con el caso de doña Nabila Rifo y la concesión del beneficio de libertad condicional para su agresor, Mauricio Ortega, me permito señalar lo siguiente. Como mujer, madre y parlamentaria, no puedo quedar indiferente ante la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo. Este es un hombre que representa un peligro real para la sociedad y para su víctima. La crueldad del crimen cometido contra Nabila implica subir los estándares para entregar la libertad condicional y, por otro lado, ¿de qué sirven los informes de Gendarmería si estos no son considerados? Si el Poder Judicial no reacciona ante este horror, deberá ser el Presidente de la República quien, en uso de sus atribuciones constitucionales, pida a la Corte Suprema la remoción de los jueces que integraron la Comisión de Libertad Condicional de Coyhaique, conforme al artículo 32, número 13, de la Constitución Política de la República. Como parlamentaria, a través de la Comisión de Mujeres, solicitaré ejercer nuestra labor fiscalizadora y pedir detalles de por qué se desestimó el informe de Gendarmería en este caso. Agrega: Fui una de las diputadas que levantó la acusación constitucional en contra de la jueza Donoso, quien dejó en libertad al asesino de Ámbar Cornejo, y también presenté un proyecto de ley para aumentar los requisitos en orden a otorgar la libertad condicional, que incluye que los jueces escuchen directamente a las víctimas o sus familias antes de concederla. No podemos seguir repitiendo los mismos errores. La justicia debe proteger a las víctimas, no a sus agresores. En 2017, Mauricio Ortega fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique a 26 años de cárcel por femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas, violación y otras imputaciones. La Corte Suprema revocó el cargo de femicidio frustrado, lo que rebajó la pena de 26 a 18 años de presidio. Solo el ministro Milton Juica no estuvo de acuerdo con los otros magistrados, argumentando que el agresor había hecho todo lo necesario para que su expareja muriese, ya que, si ese día no hubiese intervenido la atención médica, Nabila Rifo no habría seguido con vida. Por tanto, solicito recabar el acuerdo de esta comisión.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género acuerda enviar un oficio al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a fin de que, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 32, número 13, de la Constitución Política de la República, represente ante la Corte Suprema la conducta ministerial de los jueces que integran la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el objeto de que, si la Corte Suprema lo estima procedente, declare su mal comportamiento y adopte las medidas disciplinarias que correspondan.
Asimismo, se informa la recepción de un documento del Movimiento de Mujeres del Sector Público (MOMUSEP), relativo al teletrabajo. En resumen, se solicita considerar que el sector público no cuenta con una ley de conciliación de vida familiar y laboral; solo existe una norma vinculada a la ley de reajuste del año 2025 que permite ciertos avances, la cual finaliza en diciembre del presente año, por lo que el próximo año se carecería de dicha cobertura. El documento enumera diez peticiones, entre ellas: ampliar el número de días (al menos tres), permitir su fraccionamiento e incluir a jefaturas, entre otros puntos.
Se solicita al secretario enviar de inmediato, por el chat, la documentación recibida (oficios e informes), y remitir también el correo enviado por las trabajadoras del sector público relativo al teletrabajo, para que todas las integrantes tengan acceso.
Palabras sobre la cuenta. Tiene la palabra la diputada Olivera.
Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en la comisión. En primer término, me excusaré por un rato porque debo asistir a la Comisión de Constitución, pero procuraré estar yendo y viniendo. En segundo término, respecto de dos solicitudes planteadas en la cuenta: la semana pasada nos faltó quórum; necesitamos nueve parlamentarias para adoptar el acuerdo y poder realizar la sesión secreta. Ojalá hoy podamos resolverlo.
En cuanto al caso de Nabila Rifo, me he pronunciado mediante el documento presentado y en medios de comunicación, porque me parece horroroso lo que hemos visto. Como señalo en esa carta, recuerdo el caso de Ámbar Cornejo, cuando lamentablemente una jueza dejó en libertad al asesino de Ámbar y fuimos testigos de lo ocurrido.
Por lo tanto, solicito invitar a Gendarmería de Chile, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entiendo que la ministra se pronunció ayer y valoro aquello, pero estimo que el Gobierno, en particular el Presidente, tiene la facultad de solicitar a la Corte la remoción de los jueces; dentro del grupo que resolvió, solo uno votó en contra de la libertad de esta persona, el señor Ortega, considerando que el informe de Gendarmería de Chile es muy contundente y señala que no estaba en condiciones de acceder a la libertad.
Asimismo, me surge la duda —a propósito de leyes que hemos tramitado— respecto de si esta persona obtuvo beneficios intrapenitenciarios mientras estuvo recluido, dado que existen procesos y condiciones que deben cumplirse para acceder a la libertad condicional. Por ello, reitero la solicitud de que las instituciones mencionadas comparezcan ante esta comisión para abordar estos antecedentes.
…informadas, porque si nosotras —y aquí yo quiero sumar a toda la comisión, ojalá—, si tenemos la oportunidad, a propósito de algo tan lamentable como esto, de mejorar la legislación, creo que entre todas tenemos que hacerlo; estamos en la obligación de hacerlo. Eso, Presidenta. Le agradezco mucho y espero que podamos tomar los acuerdos. Gracias.
Gracias, diputada. Sobre el primer punto que usted planteó y que viene en la Cuenta para tomar el acuerdo, necesitamos nueve diputadas; nos falta una. Mientras tanto, podríamos insistir en el grupo a ver si llega alguien más. Yo sé que todas tenemos comisiones en paralelo, pero necesitamos las nueve para poder tomar ese acuerdo. El secretario me ha pedido la palabra para el segundo punto, que tiene que ver con la solicitud sobre Nabila Rifo.
Presidenta, conversé sobre el punto con el secretario jefe de comisiones. Me señaló que no procedería que la comisión envíe una solicitud de ese tipo, pues se inscribe dentro de las facultades fiscalizadoras que ustedes tienen y tendría que hacerse a través de la Hora de Incidentes o, eventualmente, mediante la formación de una comisión investigadora.
Gracias, secretario. Entiendo que hay varias solicitudes respecto del mismo tema. En cuanto a nuestra facultad fiscalizadora, la diputada Olivera ha pedido información y también invitar a quienes son incumbentes o podrían aportar antecedentes sobre este caso, con el objetivo no solo de conocer los procedimientos y la toma de decisiones, sino también de identificar qué falta en la legislación. Me parece muy coherente. Propongo acordar invitar al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al Ministerio de Justicia y a Gendarmería. Creo que es totalmente pertinente que, además de entregar antecedentes, nos expliquen los procedimientos y evalúen cómo está funcionando el sistema en casos de violencia contra las mujeres, que es el punto que nos convoca. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo primero? Ya. Acordado.
Segundo: respecto del oficio, la solicitud de información tenía que ver específicamente con la carta que proponían enviar al Presidente de la República para que, a su vez, él representara la conducta ministerial de los jueces. Ese es el punto que podría ser objetado. Sin embargo, dentro de nuestras facultades como comisión, podríamos oficiar solicitando información administrativa por escrito, quizá a Gendarmería, del mismo modo que los estamos citando, pero formalizando la solicitud por escrito. ¿Les parece?
Dígame, diputada.
O precisemos qué es lo que les vamos a pedir. Yo entiendo lo que explica el secretario. Ojalá tengamos la próxima semana Hora de Incidentes para poder hacerlo desde la Sala, porque lo que estoy solicitando es que el Presidente de la República, dentro de sus atribuciones, le pida a la Corte Suprema, en el fondo, la remoción. Él puede hacerlo, tiene las atribuciones. Pero entiendo que no se puede hacer desde la comisión y que debe hacerse desde la Sala, en la Hora de Incidentes. Si no se puede desde acá, lo comprendo y buscaré las instancias para realizarlo.
De todos modos, diputada, creo que, por lo incomprensible de la resolución, una solicitud de estas características tiene un apoyo amplio dentro de esta comisión. ¿Hay otros pronunciamientos respecto de la Cuenta? ¿A quién se invitaría entonces? ¿Gendarmería? Para la próxima sesión lo vemos, pero Gendarmería, Justicia y Ministerio de la Mujer.
Diputada Mix.
Gracias, Presidenta. Entendiendo que no podemos inmiscuirnos en asuntos judiciales —otro poder y todo—, nadie nos puede acallar cuando tenemos una postura política respecto de una situación así. Entonces, independientemente de que no podamos tomar esa decisión, quizás podríamos emitir una declaración de la comisión, opinando respecto del actuar de este juez y hacer un llamado al fiscal…
Respecto de la reciente decisión judicial, proponemos pronunciarnos, ya sea mediante una carta o una declaración dirigida a la Corte Suprema, a fin de que se evalúe dicha resolución. Estimamos que atenta contra la seguridad futura de otras mujeres, al dejar en libertad a una persona condenada por un delito de esta naturaleza, y constituye un mal precedente en materia de violencia contra las mujeres, más aún estando vigente una ley que busca erradicarla. Para no exceder nuestras atribuciones, sugiero que, como diputadas integrantes de esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género, concordemos fuera de sesión una redacción que cumpla con el objetivo. No tomaremos un acuerdo formal de comisión; lo coordinaremos entre nosotras.
Consultado el estado de la cuenta, no hay más asuntos. En cuanto a solicitudes de audiencia, se propone invitar al Ministerio de Justicia y, por su intermedio, a Gendarmería, así como a la Ministra de la Mujer, para que expongan sobre los procedimientos de concesión de la libertad condicional, especialmente en los casos en que las víctimas son mujeres. Dado que varias diputadas deben asistir a otras comisiones, acordamos reiterar al Secretario que la próxima semana se someta a acuerdo esta propuesta y, además, que podamos escuchar a las mujeres que han solicitado ser recibidas por esta comisión.
Se pasa a la orden del día: analizar el teletrabajo en el sector público; el compromiso del Ejecutivo relativo a la presentación de un proyecto de ley en la materia; el estado actual del teletrabajo en las 40 instituciones afectadas por el artículo 67 de la ley 21.526; el estado de avance de las mesas de trabajo; y el vacío normativo existente en comparación con los derechos ya consagrados para trabajadores y trabajadoras del sector privado.
Para tales efectos, se encuentran invitados: la Directora de Presupuestos (DIPRES), doña Javiera Martínez Fariña, o quien ella designe; asiste en su representación don Rodrigo Díaz Meri, Jefe de Evaluación y Transparencia Fiscal. Asimismo, el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), don José Pérez de Belli, quien se excusó; en su reemplazo asistirá el Vicepresidente, don Helmut Griot, acompañado de don Javier Villarroel Rivas.
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, don Gerson Martínez, o a quien tuviera a bien designar, también se excusó y no designó a nadie en su reemplazo, según informa el secretario. Que pasen, por favor.
Como ya tenemos nueve diputadas en la comisión, podemos tomar el acuerdo sobre la sesión secreta solicitada por la diputada Olivera. ¿Les parece? ¿Lo acordamos? Entonces, secretario, por favor lea el punto para que quede claro.
La solicitud de la diputada Olivera se origina en la gravedad de los hechos que le ha comunicado un grupo de funcionarios de Carabineros de Chile, quienes afirman haber recurrido en busca de protección y justicia ante situaciones de alta vulneración de sus derechos, que darían cuenta de patrones de abuso, incluidos graves abusos sexuales, así como casos de suicidios en la institución, vinculados directamente a estas dinámicas de abuso y violencia de género.
Muy bien, gracias, secretario. Ese es el punto que acordaremos tratar en sesión secreta. Para la próxima semana tenemos a la representante del Parlamento Mexicano. Entonces, lo agendamos para la subsiguiente, a la vuelta de la distrital. ¿Les parece? Acordado.
Bienvenidas y bienvenidos a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Para nosotras es muy importante esta sesión. Hemos recibido numerosas solicitudes de audiencia por parte de las diputadas; todos los temas son relevantes y quisimos invitarles para contar con una mirada más completa, tanto desde las y los trabajadores como desde las instituciones.
Para este punto, ¿van a exponer todos? Por favor, al micrófono; el botón negro que está ahí.
Por la ANEF, haré un marco general en mi calidad de representante del presidente de la ANEF, y las proposiciones propiamente tales las presentará Victoria Escalante, vicepresidenta. También nos acompaña Sandra López, vicepresidenta de la Mujer y Género.
¿Usted? El botón negro, allá. Ahí.
Presidenta, venimos de la Dirección de Presupuestos. Representamos a la directora de Presupuestos. Me acompaña Luna Israel, jefa de Gestión Pública, y yo soy Rodrigo Díaz, jefe de Evaluación y Transparencia Presupuestaria y Fiscal. Somos los equipos a cargo de acompañar el proceso de implementación del teletrabajo en las instituciones del sector público.
Perfecto. Entonces, la DIPRES dispondrá de 15 minutos; usted, como representante del presidente de la ANEF, también 15 minutos, y ustedes 15 minutos. En general, realizamos todas las exposiciones y luego abrimos el diálogo, porque de otro modo no alcanzarían a exponer todo, y nos interesa tener la mirada completa.
Parta, por favor, la DIPRES con sus 15 minutos. Preséntense y expongan. ¿Tienen una presentación? No sé si llegó. Bien.
Perfecto. Aprovechemos estos 15 minutos. Pasemos a la presentación que hemos preparado, que abordaremos en este tiempo. Primero revisaremos antecedentes generales y el proceso de instalación del artículo 67, que considera a 40 servicios como parte del piloto de teletrabajo; luego, algunos detalles de su implementación y funcionamiento; y cerraremos con los avances de la evaluación y reflexiones finales sobre este proceso.
Como antecedentes generales, es importante precisar que el teletrabajo en el sector público opera como una excepción al Estatuto Administrativo, principalmente en lo relativo a la marcación horaria. La autorización legal, otorgada a través de las sucesivas leyes de reajuste, permite sustituir la marcación presencial por mecanismos remotos, habilitando que las y los funcionarios realicen sus labores desde otras ubicaciones con los medios que proveen los servicios.
Este ha sido un proceso gradual iniciado en 2017 con una institución, INAPI, con 17 casos en su primer año como un piloto muy acotado. Luego se amplió a algunos servicios, vino la pandemia —con trabajo remoto por la emergencia sanitaria— y, desde 2023, se conformó el piloto propiamente tal, con 40 servicios autorizados por cuatro años, hasta 2026, por la ley de reajuste de 2023.
En la siguiente lámina se detalla el conjunto de las 40 instituciones que integran el piloto, foco de esta presentación. Cabe señalar que las instituciones que no forman parte del piloto también cuentan con una autorización de teletrabajo más acotada: no tienen acompañamiento directo de la DIPRES, tienen un límite máximo del 20% de su dotación y su autorización rige hasta fines de 2025, quedando su continuidad por definirse. En cambio, para las instituciones del piloto, la autorización rige hasta 2026.
Respecto del proceso de implementación, si bien la autorización emana de la ley de reajuste de 2023, cada servicio debe dictar su propio reglamento de teletrabajo. Hoy contamos con 38 de los 40 servicios con reglamento vigente y con la correspondiente autorización de dotación emitida por la Dirección de Presupuestos. Actualmente estamos desarrollando la evaluación del piloto: 36 de los 40 servicios han entregado información de sus procesos evaluativos, conforme a lo establecido en la normativa que autoriza el teletrabajo en el sector público.
Finalmente, para dejar claros los actores relevantes en este proceso, se consideran los equipos de cada institución, incluyendo a las asociaciones de funcionarios, que también participan activamente.
Una vez elaborada la regulación, la Dirección de Presupuestos debe visar el reglamento de cada servicio. Con ello, el jefe o la jefa de servicio dicta la regulación de teletrabajo, que es visada por la Dirección de Presupuestos, y esta misma Dirección autoriza el porcentaje de la dotación que puede estar sujeta a teletrabajo, en función de ciertas características que comentaré a continuación. Una vez autorizado, se lleva a cabo el proceso de selección y cada funcionario o funcionaria con derecho a teletrabajo firma un convenio con el servicio, en el que se establecen las condiciones y responsabilidades del teletrabajo.
Actualmente, 38 servicios cuentan con dotaciones autorizadas que van desde un 20% hasta un 58%. La mayor autorización corresponde a la CMF, Comisión para el Mercado Financiero.
Para ilustrar los objetivos con que los distintos servicios han regulado el teletrabajo, se observa una variedad de enfoques: 33 servicios lo orientan a mejorar la calidad de vida familiar, personal y laboral (conciliación); 25 a la modernización del Estado; 15 a la transformación digital; y 16 a la atracción y retención de funcionarias y funcionarios públicos. Asimismo, se han señalado otros fines, como generar ahorros, reducir la rotación de personal, contribuir al medioambiente, aumentar la productividad y promover la innovación. En suma, existe una diversidad de objetivos dentro de estos pilotos de teletrabajo.
En cuanto al funcionamiento, lo primero es que no todas las funciones en el sector público son teletrabajables. La norma explicita funciones excluidas, entre ellas: funcionarias y funcionarios pertenecientes a la planta directiva; quienes desempeñen funciones de jefatura; quienes prestan atención directa y presencial al público; y cualquier otra función que el jefe o la jefa de servicio estime que deba ser presencial. Las funciones en terreno estuvieron excluidas hasta el año 2024, y desde 2025 se incluyeron, pero con un máximo de un día de teletrabajo, a diferencia del resto de las y los funcionarios. Además, deben ser funciones que naturalmente sean factibles de realizar fuera del lugar de trabajo, tal como lo establece la normativa.
Respecto de los días de teletrabajo, existe diversidad según las características de las funciones y de cada servicio, con combinaciones frecuentes de 4x1, 3x2 y 2x3 días de teletrabajo. En general, las funciones en terreno cuentan con un día teletrabajable, conforme a la norma.
En materia de derechos y obligaciones incorporados en la última ley de reajuste, se establece la obligación de marcación horaria remota en los días de teletrabajo (por lo que todos los servicios debieron implementar mecanismos de marcación a distancia, aun cuando no se esté presencialmente); no proceden horas extraordinarias en los días en que hay teletrabajo; y rige el derecho a la desconexión, entre otros aspectos.
Y algunas obligaciones específicas que deben quedar incluidas en los convenios de aceptación y desempeño del teletrabajo que firma cada uno de los funcionarios que forma parte de este proceso. Esto lo dejaré aquí como un resumen del proceso de instalación y de selección de funcionarios dentro de los servicios.
Naturalmente, existen procesos de postulación con sus respectivas convocatorias; se debe velar por el cumplimiento de los distintos criterios de admisibilidad, y luego se realiza el proceso de selección. Una vez finalizado, se genera un ranking y, dependiendo de la dotación autorizada, se selecciona y se publica a las personas escogidas en cada servicio. Para iniciar el teletrabajo, los funcionarios deben firmar sus convenios de aceptación y desempeño, que rigen hasta diciembre de cada año; el servicio puede fijar fechas distintas, pero en esencia se renuevan anualmente.
Esto es relevante porque se refiere a los criterios de admisibilidad y de selección. En todos los servicios que participan del proceso de teletrabajo hemos sido claros en que, por un lado, existen criterios de admisibilidad —criterios mínimos para integrar el proceso de selección— que dicen relación con que la función sea teletrabajable (lo que excluye los casos previstos en la normativa), además de cumplir con condiciones mínimas de conexión a internet y contar con condiciones de trabajo adecuadas para cumplir las tareas desde el hogar o desde el lugar donde se desarrollen. Asimismo, los servicios pueden adoptar otros criterios de admisibilidad asociados a eficiencia, eficacia y oportunidad en el desempeño de las funciones, tales como conocimiento de la función, antigüedad, desempeño del funcionario, contar con el acuerdo de la jefatura, conocimientos básicos en tecnologías de la información y, por ejemplo, no tener anotaciones de demérito. Todos estos criterios se han ido incorporando como parte de la admisibilidad.
Definidos los criterios de admisibilidad, se aplican los criterios de selección, en especial cuando hay más interesados que cupos disponibles en la institución. El reglamento debe describir adecuadamente la convocatoria y el proceso de selección. Conforme a la normativa, dicho proceso debe cumplir, por un lado, con los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad en el sector público y, por otro, contribuir a la mejora de la calidad de vida laboral, familiar y personal.
En esta lámina presentamos algunos criterios que se han incorporado en los procesos de selección en estos 40 servicios, que incluyen, por ejemplo, pruebas de conocimientos, la antigüedad en la función y/o en la institución, y también habilidades para el teletrabajo. En la dimensión de calidad de vida laboral, familiar y personal, se consideran, por un lado, los criterios obligatorios a partir del artículo 102 de la ley de reajuste del año antepasado, referidos a tener a su cuidado a menores de 14 años de edad o a una persona con dependencia severa. Adicionalmente, algunos servicios han incorporado otros criterios, como considerar a funcionarios con algún tipo de discapacidad o con cuidado de personas con dependencia moderada, entre otros, que también han sido incluidos en los reglamentos.
Una vez realizado el proceso de selección, sigue la asignación de tareas, de acuerdo con lo que establece la normativa. Debe existir, además, un proceso de rendición de cuentas que permita hacer seguimiento al cumplimiento de metas por parte de los teletrabajadores y evaluar su desempeño.
Estos resultados deben ser informados, y los distintos servicios tienen, por norma, la obligación de reportar a DIPRES, al Congreso y al Servicio Civil la evaluación de la implementación del teletrabajo durante el año anterior. En marzo de cada año deben remitir este proceso de evaluación.
Lo último que tenemos preparado es contarles cómo hemos hecho seguimiento a estos procesos y algunos resultados de la implementación en 2024. Para eso, dejo con ustedes a Luna, jefa de Gestión Pública, cuyo equipo está llevando de manera directa este proceso de evaluación.
Si puede avanzar, por favor, a la lámina 18 para comentar resultados generales. Estamos en la etapa de sistematizar la información que los propios servicios han enviado respecto del teletrabajo de 2024. Treinta y seis de los cuarenta nos han enviado sus informes y, en general, hay una evaluación positiva por parte de los funcionarios respecto del desempeño. No obstante, aún necesitamos información de productividad, de calidad de servicio y de satisfacción usuaria, que está en proceso de evaluación y no se encuentra disponible en estos momentos.
Asimismo, los servicios han informado efectos a nivel institucional, de equipos de trabajo e individual. Ha habido algunos problemas en los equipos: conflictos entre teletrabajadores y no teletrabajadores; dificultades en la comunicación interna; impacto en las relaciones interpersonales por la ausencia de trabajadores en reuniones de equipo; menores interacciones para el intercambio de conocimiento, innovación y creatividad; a veces, extensión de la jornada a pesar del derecho a la desconexión; riesgos de salud laboral por problemas de ergonomía y accidentes domésticos; y dificultades de conectividad en regiones. Esos son los principales elementos que tenemos hasta este momento en materia de evaluación.
Los próximos pasos son realizar la evaluación externa conducida por DIPRES, tanto de 2024 como de 2025, que ocurriría el próximo año. Ahí se contará con evidencia objetiva respecto del desempeño de todos los actores, no solo la mirada de los funcionarios, sino también de los usuarios, de las jefaturas y de los directivos. Esperamos tener esa información disponible el próximo año. Muchas gracias.
Gracias por la información. Ya recibimos la presentación. Si surgen dudas, las diputadas les consultarán. Por favor, sus 15 minutos.
Bien. Realizaremos una presentación breve sobre el marco conceptual desde el cual, como ANEF, concebimos el despliegue de esta nueva modalidad de empleo que llegó para quedarse. Esto se fue consolidando a través de los distintos episodios y crisis que tuvimos en el país, como la pandemia. Si bien antes de la pandemia existían experiencias como las de INAPI y Contraloría, con la pandemia comprendimos que el trabajo remoto de ese período necesariamente continuaría en el futuro.
Desde nuestra perspectiva, el teletrabajo requiere una legislación integral para el trabajo en el Estado. Además de prevenir el menoscabo de los derechos laborales y asegurar el trabajo decente —que ha sido siempre nuestro norte, conforme a los principios que la OIT señala—, está la defensa de la función pública. Esa distinción se extiende a lo largo de toda la conceptualización del teletrabajo dentro del Estado.