En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión.
Señora Secretaria, dado que nuestro secretario titular sigue de vacaciones, haciendo visitas por los países antiguos, por favor, dé lectura a la Cuenta.
Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la Cuenta: un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales, para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Boletín N° 17.6-01.
Un proyecto de ley iniciado por moción de los diputados señores Jürgensen, Sifuentes, Coloma, Jouannet, Rathgeb y Undurraga.
Una moción de las diputadas señoras Cid, Giles, Naveillán y Riquelme, que promueve acciones destinadas a fomentar, difundir y publicitar el vino y el pisco chilenos como bebidas nacionales, boletín 17.875-01. Un correo electrónico del agricultor señor Víctor Radjev, manifestando su molestia por la participación del abogado señor Andrés Meneses en la sesión del día 30 de septiembre pasado, ya que no indicó quién lo había invitado ni a quién representaba, señalando solo que lo hacía a título personal. Subraya la relevancia del proyecto de ley de granos para la agricultura nacional y solicita que se precise a la comisión quién invitó al señor Meneses y qué intereses representa, indicando que compartirá la respuesta con los gremios agrícolas. Un correo de la Asociación Gremial de Molineros del Centro A.G., mediante el cual reitera su solicitud de 15 de septiembre pasado para participar en la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer un sistema de perfeccionamiento y registro obligatorio de contratos para la transacción de granos, boletín 17.653-01. Un oficio de la Superintendenta del Medio Ambiente, por el cual remite información sobre la unidad fiscalizable Planta de Asfalto Movitex Corral del Sur, ubicada en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos. Un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual informa sobre el sistema de trazabilidad de la miel chilena. Un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, referido a la solicitud de crear un registro de polinizadores y apicultores profesionales. Un oficio del Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), por el cual se excusa de no asistir a la sesión del día de hoy por encontrarse fuera del país en comisión de servicio, quedando a disposición de futuras invitaciones. Y, finalmente, una nota de los jefes de la bancada del Comité PPB Independientes y PRP-LDC, por la cual se informa que en la sesión de hoy la diputada señora Carolina Marzán será reemplazada por la diputada señora Marcela Riquelme.
Muchísimas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, sobre la cuenta, el diputado Joanet.
Muchas gracias, presidenta. Es sobre el proyecto para declarar al vino y al pisco como bebidas nacionales. Quisiera ver si pudiera haber anuencia de esta honorable comisión para que pudiéramos tratar ese proyecto, ojalá lo antes posible. Seguramente se habrán enterado, en la última semana, de los reportajes respecto de este momento muy complicado de la industria vitivinícola en el país. Está atravesando una situación muy grave y creo que un proyecto que declare al vino —y naturalmente al pisco— como bebida nacional es muy importante, sobre todo para empezar a trabajar algunos aspectos relativos al vino. Hay temas de impuestos, una serie de gravámenes, y la idea de este proyecto es potenciar nuestra imagen país.
Diputado, disculpe que lo interrumpa, pero eso está en el primer punto de la tabla. Entonces, lo vamos a ver, pero ofrezco primero la palabra sobre la cuenta.
—Es que la cuenta la leyó, señora presidenta.
Sí, por eso, pero está en la tabla. Igual le voy a pedir que usted lo presente en el primer punto.
Muchas gracias, presidenta.
Perfecto. Sobre la cuenta, ¿alguna palabra? No. Yo tengo un par de cosas. Le voy a pedir, secretaria, por favor, que los oficios recibidos los haga llegar al WhatsApp de las diputadas y los diputados para que los podamos tener a mano. Respecto de la Asociación de Molineros, que está en el punto 4, serán invitados para la próxima sesión; ahí vamos a armar la tabla para que puedan estar presentes. Respecto del director de INIA, bueno, tenemos acá a la ministra y a la directora de ODEPA, así que también tendrá que quedar para una próxima sesión. Y, respecto del correo recibido de mi querido amigo Víctor Radjev, quiero dejar claro —solo por el afán de dejarlo claro— que la tabla la fija la Presidencia, que los invitados los proponen las diputadas y los diputados, y que no tenemos por qué dar explicación de quién está invitado ni de quién lo invitó. Así es que ni siquiera amerita mayores explicaciones. Y si el señor Radjev quiere alguna aclaración, que me llame por teléfono o me contacte por WhatsApp —como normalmente mantenemos comunicación—, y ahí le explicaré lo que estime necesario.
Vamos a partir entonces con nuestra tabla de hoy y, en el primer punto, tenemos iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción de los señores Jürgensen, Cifuentes, Coloma, Jouannet, Rathgeb y Undurraga, y de las diputadas señoras Sitz, Jiles, Naveillán y Riquelme, que promueve acciones destinadas a fomentar, difundir y publicitar el vino y el pisco chileno como bebidas nacionales, correspondiente al Boletín 17.875-01. Respecto de esto, hoy vamos a escuchar la presentación de este proyecto por parte del diputado Jouannet, quien me pidió hacer la presentación, y posteriormente vamos a dar plazo para recibir invitados y poder empezar a tratar este proyecto con la mayor rapidez posible. Diputado Jouannet, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. El vino es parte de nuestras tradiciones y hace una inestimable contribución social, económica y cultural a la valoración de la vida en nuestro país, sobre todo en el sector agrícola y campesino, además de ser un pilar de la imagen país de Chile. En efecto, este aporte se visualiza de la siguiente manera:
- Aporte regional: 116.000 hectáreas, de las cuales el 92% están fuera de la Región Metropolitana; 12.000 productores, de los cuales el 62% son pequeños, concentrados principalmente en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. El 88% de las empresas elaboradoras de vino son pymes y el 86% está, como dije, fuera de la Región Metropolitana.
- Generación de empleo: el sector representa el 10% del empleo del agro, con 70.000 personas, de las cuales un 30% son mujeres. Es empleo de calidad: los sueldos del sector están 10% sobre el promedio del sector agroindustrial. Hay más de 90.000 trabajadores capacitados y más de 10.000 con certificación laboral.
- Exportador mundial: Chile es el cuarto exportador mundial y el primero en el Nuevo Mundo. Se exporta a más de 140 países y representamos el 13% de las exportaciones agrícolas y el 4% de las exportaciones no mineras. El año pasado, como cifra ilustrativa, 1.700 millones de botellas exportadas llevaban la leyenda “Chile”.
- Pilar de la imagen país: es uno de los principales productos por los que se reconoce a Chile en el exterior; como dije, 1.700 millones de personas en el mundo probaron una botella que decía “Wine of Chile”.
- Valoración de la vida rural y su cultura a través del enoturismo: existe una excelente vía para valorar la vida rural, su paisaje y su cultura. Hay 220 viñas, pequeñas y grandes, abiertas al enoturismo: 84% más que en 2016. En 2023 se registró más de un millón de visitas de enoturistas: 60% nacionales y 40% extranjeros.
- Promotores del desarrollo sustentable: en 2011 se inicia la certificación del Código Nacional de Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola, que hoy ostenta reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente hay 90 viñas certificadas que representan el 80% de las exportaciones de vino embotellado, es decir, con logo de sustentabilidad.
- Aporte fiscal: el vino representa el 0,5% del PIB nacional y un 5,5% del PIB silvoagropecuario. Aportó 112 millones de dólares en concepto de impuestos a las bebidas con alcohol en 2024, además de otros tributos y utilidades.
Más allá de las cifras, el vino es un símbolo de Chile y ha evolucionado con el paso del tiempo como un complemento cultural de la comida y la convivencia, compatible con un estilo de vida saludable cuando se consume con moderación.
Fundamentalmente, esos son los aspectos que me gustaría destacar respecto del sentido de este proyecto. Además, creo que el vino es una de las cuestiones que nos une. Podemos tener diferencias de distinto tipo —políticas, ideológicas, religiosas, deportivas, las que usted quiera—, pero hay algo que nos reúne en una mesa: el vino chileno. Eso es muy importante a propósito de comenzar a dar pasos de diálogo y concordia. En ese sentido, el vino es un gran embajador de lo que es Chile, hacia afuera y hacia adentro. Por tanto, creo que, en justicia, el vino debiera ser declarado bebida nacional.
Y respecto del pisco, dado que no veo representantes de la región pisquera, igualmente me parece fundamental su reconocimiento, porque el pisco chileno es original de Chile. Ya vendrán en las próximas semanas quienes, en definitiva, puedan profundizar al respecto.
...darán más argumentos respecto del pisco; yo lo hago a nombre de la bancada del vino —me acompañan también otros miembros de la bancada—. Por tanto, con todos estos antecedentes, nos gustaría que esta comisión tramitara, ojalá de forma rápida y de buena forma, para que pudiéramos tener al vino y al pisco como bebidas nacionales. Gracias, Presidenta.
Gracias, diputado Jouannet. Diputada Riquelme.
Muchas gracias, Presidenta. A propósito de este proyecto de ley, que también estoy respaldando, quisiera mencionar algunas cosas importantes. Solo en el año 2025 se exportó el equivalente a 69,4 millones de dólares en productos vitivinícolas, siendo China nuestro principal mercado, con un 18%. La producción de la Región de O'Higgins y del Maule —O'Higgins, que represento— tiene el 47% de este mercado; por lo tanto, para nosotros es muy relevante como mercado local.
Creo también muy relevante saber qué han hecho nuestros vecinos al respecto, sobre todo desde el punto de vista turístico. Vemos que Argentina dictó en 2010 el Decreto 1800, que se convirtió en ley en 2013. Más que un acto político —ellos dicen— “es un importante apoyo institucional para la vitivinicultura, ya que reforzó al vino como parte de la identidad y la cultura nacional”. Por su parte, Perú se nos ha adelantado y declaró el pisco como bebida patria en 1988, al instituir un día nacional “que busca brindar un mayor conocimiento al público sobre el producto, así como promover la industria y sus reconocimientos globales”. Luego dictaron una Resolución de Jefatura, la 179, que también fue elevada a rango de ley en 2017, la Ley 30.639.
Tal como lo ha dicho mi colega Andrés Jouannet, la idea de establecer tanto el vino como el pisco como bebidas nacionales no solo apunta a la producción nacional o a un mercado económico agrícola, sino también al mercado turístico y a las posibilidades que esto representa para nuestro país. Tengo encomendado por mi amigo y colega Harry Jürgensen solicitar a usted, Presidenta, que tengamos la posibilidad, por unanimidad, de votar en general este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Riquelme. Mire, siendo yo de La Araucanía, donde tenemos una cantidad bastante grande de viñas —sobre todo viñas que son vinos boutique—, esto lo partió un queridísimo amigo que ya no está con nosotros, don Alberto Levy, hace muchos años. Hay toda una historia; incluso hay reportajes en televisión de la época, cuando él partió con esta primera viña en esa zona. Después de eso hay producción de vinos boutique mucho más al sur. Entonces, creo que este es un proyecto súper relevante; pero, para hacer las cosas ordenadas, me gustaría primero escuchar a invitados, y creo que a todos los diputados les parecerá lo mismo.
Lo que vamos a hacer para poder tramitarlo rápido es dar un plazo para que ustedes propongan invitados de aquí a este viernes, de modo tal de poder, el próximo martes, ver este proyecto en primer punto de la tabla y votarlo en general. Creo que tanto los productores de vino como los de pisco —ustedes los conocen— podemos tenerlos acá presentes. Esto debería pasar bastante rápido. Tal como usted dice, este es un proyecto muy importante, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista turístico, y no me cabe duda de que el Ejecutivo tiene la misma visión que nosotros respecto tanto del pisco como del vino. Así es que les propongo como fecha para que envíen nombres de invitados este viernes 10, y lo pondremos como primer punto de la tabla para el próximo martes, para la votación en general.
Ok, acordado entonces. De esa manera, pasamos al segundo punto de la tabla. Le doy la bienvenida a la ministra Ignacia Fernández; y a mi querida amiga de Odepa, Andrea García, que nos acompaña hace ya tanto tiempo acá que es como parte de la Comisión. Lo que sí les quiero pedir es lo siguiente: de la sesión pasada quedaron pendientes respuestas a preguntas que se hicieron a don Andrés Meneses, quien fue invitado por nosotros. ¿Usted no tiene problema? — No tengo problema; me parece fantástico.
El tema por el cual han sido invitados hoy es para poder seguir avanzando con el proyecto de granos que tenemos en tabla. Y yo sé que acá —me va a disculpar, Ministra—, pero de alguna manera la persona clave en esto es Odepa.
Creo que COTRISA, en mi opinión muy personal, es muy importante en esto; por eso es una pena que, si bien está la gente de COTRISA, también era importante la presencia del INIA, porque sé que el INIA está trabajando en un proyecto sobre variedades de trigo que puede ser muy interesante. Ojalá don Carlos Furche pueda venir la próxima semana, porque creo que nos puede iluminar bastante respecto de ese tema. Sería un tremendo avance para los agricultores, para los productores de granos en general, poder determinar variedades más resistentes a la sequía, mejor preparadas para el clima que estamos teniendo en Chile.
Señora ministra, le ofrezco la palabra para referirse en general a este proyecto, que usted tiene presente. No sé si está con alguna presentación. Estamos a la espera. Haré solo una breve introducción y le daré la palabra a la directora. Sí, de todas maneras íbamos a invitarlo; ahí le doy los datos y los nombres. Exacto. ¿Estamos en condiciones de conectarnos, señora Lía? Perfecto. Tiene la palabra la ministra, entonces.
Muchas gracias, presidenta. Un saludo, por su intermedio, a todas las diputadas presentes, al diputado Joanet y a quienes nos acompañan en la sesión. Muy brevemente, para que después la directora de ODEPA pueda presentar con más detalle, quisiera comentar tres aspectos que para nosotros es importante poner sobre la mesa.
Primero, en términos generales, tenemos como ministerio diferencias importantes con el proyecto, especialmente respecto de la obligatoriedad de los contratos y el impacto que ello puede tener en la producción nacional. La directora presentará esto con más detalle.
Segundo, ello no significa que, en el marco de esta discusión —que, si bien hoy es un proyecto de ley, venimos sosteniendo hace años—, no hayamos hecho nada. Muy por el contrario, hemos trabajado en un piloto o prototipo de agricultura de contrato —entendiendo por ello algo un poco distinto de lo que propone el proyecto— que hemos venido desarrollando en conjunto entre la Subsecretaría de Agricultura, ODEPA y el INIA. Hoy podremos comentar buena parte de ese trabajo. Efectivamente, el INIA tiene un rol importante acá. Ayer lunes me reuní con su director —quien estaba en Costa Rica— y acordamos que pueda venir la próxima semana para exponer sobre el catálogo de variedades y sobre la parte de este prototipo que es responsabilidad del INIA.
Tercero, la directora, yo y varios de nuestros equipos sostuvimos el viernes en la tarde una reunión de lobby con Camilo Guzmán y su equipo, del Gremio de Agricultores Unidos. El propósito fue iniciar una conversación sobre el proyecto. Les hicimos ver buena parte de las diferencias que hoy comentaremos, pero también discutimos ampliamente —y creo que fue muy positivo— que la preocupación que da origen a esta iniciativa, esto es, generar mejores condiciones y oportunidades para los productores nacionales de trigo en su relación con la industria y la molinería, la compartimos, y ciertamente hay espacio para el diálogo.
Quedamos, por un lado, en acoger las invitaciones de esta comisión para ir discutiendo el proyecto y poder avanzar —si no en una propuesta común, al menos en acercar posiciones—, y, por otro, en sostener una serie de reuniones técnicas. De hecho, esta reunión comenzó como una gestión de lobby y la conversación se tornó bastante técnica, por lo que acordamos darle continuidad. Si mal no recuerdo, ya hay una reunión agendada para mañana entre ODEPA y Agricultores Unidos, de modo de seguir trabajando a partir de este diagnóstico general.
…viendo si podemos construir una posición común sobre qué sería necesario regular o legislar, en caso de avanzar por esta vía. Muchísimas gracias, Ministra. Doña Andrea, entiendo que usted tiene una presentación y, luego, pediremos a la gente de Cotriza —don Gonzalo Becerra y la analista de relacionamiento y comunicaciones de la sociedad, Mónica Pérez— que expongan. Perfecto, pero primero escucharemos a ODEPA y después a Cotriza. Doña Andrea.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a las parlamentarias y a los parlamentarios que hoy nos acompañan. Quisiera partir señalando que la presentación está estructurada en dos etapas: en primer lugar, el proyecto de ley, su contenido y nuestros comentarios específicos respecto de cada una de las materias abordadas; y, en segundo término, la agricultura por contrato en términos generales y cómo la estamos abordando desde el Ministerio de Agricultura.
En primer lugar, elaboramos un resumen de los puntos que consideramos más relevantes al analizar el proyecto de ley, más allá de su contenido específico. Entre los fundamentos expuestos se destaca que la agricultura chilena se ha visto afectada por fenómenos internos y externos que han incidido directamente en los márgenes de utilidad de las y los productores. Este es un supuesto que compartimos: hoy existen cultivos con baja rentabilidad sobre los cuales es necesario trabajar.
Asimismo, se resalta que las y los agricultores enfrentan altos costos de establecimiento de los cultivos. En particular, tras la pandemia se registró un alza en el precio de los fertilizantes muy significativa, que afectó la rentabilidad del sector; en esto también coincidimos.
Se menciona, además, la preocupación permanente por la brecha entre el precio de internación y el precio vigente en el mercado del trigo. En este punto se hace mucha referencia a los costos alternativos de importación que calcula ODEPA y a cómo estos, en ocasiones, se distancian del precio pagado al productor. Aquí tenemos diferencias importantes. Primero, porque lo que calcula ODEPA no es, en ningún caso, un precio. Lo que hacemos es estimar cuánto cuesta traer un producto importado con determinadas características y, en ese costo, no incluimos una serie de variables: por ejemplo, el costo de oportunidad financiero o el costo de almacenamiento. Cuando se compra un producto importado, este puede consumirse de inmediato y su importación puede programarse según la necesidad; no ocurre lo mismo con el producto nacional, que se adquiere en cosecha y debe almacenarse para el resto del año. Además, ese costo alternativo de importación se calcula puesto en un lugar específico. Por ejemplo, en el caso del maíz, se considera Melipilla, donde se ubica el principal poder de compra, buscando asemejar cuánto le cuesta a dicho poder adquirir el producto. En el caso del trigo, se calcula puesto en Santiago, en la Región Metropolitana. Por lo mismo, no es equivalente considerar el costo alternativo de importación en Temuco u otra región.
¿Por qué no calculamos costos alternativos de importación para distintas regiones? Porque no contamos con información suficientemente detallada y transparente sobre fletes que nos permita conocer, con periodicidad semanal o mensual, esos valores.
Esos son, en lo medular, los supuestos que subyacen al proyecto de ley y que nos interesa comentar desde el inicio. A continuación, en la lámina proyectada se consignan los principales elementos del proyecto: en primer término, la obligatoriedad de que los contratos de compraventa de granos y sus derivados consten por escrito y se suscriban para su comercialización; además, que dichos contratos se registren en el Registro Voluntario de Contrato Agrícola; y que los precios al productor de granos no sean inferiores al costo alternativo de importación publicado y estimado por ODEPA, como señalé anteriormente.
...de granos que va con copia a servicios fiscalizadores, dentro de los que se incluye el Servicio de Impuestos Internos, el SAG, la SEREMI de Salud y el INIA. Además, se destaca que las contramuestras deben ser conservadas por 18 meses por parte del agroindustrial, modificando la ley de transacciones comerciales.
Para comenzar, y solo respecto del costo alternativo de importación, lo que les muestro es una comparación entre el costo alternativo de importación del trigo panadero de Argentina y los precios promedio nacionales. En rojo se encuentra el precio promedio del trigo intermedio, puesto en la Región Metropolitana, y en negro el precio promedio del trigo intermedio a nivel país. Lo que vemos, en una serie de los últimos años, es la relación entre el costo alternativo de importación que calculó ODEPA y estos precios nacionales. Lo primero que se observa es que existe una correlación entre ambas variables y que, en general, el precio nacional está disciplinado por el mercado internacional. Es interesante notar que, en los periodos de cosecha, los precios y los costos están muy alineados.
Estamos hablando de productos que no son exactamente iguales. Hoy día el trigo es cada vez menos un commodity, en el sentido de que tiene calidades distintas que se traducen en productos distintos. La comparación es, por decirlo de alguna forma, tendenciosa, porque el producto que estamos contrastando es el trigo pan argentino, de características muy conocidas, estables y homogéneas; se podrá discutir si es mejor o peor según requerimientos, pero no su estabilidad y homogeneidad. No ocurre lo mismo con el trigo nacional, que aquí catalogamos como trigo intermedio utilizando una única variable, su contenido de gluten. En definitiva, comparamos un trigo con parámetros de molinería conocidos —fuerza, comportamiento en panificación— con un trigo definido por un contenido específico de gluten. Aun así, en términos generales, el precio promedio del trigo argentino está muy cerca del precio promedio del trigo intermedio nacional; en el último tiempo los hemos visto en la misma línea o incluso con el nacional superior. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos del supuesto de una profunda brecha que no observamos al revisar los números.
Además, respecto de los costos alternativos de importación, el proyecto de ley habla de granos en general y de sus subproductos. Hoy ODEPA calcula costos alternativos de importación solo para algunos productos que se transan en bolsas de mercados internacionales, como trigo (en distintas calidades) y maíz. No tenemos costos alternativos de importación para otros granos, por ejemplo la avena, porque a nivel internacional la avena para consumo humano no se transa en bolsa; lo que se transa es la avena para consumo animal. Desde el punto de vista técnico, para ODEPA es imposible construir un costo alternativo de importación donde no existen mercados profundos que observar. Eso no significa que no monitoreemos permanentemente el mercado; lo hacemos ex post. Verificamos, por ejemplo, los precios de exportación de avena y su relación con el precio pagado al productor, para monitorear el mercado, informar a quienes lo requieren —muchas veces la Fiscalía Nacional Económica, entre otras— y levantar alertas cuando detectamos diferencias de precios, e incluso para promover políticas públicas desde el Ministerio de Agricultura, como es el caso de COTRISA.
Por lo tanto, ¿qué vemos respecto de este punto? Que se incrementa la presión sobre la autoridad pública —el Ministerio de Agricultura y específicamente ODEPA— para determinar costos de importación en casos donde no existe la información de base. ¿Qué otros comentarios tenemos? El proyecto, propiamente tal, genera un incremento en los costos de transacción, porque la obligatoriedad de que los contratos estén escriturados ejerce una presión importante sobre la agroindustria y también sobre los productores. Hoy día los productores no necesariamente concurren a los distintos poderes de compra...
Para concretar la transacción, en algunos casos incluso fuera de Santiago, tendrían que firmar esos contratos de forma remota, utilizando firmas electrónicas u otros mecanismos que, de todas maneras, representan un costo. Asimismo, se planteaba el almacenamiento de las contramuestras por 18 meses, lo que en la práctica es casi imposible. No existe capacidad de almacenamiento en los poderes de compra suficiente para mantener por 18 meses las contramuestras.
¿Qué vemos en general? Que los poderes de compra de mayor tamaño podrían incrementar su ventaja competitiva porque enfrentan menores costos de transacción en comparación con las empresas de menor tamaño. Esto podría generar una potencial salida de estas últimas y, además, dado el aumento de costos en la transacción, un incentivo a la compra de producto importado, especialmente en aquellas empresas cercanas a los puertos, principalmente en la Región Metropolitana, donde se encuentra más del 50% de la molienda.
¿Qué vemos ahí también? Que el costo alternativo de importación, si bien hemos consensuado en distintas instancias nacionales cómo calcularlo, no está exento de errores. ¿En qué sentido? Hoy recogemos los precios de los fletes con rezago, porque no contamos con información en tiempo real. Por ejemplo, el costo alternativo de importación del trigo se calcula con el precio del flete del mes anterior informado al Servicio Nacional de Aduanas. Hay períodos en que los fletes tienen variaciones significativas, al alza o a la baja. En pandemia, en particular, tuvimos cambios muy marcados de un mes a otro, y el CAI no es capaz de recoger esa información en tiempo real. Por lo tanto, la información que estamos entregando es referencial y podría significar que estamos hablando de costos que, si se traducen en precios, no resultan competitivos.
¿Qué más? Se favorecen los poderes de compra con plantas que tienen facilidad de acceso a productos importados; se desfavorece a quienes están más alejados, lo que podría generar también la salida de agroindustrias ubicadas fuera de la Región Metropolitana, en tanto compiten entregando un producto que hoy podría ser cubierto principalmente por importaciones.
Esos son, en términos generales, los comentarios al proyecto. Ahora quisiera pasar a la parte propositiva: cómo vemos la agricultura de contrato y cómo compartimos la premisa de que es importante avanzar en esta materia para dar más garantías a productores y también a la agroindustria. Valoramos la agricultura de contrato y la entendemos como un instrumento estratégico de vinculación de pequeños y medianos productores con la agroindustria. ¿Por qué la consideramos estratégica? Porque para la agroindustria es relevante: le permite garantizar el abastecimiento de insumos y asegurar una materia prima y un volumen. Creemos que el proyecto no recoge plenamente esta valoración que la agroindustria tiene, en muchos casos, respecto de la agricultura de contrato. Y, en el caso del agricultor, asegura acceso a mercados, establece un mecanismo de determinación de precios conocido y, muchas veces, facilita el acceso a insumos y financiamiento, entre otros aspectos.
¿Qué entendemos por agricultura de contrato? Un pacto entre privados, específicamente un acuerdo entre vendedor y comprador, donde se fijan términos y condiciones específicas. Esto lo vemos distinto de lo establecido en el proyecto de ley, en tanto se definen de antemano ciertas condiciones, como por ejemplo un precio de referencia.
¿Qué debe existir para que funcione la agricultura de contrato? Por supuesto, marcos jurídicos y entornos regulatorios que ordenen derechos y deberes. Contamos con poca legislación específica respecto de eventuales abusos en contratos de adhesión. En algunos casos, los riesgos los asumen los productores, y creemos que es posible revisar aquello y trabajarlo junto a productores, a la agroindustria y a esta misma comisión, para avanzar en que ello no ocurra.
¿Y qué otras condiciones son necesarias para que esto ocurra? Que los beneficios sean mayores que los costos de implementación. ¿Cómo abordamos, entonces, el desbalance actual en la negociación?
Desde el Ministerio de Agricultura creemos que la asociatividad es fundamental. Hoy la mayor parte de los contratos con la agroindustria son de adhesión, y la única forma de enfrentarlos sin una modificación legal es a través de la asociatividad. ¿Cómo hacemos para que la agricultura de contrato favorezca a los pequeños productores? ¿Cómo acordamos mecanismos para la determinación y formación de precios en los contratos? ¿Cómo minimizamos los costos de transacción y los asociados al cumplimiento contractual? Para todas esas preguntas, la respuesta que nos hemos planteado es la asociatividad. Luego explicaré cómo lo estamos abordando en concreto.
Se ha consensuado una hoja de ruta para abordar la agricultura de contrato en el marco de la Comisión Nacional del Trigo. En ella participa el sector público y el sector privado; cuando hablo del sector privado me refiero a los productores, la agroindustria y la panadería. Además, dentro de los servicios públicos participan no solo aquellos del Ministerio de Agricultura, sino también, por ejemplo, CORFO. Entre todos hemos acordado cómo ir avanzando.
Primero, identificamos la necesidad de conocer cómo se comportan las distintas variedades. En Chile existen más de 50 variedades de trigo con comportamientos muy distintos según la zona geográfica y el paquete tecnológico utilizado. Hemos trabajado junto a INIA en la construcción de un catálogo de variedades que se alimentará con información entregada por los propios productores. Ellos entregan trigo a INIA, INIA lo analiza y, de esta forma, se genera una base de datos georreferenciada que permitirá ir generando, incluso con apoyo de inteligencia artificial, información respecto del comportamiento esperado de una determinada variedad en una determinada zona. Esta información es útil para los productores, porque sabrán qué rendimiento pueden esperar de ese trigo, y también para la agroindustria, porque entrega señales sobre lo que necesitan y deben demandar.
Además, contamos con un modelo predictivo que incorpora inteligencia artificial para interpretar estos datos. Y hemos desarrollado un prototipo de producción y comercialización en el que estamos trabajando junto a la Subsecretaría de Agricultura, ODEPA, INIA e INDAP. Hoy ya tenemos coordinadas aproximadamente 600 hectáreas con uso de semilla certificada, y, junto a un asesor comercial, estamos trabajando con la agroindustria para ofrecer un paquete con determinadas condiciones que lo haga más atractivo y, de este modo, fortalecer la agricultura de contrato.
El detalle de estos componentes, como señaló la ministra, podrá ser presentado posteriormente tanto por la Subsecretaría de Agricultura como por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. ¿Cuál es el propósito? Abordar el problema de raíz: incrementar la competitividad y la sostenibilidad futura de la cadena trigo-harina-pan, y facilitar la adopción de modelos de comercialización basados en agricultura de contrato. Creemos que la sostenibilidad de la cadena se alcanza dialogando con la agroindustria y con los productores y productoras, para construir acuerdos.
Eso era, Presidenta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ignacia; muy clara su presentación. Me gustaría que pudiéramos escuchar ahora, o no sé si quieren hacer preguntas directamente a lo planteado por ODEPA, o preferimos esperar a escuchar también a Cotrisa y después hacer preguntas en general. Escuchamos a Cotrisa primero.
Perfecto. Entonces le vamos a pedir, por favor, que tome asiento. Don Gonzalo, y no sé si también la señorita Mónica Pérez. ¿No? Ah, ok, perfecto. Don Gonzalo tiene la palabra; por favor, presione el botón negro del micrófono. Ese mismo… No, no encendió.
Muy buenas tardes, Presidenta. Saludar a quienes están presentes acá, diputadas, diputados.
Señora ministra, señora directora, agradezco la invitación que nos hicieron para manifestar nuestra opinión sobre lo que se está discutiendo actualmente en este proyecto de agricultura por contrato. Me tomaré dos minutos para comentar la naturaleza de COTRISA y por qué entiendo que está siendo citada hoy día y no otra empresa. COTRISA, al final, es una sociedad anónima cuyo porcentaje mayoritario lo tiene la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO: 98% de la propiedad es de la CORFO, y eso hace la diferencia entre las acciones que toma esta empresa versus otras, en las que nosotros nos ponemos al servicio de la política pública para ejecutar la política sectorial en este caso.
Tenemos un horizonte de planificación estratégica 2022-2026 que se resume en proveer bienes públicos al mercado. ¿Qué es un bien público? A diferencia de un bien privado, como por ejemplo estos lentes que estoy usando: al usarlos yo, ya no los puede usar nadie más; eso se llama principio de exclusión. Y si usted y yo necesitamos el lente, vamos a competir por él: hay rivalidad en el consumo. Esa es la característica de un bien privado. Justamente el hecho de que COTRISA sea una empresa estatal implica que no busca generar utilidades per se, sino entregar bienes cuya rentabilidad no es necesariamente privada, sino social.
Por eso, en el marco de este proyecto, cuando hemos escuchado la posibilidad de que COTRISA haga las veces de homogeneizador, de separador o de elevador, son todas materias que se pueden conversar. La empresa ha sido utilizada por el Ministerio de Agricultura para programas de compra, pero también para otros fines que quiero detallar. Es muy importante entender que la acción de COTRISA tiene que ver con la provisión de bienes públicos al mercado. Ninguna empresa privada se va a dedicar a proveer bienes públicos porque, por definición, no son rentables.
Cuando entregamos un bien público llamado información, los poderes compradores nos entregan voluntariamente los precios en temporada, que nosotros a su vez publicamos y que distintas fuentes utilizan para sus análisis. Eso es un bien público per se, disponible para todo el mercado: disminuye los costos de transacción y permite que el agricultor, en vez de ir a consultar a cada uno de los poderes compradores, disponga de información en tiempo real y tome una decisión mucho más eficiente. Esto descansa en un acuerdo voluntario de la industria para entregarnos los precios a COTRISA. Hay empresas que no nos los entregan y otras que sí, pero creemos que es una contribución neta de la empresa que vamos a seguir profundizando. Incluso es parte del convenio de transferencia que el Ministerio de Agricultura entrega a la empresa para que provea esa información al mercado.
El segundo eje de acción de la empresa es contribuir al funcionamiento de la ley de transacciones agroalimentarias, disponiendo de un laboratorio capaz de arbitrar diferencias entre las partes que intervienen en la transacción. Es decir, si un agricultor está disconforme con el pago que le hace un industrial porque estima que su grano tiene un mayor porcentaje de gluten o menor humedad, COTRISA, al igual que el INIA, está capacitada para dirimir esa diferencia. Si bien no son muchos los arbitrajes que se realizan, ello puede indicar que el mercado es capaz de autorregularse en ese sentido o bien que falta mayor difusión; siempre lo tenemos en nuestra agenda. Esto entrega la certeza de que el sistema se sostiene y que probablemente no habrá una empresa privada que se dedique a esto, porque por escala y por las inversiones necesarias para contar con un laboratorio así —acreditado ante el INN y con equipamiento costoso— es muy difícil que un privado lo aborde como negocio per se.