Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 8 de octubre de 2025

Hoy está convocada para continuar con el estudio en general del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. A esta sesión había sido invitado el señor Ministro de Justicia, quien ha presentado sus excusas porque se encuentra en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, asistiendo al debate de un proyecto de ley que ustedes despacharon ayer, que es el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Nos acompaña doña María Esther Torres. También, señores senadores, nos acompañan: de la Academia Judicial, su director, don Juan Enrique Vargas; de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, concurren el presidente, don José Callejas, don Claudio Valenzuela, don Mauricio Salazar, y el director que va a exponer por esta institución, don Andrés Narbona, quien está aquí con nosotros. Asimismo, concurre la Asociación Nacional de Funcionarios Abogados del Poder Judicial, habilitados para realizar suplencia en el escalafón primario, acompañados por doña Vania Carola Angulo, don Manuel Rodrigo Argandoña —que se encuentra acompañándonos acá en la mesa—, doña Ivania de la Luz Rubio y don Alberto Prej Rorris. Finalmente, de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUT, nos acompaña el presidente, don Patricio Aguilar, y el vicepresidente, don Óscar Ruiz Aedo. También concurre el invitado, el secretario de Administración, don Alexander Marquina, y el periodista Mario Guzmán. Senador Walker, esos son los invitados y el objeto de esta sesión es escucharlos. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a sesionar en comité. Saludamos al senador Alfonso de Urresti y a todos nuestros invitados. Respecto de este proyecto, vamos a continuar con el estudio en general del proyecto de reforma constitucional, como ha dicho el señor secretario, en segundo trámite constitucional, que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Me tocó ser uno de los autores de este proyecto en la Cámara de Diputados. Sus principales autores son el exdiputado Marcelo Díaz y el actual diputado Leonardo Soto, entre otros. Sabemos que ha habido una gran discusión desde aquel entonces. Acá está el comparado a disposición de todos los senadores de la comisión. Sabemos que este fue un tema muy discutido también en los dos procesos constituyentes. Así que, sin más…

Vamos a escuchar, perdón, al diputado Alfonso Burraste, en primer lugar. Gracias, senador. Junto con saludar a los invitados, pediría a la Secretaría ordenar la nómina de invitados y darnos una panorámica. Me tocó estar esta semana con el capítulo regional de la Asociación de Magistrados de Valdivia-Osorno, correspondiente a la Corte de Apelaciones de Valdivia. Me hicieron llegar antecedentes, me reuní con ellos, y tenemos distintas peticiones de organizaciones. Sería bueno que la Secretaría hiciera un recuento de todas las organizaciones que vamos a recibir y canalizáramos el objetivo. Lamento que no esté el Ejecutivo o el Ministro; sé que está en la Cámara, o bien su representante, que también nos puede ayudar a precisar la línea matriz. Permítanme decir algo que a veces no gusta, pero uno tiene que ser sincero en los planteamientos. Ayer despachamos la ley de acceso a la justicia; los beneficiarios son, principalmente, todas las personas que requieren acceso y la Defensoría de las Víctimas. Había una serie de asociaciones, principalmente las corporaciones de asistencia judicial; pudimos abordarlo y se pudo hacer un proyecto que hoy está en tercer trámite y que, seguramente, será ley en las próximas semanas. Este proyecto se denomina Sistema de Nombramiento Judicial y de Gobierno Judicial. Entiendo y comprendo —porque conozco el Poder Judicial— que surgen decenas de inquietudes en todos los escalafones y niveles. Sin embargo, este es un proyecto bastante menos pretencioso que eso: mediante una reforma constitucional y, después, con una norma de desarrollo, se busca establecer un consejo de nombramiento de funcionarios judiciales. Lo que quiero fijar, y para lo cual nos puede ayudar el Ejecutivo, es el ámbito de aplicación. Aquí no vamos a resolver el conjunto de problemas que existen dentro del Poder Judicial. A mí me encantaría, por ejemplo, ver la situación a propósito de los nuevos pronunciamientos, de las destituciones que no se producen o de los procesos sancionatorios, que, a mi juicio, presentan arbitrariedades dentro del Poder Judicial. No me voy a referir a casos que están en cuestión, porque no corresponde por nuestra condición. Me gustaría analizar todo el proceso sancionatorio —que considero anacrónico—, pero no lo traeré acá. También me gustaría revisar el tema de la movilidad regional e interregional, pero creo que no lo veremos aquí. Tengo por lo menos cuatro o cinco materias que no traeré, porque no corresponde. Por eso le pediría, Presidente, por su intermedio al Ejecutivo, que nos fije el sentido y alcance del proyecto de ley, para que las asociaciones, gremios y organizaciones acotemos la discusión y construyamos un proyecto abordable, que pueda salir adelante, y no una modificación del Poder Judicial que nos excede, porque no están los recursos ni los tiempos. En ese mismo orden, propongo ponernos de acuerdo, Presidente, para ser correctos con las personas que nos visitan y cuyos antecedentes hemos recibido, respecto de si, en la representación de los magistrados, tendremos a la representación nacional —que me parece lo más adecuado— o si vamos a recibir las distintas representaciones de las Cortes de Apelaciones y de las asociaciones de funcionarios regionales, que habitualmente nos visitan por ser de nuestras regiones. Debemos fijar un criterio para contar con un solo documento y un planteamiento común y, más allá de particularidades regionales —como el mal funcionamiento o la saturación de determinadas Cortes de Apelaciones u otras con mayor carga—, poder tener una tramitación lo más expedita posible.

Muchas gracias, senador Alfonso De Urresti. Señor Secretario, entiendo que en esta sesión va a exponer la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Damos la bienvenida a la senadora Luz Ebensperger, quien presidirá esta comisión. De la Academia Judicial expondrá su director, don Juan Enrique Vargas. De la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, expondrá el directivo y exdirector señor Andrés Narbona. De la Asociación Nacional de Funcionarios Abogados del Poder Judicial, habilitados para realizar suplencias en el escalafón primario, expondrá su secretario, señor Manuel Rodrigo Argandoña. Y de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD, expondrá su presidente, señor Patricio Aguilar. Sugiero que escuchemos a nuestros invitados y, tras el examen del proyecto y las exposiciones, podamos acordar la invitación de otros expositores. Muy buenos días. ¿Abrimos la sesión oficialmente? Sí, oficialmente. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Las excusas del caso: estaba exponiendo mi región en el concurso de Libera, así que los estábamos acompañando. Bien. Señor Secretario. Sí, señora Presidenta. Ya habíamos indicado que el objeto de esta sesión es continuar con el estudio del proyecto para el cual está convocada la comisión. Segundo, se había hecho presente una observación por el senador señor De Urresti respecto del itinerario de trabajo de la comisión en relación con los invitados, de tal manera de ajustar estas audiencias al objeto del proyecto. También se planteó el punto al Ejecutivo para recibir algún tipo de orientación. Si me permite, Presidenta, solo recordar a los integrantes de la comisión que ya se celebró una sesión el 2 de septiembre para escuchar al Gobierno, quien hizo la presentación de este proyecto de ley. Adicionalmente, la Presidenta en ejercicio —y ustedes lo vieron, lo trataron en sesiones anteriores— ha recibido varias solicitudes de audiencia: hasta el momento, seis, de las cuales hoy día hay cuatro invitados. Solo se excusó la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, encabezada por su presidenta, doña Mariela Hernández Acevedo, dada la imposibilidad de asistir por complicaciones de agenda. La Secretaría entiende que el procedimiento está abierto para recibir otras sugerencias de posibles invitados, y en eso estaba debatiendo la comisión. Bien. Como ha sido costumbre de esta comisión, cuando estudiamos los temas en general —sobre todo un proyecto tan importante como este—, escuchamos a todos quienes desean exponer. Pero, en aras del tiempo y agradeciendo a quienes hoy están presentes, partiremos con las exposiciones. ¿El Secretario acordó un orden y tiempos? Sí, el orden correspondería al que aparece ahí, partiendo por el señor Vargas de la Academia. Le damos entonces la palabra al director de la Academia Judicial, don Juan Enrique Vargas, con un tiempo ojalá no superior a diez minutos. Con la venia de la señora Presidenta, agradezco la invitación y la posibilidad de exponer ante esta comisión, algo que había sido solicitado por el Consejo Directivo de la Academia Judicial, en atención a que el proyecto de reforma constitucional que está siendo discutido se relaciona con las funciones estratégicas de la Academia Judicial, que son precisamente capacitar y seleccionar a los futuros integrantes del Poder Judicial. Adicionalmente, este mismo proyecto alude a la Academia Judicial en forma directa. Ya en el mensaje del proyecto presentado por el Ejecutivo, que se refundió con los restantes proyectos, se menciona que el modelo que ejecuta la Academia Judicial, específicamente para seleccionar —como digo— a los futuros jueces que van a integrar el Programa de Formación, es un modelo deseable de ser replicado en las...

Ese es el modelo que este mismo proyecto propone para las promociones posteriores. En las discusiones durante la etapa en la Cámara de Diputados, en muchas ocasiones se mencionó precisamente el modelo de la Academia Judicial, que creo es uno de los grandes logros nacionales que esta institución ha alcanzado en sus 30 años de existencia: posicionar un sistema objetivo, competitivo y transparente, que asegura un ingreso meritocrático, uno de los grandes problemas que existía antes en la carrera judicial. Cada proceso de selección a la Academia es muy competitivo: se presentan entre 400 y 600 postulaciones para 24 cupos, y esto opera sin interferencia y sin los cuestionamientos que hoy tienen precisamente las promociones judiciales. La virtud de este sistema ha sido sacar el ingreso inicial de las discusiones que entrampan al Poder Judicial en el desarrollo de la carrera posterior. ¿En qué consiste este proceso de selección? Muy sucintamente; si hay consultas, puedo ahondar. Tiene tres etapas. La primera consiste en exámenes de conocimiento. Hay un primer examen de alternativas, que permite filtrar rápidamente entre los muchos postulantes que recibimos. Luego hay una prueba de conocimiento, pero ya de desarrollo, específicamente de resolución de casos. La segunda etapa corresponde a una batería de exámenes psicolaborales —no es solo uno, sino varios— para evaluar las distintas competencias de los postulantes. Por último, quienes van quedando —40 personas, en principio— pasan a una entrevista final, que realiza el Consejo Directivo de la Academia Judicial. Ese consejo, como ustedes saben, lo integran el Presidente de la Corte Suprema, ministros de la Corte Suprema, el Ministro de Justicia, el Subsecretario, en fin. Es una entrevista que no es abierta, sino bastante estructurada, y contempla tres componentes: primero, el chequeo de antecedentes; segundo, la verificación de la motivación del postulante; y tercero, una misma pregunta para todos que, a partir de una situación compleja, busca apreciar su criterio, cómo razona y argumenta el o la postulante. Ese es nuestro sistema de selección, muy esquemáticamente, y, como digo, funciona muy bien. Ahora, al pensar en replicarlo para las promociones, cabe hacer algunas advertencias, porque no es exactamente la misma situación. La Academia Judicial principalmente selecciona a jóvenes con escasa experiencia profesional. Quienes ingresan al programa regular —el más masivo que tenemos— tienen un promedio de edad de 31 años; por lo tanto, son personas que se titularon hace relativamente poco y han trabajado muy inicialmente. Distinta es la situación de un juez que ya lleva años en ejercicio y que busca ser promovido o ascendido a otro cargo. A diferencia de aquellos jóvenes, los jueces tienen poder; y ese poder —no digo que ocurra siempre ni que sea la norma, pero es el riesgo— puede usarse estratégicamente para beneficiar sus carreras. Por poder me refiero, básicamente, a las decisiones que pueden tomar en los casos o a las redes que cultivan producto de su oficio. En consecuencia, tienen más que poner sobre la mesa que un egresado reciente, lo que confiere una complejidad distinta al proceso de promociones respecto del de selección inicial y puede incluso generar conflictos de interés con quienes participan en el proceso de selección. La reforma constitucional propuesta entrega criterios generales para el proceso de evaluación de los candidatos que se presenten a posibles ascensos, y señala que...

Este sistema debe estar fundado, dicen, en principios de carácter objetivo, técnico y profesional, de independencia, sobre la base del mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva. Detrás de esto hay una idea muy presente en la discusión pública, tanto académica como en los medios: que el sistema debiera devenir un sistema objetivo de calificación de los postulantes y de ascenso. La experiencia de la Academia Judicial —y mi propia experiencia— muestra que los sistemas de selección siempre deben ponderar competencias muy complejas de evaluar y que no resisten un ejercicio puramente matemático. Hay un margen de subjetividad en los procesos de selección, es ineludible. Eso sucede incluso en los que más se han trabajado: la experiencia de Alta Dirección Pública no es muy distinta de la nuestra y también concluye con algún tipo de juicio sobre los candidatos, que no es una simple suma de puntajes. Ahora, cuando digo que la pretensión de que sea absolutamente objetivo no es realista, por supuesto no quiere decir que los sistemas tengan que ser informales o arbitrarios, que es precisamente lo que se quiere y se debe combatir, con lo cual estoy muy de acuerdo. Pero quiero colocar sobre la mesa algunos temas complejos que podrían tensionar esa idea. Por ejemplo, cuando haya un ascenso, ¿se va a ponderar el desempeño previo de quienes quieren ascender? ¿Va a tener algún peso? Porque cualquier experto en personal afirmaría que el desempeño previo es, sin duda, el mejor predictor del desempeño futuro. Para saber cómo va a ser un juez como ministro, lo mejor es ver cómo ha sido como juez. El punto es cómo se mediría ese desempeño; ahí surge una primera duda importante. ¿Se está pensando someter a los candidatos solo a exámenes de conocimiento? Los conocimientos son muy importantes, pero no hay duda de que el juez que más sabe no es necesariamente el mejor juez. Puede ser un experto en derecho civil o penal, y puede que su criterio no funcione en la misma medida. ¿Podrán ser sometidos a otro tipo de evaluaciones o exámenes? Pienso en hacerles realizar audiencias, simulaciones; en fin, todo esto se puede hacer y se pueden establecer pautas de evaluación. No son cien por ciento objetivas, pero pueden ser bastante certeras. Desarrollar este tipo de exámenes requiere, eso sí, una logística y una preparación mucho más extensas que una simple prueba de selección múltiple. ¿Van a ser sometidos a exámenes psicolaborales? Efectivamente, lo son cuando ingresan a la carrera, pero las personas también evolucionan con el tiempo. ¿Se evaluarán otras competencias de esa naturaleza? ¿Se está pensando en que haya entrevistas? En general, todos los procesos de selección o promoción culminan en una etapa de entrevistas, como lo demuestra la experiencia de los sistemas de selección de Alta Dirección Pública. Definir el método de evaluación es, en definitiva, lo que va a determinar qué tan compleja será la implementación de este nuevo sistema. Don Juan Enrique, perdone que lo interrumpa. Si puede ir cerrando, para que alcancemos a escuchar a todos los invitados, por favor. Perfecto. Muchos de estos problemas o definiciones podrían dejarse para la ley orgánica constitucional que se piensa dictar después. La dificultad estriba en que las normas transitorias de este proyecto establecen que se debiera empezar con el nuevo sistema de designaciones antes de la dictación de esa ley orgánica constitucional, en cuyo caso ninguna de estas definiciones estará desarrollada, más allá de principios muy generales en las normas constitucionales. La experiencia de la Academia Judicial —pese a que se venía trabajando la idea con mucha anticipación a la creación de la institución— muestra que, desde que se dictó la ley hasta que se pudo realizar el primer proceso de selección, pasaron seis meses de intenso trabajo solo para preparar los instrumentos. Es un trabajo muy intenso.

La posibilidad de que el órgano de designación encargue este trabajo a la Academia Judicial, desde el punto de vista institucional, nos preocupa: ¿en qué consistirá realmente ese mandato? Para nosotros, los cargos judiciales y las promociones son numerosos a lo largo del país; constituye además una importante carga de trabajo y, naturalmente, requiere recursos. Es casi como crear otra institución. Por lo mismo, estamos preocupados de la bajada práctica, porque esto no viene acompañado de lo que cabría esperar en una ley orgánica constitucional: no hay normativa, tampoco hay un informe financiero ni otras piezas propias de una adecuada implementación legislativa. Eso sería, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Director. Si pudiera hacernos llegar a la Secretaría una minuta de su exposición, se lo agradeceríamos para distribuirla entre los senadores integrantes de la Comisión. Le damos la palabra a don Andrés Narbona, de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ANFUCAP. Don Andrés, tiene usted la palabra por diez minutos. Con la venia de la señora Presidenta y de los señores parlamentarios, agradecemos la posibilidad de presentarnos en este proceso legislativo, que toca directamente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al crear un nuevo órgano de la Administración. Desde ese punto de vista, queremos, en carácter testimonial, señalar qué hace hoy la Corporación Administrativa del Poder Judicial: un ente con 35 años de existencia, que ha experimentado una evolución tecnológica y en el trabajo con técnicas modernas de administración. Precisamente para eso fue creada. Sin embargo, en su origen se la incorporó en el Código Orgánico de Tribunales con un articulado que no abordó con suficiente detalle todos los aspectos que debía solucionar, lo que se ha ido evidenciando en el tiempo, durante este proceso de evolución que hemos tenido. Hoy nos sorprende, pero también adherimos al cambio legislativo que, en su artículo 76 ter, menciona la creación de un nuevo órgano de la Administración. Ya en la Comisión de la Cámara de Diputados, el diputado Soto preguntó: ¿quién es la Corporación Administrativa actual? Porque, si estamos creando un nuevo órgano, debemos saber cómo funciona el anterior. Se trata de un órgano con altos estándares, con auditorías internas y externas, matrices de riesgo y matrices de delitos; situaciones que hoy funcionan plenamente. Es una organización reconocida por otros órganos del Estado. En el ámbito contingente de las licencias médicas, por ejemplo, la COMPIN nos reconoce como un modelo para el resto de las organizaciones en la administración, gestión y seguimiento de licencias médicas. En recuperación de subsidios, mantenemos un estándar del orden de 10.000 millones de pesos al año desde las ISAPRE. Sabemos que el caso de la COMPIN es distinto. Durante la pandemia, pudimos, en un tiempo récord no superior a dos semanas, conectar a más de 8.000 funcionarios en teletrabajo. Son cifras que nos enorgullecen, junto con una base de trabajadores donde el 83% ostenta un título profesional y el 98% posee un título de distinta naturaleza, en ámbitos multidisciplinarios del conocimiento. Ciertamente, estos aspectos no serán tratados en detalle por esta Comisión. Pero entendemos que, si hay que hacer un cambio, debe tener la fuerza suficiente para que el nuevo órgano sea mejor que el anterior, de ser ese el caso, e incorpore el conocimiento adquirido durante todo este período. Los 1.200 funcionarios que hoy conforman la Corporación, ante la creación de un nuevo órgano, experimentan una incertidumbre quizás innecesaria, porque ven amenazada su fuente laboral sin que exista certeza de cómo continuarán en el futuro. Por eso, este gremio ha entendido que al menos...

En el proceso de discusión legislativa, y en lo que respecta a esta comisión, debiesen abordarse al menos cuatro pilares. El primero se refiere al régimen jurídico: de qué órgano dependerá esta corporación, este nuevo ente. Como gremio no tenemos reparo en que dependa, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, atendidos los estándares que hemos construido y perfeccionado en el tiempo. Si dependiésemos de la Contraloría, manteniendo la autonomía, nuestra función sería aún más transparente que hoy. En ese sentido, adherimos a la idea del Legislativo de avanzar en esa dirección. El segundo pilar es la gobernanza. Entendemos que el Ejecutivo ha propuesto modificar el gobierno del Consejo Superior, instancia donde se adoptan las decisiones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Con todo, no puede desconocerse la experiencia del propio Consejo Superior y de los abogados de la Corte Suprema, con amplia trayectoria institucional y conocimiento de sus problemas. No pretendemos que todo permanezca igual, pero estimamos que la nueva gobernanza, cualquiera sea su diseño, debe recoger esa experiencia ya adquirida, es decir, conservar lo valioso de lo existente. Asimismo, la gobernanza debe profesionalizarse y contar con una composición que incluya miembros de la Judicatura, a la dirección del órgano administrador y componentes técnicos con experiencia en la administración pública. Hoy, el director o directora de la Corporación emite informes, pero no integra la toma de decisiones respecto de las necesidades que, semana a semana, se presentan al Consejo Superior. El tercer pilar es la estructura de planta, donde existe un problema relevante: hoy hay solo seis funcionarios titulares y el resto son a contrata, con las consecuencias que ello implica, incluido esperar cinco años para ejercer el legítimo derecho a pertenecer a la institución. Este diseño genera inestabilidad. La estructura vigente evidencia la necesidad de robustecer y modernizar, elevando el nivel profesional de quienes toman decisiones y estableciendo una planta adecuadamente financiada; nada de esto es sostenible sin financiamiento para el nuevo órgano. En consecuencia, dado que el proyecto debe avanzar y el nuevo órgano entrar en funcionamiento, proponemos que éste se base en la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial, tal como se señaló en la Cámara al indicar que, en tanto no se dicte la ley, permanecerá la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Pero, ¿qué ocurrirá después? ¿Qué pasará con sus funcionarios, quienes además poseen el conocimiento? Crear un órgano completamente nuevo para dirigir al Poder Judicial resulta complejo. Como expusimos en nuestra presentación —que ustedes tienen a la vista—, la Corporación opera como un remolcador, con un práctico que conduce a mejores aguas a este gran Poder Judicial. Conocemos su estructura de planta y, por ejemplo, desarrollamos modelos matemáticos de carga de trabajo para determinar con precisión cuántos funcionarios requiere un tribunal para operar eficientemente; gestionamos la contratación de funcionarios; y contamos con sistemas electrónicos de nombramientos. En nuestros procesos de selección no llega un papel ni un currículum al escritorio de nadie: todo se gestiona en un sistema electrónico con bases específicas y requisitos definidos para cada cargo. Estos son aspectos plenamente rescatables y sostenibles para impulsar el proyecto, de modo que la ley orgánica otorgue la fuerza y la modernización necesarias. Incluso cabe mirar comparativamente otras plantas de organismos creados, como el Ministerio Público, para dotar a los cargos superiores de un sustento más profesional. La directora tiene su secretaria y de ahí...