Muy bien, vamos a partir en comité hasta que llegue alguno de los otros senadores, tengamos quórum y abramos oficialmente la Comisión. Secretaría, dé cuenta.
Presidente, hay un documento en la Cuenta del representante de la Cooperativa Transportes Unidos de Chile, señor Patricio Artigas, por el cual solicita exponer ante la Comisión sobre los proyectos de ley relacionados con la extensión del plazo de suspensión de la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Es el único proyecto.
Muchas gracias, estimada Secretaria. Senador Bianchi, ¿quería hacer algún comentario?
Sí, Presidente. Muy buenos días al señor Ministro y a todos quienes están en la Comisión. Hay un tema que me preocupa, que conversé previamente con usted y que hemos trabajado como proyecto de ley que todavía no se va a dar cuenta porque estoy en la búsqueda de la firma de los miembros de la Comisión. Tiene que ver con la implementación de estos números 600 y 809, que han sido positivos en parte porque permiten que las personas identifiquen si se trata de una llamada spam o de una oferta. Pero el problema es que la cantidad de llamadas respecto de lo que había anteriormente a estos prefijos ha sido, la verdad, grosera. Antes, si bien existían llamadas, la gente no sabía su origen. Hoy, al liberarse estos prefijos, lo que han hecho las compañías es llamar mucho más. Y cuando una llamada es reiterada, finalmente se transforma en acoso.
Por eso voy a ingresar un proyecto en esta Comisión para aumentar las sanciones y hacerlas efectivas respecto de este acoso telefónico que la gente está recibiendo luego de la liberación de estos prefijos que, si bien ha sido positiva, creo que se ha mal utilizado, entendiéndose que ahora existiría total libertad para llamar constantemente a las personas.
Lo segundo es la opinión que ha manifestado la gente del retail respecto de la cobranza, que, según sus estimaciones, habría bajado porque no pueden llamar para ejercer estas cobranzas. Está bien: las personas pueden pedir créditos, hacer compras y deben pagarlas, y las empresas pueden cobrar. Pero lo que no puedo aceptar es que, por estos prefijos, se plantee que no pueden hacer su cobranza. La cobranza no puede realizarse a pretexto de acosar a las personas. Entonces, presentaremos este proyecto —que espero podamos firmar todos y tramitar— para detener lo que, a mi juicio, estas compañías han malentendido.
Y, en tercer lugar, quiero pedir que en la próxima Comisión —no tenemos el quórum para aprobarlo hoy— podamos conocer qué ha pasado con la implementación de la Ley Uber, con su reglamento y con la compañía que debía operar esta aplicación, para saber en qué estado quedará. Sería deseable cerrar este tema durante esta administración y ver las alternativas. Es una aplicación que implica mucho procesamiento de datos; por lo mismo entiendo que no ha sido fácil ponerla en marcha. Pero había una empresa contratada; se destinó tiempo y recursos. Quiero saber qué pasará respecto de esa empresa que incumplió y qué alternativas tenemos para implementar esta aplicación lo antes posible y así contar con reglas claras, al menos durante esta administración. Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, Senador Bianchi. Visto lo anterior, en la tabla de hoy tenemos tres puntos, y vamos a partir por el punto dos, dada la presencia de nuestro Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, y su asesor. El punto número dos indica que abordaremos el inicio del estudio del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que modifica las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar la...
...por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros, con urgencia calificada de suma. Solamente indicarle, ministro, que, aun cuando estamos en comité, están también los asesores de los senadores que vienen en tránsito, entre ellos el presidente, y además la sesión de hoy día queda grabada, razón por la cual después los equipos técnicos de los senadores pueden revisar la presentación que usted nos va a hacer. Dicho lo anterior, estimado ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, senador Van Rysselberghe. Por su intermedio, quisiera entonces presentar este proyecto de ley, que se está proyectando en nuestra pantalla, y que busca fortalecer las medidas para enfrentar un fenómeno que es bien vergonzoso y que ocurre casi exclusivamente en Santiago, al menos en esos volúmenes. Perdón, no en Santiago: en los buses de Santiago, porque también hay que hacer una distinción respecto del tren y el Metro. Es un fenómeno que, en un sistema que yo creo que tiene grandes bondades y que ha movido admiración, ciertamente nos avergüenza; es algo que no debiéramos aceptar y que, como se muestra ahí, hemos estado trabajando de distintas maneras. Es un problema muy complejo; no es sencillo de abordar, sobre todo cuando está así de masificado, cuando uno está hablando de un 36,5%, que es la medición que tenemos del primer semestre de este año. Claro, es 9,3 puntos menor que la del 2023, de 45,8%, pero todavía es, en mi opinión, altísimo.
Ahora, una consideración: esto es solamente en buses. Recordemos que hay mucha gente que ocupa el Metro y hace transbordos entre buses y Metro; por lo tanto, cuando uno piensa en el sistema, cuando uno piensa en los santiaguinos que usan transporte público, la evasión es mucho menor que eso. Probablemente está en torno al 20% de los santiaguinos que no están pagando su pasaje, porque muchos después pagan el Metro. Es algo a lo cual estamos dedicados fuertemente y que estamos trabajando por reducir.
Quisiera, antes de presentar el proyecto, contar los esfuerzos que hemos hecho para reducir la evasión, la forma como lo hemos abordado y en ese marco es que se tiene que entender el proyecto de ley. Siguiente, por favor. La evasión la hemos abordado en cinco pilares. Un primer pilar es fiscalizar más, es decir, ingresar a los buses y sancionar a los evasores. El segundo es mejorar el control del acceso al bus y ahí, por ejemplo, vamos a presentar algunos temas. Tercero es incorporar nuevas tecnologías de pago para hacer más fácil pagar. Cuarto es educar e informar. Y, por último, está la coordinación entre distintos sectores para poder abordar este problema de la manera más contundente posible. Voy a explicar cada uno de ellos.
Respecto de la fiscalización, hemos trabajado en ir fortaleciendo las labores de control. Hemos ido creciendo de forma sostenida en la cantidad de controles del pago de la tarifa. La meta de 2025 era realizar 500.000 controles. Ayer me decía mi director de la División de Fiscalización, Óscar, que llevábamos ya 450.000 al día de ayer. Por lo tanto, un 90% de la meta está cumplido, pero ojalá podamos excederla. Esto es muy, muy importante. Hace un par de años estábamos en 300.000; creo que 500.000 es un aumento relevante y estoy seguro de que vamos a superar esa cifra.
Este es un trabajo que se hace junto con Carabineros; es fundamental. La facultad que tenemos nosotros para poder hacer descender a personas de los buses se ve muy mitigada si no contamos con su apoyo. Y es muy virtuoso también, porque además Carabineros aprovecha de fiscalizar otro tipo de incivilidades; a veces encontramos personas con órdenes de detención en un bus, por ejemplo.
Lo segundo es la fiscalización del control de puertas. Una medida que tuvo mucho éxito en bajar la evasión fue haber puesto multas a los operadores si detectábamos que, una vez que finalizaba el descenso de pasajeros, la puerta trasera seguía abierta. No hay ninguna razón para eso. Entonces, en la fiscalización de que se cierre la puerta trasera se han cursado numerosas infracciones a los operadores, que son significativas, y eso implicó que los conductores estuviesen más atentos, más preocupados de cerrar la puerta trasera.
Algo muy relevante, que tiene que ver con el proyecto de ley, es que se hizo un análisis de qué pasa con la gente que nosotros finalmente identificamos evadiendo: cuántos de ellos terminan en el registro de evasores, y observamos...
Porque había pérdidas en ese proceso. Había gente que nunca pagaba la multa, que el Juzgado de Policía Local no los ponía en el registro de evasores, y por eso parte del proyecto de ley traspasa parte de esa responsabilidad al propio Ministerio, de modo que, por un lado, le quitemos carga al Juzgado de Policía Local y, por otro, tengamos mayor tranquilidad de que el proceso llegue hasta el final, como les voy a presentar.
Respecto del control de acceso, se han ido aumentando las zonas pagas. Las zonas pagas son ese pequeño recinto que está en el paradero, sobre todo en los lugares y horarios en los cuales hay mucha gente ingresando, y donde vale la pena destinar recursos para disponer de personal que verifique el pago antes de entrar al paradero. De modo que, cuando pasa el bus, no solo tenemos un mejor control de la evasión, sino que además el bus no pasa tanto tiempo detenido esperando que las personas suban y paguen. Eso tiene un doble efecto muy virtuoso. En este período hemos aumentado en un 82% las zonas pagas: ya tenemos 337 paraderos con zona paga. Para ponerlo en contexto, en Santiago hay cerca de 10.000 paraderos, pero muchos no justifican una zona paga. Piensen en su vecindario, donde hay simplemente una paleta: ahí está bien que no sea zona paga; pero en los puntos con alto flujo, por ejemplo afuera de una estación de Metro, vale la pena tener zonas pagas.
Hemos hecho un piloto, bastante exitoso, de instalar validadores en las puertas traseras. Esto puede parecer ingenuo, porque quien entra por la puerta trasera, en principio, no quiere pagar. Es verdad, pero a veces los buses van muy llenos y la única alternativa del conductor es disponer que se ingrese por la puerta trasera; en esos casos es natural que algunas personas quieran pagar y muchas veces se hace difícil. Este piloto ha mostrado que el costo de instalar el validador ha resultado ser menor que el valor de las validaciones adicionales generadas; por lo tanto, estamos conformes con el piloto, estamos buscando la forma de expandirlo y ya estamos instalando más validadores secundarios en los buses.
En tercer lugar, hemos incorporado contadores de pasajeros que permiten identificar cuántas personas van subiendo a los buses, de modo de tener una mejor cuantificación de la evasión, saber bus a bus cuánto es la evasión y, eventualmente, hacer intervenciones puntuales.
También estamos incorporando nuevas tecnologías para el pago. Lo más distintivo es el código QR. Hoy día ya son muchas las personas que pagan el transporte público a través de QR, no solo en Santiago: en regiones, por ejemplo en Punta Arenas, el pago ya es digital, y ya estamos en licitación para el Biobío. Esto facilita mucho, porque hay gente que puede decir: “justo me quedé sin saldo, no tengo dónde cargar, estoy apurado… ¿sabe qué?, voy a pasar”. En esos casos, la conveniencia de pagar con QR es que además es más barato para el sistema: detrás de una tarjeta hay un soporte físico y una red de carga; en cambio, con el QR todo ocurre en el teléfono. La persona se autoabastece, no necesita un lugar de carga, y para el sistema es más económico.
Estas nuevas tecnologías han sido muy adoptadas por las personas: tenemos cuatro millones y medio de personas enroladas; 14 millones 200 mil validaciones; y 43 mil personas que utilizan el sistema de recarga automática, de modo que ni siquiera deben preocuparse de recargar, porque el sistema recarga automáticamente su código QR. Eso ayuda a que siempre haya saldo en el teléfono.
Además, hemos puesto un incentivo, “Dale QR”, que dice: si usted usa mucho el sistema y paga, el sistema lo beneficia, como ocurre con beneficios para usuarios frecuentes en otras industrias. Cuando uno va pagando con QR, si llega a cerca de 47 pasajes al mes —un poco más que viajar todos los días de lunes a viernes—, todos los viajes adicionales son gratis. Vemos con satisfacción que esto ha sido muy beneficioso: durante el año 2025, 80 mil personas han alcanzado el monto máximo mensual al menos una vez —hay personas que lo alcanzan todos los meses—, beneficiando justamente al usuario frecuente.
Respecto de educación e información, hemos hecho campañas que buscan ser directas: “No seas cara dura”, “No seas patudo”, entre otras imágenes. Y, al mismo tiempo, campañas para incentivar el buen comportamiento en el transporte público; últimamente hicimos otra: “Sé avispada, sé tela”. Todo ello promueve el buen comportamiento y, a la vez, el pago en el transporte público.
Hemos hecho campañas y esfuerzos para educar a los estudiantes; hemos promovido la capacitación del personal de conducción respecto de lo que esperamos de ellos, y mantenemos colaboración continua con instituciones de innovación y universidades —por ejemplo, convocando a estudiantes a una gran hackatón para pensar el tema de la evasión: qué ideas se les ocurren y qué más podemos hacer—. Asimismo, es muy relevante la coordinación intersectorial con las propias empresas. Frecuentemente convoco a todas las empresas, les muestro los indicadores, vemos cómo vamos evolucionando y les transmito lo importante que es reducir la evasión, porque en ello se juega también la sustentabilidad de la industria. No lo mencioné, pero los nuevos contratos incluyen algo que los antiguos no tenían: un incentivo para las empresas que bajen la evasión. Recientemente, una de ellas me señaló: “Recibimos recursos por haber reducido la evasión, y una parte la destinamos a los conductores y a los encargados de zonas pagas”, explicándoles que ese bono adicional se debe a la disminución de la evasión. Eso es muy potente, porque transmite a todo el equipo que opera el sistema de transporte público la importancia de combatirla como parte de los esfuerzos por darle sustentabilidad al sistema.
Y ahora pasaré al proyecto de ley que nos convoca. Quisiera, primero, transmitir que este proyecto fue requerido en la Ley de Presupuestos del año pasado. La comisión mixta nos pidió esfuerzos más contundentes y nos comprometimos a presentar un proyecto. Este texto también recoge varios elementos de una iniciativa presentada por el diputado Bianchi, cuyos componentes fueron incorporados y es lo que hemos tramitado hasta acá. Nos comprometimos a ingresar el proyecto en marzo, y así lo hicimos. Fue rápidamente aprobado en la Comisión de Transporte; luego pasó por Seguridad y también por Hacienda, con amplia mayoría —y unanimidad en el caso de Hacienda— para seguir avanzando. Recientemente fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados por unanimidad, lo que da cuenta de que aborda un problema relevante de manera, a mi juicio, sensata y oportuna. Por lo mismo, quiero transmitir a esta comisión la urgencia de que esto avance con celeridad y, al mismo tiempo, reconocer que el proyecto se hace cargo de muchos de los cuestionamientos y preocupaciones profundas que las señoras y los señores senadores de esta comisión me han planteado en más de una ocasión.
Entrando en el contenido, abordaré los cinco pilares del proyecto. Primero, cómo dar más alternativas de pago al pasajero frente a una multa, y establecer nuevos procedimientos administrativos para su cobro. Segundo, fortalecer los efectos o sanciones asociados a caer en el registro de pasajeros infractores. Tercero, medidas de seguridad para proteger a quienes fiscalizan la evasión. Y, finalmente, disposiciones que permitan una mayor eficacia del control de la evasión.
Respecto del primer pilar, alternativas de pago de la multa, proponemos una figura que replica prácticas comunes en países donde la fiscalización es más frecuente que en Chile. Cuando sube el fiscalizador —por ejemplo, en Alemania u otros países europeos— no solo solicita acreditar el pago; si la persona no ha pagado, le cursa una multa in situ: “Páseme su tarjeta; usted tiene una multa de 100 o 200 euros, ahora”. La gente suele pagar, también por temor a las sanciones aparejadas a no hacerlo en ese momento. En esa línea, proponemos una “tarifa recargada”: a la persona detectada sin haber pagado se le ofrece, en ese mismo momento, la posibilidad de pagar una tarifa con recargo —significativamente superior a la normal, por ejemplo veinte o treinta veces—, pero menor que la multa que correspondería si se sigue el procedimiento sancionatorio por evasión. De este modo, hay un incentivo para pagar en el acto y evitar el proceso de multa.
Buenos días. Se abre la sesión, habiendo quórum. En nombre de Dios y de nuestra querida patria, damos inicio a la sesión de la Comisión de Transportes. Senadores, invitados, ministros: bienvenidos.
Señor Presidente, estábamos presentando el proyecto de ley. He expuesto la introducción y me encuentro en el primer punto, que describe la iniciativa. Esta propuesta permite establecer una “tarifa recargada”, que un fiscalizador podrá cobrar al interior de un bus o de un vagón. Dicha tarifa es mayor que la tarifa regular y menor que la multa, con el objetivo de resolver rápidamente la situación, no recargar el sistema y, al mismo tiempo, generar in situ y de manera visible el efecto de no pagar la tarifa, tanto para el infractor como para los demás usuarios. El proyecto propone que el recargo sea, como mínimo, veinte veces, y que su recaudación ingrese al sistema que administra los recursos del transporte público, en cuanto se trata de una tarifa; ello agiliza los procesos y contribuye al financiamiento del sistema.
El procedimiento es el siguiente: si la persona paga la tarifa recargada, puede permanecer en el bus o vagón; si no la paga, se remiten los antecedentes a la Subsecretaría de Transportes para la aplicación de la sanción y el cursamiento de la multa asociada. Si tampoco paga la multa, pasará al Registro de Evasores.
Respecto de las personas habilitadas para constatar el no pago y notificar la infracción, se incorporan, por ejemplo, el personal de Metro y de EFE, que hoy no estaba facultado para ello. Para el cobro, estarán habilitados los inspectores fiscales, los inspectores municipales, el personal de Metro y de EFE, así como los prestadores de transporte público. Esto permitirá contar con más actores dedicados a la fiscalización. Un problema que tenemos con la evasión es que nuestro equipo de fiscalizadores es relativamente reducido a nivel nacional, lo que limita la cantidad de controles posibles en un año. Esta estructura de cobro recargado existe, por ejemplo, en Italia, Canadá, España, Australia, Portugal y Francia; estamos adoptando una medida que en otros países ha resultado exitosa.
El segundo ámbito que aborda el proyecto es la creación de un nuevo procedimiento administrativo para el cobro de la multa, con el fin de dotarla de mayor eficacia. Hoy, el cobro de las multas por evasión se tramita ante los Juzgados de Policía Local, lo que tiende a saturarlos, y no siempre se cursan las infracciones como corresponde, impidiendo que las personas queden efectivamente incorporadas en el Registro de Evasores, que es lo que la ley persigue. Aprovechando los recursos de la Ley CATI y a través de la División de Fiscalización, se propone llevar el procedimiento de cobro de la multa al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, otorgando garantías de que quienes sean sancionados y no paguen efectivamente ingresen al Registro de Evasores.
¿Dónde se va a pagar la multa? La idea es que el proceso sancionatorio no vaya al Juzgado de Policía Local, sino que se tramite dentro de la Subsecretaría de Transportes, de manera similar a lo contemplado en la Ley CATI. En ese modelo, como recordarán, llegaba la imagen de una cámara; la División de Fiscalización del Ministerio verificaba los antecedentes y remitía la multa a la persona por exceso de velocidad o por no respetar la luz roja, evitando así que esa gran cantidad de multas pasaran por los Juzgados de Policía Local.
La verdad es que encuentro este proyecto muy interesante; por eso, quisiera que pudiésemos participar y discutirlo.
Porque el tema, por ejemplo, de los fiscalizadores, yo soy muy crítico y sigo siéndolo, porque para fiscalizar es una locura la cantidad de inspectores que habría que tener. ¿Y en todos los países cómo se soluciona este problema? Con multas ejemplarizadoras. Si a todo el que pillan evadiendo se va preso un mes en una cárcel, en un calabozo donde no habla con nadie, le aseguro que se sanciona a unos cuantos y el ejemplo cundiría. Por eso el tema de fiscalizar no es un problema de fiscalizaciones; es un tema de fiscalizadores y de que la multa sea ejemplarizadora. Porque si vale la pena o el castigo no es muy importante, nadie va a cambiar su conducta. Bueno, imagínese: el primero que lo haga, nunca más lo va a hacer nadie más. Es como en Turquía: al que pillan robando le cortan la mano; nadie roba. Entonces, lo que pasa es que la cantidad de fiscalizadores que habría que tener es una locura. Y esto pasa en todo el mundo. Entonces, las sanciones para mí son súper importantes. Que lo podamos discutir, bueno, esa es la idea de la comisión.
Sí, lo estaba pensando yo. A mí me toca estar en fiscalizaciones muy seguido y el perfil de las personas que van es bien diverso. Pero la pregunta es: ¿cuáles son las sanciones clave acá? Yo coincido con usted, presidente, es clave.
Perdón, ministro, que lo interrumpa, pero es bueno que se genere este debate. Yo lo he visto en la televisión, las fiscalizaciones y todo, y el problema es que nos hemos acostumbrado a que no exista fiscalización y no exista sanción. Entonces, cuando a la gente la paran y le están cursando una infracción, reaccionan: “¿Cómo no me dijeron que esto era así? ¿Cómo se le ocurre pasarme un parte? ¿Cómo se le ocurre quitarme la moto? ¿Cómo se le ocurre quitarme el auto?”. Hemos acostumbrado todo a ser tan laxo que, cuando se empiezan a hacer fiscalizaciones, se genera una revuelta más o menos. Pero, bueno, yo creo que alguna vez hay que cambiar.
Estamos en ese esfuerzo y yo creo que, en ese sentido, la pandemia y toda la dificultad que significó hizo más laxo un montón de cosas. Hizo más común, por ejemplo, conducir un vehículo sin documentación adecuada. Incluso, en la pandemia, en algún minuto dijimos que la gente entrara por la puerta de atrás por el tema de contagios. Todo eso hizo que los indicadores de no cumplimiento se nos fueran a las nubes, y devolver eso a la normalidad se hace aún más complicado. Yo creo que la pandemia aceleró esto, pero venía de antes, este relajo. A mí me ha tocado ver, de repente, gente joven; incluso una persona, ya con veintitantos años, que no tenía carnet. “¿Pero cómo no?” “No, es que no sé, nadie tiene carnet”. Entonces, en algún momento nos perdimos. Y por eso yo a veces digo: oye, hasta las bicicletas deberían tener patente, como era antiguamente, porque hay que crear la costumbre de cumplir las normas para circular por la vía pública.
Bueno, yo me siento tranquilo en el sentido de que durante este periodo hemos hecho un esfuerzo grande por estar en la calle fiscalizando. Los incumplimientos han bajado, pero a veces siento como que... Y no solamente no es fácil, porque usted ha visto en la televisión también lo que significa, a veces, cuando esto está instalado: hay personas que terminan pasando por encima, físicamente, de carabineros fiscalizadores. Es un trabajo duro, pero está bien, y tenemos que seguir. Esto se logra con multas adecuadas, como usted dice, y con la fiscalización lo más intensiva posible. Y también parte de lo que está tratando este proyecto de ley es que la capacidad de fiscalización y de control sea efectiva y eficiente. Y para eso todos los sistemas automatizados resultan de gran ayuda, y los sistemas que hagan que los procesos sean ágiles son fundamentales. Eso es parte de lo que estamos viendo en este punto a través del nuevo procedimiento administrativo de cobro de multas. Y me gustaría pasar ahora al tercer punto, que habla de...
Fortalecer también el Registro de Pasajeros Infractores. Hoy día, un elemento que incorpora la ley vigente es que, si una persona es sancionada por no pago y no paga la multa, pasa a este registro por tres años. Este proyecto de ley propone ampliar ese plazo a cinco años, medida que fue planteada por el diputado Bianchi. Actualmente, si usted está en el registro de evasores, no puede obtener el permiso de circulación, no puede sacar licencia de conducir ni acceder a beneficios tarifarios; además, si hay devolución tributaria, se retiene la devolución del impuesto a la renta. Lo que estamos agregando ahora es que una persona en el registro de evasores no podrá obtener pasaporte, ni un permiso de residencia —lo que es especialmente relevante para personas migrantes—, ni ingresar a espectáculos de fútbol. Es importante precisar que nadie está negando derechos: si usted quiere obtener su pasaporte y está en el registro, pague la multa y, en ese momento, podrá hacerlo. Es muy sencillo. Del mismo modo, si quiere asistir al fútbol, pague la multa y podrá ingresar.
Lo que buscamos es que la evasión tarifaria se aborde con la seriedad que corresponde. No es solo un tema de recursos; el transporte público tiene un efecto cotidiano muy visible y puede volverse contagioso. Recibimos a diario mensajes de usuarios que señalan: “Ministro, éramos cinco los que pagamos; subieron quince por atrás”. Eso genera frustración y desincentiva el pago. Además, se produce competencia desleal: quien no paga compite con el colectivo o el taxi, porque para él el viaje es gratis. Por eso es tan importante adoptar acciones firmes para reducir la evasión. Este proyecto va en la dirección correcta y seguiremos evaluando nuevas medidas para fortalecer el cumplimiento.
En esa línea, aunque no está abordado en este proyecto, hemos estado analizando materias biométricas y, muy especialmente, el mal uso de beneficios tarifarios. Hoy ocurre que personas utilizan el beneficio del hijo o del padre: por ejemplo, si el hijo en enseñanza media o un universitario paga un tercio de la tarifa, y ese beneficio lo usa un adulto; o si un estudiante de 5º a 8º básico, que tiene pase gratuito, presta su credencial a un tercero. Eso es doblemente grave, porque implica el mal uso de un instrumento público. En este proyecto estamos incorporando sanciones más severas para esa conducta. El personal de Metro y los prestadores de transporte público remunerado quedarán habilitados para controlar y solicitar la inutilización de una tarjeta mal utilizada; además, Metro podrá retener la credencial y denunciar por uso indebido, algo que hoy no puede hacer y que es de la mayor relevancia. Asimismo, la persona sorprendida no podrá volver a solicitar el beneficio. Es decir, si un estudiante presta su pase al padre y éste es sorprendido, el estudiante pierde su beneficio por no haber sido responsable con un derecho que la sociedad le otorga.
Pasemos al punto 4, que omití. En materia de seguridad, la idea es endurecer las sanciones relacionadas con los delitos de lesiones y amenazas contra nuestros fiscalizadores, conductores y Carabineros. Este es un trabajo en que el personal está permanentemente expuesto a confrontaciones con usuarios que, como señalaba el presidente de la comisión, a veces sienten que no pagar el transporte público es un derecho. Actualmente, la pena por los delitos de lesiones y amenazas se encuentra agravada respecto de los inspectores fiscales del Ministerio.
...personal de EFE y Metro, también por las personas que son contratadas por las empresas operadoras de servicios de transporte público que realizan esta verificación del pago. Y acá lo que estamos agregando es al personal de conducción y a los fiscalizadores municipales, agravando el tamaño de la multa, de modo que una lesión grave con resultado de incapacidad, por ejemplo, para alguna de estas personas, pasa de 541 días a 3 años, a 3 años y un día a 5 años. Aumenta el intervalo posible que el juez tendrá para aplicar la sanción; o sea, se hace mucho más grave.
Se agrega, además, como prohibición en la Ley de Tránsito, el ejercicio de comercio ambulante en instalaciones de Metro y de EFE, lo que es muy importante porque es allí donde muchas veces ocurre que hay personas en actividades de comercio que no corresponden a un andén, lo que hace más difícil una evacuación; cosas pueden caer a las vías, y estamos aprovechando esta oportunidad para poder aumentar también esa prohibición, que nos parece relevante.
Y una cosa final, muy importante, que ha solicitado el gremio de los conductores, y que nosotros hemos ido incorporando en cada una de las licitaciones que hemos llevado adelante durante este período, es que quienes se adjudican una licitación de buses tienen que traer buses que no solamente tengan Wi‑Fi, aire acondicionado, cargadores USB, piso plano, cámaras de seguridad —todas esas cosas que yo he dicho tantas veces—, sino que además tengan cabinas de seguridad para los conductores. Así ha sido con las licitaciones que hemos llevado adelante en este período de gobierno, y este proyecto de ley lo exige para todo ese proceso futuro, de modo que los conductores también puedan realizar su labor de forma más protegida y estén menos preocupados de que alguien pudiese agredirlos.
Eso. Ese es el proyecto de ley, Presidente, y me encantaría que este proyecto, como decía al principio, se pueda trabajar con la urgencia que amerita, y lo vamos a ir votando lo más rápido posible. Muchas gracias.
Senador Bianchi.—Muchas gracias, Presidente. Me parece, sin duda, interesante y relevante el proyecto. Creo que va en la línea de lo que también es realista, lo que se puede realizar bajo las condiciones que tenemos, como por ejemplo el número de fiscalizadores.
Ahora, al iniciar la presentación, el Ministro señaló que teníamos cerca de un 20% de evasión, lo que era vergonzoso. Quería consultarle: ¿eso en cuánto se traduce en moneda? Monetariamente, ¿cuánto es ese 20%? Ahora bien, no sé si el número está bien o no, porque también —dentro de lo malo— pareciera ser bastante auspicioso. Yo revisaba, por ejemplo, que el año 2024 se llegó a un 38,2% de evasión, lo cual representaba una baja respecto del año 2023 de un 7,5%. Vale decir, el año 2023 se superaba el 40%. Entonces, si pasamos de 38,2% a 20%, me parece que es un número bastante significativo. No sé si está...
Ministro.—Perdón, me permito interrumpir. Lo que dije fue: las cifras que mostré son de evasión en buses, y en buses partimos en 45 y vamos en 36,5. Y después señalé que, a veces, cuando uno mira desde regiones, dice: “Oye, es el colmo, los santiaguinos: un 36,5% de las personas no pagan el transporte público”. Cuidado, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es solo en buses. Recordemos que muchos de los santiaguinos también usan Metro, y ahí la evasión es mucho menor. Entonces, cuando yo miro el sistema completo, en su integridad, la evasión tarifaria es más bien cerca del 20%. ¿Se entiende?
Senador Bianchi.—Se entiende, se entiende. Quiero ser muy cuidadoso en esto, porque la evasión en buses va a la baja, 36,5% en los últimos... Entonces, ¿el número que yo di de 38,2% es transporte público en general?
Ministro.—No, es buses. Todas las cifras son de buses. Todo lo que usted mencionó fue buses.
Senador Bianchi.—Perfecto. Entonces, sí quisiera poder conocer, dentro de la tramitación del proyecto, esto en cuánto se traduce económicamente, más allá de los porcentajes, los números.
Otro punto que usted trató: señaló lo bueno de que se estaban cambiando los tipos de pago para simplificarlo o hacerlo diferente al uso de la moneda corriente. Ahí, Ministro, dos puntos, por lo menos en Magallanes, que me han hecho ver. Sobre todo se ha hecho un trabajo coordinado con algunas agrupaciones de adultos mayores, efectivamente porque hay una falta de costumbre en este tipo de pago y de acomodación a un uso tecnológico. Entonces, me señalan dos cosas: ojalá poder aumentar... porque no utilizan el medio, por ejemplo, de hacerlo a través de bancos, sino que buscan puntos...
De carga de la tarjeta. Entonces, allí faltan puntos de carga; ojalá disponer de más. En segundo lugar, ha habido fallas y hay inconsistencia respecto de lo que puede resolver el conductor: si se cobra manualmente o si se permite el paso sin pago. Han existido varios casos en que no ha funcionado la implementación de la validación electrónica.
Otro punto que usted señalaba es la relevancia de un trabajo mancomunado con Carabineros, que es necesario y, me imagino, otorga otra jerarquía a la fiscalización. Creo que debemos dejar establecido que, dado que el no pago constituye una falta o delito, cuando haya un funcionario de Carabineros presente exista la obligación de realizar control de identidad. Ello, además, permitiría detectar a personas eventualmente vinculadas a otros delitos y generar un círculo virtuoso de información. Dentro de las sanciones veo varios aspectos que quedan en línea, por lo que sería importante explicitar la obligación de control de identidad cuando fiscalice Carabineros.
Respecto de los espectáculos, creo que sería importante ampliar lo señalado para el fútbol: no limitarlo solo a partidos de fútbol, sino incluir cualquier espectáculo deportivo o cultural. El evasor no asiste únicamente a fútbol; también puede concurrir a otras actividades deportivas o culturales. Por eso, dejar explícitamente que en todo evento masivo se ejerza control de identidad al ingreso.
Eso, Presidente. Muchas gracias. Felicito al Ministro y al Ministerio por este proyecto y, acogiendo su llamado a legislar con prontitud, si lo considera pertinente, Presidente, y dado que tenemos quórum —y acaba de llegar el Senador Castro—, propongo votar en general el proyecto para habilitar su paso a Sala, abrir un plazo de indicaciones y verlo en particular lo antes posible en la Comisión, para acelerar su tramitación.
Sí, perdón, Senador. Repito, estimado Presidente: entendiendo que el proyecto es importante, está bien orientado y se encuentra en su segunda etapa de tramitación, si lo tiene a bien, podríamos votarlo en general para facilitar su paso a Sala, abrir un plazo de indicaciones y revisarlo y votarlo en particular a la brevedad en esta Comisión.
—Me parece muy bien, Senador. Si todos están de acuerdo…
—Senador, bien.
Finalmente, hay un punto que no está en el proyecto ni en su espíritu, pero si reducimos la evasión y, por defecto, aumenta la recaudación, quiero dejarlo expresamente planteado —se lo comenté telefónicamente en su momento—. Usted ha hablado de personas con acceso a ciertos beneficios y creo que debemos pensar, además de los adultos mayores y los estudiantes que ya los tienen, en las personas con credencial de discapacidad, para que puedan acceder a una tarifa rebajada o gratuita, acreditándolo debidamente.
En materia de evasión, también debemos compararnos con las cosas positivas que tienen otros países. Muchas gracias. La verdad es que este proyecto me parece sumamente importante y llegó tarde; debimos haber partido, desde que se inició el sistema, con sanciones y con control.
Me preocupa que el proyecto contemple una cabina de seguridad para los conductores. Me inquieta cuando empezamos a poner rejas a las casas y a todo. Quien agrede a un conductor debe recibir una sanción ejemplar. La mejor defensa, la mejor “reja”, es un castigo que desincentive conductas incorrectas. A veces se dice que no tenemos suficientes inspectores; si no contamos con ellos, deben existir castigos ejemplarizadores para que nadie se atreva. Bastan unos cuantos para marcar el estándar.
Hemos creado en este país una cultura del incumplimiento. Lo conversábamos hace un rato: en fiscalizaciones que he visto en televisión —donde también lo he visto a usted, ministro— da la impresión de que la gente se asombra por ser fiscalizada, como si fuera un delito que la fiscalicen. En algún momento nos perdimos, y cuando se intenta volver a la normalidad, lo normal parece anormal. Es bueno ir cambiando esa conducta. Para revertir esto, quizá haría falta un “ejército” de inspectores; por eso creo que la única solución efectiva es contar con castigos ejemplarizadores. Adelante, ministro.
Voy a partir por esto último, que es justamente parte de lo que el proyecto de ley propone. Tal como planteaba el presidente de la comisión, si alguien agrede a un conductor o a un fiscalizador, la sanción correspondiente se agrava. Si usted observa en la lámina, indica que cuando una agresión termina en una lesión grave, con resultado de incapacidad por más de 30 días, hoy la pena es de 541 días a 3 años, y con el proyecto pasaría a 3 años y un día a 5 años. Es decir, estamos elevando la consecuencia para el agresor que ataca no solo a un conductor, sino también a un fiscalizador. Es parte del paquete de sanciones.
La evasión es muy compleja; hay que abordarla desde múltiples frentes. Pasa por educación y por sanción; no basta con una sola mirada, y eso es lo que buscamos abordar.
Quisiera recoger lo que señalaba el senador Bianchi respecto de las personas con discapacidad. Es un anhelo del que debemos hacernos cargo. En Chile existen beneficios para adultos mayores y estudiantes; el beneficio para personas con discapacidad es algo que muchos países han implementado y tiene mucho sentido, especialmente si se diseña de manera que impida abusos. Si se gestiona adecuadamente, es natural que las personas con discapacidad tengan no solo acceso prioritario —por la puerta trasera, que me parece el mínimo—, sino también algún tipo de beneficio tarifario, considerando las condiciones en que viven, las dificultades para generar ingresos y los costos asociados a su discapacidad. Es un esfuerzo que como sociedad sería valioso impulsar y, si logramos controlarlo bien, probablemente es algo que podríamos costear.
—Ya. Qué bueno, ministro. Me había comentado que también estaba de acuerdo. Usted es ministro, yo soy senador; podemos hacer algo. Tenemos que votar el Presupuesto: coloquemos una indicación. No sé cuánto me quede; creo que me voy pronto, pero se me ocurre, ministro, que podemos iniciar esto, dado que estamos en la misma sintonía, incorporando en la Ley de Presupuestos alguna glosa para partir mediante convenios con gobiernos regionales. Podría ser una alternativa: quizá no hay recursos en el nivel central, pero a través de los gobiernos regionales podría existir algún tipo de convenio. Así podríamos avanzar e incorporarlo en la Ley de Presupuestos. Yo la presento, usted le da patrocinio, se vota en Sala y se hace realidad. ¿Qué mejor? Adelante, ministro.
Tengo que ser ordenado. Ya, bien. A ver.