Senado - Educación - 7 de octubre de 2025

Presidente, vamos a pedir el acuerdo para poder invertir la tabla. Acordado. Muchas gracias, presidente. Agradezco la voluntad de haber hecho este ajuste en la tabla, toda vez que teníamos en paralelo la Comisión de Educación de la Cámara y estamos a punto de comenzar a votar proyectos relevantes que van a volver, o más bien llegar, a esta comisión. Por eso debo alternar entre una y otra instancia. Me acompañan la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, para los elementos relativos a los otros proyectos en tabla, y también el subsecretario Víctor Orellana, habida cuenta del proyecto que expondremos ahora, a fin de abordar preguntas y, en caso de que no alcance a concluir mi presentación, pueda continuar el subsecretario. Entrando en materia, este es un proyecto que viene en segundo trámite constitucional, aprobado en la Cámara de Diputados, donde se introdujeron modificaciones que relataremos durante esta presentación. Dichas modificaciones fueron parte de la iteración que sostuvimos en las comisiones de Educación y de Hacienda y abordaron elementos surgidos en la discusión pública como ajustes que esta ley debe incorporar. Somos muy conscientes de que hay otros aspectos que deben ser abordados desde el punto de vista técnico y presupuestario en este segundo trámite, y que constituirán parte esencial de eventuales acuerdos para la tramitación del proyecto. En ese sentido, será clave el hito programado para fin de mes: el seminario que desarrollará esta comisión, precisamente para recibir audiencias y generar un espacio de diálogo más flexible que el habitual, por la estructura más formal que tiene la comisión. De cara a ese momento, esperamos tener más maduros eventuales marcos de acuerdo y, naturalmente, confiamos, presidente, en que podamos —como en otros proyectos— constituir espacios de trabajo político‑técnico que nos permitan ir construyendo, sucesivamente, aproximaciones que deriven en un acuerdo sobre algo respecto de lo cual existe un diagnóstico claro y consensuado. Creo que nadie objeta que el CAE, tal como está diseñado hoy, es un instrumento desfasado respecto de las necesidades del sistema, con un alto perjuicio fiscal. Es más, en la formulación presupuestaria 2026, como expresión de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, está “sobre la línea”, es decir, dentro del presupuesto del próximo año, por primera vez en 20 años, la recarga, esto es, los recursos que se utilizan para “invitar”, por decirlo de alguna forma, a los bancos a ser parte del sistema de financiamiento. Dado que, en general, hace varios años —como he señalado— los bancos no están participando de los procesos de licitación de los créditos, estos son más de 100.000 millones, 111.000 millones en particular, que se incorporan al presupuesto de Educación, con un perjuicio significativo a otras líneas de la cartera, por cuanto obedece a una recomendación del Consejo Fiscal Autónomo. Con mayor razón hoy, al menos desde mi rol, más allá de quién gane o no en las próximas elecciones, esto es un tema que no podemos eludir. Ha ido creciendo en el tiempo, junto con la gratuidad, generando un avance progresivo de los recursos de educación superior dentro de la cartera educacional, sin poder establecer la misma progresión financiera en otros niveles de la trayectoria educativa, particularmente con impacto en el sector parvulario. Dicho eso, este proyecto de ley tiene dos componentes. El primero es el FES, el Financiamiento de la Educación Superior, un instrumento de financiamiento público para la educación superior que posibilita el acceso de todas y todos los estudiantes sin endeudamiento; es sostenible, con mayor responsabilidad y eficiencia en el gasto público, y está destinado a fines educativos. El segundo componente es el Plan de Reorganización y Condonación de las Deudas, que permite transitar de manera coherente hacia un nuevo sistema de financiamiento, aliviando la situación de las y los deudores. Es importante señalar que se ha puesto énfasis en el aumento de deudores desde el inicio del gobierno del presidente Boric, como expresión de una promesa de condonación. Pero si uno mira más atrás, desde el momento en que masivamente comienzan a entrar a los flujos de pago las y los estudiantes, ha habido siempre un alto porcentaje de morosidad, dada la alta tasa de interés que, de hecho, durante el primer gobierno del presidente Piñera se ajusta a 2%, pasando de 6% a 2%, pero siempre que se cumplan determinados requisitos y con un alto subsidio público.

Con recursos que el Estado debe destinar, especialmente para cubrir ese 4% de diferencia. Por lo tanto, no es que a los bancos se les disminuya la tasa de interés; los bancos siguen cobrando la misma tasa. Otro antecedente relevante es que el CAE implicó una alta expansión del sistema de educación superior chileno, no siempre de buena calidad ni con proyectos educativos sólidos. De hecho, han aumentado significativamente las instituciones que han cerrado desde esa época hasta ahora por insostenibilidad financiera o por graves problemas de administración. Ello implica, además, que muchos estudiantes no lograron concluir sus estudios superiores porque no estaban capacitados para llevarlos adelante, pero se vieron con la posibilidad de acceder sin requisitos de acceso y con un financiamiento flexible como lo constituía el CAE en ese minuto. Eso explica, por ejemplo, que pasáramos de una programación de aproximadamente 33.000 créditos, al octavo año del CAE, a más de 300.000 créditos, es decir, casi 10 veces lo originalmente programado, con la consiguiente expansión inorgánica del sistema de educación superior, perdiendo calidad y sin generar necesariamente la promesa de un mejor futuro como profesionales. Efectivamente, hoy día tenemos una alta tasa de profesionales cesantes, desempeñando labores distintas a las que estudiaron; incluso aparecieron carreras que nunca tuvieron campo laboral, como la carrera de Criminalística, un caso emblemático y muy mediático en su momento. Sobre el nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior, en la siguiente lámina se plantea el reemplazo de los créditos estudiantiles y la unificación de los instrumentos de financiamiento. Desde el primer al sexto decil se contempla gratuidad; del séptimo al décimo decil, el FES, que aplica en instituciones adscritas a gratuidad. Los estudiantes que voluntariamente tomen FES por el 100% no tendrán la obligación de pagar ni matrícula ni aranceles; es decir, podrán estudiar sin preocuparse de aquello durante el período que dure su carrera. El FES se puede tomar, además, de manera flexible por el 50%, 75% o 100%, pagando la diferencia hasta el arancel regulado. El FES financia, además, un año adicional a la duración nominal de la carrera, lo que denominamos M+1, lo que viene a resolver un problema que muchas instituciones levantaron a propósito de la gratuidad, pues esta cubre solo la duración nominal de la carrera, debiendo las propias instituciones absorber parte de ese diferencial con créditos propios, etc. También los estudiantes actuales con crédito podrán acceder voluntariamente al FES, modificando la naturaleza de su deuda y su condición de deudores; es decir, quienes tienen Fondo Solidario, CORFO o CAE podrán acogerse a las reglas del FES y transformar su crédito en FES voluntariamente. Tras un año de gracia desde el egreso o la deserción, los estudiantes con FES tendrán el compromiso de pagar durante dos años por cada semestre cursado, con un tope máximo de 20 años, según lo que establece el proyecto de ley original. Los requisitos son los habituales: ser chileno o extranjero con residencia definitiva en Chile; contar con matrícula como estudiante regular en un programa de estudios de educación superior conducente a título técnico, profesional o licenciatura; no contar con licenciatura o título profesional financiado con gratuidad o con FES anteriormente, y así sucesivamente. Estas son, en general, las mismas reglas que rigen el acceso a la gratuidad. Las instituciones adscritas a gratuidad acceden al FES por el solo ministerio de la ley; sin embargo, todas aquellas que no son estatales y que están en gratuidad pueden comunicar su voluntad de no adscribir al instrumento a más tardar el 30 de abril del año siguiente a la publicación de la ley. Es decir, este proyecto considera la voluntariedad de las instituciones, excepto en el caso de las estatales. Las instituciones que deseen adscribir deberán cumplir con requisitos como contar con acreditación institucional básica, avanzada o de excelencia; estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro; estar adscritas al sistema de acceso regulado de la Ley 21.091; aplicar políticas que promuevan el acceso equitativo de estudiantes y adoptar políticas de acompañamiento académico que promuevan la titulación oportuna. En la siguiente lámina se detallan también las obligaciones para las instituciones: regirse por el régimen de regulación arancelaria asociado a costos necesarios y razonables; sujetarse a las vacantes máximas que dispone la Ley 21.091; no cobrar arancel ni matrícula adicionales a los regulados a los estudiantes con FES hasta el noveno decil —recordemos que en el décimo decil no hay tope de cobro, según lo establecido en el proyecto original—; a quienes pidan el 50% o 75% del FES se les podrá cobrar la diferencia, y en el décimo decil se podrá cobrar un adicional. Para las instituciones que adscriban al FES también se eliminarán los actuales límites de cobro a estudiantes que no accedan a gratuidad ni a FES. Se les exigirá, además, transparencia activa, es decir, publicar la estructura organizacional, la planta del personal, las remuneraciones y fondos, entre otros antecedentes.

… público y de las donaciones que perciban, y también la rendición de cuentas de aquello. Muchas gracias. En la siguiente lámina, la cobertura establece que los estudiantes podrán financiar con el FES hasta el 100% de los valores regulados de arancel y matrícula en el año adicional. Esto es para quienes no se titulan dentro del periodo de duración nominal de la carrera: el año más uno puede ser cubierto al 100% con FES. En el régimen de gratuidad, el año adicional será financiado 50% por las instituciones y 50% por el Fisco; y, en el caso de extensiones superiores a un año, se ajustará el siguiente esquema: en el segundo año adicional las instituciones podrán cobrar hasta el 50% del arancel regulado del estudiante; en el tercer año adicional o más, podrán cobrar hasta el 100% del arancel regulado. El FES financiará un único cambio de carrera, esto también es importante, teniendo como límite un periodo de 1,5 veces la duración de la carrera más larga. Me explico: si, por ejemplo, la persona ingresó a Licenciatura en Biología, que dura cuatro años, y luego se cambia a Medicina, será 1,5 veces la duración de la carrera de Medicina, que en este caso dura siete años. Suponiendo que el estudiante logró avanzar a tercer año de Licenciatura en Biología, etcétera. Luego, el instrumento de financiamiento público para la educación superior establece una obligación de pago que comienza 12 meses luego del egreso, deserción o eliminación del estudiante del programa de estudio, es decir, un año después. La obligación de pago es de dos años por cada semestre cursado, con un máximo de 20 años. El pago no se interrumpe, salvo determinadas excepciones. La recaudación se realiza a través de la Operación Renta, con retenciones y pagos provisionales mensuales. El Servicio de Impuestos Internos determinará el monto a pagar de acuerdo con los ingresos declarados, y la Tesorería General de la República es la que recauda. El continuador de la actual Comisión Ingresa pasa a ser un nuevo servicio público, el Servicio Ingresa, que, en términos de su composición, seguirá siendo exactamente igual a la Comisión Ingresa de hoy, y será el que administre la obligación de pago y la intermediación entre los empleadores y los beneficiarios para efectos de nóminas, antecedentes y datos que permitan establecer fehacientemente cuáles son los cobros que deben ocurrir, hasta cuándo, etcétera, de modo tal que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General puedan operar para la recaudación. La obligación de pago presenta un esquema sensible a las condiciones laborales e ingresos de cada persona, considerando un tramo exento que se aproxima al salario mínimo: está establecido en 7,5 unidades tributarias anuales, que en el momento de la formulación de la ley equivalían a 500 mil pesos; hoy día, evidentemente, ya es mayor, dado que se reajusta permanentemente por la inflación. El pago se calcula con tasas marginales por tramos, pero no podrá exceder el 7% de los ingresos percibidos si estos son inferiores a 45 unidades tributarias anuales, es decir, alrededor de 3 millones de pesos mensuales. Para quienes superan ese límite, el tope de la contribución sube a un 8% de los ingresos declarados. Es decir, el tramo de 0 a 7,5 UTAs se encuentra exento, operando como una especie de seguro para el caso de jóvenes que, habiendo egresado y entrando a la etapa de pago, no tengan trabajo o perciban ingresos inferiores al mínimo. Luego, entre 7,5 y 11,2 UTAs se aplicaría una contribución sobre el tramo cercana a un 13%, y desde 11,2 UTAs o más, de un 15%. Esa es la estructura de tasas marginales, a efectos de que el pago sea efectivamente proporcional: en torno al millón de pesos mensuales comienza a pagarse el 7% real. El instrumento establece, entonces, el flujo del proceso de ingreso a la carrera, como está en la lámina que están mirando ahora, donde el estudiante no tiene que pagar matrícula, mensualidad ni copago durante su estudio, a menos que opte por utilizar el instrumento de manera flexible; en ese caso, podría existir un copago. La institución de educación superior podrá cobrar un monto adicional a estudiantes del décimo decil, o, en el caso de estudiantes que tomaron un porcentaje del FES, esa diferencia se calcula sobre el arancel regulado. Luego, el estudiante egresa o interrumpe su estudio por cualquier causal; durante un año tendrá un periodo de gracia en que no estará obligado a pagar. Transcurrido ese año, comienza el pago de la retribución de acuerdo con los ingresos. Como dijimos, si sus ingresos son inferiores a 7,5 UTAs, estará exento; en caso de superar ese monto, pagará según la estructura de tasas marginales, hasta un 7% si está por debajo de los 3 millones de pesos de ingresos mensuales, o un 8% si está por sobre ese monto, por un plazo equivalente a dos años por semestre cursado, con un máximo total de 20 años. Ese es el esquema general del instrumento del FES. Como pueden observar en la siguiente tabla, ahí está la estructura de tasas marginales donde efectivamente…

Van aumentando las cuotas a medida que también aumentan los ingresos, cuando están por sobre los 500 mil pesos y hasta alrededor de un millón de pesos, que es cuando se alcanza el 7% real de pago mensual. Esto solo para reflejar cómo se comportaría la cuota correspondiente respecto del nivel de ingreso de la persona. El nuevo instrumento, que es una indicación aprobada en la Cámara, establece flexibilidad, como dije recién, donde quienes adquieren el FES pueden usar el 50, 75 o 100% del financiamiento. Se establece también una estructura de cupos, y esto es importante porque los cupos están calculados según la tasa de uso actual de los instrumentos de crédito, lo que significa que tenemos 80 mil cupos anuales; hoy día son aproximadamente 75 mil, es decir, levemente por sobre el uso actual. Esto considerando, además, que estamos en una estructura demográfica con baja natalidad; por tanto, debería haber cada vez menos estudiantes en el futuro. Y, obviamente, esto es para el primer año, pero se considera a todos los estudiantes que hoy día están en el sistema y, por tanto, se tienen que agregar a estos 80 mil cupos los 276 mil que actualmente ya usan algún instrumento. Por lo tanto, no es que disminuyan los cupos, sino que más bien se toma todo el stock y se generan estos cupos para la primera cohorte. Esto es una medida de contención, también, para que no se repita lo ocurrido con el CAE, donde se programó para una cantidad de cupos, pero luego se multiplicó por diez, lo que generó un desajuste relevante al sistema de educación superior y también al fisco. Entonces, esto es aprender de los errores del pasado: establecer estas contenciones ayuda a contener el gasto fiscal y a evitar una expansión inorgánica si es que el instrumento llega a ser tan atractivo que finalmente impulse una ampliación de cobertura que el país no resiste. Chile tiene una de las tasas de cobertura más altas de la OCDE, por lejos; estamos hablando de cerca de entre un millón cien mil y un millón trescientos mil estudiantes en el sistema de educación superior, lo que excede por lejos la realidad de América Latina y el Caribe en términos de la tasa respecto de la población, y está muy por sobre el promedio de la OCDE. Luego tenemos, también, parte de la indicación aprobada en la Cámara, donde se asegura el pago por parte de las personas que van al extranjero. Tuvimos una discusión larga, en términos técnicos, con la oposición en particular, para que las personas que se van al extranjero dejen mandatadas en el país a personas con facultades previas a su salida; y, si no lo hacen o no pagan, se les cobrará 3,5 veces el costo de la carrera en cuotas fijas. Si vuelven al país, no podrán salir hasta que cumplan con esta obligación. Es decir, una medida para asegurar que aquellos que abandonan el país lo hagan sin dejar de cumplir con sus obligaciones. Toda vez que es un tema complejo, esta es la fórmula que consensuamos en la Cámara de Diputados y particularmente en la Comisión de Hacienda. También hay un límite a la obligación de retribución, donde el proyecto original no establecía límite. Se fija un tope al cumplir el 90% del tiempo de retribución y con un monto equivalente a 3,5 veces el valor de la carrera a valor presente, sin tener deuda en la Tesorería General por concepto del FES. Ahí se establece una especie de fin de la obligación de pago. Luego, y con esto vamos terminando, Presidente, está el plan de reorganización y condonación de las deudas, donde las personas deudoras de CAE y CORFO podrán adherir; y también las del Fondo Solidario al plan, siempre que sus universidades —en este caso, respecto del Fondo Solidario— participen del plan, porque ustedes saben que el Fondo Solidario, en estricto rigor, es de las instituciones de educación superior, no así CORFO y el CAE. El plan de reorganización y condonación posee cuatro componentes: la condonación inicial; la condonación progresiva —esto es, una condonación mensual en función del ingreso—; una condonación adicional por pago anticipado; y, además, un beneficio tributario. Esto hace eco de lo que fue el trabajo prelegislativo, donde se nos indicó, Presidente, la importancia de valorar a quienes han tenido un comportamiento de pago excepcional, para no dar una señal equívoca respecto del comportamiento frente a las deudas. En segundo lugar, reconocer también a aquellos que ya terminaron de pagar; por eso se contempla un beneficio tributario como complemento para quienes ya extinguieron su deuda por el CAE. Las personas con garantías ejecutadas, además, ingresarán automáticamente, aplicándoseles la condonación progresiva, y podrán renunciar firmando un convenio de pago con la Tesorería General en las condiciones originales. Sobre la condonación inicial, todas las personas que adhieran al plan tendrán una condonación considerando la situación académica, la situación de pago y la cantidad de cuotas, donde la regla es que las personas que desertaron de sus estudios pero están al día tendrán el mayor aporte, que equivale a 60 UF de condonación. ¿Por qué esas personas? Porque están al día; hay una valoración de quienes han tenido un buen comportamiento de pago, pero desertaron —o, más bien, no concluyeron sus estudios—, es decir, personas que no lograron la promesa de un título profesional, que fue lo que prometió el CAE. Entonces hay una mezcla entre responsabilidad y también...

una cierta mirada progresiva a propósito de no haber logrado la promesa de un título y mejorar su calidad de vida. También está la persona que desertó pero está en mora, que recibiría la mitad de esas 60 UF. En el caso de las personas que egresaron y están al día, 40 UF, toda vez que esas personas tienen título y están en mejores condiciones de poder asegurar sus pagos; y la persona que egresó y está en mora tendría el menor aporte, de 20 UF. Ahora, es un aporte que busca convertir la deuda actual, hoy incobrable, en una deuda real, cobrable, e incorporarla a un flujo de pago que no es distinto de lo que hacen las casas comerciales y las instituciones crediticias cuando hay personas que entran en mora: ofrecer programas, planes, condonaciones parciales de intereses, etc., que resulten atractivos para volver a fidelizar a la persona como pagadora. Omitiremos el ejemplo en honor al tiempo. Luego está el plan de reorganización de deudas en relación con la condonación progresiva —este es el segundo componente—, que es el pago mensual contingente al ingreso, donde las personas pagarán el menor monto entre la cuota recalculada —habiéndose aplicado la rebaja de UF de la primera etapa de condonación—, esto es, el monto total dividido por la cantidad de cuotas pendientes, y el pago contingente según sus ingresos actuales. Si la cuota recalculada es superior al pago contingente, se paga el pago contingente; y si es inferior, se paga el valor de la cuota. Siempre se pagará el menor valor entre ambas realidades. Eso es, en lo esencial, lo que grafica la lámina que está a la vista, con la tabla de lo que significaría el pago según nivel de ingreso. Luego también está la condonación adicional por pago anticipado, donde todas las personas que opten por pagar en 12 cuotas el nuevo saldo de la deuda recibirán una condonación adicional de 25% de ese saldo. Es decir, habiéndose hecho el ajuste de UF de la primera etapa de condonación, si el saldo se paga de manera total en ese período, existe un incentivo para reducir en 25% el saldo pendiente, permitiendo que las personas puedan terminar sus deudas de una vez y asegurando, a la vez, un mayor flujo de ingresos para el Fisco, sobre todo en los primeros años de la implementación de la norma. Además está el beneficio tributario, que era el cuarto componente mencionado, donde todas las personas que saldaron su deuda CAE tendrán derecho a una rebaja en el Impuesto Global Complementario o en el Impuesto Único de Segunda Categoría, de 4 UF anuales (aproximadamente 150 mil pesos) para personas egresadas, y de 6 UF anuales para quienes no finalizaron sus estudios, haciendo esta distinción entre quienes no se titularon y quienes sí se titularon. Este beneficio se extendería por 20 años, que es más o menos el mismo tiempo que dura la obligación de pago, y en total se aproxima al monto máximo de condonación inicial que les habría aplicado si hubiesen estado en etapa de pago de egresados. Entonces, se busca llevar a estas personas a una equivalencia como si aún tuvieran la deuda vigente. Estamos hablando, recordemos, de aquellos que ya pagaron totalmente sus deudas. Eso fue parte de lo que recogimos del trabajo prelegislativo que hicimos tanto con el oficialismo como con la oposición. Y luego está el tratamiento de la deuda del Fondo Solidario, que es especial porque son deudas con las instituciones de educación superior adscritas al régimen del Fondo Solidario. Aquí hay un pago contingente al 5% del total de los ingresos del año anterior, acreditado mediante declaración jurada y documentación. Si no se acreditan ingresos, se determina una cuota fija anual y sucesiva según el saldo en UTM, con un 2% de interés, y a 12 años desde que la deuda se hizo exigible, prorrogado a 15 si el saldo del año 12 es superior a 200 UTM. Esas son las reglas actuales. En este caso, lo que ocurriría es que la cuota que paguen las personas se calcula bajo los tramos de contingencia del FES, que ya habíamos explicado, siempre que la cuota resultante sea menor o igual a la que obtendrían siguiendo las reglas vigentes, es decir, la contingencia del 5%. La cobranza de esos créditos se llevará a cabo en la Tesorería, que deberá enterar lo recaudado a la administración de cada fondo, es decir, a las instituciones. Con esto se libera a las personas de la carga burocrática de declarar anualmente ante notaría y ante las instituciones, y se reducen los costos de cobranza que tienen las instituciones, haciendo más eficiente la recaudación. Y las universidades que adhieran al plan podrán utilizar los excedentes del fondo para financiar créditos internos y gastos asociados a la adopción de medidas de modernización académica, entre otras. Es decir, se libera el uso de los recursos del Fondo Solidario, que, como ustedes han visto en las discusiones presupuestarias del último año, ha sido una demanda de las instituciones que están adscritas al Fondo Solidario. Luego hay otros cuerpos normativos que se modifican: establecer la eliminación de los límites de cobro a estudiantes que no están en el FES; la modificación de los gatillos de gratuidad, que también es algo significativo, que actualiza la metodología de cálculo —que ya no considera el PIB no minero—, modificando los guarismos y haciéndolos un poco más exigentes en términos de recaudación, es decir, considerando el crecimiento real del país para contener finalmente...

El avance de la gratuidad hacia un nuevo decil no puede plantearse si no hay un crecimiento real de nuestro país, porque el PIB minero genera distorsiones: es fluctuante —a veces sube, a veces baja— y estamos hablando de gastos permanentes. Por otro lado, se incorpora la facultad para condonar total o parcialmente los intereses, reajustes, multas y gastos de cobranza a favor de las universidades, de conformidad con normas, criterios y objetivos generales de aplicación. Esto es importante porque, como las instituciones tienen fondo solidario —sobre todo las del Estado—, deben contar con herramientas para avanzar en ese proceso de condonación por su parte. Eso, Presidente; he sido lo más breve posible. Notamos su ritmo, señor Ministro. Le agradezco, porque así nos deja el tiempo que esperábamos. El compromiso era escuchar la presentación y entendemos que la discusión la comenzaremos después del seminario. Bien, pasamos al segundo punto. Establecimos varios proyectos en esta sesión. Algunos me preguntaban cómo vamos a ver todos estos proyectos; la idea es ponernos de acuerdo en qué día podremos votarlos, porque hay iniciativas que ya han tenido su discusión. Por ejemplo, el proyecto de reingreso ya se ha visto y se recibieron audiencias; por lo tanto, deberíamos convocar a votarlo. También está el proyecto que modifica la Ley General de Educación para reconocer la pedagogía impartida en escuelas y aulas hospitalarias como modalidad educativa. Ese proyecto también tuvo discusión y, por lo tanto, hoy vamos a fijar cuándo lo pondremos en tabla, en paralelo con la discusión del Presupuesto. Muchas gracias, señor Ministro. Asimismo, iniciaremos la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula aspectos del funcionamiento de las escuelas especiales de lenguaje. Esto responde a lo que nos han planteado en múltiples oportunidades dichas escuelas, que están asociadas a la Subsecretaría de Educación Parvularia y que, cuando hay modificaciones en esa área, se ven afectadas sus direcciones. La sugerencia es preparar un cuadro para someter estos proyectos a votación, idealmente el día martes, porque el miércoles estaremos completamente abocados a convivencia escolar y al tema de celulares. Entiendo que hoy en la tarde habrá reunión de asesores sobre el proyecto de celulares y también para trabajar en convivencia, como lo hicimos la semana pasada, con el objetivo de poder despacharlo dentro del mes de octubre. Tiene la palabra el Senador Kast. Gracias, Presidente. Primero, respecto del proyecto de convivencia escolar, creo que lo estamos tramitando y ojalá podamos darle prioridad. Es un esfuerzo importante, donde hay bastante acuerdo y donde, además, hay muchos recursos involucrados con la ley de cumplimiento tributario, a partir de un convenio con el Ministro Marcel en su minuto para que buena parte de esos recursos fueran a los niños. Ya hemos venido avanzando, y ojalá mañana podamos darle prioridad; no sé si alcanzamos a despacharlo mañana, Presidente, pero sería ideal poder despacharlo mañana o, a más tardar, la próxima semana. Lo segundo, que me parece muy importante, Presidente, es el proyecto de reingreso. Se han comunicado conmigo el Hogar de Cristo y la Fundación Súmate; han debido cerrar dos de las cinco escuelas que tenían, justamente porque no les dan los números. Ir a rescatar a un niño o a una niña que ha debido salir del sistema escolar por situaciones de vulnerabilidad, y hacer el esfuerzo de reincorporarlo, es tremendo. No estamos hablando de tantos recursos —no se trata de cambiar la subvención para todas las niñas y niños—, pero es un proyecto extremadamente prioritario. Vuelvo a repetir: ojalá los niños primero en la fila; me parece que esa debiera ser la primera prioridad. Y estos dos proyectos —el de convivencia escolar, que permite impulsar el deporte, la música y la cultura y asegurar que se cumpla la promesa de la jornada escolar completa— garantizan no solo el desarrollo de habilidades cognitivas, que son muy importantes, sino también la incorporación del ámbito socioemocional. Gracias, Senador Kast. Compartimos la urgencia. No creo que terminemos mañana convivencia, pero sí la idea...