Saludo a los señores Senadores que se encuentran presentes y también a nuestros invitados. ¿Cuántos señores Senadores se encuentran presentes? Gracias, señor Presidente.
Se ha hecho presente urgencia calificada de suma urgencia al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos en Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta. Esta urgencia rige hasta el 16 de octubre.
Asimismo, se han recibido excusas del señor Ministro de Seguridad Pública y del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos para la sesión especial que celebrará la Comisión en la ciudad de Arica.
Se da cuenta de la solicitud de audiencia de la agrupación forestal “Seguro y Digno” de Viña del Mar, con el objetivo de exponer su problemática en materia de seguridad, sus propuestas para resolverla y plantear la concreción de un proyecto de subcomisaría para el sector. Enseguida, se informa de la solicitud de la Honorable senadora señora Paulina Vodanovic, a fin de realizar una sesión en la región del Maule para abordar las problemáticas de seguridad ciudadana que afectan a sus comunas y conocer en terreno los esfuerzos y limitaciones de las autoridades locales. Por último, el señor Subsecretario de Telecomunicaciones ha remitido respuesta respecto de la preocupación de la agrupación de juntas de vecinos por la seguridad ciudadana en la región de Tarapacá, relativa a la injerencia de señales de telecomunicaciones provenientes de proveedores bolivianos en la comuna de Colchane. Eso es todo en materia de Cuenta; los documentos anexos han sido remitidos a los correos electrónicos de Vuestras Señorías.
Muchas gracias. Antes de darle la palabra al senador Pío, solicito que la respuesta del Subsecretario de Telecomunicaciones sea derivada también a la senadora Ebensperger, quien solicitó la audiencia.
Senador Pío.— Muchas gracias, presidente. Respecto de la Cuenta, en el punto uno: por problemas de tiempo —estamos tramitando en paralelo la ley de inteligencia en una comisión mixta y la ley de protección de infraestructura crítica— no me fue posible revisar todas las indicaciones para ingresarlas. Solicitaría, si es posible, que usted mañana pida un plazo breve, 15, 20 minutos, media hora, lo que se estile, para poder ingresar las indicaciones revisadas, si fuera factible, presidente. El proyecto de modernización de Carabineros tuvo plazo de indicaciones, pero, tal como señalé, producto de que estamos trabajando en paralelo en la Comisión de Defensa —que integro— la ley de protección de infraestructura crítica y la comisión mixta del nuevo sistema de inteligencia, no me fue posible terminar de revisar las indicaciones. Por lo mismo, solicitaría pedir a la Sala un breve plazo mañana para poder ingresarlas, cumplir con la urgencia calificada y comenzar a tratar ese proyecto de ley, presidente.
—Pero nadie presentó indicaciones. En este plazo no hubo presentación.
Senador Pío.— Precisamente por eso, presidente. En atención a que no alcancé a terminarlas, por la carga de trabajo adicional en dos comisiones que están sesionando en paralelo, yo soy finalmente la piedra de tope. Ese es el motivo por el cual solicitaría el tiempo necesario solo para ingresarlas.
—¿Será que pidamos de hoy a mañana?
Senador Pío.— No, presidente; necesitamos un plazo breve mañana, nada más. No creo que sea necesario abrirlo hoy. Lo que pasa es que, si yo no estoy, me gustaría que quedara algún senador que lo pueda pedir. Sería ideal que usted lo solicite hoy, presidente. Nosotros también tenemos la Comisión de Seguridad el jueves. Si fuera posible, pedir el plazo solamente para ingresarlas.
—Coordinemos directamente nosotros.
—Muy bien, gracias, presidente.
Solicito un acuerdo de la Comisión para volver a oficiar, desde la Comisión de Seguridad, a los ministros de Seguridad Pública y de Justicia, a fin de que al menos nos nombren un representante. Ojalá pueda concurrir algún coordinador o persona representativa, dado los especiales temas que se tratarán en la región de Arica y Parinacota. Arica también es Chile; no todo se debe ver desde el nivel central. Pido el acuerdo para remitir esos oficios. Señor Moreira.
Y, en segundo lugar, someto a consideración la solicitud de la senadora Paulina Vodanovic para pedir a la Mesa del Senado autorización a fin de sesionar —previo acuerdo nuestro— en la región del Maule. ¿Estamos de acuerdo en oficiar también a la Mesa del Senado para que la Comisión de Seguridad sesione en la región del Maule? Autorizado por la Mesa, pondremos fecha.
¿Algo que decir, señor Secretario?
—Sí, por el orden. ¿La Comisión acuerda sesionar allá y pide a la Mesa? Es que hay que ver…
En ese orden, hay que pedir autorización para los refuerzos correspondientes. ¿Se acuerda por la Comisión? Ahora, como punto en Varios...
Gracias, Presidente. Me parece muy bien poder sesionar en las regiones; creo que es fundamental, esta Comisión así lo amerita, más aún para hacer pedagogía. Se ha ingresado —y quería destacarlo— el nuevo sistema nacional de protección ciudadana, que ojalá empiece a tramitarse en esta Comisión. Eso es lo que tenemos que pedir. Y es bueno que en las sesiones que hagamos también podamos difundir el nuevo sistema: el nuevo ministerio, las nuevas facultades, el nuevo sistema. Entonces, no solo escuchar, sino también difundir.
En segundo lugar, atendida la cantidad de solicitudes que hemos recibido, en varias oportunidades, de diferentes agrupaciones de vecinos de la Región de Valparaíso, pedir si pudiéramos agruparlas en un mismo bloque y recibirlas en un breve plazo para poder escucharlas, y así darles respuesta e informarles en qué fecha se les podrá otorgar el tiempo para oír, básicamente, lo que los ciudadanos nos quieren expresar, Presidente. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Senador. Se presentan tanto las indicaciones del Ejecutivo como aquellas que anteriormente habían presentado los señores Senadores, de tal manera de saber si tenemos el comparado y cuántas indicaciones estarían de mutuo acuerdo entre el Ejecutivo y los señores parlamentarios. Si existe acuerdo, podríamos comenzar a votar el próximo jueves; aquellos temas pendientes los dejaremos para la sesión siguiente, aquí en Valparaíso.
Se ofrece la palabra y se saluda a la senadora Vodanovic. Le cuento que hemos tomado el acuerdo para lo que usted ha solicitado, y hay que pedir ahora la autorización a la Mesa del Senado.
Muchas gracias, senador Moreira. Tiene la palabra, entonces, la Secretaría de la Comisión respecto del primer punto de la tabla.
Gracias, señor Presidente. Revisados, en materia de este proyecto —que es el punto uno de la tabla—, los antecedentes que se hicieron llegar a la Comisión, vale decir, el conjunto de indicaciones parlamentarias, más las indicaciones del Presidente de la República y, por último, la del Vicepresidente de la República, hemos hecho una breve síntesis, a fin de que ustedes la puedan considerar. Es el documento que acaba de repartir el funcionario que nos apoya.
Este documento contiene, al final, donde dice “Proyecto de ley”, el texto de cómo quedaría de acogerse íntegramente la propuesta del Ejecutivo, con sus dos versiones: la primera indicación y, luego, la que corrige la indicación que presentó el Vicepresidente de la República.
Hecho el estudio de las indicaciones parlamentarias —que están en la primera parte del documento—, advertí que las indicaciones número uno y número cuatro del Honorable Senador señor Pugh se podrían considerar incorporadas en el texto que terminó proponiendo el Ejecutivo. En tanto, las restantes indicaciones no las veo incorporadas ni recogidas, en particular aquellas que proponen el establecimiento de multas como parte de la pena.
Entre ellas están las indicaciones N° 2, 3, 3A, 5, 5A, 7 y 7A, algunas del Honorable Senador Pío y otras del Honorable Senador Pascual. Se refieren, como ya señalé, a la incorporación de las multas como modalidad de pena. Ninguna de ellas aparece como tal en la propuesta del Ejecutivo. Por último, las indicaciones N° 6 y 6A, también de autoría parlamentaria, buscan incorporar dentro del tipo penal alusiones a conceptos como el medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad alimentaria de la población. Estas tampoco fueron recogidas y no podrían considerarse subsumidas —como se acostumbra decir— en la iniciativa del Ejecutivo: son conceptos que no aparecen señalados.
Reitero, entonces, que el texto que ustedes tienen a la vista, en caso de aprobarse las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo —que, como bien se sabe, proponen sustituir el proyecto completo—, es el que allí se indica. En negrita se consignó lo que corresponde a la segunda indicación del Ejecutivo, que recayó sobre su propia indicación anterior, y que establece un artículo primero que modifica el Código Penal, modificando el artículo 289 y sustituyendo el artículo 290. Luego se continúa con los restantes artículos propuestos en la indicación N° 1 del Ejecutivo. El artículo segundo introduce modificaciones en la ley que establece disposiciones sobre protección agrícola. Y, como artículo tercero —tal como se mencionó en la última sesión de esta comisión—, se incorpora al Director Nacional del SAG la facultad de deducir querellas respecto de los delitos previstos en los artículos 289 y 290.
De modo tal, señores Presidentes, señores parlamentarios, que un buen número de indicaciones parlamentarias no las veo recogidas en el texto; pero el texto sobre el cual, en principio, debieran considerar y finalmente pronunciarse es este combinado de ambas indicaciones del Ejecutivo, que está aquí indicado para su estudio. ¿Se ofrece la palabra?
Muchas gracias, Presidente. Concuerdo con lo que señala la Secretaría respecto de aquellas que se puedan subsumir; efectivamente las estuve revisando y no habría problema, eso está bien. Y también comprendemos la forma en que se ha preparado la redacción del texto al que podríamos someter a análisis, si usted así lo estima, Presidente. ¿Se ofrece la palabra?
Señor Raúl Álvarez.— Presidente, muchas gracias. Agradecer la labor de la Secretaría. Solo para efectos de usar el mismo lenguaje, propongo que en el artículo primero, donde se señala: “agrega al artículo 289 el siguiente inciso final nuevo”, que habla de la introducción ilícita al país de animales o especies vegetales, se armonice con el artículo 26 del Decreto Ley N° 3.557, cuyo texto propuesto habla de productos vegetales o animales. ¿Por qué lo planteo? Porque no es lo mismo “animales o especies vegetales” que “productos vegetales o animales”. Por ejemplo, los huevos —ya que estamos con el tema del contrabando de huevos— podrían introducir una plaga o una enfermedad, y creo que no quedarían comprendidos en el concepto de “animales” ni “especies vegetales”. Entonces, usemos un lenguaje común: por ejemplo, “animales, productos vegetales o sus derivados”, o “animales, productos derivados o especies vegetales”. No sé; habría que buscar ahí la concordancia.
Claro, para que comprendamos también: por ejemplo, los huevos y la miel, que también pueden ser portadores de eventuales enfermedades constitutivas de plaga. Gracias, Presidenta. Bien, tienen toda la razón las intervenciones tanto de la senadora O’Hara como del senador Pío, y reitero mi agradecimiento a la Comisión. Debemos entender que, dentro de la terminología jurídica, “vegetales” comprende todo aquello que puede implicar el ingreso de plagas, como la denominada mosca de la fruta, que tanto daño causa a nuestra agricultura.
Lo que debemos considerar es, básicamente, la señal que entregaremos en la Comisión de Seguridad del Senado que desarrollaremos en Arica, en aquellos puntos en que podamos votar de manera general, donde exista concordancia y estén subsumidas tanto las indicaciones presentadas por el Ejecutivo como por los señores parlamentarios. Entendemos claramente que existen diferencias en las multas, en cuál será la institución que finalmente impondrá dichas multas y en la incautación del bien que trae este contrabando. Esos son los puntos más sensibles que tendremos que seguir conversando con el Ejecutivo, con el objetivo de sacar una buena ley.
En relación con lo señalado por la senadora O’Hara, deben estar incorporados en esta ley todos los elementos que provocan daño al consumo humano. Ayer se terminó de votar en la Comisión de Agricultura el proyecto de trazabilidad del huevo; por tanto, no podríamos estar levantando un proyecto tan importante de trazabilidad si, por otro lado, por nuestra frontera ingresan millones de toneladas de huevos de contrabando. Por ello, pido a los asesores legislativos prestar especial atención a estos puntos, a fin de concordar el mejor acuerdo y, en un par de sesiones, sacar adelante este proyecto sobre plagas animales y vegetales, y todo lo que concierne a esta necesidad.
No habiendo más palabras respecto de este proyecto, estaríamos en condiciones de pasar al segundo punto de la tabla, que se comenzará a votar en la sesión de Arica. Partimos en Arica y terminamos de votarlo en el Maule.
Comenzamos con el segundo proyecto, cuyo objetivo es finalizar la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Se trata de los boletines N° 15.940-25 y 15.984-06, refundidos.
Saludamos al Ministerio de Seguridad Pública; a la señora Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitado; al asesor legislativo, señor Alonso Buegeholz; y a la coordinadora legislativa de la División Jurídica y Legislativa, señora Carolina Coseo. Le ofrecemos la palabra al señor secretario de...
Para que nos pueda introducir en este proyecto y definir cuáles son las indicaciones que están pendientes para iniciar la discusión y posterior votación. Gracias, Presidente.
El proyecto que ahora nos convoca contó, preparados por Secretaría, con dos documentos solicitados por la Presidencia: uno es un comparado, apaisado —lo digo así para que lo identifiquen—, que contiene la propuesta del Ejecutivo; y el otro, de senadores, referido a los artículos 14 y 16. La primera materia solicitada fue iniciar la discusión; se entregó el material pertinente. Esa es la propuesta que hizo el Ejecutivo; no se ha votado. Hay otras normas también pendientes de votación en estas indicaciones del proyecto.
Para efectos de que puedan analizar el texto que terminó formulando el Ejecutivo en la última sesión, que la señora subsecretaria tuvo a bien leer, señalo que yo tenía dudas porque no había tenido el texto a la vista para saber si incluía alguna materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Luego de estudiarlo con más tranquilidad, no hay ninguna materia propia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; se trata de una readecuación, con eliminación y reordenamiento de otros textos. En consecuencia, la Comisión, si está de acuerdo con el texto y con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, podría perfectamente hacerlas suyas y votarlas como modificaciones propias de la Comisión.
—Sí, perdón, Presidente. Don Presidente, ¿nos permite confirmar: este texto se refiere a las indicaciones 45, 46, 48 y 52, de organizaciones comunitarias?
—Correcto.
—Recordarán que la señora subsecretaria leyó en la última sesión una propuesta, una fórmula que eliminaba algunos textos, reordenaba otros, etc. Recogidas esas propuestas…
—Página 93.
—Gracias. Que termine el secretario y luego lo haga.
En consecuencia, en este documento, que se hizo aparte para facilitar la incorporación de la proposición de la señora subsecretaria, se incorpora dicha propuesta; se mantiene el título, desde luego.
El artículo 64 queda en los mismos términos en que lo habían propuesto las comisiones unidas. Luego, el artículo 65 elimina algunos literales: desaparece el literal A; el B pasa a ser A, produciéndose la correlación correspondiente; B, C y D también van cambiando sus letras. Se agrega, en la nueva letra D —no la leeré entera—, la frase: “deberán habilitar un medio electrónico o cualquier otro medio idóneo de comunicación, con carácter permanente, para mantener una comunicación directa con la municipalidad e informarle, a lo menos cada dos meses, sobre los problemas de seguridad de los que tomen conocimiento”. La E mantiene su texto; solo se modifica el literal. El F solo cambia su letra. Se mantiene también el último inciso; no hay otros cambios. El 66, según estaban las comisiones unidas, ya no subsiste; y, en la última página de este mini comparado, en la página 6, el que era 67 se transforma en 66, sin mayores cambios. Eso recoge la propuesta del Ejecutivo, formulada verbalmente en la última sesión. Esa es la materia de organizaciones comunitarias. No sé si desean comentarlo, señoras y señores senadores, o paso inmediatamente a lo que corresponde a… Implicaría el rechazo de los 50 años. —Sí, sí.
Le ofrezco la palabra al Ejecutivo.
Gracias, presidente, senadoras, senadores. Solo recordar que esta era una indicación que proponía eliminar todo este capítulo, con estos artículos, y lo que se nos solicitó al Ejecutivo fue simplificar esta normativa. Por lo tanto, la propuesta está en esa línea, simplificando lo que venía aprobado por las comisiones unidas. Por eso está de esta forma, porque la indicación original de tres senadores era eliminar el párrafo completo, es decir, todas las normas relativas a este punto. Lo que nosotros proponemos es mantenerlo con ajustes, que fue lo que se nos solicitó.
Se ofrece la palabra. —Senador.
Gracias, presidente. Este es un tema bastante delicado por las funciones y la forma que se les da, y hay que entender que esto puede derivar en dos tipos de organizaciones. Primero, que se fortalezcan y se autotutelen sin necesidad de haber tenido antes cualquiera de las condiciones que se mencionan —actos de violencia intrafamiliar, en fin—; es decir, personas comunes y corrientes que lleguen a decir: “Mire, ¿sabe qué más? Nosotros somos el organismo de seguridad”. Segundo, que estas organizaciones sean penetradas por grupos para ejercer algún control sobre ellas.
Creo que la figura se resuelve bastante mejor de la forma en que operan las juntas de vecinos hoy en día, en sus dinámicas naturales, y no incorporar a este nivel el tema de la seguridad, porque podemos terminar con un problema. Lo que quiero advertir es que ya existe una autoridad, existe una junta de vecinos, existe todo un mecanismo establecido; pero al darles cierta visibilidad, o si ellos pretenden o pueden sentir que asumen una responsabilidad errónea, se puede producir un problema grande. A mi parecer, es mejor mantener la relación con los vecinos a través de la junta de vecinos y, por ese mecanismo, generar todas las instancias de diálogo que sean necesarias. Por eso creo que es mejor no considerarlas de esta manera, pese a todos los esfuerzos por regular, porque igual, aunque se regule, puede que terminen ejerciendo esa misma situación. Entonces, no es bueno a nivel de una junta…
Presidente, tal como no es conveniente que los alcaldes tengan policías municipales —no las queremos— y por eso vamos a realizar acciones tendientes a evitarlo, tampoco corresponde darles esa naturaleza a las juntas de vecinos. Es mejor mantener la naturaleza y la organización administrativa que tienen hoy las juntas de vecinos, Presidente.
El Ejecutivo había pedido la palabra.
Sí, por su intermedio, Presidente, al Senador: no comprendo bien la observación, por cuanto los comités de seguridad ciudadana existen y van a seguir existiendo. Lo que estamos haciendo es establecer ciertas limitaciones, entendiendo que cumplen un rol vinculado a la seguridad y, por lo tanto, fijando, por ejemplo, inhabilidades para quienes cumplan ese rol. Pero los comités de seguridad ciudadana van a seguir existiendo; las asociaciones comunales de seguridad también van a seguir existiendo porque forman parte de la libertad de asociación vigente. No estamos instalando una nueva organización: ya existen, son parte de la comunidad y, de hecho, en muchos lugares no hay otras organizaciones comunitarias o no están actualizadas las juntas de vecinos, y sí lo están los comités de seguridad porque pueden postular a proyectos. Por eso estimamos necesario regularlas en algunos ámbitos, ya que hoy pueden postular a fondos públicos para comprar elementos de protección para la comunidad, como alarmas comunitarias, botones de pánico, cámaras de televigilancia, etcétera. En el fondo, proponemos regular la existencia de algo que ya está.
Gracias, Senadora.
Sí, gracias, Presidente. Estoy un poco sorprendida, porque la discusión que hoy se plantea ya se intentó dar hace más de veinte años, precisamente cuando se empezaron a formar los comités de seguridad, y muchos dijimos por qué se relevaba del papel que les corresponde a las juntas de vecinos en esta materia y se delegaba a una nueva organización. Yo perdí ese debate en su momento y los comités de seguridad se instalaron. Lo que no me parece plausible ni acorde a la realidad que vivimos hoy es que ahora los neguemos cuando llevan veinte años de existencia.
No quiero en ningún caso desechar el papel y la función relevante de las juntas de vecinos —me parece muy importante—, pero también es cierto que los municipios trabajan incluso con uniones comunales de comités de seguridad en paralelo a la unión comunal de juntas de vecinos. Entonces, si lo que se quiere acá es, por así decirlo, no menospreciar el papel y la función de las juntas de vecinos, yo agregaría, a lo más, en el artículo 64 sobre regulación, finalidad y denominación, que las organizaciones comunitarias funcionales que se formen en materia de prevención del delito y seguridad se regirán por lo establecido en la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos; y que ello, obviamente, no puede excluir a las propias juntas de vecinos cuando cumplan estas funciones. Es decir, también cabe que, en un mismo territorio, no exista otro comité de seguridad si la propia junta de vecinos puede jugar ese papel.
Sin perjuicio de lo anterior, no debemos eliminar lo que ya existe. Lo señalo, además, porque esta Comisión recibió hace unas semanas a uniones comunales y organizaciones de comités de seguridad de Iquique y de Arica. Resultaría extraño que ahora no podamos finiquitar este debate y retrotraigamos para que no existan. Por eso digo: entiendo que se busca que las juntas de vecinos no desaparezcan de esta labor preventiva, de coordinación y de aporte de información al Plan Nacional de Seguridad Pública —que es lo que también estamos planteando a los municipios en esta regulación—, pero sin perjuicio de que también existen las organizaciones de comités de seguridad. Yo lo resolvería así, si me permite, Presidente.
Gracias, Presidenta. Creo que la confusión se explica, en parte, por la redacción del inciso segundo del artículo 64, tal como lo propone el Ejecutivo, porque al señalar que dichas organizaciones podrán denominarse comités de seguridad vecinal o rural, da la idea de que las estamos creando en esta ley y no reconociendo organizaciones ya existentes. Coincido con lo que señala la senadora Pascual, por su intermedio, Presidenta, en el sentido de que esto debe ser sin perjuicio de las atribuciones y facultades que hoy tienen las juntas de vecinos, y que se mejore la redacción para que, tratándose de organizaciones que ya existen, no se les otorgue aquí su nacimiento. Propongo suprimir esa frase y establecer simplemente que los comités de seguridad vecinal o rural tendrán por finalidad…, eliminando el pasaje previo que genera la confusión.
Ahora bien, respecto de las reglas especiales, me parece adecuado que, siendo quienes harán recomendaciones en materia de seguridad y visibilizarán los problemas de la comunidad, deban ser personas de intachable conducta; por lo tanto, que no estén condenadas por crimen o simple delito, ni sean autores de violencia intrafamiliar o de violencia en los estadios, resulta razonable. Quisiera saber, por su intermedio, Presidenta, cuando el texto dice “sus miembros deberán…”, si se refiere a los miembros fundadores o a todos los miembros. Si es a todos, ¿cómo se fiscalizará aquello, considerando que el último inciso impone a la municipalidad verificar el cumplimiento de los requisitos? ¿Cuándo se verificará? ¿Solo al momento de la constitución, conforme a la Ley 20.500? Luego, respecto de quienes se incorporen con posterioridad, ¿quién revisará los requisitos? Por eso hago la distinción entre miembro fundador y miembro simple, porque no veo cómo la municipalidad podría contar finalmente con esa información. Además, si al revisar los requisitos de los fundadores alguno no los cumple, la organización no podría constituirse; pero si la organización ya está funcionando e ingresan nuevos miembros, ¿en qué momento interviene el municipio y cómo se actúa? En el fondo, habría que excluir a esa persona. Ahí advierto una falla en el funcionamiento de la propuesta. En principio, sin embargo, estoy de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Presidente. Reconociendo la importancia de la Ley 20.500, soy un convencido de su vigencia, pero no desde la perspectiva de la regulación que aquí estamos viendo, esto es, las atribuciones y responsabilidades que estamos entregando. Fíjese, señor Presidente, por su intermedio, que hace veinte años yo habría apoyado con fuerza lo señalado por la senadora Pascual: la Junta de Vecinos es la organización. Ahora, pueden existir —y eso es lo que quiero decir— grupos con esa capacidad; esos existen y, tal como lo señaló, por su intermedio, la subsecretaria, están articulados y funcionando.
Voy a usar los mismos argumentos que ha expuesto, por su intermedio, señor Presidente, la senadora O’Hara. No solo está el problema de controlar quiénes pueden entrar; ¿qué pasa si alguien que ya está dentro comete alguno de los delitos mencionados, por ejemplo, violencia intrafamiliar? Tendríamos que estar monitoreando una agrupación específica de personas que puede no ser siquiera la única dentro de una misma Junta de Vecinos. Una Junta de Vecinos puede tener varias: los vecinos de un lado de la vereda pueden tener una y los del otro lado, otra. Y entonces, ¿quién tiene la razón, quién es más efectivo, quién puede cumplir más? Ese es el problema cuando empezamos a fraccionar.
Yo reconozco que ya existen; qué bueno que existan. Me gusta lo que están haciendo. Pero, si empezamos a regularlas, nos vamos a encontrar con un problema gigantesco. Es más simple dejar que sigan operando bajo la Ley 20.500.
...contribuyendo de la forma en que pueden hacerlo. Pero si nos ponemos en todas las condiciones, vamos a terminar probablemente con una ley especial para definir qué tienen que hacer ellas y no con un artículo, que es lo que tenemos ahora. A esta altura preferiría decir: esto se debiera manejar de otra manera; en algunas cosas, tal como está ocurriendo, están teniendo incidencia, y hacer, si es necesario, más vinculante. Porque el problema es de qué manera la Subsecretaría de Prevención del Delito usa esa información y puede dar cuenta de aquello que las mismas organizaciones están informando; o sea, más accountability, más trazabilidad de las acciones, antes que regular un mecanismo que puede generar un problema muy grande. Esa es mi aprehensión, y vuelvo por eso 20 años atrás: si esa fuera la discusión, habría dicho exactamente lo que digo ahora, porque creo más en la capacidad de los vecinos de tener una organización que los represente a todos, y que dentro de esa organización existan grupos que lleven cada uno los temas: pueden ser de innovación, de desarrollo, de salud, como también de seguridad. Pero plantearlo de la forma en que está, creo que nos puede producir problemas más grandes de los que estamos viendo ahora, Presidente. Gracias.
Claramente ha quedado establecido en esta discusión que las organizaciones sociales existen y que los comités vecinales de seguridad son hoy parte de la realidad. Las organizaciones sociales, las juntas de vecinos y los comités vecinales de seguridad existen. A mí lo que me preocupa es que hoy día estemos reglamentando algo en una ley de seguridad municipal. El objeto parecería ser que cada alcalde va a decidir crear sus propios comités de seguridad vecinal, aparte de la junta de vecinos. ¿Sabe por qué me preocupa eso, señora Subsecretaria? Porque en el artículo 64 aparece que podrán coordinarse con las organizaciones no gubernamentales, con las fundaciones y con todo lo extraño que muchas veces sucede en ese tipo de coordinaciones, o con ese tipo de organizaciones. Hoy día, muchas veces, cuando piden una reunión con las policías o con la SEREMI de Seguridad Pública, no quieren que sea en la población; hay que buscar otros espacios y otros lugares. Además, dentro de los puntos que hoy día debemos resolver está cómo se van a proteger los propios miembros de la seguridad municipal, con equipamiento. Entonces, todos van a saber quiénes son miembros de esa seguridad. No dimensionamos el riesgo que estamos incorporando al establecer, en una norma de seguridad municipal, en el contexto de la inseguridad actual. No sabemos quiénes son los migrantes irregulares que han llegado a Chile, y muchas veces vamos a tener a estas mismas personas tratando de incorporarse o de presionar estos comités de seguridad vecinal. La verdad es que, bueno, estamos en el punto de la discusión; tendrá que votarse. No sé si finalmente lo que vamos a votar son estas indicaciones, que tendríamos que asumir, o vamos a votar las indicaciones que están. Y primero le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo y después a la senadora Pascual.
Gracias, Presidente. Solo quiero aclarar un par de cosas, porque creo que en la discusión se están confundiendo algunos planos. En primer lugar, las organizaciones comunitarias que se pueden denominar comités de seguridad ciudadana generalmente son agrupaciones de menor escala que una junta de vecinos, y por eso se configuran de esta manera, justamente para postular a proyectos de intervención comunitaria. Como ustedes sabrán, modificar las unidades vecinales hoy día es un trabajo muy complejo para un municipio y requiere recursos y otros esfuerzos. Existen municipios donde las unidades vecinales son hoy día demasiado grandes, y lo que hacen las organizaciones es generar microorganizaciones del territorio, más acotadas a barrios, a zonas específicas, condominios, etcétera. Por lo tanto, operan a una escala mucho menor que la de la junta de vecinos; coexisten con las juntas de vecinos, no las reemplazan, y cumplen un rol, en general, distinto, porque están vinculadas mucho más a...