Les pido a todos ponerse de pie, por favor. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Señor Secretario, dé lectura a la Cuenta, por favor.
— Oficios: Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicaciones al proyecto de ley, originado en mensaje presidencial, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades vinculadas al crimen organizado. Dicha indicación debería constar en la carpeta de cada uno de ustedes, por cuanto en relación con ella se efectuarán las votaciones de hoy.
Asimismo, se ha recibido un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual remite informes sobre el cumplimiento de la glosa presupuestaria N° 6 de la Ley de Presupuestos 2025.
Se han recibido excusas del Ministro del Interior y Seguridad Pública, informando que no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos impostergables, y del Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz Lamartine, quien, por tope horario en su agenda, no podrá participar en la sesión.
Hemos recibido, asimismo, reemplazos: la diputada señora Jimena Osandón nos acompañará en reemplazo del diputado señor Cristián Araya, y la diputada señora Marta Bravo lo hará en reemplazo de don Jorge Alessandri.
Eso es todo, señora Presidenta.
— Muchas gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Ya llamó Claudia por el tema. Sí, además está con eco, está brutal. Yo les quería hacer una propuesta: ¿será factible que me den el acuerdo para que hoy día tengamos los diez minutos de Puntos Varios al inicio de la comisión, en lugar de dejarlos al final? ¿Hay acuerdo? Al secretario le encanta dejarme bien lejos la campanita. Acordado.
Entonces, ofrezco la palabra sobre Puntos Varios. Diputado Araya.
Presidenta, yo creo que uno de los temas que más ponen en riesgo la seguridad de nuestro país, conjuntamente con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, es la corrupción. Y la verdad de las cosas es que llaman profundamente la atención las decisiones que ha tomado el Consejo de Defensa del Estado, que entiendo es un organismo autónomo, pero que nada menos que ha calificado que no habría delito por parte de una persona que ha sido pesquisada por distintas fiscalías regionales y, de acuerdo con informaciones de prensa, la fiscalía ha arribado a la convicción de que tendría participación, al punto que ha pedido el desafuero del señor Orrego, y el Consejo de Defensa del Estado ha estimado que no hay delito.
Y además, en el caso de Democracia Viva, que golpea fuertemente a la región que yo represento, contrariamente a la tesis de la fiscalía, ha estimado que una imputada acusada no es autora, sino cómplice, derribando nuevamente la tesis de la fiscalía. Entonces, me parece que sería prudente que esta comisión acordara, habida consideración del profundo daño y riesgo a la estabilidad institucional del país que tiene la corrupción, invitar al presidente del Consejo de Defensa del Estado —quien reiteradamente se negó a participar en las comisiones especiales investigadoras respecto de los casos de Procultura y fundaciones— para que tenga la gentileza de venir a esta comisión a explicar en qué se basa el Consejo de Defensa del Estado para tomar decisiones de esta naturaleza.
Realmente sorprendente, Presidenta —y lo digo con gran decepción—, que quien debiera representar y ser un aliado de la fiscalía resulta estar en contra de los criterios de la fiscalía. Y no de un fiscal, Presidenta: esto lo había estimado el fiscal de Aysén, luego el fiscal de la Cuarta Región, y la Fiscalía Regional de Antofagasta estimó que las decisiones eran tan graves que pide el desafuero del gobernador Orrego, y el Consejo de Defensa del Estado, de manera increíble, estima que no hay delito y así lo comunica.
A ello se suma esta cosa que ya es lo más insólito de todo esto, de la justicia a la carta: las resoluciones que se dictan por el Juzgado de Garantía de Antofagasta para llevarse nada menos que al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la causa de Procultura. Entonces, Presidenta, la verdad de las cosas es que las causas de corrupción son tan graves como las de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Por lo tanto, creo que, siendo un órgano autónomo, podríamos invitar al presidente del Consejo de Defensa del Estado para que venga a exponer a esta comisión, particularmente teniendo en consideración que nunca quiso venir a dar explicaciones ni a colaborar con la Comisión Especial Investigadora. Cuestión que viene a coronarse con estas decisiones que son de suyo lamentables y, como le digo, además, con la tremenda desazón que a uno le genera saber que el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declara incompetente, condena en costas al Ministerio Público, el mismo juez resuelve el recurso de oposición, el mismo juez acoge una solicitud de certificación y el mismo juez, además, declara inadmisible la apelación: todas las resoluciones dictadas por un mismo juez para que esta causa se vaya al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Presidenta.
Muchísimas gracias, diputado Araya. Le encuentro toda la razón y quisiera tomar inmediatamente el acuerdo sobre este punto para poder cursar la invitación. Yo, claro, en este momento estoy presidiendo de manera accidental; por lo tanto, al final del día esto queda sujeto a la decisión del presidente titular de la comisión respecto de cuándo se invite, pero le voy a sugerir que sea a la brevedad posible, porque me parece de máxima gravedad. ¿Tomamos el acuerdo, entonces? Acordado.
Diputado Chalper me había pedido la palabra.
Presidenta, nobleza obliga: quiero destacar que el diputado Araya, especialmente por ser diputado oficialista de la zona que representa, haya hecho la alocución que ha hecho; así que quisiera partir, yo tengo tres puntos: primero, suscribir sus dichos. Segundo, Presidenta, veo con preocupación que el fin de semana se tematizó el aumento de la presencia de bandas criminales en sectores rurales mediante la toma de territorio, especialmente para los efectos de —seamos sinceros—, a ratos, trata de blancas; a ratos, toma de terrenos para poder tener... bueno, usted lo iba a comentar. Yo quisiera que oficiemos al Ministerio de Seguridad, a la Fiscalía y también a las policías para saber qué registro tienen de esto y qué estrategias se están llevando adelante en la Región de O’Higgins, especialmente, para ser sinceros, en la zona sur que representa, por su intermedio, la diputada Morales.
Pero también en la zona de Graneros, en la zona de Mostazal; para qué decirles la Cuesta Chada. Entonces hay todo un tema muy preocupante en esta materia; me gustaría que pudiéramos oficiar.
Y lo otro, Presidenta: hoy día en la mañana, por su intermedio, en la comuna de Peñalolén, hemos tenido un episodio en que la víctima fue un funcionario de la PDI, quien resultó víctima de robo. Se desplegaron lienzos que entiendo son de organizaciones comunitarias, que protestan por el desamparo en que se encuentra la comuna. He tenido la oportunidad de hablar con las personas a cargo de la seguridad en Carabineros; tienen una dotación policial bastante baja, para ser franco. Por lo tanto, Presidenta, pediría que pudiéramos también oficiar, por su intermedio, al Ministerio de Seguridad, que entiendo ha estado desarrollando alguna estrategia específica respecto de Peñalolén, para que nos la detallen. También al Delegado Presidencial, para saber qué está haciendo, entendiendo que hoy el SEREMI es quien tiene la atribución directa, pero el Delegado Presidencial, recuerdo, era su superior en esta materia. Básicamente, saber qué se va a hacer, porque esta comuna está siendo especialmente azotada por delitos violentos, entre ellos robo con intimidación, robo con violencia y turbazos; por lo tanto, pediría una agenda especial para eso. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Chalper. Les voy a pedir el acuerdo para oficiar al Ministerio de Seguridad. Y quiero aprovechar de solicitar que se oficie por los dichos del SEREMI de Seguridad de La Araucanía, al mismo Ministerio, toda vez que ha señalado que La Araucanía es una de las regiones más seguras del país. La verdad es que es algo tan incomprensible que ni siquiera amerita más comentarios, sino simplemente una explicación. ¿Cómo puede ser que el SEREMI, en una de las regiones más peligrosas del país, sostenga públicamente en una entrevista que esta es una de las regiones más seguras? Es rarísimo. Señor Secretario, por favor, oficiemos al Ministerio de Seguridad por lo planteado por el diputado Chalper y por estas declaraciones tan desafortunadas del SEREMI de Seguridad de La Araucanía. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo.
Diputado Teao. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a mis colegas. Presidenta, solicito que esta comisión acuerde citar al Delegado Presidencial de la Región de Valparaíso y también a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que expliquen las razones del término anticipado del programa regional de drones de televigilancia, pese a que los recursos están aprobados hasta diciembre de este año. Este programa ha sido una herramienta clave para complementar la labor de Carabineros y de la PDI, apoyando la prevención del delito y la persecución penal. Su suspensión deja a trabajadores sin empleo y, además, debilita la seguridad en la región. Queremos saber por qué se optó por cortar el programa en lugar de darle continuidad mientras se resolvían los supuestos errores administrativos aparecidos en la prensa, y qué medidas se tomarán para restablecer este servicio, que ha demostrado ser efectivo y que hace que los vecinos se sientan más protegidos.
Por otra parte, Presidenta, insisto en la solicitud que he venido planteando hace tiempo en esta instancia fiscalizadora para realizar una sesión especial junto con las juntas de vecinos de Viña del Mar, en presencia del Ministro de Seguridad Pública, pues ya han denunciado demasiado abandono en el plan y, para qué decirlo, en el borde costero. No hay seguridad y necesitan ser escuchados, a fin de que se adopten medidas y el Ministro pueda traer una estrategia asertiva, efectiva y eficiente en términos de seguridad para los vecinos del borde costero de Viña del Mar. Eso, Presidenta. ¿Podemos tomar el acuerdo, por favor?
Muchas gracias, diputado Teao. Me informa el Secretario que efectivamente ellos en algún minuto fueron recibidos en esta comisión, pero claramente no se solucionó nada. Por lo tanto, sería fundamental poder recibirlos de nuevo y que entreguen la explicación que corresponde. Estamos en octubre; queda poco para terminar el año y, por ende, para ejecutar el presupuesto asignado a seguridad este año que, según trascendidos de prensa, no presenta una ejecución muy maravillosa.
Diputado Teao, ¿tenía algo que agregar? —Sí, lo que pasa es que… —Con el micrófono, por favor. —Está encendido, Presidenta. Lo que pasa es que son juntas de vecinos que yo he pedido que vengan, no que otros diputados las hayan traído solitos. —Me parece. Recordemos que estamos en campaña.
Gracias, diputado Teao. Vamos a pedir entonces el acuerdo de la comisión para invitar nuevamente a estas juntas de vecinos y, señor Subsecretario, usted comprenderá que hay bastante trabajo por delante para el Ministerio de Seguridad. Espero que sean invitados a la brevedad por estos temas y todos los demás planteados, para que usted pueda tomar nota y traernos las respuestas necesarias si es que el Ministro no viene, porque últimamente el Ministro tiene topes de agenda cada vez que tenemos sesión. Viene usted, entonces. ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. ¿Alguna otra palabra? Diputado Longton. —Gracias, Presidenta. Muy breve. Son tres temas en particular que tienen que ver con la reposición…
...la tenencia de Cabildo. En junio de 2025 el Ministerio de Obras Públicas nos informó que faltaba subsanar algunas observaciones por parte de Carabineros de Chile para obtener la calificación RS correspondiente a 2025; una vez obtenida, el Gobierno Regional de Valparaíso podría gestionar el certificado de disponibilidad presupuestaria para este año. No hemos tenido respuesta. Aprovechando la presencia del subsecretario de Seguridad Pública, solicito oficiar por la reposición de la tenencia de Cabildo. Habíamos oficiado hace un tiempo, sin noticias hasta la fecha. Es relevante porque hoy Carabineros está arrendando una casa vecina al terreno donde debe reponerse la tenencia, sin las condiciones adecuadas para albergar en buenas condiciones al personal, y además se requiere reforzamiento. Pido oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Obras Públicas.
Respecto de Quillota: la comisaría lleva desde 2018, o un poco antes, sucesivas licitaciones fallidas y no se ha incrementado el presupuesto conforme al costo actual de reposición. Actualmente arriendan un inmueble que era un instituto y no están alojados en el centro de la ciudad, donde estaba la comisaría. Para los vecinos del sector es un anhelo muy sentido que se reponga. El lugar original está abandonado, siendo tomado por delincuentes; incluso pernoctan allí, generándose un foco de incivilidades e ilícitos que antes no se producían. Esto lleva años sin solución.
Finalmente, sobre la subcomisaría de Forestal, en Viña del Mar, iba a haber una reasignación presupuestaria comprometida que no se ha concretado. Solicito conocer su estado, pues es una necesidad muy apremiante en un sector donde la inseguridad ha aumentado sostenidamente en los últimos años. Eso es todo. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Longton. Tomamos el acuerdo para oficiar. Acordado. ¿Alguna otra palabra sobre puntos varios? Quedando un par de minutos, la diputada Friest tiene la palabra.
Presidenta, quería solicitar que, como hoy veremos el sistema de inteligencia económica, y entendiendo que los asesores han trabajado y habría acuerdos, me gustaría escuchar la explicación del Ejecutivo y luego votar.
Bien. Eso veremos en la sesión. No creo que lo votemos en paquete, porque estoy como Presidenta accidental y no quiero pasar a llevar al Presidente titular; además, hay materias en las que no hay acuerdo. Por lo mismo, esperaremos que el Ejecutivo dé a conocer su propuesta respecto de varios puntos del sistema económico.
Terminando los puntos varios e iniciando la sesión de hoy: en primer término, continuamos la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia, la Presidenta de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado. Boletín N° 15.975-25, con urgencia de discusión inmediata, en segundo trámite constitucional. Estaban invitados el Ministro de Hacienda, que no se encuentra presente; la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, muy bienvenida; y el Subsecretario de Seguridad, señor Rafael Collao, ya parte habitual de esta comisión.
Tiene la palabra la Subsecretaria Heidi Berner para dar a conocer la propuesta del Ejecutivo que nos fue remitida y que está a disposición de las y los miembros de la comisión.
Señora subsecretaria, por favor, tiene la palabra. — Presidenta, por su intermedio. Primero que nada, saludarla a usted y a todas las diputadas y diputados presentes.
Efectivamente, cuando partimos la discusión del proyecto de ley que generaba el subsistema de inteligencia y análisis económico del Estado, tuvimos un amplio debate respecto del objetivo del sistema y su vinculación con el Sistema de Inteligencia del Estado y con el Ministerio Público, en particular. A partir de ello, se acordó trabajar con todos los asesores y asesoras que quisieran sumarse, con el fin de arribar —y ya llevamos al menos dos meses de trabajo— a un consenso que dejara a todas las partes tranquilas respecto de este subsistema, que, recordar, está radicado en la UAF y cuenta con unidades de inteligencia en el Servicio Nacional de Aduanas y en el Servicio de Impuestos Internos.
Producto de ese trabajo, se acordó de partida cambiarle el nombre: ya no será “subsistema de inteligencia y análisis económico”, sino “sistema de inteligencia y análisis económico”, para dejar claro que no se subsume dentro del Sistema de Inteligencia del Estado; lo que no significa, por supuesto, que, cuando sea requerido, no entregará la información correspondiente. Asimismo, se buscó dejar más claro el flujo hacia el Ministerio Público y entre los integrantes del sistema.
En concreto, se reemplaza el concepto de subsistema para aclarar el modelo de gestión independiente y se modifica el objeto del sistema —artículo primero—, que sigue refiriéndose a la prevención y detección temprana de ilícitos económicos vinculados al crimen organizado, pero sustituyendo el largo catálogo de delitos de competencia del sistema por una referencia a asociaciones delictivas en los términos del Código Penal. Esto, considerando que se ha debatido la falta de una definición legal de “crimen organizado” y no se pretendía fijarla en este proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, el quehacer del sistema queda sujeto a los lineamientos que dicte un comité de coordinación; de este modo, también generamos una gobernanza, despejando dudas sobre dónde se radica la “cabeza” del sistema. Dichos lineamientos deberán sujetarse a las políticas, planes, programas y estrategias nacionales contra el delito y el crimen organizado que se encuentren vigentes.
Se aclaran, además, las reglas de funcionamiento, distinguiendo expresamente dos formas de desarrollo del quehacer: la actividad autónoma y la actividad a requerimiento. “Autónoma” respecto de su propio funcionamiento, no como un mayor nivel de autonomía institucional. Esto se consagra en una forma de relacionamiento con el Ministerio Público, conforme a la cual el Fiscal Nacional podrá requerir la colaboración del sistema en el marco de investigaciones en curso, cuando la complejidad de los antecedentes conocidos haga necesaria su intervención. Ello permite mayor agilidad, porque los organismos que integran el sistema no siempre conocen qué investiga el Ministerio Público —su lógica es más bien analítica—, por lo que, de requerirse, la solicitud del Ministerio Público llegará de manera oportuna.
Se perfeccionan las reglas relativas al tratamiento de la información dentro del sistema, precisando qué información puede requerir a otros órganos de la Administración del Estado y cómo se comparten datos e información personal y no personal, incluyendo datos sensibles. También se define qué información queda excluida. Por ejemplo, la UAF no puede compartir con el sistema los reportes de operación sospechosa ni los informes de inteligencia que entrega al Ministerio Público; esos productos tienen como único destinatario al Ministerio Público y no al resto de los integrantes del sistema. Tampoco puede compartir la información que recabe a través del procedimiento de levantamiento del secreto bancario, cuestión que más adelante debatiremos.
Finalmente, se mejora la gobernanza mediante la creación de un comité de coordinación, prevención y seguridad del sistema, conformado por los jefes de los servicios que lo integran y presidido por el director de la UAF. Este comité velará porque el sistema cumpla sus cometidos de manera coordinada y propenda a una unidad de acción. Asimismo, le corresponderá definir los lineamientos estratégicos que orienten el desarrollo de la actividad del sistema y las medidas de contrainteligencia aplicables a sus funcionarios.
En consecuencia, se fortalece el régimen del personal del sistema, simplificando la regulación, incrementando las sanciones por violación al deber de secreto e incluyendo la obligación de entregar acceso a su información bancaria para el ejercicio de las medidas de contrainteligencia antes señaladas. Además, por supuesto, se mantienen todas las normas de declaración de patrimonio e intereses y demás que ya estaban contempladas. Se explicita que la información relativa al sistema, incluidos los datos sujetos a tratamiento y aquella referida a sus funcionarios, tiene carácter secreto para resguardar su quehacer. Eso es importante, porque no queremos que los funcionarios se vean expuestos a presiones. Por un lado, existen diversas normas de sanción en caso de violación de secreto; por otro, debemos resguardar su identidad en el trabajo de análisis, puesto que estamos hablando de crimen organizado.
Ese es, diría, el resumen a lo largo de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; además, se establece el régimen orgánico del personal en los artículos 8, 9 y 10, que versan, en particular, sobre las normas de transparencia relativas a patrimonio e intereses. Para hacer esto consistente, hay disposiciones que dicen relación con las unidades de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas y de la UAF. Eso, Presidenta, por su intermedio. Quiero agradecer especialmente el trabajo realizado, porque, insisto, llevamos dos meses en esta discusión. Haber logrado —entendemos— un acuerdo importante en cuanto al objetivo del sistema, su gobernanza, la forma de tratamiento de los datos y su resguardo, nos parece muy positivo. Agradecemos realmente el trabajo de cada uno de los asesores y asesoras que han sido parte de esta discusión.
Muchas gracias, Subsecretaria Belner. No sé si el Subsecretario Collao quisiera agregar algo.
Sí, Presidenta. Brevemente, más allá de sumarme a lo dicho por la Subsecretaria Belner y sin reiterar, quisiera dejar claro que este acuerdo ha sido trabajado en conjunto con las personas que se desempeñan en el sistema de inteligencia del Estado; se ha gestionado de esa manera y ha habido coordinaciones con ellos. Por último, es importante precisar que estamos hablando de crimen organizado. Este es un sistema que, como explicó la Subsecretaria, se fundamenta en los artículos 292 y 293 del Código Penal, que establecen las asociaciones delictuales y criminales; y ello se refleja tanto en la UAF como en el Servicio de Impuestos Internos y en el Servicio Nacional de Aduanas. De hecho, esas son las normas de acuerdo a las que hizo referencia la Subsecretaria: buscan precisamente crear unidades de inteligencia y análisis económico en Impuestos Internos, en la UAF y en Aduanas, que establezcan mecanismos de prevención y alerta de actividades vinculadas al crimen organizado. En ese marco se mueve todo este diseño, incluido el secreto bancario. Gracias.
Muchas gracias, Subsecretario Collao. No sé si hay alguna duda hasta esta altura de alguno de los diputados. Diputado Joanet.
Presidenta, yo tengo una duda a propósito de lo que acaba de decir el Subsecretario de Interior. No sé con qué confianza habla, porque toda la información que tenemos indica que hay un grave problema en Aduanas. San Antonio es uno de los puertos de mayor importancia; antiguamente era principalmente de importación, y ahora es ruta de droga que pasa por San Antonio y llega a Europa. Eso está en fuente abierta. Naturalmente, no estoy diciendo que todos los funcionarios de Aduanas estén involucrados, pero es Aduanas la que controla eso, ¿no?
Ustedes saben perfectamente cuál es el control de maletas que tenemos en el aeropuerto de Santiago. No lo voy a detallar aquí para no afectar la seguridad en el aeropuerto, pero eso es competencia de Aduanas. En el aeropuerto no hay ninguna coordinación entre el SAG, Aduanas, la Policía de Investigaciones, Carabineros y la DGAC; ninguna coordinación. No hay ninguna autoridad aeroportuaria. Entonces, con la tranquilidad con que lo dice, de verdad —por su intermedio, Presidenta—, no me da ninguna confianza.
Ustedes efectivamente están terminando; en total, después nadie se hace responsable. Eso es una cosa. Porque, además, de verdad, que San Antonio sea uno de los puertos, que los puertos chilenos hoy día estén sindicados por la Unión Europea, eso es de fuente abierta. Hay un informe que dice que los puertos chilenos se han convertido en un pasadizo para que llegue la droga a Europa. Y se nos pide confiar en que vamos a entregar información sensible a diversos organismos, pero sin una coordinación clara; esa información puede terminar en manos del crimen organizado.
Al leer esto, advertí que tenemos un problema, y tal vez el subsecretario o la subsecretaria puedan aclararlo: no observo claridad ni seguridad en la coordinación entre puertos, Aduanas, el SAG, el Servicio de Impuestos Internos y otros organismos. Necesitamos la tranquilidad de que información importante del Gobierno, o a la que tengamos acceso nosotros, no vaya a llegar a manos del crimen organizado; porque, finalmente, eso es lo que estamos legislando. El nivel de organización del crimen organizado no es el que tenía hace diez años; hoy es altamente sofisticado, lo que implica que van a obtener información.
Lo que nos pasa hoy, y a propósito de lo que se ha discutido en esta comisión en varias oportunidades, con Gendarmería: el nivel de penetración, la presión que ejercen sobre los gendarmes, el seguimiento, las extorsiones —cuando les envían coronas de flores, y todo ese tipo de cosas—, ocurre porque hay filtraciones. Nosotros queremos avanzar, y vamos a avanzar. Lo que quiero que quede medianamente claro es que esa confianza con que se afirma que esto va a funcionar de manera tan fluida, con organismos que hoy no están funcionando adecuadamente, con técnicas que no tenemos —¿cuántos son los camiones escáner, por ejemplo?—, es problemática, porque son parte del sistema.
Por ahí van mis dudas, a propósito de lo que dijo recién el subsecretario: desde que partió esta discusión ha sido un poco etérea, porque la realidad es otra. Chile y sus puertos hoy están sindicados en Europa como algunos de los principales puntos por donde pasa más droga hacia el mundo, ni siquiera solo en América Latina. Gracias, Presidenta.
Gracias, Diputado Joanet. ¿Alguna otra duda de las diputadas y los diputados? Yo tengo un par de dudas también, subsecretario; aprovechemos de sumarlas porque así es más fácil. Yo comparto 100% lo dicho por el diputado Joanet, sobre todo porque, en la Comisión de Agricultura, sin ir más lejos, hemos visto este tema de la falta de seguridad y de revisión por parte de Aduanas, el SAG, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, en los puertos. Por otras problemáticas —probablemente por el tipo de grano que llega, las condiciones en que llega, etcétera—, pero también por algo que he dicho acá: maquinaria usada que viene importada y sale desde Aduanas con pasto, con bichos, con vaya a saber uno qué cosas más; las máquinas salen así de sucias al exterior, con el riesgo de que nos entren plagas y todo lo demás.
Entonces, si eso pasa con maquinaria usada que trae vaya a saber uno qué cosas —incluso en los neumáticos—, lo que dice el diputado Joanet cobra relevancia, por cuanto nos hemos transformado en un puerto de paso para drogas y vaya a saber uno qué más. Me preocupa, y comparto la preocupación que él tiene, porque se les está otorgando un rol para efectuar esta inteligencia económica a organismos que, en la práctica, no han demostrado estar a la altura del papel que están jugando. No tengo idea si por falta de personal, de preparación, de elementos, o por la suma de todo lo anterior; pero, en la práctica, este tema —por ejemplo, el tráfico de drogas, tanto las que entran al país como las que circulan desde Chile como puerto de paso— ha ido aumentando a través de los años, y eso preocupa, no solo por la imagen que tenemos en el exterior, sino también por el posible ingreso del crimen organizado a través de ese tipo de cosas.
Esa es una de las dudas que tengo. Otra duda que tengo es este cambio entre...
Sobre el tema del sistema y el subsistema, no me queda claro si esto fue para darnos el gusto a los diputados que reclamábamos, porque esto es parte del sistema de inteligencia y claramente la legislación respecto de ese sistema aún no está lista. Uno de nuestros reclamos era que resultaba un poco absurdo estar legislando sobre un subsistema de algo que todavía no está legislado.
Para ser bien sincera, no sé si esto es solo una forma de conformarnos en un asunto netamente de lenguaje, porque en la práctica el problema subsiste. Mientras no esté listo el sistema de inteligencia propiamente tal, podemos ponerle el nombre que queramos —inteligencia económica, por ejemplo—, pero seguirá supeditado al Sistema de Inteligencia Nacional. Que yo sepa, no vamos a tener dos sistemas de inteligencia separados. Se supone que aquí debe haber traspaso de información y una gestión ordenada; no podemos tener dos sistemas distintos. Por lo tanto, mientras no esté legislado el sistema de inteligencia, me parece irracional estar legislando sobre un subsistema, aunque le pongan el nombre de sistema para, entre comillas, eliminar el problema.
Lo segundo: este reemplazo del catálogo, a mi modo de ver, tampoco soluciona el problema de fondo. Pasamos de enumerar delitos a pretender que todo quede bajo “crimen organizado”, pero en la legislación chilena —que me corrijan los abogados presentes— no existe una definición legal de crimen organizado. Entonces, ¿qué figura legal vamos a invocar cuando se produzca uno de estos casos, con el peso suficiente, si “crimen organizado” no está definido? Estamos jugando con las palabras y, en la práctica, no apuntamos al fondo ni solucionamos nada. Damos la impresión de que se resuelve, pero no hay solución: todo sigue igual.
Por otro lado, este famoso comité que define los lineamientos estratégicos sigue siendo un problema, por más conversaciones entre asesores y supuestos acuerdos; no todos suscribieron ese acuerdo y, por lo demás, quienes tomamos la decisión final somos los diputados. Sinceramente, creo que acomodar el lenguaje para que esto parezca más amable de lo que es, no tiene sentido. Eliminar el catálogo de delitos, ¿qué sentido tiene si al final del día “crimen organizado” sigue sin estar definido? Mientras no tengamos una definición legal y penas acordes, no podremos tratarlo como tal, porque esa definición no existe en la legislación chilena. Para mí, esto es casi humo, para serles franca.
Sigue sin gustarme la forma en que se está tratando. Por eso insisto en que es importante primero terminar el proyecto de ley que está en trámite sobre el sistema de inteligencia y, después, seguir con este subsistema —y eventualmente con otros subsistemas—. ¿Por qué? Porque no podemos partir por las patas: hay que partir por el cuerpo, y si no tenemos el cuerpo, no sacamos nada con ponerle cola o cabeza, porque queda suelto. ¿Me explico, diputado Jouannet? Gracias, Presidenta.
Presidenta: Démosle la palabra al diputado Jouannet y, después, tendrán la posibilidad de opinar todos, incluido el subsecretario.
Diputado Jouannet: Lo que ocurre es que, ¿qué es lo que queremos perseguir finalmente? Porque, a ver, se dice que estamos dilatando. No, no estamos dilatando. Llevamos tres meses discutiendo en la mixta —dos meses y medio, para ser exactos— la ley de inteligencia, donde hemos esperado al Gobierno. Si hablamos de dilatar, hemos esperado al Gobierno. Hoy día teníamos que votar y no votamos. El ministro del Interior se retiró, dejó a las asesoras, que no toman decisiones políticas, y hemos esperado con paciencia porque queremos sacar acuerdos y aprobar todo en acuerdo. Y el Gobierno, como no tiene acuerdo interno respecto de la ley de inteligencia, no ha logrado ese consenso. Entonces, no es que hayamos dilatado; hemos tratado de buscar un acuerdo, y no llamamos a eso dilatar.
Mi pregunta es otra: ¿vamos a perseguir al señor que tiene el quiosco en la esquina o vamos a perseguir al crimen organizado desde el vendedor ambulante? Yo me paseo por el centro de Temuco, donde vivo…
Diputado Joanet: Y ahí llegan las tremendas camionetas por el centro de Temuco; está lleno de vendedores ambulantes y con las tremendas camionetas y camiones ahí, con todo el desparpajo. Ahí el Servicio de Impuestos Internos no va a llegar; el Servicio Nacional de Aduanas tampoco. Pero eso es parte de esto. Entonces, cuando uno habla, es porque tiene que ver con las realidades locales. Así como a algunos diputados les encanta hablar de su región y de lo que pasa con el crimen organizado en sus regiones, nosotros, en la nuestra, también tenemos nuestros problemas.
Yo hago estas preguntas porque estamos construyendo una tremenda maqueta cuando la realidad es otra. La realidad es otra. Lo que acabo de decir sobre los problemas que tenemos, respecto de que Chile es un pasadizo de la droga, no lo he escuchado. No sé si vamos a apuntar a ello o vamos a dejar que eso lo carguen otros. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? No, que esto quiere fundamentalmente abrirle las cuentas a algunos, que están en eso. Ese no es el tema. Si vamos a perseguir de verdad al crimen organizado, al narcotráfico, al cibercrimen —sobre el que aquí hemos legislado—, bueno, para allá tenemos que ir, pero con la realidad, porque con la institucionalidad que tenemos hoy día no da. No da con la institucionalidad de hoy. ¿O me van a decir que con la Aduana que tenemos —entendiendo que hay muy buenos funcionarios— no está pasando la droga por los puertos? ¿O por el aeropuerto? ¿O no vimos la situación que ocurrió con nuestros propios —y, lamentablemente, funcionarios— de las Fuerzas Armadas? Eso, Presidenta.
Presidenta: Gracias, Diputado Joanet. ¿Algún otro diputado solicita la palabra? Diputada Fríes, tiene la palabra. Bien breve.
Diputada Fríes: Por lo mismo, bien breve. La referencia que se hace al Código Penal en términos de asociaciones y crimen organizado deja fuera el “kiosco” al que se refiere el Diputado Joanet. Lo que estamos tratando, supongo que todos, es de perseguir la ruta del dinero, que no es la del kiosco, sino la de esas asociaciones ilícitas. Ahí me voy a quedar.
Presidenta: Muchas gracias, Diputada Fríes. Me parece muy sano que tengamos este debate, porque las personas que eventualmente están escuchando esta comisión, uno, no han leído la indicación; dos, la gran mayoría no son abogados. Por lo tanto, hablan —tal como el Diputado Joanet o como yo— desde lo que la gente común y corriente entiende. Y la verdad es que nos cuesta entender por dónde está tratando de avanzar esto, porque no sentimos que solucione el problema. Más aún, y me encantaría que alguno de los diputados abogados presentes me corrigiera si estoy equivocada: la definición de “crimen organizado” como tal no existe en la legislación chilena. Por lo tanto, a mi modo de ver, sí importa, Diputada Fríes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de parar algo que, en la práctica, no existe, y, por lo tanto, no vamos a tener la fuerza para hacerlo.
Quiero dar la palabra a quienes no han intervenido. Diputado Longton, tiene la palabra.
Diputado Longton: Presidenta, muy breve. Estoy de acuerdo con la indicación, y lo voy a decir por qué. Porque, en primer lugar, como estaba establecido en el proyecto, no sabíamos quién se iba a hacer cargo de esto. Es decir, no había un sistema integrado. No sabíamos si dependía del Sistema de Inteligencia del Estado ni con quién se coordinaban. Entonces, lo que se estableció fue un sistema que integran distintos organismos —entre ellos el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero—, que van a funcionar coordinadamente para dos delitos específicamente: la asociación ilícita o criminal. No el “crimen organizado”, porque éste no tiene definición; la definición de asociación ilícita está en la ley de crimen organizado que votamos hace un par de años.
Además, si están indagando y encuentran elementos que tienen caracteres de delito, habrá una coordinación directa a requerimiento del Ministerio Público, el cual podrá solicitar información a este organismo. Y ellos podrán actuar de manera autónoma o a requerimiento del Ministerio Público. Se crea como un sistema.