Buenos días. Nos ponemos de pie. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión de hoy. Las actas de las sesiones 181 y 182 se ponen a disposición de las y los integrantes de esta Comisión. La señora Secretaria dará lectura a la Cuenta.
Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos: correo electrónico del asesor de gabinete del Ministro de Educación, a través del cual excusa la inasistencia a esta sesión del Ministro Cataldo, por cuanto durante esta jornada se encuentra citado por la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos a la presentación de la ejecución presupuestaria 2025.
Se deja constancia de que, por la misma razón, tampoco podrá asistir la subsecretaria. Atendido lo anterior, el ministro ha mandatado asistir en su representación al coordinador jurídico-legislativo de ese ministerio, señor Leonardo Vilches. Se da cuenta de correo electrónico del asesor de gabinete del Director de Educación Pública, mediante el cual se excusa la inasistencia del director, señor Rodrigo Gaña, por haber sido invitado a participar en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, en el marco del Presupuesto 2026, en el Congreso Nacional, en Valparaíso. No obstante, se confirma la presencia de la jefa de la Unidad de Gestión Territorial, señora Mónica Aravena. Esto es la cuenta, Presidenta.
Muchas gracias, señora Secretaria. Entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley, de origen en mensaje, que modifica la ley N° 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública. Se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de suma.
En razón de lo anterior, vamos a escuchar a los siguientes invitados, a quienes se les ha otorgado un tiempo de exposición de diez minutos aproximadamente por organización o institución. Primero, recibimos a la investigadora y coordinadora legislativa de Idea País, señora Francisca Figueroa Peña y Lillo. Tiene la palabra. Muy bienvenida.
Señora Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio, saludo al resto de las diputadas y diputados y a los representantes del Ejecutivo. Espero ser muy breve en esta intervención.
Nuestro objetivo como Idea País es avanzar en políticas públicas que fortalezcan la educación pública y, en ese sentido, queremos recordar el diagnóstico que nos llevó como Estado a desmunicipalizar. La historia de la ley da cuenta de que el objetivo era renovar y fortalecer la educación pública chilena, comprometiendo la responsabilidad del Estado y otorgándole una institucionalidad adecuada y moderna. El diagnóstico compartido fue que la educación pública necesitaba recuperar matrícula —es decir, ser una alternativa de calidad—, tener proyección de largo plazo, mejorar la rendición de cuentas y evitar la dilución de la responsabilidad, hacer frente a las capacidades dispares e insuficientes entre municipios y poner fin a la atomización y a la escala inadecuada. Todo lo anterior debe tenerse presente para efectos de las modificaciones que se plantean en un proyecto de ley que modifica la Ley 21.040.
En este sentido, queremos llamar la atención sobre ciertas normas que tendrán impacto en la operatividad del sistema y que pueden mejorarse, y otras que tendrán impacto en la calidad y que, a nuestro juicio, deben eliminarse del proyecto.
Respecto del impacto en la operatividad, ponemos la atención, primero, en el rol de los DEPROV (Departamentos Provinciales de Educación), tratado en el artículo 18 ter. Hay un avance en cuanto a que el artículo 18 ter clarifica que el apoyo técnico-pedagógico en los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) recae en la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y que, a nivel nacional, la DEP (Dirección de Educación Pública) asesora técnicamente a los SLEP. Sin embargo, ya sabemos que los DEPROV pierden justificación en la Nueva Educación Pública: duplican funciones hoy radicadas en los SLEP y en la DEP. Por otro lado, hay un descalce territorial: un SLEP puede coincidir con múltiples DEPROV —por ejemplo, en el caso de Atacama— y un DEPROV puede coincidir con más de un SLEP, como es el caso de Aconcagua o Valparaíso. El ajuste que proponemos es eliminar el inciso que hace depender al SLEP del acompañamiento de los DEPROV y, eventualmente, planificar una eliminación progresiva de los DEPROV.
En segundo lugar, respecto de las oficinas locales tratadas en el artículo 16 bis, estimamos que dicha norma da mayor claridad respecto de la instalación de oficinas locales; sin embargo, no resuelve el problema de financiamiento. El SLEP que requiere oficinas locales por alta dispersión territorial probablemente tiene comunas donde hay establecimientos muy pequeños como para contar con una dotación suficiente que permita prestar un servicio integral, a diferencia de un establecimiento grande que puede disponer de apoyo TI, dupla psicosocial o docentes especialistas. Redestinar el personal con que cuenta el propio SLEP, por lo tanto, no resuelve el problema en estos territorios. Se sugiere, por tanto, sincerar la discusión en torno al financiamiento que se requiere para aquellos SLEP que necesitan oficinas locales.
... incremento por estamentos A, B, C, D y G por cada 20 establecimientos por sobre 40. Celebramos la inclusión de escuelas rurales al consejo, pero hay efectos prácticos indeseables. Por ejemplo, en el SLEP de Chiloé, que tiene 181 establecimientos educacionales de básica y media, en cuyo caso ese consejo pasaría a tener 51 miembros. En comparación, por ejemplo, con el SLEP de Barrancas, que solo tendría 16 porque tiene 53 establecimientos de educación básica y media. El ajuste que proponemos es eliminar esa regla de crecimiento para mantener una coordinación más efectiva.
Por último, en el impacto de la operatividad, creemos que el Comité de Ministros del artículo 64, que se propone para coordinar acciones interministeriales relativas a la Nueva Educación Pública, tiene un problema: es una instancia distante del nivel escolar. Por otro lado, dos reuniones anuales son insuficientes para resolver nudos críticos. La coordinación debe darse a nivel del usuario del sistema. El ajuste que proponemos es trasladar esa coordinación a un nivel descentralizado, con reglas, instrumentos y datos operando a nivel local. La coordinación que se requiera activar con un ministerio debe traducirse en acciones concretas cuando se necesite.
Y, finalmente, con respecto al impacto en la calidad, hay ciertas normas que creemos que no corresponde incluir, como el artículo 18 bis, que amplía la oferta en establecimientos del SLEP, habilita la fusión de establecimientos en un mismo local, el traslado a locales no educacionales y la apertura de niveles, y los exceptúa del cumplimiento de ciertos requisitos, como horas semanales y tiempo técnico‑pedagógico del docente. El riesgo es claro: precariza el servicio, abrevia clases, reduce el trabajo técnico‑pedagógico. Por ejemplo, en Copiapó, la fusión del Liceo Comercial con el Liceo Bicentenario Fritis está ocasionando bloques de 22 minutos. Las alternativas que vemos son dar preferencia a establecimientos que estén solicitando reconocimiento oficial o subvención, de sostenedores con buen desempeño. Otra opción es fomentar la coadministración con personas jurídicas sin fines de lucro, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio. Si se quiere insistir con la ampliación de la oferta, debe existir la obligación del SLEP de presentar un proyecto de infraestructura en los días siguientes a la aplicación de la medida. Idealmente, creemos que no se debe tratar el tema del déficit de oferta en esta ley, sino en una distinta que atienda el problema considerando a todo el sistema educacional.
Por último, creemos que también tendrá impacto en la calidad la regla de los reemplazos tras siete días, que es una camisa de fuerza establecida en el artículo 22 letra j). El director ejecutivo solo podrá contratar reemplazos para profesionales de la educación tras siete días continuos de imposibilidad de desempeñar el cargo, sujeto a disponibilidad presupuestaria. El problema es claro: se contradice la continuidad del servicio y el derecho a la educación. Las licencias médicas requieren reemplazos oportunos. Si se limitan los reemplazos se sobrecargará a los equipos y aumentará el agobio laboral. Tendremos un círculo vicioso ocasionado por las licencias. El ajuste que proponemos es eliminar este umbral de siete días y habilitar los reemplazos inmediatos según la necesidad del establecimiento. Lo que debe mejorar es la gestión de las licencias médicas y los descuentos, y no restringir los reemplazos. Espero haber cumplido el tiempo que me han dado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la señora Francisca Figueroa, investigadora y coordinadora legislativa de Idea País. Vamos a ir por bloques. Hay cuatro invitados en el primero y cuatro invitados en el segundo. Cuando terminemos con los primeros cuatro invitados, abriremos la palabra para consultas. Le vamos a dar la palabra ahora al exsecretario regional ministerial de Educación, el señor Fernando Peña Rivera, quien entiendo se encuentra conectado por Zoom. Don Fernando, ¿se encuentra? Está sin audio, don Fernando. Muy buenos días.
Ahora sí lo escuchamos, don Fernando. Tiene la palabra. Muy bienvenido a esta sesión de educación.
No veo cómo ello se compadece con el hecho de que los servicios locales fueron creados como servicios descentralizados y, hoy, en la práctica, se van transformando en servicios desconcentrados de la Dirección de Educación Pública (DEP). Si queremos que los servicios locales operen con alta resolutividad, es imprescindible darles flexibilidad y margen para resolver sus propios problemas. Un ejemplo: los saldos SEP de la Ley SEP. Antes, los municipios, con una modificación en sus concejos municipales, podían usar esos recursos con mayor libertad. Hoy, los servicios locales deben solicitar engorrosas autorizaciones a la DIPRES, previo paso por la Dirección de Educación Pública, lo que puede demorar semanas o meses, como ya se ha observado.
Pasemos a la segunda y última lámina, que recoge aspectos más específicos y algunas propuestas para mejorar la tramitación de esta iniciativa. Solicito apoyo para avanzar a la siguiente lámina de la presentación.
Primero, el nuevo literal j) del artículo 22, que autoriza reemplazos de profesionales de la educación solo cuando las licencias médicas superen siete días. Entiendo la intención de resguardar el presupuesto y contener el alto costo que implica contratar reemplazos frecuentes. Sin embargo, no queda resuelto qué ocurrirá con la continuidad del servicio educativo: siete días son una semana —e incluso más— de clases para un estudiante. Si no se autoriza reemplazo, habrá que recurrir a las horas no lectivas de los docentes presentes en las escuelas o liceos, lo que puede generar conflictos y sobrecarga. Además, la Superintendencia de Educación, frente a una falta de servicio, puede sancionar con multas a los sostenedores. Por lo tanto, en mi opinión, esta medida no resuelve de manera adecuada cómo asegurar que no se interrumpa ni se altere la continuidad del servicio educativo, aunque busque desincentivar prácticas indeseadas.
En cuanto al traspaso de bienes inmuebles, materia abordada en los artículos 8 y 9 y en el vigésimo noveno transitorio bis, propongo una alternativa que socialicé con el Consejo en la última sesión. Hoy, cuando los establecimientos se traspasan el 1 de enero, los servicios locales reciben, en no pocos casos, establecimientos deteriorados, incluso en condiciones insalubres. Los dos años de implementación previos al traspaso debieran usarse para preparar y reparar, de manera adecuada, la infraestructura. Para ello, podríamos adoptar una medida más audaz: traspasar la infraestructura antes del traspaso del personal, permitiendo al servicio local realizar los ajustes y arreglos necesarios y así evitar situaciones como las ocurridas en Atacama. Con ello, además, se entregaría una carga de trabajo efectiva a los servicios locales durante su instalación, evitando que permanezcan años en esa fase realizando, a mi juicio, bastante poco.
Por último, respecto del artículo décimo transitorio, que viene con una indicación del Senado, se propone ampliar la postergación del traspaso hasta el año 2030.
Sin embargo, y algo que manifesté también en el Senado: sería una buena señal para el sistema —entendiendo que está compuesto por varias partes— permitir a los sostenedores que hacen bien su trabajo conservar, con los mismos requisitos hoy planteados en el artículo décimo transitorio, el servicio educativo. Ello ayudaría a descomprimir y a generar mayor confianza en esta reforma, que, en mi opinión, no tiene marcha atrás. Eso no significa que no debamos preservar lo bueno y permitir a los sostenedores municipales que han hecho bien su labor mantener ese estándar de servicio. Muchas gracias.
Agradecemos a don Fernando Peña Rivera, exsecretario regional ministerial de Educación. Damos la palabra ahora a la presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), alcaldesa de Pitrufquén, señora Jacqueline Romero Insunza, quien se encuentra conectada por Zoom. Muy buenos días, señora alcaldesa. ¿Se encuentra conectada?
Acompañan presencialmente en la sala el vicepresidente de AMRA, alcalde de Padre Las Casas, señor Mario González Rebolledo; el secretario general de AMRA, alcalde de Loncoche, señor Alexis Pineda Ruiz; y el director de AMRA, alcalde de Ercilla, señor Luis Orellana Rocha.
Señora alcaldesa, ahora la oímos. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Haré una intervención breve para que mis colegas también puedan expresarse. Un saludo a la presidencia y a quienes integran esta Comisión de Educación.
Hemos analizado el proyecto y vemos aspectos positivos. Se amplía el principio de justicia e inclusión —aunque hay materias que deben mejorarse—; se establece una Estrategia Nacional de Educación; se mejora la capacidad de gestión en los SLEP; se facilita la creación de oficinas locales, aunque no sabemos cuál será la capacidad de resolución que tendrán; se crea un fondo de infraestructura educacional; se facilita la generación de convenios de programación con el GORE; y se alude al rol de los municipios, cuestión que no queda del todo clara. Asimismo, se introduce mayor presión por mejorar los resultados de la gestión técnico-pedagógica.
En cuanto a aspectos críticos, observamos que no existe definición territorial para los SLEP en la región; se propone un proceso de saneamiento que no resuelve la complejidad de la situación de los bienes inmuebles y que afecta el patrimonio de servicios comunitarios de las comunas —por ejemplo, hay muchos terrenos de educación donde funcionan APR, postas, etc.—; y se establece la obligatoriedad del plan de transición, cuya ejecución demanda las capacidades...
…que no todos los municipios tienen, lo que configura un mandato sin recursos. Aumenta la responsabilidad y las sanciones para los alcaldes que no cumplan con el plan de transición; se establece la retención por el Fondo Común Municipal. Nos preocupa, como alcaldes de La Araucanía, el déficit financiero actual y proyectado por causas que no necesariamente son atribuibles a la gestión municipal: reajustes del sector público, pago de la carrera funcionaria, etc. Las oportunidades de traspaso tampoco son homogéneas en la región.
En la delimitación territorial de los SLEP, por ejemplo, la comuna de Padre Las Casas queda incluida, pero su oficina estará en Villarrica, teniendo Temuco al lado. Padre Las Casas debiera adscribirse a Cautín Norte, con base en Temuco, y no a Cautín Sur, con base en Villarrica, como acabo de señalar. También nos preocupa la situación del personal que quedará fuera del sistema. Es indispensable contar con financiamiento en la Ley de Presupuestos 2026 y siguientes para prestar el servicio educativo que nuestras comunidades se merecen.
En el recuadro se observa que Cautín Norte ya fue traspasado y está en funcionamiento; vendrán Cholchol, Galvarino, Temuco, Lautaro, Perquenco y Vilcún, con sede en Temuco; y, por otra parte, Lumaco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche y Padre Las Casas, con sede en Villarrica. Como pueden ver, habrá un tremendo desafío en este territorio.
Eso en cuanto a lo mío. Están también mis colegas, a quienes pido se les conceda un minuto: el vicepresidente, don Mario González; el secretario de la AMRA, don Alexis Pineda; y don Luis Orellana, de Ercilla. Trataré de ser breve para que puedan intervenir ellos.
Perfecto. Gracias, presidenta. Muchas gracias a las y los integrantes de la comisión por permitirnos entregar la visión que tenemos los alcaldes de La Araucanía acerca de este proceso. Iniciamos con los SLEP en el sector costa de La Araucanía hace ya varios años y, en términos generales, vemos que este proyecto se hace cargo de varias de las problemáticas que han vivido nuestros colegas de la costa, que durante los primeros años del traspaso, la verdad, no lo pasaron bien. Se generaron muchos inconvenientes con la operación de los nuevos SLEP, y este proyecto aborda varios de esos temas.
Sin embargo, de manera muy resumida, queremos subrayar que la comisión y el Parlamento en general debieran mirar con cuidado algunas disposiciones que, si bien apuntan a mejorar el sistema y esta política de Estado, a nosotros como alcaldes nos dejan inquietudes, especialmente en lo relativo al patrimonio financiero y a la deuda. Porque, si bien sabemos que el déficit estructural del sistema educacional municipal no es necesariamente causado por los alcaldes, hay factores como el algoritmo de cálculo de la subvención ordinaria. La subvención ordinaria, que es el principal mecanismo de financiamiento del sistema, se paga a los municipios por asistencia promedio y no por matrícula. Por lo tanto, el principal problema es que este déficit estructural se genera porque asumimos una operación permanente con ingresos variables. Ello provoca que mes a mes aumente la carga financiera, sobre todo en lo remuneracional, todos los años; pero los ingresos por subvención ordinaria fluctúan mes a mes. Hay meses, especialmente en invierno en La Araucanía, en comunas como Ercilla, Curarrehue y otras más alejadas, en que por el ausentismo los ingresos muchas veces no alcanzan ni para pagar el 50% de la planilla de ese mes, y el FAEP, además, va a la baja. Y, además de eso, tenemos un problema que tiene que ver con quienes ya hemos…
Hemos firmado los convenios de transición. En nuestro caso, hemos contado con el acompañamiento de profesionales de la DEP, entre ellos don Cristián Loyola. En eso no hemos tenido inconvenientes. El problema es que una cosa es lo presupuestario, y otra, para nosotros los alcaldes, es lo financiero. Se nos señala que vamos a recibir FAEP y un fondo especial asociado a los convenios de transición, también con cargo al FAEP, equivalente a un porcentaje de lo recibido durante el año. Podemos presupuestarlo, pero como los flujos llegan a fin de año, la operación durante todo el año debemos seguir financiándola con recursos municipales, lo que afecta de manera permanente la gestión municipal.
Respecto del proyecto de ley sobre deudas, se establece que tendrán carácter de imprescriptibles y que, si el Ministerio de Educación debe pagarlas, el fisco se subroga en sus derechos y puede impetrar demandas contra los municipios, incluso con descuentos del Fondo Común Municipal. Si la situación ya es precaria, con esta norma se facilita el proceso a costa de los municipios. Por ello pedimos a las organizaciones parlamentarias examinar esta situación y considerar modificaciones que, más que sancionar o asegurar los recursos del fisco, fortalezcan el acompañamiento, incluso evaluando mayor gradualidad en el traspaso. Ello permitiría que municipios y Ministerio de Educación acuerden soluciones económicas para que los SLEP partan sin deuda, y no con pasivos que terminen gravando el patrimonio municipal por muchos años.
Adicionalmente, preocupa que se agraven y establezcan nuevas responsabilidades personales para los alcaldes, incluyendo descuentos de sus remuneraciones y nuevas causales para eventuales juicios de remoción ante el TER. No eludimos nuestras responsabilidades, pero estimamos que se está sobrerregulando una materia ya prevista en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; las responsabilidades existentes son suficientes para resguardar el proceso.
Eso por mi parte. Muchas gracias.
Gracias, Presidenta, y diputadas y diputados miembros de la Comisión. Quisiera abordar dos o tres temas. Aun comprendiendo los esfuerzos de la DEP por mejorar los procesos —así lo hemos percibido—, persisten dudas relevantes sobre cómo se implementará el traspaso. Se requiere más información para que todas y todos los alcaldes tengamos claridad. Hay alcaldes que no quieren ser traspasados, otros que desean aplazarlo y algunos que buscamos un traspaso rápido.
Entre otros asuntos, existe infraestructura —por ejemplo, postas y APR— dentro de inmuebles que hoy se traspasan a los SLEP. No hay claridad sobre el procedimiento, porque entiendo que los SLEP no se quieren quedar con las postas ni con los APR. ¿Cómo se hará para que esas postas ubicadas dentro de establecimientos educacionales vuelvan a los municipios? Es necesario precisarlo, también de cara a los alcaldes de la Región de La Araucanía. Entiendo que hay fórmulas para resolverlo, pero debe explicitarse.
Finalmente, sobre los finiquitos: la experiencia —aunque hoy hay mejor coordinación— ha sido que, al momento de pagarlos, la municipalidad debía asumirlos y, al cabo de un año, se devolvían los recursos. Esto generaba un hoyo financiero en municipios con pocos recursos. ¿Existe la posibilidad de que el SLEP genere y pague esos finiquitos prontamente, para no tensionar aún más las finanzas municipales? Esa sería una ayuda concreta para enfrentar esta transición.
Entonces, ¿cómo aclaramos? ¿Cómo mejoramos esa capacidad para que esos recursos lleguen lo antes posible? Entiendo que eso se ha ido perfeccionando; también hay que explicarlo. El tercer tema es el capital humano. No todos los municipios cuentan con el personal suficiente, estimada Presidenta, para facilitar los traspasos al SLEP. En algunos municipios existe un abogado a media jornada, y eso es lo que hay. La dotación del DAEM es insuficiente para asumir toda esta carga adicional. ¿Existe alguna posibilidad de que los SLEP vayan en apoyo de la DEP y de estos municipios que no tienen funcionarios suficientes para efectuar los traspasos? De lo contrario, podrían incurrir en graves problemas, con eventuales multas al municipio. Con eso concluyo, Presidenta. Son temas importantes sobre los que no tenemos total claridad en los distintos municipios de la Región de La Araucanía.
Primero que todo, agradecer la oportunidad y reforzar lo que plantea el colega respecto de la responsabilidad de los alcaldes, considerando que muchos vienen recién asumiendo sus cargos y deberán hacerse cargo de la mochila que por años arrastra el sistema educativo. Todos entendemos que esta ley busca mejorar lo que ha sido, en un principio, la implementación de los SLEP. Participé en una reunión de la Comisión del Senado donde se reconoció transversalmente que los SLEP no fueron la solución al problema de educación. El problema del traspaso a los SLEP siempre fue el financiamiento. Hoy día los SLEP cuentan con un financiamiento que duplica el que mantenían anteriormente los municipios, y hago un llamado a que, si esta ley va a permitir aplazamientos, considere recursos. Creo que los municipios no habrían tenido problemas si ese doble financiamiento que hoy tienen los SLEP lo hubiesen recibido oportunamente las municipalidades. De esa forma no habríamos perdido la pertinencia, el contexto cultural y lo propio de cada comuna, como la que represento, por ejemplo, Ercilla, donde los problemas que han ido acrecentando la situación de la educación tienen que ver, entre otros factores, con la tasa de natalidad: hay menos niños. Los colegios de sectores rurales son parte de la cultura de cada territorio y hoy no nos podemos permitir cerrarlos solo porque tienen menos matrícula. Espero que, más allá de los cambios que se introduzcan en la ley, para comunas pequeñas, como decía el colega, se consideren criterios diferenciadores al momento de financiar estos establecimientos. Solo eso quería agregar. Muchas gracias.
Le damos la palabra a la AMRA, Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía, a los alcaldes y a la alcaldesa que está conectada. Y la última intervención de este bloque será de la presidenta de la Confederación Nacional Movimiento BTF, la señora Cris Parra Riffo. La acompañan, tengo entendido, la tesorera, señora Olaya Núñez, y la secretaria, señora Carolina Cárdenas. Tiene la palabra, señora Cris. Muy bienvenida a esta sesión de Educación.
Buenos días, señora Presidenta; buenos días, diputadas y diputados, asesores y alcaldes que nos acompañan hoy. Agradezco la invitación. No sé si se fijan, pero en la fecha ahí dice 6 de agosto; parece que tenía ganas de venir a exponer antes. Así que, bueno, ahí hay un error, ¿cierto? Quiero mencionar varios puntos que nosotros, como Confederación de Trabajadoras de la Educación Inicial, vemos en el proyecto.
También comentarles que nosotros hemos sido parte, como organización, desde sus inicios, cuando se empezaron a realizar los diálogos temáticos para ver cómo se podía mejorar la educación pública en el país. Hemos estado durante todo este proceso, al cual apoyamos. Siempre hemos mencionado la desmunicipalización, pero más que eso, el fortalecer la educación pública.
Algunos de los puntos claves que destacamos respecto del proyecto: establece la obligatoriedad del plan de transición, mejorando los mecanismos existentes para su seguimiento y fiscalización. También fija responsabilidades de alcaldes y alcaldesas respecto de su cumplimiento. Esto nos parece importante porque, en algunas comunas donde hemos podido evidenciar y acompañar el proceso de traspaso —contamos con representación en 13 regiones del país y muchas comunas y asociaciones que ya están dentro de los Servicios Locales—, podemos observarlo y plasmarlo a diario. Nos parece muy pertinente este punto porque así alcaldes y alcaldesas son parte, se involucran y tienen la disposición de hacerlo. Si esto se quiere mejorar, tenemos que hacerlo entre todos. Porque, si bien dejan de administrar la educación en el municipio, los niños, las familias y las y los trabajadores siguen siendo parte de los mismos municipios, de los mismos territorios. Eso no cambia. Es importante que ellos también se hagan cargo de esto.
Se amplía en uno o dos años el plazo establecido legalmente para el traspaso, lo que nos parece muy pertinente. ¿Por qué razón? Porque el plazo antes era mucho menor y teníamos todos los inconvenientes que ya sabemos, y que debemos recordar cada cierto tiempo para no cometer los mismos errores, ¿cierto? Esto se relaciona, por ejemplo, con Barrancas, Atacama y Coquimbo, que fueron los primeros Servicios Locales. Ahí pudimos evidenciar que mientras más corto el proceso, más errores. Entonces, si se alarga el proceso, hay menos posibilidad de cometerlos y se puede hacer un trabajo más preciso.
Se propone mejorar los planes de transición respecto de los municipios que no cuentan con dicho plan, otorgándoles obligatoriedad, como ya señalé. Se establece también el bono compensatorio para asistentes de la educación, que ya se había contemplado anteriormente, pero que aquí se vuelve a mencionar, cuando se informe, con menos de seis meses de anticipación, la postergación del traspaso a los Servicios Locales. Se fijan deberes de los municipios, corporaciones y SLEP para facilitar la postulación de trabajadores a concursos cerrados. Se adecúan los plazos para la dictación de la resolución de traspaso y del decreto alcaldicio. Se contempla la creación de equipos de apoyo para el traspaso a nivel regional.
Existe una indicación del Senado que modifica el artículo que permite la postergación del traspaso educacional en ciertos casos excepcionales, ampliando la posibilidad de solicitar la postergación hasta el año 2035. Además, mejora los criterios para dicha postulación. Entendemos, por cierto, que es una indicación del Senado; sin embargo, quiero mencionar lo que señala la Ley de Nueva Educación Pública y, en particular, el Estatuto Laboral para Asistentes de la Educación. Allí se establece que el trabajador asistente de la educación puede impetrar una asignación de bienio o de antigüedad al momento del traspaso. Es decir, esto está asociado: si no hay traspaso, no hay bienio o asignación de antigüedad. Por lo tanto, si se posterga, ¿quién se hace responsable de ese pago al trabajador? ¿Se hace responsable el municipio? No. En la práctica, no se hace responsable nadie; por algo existe este bono compensatorio. Pero, si sumamos lo que le correspondería a un trabajador con cerca de 16 años en el servicio, serían aproximadamente 120 mil pesos, alrededor de 126 mil pesos mensuales, de aquí al 2035. El desmedro para ese trabajador es muy significativo. Por eso, los invito a ver esta indicación bajo esa mirada: ¿es una ayuda para quién?, ¿a quién beneficiaría esto? Bajo esa perspectiva, los llamo a observar con detención la indicación del Senado.
Finalmente, se fortalece el deber municipal con requisitos y formalidades del traspaso. Esto lo he mencionado en varias oportunidades porque...