La invitación del Colegio Médico de Chile, junto al Consejo Asesor de la Atención Primaria del Ministerio de Salud, para participar en la firma de la Declaración del Consenso Nacional sobre la Atención Primaria de Salud en Chile, a realizarse el día martes 7 de octubre a las 9 y media de la mañana, en el Auditorio del Edificio Institucional del Colegio Médico, en calle Esmeralda 678, Santiago Centro. Esto, Presidente.
Muchas gracias, señora Secretaria. Pongo a disposición de los colegas los documentos que han llegado. ¿Puntos Varios? Yo tengo un punto en Varios que me hubiese gustado planteárselo a la Ministra. Bienvenida la Subsecretaria que nos acompaña.
Quiero hacerlo a través de una nota que incorporaré ahora, señora Secretaria, y que pido esté en la Cuenta de la próxima sesión. Me preocupa la Ley 21.770, que en su artículo 15 establece ciertas exigencias y plazos para trámites relativos a aparatos de radiaciones ionizantes. La Asociación de Oncólogos Radioterapeutas está muy preocupada, porque aquí se han regido por criterios más bien técnicos de otra naturaleza que por criterios de atención de salud. Y si bien valoran el esfuerzo por establecer regulaciones de tecnologías complejas —que, por supuesto, también aplica a las radiaciones ionizantes—, solicitan una revisión, porque esto va a triplicar o cuadruplicar los plazos de autorización para equipamiento de radiaciones ionizantes.
Cuando tenemos al cáncer como primera causa de muerte en Chile —entre la primera y la segunda, según la fuente—, nos encontramos con que parte de las soluciones a esa enfermedad hoy día puede verse dificultada por los plazos de aprobación de tecnologías. La Sociedad Chilena de Radioterapia Oncológica, que ha enviado la nota a través del doctor Hernán Letelier, ofrece venir a la Comisión y que el Ministerio pueda escucharlos respecto de las aprehensiones que tienen sobre los tratamientos de radioterapia. Así que lo vamos a colocar en tabla.
No sé si vamos a alcanzar en la reunión en la Región de Los Ríos, o probablemente esa misma semana, antes, o el lunes que hemos definido para escuchar. Si no, lo dejamos; me parece, de suyo, de lo más importante.
Senador Gaona.— Gracias, presidente. Tengo algunos aspectos que quisiera plantear. Uno de ellos tiene que ver con que, entiendo, el próximo lunes serían invitados los familiares de la puérpera que falleció en el hospital de Illapel por una aparente negligencia médica. Quisiera que nos pudiesen confirmar a la brevedad para poder avisar, porque son familias provenientes de la comuna de Canela, que queda bastante lejos, y hay que organizar esos viajes.
Un segundo elemento, presidente, y quisiera ver si la Secretaría me puede aclarar: se ha presentado una urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley sobre el derecho de adoptar voluntariamente decisiones para recibir asistencia médica. Esto todavía ni siquiera se vota en general en la Sala. ¿Corresponde que se nos plantee urgencia inmediata? ¿Corresponde discusión inmediata cuando un proyecto está recién en votación en general? Es una pregunta técnica, metodológica, de procedimiento.
Presidencia.— La primera se la puedo responder yo. Hemos chequeado y nos pusimos al día con todas las solicitudes de audiencias. Acabamos de agregar una nueva, de la Asociación Chilena de Radioterapeutas, por la preocupación que nos planteó el senador Castro respecto de una nueva exigencia legal para aparatos ionizantes, que podría triplicar o cuadruplicar los plazos de tramitación de esta tecnología. Eso es sumamente complejo. No tenemos más pendientes, así que, perfectamente, el próximo lunes, para que usted confirme, avise a la Secretaría y resolvemos invitar a la familia de Canela. Muy bien, entonces queda ese expositor. Veremos si dejamos para la sesión de Valdivia la de los radioterapeutas o la hacemos aquí en Santiago, si es que estuviesen acá.
¿Y el segundo punto? Eso lo puede contestar ahora Secretaría.
Secretaría.— Sí, senador. Lo que pasa es que el otro secretario que debe firmar este informe aún no lo ha hecho; por lo tanto, el proyecto todavía está en la comisión. No ha sido enviado a la Cuenta de la Sala. Es ahí donde ingresa a la nómina, a la tabla, y desde ahí empiezan a contarse los plazos para Secretaría General. Pero no es responsabilidad nuestra; estamos a la espera desde la semana pasada. Podríamos, si interesa, plantearlo, porque al final, si es un proyecto que tiene relación con nosotros, está detenido por razones ajenas.
Además, por acuerdo de comités de hace alrededor de un mes y medio, se dejó sin efecto una resolución adoptada en la época de la pandemia en la cual, por razones de economía, era válido solamente el informe de la comisión firmado por el secretario como ministro de fe. Después de algunas situaciones que ocurrieron, se resolvió volver a la norma reglamentaria: todos los informes, para ir a la Cuenta, deben contar con al menos tres firmas, incluida la del presidente.
—Presidente, secretario, ¿cuál es la tercera?
—Cualquiera. Claro, en cualquier trámite puede ser.
Presidencia.— Muy bien. Senador Castro.
Senador Castro.— Saludo a todos los integrantes de la comisión, a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y dejo planteados dos aspectos para que, si es posible, en esta sesión pueda comentarlos.
En primer lugar, me referiré al gasto de bolsillo en medicamentos. Hoy asistí a un seminario en la Universidad Católica, donde se analizó este fenómeno a partir de un estudio de la Cámara de la Innovación. La situación es preocupante: actualmente, el 62% del gasto en medicamentos proviene del bolsillo de los usuarios. Es una cifra que se ha incrementado lenta pero progresivamente en el tiempo. Estamos en pleno debate presupuestario y seguramente abordaremos estos detalles, pero conviene distinguir esto del financiamiento de medicamentos dentro del Sistema Nacional de Servicios de Salud o de los municipios, que tienen su propia línea. El problema se concentra en el medicamento ambulatorio.
Este es un tema muy sensible y estimo pertinente solicitar un reporte sobre la implementación de la Ley Cenabast, vigente hace cinco años, que buscaba abaratar los precios en farmacias mediante la intermediación de Cenabast, fuera de los canales de distribución de los laboratorios. Sin embargo, según señaló el director de Cenabast presente en esta sesión, solo el 3% de la intermediación de las farmacias del retail se realiza vía Cenabast. Ese resultado es impactante, porque sugiere que el propósito de la ley de rebajar precios en farmacias no se ha cumplido.
En segundo término, quisiera saber en qué momento el Ministerio de Salud, a través de su red de servicios, y la Subsecretaría como jefatura superior administrativa, darán cuenta de los resultados de los sumarios iniciados a raíz de los SIG N° 9 y N° 15 de la Contraloría, relativos a viajes al extranjero de funcionarios públicos y a viajes domésticos a casinos, entre otros. Lo señalo porque una parte no menor de las personas involucradas en estas irregularidades serían funcionarios del Ministerio de Salud en distintos niveles: nivel central, servicios de salud, redes hospitalarias, SEREMI, etcétera; incluso podría haber médicos de la COMPIN. Han transcurrido cuatro meses desde que se ordenaron estos informes, en mayo, respecto del uso abusivo de licencias médicas denunciado por la Contraloría en el sector salud. Secretario, para ir cerrando el tema.
Secretario: Senador, por acuerdo unánime de la Comisión, hace dos semanas se envió un oficio consultando por esa materia al Minsal y a la DIPRES, con copia a la Ministra.
Presidencia: Sí, se tomó el acuerdo de la Comisión justamente para contar con información oficial.
Senador Gaona: Presidenta, a propósito de lo planteado por el Senador Castro, quisiera claridad sobre si retomaremos pronto la discusión del proyecto de ley relativo al uso malicioso o fraudulento de licencias médicas. No lo veo dentro de las urgencias del Ejecutivo —ni suma ni inmediata—; pareciera no haber interés en el tema. Entiendo que mantiene urgencia la modificación de la Ley Cholito; también la modernización del Sistema de Servicios de Salud, que tiene suma; el proyecto de salud mental, perfecto; el de eutanasia, bien. Pero no advierto preocupación del Ejecutivo por el proyecto sobre el uso fraudulento de licencias médicas. Quisiera saber cuál es la disposición del Ejecutivo al respecto.
En segundo término, solicito que se invite a la Ministra de Salud a una sesión para que nos explique lo que está ocurriendo con la deuda con los prestadores privados. La deuda ya va en 200...
...deuda que estaba pendiente desde la pandemia, pero ya estamos con deuda corriente del orden de 220 mil millones de pesos y deuda por facturación impedida a los prestadores por cerca de 200 mil millones más. Estamos hablando de 450 mil millones de pesos, o, mejor dicho, casi 500 millones de dólares de deuda del Ministerio de Salud, ya sea por los servicios de salud, por los hospitales, en fin. Esto tiene que ver fundamentalmente con la ley de urgencia y las derivaciones a segundo prestador. Además, no se está derivando a segundo prestador, especialmente en temas oncológicos, porque pareciera que no hay recursos.
Estamos en la discusión de la Ley de Presupuestos, por lo que quisiera claridad en esta materia: qué pasa con esta deuda, qué ocurre con la derivación al segundo prestador y qué está pasando con la impedida facturación a los prestadores privados. Me gustaría que la Ministra lo aclarara acá y, si lo estima conveniente, pudiera venir a una próxima sesión, Presidente, cuando usted lo disponga. Son esos dos elementos, Presidente, sobre los que desearía tener claridad por parte de la Subsecretaria: por lo menos lo de licencias médicas; y lo otro, más bien una citación o invitación a la Ministra.
Bien, recojo la solicitud. En cuanto a lo planteado por el Senador Castro, reiteraremos la solicitud ya expresada formalmente desde la Comisión para conocer el estado de avance de los sumarios administrativos por licencias médicas utilizadas en viaje o en casino. Lo reiteramos.
Respecto de lo que plantea el Senador Gaona, no solo tiene que ver con los segundos prestadores. He estado recibiendo información —como no ha llegado un documento formal, no lo he puesto en la cuenta— de otros eslabones de la cadena de respuesta de salud del Estado —y también privados— que están muy preocupados por el nivel de endeudamiento que están acumulando. Entonces, si les parece, dejemos una sesión para ver el tema del endeudamiento del sector salud por retrasos en los pagos desde el sector público. Tenemos el segundo prestador, algunos de suministro; en fin, hay una preocupante y variada gama de abastecedores que hoy reclaman los larguísimos plazos en que recuperan su inversión, su capital.
Dejaremos, por favor, una sesión para este tema, y será pronto. A esa sesión deberíamos invitar a la Ministra de Salud y también al Ministro de Hacienda, porque es un asunto que, finalmente, depende de trámites y autorizaciones de varios ministerios, particularmente de Hacienda. ¿Acordado entonces? Vamos a buscar un tiempo: tenemos discusión inmediata de un proyecto y trabajaremos en ese contexto. El otro proyecto con suma urgencia —yo creo que es el más importante que tiene el Ministerio—, el de salud mental, deberíamos despacharlo la próxima semana, de modo que nos quedaremos prácticamente con dos proyectos nada más.
Muy bien. Si no hay más, agradecemos la presencia de la Subsecretaria Albagli y también a nuestros expositores que quedaron pendientes de la vez anterior. ¿Sí? Termino la presentación y le doy la palabra, porque me imagino que va a contestar. Había quedado pendiente, como único punto trasladado para esta sesión, la exposición, en este caso, del Ministerio Público. Aprovechamos de saludar a Tania y a don Francisco Javier Vargas respecto de las ópticas de Chile sobre la relación que hay en algunos comercios florecientes y emergentes con organizaciones delictuales o crimen organizado.
Subsecretaria, le ofrezco la palabra.
Muchas gracias, senador. Un gusto saludarlo. Senadores, un gusto saludarlos también hoy y a todos quienes nos acompañan. Solo quería mencionar, muy brevemente, que estamos plenamente disponibles para abordar sus preocupaciones, tanto respecto de los trámites que se mencionan para la autorización de radiaciones ionizantes como en lo que plantea el senador Castro sobre el gasto en medicamentos. Se realizó un estudio reciente por parte de nuestro Departamento de Economía de la Salud y estamos disponibles para profundizar en esa conversación en la sesión que ustedes estimen pertinente. Sobre los sumarios asociados a los SIC que se mencionan —viajes al extranjero y casino—, estos están avanzando.
De acuerdo con los plazos legales establecidos para dicho proceso, las etapas de los sumarios administrativos pueden contemplar prórrogas. Sin considerar prórrogas, el plazo total es de 50 días hábiles; con todas las prórrogas eventuales, puede llegar hasta 95 días. Estas etapas, que forman parte del debido proceso, deben respetarse y no pueden omitirse. No obstante, las prórrogas no se aplican necesariamente en todos los casos. En ese marco, los sumarios están avanzando conforme al procedimiento legal.
Respecto de la priorización del uso fraudulento de las licencias médicas, deseo aclarar que continúa siendo una prioridad. Recordar que ya legislamos mediante la ley de grandes emisores, promulgada a comienzos de este año, y con las labores de fiscalización que realiza la COMPIN. En el plano legislativo, dentro del proyecto con urgencia de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, hay un componente relativo a la contraloría médica, uno de los pasos para fiscalizar la correcta emisión y el uso de licencias médicas. El otro proyecto no versa sobre el uso fraudulento de licencias, sino que es un proyecto paramétrico sobre el Seguro de Incapacidad Laboral en general. Este también es muy importante para nosotros; no podemos imprimir urgencia a todo simultáneamente. Como Ministerio, comunicamos nuestra prioridad legislativa al inicio de este año y la hemos ido cumpliendo con el paso del tiempo. En consecuencia, reitero que el tema del uso fraudulento ha sido y sigue siendo prioritario y que, a medida que avancemos en los demás proyectos de ley, podremos incorporar este proyecto más reciente que hemos ingresado. Gracias, señor Presidente.
Muy bien. Saludamos al senador Chahuán y ofrezco la palabra al Ministerio Público para que podamos hablar. Originalmente, la solicitud tenía que ver con las ópticas, pero luego se pidió que además pudiesen informar sobre otros negocios emergentes y casi masivos, como las farmacias, las peluquerías y otros que pudiesen estar siendo observados por el Ministerio Público. Después pasamos a entrar en particular con las ópticas. Tania, por favor.
Muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludo a la Comisión. Preparamos una presentación principalmente sobre la observación de ópticas y farmacias. Respecto de farmacias, hacemos alusión a la venta ilícita de medicamentos, no solamente en locales establecidos, para lo cual también mostraremos algunos datos. Y, por supuesto, en cuanto a lo señalado por el Presidente, mencionaremos otros rubros en los que se observa el uso de este tipo de comercio para el lavado de activos, de acuerdo con la información que legalmente podemos proporcionar. Las investigaciones de lavado están amparadas por un secreto legal robusto; por ello, podemos identificar fenómenos en esta presentación, pero no detallar investigaciones en curso. Lo primero que queremos señalar es que existen distintas manifestaciones de los problemas sobre los que se nos solicitó informar en esta sesión. La primera manifestación dice relación con los robos y desvíos de fármacos.
De distintas maneras. También les voy a mostrar casos ya judicializados; sin embargo, este es un fenómeno que puede observarse caminando por el centro de Santiago o en una feria libre. En las ferias libres se ofrece gran cantidad de medicamentos, tanto de venta libre como de venta restringida mediante receta o controlada. ¿Cómo se llega a esta situación? En general, la proliferación de farmacias ha facilitado, de alguna manera, este escenario. Sabemos que no era el objetivo —la idea era aumentar la oferta en el mercado—, pero desde estas mismas farmacias, que cuentan con toda su documentación para operar, se desvían importantes cantidades de medicamentos que terminan vendidos de manera ilegal, ya sea en la feria o en la calle. Esto además se nutre de robos. Les mostraremos un caso particularmente relevante ocurrido en la zona sur de Santiago: robos que la prensa denomina turbazos, en los que se ingresa a farmacias para sustraer medicamentos y luego comercializarlos. Así, la venta ilícita de medicamentos se alimenta tanto del desvío desde farmacias lícitamente constituidas como de la sustracción mediante turbazos o hurtos; existen incluso bandas dedicadas al hurto de medicamentos para venderlos de manera ilícita.
Esta venta es bastante lucrativa en ferias y en la vía pública. Aquí enfrentamos un problema de trazabilidad del medicamento. Si bien se han realizado procedimientos importantes —hay un modelo que se empezó a implementar con la Fiscalía de Talagante y la municipalidad el año pasado—, surge una dificultad práctica para las investigaciones más allá de la fiscalización que puede efectuar Carabineros en una feria libre: una vez que el caso llega a la Fiscalía, no es posible trazar el origen del medicamento. Por lo tanto, el Ministerio Público no tiene cómo saber si el producto provino de una farmacia lícitamente constituida o de una sustracción en una farmacia. Ese es un tema que puede ser de interés para esta comisión en el análisis de este fenómeno. Por último, también les mostraremos la consulta sobre empresas de fachada —tanto ópticas como otras del área de la salud— utilizadas para mezclar dinero lícito e ilícito y realizar maniobras de lavado. Avancemos.
Respecto de los medicamentos que con mayor frecuencia se encuentran en situaciones de comercio ilícito —según nuestras investigaciones del Ministerio Público; no manejamos otros datos del Ejecutivo—, en el ámbito de venta libre destacan el paracetamol y el ibuprofeno. Entre los sujetos a control mediante receta médica se observan ansiolíticos, tramadol, codeína, clonazepam y zolpidem; existen procedimientos policiales e investigaciones respecto de ellos. Retomando lo señalado, la falta de trazabilidad es un problema cuando se intenta llegar al origen del medicamento. En la práctica, se realiza la intervención y se detiene a quien está efectuando el comercio ilícito, pero la investigación suele llegar hasta esa persona. Si el detenido no proporciona información sobre el origen, no hay otra vía para identificarlo. Nuestro ideal, como unidad que trabaja en crimen organizado, es llegar al origen: determinar cuál es la organización que abastece de medicamentos a los vendedores informales. Ahí tenemos una primera dificultad. Avancemos, por favor.
Dentro de los procedimientos relevantes de 2024, se logró detener y desmantelar una organización en la zona sur de la Región Metropolitana que realizaba los llamados turbazos —que terminan tipificados como robos con fuerza o, a veces, hurtos, dependiendo de la modalidad— en farmacias.
Las sustracciones iban nutriendo la cadena de venta ilícita de medicamentos. Este es un trabajo más lento, en el que las investigaciones requieren dar seguimiento a cada uno de los delitos contra la propiedad para, finalmente, llegar al punto donde se están comercializando. Y este es un grupo entre muchos otros que están proveyendo medicamentos para su comercio ilícito. Continuemos.
Otro caso bastante importante que pudimos pesquisar es el de la persona —cuyo nombre figura en la presentación— que adquirió más de 90.000 frascos de codeína y otras sustancias controladas. ¿Cómo lo hizo? Aprovechó licencias para operar, en su caso, cuatro farmacias en la ciudad de Arica. Aquí tenemos un ejemplo en que la fórmula para llegar a la venta ilícita es a través de la licencia de farmacia: medicamentos que se supone se venderán legalmente terminan siendo desviados. El caso anterior es de aquellos en que los medicamentos son sustraídos. Ahí están los dos ejemplos de lo señalado al principio.
Esta persona, un químico farmacéutico, se encuentra actualmente condenada. Además del tráfico de drogas que implicó su conducta, se obtuvo condena por lavado de activos, porque las farmacias le servían para mezclar dinero lícito con ilícito. Queríamos exponer estos casos para mostrar cómo se nutre este comercio, tanto por el desvío como por las sustracciones, y lo que se ha hecho hasta ahora.
Hay un operativo realizado el año pasado —caso aún sin sentencia, en su etapa inicial— en Los Andes. Una farmacia terminó clausurada porque se transformó en un laboratorio de MDMA: se modificó el inmueble con un sistema hermético y maquinaria especializada, constituyéndolo en un laboratorio de droga. Se incautaron 14.000 dosis de éxtasis; hay cuatro personas en prisión preventiva, y existen antecedentes de posible vinculación con el Cartel de Cali. Aquí también hubo aprovechamiento de conocimiento científico y de fórmulas para elaborar estas sustancias: importaban químicos mediante contrabando y producían con equipos industriales. Es decir, había una sofisticación importante. Avancemos.
Observamos patrones emergentes en la constitución de empresas de fachada, algunas asociadas al área de la salud. ¿Cómo lo hemos visto? Hay un aumento de solicitudes al Instituto de Salud Pública para obtener licencias —ya sea para farmacia, óptica, laboratorio u otros rubros— que terminan operando como fachada o pantalla para actividades ilícitas. También permiten operaciones mixtas: tengo una farmacia real, vendo medicamentos reales, con químicos farmacéuticos y cumplimiento normativo, pero además hago venta sin receta o desvío de medicamentos. Y, dada la ventaja de contar con este tipo de licencias, hemos visto —con aumento de reportes en ese sentido— el uso de estas empresas, especialmente ópticas, para aparentar un origen lícito del dinero. Continuamos.
Respecto de las ópticas, hay varios temas que se entrelazan, sobre todo en la Región Metropolitana; suponemos que en otras regiones también comienza a ocurrir —ahí Francisco podrá ilustrar mejor—. Principalmente, hemos observado operaciones de comercio ilegal: captadores en la calle que, al abordar a una persona, no necesariamente la conducen a un local establecido, sino a espacios sin permisos y sin profesionales realmente autorizados. Incluso se ha prestado para otras situaciones, personas aparentando ser captadores de...
En algunas calles del centro de Santiago hemos observado que ópticas irregulares han terminado reclutando personas que luego resultan víctimas de otros delitos. Existe, por supuesto, un riesgo sanitario, porque los profesionales que atienden en esos lugares no son los idóneos. Otro fenómeno lamentablemente en incremento es la extorsión a locales establecidos; no es exclusivo del rubro de las ópticas, es transversal y genera intimidación, desincentiva la denuncia y va formando un círculo vicioso.
Respecto de las ópticas, se advierte una afectación a la libre competencia frente a quienes operan con toda su documentación, licencias y profesionales idóneos, versus quienes funcionan en la informalidad, engañando a personas que no reciben una atención adecuada. El sistema de fiscalización no da abasto, pues existen cuadras enteras con este tipo de negocios. Además, se constata evasión fiscal en farmacias y ópticas, con subdeclaración de ventas y manipulación de documentación tributaria, lo que agrega riesgos a los ya mencionados.
Desde el ámbito de la persecución penal, estimamos urgentes y necesarias medidas coordinadas entre las agencias del Estado, con un énfasis preventivo, porque el Ministerio Público actúa cuando el delito ya se consumó. Es clave avanzar en trazabilidad efectiva de los medicamentos para desincentivar el desvío y la venta ilícita; incrementar la fiscalización en farmacias y ópticas; reforzar controles aduaneros dada la presencia de mercadería de contrabando; y revisar las sanciones, especialmente en el plano administrativo. En materia penal, todo lo relativo a medicamentos controlados comprendidos en la Ley 20.000 configura tráfico de drogas y tiene penas altas; en cambio, conductas como engañar a consumidores desde una óptica no alcanzan esas sanciones. El lavado de activos también contempla penas elevadas, pero resulta pertinente evaluar el régimen administrativo sancionador y su fiscalización, además de las herramientas penales.
Finalmente, tal como mencionaba el Presidente, se observa el uso de otros giros comerciales por parte de organizaciones criminales. En el caso de algunas barberías, han sido implicadas en investigaciones como lugares de acopio de droga; existe un caso conocido en Valparaíso, en el centro, donde una célula del Tren de Aragua comercializaba en plazas y mantenía la droga almacenada en barberías, llegando a haber cerca de quince en una misma manzana. Algo similar ocurre con locales de comida rápida, que, pese a requerir permisos sanitarios para operar, se vinculan a estas organizaciones por la facilidad del delivery y su ubicación en zonas urbanas de alta afluencia.
…a quien se le puede comercializar, en este caso, por ejemplo, droga. Eso es lo que teníamos preparado. Muchas gracias por la atención.
—Muchas gracias, Tania. Había pedido la palabra el senador Chahuán. ¿Sobre esta exposición? Porque después podemos juntarla con la de ópticas, que es complementaria.
—Muy bien. Procedamos a la exposición y luego las juntamos.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a las señoras y señores senadores, a la señora subsecretaria de Salud y a las autoridades invitadas presentes. Agradezco a esta comisión la posibilidad de presentarles la compleja situación que debemos enfrentar como sector, lamentablemente ya en el ámbito delictual.
¿Quiénes somos? Somos la asociación gremial que reúne a todos los actores de la industria óptica en Chile: cadenas nacionales e internacionales, ópticas regionales e independientes, laboratorios ópticos, fabricantes de lentes de contacto y proveedores de la industria. Según datos del Servicio de Impuestos Internos, actualmente existen aproximadamente 2.700 ópticas con RUT. Esta cifra es poco creíble, porque bajo un mismo RUT hay empresas que operan varios locales. La industria da empleo a alrededor de 13.000 personas; del total, 64% corresponde a empleo femenino. Los trabajadores dependientes representan el 69,2% y los honorarios, el 30,8%.
Compartimos la preocupación de esta comisión. Tal como anticipó la fiscal, presenciamos la proliferación, en diversas ciudades del país, de salas de venta de lentes ópticos ilegales que, bajo la fachada de comercio formal, infringen la normativa sanitaria, tributaria, laboral, aduanera y municipal, comprometiendo gravemente la salud visual de los chilenos y dañando la imagen de la industria. Es impresionante: en Santiago, por ejemplo, esto se concentra prácticamente en dos zonas, como la calle Mac Iver y el sector entre Moneda, Tenderini y Agustinas. La situación allí es insospechada: no solo se vulneran las disposiciones ya mencionadas, sino muchas más. La fiscal también señaló la existencia de otros comercios ocultos, difíciles de explicar.
En cuanto al origen, en noviembre de 2015 el Ministerio de Salud emitió la circular A1546 para una correcta interpretación del artículo 126 del Código Sanitario, relativo a las salas de venta de lentes ópticos. Su redacción favoreció una interpretación laxa de dicho artículo, proliferando locales que no contaban con la autorización sanitaria del establecimiento de óptica pertinente para su funcionamiento. El artículo 126 establece que los establecimientos de óptica podrán abrir salas de venta; por lo tanto, quien no tenga autorización como establecimiento de óptica difícilmente puede formar una sala de ventas. Producto de una mala interpretación de esa circular, algunos municipios comenzaron a otorgar patentes comerciales a salas que no estaban bajo la dependencia técnica de un establecimiento óptico con autorización sanitaria.
Ello, sumado a lo establecido por la Ley 20.470 —que permitió a los tecnólogos médicos prescribir lentes con fuerza dióptrica—, ha derivado en que hoy existan salas derechamente en la clandestinidad realizando exámenes de salud visual. Paralelamente, se relajaron los controles y la fiscalización, perdiendo la autoridad el seguimiento de las ópticas establecidas. Hasta entonces, las Secretarías Regionales Ministeriales llevaban el control, porque todos los establecimientos debían solicitar autorización. Hoy esa condición no existe, y las Seremis no tienen control efectivo del número de ópticas en el país. Por lo tanto, la cifra de 2.700 que mencioné pensamos que, en realidad, excede largamente ese número y podría superar con creces el doble.
No hay que olvidar que tanto los establecimientos como las salas de venta de lentes ópticos están sujetos a la fiscalización por parte de la SEREMI de Salud, y así lo establece la circular en virtud de los artículos 125 y 126 del Código Sanitario. La próxima, por favor.
Según el Servicio de Impuestos Internos, el comercio óptico ilegal en el centro de Santiago se ha triplicado en los últimos años, y el fenómeno ha comenzado a extenderse a regiones. Es sorprendente, porque cuando hablo del comercio ilegal, hoy día no es raro ver, en pleno centro de Santiago, que se corten lentes para ser montados; y eso significa, además, una infracción sanitaria: ¿qué pasa con esos residuos plásticos que sencillamente van a parar a las redes de alcantarillado? Eso es gravísimo. Era mucho más grave en años anteriores cuando lo que se procesaba eran lentes de tipo mineral, porque los residuos de mineral se aglomeraban y tapaban las redes de alcantarillado.
En 2024, en un plan de fiscalización a 659 ópticas del centro de Santiago —Mac Iver, Tenderini, San Antonio, Moneda, las que yo les referenciaba—, la autoridad detectó, entre otras graves infracciones a la normativa tributaria, la no emisión de documentos tributarios, domicilios inexistentes, entre otros. Esto afecta a la industria, porque estas personas van con RUT a comprar a los laboratorios ópticos y después desaparecen, generándoles un nivel de endeudamiento peligroso. La próxima. ¿Cuáles son las consecuencias?
Asimismo, se alertó sobre el riesgo de incumplimiento de la normativa laboral, constatándose la existencia de un gran número de captadores de clientes en terreno que no cuentan con contrato formal de trabajo. ¿Cuál es la estrategia que usan? Ya la fiscal lo mencionaba: ponen captadores delante de las ópticas que cumplen con la normativa y lo vinculan, lamentablemente, al examen de salud visual. Entonces, le dicen al usuario: entre usted a este establecimiento, hágase el examen de salud visual, pague lo que significa la atención y, luego, salga a comprar los anteojos a nuestra óptica. En algunos casos la osadía es mayor, porque derechamente ofrecen —y lo vamos a ver— un letrero que es elocuente: “Óptica: consulta oftalmológica gratis”. Primero que nada, no es una consulta oftalmológica. Segundo, hemos podido constatar que quien opera el equipo que permite hacer la refracción —o, por lo menos, un examen refractivo—, el autorefractómetro, no es el profesional competente.
El examen visual, el examen refractivo propiamente tal autorizado por la ley, comprende del orden de diez pruebas de evaluación. Sería largo detallarlas, pero de esas no se hace ninguna; se limitan a operar un autorefractómetro para obtener apenas una aproximación a la receta que debiera usar el paciente.
Adicionalmente, el Servicio comprobó la existencia, alrededor de estas ópticas, de proveedores que entregan, mediante un sistema similar al de consignación, los productos que requieren los vendedores, sin documentación tributaria de respaldo.
Cuando uno analiza la normativa laboral —ya les mencioné las calles involucradas: Tenderini, San Antonio, Mac Iver y Moneda—, esto sucede a 50 metros de la Inspección del Trabajo. Es una violación flagrante de toda la normativa.
En materia de derechos del consumidor, la autoridad denuncia publicidad engañosa y ventas atadas. Vimos “examen oftalmológico gratis”, siempre y cuando compren anteojos; “consulta oftalmológica gratuita” asociada a la compra del lente. Venta de productos ópticos falsificados, uso indebido de marcas —armazones y anteojos de sol—, boletas falsas y exención de responsabilidad ante errores de evaluación de salud visual y productos defectuosos.
¿Qué pasa cuando hacen este examen? Si no fueron acuciosos y, además, se trata de un examen absolutamente básico, como la autorefractometría, pueden presentarse inconsistencias respecto de la receta. Y no hay nada más evidente en la óptica que el paciente se ponga el anteojo y diga...