Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 6 de octubre de 2025

En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión de la Comisión de Constitución del Senado. Damos la bienvenida a los senadores presentes, el senador Moreira y el senador Pedro Araya. Asimismo, saludamos a la ministra de la SEGPRES, al subsecretario del Interior y a sus asesores; bienvenidos don Víctor Ramos y la senadora Pascual, quien es casi una integrante permanente de esta comisión. Solo voy a estar reemplazando por unos minutos a la senadora Paulina Núñez, que viene en camino, y daré el espacio al secretario para la cuenta, por favor. Gracias, presidenta. La cuenta: Se ha recibido una comunicación del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Daniela Santana, mediante la cual remite una minuta acerca de las iniciativas que podrían vincularse al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reconocer en la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas. Ustedes tienen una copia de ese documento. Eso, señora presidenta, respecto de la cuenta. Solo pedir, primero, agradecer a la Biblioteca del Congreso Nacional por el informe; es muy completo. Y solicitar la relación del proyecto que hoy inicia su discusión. Gracias, presidenta. Corresponde iniciar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reconocer en la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas. Esta iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y su origen es un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Se dio cuenta de este proyecto en la Sala del Senado en sesión de 1 de julio del año en curso, disponiéndose su estudio por esta comisión. Posteriormente, con fecha 15 de julio de este mismo año, la Sala del Senado acordó refundir a esta iniciativa otros proyectos de reforma constitucional. En primer lugar, la moción de los honorables senadores señores Quintana, señora Muñoz y señores De Urresti, Navarro y Quinteros, que modifica la Constitución Política de la República con el objeto de reconocer a los pueblos originarios y garantizarles cargos de diputados y senadores. La moción de los honorables senadores señor Chahuán, señora Aravena, señora Rincón y señor Bianchi, sobre reconocimiento de los pueblos originarios. También una moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Araya, Flores, Macaya y Walker, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de reconocer a pueblos originarios. Y, finalmente, la moción de los honorables senadores señores Durana, Sandoval y Kusanovic, que modifica también la Carta Fundamental con el objeto de preservar la existencia y reconocimiento de los pueblos originarios. Hago presente que hay otras iniciativas presentadas por senadores en ejercicio que podrían también ser refundidas a esta, si la comisión lo solicita a la Sala. Se trata, lo menciono, del Boletín 15508-07, de los senadores señores Galilea, señora Aravena y señores Keitel y Pugh, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de conferir reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. La Secretaría ha compilado otras iniciativas relacionadas —no completamente, porque abarcan más materias—, pero que igualmente haré presentes: la moción 14672, de los senadores señores Chahuán, Aravena, Proboste y señores Montes y Quintana, que modifica el artículo segundo de la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el respeto y la valoración de los idiomas de los pueblos originarios. Y, finalmente, un proyecto más amplio de reforma constitucional iniciado por los honorables senadores señores Huenchumilla, señora Proboste y señores De Urresti, Latorre y Quintana, que reconoce la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Este último proyecto se aleja en parte, por incluir propuestas de otra naturaleza en relación con los pueblos originarios. Lo menciono —sobre todo el primero de los indicados— para que en su oportunidad lo vea la comisión. Según señala el mensaje, el objetivo del proyecto es reafirmar la identidad de los pueblos indígenas, facilitar el diálogo intercultural y fortalecer la cohesión social. Para alcanzar este propósito, se incorpora un nuevo artículo 3 bis en la propuesta del Ejecutivo a la Constitución Política de la República, que declara que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme con esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Agrega que el Estado reconoce la interculturalidad como un principio.

...de la diversidad cultural del país y promueve el diálogo en un plano de igualdad y respeto recíproco. En el ejercicio de las funciones públicas se garantizará —dice el proyecto— el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad cultural. Posteriormente, la iniciativa del Ejecutivo precisa que son pueblos indígenas preexistentes los mapuche, aymara, Rapa Nui, atacameños o lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selk'nam. Concluye la propuesta del Ejecutivo señalando que la ley determinará las formas de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que adoptan decisiones obligatorias. En los fundamentos de este proyecto, el Ejecutivo menciona varios antecedentes. En primer lugar, se refiere al fenómeno del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en Latinoamérica; luego, a las recomendaciones internacionales en esta materia y a las actuaciones de nuestro Estado en el ámbito internacional. En este punto, menciona que el año 2008 el Estado de Chile ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. A este instrumento se han sumado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —que, en su artículo 27, establece el derecho de las minorías étnicas a tener su propia vida cultural, profesar su propia religión y emplear su propio idioma— y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hace presente que el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales de los exámenes periódicos de los años 2007 y 2014, recomendó a Chile reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y atender las distintas reivindicaciones del pueblo mapuche. Finalmente, recuerda que el año 2004, en el compromiso adoptado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Huenteao, Beroiza y otros versus Chile, entre otros aspectos, el Estado se comprometió a avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Luego, el mensaje se refiere a la situación de los pueblos originarios en Chile y su presencia en las distintas regiones del país. Enseguida, menciona las diversas iniciativas que se han presentado, tanto por gobiernos actuales como anteriores, y también por parlamentarios, para reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Asimismo, da cuenta de los intentos realizados en los procesos constituyentes iniciados desde el año 2017 hasta la fecha. Recuerda las recomendaciones formuladas por comisiones asesoras presidenciales y las propuestas elaboradas por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, instancia creada por el actual Gobierno en 2023, la que sugirió el reconocimiento de los pueblos indígenas como un eje relevante de su propuesta. Menciona que esta comisión presentó un informe final de recomendaciones el 30 de abril de 2025. En él destaca, como primera, la de reformar la Constitución y reconocer a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. También recomendó reconocer la interculturalidad como un principio que, en el marco de la diversidad cultural del país, promueve el diálogo en un plano de igualdad y respeto recíproco. Señoras y señores senadores, la Secretaría ha elaborado un texto comparado en seis columnas que incluye, en la primera, la normativa constitucional vigente; en el orden de presentación, las mociones parlamentarias que se habían formulado en esta materia y cuya refundición acordó la Sala; y, en la última, el mensaje del Ejecutivo. Presidenta, señoras y señores senadores, es lo que puede informar la Secretaría. Gracias. Muchísimas gracias, señor Secretario. Quiero agradecer también a la senadora Carmen Gloria Aravena por haber permitido que se iniciara la Comisión. Saludo a la senadora Pascual y al senador Moreira. Pido las disculpas del caso por estos minutos de retraso. Doy la bienvenida a la Ministra Secretaria General de la Presidencia; al Subsecretario del Ministerio del Interior, quien además viene en representación del Ministro; y, por supuesto, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En reemplazo de la Ministra —quien se excusó— nos acompaña la jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes, señora Valentina López. De la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, su copresidente también se excusó de asistir. Perfecto.

Sí, exacto. Nosotros tenemos este proyecto el miércoles en tabla también, así que, obviamente, vamos a hacer las gestiones para que, en definitiva, sea la Comisión la que pueda entregar su opinión respecto de estas reformas constitucionales y, si lo puede hacer el copresidente, idealmente. Hecha la relación, quiero darle la palabra al Ejecutivo. Quiero transmitir también que hemos estado conversando como colegisladores, con el ánimo de poder avanzar en esto. Creo que es evidente, al menos, la necesidad de discutir el tema. Lo que no puede ocurrir es que quede en carpeta, menos aún cuando hubo un trabajo bien transversal, sobre todo de los parlamentarios, ¿cierto? Y, por qué no decirlo, también cuando se rechazó el proceso constituyente. Este era uno de los temas que tenía bastante acuerdo y donde, ante el rechazo, lo que le corresponde al Congreso es hacerse cargo de las reformas constitucionales. Así que le quiero dar la palabra primeramente a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos, y después al Subsecretario del Interior. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras presentes, a los miembros de la Secretaría, a quienes nos acompañan. Agradecer la disposición de la Comisión para efectos de poder poner en tabla este proyecto que, tal como lo planteaba usted y como hizo la relación el Secretario, es un tema de larga data, muy debatido, ¿no es cierto?, y que, no obstante haber concitado ciertos acuerdos transversales —ratificados recientemente en la propuesta de la Comisión para la Paz y Entendimiento, donde la senadora Aravena jugó un rol muy relevante, al igual que los otros comisionados—, no ha cuajado finalmente y no ha visto la luz. A pesar de que desde el gobierno del expresidente Elwin a la fecha se han presentado más de doce proyectos en esta materia, existen recomendaciones internacionales muy importantes, y Chile es uno de los pocos países latinoamericanos, junto con Uruguay y Surinam, que efectivamente no tiene un reconocimiento de los pueblos indígenas. En esa perspectiva, el Ejecutivo, recogiendo las propuestas más recientes y las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Paz y Entendimiento, presenta esta reforma constitucional, que el Parlamento ha tenido a bien refundir con otras mociones preexistentes, para establecer un nuevo artículo 3 bis en la Constitución que permita reconocer a los pueblos que existían en el período precolombino, con una lógica muy importante: este es un tema respecto del cual se han instalado bastantes fake news, por lo que se mantiene la unidad del Estado y ello se refleja de manera clara y patente en el texto constitucional que se propone, cuestión que nos parece muy relevante. Por una parte, se reconocen los pueblos existentes hoy día —en un listado taxativo que está en el inciso penúltimo de la propuesta del nuevo artículo 3 bis y que coincide con los actualmente reconocidos en la Ley Indígena—; se reafirma el principio de unidad; se establece que los derechos individuales y colectivos se ejercerán conforme a los mandatos de la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; y, adicionalmente, se mandata a que sea la propia ley la que reconozca los derechos de participación de los pueblos originarios. Creemos que esta reforma da un paso en la dirección correcta para generar un diálogo intercultural. También reconoce el principio de interculturalidad, que nos parece muy importante para, dentro de la diversidad, hacer este equilibrio con la unidad, cuestión que nos parece esencial. En esa perspectiva, se avanza en saldar una deuda que data de tantos años y en pavimentar el camino que nos propuso el trabajo tan significativo de la Comisión para la Paz y Entendimiento. Quiero aprovechar esta instancia, una vez más, para valorar y reconocer el trabajo transversal y diverso que realizó dicha Comisión, que después de más de dos años de labor y más de 5.000 audiencias recogió esta como una de sus primeras propuestas, con respaldo transversal; esta fue aprobada unánimemente, como la gran mayoría de sus recomendaciones. Las recomendaciones de la Comisión para la Paz y Entendimiento no constituyen una solución que se vaya a implementar de un día para otro; más bien trazan un camino para avanzar hacia la construcción de la tan esperada paz en la zona de La Araucanía. Nos parece que avanzar en este proyecto —y por eso valoramos y agradecemos la disposición de esta Comisión— es un hito relevante y un punto de inflexión para iniciar ese camino. Para entrar en profundidad y detallar el contenido del proyecto, Presidenta, si lo tiene a bien, hará una exposición el Subsecretario del Interior. Muchas gracias, Ministra. Le doy la palabra, entonces, al Subsecretario del Interior, don Víctor Ramos. Muchas gracias, Presidenta. Saludar, por su intermedio, a todos los senadores y senadoras que están presentes hoy día. Agradezco la introducción de la Ministra Macarena Lobos, que es bastante...

Esta presentación sintetiza de gran manera la complejidad y la profundidad de esta materia, pendiente para el Estado de Chile desde hace mucho tiempo. Quisiera dejar documentado de dónde viene el trayecto que ha recorrido el país en el anhelo de contar con un reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. Haré una presentación breve para llegar a lo central. Como ya señaló la ministra, Chile se cuenta, junto con Surinam y Uruguay, entre los países que aún no han reconocido la existencia de los pueblos precolombinos. Compromisos y recomendaciones internacionales: en 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, están vigentes desde 1989 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos. Desde las Naciones Unidas se recomendó avanzar en el reconocimiento constitucional en 2007; hubo informe del Relator Especial en 2008, y existe una nueva recomendación en 2025 en el primer informe del nuevo Relator Especial. También hay compromisos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004, a propósito de diversas demandas y respuestas que ha debido dar el Estado de Chile por vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas. Composición actual: los pueblos indígenas representan el 11,5% de la población nacional, es decir, 2.105.863 personas que se declaran pertenecientes a algún pueblo indígena según el Censo 2024. El 77% se identifica con el pueblo mapuche, respecto del cual nos abocamos en la última Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento a estructurar una respuesta para las cuatro regiones donde ha habitado históricamente. Le siguen, en proporción, el pueblo aymara (8,49%) y el diaguita. Arica y Parinacota es la región con mayor proporción de población indígena, seguida por La Araucanía con un 34,5%. El 28% son menores de edad y el 51% son mujeres, lo que refleja una distribución similar a la del resto del país. ¿Cuándo comenzó todo esto y los esfuerzos del Estado? A partir del Pacto de Nueva Imperial. El 1 de diciembre de 1989, el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin suscribió dicho pacto, cuyo primer compromiso fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ello dio lugar al trabajo de la Comisión Especial para los Pueblos Indígenas (CEPI), ampliamente recordada, que culminó en la Ley Indígena N° 19.253, que hasta hoy nos rige. Dicha ley se promulgó en 1993 y entró en vigencia en 1994. En síntesis, hay más de 30 años de intentos legislativos. Desde 1991 se han presentado 16 proyectos de ley, de todos los sectores políticos, para el reconocimiento constitucional. El primer mensaje ingresó en 1991, bajo el gobierno del expresidente Patricio Aylwin. Entre 1999 y 2007 se presentaron múltiples mociones parlamentarias de diputadas, diputados, senadoras y senadores de diversos sectores, lo que muestra que no responden a un solo signo político, sino que son transversales. En 2007 se ingresó un nuevo mensaje. Entre 2012 y 2022 continuaron los proyectos transversales, incluyendo propuestas sobre plurinacionalidad o sobre representación política. Todos los sectores han propuesto algo en esta materia. Paralelamente, en los procesos constitucionales de la última década, el tema ha sido objeto de atención y, de hecho, una de las materias de mayor consenso, incluso en el último Consejo Constitucional de 2023. Asimismo, constan recomendaciones de comisiones asesoras presidenciales: la Comisión Especial para los Pueblos Indígenas de 1990; la Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche, que instaló el expresidente Ricardo Lagos en 2001; y la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que en su informe final recomendó el reconocimiento constitucional como base para construir un nuevo trato y reparar.

Se trató de una injusticia histórica; aquello ocurrió en 2003 e inspiró que, veinte años después, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento buscara una vía viable para implementar las medidas que entonces quedaron inconclusas. Por eso, tomando como referente la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, la Comisión se autoimpone —y el Presidente le fija— un principio: la viabilidad política de lo que proponga. Que las recomendaciones no vuelvan a quedar guardadas en un cajón, sin posibilidad de avanzar, por no representar transversalmente las correlaciones de fuerza del Congreso Nacional ni lo que demandan los habitantes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que son exigencias mucho más transversales. Recordemos también la Comisión del Obispo Vargas, donde se volvió a recomendar lo mismo. La Comisión para la Paz y el Entendimiento surge a propósito de la agudización del conflicto en las regiones del Biobío y La Araucanía, principalmente, donde se acentuaron los problemas de violencia y polarización, alcanzando su pico durante 2021-2022. Se percibió un aumento de la violencia, de las víctimas y de las frustraciones de una población indígena que no comprende por qué el Estado de Chile no logra reconocerla en su marco institucional. Eso recogió la Comisión a lo largo de innumerables audiencias: participaron más de 2.000 personas; se realizaron 11 diálogos interculturales y 58 encuentros autoconvocados en distintas comunas. El reconocimiento constitucional fue identificado como el elemento más relevante en el eje de justicia y reconocimiento, y para los habitantes de La Araucanía resultaba incomprensible que no se pudiera resolver. Ello no obedecía a posiciones políticas; era transversal en las dirigencias mapuches, el sector empresarial e incluso entre las víctimas de la violencia, como se escuchó en diversas audiencias. Este informe se entrega en 2025 y su primera recomendación es reformar la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, garantizando sus derechos individuales y colectivos. La Comisión toma los tres esfuerzos de reforma constitucional previos y logra una síntesis que concilia a las partes: la unidad del Estado, el reconocimiento de los pueblos desde tiempos precolombinos, los derechos individuales y colectivos, y que el Congreso pueda definir más adelante su participación política. Con ello se busca fortalecer el diálogo, la cohesión y la identidad. El texto reforma el artículo tercero bis, como ya señaló la ministra Lobos, explicitando a los pueblos indígenas preexistentes reconocidos por la ley. Se procura así dar arreglo constitucional a su existencia y permitir que la incorporación de futuros pueblos también tenga rango constitucional. En síntesis, los proyectos contemplan el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos y establecen el principio de interculturalidad como elemento central. La literatura internacional muestra que, cuando un Estado adopta este principio, previene conflictos y evita mayores costos que surgen cuando no se tienden puentes para comprender una cosmovisión distinta. Puede verse como una sobrecarga en el corto plazo; sin embargo, en el mediano y largo plazo, los países que lo han incorporado han reducido la conflictividad, han fortalecido las relaciones políticas y comerciales y, por ende, el desarrollo de los territorios.

También están los pueblos reconocidos. Como ya dije, se establece la participación política, con un mandato para que la ley determine la manera en que los pueblos indígenas van a participar. Este proyecto busca dar cumplimiento a un acuerdo de Estado amplio y transversal. Responde a recomendaciones nacionales e internacionales. Su diseño refuerza simultáneamente la unidad nacional y el reconocimiento de la diversidad cultural, abriendo un camino de inclusión, diálogo y justicia histórica hacia los pueblos indígenas de Chile, que hoy es anhelado por todas las partes como una señal de entendimiento que habilite un camino, como bien dijeron la ministra Macarena Lobos y también la senadora Aravena, por su intermedio, Presidenta, al inicio de esta sesión. Hemos recorrido un trayecto muy largo para ir construyendo una ruta de Estado como país. Este podría ser el principio sobre el cual se funde esa ruta, que no la soltemos nunca más. Los pueblos indígenas, y las materias tan complejas que ellos implican, requieren que todas las posiciones políticas tengan una sola ruta con la cual transitar ese relacionamiento, para que pueda prosperar la paz y el desarrollo en las zonas más afectadas, que han vivido en estas últimas dos décadas mucha violencia. Creo que estamos construyendo e iniciando ese camino. Por primera vez tenemos acuerdos transversales tan amplios y una síntesis con tanto respaldo detrás, y esperamos que eso, que se ha trabajado afuera del Congreso, hoy día en su interior se tenga a bien considerarlo y dar una señal política importante a la gente, que tiene tantas expectativas de que ocurran cosas distintas y que no quedemos en el mismo lugar donde han quedado todos estos proyectos que, desde 1991, están esperando una respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Subsecretario del Ministerio del Interior, Víctor Ramos, por su presentación. Yo no la veía en la carpeta; entiendo que ya la compartió. Eso, para dejarla a disposición de todos los senadores y senadoras. Le voy a dar la palabra a la jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes, la señora Valentina López. Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, señalar que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos muy contentos de que se haya iniciado la discusión de este proyecto. Como señaló la ministra y el subsecretario, la discusión es, sin duda, en sí misma un acto de reparación, y también de reparación respecto de una deuda histórica, reconociendo esto como un principio para la convivencia intercultural de nuestro país. Asimismo, señalar que, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hemos estado apoyando al Ministerio del Interior y al Ministerio SEGPRES en la elaboración de este proyecto, y estamos disponibles para cualquier duda y consulta. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena. Ella ha jugado un rol no solo como representante de la Región de La Araucanía, sino también como representante de nuestro sector en todo el proceso que se ha llevado a cabo. Conoce a cabalidad el trabajo que se ha realizado para poder llegar a este momento, que es poner en tabla este proyecto. Y, por supuesto, cuando ya decidimos hacerlo, me pareció importante que pudiera participar —como lo puede hacer evidentemente en cualquier comisión—, pero además que nos ilustre con todo el trabajo que se ha hecho para poder llegar a este momento. Así que, senadora Carmen Gloria Aravena, le doy la palabra. Yo voy a partir por saludar, ya no como sustituta de nuestra Presidenta, sino que como Carmen Gloria, a la ministra Macarena Lobos, al subsecretario, al representante del Ministerio de Desarrollo Social, a los colegas, y principalmente valorar el empeño, Presidenta, que usted ha tenido. Yo sé que hay muchos problemas en el país, pero para la Región de La Araucanía —la región que represento—, para la Macrozona Sur y para todo el país —porque usted también tiene pueblos indígenas en su región—, esta es una deuda de más de 30 años. No digo que sea la causante de la gran cantidad de problemas de violencia que hemos vivido —más de 10.000 situaciones de violencia en estos últimos 30 años en mi región—, pero es algo que sin duda viene a reparar una promesa incumplida del Estado de Chile por 30 años. Y yo quiero, por su intermedio, Presidenta, refrendar lo que dice nuestro exsecretario ejecutivo —hoy día Subsecretario del Interior—: es real. La primera demanda de todas las personas que fueron a exponer —agrupaciones, personas individuales, representantes— era el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y este reconocimiento, que hoy día veo plasmado en esta redacción, no es aquel que despierta el miedo de un Estado no unitario: aquí se habla de la unidad del Estado, y eso es algo importante.

...dentro de otro Estado, que son los grandes temores de la ciudadanía, principalmente en redes sociales, sino que se habla de reconocer la interculturalidad y la presencia de 11 pueblos que, además, por ley ya son reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, en el fondo le estamos dando la estatura que el país debió haber dado hace mucho tiempo a una situación que, sin duda, contribuye a reparar heridas. Sí, es evidente que somos un país intercultural y que tenemos una presencia muy importante: son dos millones de chilenos que no dejan de ser chilenos, pero son indígenas. Y eso, para mi región al menos, es muy valorado. Nuestra región ha vivido y convivido con esta cultura rica en tradiciones, que nos ha hecho a muchos sentir que, si bien algunos serán de sangre, otros no; el mestizaje es parte importante también de un país que tiene que ir reconociendo sus orígenes. En ese contexto, este día 6 de octubre es un día especial para Chile, y un día en que la Presidenta de la Comisión y sus integrantes deciden tomar el rumbo de un camino que tiene que ver con la paz y el entendimiento, que tanto hemos querido. Yo creo que es el principio, junto con otros esfuerzos que se están haciendo, para ir dando cuenta de las más de veinte recomendaciones que fueron elaboradas por nosotros. Quizás esta —no digo que sea la más importante— es el inicio necesario para, de ahí en adelante, cambiar una historia que, en mi opinión, ha sido muy controversial y que ha empañado una relación que debió haber sido mucho más positiva. Cierro diciendo que, tanto los organismos internacionales como los tratados que ha firmado Chile y, sobre todo, la estatura democrática y republicana que ha tenido siempre nuestro país a nivel nacional, internacional y, principalmente, en Sudamérica, nos muestran que estamos en deuda. Chile es un país moderno, que avanza hacia el desarrollo, y no puede ser que esté, junto con otros dos países —Uruguay y Surinam—, incumpliendo recomendaciones que se han solicitado hace mucho tiempo. Creo que este es un camino para darnos la mano: los mapuches en mi región; y, a nivel nacional, los indígenas y los no indígenas, reconociendo su existencia. Con eso, yo creo que empieza a cambiar la historia. Así que yo quiero felicitar a esta Comisión por dar inicio a la discusión, esperar que sea una rica discusión, y que muchos de los que firmaron esos convenios y el Acuerdo de Nueva Imperial de hace muchos años —los que hoy no están presentes— estén aquí en espíritu, viendo que estamos dando inicio, después de 30 años, a algo que fue un compromiso país que no hemos cumplido. Solo decir que vamos por buen camino. Y, por último, esto no es un tema de izquierda y derecha; por favor, tratemos de unirnos en estos temas. Hay mociones de todos los partidos políticos; esto no es un tema de quién gobierne. Por supuesto que sí, llevar a cabo iniciativas como la paz y el entendimiento hay que valorarlas en su mérito; pero esto tiene que ver con la preocupación de muchos senadores y parlamentarios de diferentes sectores políticos, que han planteado que Chile debe reconocer a sus pueblos indígenas. En eso, yo espero que esta discusión no se ensucie hoy día —y lo digo con esas palabras— con temas presidenciales o electorales, sino que más bien se tenga altura de miras: este es un tema de Estado, y así tiene que verse en este Senado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senadora Carmen Gloria Aravena, por sus palabras y por transmitirnos, también como representante de la Región de La Araucanía, la importancia de poder avanzar en esta reforma constitucional. Efectivamente, hay un mensaje del Ejecutivo —como lo decía el propio Gobierno, como lo relató la Secretaría— que recoge lo que se ha ido acordando en este tema, con algunas salvedades que podrán plantearse y que ya serán materia de la discusión. Le doy la palabra al Senador Moreira. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero hacerle una pregunta al Ejecutivo, porque la Ministra y el Subsecretario han hablado de dos países que no han querido llevar adelante esta reforma. Cuando hablamos de dos países, ¿estamos hablando de dos países del mundo o de Latinoamérica? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: más allá de Surinam, hablemos de un país consolidado como es Uruguay; ¿cuáles han sido las razones —si tienen ustedes conocimiento— para oponerse a este reconocimiento en sus propias constituciones? Gracias, Senador. Le doy la palabra al Subsecretario.

Sí, la posición es a nivel continental, en lo de Uruguay. Aprovecho también de informarle a usted, senador, por su intermedio, presidenta, que la comisión revisó una experiencia internacional bastante extensa, donde se consideraron experiencias de otros continentes: se revisó la experiencia de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Noruega y de Suecia, donde existe una relación muy preponderante con los pueblos indígenas. El pueblo sámi es una experiencia bien particular que se está llevando a cabo en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces, el tema tiene múltiples facetas a lo largo de los cinco continentes, y esto solamente era para situarnos dentro de nuestro continente. Respecto de lo que Uruguay puede hacer, no nos atreveríamos a pronunciarnos sobre las razones. Entendemos sí que, geográficamente, la representatividad indígena no es de la envergadura que tiene nuestro país, donde, en un censo tan actual como el de 2024, dos millones de personas se reconocen como parte de los pueblos indígenas, aun cuando ello conlleva muchos costos en la vida en general, sobre todo cuando están acreditadas políticas de discriminación, racismo, etcétera. Reconocerse como indígena no es algo necesariamente ventajoso; por el contrario, se pagan muchos costos, y hoy día el censo de 2024 reconoce este nivel de población que es importante atender. Muchas gracias, subsecretario. Senadora Pascual.—Sí, gracias, presidenta. Quiero hacer un comentario general en términos de valoración del debate, de comenzar a dar esta discusión y, además, destacar no solo el trabajo realizado en la Comisión de Paz y Entendimiento, sino también el esfuerzo que está haciendo hoy día el Ejecutivo en poder traducir —el debate lo dirá con mayor especificidad— la intencionalidad de las distintas mociones parlamentarias para generar un proyecto sobre un mínimo común. No es un proyecto que sume las partes de las mociones anteriores, sino que parte de un mínimo común en esa lectura. Quiero decirlo porque efectivamente parte del reconocimiento de los pueblos preexistentes, de nuestros pueblos indígenas preexistentes; parte de la base del reconocimiento de la multiculturalidad; y parte de la base de los derechos individuales y colectivos de quienes pertenecen a esos pueblos. Y eso creo que es un común denominador a todas las mociones, independiente de lo más extensivas o comprensivas que puedan ser unas respecto de otras. Efectivamente, aquí hay un esfuerzo, al menos, en la moción del Ejecutivo. Quiero destacar también —nobleza obliga— la relevante moción del senador Quintana, la senadora Muñoz, los senadores Urresti, Navarro y Quintero, que contiene un reconocimiento más extenso; por cierto, también las mociones del senador Chahuán, la senadora Aravena, la senadora Rincón y el senador Bianchi; otra moción donde están la senadora Rincón, los senadores Araya, Flores, Macaya y Walker; los senadores Durana, Sandoval y Kusanovic; y, por cierto, el mensaje presidencial del Ejecutivo, que hoy día está representado tanto por la ministra Macarena Lobos como por el subsecretario del Interior. Desde esa perspectiva, creo que hay un importante reconocimiento a este debate. En segundo lugar, quiero señalar que tomar en cuenta la experiencia internacional en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas o preexistentes y su relación con un Estado unitario es bien relevante en los países que se han citado. Lamentablemente, nuestro continente tiene realidades distintas: hay países donde esa preexistencia se mantiene hasta el día de hoy y hay otros lugares en donde, lamentablemente, esos pueblos fueron diezmados. Y de ahí que, entre comillas, no es que haya voluntad o no voluntad de reconocerlo; es que también es muy triste no tener a quién reconocer. Creo, para decirlo bien,