Senado - Hacienda - 6 de octubre de 2025

En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Cuenta, señora Secretaria. Presidenta, se recibió una comunicación de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, en la que agradecen a la Comisión de Hacienda haber podido exponer en la sesión del lunes 29 de septiembre.

Señalan que, en respuesta a la solicitud efectuada por la Comisión, acompañan un documento que desglosa los costos de implementación del servicio de finanzas abiertas e identifica optimizaciones a su diseño actual para reducir el impacto económico sobre las instituciones obligadas a participar en dicho sistema, en particular las instituciones proveedoras de información y de cuentas. Adicionalmente, y en relación con la discusión sobre la gradualidad en la implementación del sistema de finanzas abiertas, se adjunta la opinión legal de la oficina Vial, Larraín y Femenías, donde se analizan las facultades que la Ley Fintech otorga a la CMF en relación con las que le confiere su estatuto orgánico para establecer mecanismos de gradualidad acordes con la complejidad técnica del proyecto. Estos documentos se enviaron por correo electrónico a los miembros de la Comisión. Presidenta, esa es la cuenta. Muchas gracias. Vamos a saludar a nuestros invitados de la Comisión para el Mercado Financiero. Está su vicepresidente, Augusto Iglesias. La presidenta se encuentra en otra sesión, por lo que no puede acompañarnos hoy. También nos acompaña la comisionada Bernadita Piedrabuena y el resto del equipo. Les damos la bienvenida. Proseguiremos con la sesión de la semana pasada, partiendo por la Asociación de Aseguradoras de Chile, a quien daremos la palabra. Está el presidente, Alejandro Alcérreca. ¿Tienen presentación? Perfecto. Si pueden proyectarla en la pantalla, por favor… Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar revisando el objetivo de la ley que nos convoca, cuyo propósito es promover la competencia y la inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología en la prestación de servicios financieros. Establece un marco general para incentivar la prestación de dichos servicios por medios tecnológicos, basado en distintos principios, entre los cuales destacan la inclusión y la innovación financiera, a los que me referiré especialmente. Asimismo, en el mensaje del Presidente de la República se destacó la relevancia de avanzar hacia una mayor inclusión financiera, enfocada en el acceso y uso de productos y servicios financieros por amplios segmentos de la población. En definitiva, se busca dar oportunidad a quienes hoy no acceden a servicios financieros para que, a través de esta ley, puedan hacerlo. Esta ley, entonces, persigue un objetivo importante en materia de acceso y uso de servicios financieros —y, en nuestro caso, de seguros— por parte de la población. Enfrentamos grandes desafíos: junto con el sistema de finanzas abiertas, en proceso de implementación, también avanzamos en la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley Marco de Ciberseguridad. Nuestras preocupaciones se centran en las responsabilidades que recaerán en las compañías y en los eventuales efectos reputacionales y legales que podrían derivarse de la normativa que deberán dictar los nuevos reguladores. Con la Ley de Protección de Datos y la Ley Marco de Ciberseguridad ingresan, además, nuevos reguladores al ámbito. Todo lo anterior implica realizar inversiones significativas, no solo en recursos financieros, sino también en recursos humanos, conformando equipos de dedicación prácticamente exclusiva. Por ello, los plazos de implementación son un aspecto especialmente relevante. En suma, su implementación constituye la mayor transformación del sistema financiero en décadas.

Volvamos al tema de los objetivos. La creación de un sistema de finanzas abiertas, consistente con los objetivos con que fue promulgada esta ley, es una muy buena idea para Chile. Estas nuevas tecnologías debieran permitir acceder a personas a las cuales hoy no es posible llegar con la oferta actual. En nuestro caso, es relevante porque queremos llegar a nuevos segmentos y mejorar la resiliencia y protección de las personas. A modo de ejemplo, solo el 30% del parque automotriz del país cuenta con un seguro; y las viviendas que no están asociadas a un crédito hipotecario prácticamente no tienen seguros. En este sentido, queremos plantear nuestra preocupación para no perder de vista que los objetivos son las personas y no la tecnología. Hemos visto que la discusión en el último tiempo se centra en la tecnología, lo cual es muy importante, obviamente, en un proyecto de esta naturaleza, pero no es el fin último que nos debiera ocupar. En palabras de la señora Presidenta de la Comisión en la sesión pasada, creemos que no es relevante si nos subimos al tren de la tecnología que partió o al tren que está por partir; es mucho más relevante subirnos al tren de la inclusión y de la mayor competencia, donde las inversiones sean eficientes y los riesgos estén bien gestionados. Sobre los cuidados en la implementación: la experiencia internacional muestra un bajo nivel de éxito e incluso fracasos en países donde la implementación no se llevó a cabo de manera gradual. Esto evidencia que la forma en que se implementa esta iniciativa tiene estrecha relación con la adopción que finalmente tengamos por parte de los consumidores. Por lo tanto, creemos aconsejable avanzar en una implementación que contemple elementos de gradualidad, proporcionalidad, segmentación y diferenciación. Una primera idea que hemos estado planteando es avanzar con agilidad. Esta metodología, hoy muy en boga para proyectos de esta naturaleza, tiene en su esencia progresar gradualmente con versiones mínimas viables (MVP), en las que se validan las distintas hipótesis y se prueba con el propio consumidor —en este caso, el ciudadano al que queremos llegar—, de modo de realizar las correcciones que correspondan y no lanzarnos a la piscina de una sola vez. En cuanto a la gradualidad que proponemos, queremos partir con productos simples y con casos de uso centrados en las personas, dejando para etapas futuras productos más complejos o, por ejemplo, a las personas jurídicas. La implementación debe ser evolutiva, asegurando la incorporación de nuevos usuarios y dando respuesta a sus necesidades con un ecosistema que funcione y con costos gestionados. La gradualidad no se refiere solo al plazo, a una eventual marcha blanca o al sandbox tecnológico; se refiere a ir paso a paso, incorporando productos y casos de uso siempre centrados en las necesidades de las personas, y no exclusivamente en la tecnología que se utilizará. La segmentación y la diferenciación, en el caso de las compañías de seguros, son particularmente relevantes. Nuestra industria está compuesta por 33 compañías de seguros de vida, 25 compañías de seguros generales y 7 compañías de garantía y crédito, que ofrecen productos y servicios muy variados, enfrentan mercados de distinta naturaleza y tamaño, atienden diferentes tipos de clientes y presentan modelos de negocio diversos: algunos orientados a personas y otros a corporaciones. Tal heterogeneidad hace especialmente importante la proporcionalidad y la segmentación que estamos proponiendo. Si se observa en términos de prima directa, la diferencia entre la más grande —seguros de vida— y la más pequeña —seguros de crédito— puede ser, en algunos casos, de 1 a 100. No me detendré en el detalle; solo quisiera que se aprecien gráficamente las grandes diferencias que existen entre las compañías de seguros de distinto tamaño y segmento.

…grupos. Y también dentro de cada uno de ellos, si lo medimos por prima directa. Si lo medimos por cantidad de asegurados, las diferencias se profundizan, existiendo brechas aún mayores entre las compañías grandes, medianas y pequeñas, que —como señalé— incluso superan las cien veces entre la más chica y la más grande. Esto hace muy relevante que la implementación sea segmentada y diferenciada. En el caso de las compañías de seguros, estimamos que la implementación del sistema de finanzas abiertas tiene un costo de 90 millones de dólares en un horizonte de tres años, y ello sin considerar el mecanismo alternativo ni la adecuación de los sistemas propios de las compañías. Estimamos que esta cifra podría incluso duplicarse y acercarse a los 200 millones de dólares. Sin embargo, nuestra preocupación no está en la inversión financiera en sí, sino en si ella efectivamente garantiza la obtención de los objetivos; es decir, si se trata de una inversión eficiente de cara a los objetivos de inclusión y mejora de la competencia. Para terminar, quisiéramos señalar que, como industria, hemos aportado conocimiento técnico desde el inicio, considerando los casos de Brasil y España, en distintas instancias establecidas por el regulador. Tenemos reparos desde el punto de vista conceptual, metodológico, del manejo de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad, así como respecto de la convergencia con la protección de datos personales. El sistema de finanzas abiertas solo tendrá valor si responde a las necesidades reales de las personas. Por eso, creemos necesaria una implementación gradual para asegurar el éxito de esta política y que los beneficios lleguen a todos. Debemos considerar que la tecnología no es el fin último, sino un habilitador para lograr el objetivo de inclusión. Hasta ahora, las discusiones se han centrado exclusivamente en cuál tecnología aplicar, pero se pierde de vista cuál es la más eficiente para promover la inclusión y la competencia. Muchas gracias, señora Presidenta. —Muchas gracias, don Alejandro. ¿Se ofrece la palabra a los colegas? ¿Senador Galilea? —Gracias, Presidenta. Un par de preguntas. Usted habla de un costo de 90 millones de dólares para la implementación del sistema de finanzas abiertas. La ABIF, según mi memoria —que puede estar equivocada—, hablaba de 600 millones de dólares de costo de implementación. ¿De dónde podría nacer semejante diferencia? Porque 90 versus 600 es bastante distinto. Esa es una pregunta. Y la segunda es: en su última lámina ustedes señalan que tienen reparos conceptuales —era bien dura la frase—: conceptuales, metodológicos, manejo de riesgos y de ciberseguridad. Entonces, en eso, no sé si podrían hacer llegar, porque creo que es interesante para la CMF y también para nosotros, el detalle, la ingeniería de detalle, por así decirlo, de esos reparos, para que la autoridad y nosotros mismos, como Comisión de Hacienda del Senado, tengamos una ruta de dónde específicamente están los problemas; o sea, cuál es el problema conceptual básico que estaría mal enfrentado en la implementación del sistema de finanzas abiertas, cuáles son los problemas metodológicos, cuáles son los riesgos de ciberseguridad, en fin, para que la autoridad y también nosotros tengamos la posibilidad de colaborar en algo que todos compartimos, que es avanzar hacia un sistema de finanzas abiertas, pero con estándares que eviten un colapso del sistema y que, efectivamente, otorgue una profundización. —Gracias, Presidenta. —Gracias, Senador Galilea. ¿Alguien más? —Yo, gracias. Yo, en la línea de lo que señala el Senador Galilea y escuchando la presentación que usted ha hecho, entiendo que la preocupación va por el hecho de que, al tener que todos tomar y adoptar las medidas y cumplir con la tecnología…

Sin lugar a dudas se genera un problema, y lo que ustedes plantean es que esto se haga de manera gradual y segmentada para poder cumplir con el objetivo. No sé si es correcta la afirmación. Lo señalan porque, en el análisis que ustedes hacen, es fundamental considerar la gradualidad, y que esa gradualidad diferencie, según el uso, a las personas naturales y a las personas jurídicas para poder lograr el objetivo. Con ello, el sistema de finanzas abiertas podría, según sus afirmaciones, resguardar los datos y, con eso, la confianza, que es tan importante en un sistema como este. No sé si va por ahí lo que ustedes señalan o no. Gracias, señora Presidenta. Hay tres preguntas. Primero, respecto de la inversión: la inversión que yo comento aquí es exclusivamente en la industria aseguradora. La cifra de 600 millones de dólares, aproximadamente, era una estimación que hizo la Asociación de Bancos respecto del sistema completo. Lo que sí es importante es que esos 90 millones de dólares, como dije, no consideran ni los mecanismos alternativos, respecto de los cuales tenemos ciertas aprensiones, ni tampoco las inversiones internas de cada una de las compañías para adaptar sus propios sistemas core al sistema de finanzas abiertas. Lo segundo, respecto de nuestras aprensiones: nosotros sí hemos hecho llegar, en conjunto con la Asociación de Bancos, las aprensiones que tenemos desde el punto de vista tecnológico. Eso lo tiene también la CMF y se acaba de hacer llegar a esta comisión. Pero nuestra preocupación es salir un poco del tema tecnológico para volver al objetivo de la ley, que es lograr inclusión y competitividad. En ese sentido, insistimos en que debemos tener un análisis y una discusión respecto de la tecnología, pero no a partir de casos de uso —que pueden ser graduales—, sino definiendo cuál es la tecnología que mejor funciona; y no necesariamente la de última generación o “el tren que está por salir”, como mencionaba la señora Presidenta. Debemos poner primero los objetivos de inclusión y mayor competencia. La tecnología no es un fin en sí mismo; es un habilitador para conseguir esos objetivos. Si nos excedemos en el foco tecnológico, probablemente lo que buscamos obtener en términos de mayor competitividad podría verse contrarrestado por elementos que nos terminen haciendo menos competitivos, debido a las altas inversiones que se están manejando. Con esto no queremos restar importancia a la tecnología: los temas de seguridad, gestión de riesgo y disponibilidad son, obviamente, relevantes, pero no son el fin de la ley a nuestro juicio. El fin de la ley no es tener tiempos de respuesta con un estándar X, sino lograr mayor inclusión y mayor competencia en la industria financiera. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, don Alejandro y al equipo. Vamos ahora a dar la palabra a la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile. Está el gerente de visión tecnológica y transformación digital de Coopeuch, señor Rubén Ulloa. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a proyectar. No se ve en formato completo… Un segundo… No sé qué pasa con la presentación… Ahí está. Bien. En primer término, algunas declaraciones que queremos fundamentar.

Respecto del trabajo que se ha venido realizando, liderado por la CMF, para la implementación del sistema de finanzas abiertas, desde Coopera —y desde el sector cooperativo— hemos apoyado desde el primer momento, agradeciendo la participación otorgada a los gremios en la confección del Anexo Técnico N° 3, hoy vigente. Nuestro espíritu ha sido contribuir a una implementación exitosa, robusta y con atributos técnicos que resulten positivos para todos los miembros actuales y nuevos del sistema. Sin perjuicio de ello, queremos compartir con esta Comisión cuatro puntos que ya hemos conversado directamente con la CMF y que también fueron parte de nuestros comentarios en la consulta pública. Traemos aquí aquellos que, a nuestro juicio, son los fundamentales para el sector cooperativo. Primero, la proporcionalidad y la gradualidad de la implementación, materia ampliamente discutida en sesiones anteriores y que también fue mencionada por la Asociación de Aseguradoras. Para las cooperativas es especialmente relevante. La gradualidad hoy considera los grupos de compañías que conforman el sistema y el tipo de personas a quienes se prestan servicios en el sistema financiero, pero no aborda la proporcionalidad de los actores en función de su tamaño y del impacto que tienen en el sistema. Están confluyendo varias regulaciones que, si bien no son paralelas, avanzan gradualmente; con todo, aún no veremos el impacto real de la primera cuando ya estará apareciendo la segunda. Me refiero al registro de deuda consolidada, a la ley de privacidad de datos y, por cierto, al sistema de finanzas abiertas, todos los cuales requieren un elemento central: el consentimiento del usuario, lo que a nuestro entender exige cierta madurez. Ni hablar de los aspectos económicos y financieros que esto implica: nos preocupa especialmente el mundo de las cooperativas de menor tamaño, porque, según cifras que la Asociación de Bancos mostró la semana pasada, nuestro gremio podría quedar con varias instituciones con resultados negativos en el EBITDA, dado que la inversión requerida supera lo que la organización genera como EBITDA en el horizonte de implementación vigente. Por ello, hemos propuesto directamente a la Comisión para el Mercado Financiero ampliar el plazo de entrada en vigencia más allá de los actuales veinticuatro meses. Recordemos que de esos veinticuatro meses solo restan ocho o nueve; la implementación está muy próxima. Esto debe ir acompañado de una marcha blanca. Valoramos que se contemple un período de marcha blanca; sin embargo, hoy se sitúa dentro de los dieciocho a treinta y seis meses de implementación, lo que no otorga la holgura adecuada porque ya estaríamos dentro de los plazos regulatorios. Preferiríamos, ciertamente, una marcha blanca previa a la entrada en vigencia regulatoria. Eso respecto de la gradualidad y proporcionalidad. Segundo, un tema de gran relevancia: el mecanismo alternativo. Tal como se revisó la semana pasada, de acuerdo con el último documento emanado por la CMF, tendría características técnicas de igual, o prácticamente la misma, complejidad que el mecanismo principal. Esto encarece aún más la implementación y las necesidades de inversión, pues requeriría infraestructura duplicada, con mecanismos de seguridad equivalentes al principal y los mismos niveles de monitoreo y actualización.