Cámara de Diputados - Minería y Energía - 8 de octubre de 2025

Bien, en nombre de Dios y de la patria, se da por iniciada la sesión. La señora secretaria dará lectura a la Cuenta.

Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que moderniza el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería, Boletín 17.372-08. Un oficio de la ministra de Minería, señora Aurora Williams, de fecha 3 de octubre, en respuesta al oficio N° 310, relativo a la solicitud de información detallada sobre la situación que afecta a los trabajadores de la empresa Salfa Mantenciones, Sociedad Anónima, mediante el cual adjunta el oficio N° 222, emitido por el presidente del directorio de Codelco, de fecha 22 de septiembre, con la información requerida por la comisión. Un correo del asistente del ministro de Energía, de fecha 6 de octubre, mediante el cual excusa la asistencia del ministro de Energía, señor Diego Pardow, a la sesión de hoy, debido a que se encontrará en comisión de servicio en el extranjero; sin embargo, comunica que en su representación asistirá el subsecretario de Energía, señor Luis Felipe Ramos, como ministro subrogante. Un correo del asistente de la ministra del Medio Ambiente, de fecha 6 de octubre, mediante el cual excusa la asistencia de la señora Maisa Rojas Corradi, por compromisos contraídos con anterioridad, de carácter inexcusable, comunicando a su vez la disponibilidad para asistir la próxima semana. Y tres reemplazos: uno del Comité Mixto Radical Liberal, por el cual se comunica que la diputada Viviana Delgado reemplazará al diputado Sebastián Videla en la sesión de hoy; otro del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios e Independientes, por el cual se informa que la diputada Sara Concha reemplazará a la diputada Giovanna Ahumada; y, finalmente, uno del Comité de Renovación Nacional, por el cual se informa que el diputado Bernardo Berger reemplazará al diputado Diego Chalper en la sesión de hoy. Es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. El acta de la sesión 140 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 141 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Bien, antes de pasar al orden del día, vamos a abrir el espacio para puntos varios. Tiene la palabra la diputada Marta González. Puntos varios. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los presentes, invitados y miembros de la comisión. Presidente, tengo varios puntos. El primero, que habíamos conversado, dice relación con el compromiso de poder sesionar en la ciudad de Rancagua, a raíz del fatal accidente que costó la vida a seis trabajadores contratistas. Sé, presidente, que usted ha desplegado diversas acciones para investigar y para que se conozcan todas las condiciones a las que estuvieron expuestos los trabajadores. En ese contexto, existía el compromiso de la comisión de sesionar en Rancagua, y faltaba definir una fecha. Los trabajadores nos han pedido generar este acuerdo y contar con claridad de cuándo será esa sesión en la ciudad de Rancagua. El segundo punto: hemos desplegado distintas acciones para abordar la situación de inseguridad y vulnerabilidad que afecta principalmente a los trabajadores del subcontrato. Hemos evidenciado que muchos dirigentes señalan que la División El Teniente les tiene los pases bloqueados; por ende, no pueden subir a faena ni verificar in situ las condiciones en que se encuentran los trabajadores. En ese sentido, presidente, solicito oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe si existen denuncias de dirigentes que den cuenta de esta situación de pases bloqueados. Asimismo, pido oficiar a Codelco para que indique si tienen registro de dirigentes con pases bloqueados. Codelco no ha respondido directamente, pero nos ha señalado que no hay dirigentes en esa condición. Si aquello fuese así, solicito también oficiar a Codelco para que informe si existe algún plan de fiscalización y cómo se gestiona la subida a faena para los dirigentes sindicales. Por último, presidente, quisiera dejar expuesto que, en las últimas décadas, la gran mayoría de los trabajadores fallecidos en minería —el 95% o más, incluso— han sido trabajadores subcontratados. En los hechos, el subcontrato genera una clase de trabajadores en desventaja en materia de seguridad y derechos laborales. Además, las cifras de subcontratación han aumentado alarmantemente en empresas del Estado, como Codelco. Se hablaba en algún momento de un 50% de trabajadores subcontratados.

En años 2000 se hablaba de 60 o 70% de trabajadores contratistas. Hoy día, algunas cifras llegan a señalar un 80% de trabajadores subcontratados en la minería. Esto para nosotros es muy alarmante: cómo una empresa del Estado ha hecho de la subcontratación una práctica habitual, llegando incluso a puestos estratégicos, propios del giro principal de la empresa. En ese contexto, presidente, me gustaría que se citara a don Máximo Pacheco, para que exponga cuál es su política frente a la subcontratación y las razones del aumento exponencial de esta práctica en las últimas décadas. Y, a raíz de los accidentes que hemos tenido, si están visualizando un plan distinto o una reducción del subcontrato. Asimismo, solicito oficiar para que, respecto de los últimos 10 años, se informe cuánto ha aumentado la cantidad de trabajadores subcontratados y cómo ha crecido el costo asociado a ese ítem en la empresa. Esos son los temas que quisiera plantear: primero el oficio, y también pedir que se le cite para que pueda exponer aquí en la Comisión y sepamos qué está pasando con el subcontrato y por qué ha aumentado exponencialmente la cantidad de trabajadores subcontratados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tenemos dos oficios: uno a la Dirección del Trabajo y otro a Codelco. ¿Secretaría? —Sí, anotado. —El primer punto serían dos, y después hay uno distinto por el tema de la subcontratación. —Perfecto. Tomamos el acuerdo de oficiar a Codelco y a la Dirección del Trabajo. Respecto a los plazos, como siempre lo hemos hecho, pondremos fecha internamente; lo conversamos con todos los integrantes de la Comisión para la sesión pendiente en Rancagua más adelante, y también para citar en algún momento al presidente de Codelco, en el marco de otras informaciones que periódicamente se entregan en esta Comisión. Les estaremos comunicando en ese sentido. Bien. No habiendo más en Puntos Varios, pasamos a la Orden del Día. Vamos a invertir el orden de la tabla y recibir, en primer término, al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, señor Jorge Riesco, quien asiste acompañado del vicepresidente de SONAMI, señor Bernardo Carrizo; del abogado de la Sociedad, señor Marcos Riveros; de la gerente de Relaciones Corporativas y Sustentabilidad, señora Carolina Cifuentes; además de otros integrantes del directorio. A partir del miércoles pasado, la Comisión —sin perjuicio de la tramitación de proyectos de ley; de hecho por eso está el señor subsecretario acá con nosotros— decidió dar en cada sesión un espacio al problema que aqueja a la pequeña minería respecto de la Ley 21.600. Ustedes escucharon en la Cuenta: la señora ministra estaba citada para este miércoles, se excusó en el plazo correspondiente y se comprometió para el próximo miércoles. La ministra del Medio Ambiente —me aclara el diputado Tapia—. Para el próximo miércoles, y aprovecho de extender la invitación: pueden asistir a todas las sesiones en que trataremos este tema, sin ningún problema. Partiremos con la ministra el próximo miércoles; están invitados. Pero queremos escuchar, así como escuchamos a los dirigentes el miércoles pasado, a la institución, a SONAMI, respecto de este tema, para ir recabando antecedentes e información, de modo que, cuando venga la ministra, tengamos la mayor cantidad de conocimiento posible. Le damos la palabra a don Jorge Riesco. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todas las señoras diputadas y a los señores diputados. Traemos una pequeña presentación y seremos muy breves. Debo confirmar que, al interior de la Sociedad Nacional de Minería, existe inquietud por este tema. Es cierto que la ley se publicó en septiembre de 2023 y ya lleva dos años de vigencia, pero su implementación exigía la dictación de varios decretos supremos, varios reglamentos —trece—, y además una serie de otras gestiones, entre ellas la posibilidad de que, por decreto, se agregaran algunos sitios con protección especial a partir de los sitios prioritarios definidos por la Estrategia Nacional de Biodiversidad, vigente hace varios años, y por las estrategias regionales de biodiversidad, que dieron origen a otros sitios.

¿Cuál es la dificultad? Me voy a saltar tres o cuatro láminas iniciales; dejaremos la presentación para su lectura, porque contienen aspectos muy técnicos y puntuales sobre las dificultades y riesgos que tiene para la minería la aplicación de la ley tal como se está haciendo, especialmente cuando algunos reglamentos han sobrepasado el marco legal o han vuelto a invadir materias que quedaron zanjadas en la discusión parlamentaria. Queremos ir a lo que hoy nos ocupa: el proceso de consulta sobre los sitios prioritarios. La ley reconoció la existencia de sitios prioritarios, conforme a estrategias anteriores, y estableció la posibilidad —en un plazo que inicialmente fue de dos años y hoy es de cinco, contados desde la publicación de la ley— de otorgarles, previo proceso de consulta pública y la dictación de un decreto específico, algún grado de protección. Es decir, sitios prioritarios que no tenían protección legal podrían pasar a tenerla, lo que tiene varios efectos, pues, según el grado de protección, puede condicionarse, dificultarse o incluso prohibirse la realización de ciertas actividades económicas. ¿Por qué se levantaron las alertas? Primero, nosotros, como SONAMI, llevamos algún tiempo trabajando en esto. Hemos realizado dos talleres con dirigentes de la pequeña minería para abordar el tema de la consulta pública y pronto haremos un tercer taller, a fin de completar esa capacitación. El viernes pasado tuvimos una reunión con la Ministra de Minería para pedir su apoyo; primero, para saber si en el Ministerio compartían nuestra preocupación —nos dijo que sí—. A esa reunión asistió nuestra directora, Patricia Beiza, aquí presente. Solicitamos el apoyo del Ministerio para que nos ayudara a postergar las fechas de la consulta. ¿Qué ocurre con estos sitios prioritarios? Se dividió el país en macrozona norte, macrozona centro-sur y macrozona sur. Las consultas se iniciaron para la macrozona norte el 3 de septiembre, para la centro-sur el 4 de septiembre y para la sur el 5 de septiembre, otorgándose solo un plazo de 30 días hábiles para completar esos procesos. ¿Qué podemos hacer en ese proceso? A través del sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, cualquier persona natural o jurídica puede ingresar observaciones, acompañando los antecedentes que las respalden. Sabemos que el plan del Ministerio del Medio Ambiente es completar esto con un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en diciembre de este año. Lo primero es tomarse esta consulta y el proceso de revisión de los sitios prioritarios con mucho cuidado y cautela; hay que revisarlo bien. ¿Por qué? Porque los criterios con los cuales se fijaron esos sitios prioritarios no son conocidos. No tenemos claro qué criterios se usaron; se aluden brevemente en la ley, pero no queda claro cuáles fueron. Al revisarlos en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, observamos que abarcan amplias extensiones de terreno. Podemos dar, por ejemplo, el caso de la zona de Chancón, cerca de Rancagua, donde los 34 productores mineros de oro de esa área se ven afectados por el sitio prioritario. En la zona de Catemu hay una cantidad importante de faenas afectadas, y en la de Cabildo también. En la zona norte son algunos menos, porque tuvieron el cuidado de ir aislando las faenas; sin embargo, esa exclusión resulta engañosa, porque las faenas no se pueden circunscribir exclusivamente a la labor que hoy tienen. Creemos, entonces, que en este proceso no se han respetado las faenas preexistentes. Hay faenas que llevan décadas; algunas, 100 años de explotación en manos de distintas personas. Nosotros tenemos un cálculo aquí.

Para dimensionar el efecto que esto puede tener, hemos identificado 273 instalaciones mineras presentes en los sitios prioritarios consultados: 52 en la macrozona norte y 221 en la zona centro-sur. Asimismo, existen más de 4.200 concesiones mineras, de las cuales casi 3.000 (2.950) son concesiones de explotación, que abarcan en total 755.000 hectáreas y que, solo en la macrozona norte, equivalen prácticamente al 60% de la superficie de dicha macrozona. Creemos que ello es mucho, especialmente tratándose de una macrozona dedicada preferentemente a la minería. ¿Qué pedimos? Solicitamos utilizar la totalidad de los tres años que restan de los cinco fijados por ley para realizar esta revisión y, en ese periodo, evaluar todas las faenas dentro de esos límites. Esto nos parece sumamente importante. No exagero si digo que la inquietud existente, especialmente en la pequeña minería —y también en la mediana—, es similar a la que se vivía al inicio de este Gobierno, cuando un proceso constitucional en marcha parecía poner en riesgo la supervivencia de la minería; hoy enfrentamos algo similar. La pequeña y la mediana minería no saben a qué se van a enfrentar, qué grado de protección deberán asumir ni si tendrán los medios para hacerlo. Esto no ocurre del mismo modo con las grandes empresas, cuyas faenas en algunos casos fueron excluidas tras un trabajo más acucioso en la macrozona norte; en cambio, en la macrozona centro-sur y hacia el sur de la macrozona centro-norte enfrentamos afectación de numerosas faenas. Llamamos a que este proceso se conduzca con prudencia y con la totalidad de los antecedentes. Nos preocupa la velocidad que el Ministerio del Medio Ambiente ha intentado imprimirle, pues no es compatible con la importancia del asunto ni con los efectos graves que puede acarrear para la actividad minera. Valoramos que el Ministerio de Minería haya compartido nuestra preocupación, lo que nos alienta a realizar un trabajo conjunto. Así lo acordamos en la reunión de la semana pasada: tendremos un trabajo técnico coordinado, hemos designado contrapartes para intercambiar información durante la semana y, además, hemos tomado contacto con otras ramas de la producción —construcción y agricultura— para que revisen los efectos que esto pueda tener. Estimamos que habrá impactos relevantes en la acuicultura y la salmonicultura en la zona sur y, hacia el norte, en obras públicas, transporte terrestre, conducción de energía eléctrica, acueductos, entre otros. En el ámbito agrícola, también existen zonas con actividad que podrían resultar afectadas. Estamos convocando a otros sectores a sumarse a esta preocupación y a utilizar el proceso de consulta abierto. Sin embargo, creemos necesario contar con facilidades, partiendo por un plazo mayor. Especialmente los pequeños mineros requieren tiempo para preparar y transmitir antecedentes; es difícil para ellos, porque tienen menos acceso a medios de comunicación. Continuaremos trabajando con ellos para recopilar información, pero ha sido un proceso arduo y, si no actuamos responsablemente, podríamos quedar en una situación muy difícil de manejar. Habrá que dictar decretos supremos, los cuales —entendemos— se pretenden emitir durante este Gobierno. Pese a que existe tiempo disponible para analizar, tememos que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que podrían afectar la actividad minera. Ese es el punto central de nuestra preocupación.

Sabemos que esta ley no pasó por esta Comisión de Minería. La verdad es que no es raro, en legislación ambiental, que eso ocurra, y tampoco en otras legislaciones. Yo no recuerdo, por ejemplo, si la ley que elevó las patentes pasó también por esta comisión. En general, partió por la Comisión de Previsión, ¿no es cierto?, y pasó por Hacienda. Pero una modificación importante del Código de Minería, creo, no se alcanzó a ver en esta comisión. Y eso no nos exime de la posibilidad de pedirle a esta comisión y a esta entidad, ¿no es cierto?, que ejerzamos control sobre la actividad que está desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente en relación con este tema. Porque sentimos que no tenemos control ni conocimiento suficiente. Ha habido poca transparencia; no tenemos claros los criterios con los cuales se está analizando la inclusión o no inclusión de estos sitios prioritarios, si se van a extender o no. Nuestra intención es limitar su extensión, pero necesitamos un control de esto. Habrá después muchas formas de reclamar, incluso judicializar, pero lo lógico sería que una ley tan importante como esta fuera un activo para el país. Una ley que resguarda la biodiversidad y establece un proceso claro de determinación de áreas protegidas para efectos de biodiversidad debiera ser un activo, a condición de que se implemente con responsabilidad y se haga bien. Y estamos muy preocupados, en el sentido de que eso no está ocurriendo, y la premura con la cual se pretende abordar este proceso nos hace temer que los resultados no correspondan a lo que se requiere para compatibilizar adecuadamente el medio ambiente y las actividades productivas, especialmente nuestra actividad minera, que se desarrolla a lo largo de prácticamente todo el país. Eso es el resumen que podemos hacer. Vamos a dejar la presentación y quedamos a disposición de la comisión, Presidente, como siempre ha sido, para cualquier aclaración. Muchas gracias, don Jorge. Tiene la palabra el diputado Moreno, luego la diputada Riquelme, luego el diputado Tapia. Sí, Presidente. Yo, la verdad, por las cosas que han ido pasando en la Comisión de Agricultura, en esta comisión y en distintas en las que me ha tocado participar, desconfío bastante de algunas resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente. No por el Ministerio en sí, sino por una visión, diría, poco integradora. Recuerdo, por ejemplo, que el Ministerio del Medio Ambiente emitió sorpresivamente una resolución para establecer normas de emisiones de gases para los tractores, cuestión respecto de la cual —me acuerdo— junto a la diputada Riquelme estuvimos en contra porque no tenía mucho sentido, no tenía una visión más integradora. También, posteriormente, regulaciones sobre la aplicación de plaguicidas en temas agrícolas. Y me han llegado varias denuncias respecto de los sitios prioritarios. Creo que acá tenemos una buena oportunidad para poner un freno a esta visión tan excluyente, muchas veces dogmática, que se observa por parte del Ministerio del Medio Ambiente, que no considera las otras áreas, y donde, curiosamente, uno veía contradicciones dentro de los propios ministerios sectoriales en este gobierno —no entre gobiernos distintos, sino dentro del mismo—, con tensiones muy fuertes entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Agricultura respecto de resoluciones dictadas por Medio Ambiente, excediéndose. Me tocó tramitar la ley del SBAP; lo recuerdo perfectamente. Nos tocó tramitar distintas cosas. Y, hablando sobre la salmonicultura, todavía recuerdo cuando se intentó incorporar en la ley SBAP la prohibición de cualquier actividad económica en cualquier área con algún grado de protección. Eso dejaba inmediatamente fuera al 50% de los centros de cultivo de salmonicultura de todo el país. Ahí muchos nos opusimos firmemente: todos los diputados de la Región de Aysén, de Magallanes y, así sucesivamente, de distintos lugares, también de la Región de Los Lagos. Esto es solo una muestra. Creo que aquí está pasando algo parecido: se están excediendo, donde, a través de una resolución de sitio prioritario, dejan fuera todo lo que se haya hecho hacia atrás, como si tuvieran la facultad de desconocerlo. Entonces, en primer lugar, Presidente, propongo que tomemos el acuerdo, si le parece bien a la comisión, de que enviemos, como comisión, una nota de molestia por esta situación, porque ahora están afectando a los pequeños mineros en muchos lugares donde no tienen capacidad de respuesta.

Utilizar esto requiere un equipo de abogados, que puede no ser menor, y se están afectando muchas otras áreas económicas del país. A mí, a todo esto, me llegaron denuncias por temas relacionados con la construcción, no por temas de minería. Hemos escuchado denuncias por temas de minería; nos van a seguir llegando en la medida que esto avance, porque van y te nombran 15, 25, 30 mil hectáreas como sitio prioritario y te dejan ahí, con 30 mil hectáreas declaradas sitio prioritario. Lo otro es que me gustaría pedir el acuerdo para oficiar, como comisión, al Ministerio del Medio Ambiente, consultando cuáles son las normas específicas que fundamentan estas resoluciones de sitios prioritarios, y que las detallen específicamente. Porque muchas veces estas resoluciones son interpretaciones mañosas, sesgadas o llevadas al extremo de la normativa. Nos pasó, por ejemplo, con el avisaje de productos agrícolas, que era específicamente para temas apícolas: lo hicieron extensivo a todo, sin respetar la misma norma que acá se dictó. Porque esa es una legislación por decreto, eludiendo al Congreso. Si quieren establecer sitios prioritarios que afecten gravemente a la pequeña minería, que pasen por acá, y aquí se dará la discusión. Entonces, que ellos nos digan claramente, punto por punto, cómo justifican este tipo de acciones y cómo toman en consideración a los distintos sectores de nuestro país que se pueden ver afectados. Muchas gracias, diputado. Vamos a dar la palabra a la diputada Riquelme. Después de la ronda de palabras, vamos a solicitar el acuerdo planteado por el diputado Moreno. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, no comparto su juicio respecto de que algunos de los procesos constitucionales hayan pretendido poner en riesgo la actividad minera en nuestro país; creo que, muy por el contrario. Estuve también, junto al diputado Moreno, en la redacción de la ley SBAP; estuvimos aproximadamente un año legislando en esa materia. Vinieron las salmoneras a expresar su opinión y se advirtieron distintas incongruencias en la mirada que se estaba dando en los territorios; escuchamos eso al momento de legislar en la ley SBAP. Ahora, este no es un problema únicamente de la ley SBAP. Yo soy de la región de O’Higgins; conozco Chancón, conozco a los mineros de Chancón y conozco la actividad minera. Aquí hay un tema de eterna incompatibilidad, muchas veces, entre la actividad minera y la actividad agrícola, y esa es una realidad de nuestro país que en algunas regiones no se vive, pero en la nuestra sí. En nuestra región tenemos problemas en cuanto a la compatibilidad de las pertenencias mineras con la explotación del suelo agrícola y el uso del agua. Por lo tanto, no me cierro a ninguna posibilidad de que podamos revisar esta legislación; en eso no nos vamos a perder. Pero quiero expresarles que no crean que la legislamos con apuro ni sin pensar en cada una de las situaciones. Se expusieron detalladamente muchos inconvenientes que tenía la aplicación de esta ley y se dieron todas las miradas. En la Comisión de Agricultura, donde estábamos en ese momento, se expusieron todas las miradas frente a las distintas actividades de nuestro país. Yo soy muy defensora de la actividad agrícola en mi territorio, pero también de la actividad minera: son las principales en la región de O’Higgins, y tenemos que encontrar esa compatibilidad. Entonces, no me voy a negar en ningún momento a que podamos revisar aquello; y, como muy bien dijo mi colega Moreno —por su intermedio, presidente—, muchas veces se reglamentan cuestiones que debieran ser legisladas. También estoy completamente consciente de ello. Solo quiero que no se vayan con la impresión de que eso se legisló a la rápida o sin considerar a nuestros territorios. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Cristian Tapia, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a cada uno de mis colegas y también a la SONAMI como institucionalidad; qué bueno que estén acá, al igual que la semana pasada algunos dirigentes. Yo creo que estamos en una situación que muchos han descrito como muy complicada.

Le asignaría un calificativo de “más bien compleja”, porque aún estamos a tiempo. Es positivo que, como Comisión de Minería, estemos abordando este tema ahora; podríamos haberlo visto antes, pero, tal como señaló usted, presidente de la SONAMI, esto no pasó por esta comisión. La institucionalidad del Estado debe tener una mirada conjunta e integral; el Ministerio del Medio Ambiente no puede imponerse por sobre Minería, Agricultura o Pesca: deben conversar. Tengo la impresión de que Medio Ambiente no ha dialogado con Minería, porque cuando uno le pregunta a la ministra de Minería, Aurora Williams, se trata de un tema complejo para ella. Tengan la seguridad de que, en esta comisión, cuando abordamos estos asuntos —como cuando trabajamos en el proyecto sobre patentes mineras— existe transversalidad política. No vamos a dejar a nuestros mineros, pequeños y medianos, a la deriva. Chile es un país minero; no se puede pretender cerrar pertenencias mineras en producción desde hace 100, 80 o 50 años, porque eso sería matar a la pequeña y a la mediana minería. Si alguien quiere hacerlo, que lo diga claramente, porque históricamente se les ha puesto el pie encima. Sabemos que la próxima semana recibiremos a la ministra de Medio Ambiente; además, pediría invitar a una sesión al ministro del Interior y a la ministra de Minería, porque aquí el Estado, el gobierno de turno, debe tomar cartas en el asunto. Si algún ministerio pretende sobrepasar la normativa vigente, recordemos que los pequeños, medianos y grandes mineros cuentan con concesiones, y eso está en el marco de la ley. Cuando voy a la región de Atacama me dicen: “todo está en área protegida”. Sin embargo, en esas áreas los caminos ya están hechos y las faenas están en desarrollo. ¿Por qué proteger caminos que ya existen y no dañan a nadie? Tenemos el desierto florido, y la minería no lo afecta porque se transita por caminos existentes; no se requieren caminos nuevos ni hay faenas que vayan a abrir un yacimiento en medio del desierto florido para dejar 50 hectáreas sin floración. Eso no ocurre. No quiero ser pesimista; al contrario, quiero ser optimista: entre todos debemos sacar esta materia adelante. Si no somos capaces de proteger a nuestra gente y la producción minera, afectamos no solo a la pequeña y mediana minería, sino también al país, y eso debe primar. Estoy de acuerdo en que debemos proteger el medio ambiente y resguardar la biodiversidad, pero no podemos cegarnos: somos un país minero y, gracias a esa minería, resolvemos muchos temas sociales. Por mi parte, presidente, quiero darles tranquilidad: no están solos. Quienes somos de zonas mineras siempre estaremos a su lado. Independientemente de que sea nuestro gobierno de turno, eso no significa que debamos decir a todo que sí; también debemos expresar lo que pensamos, lo que creemos y defender a nuestra gente. Respecto del oficio que solicita el diputado Moreno, me parece muy bien. Sin embargo, considerando que la próxima semana estará la ministra de Medio Ambiente, propongo que vengan a exponer y nos expliquen aquí, más que enviarlo por escrito. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, diputado. Yo también voy a pedir la palabra.